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Viernes, 26 de Abril de 2013 10:54 |
Mano a Mano Guatemala: genocidio ayer e impunidad hoyRadioMundoReal
Descargar AUDIO: MP3 (31.5 MB)
 El juicio contra el ex general guatemalteco Efraín Ríos Montt por el delito de genocidio y su influencia en la actualidad de ese país formaron parte de esta nueva entrega del programa de análisis de Radio Mundo Real.
Desde Guatemala dialogamos en mesa redonda con Alejandra Castillo y Edwin Canil del Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos (CALDH).
Participa también moderando el programa Rosa Tomas, de la Convergencia Maya Waqib’ Kej y en la producción del espacio el integrante de CEIBA-Amigos de la Tierra Guatemala Óscar Gálvez.
Las raíces y causas de la dictadura militar, sus implicancias, la identificación de los pueblos mayas como “enemigo interno” al régimen y el manto de impunidad que aún se resiste a ser corrido formaron parte del programa.
Asimismo, cómo influyen estos casos de violaciones de DDHH en la actualidad violenta de Guatemala y los diversos conflictos territoriales que tienen lugar en el país. |
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Miércoles, 24 de Abril de 2013 09:33 |
Declaración final del Congreso Nacional de Paz, BogotáTras tres jornadas intensas de debates con participación masiva de representantes de comunidades y organizaciones sociales de toda Colombia, así como delegaciones internacionales, el Congreso Nacional de Paz emitió la siguiente declaración que ofrecemos en texto y audio.
Audio (RadioMundoReal): Una ruta social común (MP3 39 MB)
 Considerando que la búsqueda de la paz con justicia social es un asunto que le concierne al conjunto de la sociedad colombiana, nos encontramos cerca de 20.000 personas en el Congreso para la Paz para mandatar en torno a una agenda, y el movimiento social, que requiere el país para encontrar una solución definitiva al conflicto social, político y armado que nos aqueja hace casi medio siglo.
Seguimos sosteniendo que la paz no consiste únicamente en el silenciamiento de los fusiles. A nuestro juicio, no podrá consolidarse una sociedad en paz sin los cambios necesarios que ataquen de manera decidida las raíces del conflicto y sin revertir las acciones del Estado que vulneran los derechos de los pueblos. Las graves problemáticas que vive la mayoría del pueblo colombiano son factores que profundizan el conflicto, por esa razón avanzamos en delinear una agenda social de paz planteada en perspectiva de superar las condiciones de pobreza, desigualdad, marginalidad, impunidad y exclusión política que han caracterizado al régimen político imperante, a través de la lucha organizada. Esa agenda social de paz es expresión de los anhelos de las comunidades, pueblos y organizaciones sociales que buscan una sociedad con una paz genuina basada en la plena garantía de los derechos humanos y la construcción de un país más equitativo.
Consideramos que no podrá construirse la paz sin el concurso de los sectores sociales populares que hemos padecido la guerra. Insistimos en que la salida al conflicto armado no le compete solamente al gobierno nacional y las insurgencias, pues los sectores populares también tenemos mucho que aportar en la construcción de paz. Si el cese del conflicto armado requiere de consolidar una sociedad democrática, es necesario empezar por democratizar la búsqueda de la paz.
Saludamos la mesa de diálogo entre el gobierno y las FARC-EP, es un espacio importante en el avance hacia la paz, sabemos que ésta es restringida porque no hay partición desde el movimiento popular, la agenda es limitada y no están todas las insurgencias. El movimiento popular es un sujeto real y sus opiniones tienen que hacer parte de las salidas al conflicto y de un acuerdo nacional. La paz no es una prerrogativa exclusiva de los armados, debe ser un propósito nacional que vincule a diversos sectores de la sociedad colombiana. Hacemos un llamado para que se instituyan caminos similares con el ELN y EPL para que avancen en nuevos escenarios de diálogo.
