Guerrero: La fuerza letal del Estado contra el CECOP

Artículo de opinión publicado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, a 8 de enero 2017, tras la detención del vocero del Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP), Marco Suástegui Muñoz y su hermano Vicente Suástegui Muñoz

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El 28 de julio de 2003 en la región del río Papagayo se gestó un movimiento emblemático protagonizado por hombres y mujeres que habitan en el Acapulco rural y que viven fundamentalmente de lo que producen en el campo y lo que llegan a pescar en el río. Es un movimiento que nació a contrapelo de las políticas privatizadoras del gobierno federal y cuyo eje de su lucha se centra en la defensa de sus bienes naturales. Se organizaron al ver que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incursionaba sin permiso a su territorio, trasladando maquinaria pesada para realizar los trabajos previos a la construcción de la cortina que tendría una altura de 190 metros para almacenar el agua del río Papagayo y edificar el megaproyecto de la presa hidroeléctrica conocida como La Parota.

Los campesinos pobres del Acapulco paradisiaco que conocen los turistas nacionales e internacionales forman parte de las estadísticas del oprobio. Son los sectores más depauperados. Lo contrastante es que en sus tierras nace el agua que abastece a todos los negocios del Acapulco empresarial. Por sus calles corren las aguas negras porque a los presidentes municipales no les alcanza el recurso para construir el drenaje y garantizar el acceso al agua dentro de sus viviendas. Estos hombres y mujeres que no cuentan con un empleo seguro conformaron el Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota (CECOP) como una instancia de los pueblos en resistencia para defender su territorio y el gran afluente del río Papagayo. Fue una lucha tenaz, las mujeres instalaron plantones para impedir la entrada de los trabajadores de la CFE. Los jefes de familia reavivaron las asambleas y apelaron a las instancias jurídicas para hacer frente a la embestida del Estado que diseñó una estrategia burda para comprar conciencias y realizar asambleas espurias simulando consultas para autorizar la construcción de la hidroeléctrica. Desde aquellos años, los tres niveles de gobierno utilizaron a las corporaciones policiales para impedir que los miembros del CECOP entraran a las asambleas y participaran plenamente como comuneros con derechos.

En las asambleas ilegales convocadas fuera de los núcleos agrarios como las que se realizaron en Tierra Colorada, El Campanario, Dos Arroyos y San Juan Grande pertenecientes a los bienes comunales de Cacahuatepec y San Marcos respectivamente, las autoridades utilizaron la fuerza policial como el recurso más efectivo para imponer por la fuerza un proyecto basado en el despojo y el desplazamiento de los verdaderos dueños de este territorio. Esta lucha histórica atrajo a los relatores de la ONU sobre pueblos indígenas y de vivienda y a la misma secretaria general de Amnistía Internacional. Su presencia era una muestra clara del reconocimiento que tenían al movimiento ejemplar emprendido por el CECOP. Hubo recomendaciones muy precisas a las autoridades federales emplazándolas a que respetaran la decisión de las comuneras y comuneros que se oponían a la construcción de La Parota. En los mismos Tribunales Agrarios ganaron limpiamente 6 juicios demostrando tener también la razón jurídica. Se dieron el lujo de convocar a una consulta por usos y costumbres invitando a un alto funcionario de la CFE para que presentara las bondades de la presa la Parota. Participaron también expertos de la UNAM quienes plantearon los daños irreversibles que han causado estas megapresas. El veredicto final de más de cinco mil comuneras y comuneros fue el no rotundo a la Parota.

Este triunfo inobjetable ha inspirado a muchos movimientos en América Latina para generar estrategias de resistencias desde la base comunitaria, sin embargo, el costo social para el CECOP ha sido muy alto. En esta lucha histórica fueron asesinados 3 miembros del CECOP, 5 compañeros y una compañera han sido encarcelados, entre ellos Marco Antonio Suastegui Muñoz quien fue recluido arbitrariamente en un penal de máxima seguridad, para darle un trato de un criminal sumamente peligroso. Existen además 40 órdenes de aprehensión contra varios campesinos pobres cuyo delito ha sido oponerse a la construcción de la presa hidroeléctrica. Los gobernadores en turno tanto del PRI como del PRD han golpeado de manera sistemática al CECOP con el fin de desarticularlo generando divisiones internas, debilitando su organización comunitaria y criminalizando a sus líderes a pesar de emprender una batalla legitima. El mismo congreso federal cada año asigna un presupuesto millonario para la construcción de la presa hidroeléctrica la Parota, del mismo modo el Presidente de la República Enrique Peña Nieto cuando anunció su plan hechizo del nuevo Guerrero contempló en el presupuesto la construcción de una presa en el río Papagayo, omitiendo el nombre de la Parota. Este negocio millonario ha sido la obsesión de la clase política que sueñan con agenciarse millones de pesos a través del despojo de los territorios que poseen desde tiempos ancestrales los campesinos pobres que se reivindican como un pueblo indígena.

Esta osadía del CECOP de seguir siendo campesinos y mantenerse dentro de sus tierras ha causado un enojo muy grande entre las autoridades. No les perdonan que hayan impedido la llegada de capitales internacionales para construir un complejo turístico alrededor del vaso de agua para crear otro emporio en beneficio del gran empresariado. Han dejado en total abandono a estas comunidades que sobreviven de la siembra del maíz y de sus precarias huertas. Los niños y los jóvenes difícilmente pueden continuar sus estudios medios y superiores en el puerto de Acapulco. Las familias más agraciadas son las que trabajan como afanadores en los hoteles de Punta Diamante. Los gobiernos Estatal y Municipal no solo han dejado a su suerte a estas familias si no que siguen metiendo cuña para provocar más divisiones. En lugar de distender el ambiente que priva en varias comunidades que se fracturaron por esta disputa de la hidroeléctrica han sembrado el odio y la confrontación.

