Global Witness: Al menos 200 defensores y defensoras de la tierra asesinados en el mundo en 2016

Compartimos el informe anual "Defender la tierra" de la ONG británica Global Witness, que registra cada año el número de asesinatos perpetrados contra defensores y defensoras de la tierra en el mundo

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Global Witness documentó el asesinato de 200 defensoras y defensores de la tierra y el medioambiente en el 2016. Dedicamos este informe a sus vidas, y a toda la gente alrededor del mundo quienes luchan por los derechos a la tierra y la protección del medioambiente. Ustedes son nuestra inspiración.

Nuestro mensaje a los responsables de estos asesinatos es claro: Estos defensores y defensoras no murieron – se multiplicaron.

Resumen ejecutivo:

A principios de este año, legisladores de Dakota del Norte, Estados Unidos, debatieron un proyecto de ley que permitiría a los conductores atropellar a un activista ambiental, asesinándolo, sin ir a la cárcel. 2 El proyecto de ley fue la más reciente y escalofriante señal de un fenómeno global, al que Global Witness está decidido a poner fin: La creciente represión del activismo en defensa del ambiente y del derecho a la tierra que, en muchos países, significa el asesinato de las personas que son lo suficientemente valientes como para alzar su voz.

Los datos, los análisis y las historias humanas incluidas en este informe demuestran que el mundo es ahora más peligroso que nunca para un grupo de personas que deberían ser homenajeadas: las y los activistas comunitarios, el personal de ONG y las y los líderes indígenas que están en primera línea, luchando por el futuro de nuestro planeta.

En 2016, al menos 200 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas, siendo el año con más muertes registradas. Esta tendencia no solo está creciendo; se está expandiendo, con asesinatos diseminados en 24 países, mientras que los registrados en 2015 fueron en 16 países.

Considerando que muchos asesinatos no son reportados, y aún menos son investigados, es probable que el número verdadero sea en realidad mucho más alto. Esta oleada de violencia es impulsada por una intensa lucha por la tierra y los recursos naturales, ya que las empresas mineras, madereras, hidroeléctricas y agrícolas pisotean a las personas y al medio ambiente en su búsqueda de ganancias.

A medida que más proyectos extractivos fueron impuestos a las comunidades, muchas de las personas que se atrevieron a alzar la voz y a defender sus derechos fueron brutalmente silenciadas.

Este informe cuenta las historias de estos activistas y las amenazas que han enfrentado. Destaca la valentía de sus comunidades al oponerse al poder de las multinacionales, de los paramilitares e incluso de sus propios gobiernos, en los países más peligrosos del planeta para ser una persona defensora.

La despiadada lucha por la riqueza natural del Amazonas hace que Brasil sea, una vez más, el país más mortífero del mundo según el simple número total de asesinatos, aunque Honduras sigue siendo el más peligroso, considerando el número de asesinatos per capita durante la última década.

Nicaragua está comenzando a competir en este sospechoso registro. Se prevé que un canal interoceánico dividirá el país en dos, amenazando con ocasionar un desplazamiento masivo, y generando desde ya malestar social y represión violenta de quienes se oponen. Una industria minera voraz hace que Filipinas destaque por los asesinatos en Asia.

En Colombia, los asesinatos alcanzaron un máximo histórico, pese a (o tal vez, debido a) el acuerdo de paz firmado recientemente entre el gobierno y el grupo guerrillero de las FARC.3 Las .reas que previamente estaban bajo control guerrillero ahora son observadas con codicia por compañías extractivas y paramilitares, mientras que las comunidades desplazadas que regresan son atacadas por recuperar tierras que les fueron robadas durante medio siglo de conflicto.

India ha visto cómo aumentan las muertes en un contexto de políticas de mano dura y represión de las protestas pacíficas y de la acción ciudadana.

La defensa de los parques nacionales es ahora más riesgosa que nunca, sobre todo en África, donde gran número de guardaparques están siendo asesinados, especialmente en la República Democrática del Congo.

Y esto no es un problema que se limita a sólo un rincón del planeta. Los países desarrollados están impulsando otros métodos para reprimir a las y los activistas, especialmente en Estados Unidos, donde la administración Trump provoca a las personas defensoras del medio ambiente de tal manera que tienen todas las razones para manifestarse.

Cada vez es más evidente que, a nivel mundial, los gobiernos y los actores empresariales están fallando en proteger a las personas activistas en riesgo. Están tolerando un nivel de impunidad que permite a la gran mayoría de los perpetradores caminar libremente, alentando a potenciales asesinos.

Increíblemente, son las propias personas activistas las que son pintadas como delincuentes, enfrentando acusaciones criminales falsas y casos civiles agresivos, presentados por gobiernos y compa..as que buscan silenciarlas. Esta criminalización se utiliza para intimidar a las y los defensores, manchar su reputación y acorralarles en costosas batallas legales.i

Los inversionistas también están alimentando la violencia, apoyando proyectos que atentan contra el medio ambiente y pisotean los derechos humanos. Incluso están implicados los bancos de desarrollo encargados de promover el desarrollo sostenible.

Los gobiernos y los actores empresariales no están abordando la causa fundamental de los ataques: la imposición de proyectos a las comunidades sin su consentimiento libre, previo e informado. La protesta suele ser el único recurso que se deja a las comunidades que ejercen su derecho a opinar sobre el uso de sus tierras y recursos naturales, enfrentándolas con quienes buscan obtener beneficios a cualquier costo.

Se comprobar. que la retórica sobre el desarrollo sostenible y el cambio climático es un discurso vacío si quienes defienden sus tierras y el medio ambiente, continúan arriesgando sus vidas al hacerlo. Por lo tanto, los gobiernos, las empresas y los inversionistas deben tomar una posición, y garantizar que las comunidades locales y las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente sean consultadas, en lugar de ser asesinadas.