Para nosotros y nosotras la paz tiene que ver con cambios estructurales, por ello nuestra agenda contiene un programa que persigue el fin del conflicto, la construcción de políticas que generen justicia social, la defensa de los territorios, las salidas a la crisis humanitaria, la democratización del régimen político, la lucha contra la impunidad y la plena garantía de los derechos humanos. En ese orden, nuestra apuesta de paz pasa por:
Un nuevo modelo económico que redistribuya los ingresos y la riqueza, cuyo principal objetivo no sea la acumulación de capital sino el bien-estar de la población. Un modelo que no agreda los territorios y los ecosistemas, sino que parta de su protección, el respeto a la naturaleza y la afirmación de la diversidad social, cultural y ambiental. En suma, una nueva concepción de la economía que desmonte el neoliberalismo, la dependencia, la privatización, la mercantilización, la financiarización, el despojo y el autoritarismo.
La reinvención de la política, plantear nuevas formas de gobernabilidad, así como nuevas maneras de defensa de lo público, para concebir un nuevo modelo de sociedad y de Estado. Por lo tanto, mandatamos construir política desde los territorios para construir un nuevo Estado y una nueva forma de gobernar.
Es necesaria una transformación estructural del modelo de justicia imperante en nuestro país, caracterizado por legitimar un conjunto de medidas que le apuntan a garantizar el orden social y político impuesto. Como rechazo a este modelo de justicia hegemónico, represor y elitista, los pueblos que mandatamos paz para la vida digna concebimos urgente la construcción de un nuevo modelo de justicia que tenga como objetivo central la garantía integral de los derechos de los pueblos, partiendo de los mecanismos comunitarios y populares que existen y han existido, y proyectándose hacia las grandes decisiones judiciales que se toman en el país, un nuevo modelo de justicia que fortalezca el tejido social de las comunidades y responda a las necesidades concretas del pueblo Colombiano, expresadas en la agenda legislativa de país que proponemos como alternativa de vida digna y justicia social, así si podemos hablar de paz.
Seguiremos luchando por salud y educación públicas, universales, gratuitas, sin discriminaciones de ningún tipo, a partir de un enfoque de derechos que reemplace la mercantilización de la vida. La ley 100 de 1993 y las propuestas de reforma a la educación son factores de guerra contra la sociedad, especialmente contra los sectores populares. ¡Trabajo digno y sin distinción de género, economía que parta de lo regional, socialización de la riqueza y de los medios que permiten la producción, economía propia y soberanía, una educación amplia, gratuita y de calidad. El reconocimiento de la diversidad de pueblos que habitamos este territorio que pasa por reconocer la autonomía y dar la posibilidad de existencia a pueblos que han sido condenados al exterminio!
Consideramos que para llegar al fin del conflicto es necesario solucionar el problema histórico de la tierra y el territorio. Es inaplazable la formulación de figura jurídica y política que garantice el territorio y la territorialidad para el campesinado como base para una genuina política de reforma agraria integral. Es crucial una reforma tributaria que grave con impuestos altos a los grandes propietarios de la tierra. Consideramos que las Zonas de Reserva Campesina son una ganancia del movimiento campesino colombiano, consideramos fundamental defenderlas como instrumento de la lucha de las comunidades rurales. También creemos que es necesario generar otras figuras que solucionen los problemas del campo abarcando todo el territorio nacional y atacando la gran propiedad terrateniente para buscar una genuina redistribución de la tierra y la pervivencia en el territorio. Por lo anterior, no compartimos la sustracción de Zonas de Reserva Forestal para instaurar Zonas de Reserva Campesina. Es necesario seguir buscando el reconocimiento, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas y territorios colectivos afro.
