El Escaramujo 67: LA INICIATIVA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES EN CHIAPAS (PARTE I)

Los "Escaramujos" son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

El Escaramujo No. 67

LA INICIATIVA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES EN CHIAPAS:
NUEVA APUESTA POR INSERTAR REDD+ EN LOS TERRITORIOS
PARTE I

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 Autores: David Tobasura Morales y Claudia Ramos Guillén
Otros Mundos A.C./Amigos de La Tierra México - Julio 2017
http://otrosmundoschiapas.org/

La estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal (REDD+) es una iniciativa política internacional que surgió en 2005 dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Refuerza el discurso de mercantilización y financiarización de la naturaleza y los procesos ecológicos a partir de mercados internacionales de carbono; donde los países o industrias con obligaciones de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero pueden comprarle el derecho de emitir a países o comunidades que no tienen esta obligación (Furtado, 2016).

Estos últimos compensan – mas no mitigan – las emisiones mediante proyectos de reforestación o conservación de bosques principalmente a través de Pagos por Servicios Ambientales (PSA). A pesar de que estos mecanismos financieros han mostrado su incapacidad para reducir las emisiones, REDD+ impulsa la creación de Mercados Voluntarios de Carbono (MVC) a los que acceden "abiertamente" comunidades y organizaciones no gubernamentales (ONG) como vendedores y el sector privado como
comprador, y los mercados de resultados principalmente para que los países con obligación de reducir emisiones compren "los excesos de créditos de carbono" de otros países.

Además de la ineficacia de estos mecanismos, la implementación de REDD+ en los territorios ha estado rodeada de denuncias y críticas desde movimientos sociales, ambientalistas y académicos que han visibilizado la exclusión, criminalización e instrumentalización de los pueblos indígenas y las comunidades dependientes de los bosques, la incidencia en conflictos territoriales y despojo de la tierra, la mercantilización de la conservación, el control sobre los procesos autonómicos comunitarios, y el limitado impacto de la lógica de compensación de emisiones que encubre las causas estructurales
de la crisis climática y ambiental (Kill, 2015; Furtado, 2016).

Estos cuestionamientos han desencadenado la organización de comunidades rurales y pueblos indígenas que han planteado la necesidad de rediseñar la estrategia de acuerdo a sus intereses y se han declarado en oposición a REDD+, optando por gestionar sus territorios de forma tradicional y autónoma.

México enREDDado

Pese a las denuncias, la demostrada incapacidad de REDD+ y otros mecanismos financieros para mitigar el cambio climático y la ausencia de un acuerdo político internacional sobre la estrategia, el gobierno mexicano, bajo pretexto de mostrar buena
voluntad, viene creando la Estrategia Nacional REDD+ (ENAREDD+) desde el año 2010.

Para tal fin tienen que transformar la política ambiental y de desarrollo rural sustentable, generar la integración de las entidades federales y la coordinación de las políticas y programas públicos agropecuarios, forestales y de otros usos del suelo. A partir de los cambios y luego de asegurar el apoyo financiero y tecnológico de los países "desarrollados", el gobierno mexicano se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 30% para 2020 y un 50% para 2050, en relación a las emisiones del año 2000, y al tránsito hacia una tasa cero de perdida de dióxido de carbono (CO2) en
los "ecosistemas originales" (CONAFOR, 2015). Estos compromisos deben entenderse como parte de un discurso político de "buena voluntad" ante el exterior que no es compatible con la realidad ambiental y los inexistentes avances en mitigación y reducción de gases de efecto invernadero. Entre 1990-2010, periodo de impulso de compromisos y acuerdos internacionales de cambio climático como el de Kioto, las emisiones nacionales en vez de reducirse se aumentaron un 33.4% (Sosa-Rodríguez, 2015).

