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La política del nuevo Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas favorece el modelo extractivo minero: REMA

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería - A 13 de diciembre 2018

Foto: Adelfo Regino Montes, Director General del recién creado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)

Adelfo Regino Montes, originario del pueblo Mixe del estado de Oaxaca, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), fue Secretario de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Oaxaca y Secretario Técnico del Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca (2010-2016), asesor también de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México (2016-2017), y asesor de distintas asociaciones y grupos indígenas como: Autoridades Mixes del Estado de Oaxaca, Asamblea Mixe para el Desarrollo Sostenible y de Comuneros Ayuuk por la Agricultura Sostenible, Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas del Gobierno del Estado de Chihuahua, integrante de la Junta de Gobierno del Centro de Estudios Ayuuk-Universidad Indígena Intercultural Ayuuk (CEA-UIIA), del Consejo Directivo del Colegio Superior para la Educación Integral e Intercultural de Oaxaca, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, de la Red Mundial de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, además de ser asesor del EZLN en los momentos álgidos del levantamiento de estos en Chiapas.

La experiencia curricular del Lic. Adelfo, es notoria y sin duda creemos fue significativa a la hora de su designación al frente del recién creado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Instituto que, por cierto, está lejos de atender las reales necesidades de los pueblos originarios, toda vez que nuevamente queda por debajo y a expensas de lo que determinen las Secretarías de estado. Al margen de ello, no deja de sorprendernos que el Lic. Adelfo, no explote al máximo su experiencia curricular, y sin todavía dar a conocer públicamente un planteamiento serio al respecto de los pueblos originarios, ya empieza a mostrar la clásica visión del capitalista minero, al pretender mejorar el reparto del Fondo Minero y compensar los terribles daños que los pueblos originarios, campesinos y equiparables están viviendo a causa de la actividad extractiva minera.

Es lamentable sea de esa manera como arranque lo que parece será el proyecto político minero para los pueblos originarios. Señala la implementación de un censo que le orientará el cómo repartir de la mejor manera los recursos económicos del Fondo Minero el cual, por cierto, sólo ha servido para lavar el pago de impuestos de las empresas, ha servido para sustituir las labores del estado y ahora sean las empresas quienes invierten en obra pública en los pueblos, pueblos que por cierto son destruidos, al mismo tiempo que los daños son maquillados con obras de oropel. Ha servido también para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) se enriquezca de forma descarada y absurda, pero, sobre todo, ha servido para esconder la verdadera cara de la devastación que está detrás del mito de progreso y desarrollo minero.

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El Escaramujo 83: LA LEY GENERAL DE AGUAS (LGA) Y LOS DECRETOS DE LEVANTAMIENTO DE VEDA EN MÉXICO

Los "Escaramujos" son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

>> DESCARGAR EL ESCARAMUJO No. 83 EN PDF <<

Este artículo fue publicado originalmente en el informe "Política pública y derecho fundamental al agua en América Latina y el Caribe" por Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) del 10 de diciembre 2018 en que se expone la situación de 14 países de la región, gracias al apoyo de Fastenopfer.

Resumen Ejecutivo:

En México, 9 millones de habitantes no tienen acceso al servicio de agua entubada y en muy pocos lugares de la República el agua de la llave es potable (Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, 2016). El acceso a un agua de calidad es casi imposible tanto para las personas conectadas a los servicios de abastecimiento municipales que carecen de infraestructura de saneamiento, como para las personas y comunidades que disponen de sus propias redes o de pozos comunitarios, cuyas fuentes de agua están contaminadas en su gran mayoría con patógenos por la falta de drenaje o en muchos casos con sustancias tóxicas vertidas por la industria extractiva. Es tan alta la presencia de agentes infecciosos en el agua que se consume en el país, que las enfermedades gastrointestinales representan la quinta causa de muerte infantil en menores de 5 años.

La razón es simple: la prioridad del Estado mexicano es garantizar el acceso al agua para las actividades industriales, más no para el consumo humano y el uso doméstico. La industria minera tiene el derecho de extraer casi 437 millones de metros cúbicos de agua en un año, una cantidad suficiente para cubrir las necesidades humanas de toda la población de los estados de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit en el mismo periodo (Cartocrítica, 2016). Una sola planta de Coca-Cola puede usar 500 millones de litros de agua al año para producir refrescos y agua embotellada, lo que le permite vender su producto hasta un 30% más barato en comparación con la media nacional, como es el caso en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Lejos de querer combatir este desequilibrio, el Estado busca otorgar aún más agua a la industria extractiva a través de iniciativas legislativas y decretos que pretenden facilitar la adquisición de concesiones de agua a perpetuidad para las empresas.