Seguiremos luchando por la suspensión de las concesiones de territorios a empresas transnacionales. Seguiremos expulsando a esas compañías de nuestras regiones. Buscaremos derogar las normas que legalizan el despojo y que amenazan la vida y la permanencia en los territorios. La minería a cielo abierto debe ser erradicada en su totalidad. Nos oponemos a toda forma de extranjerización de la tierra y cesión de baldíos de la nación a grandes inversionistas. Rechazamos la posible aprobación del derecho de superficie, el vuelo forestal y demás formas de privatización soterrada de la tierra y el territorio. Es necesario reformar el régimen de licencias ambientales con el fin de generar mecanismos jurídicos efectivos que protejan los ecosistemas. Las comunidades delimitaremos Zonas de Biodiversidad para proteger los territorios.
Proponemos una ley marco de hidrocarburos que reivindique elementos de soberanía nacional y redistribución de la renta petrolea y gasífera. Buscaremos que Ecopetrol vuelva a ser una empresa completamente pública y buscaremos instituir una empresa nacional minera pública. De igual manera defendemos el carácter público de los demás bienes comunes de carácter estratégico para la nación. Es necesario generar una política de pago de la deuda ambiental generada por la extracción de recursos.
Buscamos una cultura de la vida que propague una nueva ética de sobrevivencia y de convivencia, y que libere la re-creación de la sociedad. En ese gran propósito, será necesario consolidar un movimiento cultural que involucre el conjunto de acciones que promuevan la cultura de la vida, desde la educación, las comunicaciones, el arte, el deporte y la recreación.
Asumimos el comprimiso de establecer y fortalecer los lazos con los pueblos hermanos de nuestra américa y especialmente con movimiento sociales y populares que encaminan sus luchas por la autodeterminación, la soberanía y la construcción de la patria grande. Hablamos de CLOC-via campesina, Frente Darío Santillán, Coordinadora de Movimientos Populares de América (COMPA), Movimiento de los Sin Tierra y otros. Buscaremos interlocusión ante UNASUR, MERCOSUR, CELAC Y ALBA en camino de lograr acompañamiento efectivo para el proceso de paz en Colombia y para presentar nuestra agenda de país para la vida digna.
Finalmente, como Congreso para la paz planteamos que vivimos hoy una crisis humanitaria en nuestros territorios, como consecuencia de las lógicas extractivitas, represivas y excluyentes que el actual régimen ha establecido durante décadas, y que se agudiza por la existencia del conflicto armado. Esta crisis se manifiesta, entre otras, en la militarización de los territorios indígenas, campesinos, afro decendientes, y urbanos; en la sistemática violación a los derechos humanos y las infracciones al DIH; en la precariedad de la población carcelaria y en especial de los y las detenidas políticas que por su estado de sujeción se ven excluidos de todos sus derechos; en la criminalización de los sectores rurales; en la sistemática violencia sexual ejercida contra las mujeres y niñas, hombres y niños que genera no solo afecciones individuales sino afecciones colectivas que generan rupturas del tejido social y familiar.
En consecuencia, la construcción de esta agenda social el Congreso para la paz ratifica y propone como escenarios para la acción política:
1. Configurar espacios regionales y locales de diálogo (insurgencia, Gobierno, comunidades) para solucionar la crisis.
2. Promover y establecer una comisión de la verdad para esclarecer los crímenes, los beneficiarios y los autores intelectuales de la crisis
humanitaria al tiempo que avanzamos en la exigencia de la libertad inmediata para lxs luchadores detenidxs (presas y presos políticos) arbitrariamente y le exigimos tanto al Estado como a las insurgencias el cese bilateral al fuego.
3. La Ruta Social Común para la Paz, en la que seguiremos participando de manera más activa y aunaremos esfuerzos para vincular otras organizaciones sociales y políticas que le apuestan hoy a la Paz. Es necesario que la tomemos como propia y definamos más claramente la participación de todas las regiones en ella. Además de ello debemos jalonar desde allí la construcción de una agenda de paz conjunta para el país, que contemple iniciativas como las constituyentes por la paz.
4. La construcción de un espacio multilateral de dialogo, donde juegue nuestra visión de paz, permita la participación directa y decisoria de sectores populares, sociales y democráticos. Lo nuevo de este escenario es que participaran los excluidos, los sin voz.
