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Jueves, 19 de Julio de 2012 09:42 |
Biopatentes o la apropiación mercantil de la vidaPor Pedro Rivera Ramos
ecoportal.net
 Las biopatentes forman parte de la estrategia capitalista que se inicia con la apropiación privada de las semillas agrícolas y continúa con la aparición de los híbridos. Luego aparece la transgénesis como anillo al dedo e inaugura con ello, una nueva fase en la escalada por el control de las semillas, los campesinos y los alimentos.
Como concepto, las llamadas biopatentes contienen una connotación ideológica y mercantil muy pronunciada. Es atribuible, si seguimos el hilo discursivo de las corporaciones transnacionales que están detrás de ellas, al tipo de propiedad intelectual que concede derechos exclusivos y monopólicos de explotación y usufructo, a los que por vía legal logran obtener una cuestionable propiedad privada sobre organismos vivos (plantas, animales, microorganismos), procesos biológicos o componentes esenciales de la vida. Es decir, que las biopatentes o patentes biológicas, representan las piezas inconfundibles de un sistema abusivo y fuera de control de transferencia arbitraria de propiedad sobre la vida, que las naciones industrializadas pretenden imponerle a toda la Humanidad. Esta singular manera de extender el concepto de propiedad a la vida y sus formas diversas, ha necesitado que las oficinas de Patentes de las naciones poderosas, interpreten con laxitud las exigencias tradicionales nacidas hace más de cinco siglos para conceder patentes y que soslayen con excesiva facilidad y no poco interés en garantizar el lucro desmedido de las transnacionales, que los “descubrimientos novedosos” por ellas encontrados, ya existían en la Naturaleza y sólo han sido alterados recientemente en uno o en unos cuantos caracteres.
Pero no se puede hablar sobre patentar la vida o los seres vivos sin mencionar a la llamada prospección biológica; actividad tan antigua como el colonialismo que soportaron las naciones latinoamericanas y caribeñas y que hoy con muchas más razones, tiende a semejar una verdadera acción de biopiratería o de despojo de nuestros recursos naturales y el saber contenido en ellos. De modo que la exploración sistemática de nuestros territorios por representantes o enviados de las grandes empresas farmacéuticas o de ingeniería genética, en la búsqueda de algún recurso biológico o bioquímico con utilidad mercantil, se viene haciendo en la mayoría de los casos, sin la anuencia de los Estados involucrados y mucho menos, de sus comunidades campesinas e indígenas.
Aún cuando se puedan desarrollar e invocar justificaciones y normas legales, para conceder propiedad privada sobre plantas y animales a través de las Patentes y del llamado Derecho del Obtentor, regulado por la Unión Internacional de Protección Vegetal (UPOV) en su versión 91, lo cierto es que tal proceder carece de legitimidad alguna, ya que esas plantas y animales llegaron hasta nuestros días gracias al trabajo de domesticación, conservación y mejoramiento, que desde la aparición de la agricultura hace ya 12,000 años atrás, fueron realizando los seres humanos. Por ello resulta además contrario a cualquier ética, reclamar propiedad sobre organismos vivos o sus componentes básicos, que por ser obra del trabajo y esfuerzo colectivo, pertenecen a toda la Humanidad. Sin embargo, las empresas transnacionales empeñadas en controlar totalmente nuestra alimentación y los recursos esenciales para producirlos, con su poderoso poder económico y su muy respetable arsenal de influencias y presiones políticas, han conseguido lo que algunas décadas atrás podría parecer impensable: obtener derechos de propiedad sobre nuestros principales cultivos alimenticios y sobre bienes intangibles asociados también a éstos.
En la actualidad la actividad de patentar seres vivos, está fuertemente concentrada en grandes corporaciones transnacionales, que intervienen no sólo en semillas agrícolas, sino además en plaguicidas, medicamentos humanos y veterinarios, fertilizantes, alimentos, etc. Gran parte de la supuesta “mejora” que estas empresas vienen desarrollando hoy, por ejemplo, con los cultivos alimenticios, descansa en la producción de plantas transgénicas con resistencia a herbicidas o capaces de producir la toxina del Bacillus thuringiensis. También buscan que tecnologías tan perversas como lucrativas, como “Terminator” y “Zombie”, les sean finalmente permitidas. Naturalmente que todo esto exige contar con patentes con el objetivo, según nos aseguran, de recuperar sus inversiones, protegerlas durante un largo tiempo y garantizarle a sus socios las ganancias correspondientes. En este contexto, muy poca participación y beneficio pueden alcanzar los sistemas de mejoramiento nacionales y mucho menos los fitomejoradores independientes.
