El Salvador: Las mujeres defienden el agua y enfrentan a Coca Cola en el Municipio de Nejapa, San Salvador

Artículo de Marta Eugenia Muñoz, publicado en el informe "Mujeres defendiendo la vida y los bienes naturales: casos de América Central" de CESTA/Amigos de la Tierra El Salvador y Amigos de la Tierra Internacional (ATI) - Primera edición: marzo 2018

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1.1. Introducción

El Salvador es uno de los países más deforestados de América Latina, con alta densidad poblacional, 300 habitantes por kilómetro cuadrado. Cifras oficiales dejan ver que en la zona rural solo 55% de la población posee conexión de agua por cañería, mientras que en la ciudad esa cifra sube a 90 %. En el campo, las familias sin cañería se abastecen de pozos y ríos, agua que no es apta para el consumo humano, aún con esta mala calidad, este bien natural se está agotando.

1.2. Antecedentes

En el año de 1965, se fundó Embotelladora Salvadoreña, S. A., que inició operaciones con la marca Coca-Cola en El Salvador en el municipio de Soyapango, al agotarse el acuífero de esta ciudad en 1994, se traslada la planta de Coca Cola al municipio de Nejapa. En el año 2005, SAB Miller adquirió la totalidad de la empresa.

El municipio de Nejapa (compuesto por ocho cantones y 43 caseríos), se encuentra en el Departamento de San Salvador, de acuerdo a la encuesta de hogares de propósitos múltiples 2017 con una población total de 29,458 habitantes, de los cuales el 52% son hombres y el 42% son mujeres; con una realidad rural transformándose en urbana dada su cercanía al área metropolitana de la capital, San Salvador, lo que se traduce en más población, más industrias y más impacto en los recursos sociales y ambientales.

Uno de los más graves problemas a los que se enfrentan los habitantes de Nejapa tiene que ver con el derecho humano al agua potable. El municipio se encuentra ubicado sobre un acuífero (llamado Nejapa/Quezaltepeque), que es clave para el suministro doméstico del 46% de la población de la capital dadas sus dimensiones. Es un acuífero que forma parte de la cuenca del río San Antonio, y que tiene un gran interés por su riqueza en producción de agua limpia (aporta 7,4 millones de metros cúbitos al año). Su recarga depende en buena medida de lo que ocurre en Nejapa, donde en las últimas décadas también se ha convertido en un recurso explotado por la actividad industrial que se ha traslado a la zona, sometiéndolo a una constante presión. Entre otras, ahora están allí asentadas una embotelladora de la transnacional de Coca Cola (Industrias La Constancia/ Sab Miller), empresas salvadoreñas como MECAFE, Salazar Romero.

1.3. La expropiación del recurso hídrico por la transnacional Coca Cola

En 1996, tres años antes de empezar su actividad, la empresa consiguió el permiso para explotar unos dos millones de metros cúbicos de agua al año. Ello suponía extraer 66,67 litros por segundo del acuífero. Ya entonces, el desaparecido Comité Ejecutivo Protector de los Recursos Hídricos (CEPRHI), que se encargaba por entonces de la gestión del agua a nivel nacional, emitió una resolución sobre los posibles efectos que tendría la construcción y funcionamiento de la planta de Coca Cola en los recursos hídricos de Nejapa. El CEPRHI señalaba que:

  • La empresa debía identificar un área en la zona de recarga que debía comprometerse a proteger para garantizar la sostenibilidad del acuífero.
  • Indicaba que se impermeabilizara sólo un 25% de la zona;
  • Se prohibieran las descargas de aguas de la industria al Rio San Antonio, para garantizar que no se contaminaba;
  • Que ANDA, como responsable de los servicios de abastecimiento de agua potable, sobre todo en zonas urbanas, debían regir la extracción del agua por la embotelladora.

En 1999, finalmente, con todos los permisos ya aprobados, la empresa comenzó su actividad, justo un año después de que se aprobara la Ley de Medio Ambiente salvadoreña. Desde entonces, la embotelladora Industrias La Constancia/Sab Miller ha realizado varias ampliaciones de sus instalaciones, las solicitudes ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) fueron bajo la modalidad de "ampliación de bodega", lo que le evitaba tener que someter las ampliaciones a análisis independientes de impacto ambiental.

