EL ESCARAMUJO 47: LA CUENCA DEL USUMACINTA, CUNA DE LA RESISTENCIA MESOAMERICANA ORGANIZADA CONTRA LAS REPRESAS

Gustavo Castro Soto
Otros Mundos AC/MAPDER
14 de mayo de 2014

 

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El Contexto

El Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) signado en 1993 implicó para el gobierno mexicano la imposición de nuevos cambios constitucionales que garantizaran las inversiones y los compromisos contraídos en dicho tratado. Así, previo a la firma del TLCAN, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se modifican la ley de aguas, la ley minera, la ley agraria, entre otras. Ahora, en el marco del Tratado TransPacífico (TTP) cuyo proceso de negociación inició en el 2006 y con la adhesión de México en 2012, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto impulsa otro nuevo marco legal necesario para adecuar al país a este nuevo tratado todavía más ambicioso. De ahí la urgencia de modificar la ley laboral, energética, agraria, de aguas, minera, educativa, de hacienda, entre otras, para adaptar las estructuras del país a los intereses de las grandes corporaciones y sus inversiones (CASTRO: 2013a).

En medio de ambos grandes tratados, otros muchos se firmaron entre México y con diversos países de América Latina, Europa y Asia. Sin embargo, un punto nodal necesario para el éxito de la implementación y garantía de las actividades extractivas, es la construcción de la infraestructura que viabilice el arribo de las inversiones donde la comunicación y la energía fueron los pilares que rigieron las inversiones en el país con el Plan Puebla Panamá (PPP) partir del año 2000, hoy Plan Mesoamérica.

Así, las represas, como fuente que dotara de agua y energía a una región que vería arribar todo tipo de inversiones extractivistas, se convirtió en una de las infraestructuras más proyectados no sólo por el gobierno mexicano, sino por todos los gobiernos de mesoamericana con cientos de represas amenazando los territorios indígenas (CASTRO: 2010). La irrigación para el gran agro negocio, la generación de energía para la construcción de nuevos puertos y regiones industriales, agua y energía para las zonas turísticas, agua para los gigantescos proyectos mineros, entre otros.
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LOS P.H. SOBRE EL USUMACINTA

Los proyectos hidroeléctricos sobre el Río Usumacinta se remontan al año 1966 cuando la CFE inició los estudios geológicos, hidrológicos y topográficos para definir el Proyecto Boca del Cerro en el estado de Tabasco, y otras cuatro represas más sobre los territorios de Chiapas y Guatemala. Hasta 1990 se realiza un diagnóstico socio ambiental y arqueológico. A partir de los primeros estudios se han iniciado diversos intentos para su construcción pero por diversas causas han fracasado. La CFE ha modificado en varias ocasiones las especificidades del sistema de represas. El acceso a la información no ha sido siempre fácil y los gobiernos tanto de Guatemala como de México han incluso negado la existencia de estos proyectos ante las reacciones en contra por parte de diversos actores que van desde arqueólogos nacionales y extranjeros, ecologistas, comunidades indígenas, organizaciones sociales, entre otros.

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EL DESARROLLO DE LA RESISTENCIA.

Las primeras reacciones públicas se dieron en marzo de 1987 cuando el Grupo de los Cien denunció el proyecto de construir presas sobre el río Usumacinta que, según ellos, inundaría 700 Km cuadrados afectando los últimos reductos de selva, inundando el pasado cultural maya y con ellas las posibilidades de sobrevivencia de sus pueblos. El Grupo de los Cien pidió a los presidentes de México y Guatemala cancelar estos proyectos a lo que el mandatario guatemalteco, Vinicio Cerezo Arévalo, respondió que su intención era “trabajar para conservar tanto la fauna como la cultura” del área: “Creo sinceramente que dicho patrimonio pertenece a la humanidad y de que debemos preservarlo.” En primera plana, el New York Time publicó en su editorial “Don’t Flood the Maya Vatican” haciendo alusión a las murales de Bonampack.

En mayo de 1989, a solicitud del gobierno de Guatemala, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) suspendió el plan hidroeléctrico del Usumacinta. Prácticamente durante toda la década de los 90’s, durante el alzamiento zapatista, estos proyectos quedaron en impasse hasta que la pesadilla volvió a regresar a inicios del nuevo milenio.

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En el 2010 la CFE edita otro documento donde hace mención de los Proyectos Hidroeléctricos sobre el Río Usumacinta, modifica algunas especificaciones y menciona confusamente otro proyecto más: Yaxchilán, Isla El Cayo, El Porvenir, La Línea, Frontera y Tenosique (antes Boca del Cerro) (CFE: 2010). Este documento vuelve a alertar al movimiento social contra las represas que se mantenía en un impasse en su resistencia en los últimos años.