5. La construcción del movimiento social por la paz persiguiendo una gran confluencia democrática y popular por la paz y los cambios. En este propósito no partimos de cero, ya tenemos unos acumulados en cuanto a movilización y encuentro con otros, requerimos que se escuchen muchas más voces. Debemos retomar las experiencias que diversas comunidades han venido construyendo en la conformación de territorios de paz. Estos serían escenarios idóneos para desarrollar propuestas de diálogos regionales.
Dicho movimiento debe reunir a los diversos sectores sociales y políticos que coincidan en la necesidad de impulsar la movilización por una agenda social de paz y la pertinencia de la participación de los sectores populares en los procesos de paz. La unidad debe entenderse como principio permanente de ampliación de la agenda política del movimiento social por la paz y como la acción conjunta de diversas expresiones políticas y sociales. Este debe ser ante todo un agente de impulso de una agenda política por la superación del conflicto social y armado y por la erradicación de las condiciones que lo hacen posible. Por esa razón el movimiento por la paz cristaliza sus propósitos en la acción política y la movilización por una sociedad con justicia social y vida digna.
CONGRESO PARA LA PAZ
PUEBLOS CONSTRUYENDO PAZ PARA LA VIDA DIGNA |
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Lunes, 22 de Abril de 2013 10:11 |
Cruzada Nacional contra el Hambre en México, burla y desperdicioEn México hay más de 37 millones de personas en pobreza extrema. El nuevo gobierno lanzó un ambicioso plan para combatirla que parece más un espectáculo de televisión.
Por David Ordaz. Hemisferio Zero.
 Ciudad de México, MÉXICO// El evento fue anunciado como uno de los grandes retos para el gobierno actual. El sitio era emblemático: San Juan Chamula, un municipio gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y uno de los más pobres del estado de Chiapas y de México entero. Ahí se firmaría el edicto presidencial de Enrique Peña Nieto llamado “Cruzada Nacional contra la Pobreza”.
A través de dicho plan, el gobierno federal y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), encabezado por la controvertida Rosario Robles, buscaría establecer una diferencia con el modelo de atención social de los últimos sexenios.
En medio de miles de simpatizantes priístas que llegaron en camiones de la sede local ubicada a un lado de la alcaldía, Peña Nieto caminaba hacia el podio donde lo esperaban los 32 gobernadores del país y todo su gabinete. El Presidente llevaba en mente que se retomaría el Programa Nacional Solidaridad (Pronasol) instaurado en 1988 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, y cuyo objetivo era dotar a la población de servicios de salud, educación y mejora de infraestructura, involucrando a las propias comunidades en los trabajos mediante programas de empleo temporal.
El Plan Nacional contra la Pobreza contempla alrededor de 97,000 millones de pesos del Presupuesto federal y arrancó con tres programas rectores: 1) La Cruzada Nacional contra el Hambre; 2) El Programa “65 y más”, y 3) Un seguro de vida para mujeres jefas de familia.
Dicho plan será reforzado con la creación del Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza que eliminará el sesgo asistencial y el uso electoral de los programas sociales transparentes que permitan su evaluación y la rendición de cuentas.
La estrategia del Gobierno actual involucra 65 programas sociales con recursos que, en el papel, beneficiará a 400 municipios de todo el país y que no solo implicaría el reparto de recursos, sino que reclutará a más de 25,000 promotores que se sumarán a los recursos humanos que aportarán las otras 18 dependencias federales involucradas en la Comisión Intersecretarial para la Cruzada: Gobernación, Relaciones Exteriores, Economía, Hacienda, Educación, Salud, Defensa, Marina, Energía, Medio Ambiente, Trabajo, Turismo, Ganadería, Comunicaciones y Transportes y Trabajo, así como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz abarcan el 65% de los municipios considerados en la estrategia. Sin embargo, incluye también localidades urbanas donde se concentra una gran cantidad de mexicanos en esa condición.
