Hidroeléctricas: el despojo pintado de verde y la lucha por los ríos como bienes comunes

Hidroeléctricas: el despojo pintado de verde y la lucha por los ríos como bienes comunes

Por: M. Edelmira García Martínez. Surbversiones.org

Resistencias que confluyen

El flujo del río Apatlahuaya será interrumpido para ser reconducido por un túnel que conecta con una tubería que cumple la función de una gran vena de acero, por la cual el agua circulará cuesta abajo a lo largo de 800 metros. De esta forma, se logrará la fuerza hídrica suficiente para que la casa de máquinas genere 42 megavatios de electricidad para el capital privado. Se trata del caso de la primera mini hidroeléctrica inscrita en el Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL que ha sido construida en la sierra de Zongolica del estado de Veracruz. Estudios realizados por la CFE indican que se tienen identificados 510 sitos para la instalación de hidroeléctricas en los ríos de todo el país, de éstos, más de 100 se ubican en el estado de Veracruz. Otros estados considerados con gran potencial hidroenergético son Chiapas, Tabasco, Oaxaca, y Guerrero. No necesitamos mayor información técnica para poder imaginar la magnitud del desastre ecológico si todos estos proyectos llegan a concretarse desviando las afluentes naturales de los ríos. Sin embargo, estos proyectos son promovidos por el Estado como proyectos que ayudarán en el cuidado del medio ambiente.

En la mayoría de los territorios donde se encuentran los sitios elegidos para la instalación de las hidroeléctricas habitan pueblos originarios. Y al igual que en el pasado, la función que cumple el Estado es una política colonizadora que permite la invasión de territorios por parte de las transnacionales, interesadas en extender sus inversiones hacia nuevos mercados. Como ocurrió en Zongolica, se trata de proyectos para los que se realizan estudios de suelo o incluso comienzan a ser instalados sin que medie ningún tipo de información pública hacia la población que será afectada. Sin embargo, en la medida en que el rumor sobre la construcción de hidroeléctricas se extiende hacia los pueblos asentados en las cuencas hidrícas del país, las resistencias colectivas a estos proyectos emergen y comienzan a interconectarse en una lucha común: el intento por impedir la privatización del flujo del agua en sus ríos. En las comunidades se articulan claros argumentos que sostienen las resistencias, la lucha que emprenden es por los bienes naturales que permiten la reproducción de su forma de vida; por el derecho al usufructo del agua que no pueden concebir para el uso exclusivo de empresas sin rostro; para impedir la invasión de sus territorios y; por el derecho a la vida.

Las resistencias comenzaron a confluir hace ya diez años, cuando nació el Movimiento Mexicano de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos

Existen resistencias sistemáticas que se han mantenido ya por muchos años –algunas llevan ya más de 40 años–, las cuales emergieron como potente protesta a las grandes represas que inundaban grandes extensiones de tierra provocando el desplazamiento y desalojo forzoso de poblaciones enteras. Un ejemplo es el pueblo Chinanteco, afectado por la presa Cerro de Oro en Oaxaca, que continúa luchando por el resarcimiento de daños y lo que llaman la deuda histórica por las represas. Estas antiguas resistencias y las que recientemente emergen, comenzaron a confluir hace ya diez años, cuando nació el Movimiento Mexicano de Afectados por Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). En este espacio de lucha participan frentes estatales, organizaciones sociales y civiles, y comunidades afectadas por las presas hidroeléctricas, de irrigación, y de usos múltiples. A través del MAPDER recientemente se realizó la Pre-audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) “Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad”, en la que fueron presentados 11 casos. Desde el MAPDER las luchas, se conectan a nivel continental en la Red Latinoamericana Contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua (REDLAR). El V Encuentro de esta red, fue celebrado recientemente en la comunidad de Retalteco, municipio de las Cruces, el Petén, Guatemala, del 7 al 12 de octubre 2013, con la participación de 537 personas de 14 países latinoamericanos.

De esta forma, se extiende la lucha por el libre fluir de los ríos, hacia comunidades y pueblos que resisten a estos proyectos, desde una perspectiva de cuidado e interdependencia con la naturaleza. Mientras tanto el capital genera ininterrumpidamente nuevos mecanismos de expansión, como el Mercado de Bonos de Carbono de reciente creación.

