TPP El fin de la soberanía. Entrevista con Camila Montecinos

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El pasado 4 de febrero fue firmado el Acuerdo Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), constituyendo un nuevo mojón en el avance de las negociaciones iniciadas oficialmente en marzo de 2010 para la liberalización del comercio entre 12 países, Australia, Brunei, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Las movilizaciones en contra de este ambicioso acuerdo, también llamado NAFTA 2.0 en referencia al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, vienen ocurriendo en muchos de los países que lo integran. En Chile, un centenar de distintas organizaciones se han reunido en la Plataforma Ciudadana Chile Mejor Sin TPP y llevan adelante una fuerte agenda de resistencia a la implementación del tratado que ahora debe pasar por la aprobación de los parlamentos de cada país para su entrada en vigencia.

Esta semana dialogamos con Camila Montecinos, integrante de la organización GRAIN, para conocer el estado de las negociaciones del TPP y las amenazas que representa para Chile uno de los países, tanto a nivel latinoamericano como mundial, con más tratados de libre comercio firmados. Sobre cuánto más puede avanzar el TPP en términos de políticas neoliberales en ese país, Camila comienza afirmando que el mismo: "profundiza los niveles de pérdida de autonomía y posibilidades de defenderse económica y legalmente frente a las exigencias del capital trasnacional. Lo que hace este tratado es profundizar todo lo que se ha firmado en los tratados anteriores”.

Uno de los primeros aspectos que denuncia la militante chilena es el hecho de que el TPP obliga a que todas sus cláusulas sean revisadas periódicamente (máximo cada 5 años), habilitando la posibilidad de que sus cláusulas sean transformadas en caso de que los capitales trasnacionales consideren que sus intereses no sean contemplados: “Lo que tenemos aquí, a diferencia de muchos otros tratados, incluido el que tenemos con Estados Unidos, es un tratado abierto que cada vez le va a dar más garantías al capital transnacional”.

En segundo lugar, el TPP intenta aparentar que no amenazará derechos laborales, ambientales u otros derechos básicos: “El tratado contiene una serie de palabras de buena crianza que son solamente eso. Dice que todo país tiene derecho a proteger sus leyes laborales, que debe cuidar que efectivamente todos los derechos se cumplan, que nada en el tratado puede interpretarse contrario a las leyes laborales o a la salud pública, pero se añade en seguida ’siempre y cuando tales disposiciones no sean contrarias a este acuerdo’”.

A estas aclaraciones, Camila suma un segundo elemento por el cual es factible pensar que el TPP implicará la vulneración de derechos básicos de la población: “El acuerdo trae un capítulo especial sobre lo que se llama ’armonización legislativa’. A partir de esto, los países se comprometen a hacer equivalentes todas sus normas, hacer todos los cambios necesarios legales necesarios para que las leyes sean las mismas en los distintos países".

“Esto abre las puertas para que haya todo tipo de presiones para que haya cambios en las leyes laborales, empeorándolas. Porque, también lo dice el tratado, cualquier cosa que haga un país, puede ser una ley, un reglamento, una práctica, una medida, se considera que puede ser algo cuestionable ante los tribunales internacionales de resolución de disputas”, alerta Camila.

Una amenaza aún mayor para los bienes comunes

Actualmente cientos de familias de pescadores artesanales se encuentran sin sus medios de vida debido al fenómeno de la marea roja en el sur del país. Esto mismo es un ejemplo según Camila de cómo los bienes comunes de un país pueden ser severamente comprometidos mediante los tratados de libre comercio: “En Chile se privatizó el mar para la acuicultura, y hoy día los niveles de contaminación son tan altos que hemos tenido una explosión de algas tóxicas [...] Y esto es debido fundamentalmente a que las empresas trasnacionales de salmonicultura usan el mar como basurero. Y nosotros no podemos hacer nada contra eso porque eso significaría atentar contra la ganancia de esas empresas”. Además, continua Camila, en esta crisis las empresas “se lavan las manos”, y el Estado es quién se tendrá que encargar de otorgar “una especie de subsidio para que la gente tenga como comer”.

El TPP pretende llevar a su máxima expresión la propiedad también sobre seres vivos, haciendo retroceder aún más las posibilidades de construcción de Soberanía Alimentaria y defensa de la biodiversidad. Al ser consultada sobre si el acuerdo obligaría el gobierno chileno a suscribir el último Convenio de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV) de 1991, la militante responde: “Hay que aceptar UPOV 91 sin lugar a dudas si se ratifica, pero se va mucho más allá: por ejemplo se abre la posibilidad de patentar plantas y animales”.

Las organizaciones y movimientos sociales chilenos se encuentran ahora abocados a intentar impedir que el parlamento chileno ratifique el TPP, cuya votación aún puede ocurrir antes de finalizar este año.

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