La mencionada Ley, en su artículo 21, apartado j establece que "requerirán Estudios deI Impacto Ambiental las obras o proyectos entre las que se encuentran las plantas industriales y agroindustriales". Aunque es evidente que la actividad de una embotelladora de refrescos debiera haberse circunscrito en ese apartado, según la mayoría de las resoluciones que se han examinado, no fue así. La embotelladora se limitó a rellenar un formulario ambiental, que se regula en este mismo artículo 21 del Reglamento de la Ley de Medio Ambiente, con el cual las empresas presentaban una declaración jurada sobre la veracidad de la información que aportaban, incluida la relativa a los impactos en el medio ambiente.

La situación cambió a partir de 2012. Fue ese año cuando la embotelladora de Coca Cola pidió permiso para una nueva ampliación de la planta, en este caso para producir agua embotellada de la marca Cristal. ILC/Sab Miller realizaría allí el envasado y distribución de este agua, la producción de los envases de plástico, el acondicionamiento de producto para el proceso industrial y el lavado de los envases. Argumentaba en su solicitud que iba a simplificar los procesos de tratamiento necesarios, lo que supondría extraer menos agua. Como en anteriores ocasiones, solicitó el formulario ambiental en el Ministerio, desde donde se les remitió la necesidad de realizar, ahora sí, un Estudio de Impacto Ambiental. Al año siguiente, en febrero 2013, Industrias La Constancia/Sab Miller presentó el informe, elaborado por J.R. Duarte. En ese documento se indica que el suministro de agua potable se realizará mediante la extracción de agua de los dos pozos profundos de la Planta Nejapa que ya existen; que las aguas que van a utilizar no requerirán un tratamiento especial (aduciendo análisis de calidad de agua realizados en 211-2012), por lo que las descargarán directamente a la cuenca del río San Antonio; y que los desechos que no puedan reciclar irán al depósito de relleno sanitario de MIDES. Curiosamente,
señalan que gastan 1,2 millones de metros cúbicos de agua al año, cuando hay que recordar que en el año 96 pidieron permiso para extraer dos millones.

En concreto, respecto al consumo de agua la empresa asegura que se garantizará una "eficiente utilización" del recurso hídrico y reducirán un 13% la extracción total de  agua, además de promover acciones de desarrollo para la comunidad. Argumenta que cada año, en total, se extraen del acuífero 15,63millones de metros cúbicos de agua, pero que la recarga potencial es de 21,76 millones, por lo que habría 6,13 millones (la diferencia) disponibles para su uso (es decir, un total de 194 litros por segundo). Aducen que ILC/Sab Miller sólo quiere ampliar su consumo en 79,1 metros cúbicos al mes. Hasta aquí el informe de la embotelladora.

Ante la eminente posibilidad de autorizar la ampliación de la embotelladora de Coca Cola, se impulsa una importante movilización social en Nejapa, los pobladores están en contra de la petición de ampliar la planta, por los graves impactos que la actividad industrial está teniendo en el acuífero fundamental para la zona, por la reducción palpable de la cantidad de agua en sus comunidades y en la calidad del agua, tal como lo narra Josefina Escamilla, lideresa del movimiento social (foto).

En 2013 se inició un proceso de consulta pública por parte de una plataforma social que agrupa a un centenar de organizaciones sociales en El Salvador en torno al derecho al agua. Una de las grandes preocupaciones desde el principio fue determinar si el acuífero de Nejapa/Quezaltepeque tiene potencial para seguir siendo explotado y qué medidas se deberían poner en marcha para garantizar su protección y sostenibilidad, ya que es una fuente primordial para el abastecimiento de agua para consumo humano. En abril de 2013, en la consulta pública se logró recoger 2.200 firmas de oposición al proyecto, a la vez que se emitieron varios comunicados denunciando la campaña de LC/SabMiller por apropiarse de la reserva estratégica.

Josefina Escamilla, da cuenta de la lucha en la defensa del agua. La líder de Nejapa relata que su preocupación comenzó al verificar que la cantidad de agua del río San Antonio disminuía rápidamente: "iba al tanque a experimentar el agua y mes a mes iba bajando, así es como yo les comprobé a las organizaciones comunales que debíamos planificar marchas, que era necesario, porque el pozo ya estaba funcionado aún sin permisos, por eso había menos agua, y ya con el apoyo de las comunidades organizamos una marcha". "Nos tomamos un carril de la carretera, por cierto casi nos atropellan". "De ahí yo les dije a las compañeras que tapáramos la entrada a la Coca Cola para no dejar que entraran o salieran camiones, al final después de protestar y gritar nos dejaron entrar a la Planta y como yo tengo un poco de conocimiento del lugar, les dije 'allá está el tanque, allá está el pozo, ya lo abrieron', los representantes de Coca Cola dijeron que el pozo no se estaba usando, pero sí ya se estaba usando".