El 27 de febrero del 2010, el entonces presidente Felipe Calderón envió al Congreso de la República la Estrategia Nacional de Energía (ENE) que contenía tres ejes: Seguridad Energética, Eficiencia Económica y Sustentabilidad Ambiental. En la Línea de Acción 5.2 (Diversificar las fuentes de energía, incrementando la participación de tecnologías limpias) planteó la meta para que en el 2024 la generación de electricidad proviniera hasta en un 35% de “tecnologías limpias” (28 700 MW). Por ello, el Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico (POISE) contemplaba construir las presas hidroeléctricas de Copainalá (225 MW) y Acala (135 MW) en Chiapas, y las que ahora enfrentan una fuerte resistencia del Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) como son Paso de la Reina en Oaxaca (510 MW), Tenosique en la Cuenca del Usumacinta en el estado de Tabasco (420 MW), La Parota en Guerrero (900 MW) y Las Cruces en Nayarit (475 MW). Todos estos proyectos incrementarían un total de total 2665 MW a la capacidad instalada en el país. Si embargo, para cumplir con la meta implicaría incrementar 14755 MW con energías limpias que equivalen a construir los 60 proyectos que están identificados con estudios avanzados, entre los que están incluidas las represas en los ríos de la Cuenca Grijalva-Usumacinta que podrían incrementar 2000 MW y 7823 GWh al Sistema Eléctrico Nacional.

En el marco de este contexto, se plantea nuevamente modificar nuevamente la ley de aguas en el país, ya que es el recurso fundamental para toda actividad extractiva que ha vuelto finito este bien común, como lo confirma la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en el sentido que el 94% de las aguas dulces en México está contaminado. Y por si fuera poco, casi todas las principales cuencas han sido represadas a excepción del Río Usumacinta.

Contradictoriamente, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ya desde el 2008, concluía que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sólo había operado el 45.5% de la capacidad instalada en México (ASF: 2008). Una de las razones ha sido la apertura para la generación de energía en manos privadas, lo que disminuyó la demanda de energía a la CFE. Pese a ello, la CFE anuncia ese mismo año la construcción de las presas sobre el Río Usumacinta (CFE: 2008a, 2010 y S/F).

El MAPDER Chiapas contacta a las organizaciones de resistencia en Tabasco y los invitan a participar en el MAPDER. Con ellos se analiza la necesidad de reactivar la resistencia contra el proyecto Boca de Cerro y se reactivan las relaciones con el Frente Petenero contra las Represas. Un año después, en el 2011 el Movimiento Mexicano de Afectados por las Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) Chiapas se propone para ser sede del VIII Encuentro Nacional del MAPDER en el municipio de Huitiupán donde suenan nuevamente los intentos de la construcción de la represa Itzantún, detenida décadas atrás por la resistencia indígena (MAPDER: 2011). Desde entonces se desplegaron diversos encuentros y talleres para analizar las causas de las inundaciones de Tabasco y del Río Usumacinta. Pero para enfrentar esta nueva gran batalla, el MAPDER Chiapas propone conformar una Alianza Binacional para decretar la Cuenca del Usumacinta libre de Represas. Sucesivos encuentros se dan durante 20011, 2012 y 2013 en Chiapas, Tabasco y Guatemala para fortalecer esta Alianza Binacional con la participación de organizaciones sociales, indígenas y campesinas que culmina con la propuesta de ser nuevamente anfitriones del V Encuentro Latinoamericano de la REDLAR en la comunidad de Retalteco, Petén, Guatemala, en el mes de octubre de 2013. De este modo, doce años después se regresa al mismo punto de partida que le dio origen a la resistencia regional. Así, luego de doce años, el ciclo se cierra e inicia una nueva etapa en la resistencia. El movimiento empieza nuevamente a tocar los tambores para el llamado a la rearticulación de la resistencia y enfrentar otra batalla más por mantener a la Cuenca libre de represas. En Retalteco se vuelven a aglutinar las resistencias latinoamericanas con la presencia de 537 delegados y delegadas de 14 países y con varias giras previas en los territorios de Guatemala donde los delegados y delegadas fueron compartiendo la solidaridad las diversas resistencias nacionales (REDLAR: 2013).