Desde la sociedad civil, actualmente se promueve una Propuesta de Ley Ciudadana que ha sido elaborada en el 2012. Esta ley busca garantizar "el derecho de todos los seres humanos y el derecho colectivo de los pueblos indígenas y comunidades" a contar con agua, instalaciones sanitarias y servicios de saneamiento, de forma "suficiente, segura, aceptable culturalmente, accesible físicamente y asequible económicamente" (en su título primero), priorizando el uso del agua para el consumo personal y doméstico en lugar de un uso industrial. Además, esta propuesta prevé prohibir el uso de aguas nacionales tanto para la facturación hidráulica (o fracking en inglés) como la minería tóxica a cielo abierto (en su título tercero-capítulo IV-sección VII) (Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, 2014).

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[INFORME] Política pública y derecho fundamental al agua en América Latina y el Caribe

Informe de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) - Publicado el 10 de diciembre 2018

>> DESCARGAR EL INFORME EN PDF <<

INTRODUCCIÓN: Política pública y derecho fundamental al agua en América Latina y el Caribe

Durante los últimos años, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) ha construido reflexiones nacionales y en la región sobre el tema del agua, los riesgos de privatización, mercantilización y financiarización a la que se le expone, y también las luchas y estrategias de nuestros pueblos para enfrentar estas amenazas. En este sentido, y entre otros esfuerzos, en el 2016 se presentó el Informe: Estado del agua en América Latina y el Caribe, donde se caracterizó los crecientes conflictos en la región, que afectan la posibilidad de agua para los pueblos, producto de la destrucción de las fuentes hídricas y el despojo de los territorios. Adicionalmente, se compartieron diferentes propuestas sustentables desde las organizaciones y procesos sociales latinoamericanos para la defensa y protección del agua.

En esta línea de reflexión, y en aras de una mirada holística sobre la región, el presente documento -Política pública y derecho fundamental del agua en América Latina y el Caribe- entrega una serie de resúmenes de política -policy briefs- que exponen las razones fundamentales para adoptar alternativas de política pública en cada uno de los países participantes. Estas propuestas son el producto de un ejercicio realizado durante el último año (2017-2018) en 10 países: Argentina, Brasil, Chile,  Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y Uruguay. En cada uno de ellos se caracterizó de forma sucinta las formas en que se adelantan las políticas del agua en cada gobierno, y presentan las propuestas alternativas de política pública, la mayor parte de ellas lideradas por amplios escenarios de articulación popular, consideradas como condiciones necesarias para la defensa del agua y el reconocimiento del derecho fundamental.

Sería imposible comprender estos textos de política sin tener en cuenta la restauración conservadora del modelo neoliberal que se ha producido en aquellos países donde se habían logrado avances con relación al derecho humano al agua, al instalarse gobiernos de derecha y neoliberales; en dichos países la ofensiva privatizadora y mercantilizadora es brutal concretando retrocesos o generando amenazas de retrocesos en la materia. En particular, porque los gobiernos de derecha siguen profundizando una política orientada por agentes corporativos trasnacionales e instituciones financieras, perspectiva iniciada en los años 90ª, y promoviendo modelos de privatización, mercantilización y financiarización del agua.

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EJ Atlas: El mapa que sistematiza 2,638 conflictos ambientales en el mundo

El Atlas de Justicia Ambiental (Environmental Justice Atlas o EJAtlas en inglés) documenta y sistematiza los conflictos sociales que tienen que ver con problemáticas ambientales. En su versión más actualizada, el mapa sistematiza 2,638 conflictos en todo el mundo.

Presentación del proyecto:

"Alrededor del mundo, comunidades están luchando por defender su tierra, su aire, su agua, sus bosques y sus formas de vida frente a proyectos dañinos y actividades extractivas con altos costos sociales y ambientales: minas, represas, plantaciones de árboles, fracking, combustión de gas, incineradores, etc. A medida que los bienes naturales necesitados para alimentar nuestra economía se mueven a través de la cadena de producción desde la extracción, el procesamiento y la distribución, en cada etapa los impactos ambientales son sufridos por las poblaciones más marginalizadas. Muchas veces, eso ocurre lejos de los ojos de los ciudadanos o de los consumidores de los productos finales."

>> Consultar el Atlas <<

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