Zonas Económicas Especiales: negocios por 35 mil millones de dólares

Investigación de Zósimo Camacho, publicada en el número 540 de la revista mexicana Contralínea

Empresarios nacionales y trasnacionales inundarán el Sur-Sureste mexicano con miles de millones de dólares y cientos de miles de ofertas de empleo… a cambio de exenciones de impuestos, mano de obra barata y protección a sus megaproyectos.

Negocios por 35 mil millones de dólares han pactado el gobierno federal y gobiernos estatales con empresarios del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Se trata sólo de las tres primeras Zonas Económicas Especiales (ZEE) que involucran a cinco entidades federativas ricas en minerales, maderas, agua y otros recursos naturales: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

Las 3 primeras ZEE: Puerto Lázaro Cárdenas (Michoacan-Guerrero), Corredor Industrial Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca-Veracruz) y Puerto Chiapas (Chiapas)

Las inversiones, proyectadas para los próximos 15 años, implican el desarrollo de obras en regiones indígenas y mestizas. Los entramados jurídicos federal y estatal están listos para legalizar cada "proyecto de inversión", aunque los pobladores locales hasta la fecha no saben del destino que les depara a sus tierras ni de los proyectos que en las próximas semanas y meses se les impondrán.

Empresarios y gobiernos esperan echar a andar la primera etapa de las ZEE con estas tres declaratorias en los próximos días. En una segunda etapa, se lanzarán las de Tabasco, Campeche y Yucatán durante el segundo semestre del año. Y, antes de que concluya el sexenio el 30 de noviembre de 2018, el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto buscará arrancar la tercera etapa de las ZEE en Hidalgo y Puebla. No se ha hablado del monto de las "inversiones" para las etapas segunda y tercera.

En entrevista con Contralínea, el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, informa que serán 250 mil los empleos directos e indirectos que generará esta política pública en su primera fase. Además, una inversión en 15 años que superará los 35 mil millones de dólares.

"Y lo que tenemos hoy ya va bastante avanzado: son 39 empresas con una inversión cercana a los 5 mil 700 millones de dólares y una generación de 25 mil empleos."

Serán éstos los datos que en los próximos días anunciará el presidente de la República, Enrique peña Nieto, cuando dé por inauguradas las primeras Zonas.

Prácticamente los "polos de desarrollo" se realizarán en todas las entidades del Sur-Sureste mexicano, codiciado desde hace décadas por los grupos empresariales nacionales y trasnacionales. Con otros nombres, se han lanzado proyectos para "detonar la inversión" en estas entidades sin que hasta el momento hayan tenido éxito: Plan Puebla-Panamá y Proyecto Mesoamérica, las denominaciones durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.

De manera clara, en la página de la AFDZEE, se señala que "el sector privado será el protagonista fundamental del éxito de las Zonas Económicas Especiales".

Las "oportunidades" para los empresarios aparecerán a lo largo de todo el proceso. Antes de la operación de las ZEE podrán participar "como Administradores Integrales, como socios o subcontratistas de éste y realizando los estudios necesarios para que se establezcan". Durante la operación de la Zona: "como empresa ancla o socio de ella, como inversionista, proveedor de sectores estratégicos, como generador de nuevas líneas de negocio, dentro de las cadenas de valor y a través de alianzas estratégicas".

También en el "Área de Influencia: aprovechando las derramas económicas en sectores productivos sociales y como proveedor de servicios de apoyo a los negocios". Finalmente, podrán sacar ventaja en un "Clúster Regional de Servicios: ofreciendo a los inversionistas servicios profesionales, de consultoría especializada, servicios de capacitación, traducción, servicios financieros, entre otros".

De acuerdo con el documento "Mirada legislativa. Seguimiento a la instrumentalización de las Zonas Económicas Especiales", elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el marco jurídico nacional en el que se basará todo el proyecto ya ha sido aprobado y promulgado: la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2016), su Reglamento y una reforma a la Ley General de Bienes Nacionales. También, a nivel local, cinco entidades federativas ya cuentan con respectivas leyes estatales: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Yucatán.

Estos siete estados de la República, junto con Michoacán, ya entregaron, durante 2016, Cartas de Intención al Poder Ejecutivo federal para la declaración de zonas especiales en sus territorios. El gobierno de Enrique Peña Nieto creó un organismo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ex profeso: la AFDZEE, la cual está encabezada por el empresario Gerardo Gutiérrez Candiani, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Precisamente estos organismos cúpula del alto empresariado mexicano festejaron esta iniciativa y han celebrado reuniones y mesas de trabajo con la AFDZEE para "dar seguimiento" a la instrumentación de las zonas. La Autoridad ha señalado que cuenta con 135 empresas nacionales y trasnacionales listas para "invertir" en las ZEE. Por el contrario, organizaciones sociales, campesinas, indígenas y de protección al medio ambiente se han manifestado en contra porque, señalan, estas grandes inversiones y megaproyectos no consideran la opinión ni la perspectiva de las poblaciones afectadas.

