[INFORME] Conflictos Mineros en América Latina en 2016: Extracción, Saqueo y Agresión

 Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (OCMAL)

Conflictos Mineros en América Latina: Extracción, Saqueo y Agresión. Estado de situación en 2016. Edición 2017

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Textos de: Lorena Bottaro y Marian Sola Alvarez, Argentina; Colectivo CASA, Bolivia; Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales-OLCA, Chile; CENSAT Agua Viva/Amigos de la Tierra, Colombia; Acción Ecológica, Ecuador; CEIBA, Guatemala; CEHPRODEC, Honduras; Centro Humboldt, Nicaragua; Colectivo Voces Ecológicas, Panamá; Cooperacción, Perú.

Edición: Equipo coordinación OCMAL

Introducción

2016 ha sido un año de incertidumbre respecto de la recuperación de los precios de las mercancías, especialmente los metales. Si bien es cierto, durante los últimos meses del año hubo señales de optimismo en el sector minero reflejado en anuncios de transacciones de concesiones y proyectos en construcción, lo cierto es que la materialización de dichos anuncios ha sido más lenta de lo señalado inicialmente.

El sector minero aún sueña con los precios del "súper-ciclo" de los minerales mientras los precios en los mercados internacionales no sufren significativos incrementos y los costos de producción siguen al alza.

Por otro lado, el convencimiento cada vez más generalizado que expresan las comunidades sobre la negatividad de las actividades mineras sostiene o profundiza los conflictos socioambientales que caracterizan el rechazo a la minería en la región. Incluso, varios de esos procesos van acompañados de intentos administrativos de prohibirla en ciertos territorios.

También, cada vez más, existen órdenes y dictámenes judiciales que otorgan la razón a las y los afectados por minería limitando o simplemente prohibiendo la minería en determinados territorios, en su mayoría por motivos y argumentos socioambientales, como el paro por más de 6 meses que han llevado a cabo los campesinos del Páramo de Pisba en Colombia; el proceso por llevar adelante una consulta ciudadana para que sean las comunidades quienes deciden si quieren o no minería, como lo que acontece en Cajamarca, Colombia, contra el proyecto La Colosa; o el proceso que encabezan diversas organizaciones en El Salvador para prohibir definitivamente la actividad minera en el territorio nacional.

Esto ha sido motivado por las demandas de las comunidades y el creciente convencimiento que la minería no es precisamente una buena opción de desarrollo. En el ámbito económico, social y ambiental, la minería tiene resultados negativos y muchos gobiernos locales y comunidades son cada vez más conscientes de ello.

Las consultas ciudadanas son una muestra del rechazo cada vez más generalizado a la actividad minera. Y allí donde las comunidades conviven con la minería los conflictos son por incumplimiento de los acuerdos por parte de las empresas mineras.

En síntesis, la conflictividad por minería sigue siendo una constante así como la larga duración de los conflictos mineros, en muchos casos por el no respeto a mandatos especialmente internacionales que ofrecen protección a afectadas y afectados por minería, encarga a los Estados dicha protección. Muchas empresas incumplen dichos mandatos, como ocurre, por ejemplo en Perú, con Máxima Acuña, quien a pesar de contar con medidas cautelares, sigue siendo acosada por la policía y los guardias privados de Yanacocha.

Frente a estas tendencias, el sector minero, de la mano de gobiernos extractivistas y post extractivistas intentan garantías económicas y sociales para el sector mediante beneficios tributarios, reglamentaciones ambientales "a la medida" y en muchos casos la persecución de quienes se oponen a la minería. Es por ello que la pugna por profundizar el extractivismo minero se enfrenta a la defensa de derechos socioambientales, indígenas y comunitarios, expresada como los "conflictos mineros". Sin duda, la necesidad de extraer más minerales para compensar los bajos precios, tiene un efecto negativo en la conflictividad por la minería. Finalmente se consolida una exigencia que caracteriza la mayoría de los conflictos mineros en la región: cuando la pregunta es agua o minería, las comunidades no dudan en defender este bien común, incluso muchas veces enfrentando grandes riesgos que comprometen la vida.