Aunque los spots oficiales solo mencionan a 7 millones de pobres, el informe 2012 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) refiere que en México hay 21 millones de personas en pobreza extrema y especialistas como Julio Bolvinik ya hablaban desde 2009 de que el índice de pobres es de 75 millones y 37.5 millones de personas viven en pobreza extrema.
Tal y como sucede con todas las iniciativas de Enrique Peña Nieto, la preocupación principal de la actual administración sigue siendo la forma y no el fondo.
Resulta relevante que, en el Plan Nacional contra la Pobreza, las acciones planteadas sean la convocatoria a un concierto en el Auditorio Nacional para intercambiar entradas por un kilo de comida o que en el sitio de Facebook de la cruzada, por cada “like”, una empresa donara botellas de leche.
Otras de las ideas propuestas por la secretaria de Desarrollo Social son la de proyectar películas en los 400 municipios beneficiados, auspiciado por la cadena Cinépolis, o equipar a los niños con cámaras fotográficas para evidenciar los cambios “positivos” del programa.
En respuesta al lanzamiento de dicha cruzada, el subcomandante Marcos (que en 1994 encabezó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional -EZLN- contra el régimen de Salinas de Gortari), criticó la Cruzada contra el Hambre y la calificó como una “pésima coreografía, asegurando que ‘ya nadie les cree’”.
En un texto titulado “Alí Babá y sus 40 ladrones”, Marcos dijo no tener palabras para expresar el sentir zapatista acerca del programa e ilustró su respuesta con un dibujo “obsceno” de una mano con el dedo medio en alto, seguido de su firma.
Para la Cruzada Nacional contra la Pobreza, la Sedesol convocó a 19,000 organizaciones de la sociedad civil y hasta el momento se han sumado: PepsiCo, Kellogs, Nestlé, Fundación Merced, Un Kilo de Ayuda, Fundación FEMSA, Asociación Mexicana de Alimentos, Comedores Santa María, Fomento Social Banamex, Organismo de Nutrición Infantil, Centro de Apoyo al menor Trabajador de la Central de Abasto, Unidos por la Montaña, la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos, la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural, Proyecto Hambre, el Centro Nacional para el Desarrollo Integral, Integra Servicios Agropecuarios y Ayuda en Acción México, entre otras.
En el caso de PepsiCo, esa empresa trasnacional se unió a la campaña a través de un producto hecho a base de avena con el fin de “solucionar las necesidades nutricionales de los menores, las embarazadas y en lactancia”, que tendrá un “precio accesible y que “contribuirá a cubrir todas las necesidades diarias de nutrición de la población”. Curiosamente, la empresa de refrescos tiene como socia a Magdalena Robles, hermana de la titular de Sedesol.
Por su parte, Kellog´s (otra multinacional) atacará los problemas de alimentación y donará 50 millones de raciones a través de 1,000 millones de desayunos con cereales para algunas regiones de América Latina, incluido México hasta 2016.
Sobre la participación de empresas privadas en la Cruzada Nacional contra el Hambre, Patti Rundall, líder de la Coalición Internacional contra los Conflictos de Interés, afirmó que “México ya tiene un problema enorme de obesidad que está agotando los presupuestos familiares y al sistema de salud, por lo que, incorporar a esas empresas que han provocado ese estado a una Campaña contra el Hambre, fácilmente podría empeorar esta situación”.
Por si esto fuera poco, en febrero pasado, la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos (AMBA) dio a conocer que en México se destruyen alrededor de 4.2 millones de toneladas de comida cada año, pues las empresas que destruyen los alimentos desconocen las ventajas fiscales como la deducción de impuestos a través de la donación que serviría para alimentar a 33 millones de personas.
Para empeorar el panorama, la AMBA informó que en 2012, se recuperaron solamente 128,000 toneladas de alimentos, que representan el 3% de todo lo que se desperdicia en México y que, para hacerlo, las empresas deben pasar por trámites burocráticos que terminan por hastiar a los posibles donantes al enfrentarse a detalles como: comprobar si los alimentos que ya perdieron su valor comercial y que tienen un margen de caducidad de al menos 30 días; dar aviso al SAT de la fecha límite en que éstos podrán ser donados; hacer paquetes con la mercancía en bancos de alimentos y contar con un listado de organizaciones, fundaciones y población necesitada, a las que convocan a recoger los productos, entre otros.