ALGUNAS CONCLUSIONES

Desde la perspectiva social, las organizaciones indígenas, campesinas, sociales y de derechos humanos se movilizan para evitar el despojo de sus tierras y territorios, del agua y de los bienes comunes naturales. La resistencia del movimiento social también se ha fortalecido y ha logrado contra argumentar el supuesto “desarrollo” que han aportado estos proyectos y los saldos sociales y ambientales que acarrearon. Por ello, no sólo en Chiapas sino en todo México y América Latina, la estrategia impulsada por la banca multilateral, gobiernos y capital transnacional, ha dado un giro en dos vertientes: la construcción de parques eólicos para al autoabastecimiento de energía de las empresas, y la construcción de supuestas “pequeñas” hidroeléctricas, ambos en manos privadas e insertadas en el mercado de carbono como Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) en el marco del Protocolo de Kyoto y los compromisos contraídos en él, con el fin de compensar las exigencias de reducción de emisiones por parte de los países que mayormente aportan con gases efecto invernadero al planeta.

La Cuenca del Usumacinta es una región geoestratégica de gran importancia extractiva para muchos intereses corporativos. Su desarrollo histórico siempre ha sido fuente de conflictos políticos, ambientales, sociales y económicos. Para el Estado mexicano y guatemalteco, pero también para las grandes corporaciones, representa un enorme reto imponer al fin sus intereses. Y aunque en el caso de los proyectos hidroeléctricos no son viables desde el punto de vista técnico, ambiental, climático, arqueológico, cultural ni social, el gobierno mexicano sigue empecinado en volver a intentar su construcción. Sin embargo, no cabe duda que la Cuenca del Usumacinta ha sido la cuna de la resistencia mesoamericana organizada contra las represas que ha logrado mantenerla libre de represas. Su proceso ha sido largo a base de movilizaciones, resistencias y toma de conciencia sobre los impactos sociales, económicos y ambientales que provocan las represas, pasando de la lucha de resistencia al desmantelamiento de represas, de la necesidad de las alternativas locales a los cambios necesarios en la matriz energética y recientemente por el nuevo paradigma de energía.

El movimiento mesoamericano avanzó y maduró paso a paso. Se politizó rápidamente logrando altos niveles de investigación, análisis, convocatoria y movilización. Identificó inmediatamente las corporaciones transnacionales de energía. Logró articular desde un principio las alianzas locales con las nacionales, mesoamericanas y latinoamericanas, incluso con un análisis estructural en el marco de los tratados de libre comercio y otros procesos de integración económica. Se articuló también con la Semana por la Diversidad Biológica y Cultural y se planteó una lucha global y antisistémica (CASTRO: 2003 y 2007). El movimiento social logró contextualizar la lucha en el marco de los intereses del gran capital con el apoyo de la banca multilateral. Muy pronto se dio cuenta de las consecuencias de la extracción y el despojo de los territorios de los pueblos indígenas. La resistencia logró tocar el aspecto clave para el capitalismo, las inversiones y la acumulación del capital: el agua y la energía.

La resistencia ha sido exitosa debido a diversos aspectos. Por un lado, la región mesoamericana contaba con una fuerte vinculación previa entre sus movimientos y organizaciones por varios frentes de lucha como la resistencia contra el Plan Puebla Panamá, contra el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), por los encuentros regionales de los pueblos indígenas, por encuentros en defensa de la biodiversidad, encuentros contra la militarización, por la conformación previa de la Convergencia de los Pueblos de las Américas (COMPA); por las luchas de solidaridad entre los países en sus procesos revolucionarios, entre otros muchos. También existían procesos de vinculación entre movimientos sociales, indígenas y campesinos con ONGs, sectores académicos, periodistas, entre otros sectores. Por ello la articulación de la lucha contra las represas se da con mayor facilidad. El movimiento también coordinó 6 ejes estratégicos de acción: la información y difusión, movilización, educación y capacitación, organización, acciones legales y cabildeo con congresos. Fue incorporando nuevos elementos y temáticas a lo largo de los años de resistencia: desmantelamiento de represas, matriz energética, privatización del agua y la energía, cambio climático, entre otras.

Actualmente la resistencia inicia su reactivación bajo otra modalidad convocando a la Alianza Binacional con el fin de decretar la Cuenca del Usumacinta libre de represas. Del lado mexicano las organizaciones indígenas, campesinas y ONGs de los estados de Chiapas y Tabasco; y del lado de Guatemala sus contrapartes de los departamentos de Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz y el Petén. Estos son los que se proponen para llevar a cabo el V Encuentro de la Redlar en octubre de 2013 con el fin de visibilizar nuevamente la problemática y lograr vínculos de solidaridad.

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