El Escaramujo 73: LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR EN MÉXICO

Los "Escaramujos" son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

 

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La Ley de Seguridad Interior legaliza y pone los cimientos de una especie de "Dictadura" o de estado totalitario con el uso a discreción del Presidente sobre las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada o Marina y Fuerza Área), así como de las instituciones policiales de todo el país. México estará bajo la lupa de la inteligencia y el espionaje militar. Gobiernos estatales y municipales podrán quedar relegados por el Presidente y pierden su autonomía además de obligarse a financiar las acciones que realicen las instituciones de los tres niveles de gobieno, Fuerzas Armadas y policiales que el Ejecutivo defina. El Decreto Presidencial le permite al Ejecutivo un marco jurídico para usar la represión, estados de excepción y otras violaciones a los derechos humanos al margen de la Constitución, derogando toda disposición que contravenga esta Ley que otorga al Ejército demasiadas atribuciones. Este Decreto no encuentra consenso social. Sectores de todo tipo, tanto nacionales como internacionales han levantado la alerta y los peligros que conlleva esta Ley. Esta concentración de poder por encima de la Constitución, de estructuras y mecanismos democráticos de control, lleva a un exceso de autoridad y abuso de ella por parte de la figura presidencial como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas que llevará inequívocamente a más violación de los derechos humanos.

Bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y la criminalización al movimiento social, el Presidente ofrece la seguridad política, social, territorial y legal para la extracción de los recursos que se llevan a cabo y los que se avecinan en el marco de la liberalización total del comercio y de la imposición de las Zonas Económicas Especiales. Minería, gas, fracking, petróleo, monocultivos forestales y transgénicos, complejos turísticos, parques industriales, gasoductos, oleoductos, regasificadoras, puertos marítimos, aeropuertos, autopistas, represas, hipermercados, puentes y los parques eólicos son el horizonte del supuesto desarrollo y con ello del despojo de la población de su territorios rurales y urbanos. Ante ello,  en el marco de la acumulación de capital, de la profundización de los tratados de libre comercio e inversiones multimillonarias en estos magaproyectos con irreversibles consecuencias sociales y ambientales, donde la protesta social acumula fuerza y movilización, esta Ley llega en el momento adecuado para la dictadura del capital. Esta acumulación llega a tal cenit que requiere el uso de las fuerzas militares y policiacas para imponerse.

Analicemos el Decreto de Ley y los elementos fundamentales

¿Quiénes fueron responsables de esta Ley?

La enorme y trascendente responsabilidad de los partidos políticos y en concreto de los diputados que la votaron en 2017 traerá enormes consecuencias para el pueblo mexicano. La Ley se aprobó con el voto de 248 personas en el Congreso mientras que 87 de ellos no asistieron. Votaron en contra 115 y 48 se abstuvieron. De los diputados que votaron a favor 183 fueron del PRI, 35 del Partido Verde Ecologista de México, 14 del PAN, 9 del Partido Encuentro Social, 9 de Nueva Alianza y 2 del PRD. Votaron en contra 17 diputados del PAN, 39 del PRD; todos los 39 de Morena y 17 de Movimiento Ciudadano, y un diputado  independiente. Las 48 personas que se abstuvieron todas fueron del PAN. Así, el 21 de Diciembre de 2017 el Presidente Enrique Peña Nieto publicó el Decreto de la Ley de Seguridad Interior que contiene 35 artículos. Por tanto, la izquierda partidista en el Congreso con capacidad de incidir, sigue inexistente. ¿Existe una fuerza política de izquierda capaz de revertir esta tendencia? ¿Es el escenario político-partidista-electoral el que detendrá este capitalismo atroz?

Los conceptos claves para entender esta Ley

Para entender el contenido, esta Ley define como: (Artículo 4)

    a) "Acciones de Seguridad Interior": "Aquellas que realizan las autoridades federales, incluyendo las Fuerzas Armadas, por sí o en coordinación con los demás órdenes de gobierno, orientadas a identificar, prevenir, atender, reducir y contener riesgos y amenazas a la seguridad interior."