Las biopatentes o patentes biológicas para el sector agropecuario, forman parte de la estrategia capitalista que se inicia con la apropiación privada de las semillas agrícolas y continúa con la aparición de los híbridos. Luego aparece la transgénesis como anillo al dedo e inaugura con ello, una nueva fase en la escalada por el control de las semillas, los campesinos y los alimentos. De ese modo, es que el énfasis actual por patentar los elementos fundamentales para producir alimentos, amenazan con desplazar ahora y en el futuro inmediato a los campesinos e indígenas de sus tierras y hacer de la agricultura, un negocio enteramente capitalista, donde lo que importa no es la producción de alimentos para la Humanidad, sino el lucro y la ganancia.
Aquí en Panamá, un ligero repaso a las legislaciones que rigen la materia de Patentes y Derecho del Obtentor, pone de manifiesto que las mismas responden íntegramente a las concepciones predominantes sobre el llamado libre comercio y sobre la necesidad de proteger inventos y descubrimientos, bajo la supuesta finalidad de estimular el desarrollo de la ciencia y de la creatividad humanas. Sin embargo, para el caso específico de las patentes biológicas y los derechos sobre variedades vegetales, no parece que tales objetivos sean los que orienten el creciente interés por patentar la vida.
De allí que, pese a que la legislación nacional que crea la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI), establece claramente que exceptúa de patentabilidad “las especies vegetales y las especies y razas animales” y que nuestra adhesión en la UPOV es al Acta del 78, que concede algunas libertades en cuanto a las cosechas y el mejoramiento, existen razones poderosas para creer que esto va a cambiar pronto, una vez entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Panamá. Este engendro exige que nuestro país se adhiera según su capítulo 15, al menos a 10 normas internacionales relacionadas con la propiedad intelectual, entre ellas a la versión 91 de la UPOV, para convertir, como recientemente ocurrió en Chile, el Derecho de Obtentor en una verdadera patente sobre variedades vegetales.
Resulta evidente que las poderosas transnacionales y sus tecnologías fundadas únicamente en el negocio capitalista, no tienen el más mínimo interés en resolver los problemas del hambre en el mundo. Lo que persiguen fundamentalmente, es tener el control sobre el principal eslabón del sistema alimentario y obligar a los más de 1,400 millones de campesinos del planeta que guardan sus semillas para las siembras próximas, a comprarlas inevitablemente todos los años. Esto lógicamente, contribuirá a acentuar en mayor grado, la pérdida irreversible de la biodiversidad universal.
Por ello, urge retirar cuanto antes las patentes de cualquier forma de vida, principalmente de las plantas y animales de la esfera mercantil y de todo espacio o foro económico internacional. De no hacerlo, aumentará la pobreza en el área rural; se reducirá significativamente la riqueza biológica y natural del planeta; se transformará el paisaje y la vida en los campos y la agricultura perderá, finalmente, su verdadera razón de ser. |
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Viernes, 30 de Marzo de 2012 10:37 |
¿La nueva cara de la biopiratería en América Latina?Gerardo Lissardy. Río de Janeiro. BBC Mundo  REDD y Biopiratería en Brasil
Brasil advierte que ciertos contratos acordados por comunidades indígenas y empresas extranjeras podrían llegar a ocultar la práctica de la biopiratería, una práctica que inquieta a la región
Brasil comenzó a advertir que una serie de contratos que permiten a empresas extranjeras acceder a tierras indígenas en la Amazonía pueden servir para camuflar la biopiratería, una práctica que inquieta a la región.
La última alarma para el gobierno brasileño surgió con la noticia de que indios de la etnia mundurucú cedieron por US$120 millones los derechos sobre sus tierras a una empresa irlandesa del negocio de créditos de carbono.
El acuerdo establece que por 30 años los indios estarán impedidos de plantar o extraer maderas de sus tierras, de una superficie similar a El Salvador, a las cuales la empresa tendrá acceso irrestricto, informó hace pocos días el diario 'O Estado de Sao Paulo'.
Las autoridades brasileñas advierten que este y otros contratos similares ofrecidos a etnias indígenas por empresas de créditos de carbono suponen un riesgo de explotación oculta de la biodiversidad del país.
La ministra brasileña de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, dijo en el mismo diario que se debe evitar que las oportunidades para avanzar en la valorización de la biodiversidad 'disfracen acciones de biopiratería'.