Para corroborar las afirmaciones y llevar adelante la denuncia, las organizaciones sociales realizaron y presentaron un estudio técnico sobre el acuífero, titulado "Revisión y análisis de los componentes hidrológico e hidrogeológico del Estudio hidrogeológico, hidrológico e hidráulico y de riesgo Zona Planta Nejapa. Industrias la Constancia, ILC. Nejapa, San Salvador". La investigación refuta los datos que había aportado la embotelladora en su Estudio de Impacto Ambiental. El estudio fue elaborado por el hidrólogo de reconocido prestigio en El Salvador, Julio Quiñonez, en este se acusa a ILC/SabMiller de alterar muchos parámetros. Más allá de poner en entredicho los datos de la empresa, el hidrólogo determina que la situación del acuífero es peor de lo que se sospechaba.

En concreto, llega a cuatro conclusiones que deberían bastar para poner freno al proyecto:

  • En el estudio de impacto ambiental de ILC/Sab Miller los datos sobre el balance hídrico estaban alterados, ya que habían analizado la cuenca de forma sesgada y errónea. De hecho, no se consideró la parte baja de la cuenca, dejando fuera del análisis una importante cantidad de pozos que había que incluir para calcular laextracción actual.
  • Según el estudio el acuífero tendría una capacidad de recarga anual de unos 18 millones de m3 (no de 21 millones, como indicaba la empresa) y en este momento el consumo estaría entre los 7 y 10 millones, incluyendo la explotación de ILC y el agua que distribuye la ANDA a la población de la capital.
  • Por otro lado, se demuestra que se están gastando 34,67 millones de m3 al año (la empresa señala que son 15 millones). Ello significa que se está extrayendo el 191,54% del agua del acuífero, es decir el 100% de todo lo que se recarga anualmente (18,10 millones de m3) más otros 16,57 millones de m3 de las reservas del acuífero. Prueba de ello, afirman, es que en 1998 la empresa extraía agua del pozo nº2 a una profundidad de 31,04 m y en el año 2012 bajó hasta los 75,69 m. De estos datos se deduce que, a este ritmo, en 30 años el acuífero se agotará, en 27 años si se tiene en cuenta el cambio climático.
  • Datos del propio Ministerio señalan que abrir un nuevo pozo, más los dos ya existentes en explotación, implicaría la extracción de otros 1,7 millones de m3 al año.

En definitiva, el informe establece que, más allá de la posibilidad o no de ampliación de la planta de ILC/SabMiller, la realidad es que el acuífero de Nejapa no se puede explotar más. Incluso, se indica que hay que reducir a 20 millones la extracción actual. Y es una conclusión coherente con lo que había señalado el Balance Hídrico Dinámico de El Salvador en 2005, que desde hace una década alertaba de que estaba llegando a su límite.

1.3. Contaminación

Pero la intervención de Coca Cola ILC/ SabMiller, no se limita únicamente al saqueo del recurso, sino que además genera tres tipos de desechos que afectan al medio ambiente de Nejapa:

  • Gases: se van al aire, porque no hacen manejo de gases.
  • Líquido: descargados en la quebrada de los Amates, cuya agua sirve para regar el relleno sanitario de Mides y compensar el polvo, y que también bebe el ganado vacuno. Esta quebrada desemboca en el río San Antonio, de donde la población rural bebe cuando no tiene asegurado el suministro de agua.
  • Lodos: se llevan a la planta de Mides todos los días en un camión. Industrias La Constancia/SabMiller tiene dos presas de lodo y todos los días salen de sus instalaciones ocho toneladas hacia la empresa Manejo Integral de los Desechos Sólidos (MIDES), construida para atender a 10 municipios y que ahora da servicio a la basura de 110 Alcaldías. Algunas comunidades se han quejado que ILC/SabMiller desecha sus vertidos en una cañada que afecta a la mencionada quebrada de Los Amates, contaminándola. "A la quebrada cada cierto tiempo echan descargas y sale el agua bien negra. Hasta 3 días baja esa agua, y los chimbolitos -peces- mueren", dice un vecino.