Queda ambiguo lo que significa “identificar”, “prevenir”, “atender”, “reducir”, “contener riesgos” y “amenazas”. Si hubiera un problema de educación o salud, podríamos adivinar más o menos el tipo de políticas y acciones preventivas que definieran estos conceptos y sus acciones. Pero en el uso de la fuerza militar y policiaca, reducir y contener lo que se considere una amenaza no garantiza el respeto a los derechos humanos por parte de los cuerpos de represión que lo que menos tienen es conocimiento y formación en materia de derechos humanos.

    b) "Amenazas a la Seguridad Interior": "Las que afecten los principios establecidos en el artículo 3 y las contenidas en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional que tienen su origen en territorio nacional; las emergencias o desastres naturales en un área o región geográfica del país; las epidemias y demás contingencias que afecten la salubridad general; o las que afecten los deberes de colaboración de las entidades federativas y municipios en materia de seguridad nacional."

    c) "Riesgo a la Seguridad Interior": "Situación que potencialmente puede convertirse en una Amenaza a la Seguridad Interior"

Pero, ¿qué "situación" se convierte en una "amenaza"? Ya no se persigue el delito una vez cometido, o la acción que está alterando la Seguridad Interior; ni la amenaza tampoco; sino lo que potencialmente pueda convertirse en amenaza. Esto significa que se violarán los derechos humanos preventivamente.

    d) "Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior": "El mandato ejecutivo que habilita la intervención de la Federación, incluidas las Fuerzas Armadas, para que por sí o en coordinación con otras autoridades, realicen acciones de Seguridad Interior para contener y reducir Amenazas a la Seguridad Interior."

Implica entonces que el Presidente, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, hará lo que a su juicio considere en cualquier rincón del país sin permiso de nadie.

    e) "Fuerzas Armadas": "El Ejército, Armada y Fuerza Área."

    f) "Fuerzas Federales": "Las instituciones policiales federales."

    g) "Inteligencia para la Seguridad Interior": "El conjunto de conocimientos obtenidos a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información para la toma de decisiones en materia de seguridad interior."

    h) "Seguridad Interior": "la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Comprende el conjunto de órganos, procedimientos y acciones destinados para dichos fines, respetando los derechos humanos en todo el territorio nacional, así como para prestar auxilio y protección a las entidades federativas y los municipios, frente a riesgos y amenazas que comprometan o afecten la seguridad nacional en los términos de la presente." (Artículo2)

Las órdenes de gobierno como las referidas al desarrollo nacional es la agenda contra la que lucha el movimiento social: contra la privatización de la salud, del agua, del sector minero y petrolero, de la construcción de grandes represas, contra la precarización laboral o contra las Zonas Económica Especiales, o por la soberanía alimentaria, entre otras muchas agendas. Todo ello conforma según esta ley en amenazas a la Seguridad Interior.

    i) "Seguridad Nacional": "Lo previsto en la Ley de Seguridad Nacional."

    j) "Uso legítimo de la fuerza": "La utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las Fuerzas Federales y, en su caso, las Fuerzas Armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución."

Sin embargo, sin haber entrado en vigor esta Ley, por años se ha hecho evidente que tanto el ejército como la policía usan técnicas y métodos como la tortura, la intimidación, entre otros tipos de acciones que violan sistemáticamente los derechos humanos. ¿A esto llaman "racional" y "proporcional"?

Los contenidos, peligros y consecuencias de la Ley

Analicemos diez elementos de la Ley que resumen su gravedad:

   1) El Presidente por encima de la Constitución: Mientras que la suspensión de garantías del artículo 29 constitucional se aplica para los casos de "perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto", esta Ley le otorga al Presidente una discrecionalidad más amplia en su aplicación. Además, puede actuar de manera unilateral y a discreción (Articulo 11) cuando el artículo 119 de la Constitución establece que son los congresos locales quienes solicitan su intervención.

   2) La Ley (el Presidente) por encima de cualquier otra: Cualquier disposición que se oponga a este Decreto queda derogado (Artículo 10 y Tercero Transitorio). Esto pone las bases de un estado totalitario en la medida en que el Presidente está por encima de las leyes y también de todas las estructuras democráticas.

   3) Esta ley (el Presidente) es retrospectiva: Si a la entrada en vigor de la presente Ley existen situaciones que entran en los criterios ambiguos y arbitrarios de este Decreto se aplicarán sus mecanismos (Artículo Cuarto Transitorio). Esta ley contradice la misma Constitución.