La Cruzada Nacional contra el Hambre seguirá siendo una de las apuestas fuertes para el Gobierno Federal aunque esté iniciando con el pie equivocado. Rosario Robles sigue entre los personajes menos populares para la ciudadanía y no genera la confianza suficiente para aquellos a quien supuestamente beneficiará esta estrategia.
Con objetivos como un concurso de fotografía, proyección de películas, entrega de despensas y un pesado año electoral que se aproxima en al menos 10 estados, parece que este Plan Nacional está más enfocado a fines electorales y de promoción del voto que a un beneficio real para la población más necesitada. |
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Sábado, 20 de Abril de 2013 10:09 |
“NOS PODRÁN CORTAR NUESTRAS RAMAS, PERO NUNCA ARRANCARAN NUESTRAS RAICES Y MENOS CALLARAR NUESTRAS VOCES”PRONUNCIAMIENTO
 Ayer martes 17 abril, en horas de la noche se confirmo el lamentable asesinato del hermano y compañero Daniel Pedro, secuestrado el pasado domingo 7 de abril del presente año y el día de ayer encontraron su cuerpo destrozado en jurisdicción del municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango.
Daniel Pedro fue miembro fundador de la asociación “amoyeb”, miembro fundador del parlamento qanjobalano, directivo y miembro inscrito de la Comunidad Lingüística Qanjobal -ALMG- y del movimiento social de Santa Eulalia, uno de los principales promotores de la consulta comunitaria del pueblo qanjobal de Santa Eulalia, de allí su vinculo directo con la asamblea de pueblos de Huehuetenango –adh- y del consejo de pueblos de occidente –cpo-
El movimiento social de Santa Eulalia ha venido luchando y denunciando las violaciones a los derechos individuales y colectivos de los pueblos, relacionado con la construcción de una hidroeléctrica sobre los ríos que atraviesan la finca san Luis, y también han sido solidarios con la causa de los hermanos y hermanas de Santa Cruz Barillas como nación qanjobalana.
Nuestra profunda solidaridad con los familiares del hermano Daniel Pedro Mateo, con la asociación Amoyeb, con el Movimiento social de Santa Eulalia y del pueblo qanjobal en general. Exigimos a las autoridades del Ministerio Publico una investigación profunda para esclarecer responsabilidad de los autores materiales e intelectuales de este crimen, que consideramos crimen político, porque nuestro hermano Daniel ha sido un líder importante del movimiento maya y muy comprometido en la defensa del territorio y los derechos colectivos de nuestros pueblos.
Llamamos a todas las organizaciones y pueblos en general a no INTIMIDARNOS, debemos unir esfuerzos para denunciar y movilizarnos para exigir justicia y paz en nuestros territorios.
Llamamos a la solidaridad nacional e internacional, vigilancia permanente y denuncia para que la situación de criminalización y violencia contra defensores de derechos humanos se termine y que la desinformación no continué minimizando los graves riesgos a la gobernabilidad democrática.
Que todas y todos se levanten, que nadie se quede atrás.
Todas y todos somos Barillas
Huehuetenango, abril 17 de 2013
ASAMBLEA DE PUEBLOS DE HUEHUETENANGO –ADH-
MIEMBROS DEL CONSEJO DEPUEBLOS DE OCCIDENTE –CPO- |
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Jueves, 18 de Abril de 2013 18:22 |
Congreso para la Paz: Pueblos Construyendo Paz para la Vida DignaEl congreso para la paz: Pueblos Construyendo Paz para la Vida Digna, se realizará entre el 19 y el 22 de abril de 2013, en la ciudad de Bogotá DC. - Colombia
Información: AQUÍ
 1. PRESENTACIÓN - JUSTIFICACIÓN: Colombia vive un conflicto social, político y armado de más de seis décadas. Las causas del conflicto siguen actualmente vigentes, pero también es claro que los costos humanos y económicos de medio siglo de guerra son muy altos para el país y para su gente.