1.4. Impactos en los derechos de las mujeres producto del saqueo del recurso hídrico por parte de Coca Cola.

Salud y saneamiento

Cuando se habla del derecho al agua y al saneamiento, es necesario tener en cuenta la desigualdad de género, ya que son fundamentalmente las mujeres y niñas/os los que realizan las tareas domésticas con este recurso y también las que velan por su gestión. Se constata así que la falta de acceso a agua y saneamiento afecta de manera especial y específica a la salud, educación, empleo o ingresos de las mujeres: menos disponibilidad o accesibilidad implica una importante inversión de tiempo en el acarreo de agua, además de exponerse a otros factores de riesgo como es la delincuencia, afectación de la salud por el sobresfuerzo físico que se realiza por el acarreo mismo, sobre todo en las zonas rurales.

De igual manera, las mujeres son quienes manifiestan mayor preocupación por la situación del agua en Nejapa, ya que conocen de primera mano las dificultades en el día a día por la falta de abastecimiento continuo. Asimismo, son ellas quienes detectan casos de contaminación por el mal olor, y quienes han ido directamente a la planta a pedir explicaciones. En las reuniones y asambleas comunitarias celebradas con la dirección de Coca Cola, se ponía de manifiesto el rol de las mujeres, así como el protagonismo en las decisiones y cambios en el municipio de Nejapa, e incluso lograron movilizar al resto de la población, impulsando las diferentes acciones que se han llevado a cabo. Es importante destacar este empoderamiento de la mujer en esta lucha, porque, si bien llevan a cabo las tareas cotidianas relacionadas con el uso del agua, normalmente no se les suele dar espacio en la toma de decisiones sobre el control de los recursos.

La contaminación de los cuerpos de agua es responsabilidad directa de Coca Cola. Ante la falta de tratamiento de sus aguas
residuales, afectan directamente los derechos a la salud y un medio ambiente sano para las mujeres de Nejapa. La contaminación tiene un impacto pernicioso para mujeres y niñas que expuestas a brotes graves de enfermedades, por ejemplo las transmitidas por mosquitos.

Las mujeres no tienen otra opción más que llenar tanques y otros contenedores con agua para uso doméstico, y esta agua podría convertirse involuntariamente en un ámbito ideal para la reproducción de mosquitos, si no se cubre ni se trata. La precaria infraestructura de alcantarillado también provoca que haya agua estancada en las comunidades. Para el caso específico de la epidemia de Zica, cuya transmisión no se reduce a la picadura del mosquito, sino que además es de transmisión sexual, mujeres y
niñas no tenían acceso en el municipio a información ni servicios completos de salud reproductiva. Muchas no pueden evitar embarazos no planificados ni tomar decisiones informadas sobre sus embarazos. Algunas de ellas tenían temor a "tener" niños-niñas afectados por la microcefalia. El temor a las sanciones penales previstas para el aborto las obligó a recurrir a procedimientos clandestinos, generalmente inseguros, para interrumpir embarazos no deseados.

Disponibilidad del agua

El impacto que Coca Cola produce en el derecho a la disponibilidad del agua, es dramático. Tomando en cuenta que en Nejapa muchas familias, el 30.14% hogares con jefatura femenina, según datos de encuesta de hogares de propósitos múltiples 2017, no disponen de agua por cañería y que en algunas comunidades sólo se abastecen por manantiales y ojos de agua, se verifica que la actividad industrial implica el uso y disponibilidad de una gran cantidad de agua, contrastando con la realidad de una parte significativa de la población que no tiene garantizado el acceso a este recurso. Puede fácilmente concluirse que uno de los principales impactos está en que todo lo que va a la industria deja de utilizarse para el abastecimiento de agua por cañería a los hogares, afectando las actividades en especial de las mujeres, ya que son ellas las que por sus actividades dentro de sus viviendas, se ven afectadas por la falta de agua, teniendo que desplazarse para el acarreo del mismo.