   4) Todo el aparato estatal en manos del Presidente: La aplicación de esta Ley está en manos del Presidente y para ello se valdrá de la Secretaría de Gobernación, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de otros órdenes de gobierno y de las Fuerzas Federales y del Ejército (Artículo 5).

    5) Otros poderes al Presidente: (Artículos 11, 12, 13, 14, 15,16, 20, 24)
    ⁃    Define y justifica por sí o a solicitud de los gobiernos estatales, la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior y la publica en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas afectadas;
    ⁃    Define qué estados, municipios o rincones del país son los afectados y dónde se realizarán las Acciones de Seguridad Interior;
    ⁃    Define a la Secretaría de Gobernación como coordinación de las Fuerzas Federales policiacas en el territorio nacional;
    ⁃    Decide si no es suficiente para actuar, y de ser así envía a su ejército poniendo a un Comandante militar que coordine todas las acciones, a los policías y dependencias de gobierno;
    ⁃    Define a su criterio el tiempo necesario de las medidas, y si es necesario que la policía, los militares, la inteligencia, las medidas y acciones se prolonguen más de un año en cualquier rincón del país sin poner fin en el tiempo.

El Presidente puede intervenir violando las autonomías estatales, municipales o cualquier otro territorio en el país, ejidos o bienes comunales. Incluso si algún presidente municipal o gobernador del estado, de oposición o de su propio partido, se oponga a la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior para aplicar esta ley. Podrá usar de pretexto y arbitrariamente que las autoridades estatales, municipales u otra institución no tiene la capacidad para enfrentar la situación y poder intervenir así con el ejército y los cuerpos policiacos.

    6) México en la mira del espionaje militar: México queda bajo el espionaje militar obligando a las estructuras de los tres niveles de gobierno (Federación, Estados y Municipios) a proporcionar información (Artículos 29, 30 y 31). Esta inteligencia militar estará por encima a la inteligencia civil. Los militares podrán aplicar cualquier método para recolectar la información sin restricción y sin la solicitud de un juez. Esto vulnera el derecho a un debido proceso, las garantías judiciales y del derecho a la privacidad. La información que se genere será considerada de Seguridad Nacional (Artículo 9), por lo que se instala la opacidad y la falta de transparencia ya que por 12 años la información queda clasificada sin que nadie tenga acceso a ella.

    7) Más discrecionalidad a la policía y militares (al Presidente): Como si tuvieran formación en materia de derechos humanos, de todo lo que consideren "amenazas", van a identificar, prevenir, atender, reducir y contenerlas (articulo 11), como si su historial en el país les de autoridad para usar criterios legales, constitucionales y de derechos humanos. Llevarán a cabo las Acciones de Seguridad Interior que sean "necesarias, pertinentes y eficaces" para identificar, prevenir y atender “riesgos” en cualquier parte del país y las acciones que se realicen son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. (Artículo 6 y 26)

    8) Pagaremos económicamente el costo: Los costos que generen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se cubrirán con cargo a su presupuesto, a las aportaciones y presupuestos de los estados y municipios donde el Presiente haya definido las acciones o las amenazas (Artículo Segundo, Transitorio). Esto significa que además los estados y municipios más pobres quedarán más pobres y dejarán de ejecutar programas y otras accione, y no se determina de qué presupuesto se aplicará, pero afectará el presupuesto de cada estado, municipio y las dependencias federales involucradas en el territorio estatal.

    9) Cumplimiento o castigo: además de la obligacion de cubrir los gastos de la militarización, el cumplimiento de la Ley es obligado para dependencias, estados, municipios y demarcaciones territoriales, o serán sancionados según los términos del Sistema de Responsabilidades y del Sistema Nacional Anticorrupción contemplados en los artículos 109 y 113 de la Constitución. Deberán atender "de manera directa e indelegable las reuniones de coordinación a las que sean convocadas" por la Secretaría de Gobernación y/o el Comandante del Ejército; dar toda la información que se les solicite, prestar auxilio y colaboración; cooperar en todo; mantener durante todo el tiempo "el nivel de inversión en infraestructura, equipamiento y servicios públicos que resulten necesarios para mitigar el impacto de la Amenaza a la Seguridad Interior y superarla", aunque sus recursos hayan sido mermados de por sí para mantener los gastos de la militarización y de la presencia policiaca que el Presidente desee. (Artículos 22, 23 y 34)

    10) Más violaciones a los derechos humanos: La Ley dice que "Las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político-electoral que se realicen de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior, ni podrán ser materia de Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior" (Artículo 8).