Caso Guatemala (Por Basilio Tzoy, Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad - CEIBA)

El interés de las empresas extractivas es aún latente, y se encuentran promoviendo normativas o reglamentos de consultas a sus forma de ver y no respetan las que los pueblos han realizado y que se encuentran plasmadas en el convenio 169 de la OIT. Esto es en contubernio con el organismo ejecutivo y legislativo, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícola, Comerciales, Industriales y Financieras CACIF, de la misma forma el interés de los Estados Unidos de emprender su plan denominado "Alianza para la Propsperidad" en el "Triángulo del Norte" que promueve la integración económica entre Guatemala, El Salvador y Honduras, estrategia es que a partir de 2017 se implementará.

Sin embargo, dado que el apoyo financiero del Gobierno de Estados Unidos quedó condicionado desde 2013 al retiro de las fuerzas militares de las tareas de seguridad ciudadana, desde 2015 se estableció el cronograma para este repliegue que ahora comienza. Las tropas que dejan las tareas de seguridad se dedicarán a cuidar las fronteras del país donde su presencia pasará para el combate del narcotráfico, el tráfico de armas y las maras, y el paso de indocumentados.

Las tropas retiradas se dedicarán a "la protección de la infraestructura crítica, como aeropuertos, carreteras principales, torres de energía eléctrica e hidroeléctricas, mineras, petroleras". Con ello se consolidaría el despliegue territorial del Ejército de Guatemala en su función de guardián de las industrias extractivas que se viene dando desde el gobierno de Oscar Berger, y que llegó a su máxima expresión en el de Otto Pérez. El Ejército de Guatemala ha sido utilizado, a pesar de los Acuerdos de Paz, para reprimir las movilizaciones de los pueblos y comunidades en la defensa de sus territorios en contra de los intentos de despojo que han sufrido en los últimos tiempos, recreando así el funesto papel que jugó durante el conflicto armado. (leer el comunicado de ATALC: ATALC denuncia el desplazamiento forzado de las comunidades del Petén en Guatemala)

El ministerio de Energía y Minas (MEM) sigue otorgando licencias en las comunidades sin el consentimiento de los pueblos. Mientras que en San Miguel Ixtahuacan San Marcos anuncian el retiro después de diez años de operación, las comunidades en resistencia solicitan a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que se investigue a la mina Marlín.

Impactos Socioambientales

La división comunitaria, la escasez de espacios o tierra para las y los campesinos, para la producción de los granos básicos, las enfermedades en los niños las mujeres y de personas mayores de edad son algunos de los impactos que ha dejado la minería en Guatemala.

Los residuos de los desechos tóxicos, el plástico o nailon expuestos al aire libre, los pozos de colas, entre otros, hace que las plantaciones de frutales y cítricos se deformen y aborten, y ya no tiene un buen sabor, las semillas nativas y criollas de las hortalizas también han sufrido cambios e incluso su desaparición por la alta contaminación en la zona minera.

Criminalización de la protesta por oposición a la minería

En San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, las comunidades se han mantenido en pie de lucha pacífica, pero la empresa y las fuerzas represivas siguen abusando de ellos ya que no cesan los hostigamientos, la presencia de la fuerza pública Policía Nacional Civil, el ejército y la seguridad privada están constantemente en la zona. La Corte de Constitucionalidad ha suspendido dos veces el trabajo, pero la empresa aparenta acatar las medidas y luego continúa irrespetando la decisión de la Corte Constitucional y la buena voluntad de las comunidades, la resistencia pacífica de las comunidades se mantiene y es un gran ejemplo para el pueblo de Guatemala y el mundo.

En San Rafael las Flores, el guardia de seguridad que ordenó el disparo de las comunidades que estaban en una protesta pacífica hace un par de años, recibió una orden de captura por el Ministerio Público y hoy se encuentra detenido.

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