El tiempo invertido en acarrear el agua, limita el tiempo de las mujeres afectadas, que podrían invertir el mismo en otras actividades, como participación en tareas educativas y culturales, disfrutar de más tiempo de calidad con sus hijos y familias, y disfrutar de merecidos descansos, después de agotadoras jornadas de trabajo. En este punto es de especial interés considerar que si las jefas de hogar trabajan fuera de casa, el peso de la doble jornada de trabajo, se agudiza por el esfuerzo de tener que desplazarse para buscar el agua para consumo, teniendo como alternativa la compra del líquido a pipas particulares que origina gastos extras no presupuestados, reduciendo dramáticamente los ingresos económicos.

Por otra parte, el agua potable es cara para la población consumidora, pero no es así para la Coca Cola, Josefina Escamilla, asegura que a falta de regulación específica para grandes consumos o empresas, la Coca Cola paga lo mismo que un pequeño comercio. Cuando se
ha tratado de regular por parte de la Alcaldía, no han contado con el apoyo de la Asamblea Legislativa para generar una ley que permita una justa retribución por la explotación del vital líquido, en este municipio.

La escasez del líquido, debido a la sobre explotación y saqueo de este bien natural, incluso ha puesto en peligro la seguridad alimentaria, ya que las mujeres que tenían sus huertos caseros como forma de complementar sus dietas y además como un apoyo a los escasos ingresos que con frecuencia poseen, han tenido que renunciar a ellos, porque el agua para el riego de los mismos, debe ser utilizada para otras actividades como el consumo y el aseo que se vuelven prioritarias a la hora de administrar la poco agua a que tienen acceso.

1.5. Conclusiones

En El Salvador hay una ausencia de política general sobre el manejo del agua. No hay una Ley de aguas, ni se contempla el derecho al agua en la Constitución, lo que implica que los usos industriales del agua no estén regulados. Sí hay una Ley de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, pero carece de aplicación práctica y de institucionalidad. La falta de una normativa nacional y la presión
de las empresas dificultan la regulación en Nejapa. La cobertura de servicios de agua potable es escasa en las zonas rurales. Además, la deforestación, la degradación del suelo y la contaminación están disminuyendo la capacidad para aprovechar el agua y la recarga de los mantos acuíferos. Al ritmo de extracción actual y considerando el efecto del cambio climático, el acuífero se agotará en 25-27 años.

El conocimiento de la ampliación de la planta de ILC/SabMiller, ha generado una movilización social desconocida en la zona, liderada por mujeres y la Alcaldía. Este hecho se constituye en un gran paso en la defensa del derecho al agua y al saneamiento. Es un modelo interesante de replicar, en el que han tenido un gran papel las mujeres, que se han empoderado. La importancia de realizar su propio estudio de impacto ambiental, permitió basar la denuncia y la lucha en datos objetivos con análisis rigurosos, que ponen en evidencia la gran preocupación de la sociedad civil y particularmente de las mujeres sobre la situación del agua en el municipio.

El rol de la sociedad civil es clave para denunciar, monitorear y exigir el cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, la sociedad organizada ni puede ni debe sustituir el rol del Estado. Este caso fue llevado al Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), instancia
en que se demandó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), y la resolución da una serie de recomendaciones. Frente a esta demanda presentada a este Tribunal, Josefina Escamilla, asevera que "como mujeres luchadoras por el derecho humano al agua, estaremos pendientes para ver que las recomendaciones se cumplan".

La intimidación, persecución, criminalización de las protestas o restricciones informativas que históricamente han sido elementos comunes en el desempeño de las organizaciones de base que defiende los derechos humanos. Escamilla enumera de los intentos fallidos de los representantes de la Coca Cola para callar las voces de lucha y protesta: "me visitaron en tres ocasiones a mi casa para ofrecerme
construírmela nueva, cuando pregunté qué es lo que debo de dar a cambio, me decían que mi firma aceptando que la construcción de los nuevos pozos no dañaban a las comunidades". Con mucha energía la líder septuagenaria, afirma que ella y las otras mujeres que luchan contra la Coca Cola "no nos vamos a vender por un almuerzo, o por una casa".

Las consecuencias de priorizar el uso industrial del agua frente al consumo humano afectan no sólo a este derecho, si no a otras áreas como pueden ser en las relaciones en cuanto a la justicia de género, medio ambiente, seguridad alimentaria, etc. Sin embargo, existen múltiples dificultades para demostrar de manera certera otros impactos. Frente a ello, es importante desmantelar el poder las corporaciones, y obligar a las transnacionales que garanticen los estándares en toda la cadena de suministro y se comprometan en ejecutar todos sus compromisos en los diferentes eslabones de su proceso económico.

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