En este contexto de una guerra impuesta, la paz, como una de las más urgentes aspiraciones democráticas de diversos sectores sociales en Colombia, hoy vuelve a ponerse al centro del debate político en el país. Diversos procesos, organizaciones sociales y políticas, a partir de su reiteración de la necesidad de una solución política al conflicto armado, han decidido articularse entorno a la construcción de una paz que valla más allá de la terminación de la guerra. Una paz con justicia social cuya construcción esté guiada por los pueblos y sus formas organizativas. Una paz que signifique respeto y garantías a los derechos humanos, económicos, laborales y ambientales con principios sociales basados en la justicia social y la equidad.
Bajo estas premisas, consideramos necesario la realización de un Congreso Para la Paz donde nos encontremos todos y todas quienes pretendamos por una propuesta de paz integral y vida digna; entendiendo la paz como i) un proceso colectivo y democrático; ii) construida desde las dinámicas locales, regionales y desde los pueblos de Colombia en coordinación y solidaridad internacionalista con los pueblos del Mundo; iii) una Paz más allá del cese del fuego y que implique la superación de las causas estructurales que dieron origen a los conflictos: (Concentración de la tierra a partir del despojo y el terror de la guerra; el monopolio de los medios de producción; la explotación laboral y la opresión social; el cierre de espacios políticos y el monopolio y concentración del poder gubernamental y administrativo del país excluyendo la participación democrática de la sociedad; un modelo de justicia basado en el populismo punitivo y pro-carcelario que criminaliza la pobreza e ilegaliza la acción legitima de los pueblos en sus reclamos de democracia, etc.).
Es por esto que si de discutir y construir rutas para la paz en Colombia se trata, esto implica un diálogo democrático entre las comunidades, las organizaciones políticas y sociales, las insurgencias, el Estado, los poderes económicos, las iglesias, la comunidad internacional y los pueblos del mundo interesados en el tema.
Para este propósito convocamos el Congreso para la paz como una propuesta de Paz Integral, para superar por la vía de la movilización y organización política y de los argumentos, los problemas esenciales que generaron los conflictos y que proponga caminos de organización y dignidad para nuestros pueblos. En este camino hemos avanzado en espacios como la Ruta Social Común para la Paz donde diversos sectores y organizaciones sociales encuentran una articulación importante de contribución a la construcción de la paz.
2. CARÁCTER: Congreso para la Paz es un proceso que debe involucrar diversos niveles de sensibilización, visibilización de propuestas y experiencias, encuentros regionales y nacionales. Es de carácter deliberativo y decisorio en cuanto la construcción legislativa común para mandatar. El congreso para la paz es un proceso amplio, representativo y movilizador.
3. OBJETIVO GENERAL: Consolidar y posicionar una propuesta colectiva de paz y de país desde la articulación de visiones, apuestas e iniciativas sociales locales, regionales y nacionales que aporte en la construcción de paz integral para Colombia y en la generación de iniciativas y mandatos concretos para el momento que vive el país, lo que requerimos para avanzar hacia un país en paz. Esto sin alejarnos de los conflictos que agreden la vida y los derechos de los pueblos en el resto del mundo.
1. 4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
¥ - Recoger, articular, construir y movilizar una agenda social
¥ - Contribuir a fortalecer un movimiento social para la paz
¥ - Aportar a la incidencia en los distintos escenarios nacionales e internacionales sobre el tema de la paz
¥ - Generar movilización social por la paz
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Durante tres años hemos atestiguado la falta de interés gubernamental por hacer justicia. No hemos percibido un real voluntad para que estos homicidios se resuelvan y los responsables de los mismos sean castigados como lo señala la ley.
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