Mercado de Bonos de Carbono o Comercio de Emisiones

Durante las últimas tres décadas el fluir desenfrenado de capital transnacional hacia territorio nacional mexicano, ha utilizado como vehículo complejas e intrincadas formas de mercado. Uno de estos nuevos dispositivos para la inversión capitalista, es el denominado “Mercado de Bonos de Carbono” en el que se busca insertar a los proyectos hidroeléctricos que en la actualidad emprende la iniciativa privada y promueve el Estado.

El “Mercado de Bonos de Carbono” también llamado “Comercio de Emisiones”, tuvo su génesis en la década de los noventa construyendo su justificación ideológica en el énfasis que a nivel global se dio a la problemática del Cambio Climático. El primer antecedente ocurrió en el año de 1992 cuando la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, adoptó la Convención Marco sobre Cambio Climático [1]. En dicha Convención se estableció el objetivo de lograr estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Cinco años más tarde (año 1997) a esta Convención le fue añadido el Protocolo de Kyoto, a través del cual se establecieron medidas jurídicamente vinculantes a los Estados firmantes.

El Protocolo de Kyoto ordena medidas diferenciadas a los países desarrollados o industrializados y a los países en desarrollo. Los países desarrollados debieron asumir compromisos cuantitativos de reducción de emisiones, que deberían cumplir en una primera etapa entre los años 2008-2012 [2]. Por otro lado, la participación de los países en desarrollo se acota a los llamados “Mecanismos de Desarrollo Limpio” (MDL), aplicables a proyectos cuya actividad productiva reduzca o prevenga las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono (CO2). El MDL permite a los proyectos considerados verdes –de los sectores energía, transporte, industria, agricultura, silvicultura, gestión de desechos–, la obtención de Unidades Certificadas de Reducción de Emisiones, abriéndoles la posibilidad de vender bonos de carbono a las empresas contaminantes. De esta forma comenzó un proceso que contradice el loable compromiso que los Estados Nacionales hicieron con el medio ambiente. En pocas palabras, lo que en realidad fue generado a través del protocolo de Kyoto, con auspicio de organismos internacionales como el Banco Mundial [3] y el Fondo Monetario Internacional, fueron nuevas área para la inversión capitalista como el ya mencionado Comercio de Emisiones.

El nombre genérico mercado de Bonos de Carbono o Comercio de Emisiones, se creó para establecer una serie de instrumentos económicos y de mercado, que funciona a través de la distribución de permisos de emisiones a las empresas contaminantes que al negarse a reducir sus niveles de contaminación por resultarles más costoso, hacen opción por la compra de bonos de carbono. Dichas compras se hacen a las empresas “limpias” que cuentan con el instrumento llamado Certificado de Reducción de Emisiones. De esta manera se puso en marcha un complejo sistema financiero en el que se estableció el valor de cambio del dióxido de carbono (CO2), creándose una serie de equivalencias falsas entre las emisiones industriales y la absorción de carbono de los ecosistemas. Para hacer posible el intercambio comercial se estableció una unidad de medida: el Bono de Carbono. Cada uno representa el derecho a emitir una tonelada de dióxido de carbono. Estos bonos son pues, para el comercio de emisiones, el bien canjeable con un precio establecido en el mercado. Además de la complejidad para entender su funcionamiento, este sistema entraña una perversidad mayúscula, la cual consiste en que a partir del Mecanismo de Desarrollo Limpio, las empresas contaminantes pueden comprar Bonos de Carbono a las empresas que han desarrollado este tipo de proyectos “limpios” y así cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones, sin reducir los niveles de contaminación en sus propios procesos de producción.

Los proyectos insertos en la llamada “Economía Verde” –sostiene Fabrina Furtado— encuentran su justificación en la ideología difundida por la economía neoliberal que intenta “legitimar al capital privado como el único sujeto social capaz de salvar tanto a la economía como al planeta”. Uno de los argumentos neoliberales, es la pretensión falaz de que la ciencia y la tecnología modernas desarrolladas en los países del primer mundo, tienen el potencial de aplicación en proyectos que permiten procesos productivos no contaminantes. Sin embargo, el problema de fondo estriba en el hecho de que la Economía Verde representa para el capitalismo neoliberal la apertura de un ambicioso campo para emprender lucrativos negocios, y una renovada estrategia de invasión territorial desde la apropiación (y tendencialmente la privatización) de recursos vitales tan preciados como el agua.