La ENAREDD+ ha sido construida por una variedad de actores encabezados por tres instancias: la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) como entidad pública; los Comités Técnicos Consultivos (CTC-REDD+) constituidos por entidades públicas federales y estatales, organizaciones civiles nacionales e internacionales, organizaciones sociales, instituciones educativas y el sector privado. Así como la Alianza México-REDD+, una plataforma de ONG que incide en la política nacional, las agendas de investigación, los proyectos locales y la gestión de la financiación. La Alianza está conformada por The Nature Conservancy (TNC), Rainforest Alliance, Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable (ENDESU) y The Woods Hole Research Center.

A la par de la ENAREDD+, en el país se han implementado iniciativas que se pueden enmarcar dentro de la estrategia: las Acciones Tempranas REDD+ en las cuencas costeras de Jalisco, la península de Yucatán y la selva Lacandona en Chiapas, operadas por la CONAFOR. Asimismo, la Alianza M-REDD+ las ha implementado en Oaxaca, Chiapas, el Estado de México y Chihuahua. Estos programas, financiados con recursos federales y del Banco Mundial, para 2014 habían recibido 856 millones de pesos, especialmente en PSA (Muñoz-Piña y Ortega, 2016:4). Vale señalar que a la fecha no existen evaluaciones de los
impactos territoriales y regionales de la implementación de estos proyectos.

Otras de las iniciativas son los Proyectos Piloto REDD+ o de comercialización de bonos de carbono, en donde las comunidades, a través de alianzas con la industria de la conservación (ONG, fundaciones, certificadoras) y entidades gubernamentales, han obtenido o están por obtener una certificación para la venta de bonos de carbono. Datos de Simonet et al. (2016) señalan que se encuentran activos 12 proyectos en Chiapas, Querétaro, San Luis Potosí, Quintana Roo y Oaxaca.

La Iniciativa de Reducción de Emisiones, el piloto nacional REDD+

El gobierno mexicano, en su intención de profundizar REDD+, a través del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial, promueve una iniciativa nacional que busca sentar las bases de la reducción de la deforestación y la degradación forestal a partir de un modelo de gestión integral del territorio y de desarrollo rural sustentable . La Iniciativa de Reducción 3 de Emisiones (IRE) también busca pilotear el modelo de implementación y el mecanismo de pago por resultados para el afianzamiento y concentración de proyectos tipo de REDD+ en el país.

Vale señalar que el FCPF es una plataforma creada en 2007 para la implementación de REDD+ en 47 países tropicales y subtropicales "en desarrollo", soportada por las donaciones de países industrializados, multinacionales extractivas como la British Petroleum (BP) y la organización TNC. El Banco Mundial sirve como socio ejecutor, fideicomisario y secretario. El FCPF está compuesto por un fondo de Preparación que apoya a los países en la formulación de estrategias nacionales – ENAREDD+ en México – y el fondo de Carbono que actúa como intermediario en el intercambio de créditos de carbono entre los países con bosques y los inversionistas. Desde la creación del FCPF, se ha denunciado su fuerte control sobre las negociaciones y los mecanismos REDD+, su política impositiva sobre los territorios y la gestión de los bosques, y la ausencia de compromiso y respeto a las decisiones y críticas de los pueblos indígenas y comunidades rurales hacia las salvaguardas ambientales y sociales4 que han promovido el Banco Mundial y la CMNUCC.

La IRE identifica un contexto de aumento de la degradación forestal5 a nivel nacional – principalmente en la península de Yucatán - y una disminución en la extensión original de las selvas (sin especificar fecha) de 40 millones de hectáreas hasta 30 millones en 2015 (CONAFOR, 2016: 44). Problemáticas que según el diagnóstico de la IRE son causadas directamente por la agricultura de subsistencia, los distritos de riego, la agricultura y las plantaciones comerciales, la expansión urbana, el crecimiento demográfico, la ausencia y deficiencia de manejo forestal, y principalmente por la ganadería extensiva. A estos
procesos se suman las llamadas causas indirectas, como la pobreza, el crecimiento poblacional y los subsidios o programas gubernamentales. Resulta importante recalcar que este diagnóstico no menciona la expansión de procesos extractivos y energéticos como la minería o la construcción de represas, la construcción de infraestructura vial y la expansión de grandes parques agroindustriales.

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