Campeche: Apicultures presentan amparo contra los transgénicos

Apicultores de Hopelchén presentan amparo por omisiones de las delegaciones de Sagarpa y Profepapara proteger el medioambiente de la región

Se han negado a investigar la siembra ilegal de soya transgénica en el estado de Campeche

El día de hoy, representantes de organizaciones de apicultores mayas de la entidad presentaron  una demanda de amparo en contra de la omisión de las delegaciones estatales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para realizar labores de inspección, monitoreo, vigilancia e implementación de medidas frente a la siembra ilegal de soya transgénica que se ha dado en el estado de Campeche. 

Es preciso recordar que en marzo y abril de 2014, el Juzgado Segundo de Distrito del Trigésimo Primer Circuito con sede en la ciudad de Campeche, Campeche, concedió dos amparos (753/2012 y 762/2012) a comunidades y asociaciones de apicultores mayas de Campeche en contra de un permiso otorgado a la empresa Monsanto por la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través de la SENASICA y  con aval de la  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para la siembra, en fase comercial, de 235 mil hectáreas de soya transgénica que afectaban 8 municipios del estado de Campeche.  La sentencia señaló, entre otras cosas, que se violó el derecho a la consulta del pueblo maya asentado en Campeche y dejó sin efectos el citado permiso.

No obstante entre agosto y septiembre del año pasado, los apicultores y ejidatarios del municipio de Hopelchén se percataron de que en grandes extensiones de tierra en el ejido de Ich-Ek, se estaba sembrando esa leguminosa genéticamente modificada, es decir se estaba violándolo lo establecido en la sentencias de amparo que dejaban sin efecto el permiso.

Ante estos hechos, el día 9 de octubre de 2014 los afectados presentaron una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, así como solicitud a Sagarpa y Senasica para que se inicie procedimiento administrativo en materia de bioseguridad de organismos genéticamente modificados.

En específico los apicultores solicitaron a las delegaciones de la PROFEPA y SAGARPA/Senasica que:

1.- Se realizaran las labores de inspección y vigilancia en la zona, a efecto de corroborar la siembra de soya genéticamente modificada, y prevenir o, en su caso, detener su siembra.

2.- Que dentro de las medidas específicas a tomar, se estableciera el aseguramiento precautorio de todo cultivo de soya genéticamente modificada que se haya sembrado en el estado de Campeche, aseguramiento que deberá contemplar la suspensión total de actividades económicas, agronómicas y de toda índole relacionadas con la siembra de soya genéticamente modificada, así como el impedimento de cosechar, movilizar, comercializar o aprovechar, en todo o en parte, el cultivo de soya OGM.

3.- Investigar y determinar las responsabilidades de empresarios y agricultores que han sembrado soya transgénica a pesar de no existir permiso vigente, así como la responsabilidad de funcionarios y ex funcionarios de las dependencias relacionadas con la bioseguridad, cuya negligencia permitió que la siembra de soya y posible  contaminación ocurriera, aplicando a los responsables  las sanciones respectivas en los términos establecidos en la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

Sin embargo a 7 meses de haber presentado las solicitudes, ninguna de las dos dependencias ha realizado ninguna investigación, ni mucho menos implementado medidas de verificación, vigilancia, monitoreo, ni sanción, omisiones que conllevan la violación al derecho que tienen los apicultores a contar con un recurso efectivo que les proteja frente a la afectación a su derecho a un medio ambiente sano y sus derechos culturales

La siembra ilegal de soya transgénica en la entidad se ha dado con total impunidad y frente a la mirada impasible de los delegados de la Profepa y Sagarpa, a pesar de la existencia de dos sentencias favorables y de que las y los apicultores han presentado sendos recursos ante ambas instancias. Lo anterior resulta alarmante pues se aproxima la temporada de siembra de soya, y existe el temor fundado de que nuevamente se sembrará la semilla transgénica dadas las condiciones de permisividad y la falta de acción de ambas instituciones.

Sobre el particular, es preciso insistir en que la siembra de soya transgénica afecta la práctica de la apicultura, actividad que representa el sustento de miles de familias, fundamentalmente mayas, de la península de Yucatán, pero también va ligada al incremento en el uso de plaguicidas, especialmente de glifosato, que acaba de ser catalogado como “posible cancerígeno” por la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud (OMS). En países como Argentina, Uruguay y Brasil está bien documentado el incremento en el uso de este plaguicida a partir de que se comenzó a sembrar soya transgénica, así como sus graves efectos sobre la salud de la población en las zonas agrícolas donde se aplica (malformaciones, cánceres, abortos, etc.).

El municipio de Hopelchén está experimentando un fuerte aumento en el uso de plaguicidas (incluso por medio de aplicaciones áreas), lo cual va de la mano con el establecimiento de cultivos bajo el modelo de agricultura industrial, como la soya transgénica. Esto representa un gran riesgo para la salud de la población maya chenera, el medioambiente de la región y para la sobrevivencia de su principal actividad económica, la apicultura.

Ante esta situación resulta preocupante que ninguna de las dos delegaciones de Profepa y Sagarpa haya ejecutado las facultades solicitadas por los apicultores, en una omisión que pareciera significar complicidad con quienes venden, comercian y siembran de manera ilegal la soya transgénica, es por ello que a partir del amparo presentado el día de hoy, se pretende que el poder judicial federal ordene a dichas dependencias que cumplan con su deber de proteger los derechos humanos de las comunidades afectadas por la siembra de soya transgénica, especialmente aquellos ligados al medioambiente, y la salud. Se requiere de la intervención decidida de las autoridades gubernamentales para evitar la desaparición de la apicultura en la región (como está sucediendo en otras latitudes del mundo, como E.U. donde recientemente se reportó la pérdida del 40% de su inventario apícola como consecuencia del uso de plaguicidas, las grandes extensiones de monocultivos y la deforestación).

Colectivo Apícola de los Chenes
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
Ma OGM Colectivo sin Transgénicos