La participación del gobierno mexicano en el Comercio de Emisiones ha sido notable a nivel mundial, pues es el país de los pertenecientes al grupo II en el Protocolo de Kyoto (clasificados como países en desarrollo), que ha realizado más acciones conducentes a crear instituciones, adaptar legislaciones internas, desmantelar o reestructurar organismos estatales, establecer alianzas comerciales y crear los mecanismos necesarios que permitan desarrollar el MDL, y de forma simultánea la privatización de recursos y servicios. Hasta la fecha, en el área de energías renovables, en México se han impulsado y desarrollado con mayor énfasis proyectos de generación de energía eólica y energía hídrica. Revisamos a continuación el área de inversión de las energías renovables, desde el caso específico de las hidroeléctricas.

Hidroeléctricas privadas – despojo de los afluentes de agua

Desde hace más de dos décadas de forma acelerada, las hidroeléctricas han sido impulsadas por el Estado mexicano y desarrolladas por las empresas como proyectos limpios generadores de energía eléctrica y de bonos de carbono. La gravedad de estos proyectos no es solamente la privatización paulatina de la generación de energía eléctrica, sino también la apropiación del agua que fluye en los ríos, por parte de empresas transnacionales a partir de concesiones que duran de 25 a 30 años y que pueden ser renovables.

En 1992 fue reformada la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para poder otorgar permisos de producción de energía a personas físicas o morales, a través de figuras como, el autoabastecimiento, la cogeneración, la producción independiente, la pequeña producción, o la importación o exportación.

Para hacer factible la producción de energía eléctrica en manos de empresas privadas, se comenzaron a realizar cambios estratégicos en materia jurídica desde el gobierno salinista. En este tiempo fueron realizadas importantes reformas a la constitución –particularmente las reformas al artículo 27 que genera condiciones para que la tierra ejidal pueda ser vendida–, y a algunas leyes secundarias. Entre las leyes secundarias, fue reformada la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica –publicada en el diario oficial de la federación en el mes de diciembre de 1992–, en la que se facultó a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, para otorgar permisos a personas físicas o morales para la producción de energía, a través de figuras como, el autoabastecimiento, la cogeneración, la producción independiente, la pequeña producción, o la importación o exportación (artículo 36). Después se comenzaron a otorgar permisos para la producción de energía eléctrica a empresas particulares, aun cuando el artículo 27 constitucional continua estableciendo la exclusividad de la nación en su producción, distribución y abastecimiento [4]. Los proyectos para autoabastecimiento son los que pueden insertarse en el mercado de bonos de carbono significando un doble negocio, la venta de energía eléctrica y de bonos de carbono. Estos son los proyectos que han resultado ser los más atractivos para las transnacionales.

A raíz de estas modificaciones la CFE, antes dedicada al desarrollo de grandes centrales hidroeléctricas, comienza a hacer estudios para determinar el mini, micro y pequeño potencial hidroenergético. Esto no resulta extraño si consideramos que las denominadas pequeñas centrales o “mini-hidroeléctricas”, según las reformas a la Ley de Servicio Publico de Energía Eléctrica, son las que pueden ser desarrolladas desde la figura de auto-abastecimiento por las empresas privadas (con la ventaja adicional de que se interconectan a la red pública). Los primeros estudios de factibilidad para la instalación de pequeñas centrales hidroeléctricas, a lo largo de los ríos del país, fueron realizados por la Comisión Nacional de Energía (CONAE) [5], hoy Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía CONUEE. Estos estudios proponían la generación de energía hídrica con el modelo llamado al filo del agua, el cual consiste en el aprovechamiento de los desniveles naturales de los ríos para producir electricidad con la fuerza de la caída del agua, sin almacenarla y sin realizar desvío de sus afluentes naturales. Los estudios de la CONAE son retomados por las empresas, sin embargo, para hacer más rentables los proyectos están construyen presas de derivación, consistentes en represas en las que se retiene el agua, para luego desviarla hacia un sitio río abajo que les permita mayor fuerza de agua para producir más electricidad.