La Ley dice que que "tratará" de respetar los derechos humanos. Pero por lo visto no lo garantiza del todo. Sin embargo, por ningún motivo la policía y los militares deben asesinar a civiles, independientemente de esta ley, y sin embargo ha pasado y sigue pasando. Los atributos impunes a las fuerzas armadas y policiacas, agudizan esta situación.

La historia nos muestra que las fuerzas policiacas como militares sin formación y mucho menos en derechos humanos, han cometido y siguen cometiendo mucha violencia contra la población, desde tortura, asesinatos, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, intimidaciones, ejecuciones extrajudiciales, complicidad con el crimen organizado, desapariciones forzadas, entre otras violaciones a los derechos humanos. Ahí tenemos los casos de Acteal, Ayotzinapa, Montes Azules, Aguas Blancas, entre otros; o la violencia desatada contra las movilizaciones en defensa de los territorios y contra las represas y la minería en todo el país. La represiones contra el Cecop, la CRAC, y otros muchos casos más donde la población mantiene una resistencia activa frente a las agresiones de las políticas del estado.

Ell gobierno de México no se ha caracterizado por velar y cumplir los derechos humanos. Con esta Ley se profundiza esta tendencia y se le da un marco jurídico al retroceso. El gobierno mexicano no acata la sentencias de la Corte Internacional de Derechos Humanos, como tampoco las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La participación del Ejército en las calles ha conllevado más conflictos y violencia. Los saldos son terribles hasta la fecha y va en aumento. Hasta la fecha se registran más de 33 mil 500 desaparecidos; 234 mil muertos en los últimos once años, más de 310 mil desplazados internos por la violencia. Desde el 2010 se registraron 798 denuncias por agresión a periodistas y 120 periodistas asesinados desde el año 2000; se han registrado altos índices de feminicidios ya que entre el 2004 y el 2016 han sido asesinadas 26 mil 266 mujeres, entre las cuales se estiman que el 34%, 8 mil 913, fueron consideras víctimas de feminicidio. El gobierno mexicano ha informado que el año 2017 se registraron un promedio de 70 homicidios diarios haciendo un total de 25,339 en todo el país durante este período, lo que convierte el 2017 en el año de mayor violencia en la historia reciente de México.

No se olvida el caso de los ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García torturados por militares; las violaciones tumultuarias de Inés Fernández y Valentina Rosendo; la desaparición forzada del líder social Rosendo Radilla (primera sentencia contra el Estado mexicano en 2009); el asesinato de Bonfilio Rubio por soldados en un retén militar, entre otros casos. La organización WOLA confirma que entre 2012 y 2016, los militares cometieron 268 delitos de tortura, 121 abusos de autoridad, 37 casos de desaparición forzada, 31 delitos relacionados con violencia sexual, 17 homicidios, 13 lesiones, 9 delitos contra la administración de justicia, tres extorsiones, tres privaciones ilegales de la libertad, dos robos y un allanamiento de morada. Eso, en los casos registrados. ¿Y todavía más discrecionalidad al residente y sus militares?

¿Y ahora?

Es urgente combatir este totalitarismo presidencial que, lejos de priorizar el diálogo y otros mecanismos democráticos de resolver conflictos, impone la represión, el espionaje, y avasalla a todos los aparatos de los tres niveles de gobierno y de los mismos cuerpos policiacos, para dejar al país en manos de los militares que siguen regando violencia sistemática y violación a los derechos humanos. Por ello, será necesario generar estrategias de prevención pero también de contención y de blindaje de los territorios. Interponer amparos o recursos de inconstitucionalidad por parte de los municipios sería una tarea primordial toda vez que se viola la autonomía municipal. Y ojalá los mismos gobiernos estatales hicieran lo mismo. Pero esto no se logrará sin movilización y apoyo del movimiento social.