Hechos y circunstancias alrededor del asesinato de Berta Cáceres: en la búsqueda de los autores intelectuales

Informe publicado el 28 de marzo por OXFAM, Lands Right Now y Defensoras Madre Tierra

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Berta Cáceres denunció la existencia de un modelo corporativo fraudulento que busca la explotación desmesurada de bienes naturales y provoca la represión de las comunidades ancestrales. Su incesante lucha por el respeto y el cumplimiento de las leyes, convenios y tratados que protegen los derechos de las poblaciones indígenas la hizo blanco de amenazas, acusaciones y agresiones. A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelas a favor de Berta, el Estado de Honduras incumplió en el deber de garantizar su vida y su integridad personal.

A un año de su muerte, ocho personas guardan prisión por el delito de asesinato. Sin embargo, los autores intelectuales de la muerte de Berta Cáceres siguen en libertad y, detrás de ellos, se esconden poderes políticos y económicos que encubren la verdad.

Los hechos y circunstancias alrededor del asesinato de Berta Cáceres ponen en evidencia la necesidad de que el Ministerio Público de Honduras amplíe y profundice en la investigación de los supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias en el otorgamiento de licencias del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Fragmentos:

(...)

Antecedentes del gerente de DESA S.A.

Tras su reestructuración, la Sociedad Mercantil DESA, nombró el 29 de junio de 2010 a Roberto David Castillo Mejía, como desarrollador/gerente de la empresa. Con formación de ingeniero y Subteniente de Inteligencia Militar, Castillo Mejía, había laborado para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) como Coordinador de Control de Gestión, donde fungió hasta el mes de noviembre de 2009. El Ingeniero y Subteniente Castillo Mejía, había sido reparado civilmente por el Tribunal Superior de Cuentas por dos hechos:
1. Percibir doble salario, por la ENEE y como adscrito a la Jefatura del Estado Mayor Conjunto
de las Fuerzas Armadas.
2. Vender en 2007 y 2008 un equipo de oficina sobrevalorado a las Fuerzas Armadas, a través
de una Empresa de su propiedad (DIGICOM).

Los contratos de la empresa DESA S.A.

(...) Su licencia ambiental se le otorgó mediando la Resolución Administrativa No. 0919-2011 de fecha 24 de marzo de 2011. La licencia ambiental No. 139-2011, categoría 2, extendida por la SERNA el 25 de marzo de 2011, conforme al Contrato de Operación4, contempla un período de 50 años. Además, se le extendió un Acuerdo de Apoyo/Anexo 10, emitido por la Procuraduría General de la República y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de diciembre de 2010 (como anexo 10 y parte del Contrato de Suministro de Potencia y Energía). En este se estipula una capacidad de 14,458 MW, y el Estado se constituye como aval solidario de la ENEE.

Cabe mencionar que esta licencia ambiental fue otorgada en fecha posterior a la suscripción de los Contratos de Operación (SERNA-DESA), de Suministro de Potencia y Energía Eléctrica (ENEE-DESA), de Aprovechamiento de Aguas Nacionales (SERNA-DESA) y del Acuerdo de Apoyo (PGR). También se otorgó en fecha posterior a la aprobación por el Congreso Nacional y a la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, del Contrato de Suministro de Potencia y Energía y del Acuerdo de Apoyo. Es decir, el Estado de Honduras a través de sus funcionarios (Gerente y Junta Directiva de la ENEE, Procurador General de la República, Presidente de la República, Comisión de Dictamen del Congreso y Pleno de Diputados), formalizó en todas sus fases un compromiso económico con la Empresa DESA sin que esta cumpliera con el requisito de la Licencia Ambiental.

La Licencia Ambiental fue otorgada por el Estado de Honduras a través de un Acto Administrativo dictado por el ex vice ministro Marco Laínez Ordóñez, a quien la justicia ha decretado un auto de formal procesamiento por estimar que se violentó el Convenio 169, que es ley de la República. Si el Ministerio Público sostiene la acción penal y logra en este caso una Sentencia Condenatoria, la Licencia debe quedar sin ningún valor ni efecto puesto que media en su otorgamiento la comisión de un hecho ilícito. El Juez en su caso impondrá la pena principal (reclusión) y la accesoria (el comiso)5.Como consecuencia el Contrato de Operación y el Contrato de Suministro, así como
cualquier otro negocio jurídico para el cual haya servido de base, se ven afectados en su valor, en su legalidad y en su legitimidad.

El Contrato de Operación dentro de la Cláusula 7, estipula: Terminación Anticipada y Caducidad del Contrato, estableciendo como causa la pérdida permanente por cualquier causa de la Autorización Ambiental de la Central.

Adicionalmente, de acuerdo con la legislación hondureña, todo aquél que incurra en responsabilidad penal por un delito o falta, lo es también civilmente. La responsabilidad civil comprende la restitución, la reparación de los daños materiales y morales, así como la indemnización de perjuicios6, correspondiendo a la Procuraduría General de la República el ejercicio de la acción civil en representación del Estado.

Estatus de propiedad de las tierras

(...) Por su parte, el Informe de la Relatora Especial sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de fecha 21 de julio de 2016, destaca que: «En 2011, DESA comienza a adquirir tierras en la región de Rio Blanco, municipio de Intibucá, departamento de Intibucá, supuestamente de propiedad privada y municipal, para la construcción de la represa. Sin embargo, las tierras eran parte del territorio ancestral de comunidades lencas de Rio Blanco, que incluyen las comunidades de La Tejera, El Barreal, Valle de Ángeles, La Unión, San Bartolomé, El Naranjo, San Pedro y San Antonio».

En relación con las tierras, recursos naturales y gobernanza, la recomendación número 94 del Informe destaca: "(…) el reconocimiento legal de las tierras debe incluir no sólo las áreas de asentamiento sino también 'la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera' (art. 13, párr..2). 'Asimismo, los pueblos indígenas tienen el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de los recursos naturales existentes en sus tierras (art.15, párr..1)'." La recomendación número 95 párrafo segundo indica que: "Deben incluirse medidas para resolver con celeridad los casos de superposición de títulos otorgados a terceros en tierras indígenas, así como prevenir y sancionar la desmembración y ventas ilegales de tierras indígenas."

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