El mismo CECOP ha tenido que hacer frente a nuevos desafíos, como el gran problema de la inseguridad que se ha expandido de las colonias populares del puerto a las comunidades rurales donde han ido asentando sus reales los grupos de la delincuencia organizada. La violencia ha cobrado muchas vidas y los delitos de alto impacto están causando graves daños a las familias que ahora viven con miedo ante el empoderamiento de las organizaciones delincuenciales. Esta realidad obligó al CECOP a impulsar la conformación de grupos de la Policía Comunitaria en su mismo territorio para contener esta avalancha delincuencial. Solicitaron el apoyo y la asesoría de la Coordinara Regional de Autoridades Comunitarias de San Luis Acatlan que respaldó la creación de una casa de enlace en la comunidad de la Concepción, contando con un grupo de Coordinadores que se encargan de velar por la seguridad de la población.

Este proyecto fincado en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas tampoco ha sido bien visto por las autoridades del Estado y del Municipio. No les importa que las mismas comunidades contribuyan con el municipio para brindar seguridad. A pesar de que no les genera ningún gasto, existe un desprecio y mucha animadversión al trabajo que realiza la Policía Comunitaria. Criminalizan las actuaciones de sus elementos y denigran su trabajo. Han permitido la entrada de grupos vinculados con la delincuencia organizada para alentar la venta de drogas y armas dentro de los bienes comunales de Cacahuatepec con la intención de destruir el tejido comunitario. A pesar de esta estrategia de desgaste y de golpeteo sistemático las comunidades que pertenecen al CECOP han mantenido viva la resistencia contra la Parota y también contra los grupos de la delincuencia organizada. Para las autoridades esta lucha heroica de las comunidades campesinas son interpretadas como un riesgo y una amenaza a los proyectos de desarrollo de tinte capitalista y a sus planes privatizadores. Siempre han catalogado al CECOP como un movimiento radical de gente rijosa, que alienta los conflictos y que causa daños patrimoniales a los empresarios que se han apropiado ilegalmente de sus tierras comunales. Se ha incubado entre los grupos de poder de la región un plan para destruir al CECOP y desmantelar su organización comunitaria, se sigue socavando su resistencia criminalizando su lucha legitima y fabricando delitos contra sus dirigentes.

El cerco contra el CECOP se ha ido cerrando, las autoridades han formado varios frentes para aniquilarlo; alientan la división intracomunitaria con proyectos productivos, imponen autoridades agrarias y municipales para promover la construcción de la Parota. Alientan la confrontación con el apoyo brindado a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) para que pueda asentarse dentro de las tierras comunales de Cacahuatepec; fabrican expedientes contra sus dirigentes para desactivar su lucha y diezmar su liderazgo confinándolos en penales de máxima seguridad y recurrentemente utilizan el uso de la fuerza para reprimir y atemorizar a la población opositora.

El asesinato de 3 policías comunitarios en la comunidad de la Concepción este domingo 7 de enero a manos de Policías Estatales apoyados por miembros del ejército y Policía Federal es una acción criminal que contó con el respaldo de autoridades de alto nivel para usar la fuerza letal como única fórmula para dirimir un conflicto intracomunitario. Queda evidenciado como el gobierno del Estado pudiendo implementar otro tipo de estrategias para atender estos conflictos de alta intensidad, recurre al uso de las armas no solo para someter a policías comunitarios si no para asesinarlos impunemente. Los reportes periodísticos hablan de que se trataba de 25 policías comunitarios que se encontraban rodeados por más de 100 policías del Estado apoyados con policías federales y elementos del ejército, que bien pudieron controlar esta situación sin necesidad de accionar sus armas. Lamentablemente en nuestro Estado el uso letal de las armas es una práctica recurrente de las corporaciones policiacas contra la población civil. No hay controles internos que obliguen a las corporaciones policiales a aplicar protocolos reconocidos internacionalmente para el uso adecuado de la fuerza. Contrario a esto las fuerzas policiales tienen interiorizada en su mente que las armas que portan son para accionarlas ante la población civil que protesta y encara a la autoridad. No hay ley que valga para contener sus instintos asesinos. Sienten que su autoridad solo vale si detonan sus armas y dan en el blanco a quien consideran su enemigo.

Lo grave de este caso es que las autoridades del Estado se hagan cómplices de esta acción letal, que se empeñen en justificar estos asesinatos y que vuelquen toda la fuerza del Estado contra el grupo de la policía comunitaria y el dirigente del CECOP Marco Antonio Suástegui para hacerlos aparecer como los responsables de esta acción criminal, cuando no existe un señalamiento contundente de las autoridades sobre los policías que perpetraron impunemente estos 3 asesinatos de los policías comunitarios. Se ha querido hacer un juicio sumario contra la policía comunitaria de la Concepción para encubrir la acción desproporcionada y criminal de las fuerzas policiales que pudieron haber actuado de otra forma sin tener que hacer uso de la fuerza letal.

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Foto: La detención de Marco Suástegui este 7 de enero 2018

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