El CCE y la Coparmex no son las únicas organizaciones empresariales que se han involucrado en el plan general de las ZEE. Entre otras, también se encuentran la Asociación de Navieros de México y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servitur).

El Poder Legislativo federal, además, ha creado una instancia de seguimiento a la declaratoria de las ZEE. En la Cámara de Diputados se instaló la Comisión Especial para el Establecimiento de Zonas Económicas Especiales. En 2017 cuenta con 2 millones de pesos para realizar actividades de promoción y seguimiento: mesas de trabajo con gobernadores y presidentes municipales, foros, entrevistas, ruedas de prensa y spots en el Canal del Congreso.

De manera formal, con el establecimiento de las ZEE se busca la "generación de empleos bien pagados, atracción de inversión, generación y fortalecimiento de cadenas de valor locales, fomento a las exportaciones y aumentos en la productividad", como se señala en la página de internet de las AFDZEE.

"Se trata de una política transversal -señala Gutiérrez Candiani en entrevista- donde se generan las condiciones necesarias y suficientes para que haya oportunidades para la gente (…). Se trata de generar círculos virtuosos de riqueza y de oportunidades para que las gentes actuales y, sobre todo, las generaciones futuras tengan mejores condiciones de vida."

Sin embargo, para Mayra Monserrat Eslava Galicia, las ZEE no están diseñadas para acabar la pobreza. No se trata de beneficiar a los que menos tienen. Se trata de "zonas delimitadas dentro de un estado donde las reglas de negocios son distintas, sobre todo para las empresas son zonas importantes para las exportaciones".

La investigadora y coautora del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México señala que las ZEE son un modelo diseñado por el Banco Mundial que ya ha fracasado en países de América Latina y, en otros, "no ha tenido el éxito que esperaba". Ejemplifica con los casos de América Central, donde la mayoría de las zonas están dirigidas a la exportación de textiles manufacturados sin que hayan disminuido la desigualdad ni la pobreza en la región.

En las zonas que se declaren, los empresarios tendrán beneficios fiscales (pagarán menos impuestos) y gozarán de incentivos administrativos para que se les apruebe inmediatamente sus proyectos.

La AFDZEE, bajo control del empresariado, será también la responsable de "realizar procedimientos de consulta previa, libre e informada a las comunidades y pueblos indígenas, con el fin de tomar en cuenta sus intereses y derechos", como señala la Autoridad en su página electrónica.

El documento del Instituto Belisario Domínguez, por su parte, muestra el entusiasmo del empresariado pero también la oposición del "sector social". Señala que organizaciones sociales, "lejos de apoyar el proyecto están en contra del mismo. Argumentan que la instrumentalización de las ZEE es otra forma de explotar la tierra, contaminar el ambiente y marginar, aún más, a los indígenas que habitan los municipios que se pretenden declarar como zonas económicas especiales".

En marzo pasado, más de 1 mil 800 personas de distintos municipios del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca) presentaron un amparo colectivo como pueblos indígenas con el objetivo de proteger sus derechos "respecto de la infraestructura que se pretende construir en sus territorios sin una consulta previa y sin el consentimiento libre e informado", se asienta en el documento.

De hecho, se reconoce que "aunque [el plan general de las ZEE] busca el desarrollo económico, no está considerando el contexto particular de cada municipio y la existencia de pueblos indígenas que, según algunas organizaciones sociales, no han sido considerados para el propio desarrollo del territorio".

Así, parte de los actores involucrados en las ZEE no están favor de las declaratorias, "ya que están seguros de que lejos de lograr un desarrollo equilibrado entre las distintas regiones del país, se logrará que los territorios y el medio ambiente se vean fuertemente afectados y los indígenas y los grupos vulnerables, desplazados".

En este sentido, la investigadora Mayra Eslava señala que las consecuencias sociales no serán distintas a las que ya se han observado con cada megaproyecto de la iniciativa privada: "desplazamiento de la población; cambios en la educación, pues las ZEE necesitan personal capacitado para las manufacturas", y concentración de recursos públicos, humanos y materiales en las zonas en detrimento de todo lo demás.

Por su parte, Francisco Jiménez Pablo, dirigente nacional de la Coordinadora Plan de Ayala Movimiento Nacional, considera que las ZEE sólo beneficiarán a las grandes empresas y terminarán por despojar a los pueblos y a sus comunidades de sus tierras comunales, ejidales y recursos naturales.

"No vemos que sean zonas de desarrollo, sino más bien polos donde se entregarán las riquezas nacionales y turísticas a las grandes empresas trasnacionales."

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