Esta forma irracional de apropiación absoluta de la naturaleza por parte del capital, requiere que sus razones justificadoras sean aceptadas por la población común. Para lograrlo se construye un imaginario colectivo en el que estos proyectos que despojan a las comunidades de sus afluentes de agua, son presentados desde una concepción de desarrollo limpio. Los medios masivos de comunicación, en especial la televisión, han tenido un papel fundamental en la aceptación de estos proyectos, que van logrando implantarse como proceso natural hacia la modernización, al que ineludiblemente avanzamos desde el único camino transitable para México en su articulación con la economía mundial.

En 2010, el 48% de la generación de energía eléctrica en el país la realizan empresas privadas, entre ellas Iberdrola, Unión Fenosa, EDF Internacional y Mitsubishi.

De forma paralela a las reformas estructurales realizadas en la economía del país se comenzaron a formar y/o a reconfigurar redes importantes de relación entre político-empresarios mexicanos y representantes del capital transnacional. Un ejemplo reciente es el caso de Georgina Kessel, quien fuera secretaria de energía en el gobierno de Calderón y actualmente trabaja para la transnacional Iberdrola. Para el año 2010, el 48% de la generación de energía eléctrica en el país la realizaban ya empresas privadas, entre ellas las transnacionales españolas Iberdrola y Unión Fenosa, la francesa EDF Internacional, y la japonesa Mitsubishi. Del año 1994 al año 2011, entre los periodos de gobierno de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón se habían otorgado un total de 772 permisos, de los cuales 595 corresponden a auto-abastecedores. Desde la entrada en vigencia del Protocolo de Kyoto el gobierno mexicano firmó convenios para apoyar los proyectos de reducción de emisiones con Alemania, Australia, Dinamarca, Canadá, España, Francia, Italia, Países Bajos y con el Banco Japonés de cooperación internacional, y a través de la SEMARNAT creó el Fondo Mexicano de Carbono (FOMECAR).

Estos proyectos muestran un ejemplo claro de que en México padecemos un sistema de Estado que mantiene una marcada y muy grave disociación entre las políticas de Estado, los problemas ambientales, y los derechos de los pueblos y de los ciudadanos.

Fuentes y notas

Fernández Vega, Carlos. México SA, en periódico La Jornada 24/01/11 y 8/03/11.
Furtado, Fabiana. 2012. Economía Verde. La nueva cara del capitalismo. Jubileo Sur/Américas, Río de Janeiro, Brasil.
Lohmann, Rarry. 2012. Mercados de Carbono. La neoliberación del clima. Ediciones Abya Yala, Universidad Politécnica Salesiana. Quito, Ecuador.
Vázquez García, Aquilino. “El Mercado de los Bonos de Carbono”. Perspectivas de Derecho Ambiental.

[1] Actualmente 195 países se encuentran adheridos a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

[2] Durante la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático realizada en Doha en el año 2012, 37 países desarrollados (potenciales clientes del mercado de bonos de carbono) firmaron una extensión del Protocolo de Kyoto. El acuerdo hecho fue mantener el Protocolo de Kyoto como medida transitoria hasta el año 2020.

[3] El Banco Mundial creo con este propósito el “Prototype Carbon Found-PCF”, fondo multinacional integrado por Canadá, Finlandia, Noruega, Suecia, Holanda y el Japan Bank for International Cooperation, más 17 empresas energéticas, financieras y comerciales más importantes de Japón y Europa y los principales bancos de los países industrializados.

[4] Este es uno de los aspectos incluidos en la actual propuesta de reforma energética planteada por el actual gobierno de Peña Nieto.

[5] En 1994 se realiza el estudio denominado “Estudio de la situación actual de la minihidráulica nacional y potencial en una región de los estados de Veracruz y Puebla”, que estudió 6 ríos (Bobos-Nautla, Actopan, la Antigua, Tuxpan, Cazones, Tecolutla) y sus 57 afluentes o ríos tributarios. En el 2003 se estudió la cuenca de los ríos Blanco, Jamapa y Pescados (Veracruz). En 2004 se estudiaron los dos afluentes del río Toto, los ríos Apatlahuaya y Moyotepec, en la Sierra de Zongolica Veracruz.