'Es un nuevo canal que se abre para la biopiratería', indicó a su vez la asesoría de comunicación de la presidencia de la Fundación Nacional del Indio (Funai), una entidad estatal brasileña, en declaraciones a BBC Mundo.
'Libre acceso'
La biopiratería es comúnmente entendida como el uso con fines comerciales o científicos de recursos de la biodiversidad y conocimientos ancestrales de la misma sin una autorización o compensación adecuada.
Esta práctica para desarrollar productos medicinales, farmacéuticos, agroindustriales y de otro tipo ha provocado medidas preventivas de las Naciones Unidas y de países latinoamericanos en la región Amazónica.
Ecuador, por ejemplo, anunció hace pocos días que prepara un proyecto de ley para enfrentar el fenómeno en general.
Brasil ha tomado medidas contra la biopiratería desde hace años, pero las autoridades creen que los contratos de empresas que negocian con créditos de carbono en tierras indígenas muestran la necesidad de adaptar las normas.
'Algunas de las propuestas de contratos presentadas a las comunidades indígenas incluyen cláusulas de libre acceso a tierras indígenas y a todo el patrimonio biológico en ella contenido por parte de las empresas, lo que puede facilitar acciones de biopiratería', indicó la Funai.
'El pretexto para tal cláusula es la supervisión del área para que las empresas puedan acompañar la preservación de la selva. No obstante, la falta de reglamentación de ese mecanismo deja espacio para otras actividades e investigaciones no relacionadas con el comercio de carbono', agregó.
Contratos bajo la lupa
Más de 30 etnias brasileñas han sido abordadas por empresas o personas físicas que buscan negocios vinculados a los créditos de carbono, aunque no siempre se han cerrado contratos, precisó la Funai.
Se desconoce cuántos quilómetros cuadrados de tierras indígenas abarcan los contratos ya firmados, que fueron transferidos a la Procuraduría General de la Unión para que eventualmente tome medidas judiciales.
La Funai niega que los acuerdos tengan validez jurídica, 'porque Brasil todavía no reglamentó el mecanismo de REDD, como se llama ese mecanismo de compras y ventas de créditos de carbono'.
REDD es un método de pago a países en desarrollo o a comunidades dentro de ellos para que conserven sus bosques y puedan reducir así las emisiones de CO2 derivadas de la deforestación.
Las cantidades de carbono que se dejan de emitir se calculan en créditos, que pueden ser comprados por empresas contaminantes de Europa y otras regiones para delegar la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Las compañías que buscan contratos en tierras indígenas de la Amazonía se especializan en el desarrollo de ese mercado de créditos de carbono.
'Preocupación legítima'
Celestial Green Ventures, la empresa irlandesa que firmó el contrato con la etnia mundurucú, se define a sí misma como líder mundial en la materia.
Sólo en Brasil tiene 16 proyectos que suman 200 mil kilómetros cuadrados, según 'O Estado de Sao Paulo', lo que supone un área mayor a la superficie de Uruguay.
Consultada por BBC Mundo en su sede en Dublín, la empresa declinó formular comentarios sobre la inquietud que generan sus actividades en Brasil e indicó que pronto hará una declaración al respecto.
'El gobierno tiene una preocupación legítima', evaluó Carlos Roberto Sanquetta, un especialista brasileño en ecología, cambio climático, proyectos forestales y de carbono, consultado por BBC Mundo.
A su juicio, con los contratos que dan derechos sobre tierras indígenas a empresas extranjeras 'se corre el riesgo de que haya exportación clandestina de recursos genéticos y de valores culturales de las comunidades indígenas'.
'Nuestro país debe tener directivas muy claras para que eso no ocurra y la legislación brasileña todavía deja brechas para que esas actividades irregulares puedan suceder', advirtió.
¿Reacción exagerada?
Sin embargo, Paulo Adario, director de la campaña amazónica de la organización no gubernamental Greenpeace, sostuvo que la reacción brasileña puede ser exagerada.
La venta de créditos de carbono 'es un mecanismo que nosotros no necesariamente apoyamos, pero que existe en el mercado y no tiene nada (que ver) con la soberanía: creo que hay una confusión ahí', dijo Adario.
A su juicio, 'siempre que hay una discusión sobre compañías extranjeras y la Amazonía hay una gran preocupación de Brasil con la cuestión de la soberanía y la biopiratería'.
'Hay verdad en esto y hay una preocupación muy fuerte con cosas que no existen', indicó en declaraciones a BBC Mundo. 'Por supuesto, es necesario verificar los contratos para ver lo que pueda haber detrás'. |
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