El Escaramujo 63: Gestión Comunitaria de Bosques III

 Elementos para su defensa y fortalecimiento
(Tercera Parte)

  Claudia Ramos Guillén

  Otros Mundos, A.C.
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

  22 de febrero 2016

LEER PDF COMPLETO: El Escaramujo 63: Gestión Comunitaria de Bosques. Elementos para su defensa y fortalecimiento (Tercera Parte) (7 págs. -PDF 403Kb)

Una cuestión de derechos: Marco Legal

Muchas veces, las comunidades indígenas y/o campesinas que llevan a cabo el manejo y/o la gestión de bosques desconocen los derechos que poseen para defender sus prácticas y sus territorios frente a amenazas de despojo de cualquier tipo; ya sea despojo de recursos, de saberes, de formas organizativas o de los territorios mismos. A continuación presentamos una serie de tratados internacionales y leyes nacionales que pueden servir durante un proceso de defensa de la tierra y el territorio a través de la gestión y manejo de los bienes comunes naturales.

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 1º. Todas las autoridades (gentes del gobierno, jueces y diputados que hacen leyes) tienen la obligación de promover y respetar los derechos humanos puestos en la Constitución federal o en los convenios internacionales. Los derechos humanos también podrán disminuirse pero solo en los casos y modos en que la propia Constitución federal lo diga.

Artículo 2º. Indígena es la persona o el pueblo que: 1) viene de la gente que vivía en México antes de la conquista de los españoles (hace unos 500 años); 2) que todavía conserva algunas costumbres de esos tiempos y, 3) que, además, tiene claro que es indígena. Comunidades indígenas son las que tienen su tierra y autoridades propias nombradas según su costumbre.

A. Los pueblos y las comunidades indígenas tendrán derecho a la autonomía (también llamada libre autodeterminación) para:

Hacer uso y disfrute colectivo preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan, menos en tres casos 1) Cuando esos recursos corresponden a las áreas estratégicas (señaladas en el artículo 28 como son el petróleo o los minerales radioactivos, por ejemplo el uranio), y también 2a) cuando hayan dado derechos sobre la tierra a gente de fuera de la comunidad (derechos a terceros) o 2b) a gente de la propia comunidad (como el caso del PROCEDE1 o FANAR2).

B. Para conseguir el desarrollo de los pueblos y las comunidades indígenas y que se cumplan sus derechos, la federación, los estados y los municipios, junto con pueblos y comunidades indígenas, crearán y manejarán las instituciones y las políticas que sean necesarias.

Artículo 27º. La Nación (representada por el gobierno pero con base en una ley) podrá imponer en cualquier tiempo a la propiedad (privada o colectiva) las medidas que considere necesarias para proteger el interés general de la sociedad. Como por ejemplo, establecer usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques…para conservar y recuperar la ecología…o para evitar la destrucción de la naturaleza. Pero teniendo en cuenta los derechos humanos de los campesinos y las comunidades indígenas establecidos en la propia constitución y en los convenios internacionales como el 169º de la OIT.

VII. La ley dirá cómo se puede hacer el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común de los ejidos y comunidades pero con respeto y apoyo a su vida comunitaria.

La ley dirá cómo las comunidades y los ejidos podrán hacer uso de los derechos sobre la tierra y sus recursos productivos pero esta palabra la dirá la ley con respeto a la voluntad de los campesinos para elegir las maneras que más les convengan a ellos.

Convenio Sobre Pueblos Indígenas y Tribales (conocido como Convenio 169º de la Organización Internacional del Trabajo OIT)

Artículo 6.- Los gobiernos deben consultar a los pueblos cada vez que hagan leyes o lleven programas, proyectos o lo que sea que les afecte o pueda afectarles sus tierras, sus recursos o sus costumbres. Las consultas tendrán como objetivo lograr un acuerdo con esos pueblos.

Artículo 7.- Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos, para proteger el medio ambiente de los territorios que habitan (es decir, sus montañas y aguas como también sus acahuales, sus milpas y las zonas que tienen para ganados o para criar animales).

Artículo 15.- Cuando pertenezca al gobierno la propiedad de los recursos abajo del suelo o tenga derechos sobre otros recursos que hay en las tierras de las comunidades, antes de autorizar o iniciar cualquier programa, deberá consultar a los pueblos.

Artículo 25.- Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, aguas, y otros recursos que tradicionalmente ha poseído y usado.

Artículo 26.- Los pueblos indígenas tienen derecho a utilizar y controlar sus tierras y recursos según sus propios modos y su propia tradición de ellos.

Artículo 27.- Los gobiernos reconocerán las leyes y costumbres de tenencia de la tierra y manejo de los recursos de los pueblos indígenas y estos pueblos participarán en este proceso.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas

Reconociendo que el respeto de los conocimientos, las culturas y las prácticas tradicionales indígenas contribuye al desarrollo sostenible y al ordenamiento bueno del medio ambiente.
Artículo 8. Los gobiernos van a prevenir o si no se puede van entonces a reparar: a) Todo acto que prive a los indígenas de sus valores culturales o de sus tierras, territorios y recursos;

Artículo 32. Los pueblos indígenas tienen derecho a decidir las prioridades y las estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos (como los bosques).

Aunque México es el segundo país con más impunidad del mundo, después de Filipinas (según El Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla), no debemos olvidar que existen derechos colectivos y que muchos de ellos pueden servir de marco en la defensa de bienes comunes naturales, como los bosques y su biodiversidad; de ahí también la importancia de que las comunidades estén  bien informadas y organizadas y de exigir que dichas leyes sean cumplidas cuando sean favorables para la defensa de la tierra o que sean eliminadas aquellas leyes o reformas que consideremos injustas para los pueblos, que atenten contra los bienes comunales o pongan por encima los intereses de corporaciones ante los intereses comunes. A pesar de todo, no podemos jugar todas las cartas a la defensa legal de los territorios sino ha de ser uno de los muchos frentes de lucha, acompañado con acciones directas, procesos autogestivos y otras estrategias para la defensa y cuidado de los bosques y espacios comunes.

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