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Durango: Nuevo revés para el proyecto de planta de cianuro Chemours Laguna

Comunicado del Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio (Frente UPLDVT) - A 1 de septiembre 2018

Al Pueblo de la Comarca Lagunera,

En el Juicio sobre Nulidad 2476/17-EAR-01-11 en contra de la Resolución Administrativa contenida en el Oficio Nº SGPA/DGIRA/DG03273 de fecha 8 de mayo de 2017, dictada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la cual se autorizó, indebidamente, el Proyecto "Chemours Laguna", el pasado 3 de agosto del 2018, la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, resolvió, por UNANIMIDAD DE VOTOS de los Magistrados, confirmar la admisión de la demanda interpuesta por habitantes de la Localidad "El Siete Pueblo Nuevo" del Municipio de Gómez Palacio en el Estado de Durango.

Ocho meses después de que un grupo de ciudadanos de la Localidad "El Siete Pueblo Nuevo" acudieran ante el TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA a demandar la nulidad de la resolución administrativa que autorizó el Proyecto "Chemours Laguna", el 2 de mayo del 2018, la empresa "The Chemours Company", interpuso un recurso de reclamación en contra de la admisión de la demanda en el que argumentaba que los demandantes carecían de interés legítimo para combatir la autorización del proyecto.

Para sostener su argumento, la "Chemours Company" le dijo al TRIBUNAL que residir en la Ciudad de Gómez Palacio no es un elemento suficiente para acreditar que los demandantes tengan interés legítimo para demandar la nulidad de la autorización impugnada; la "Chemours Company"  también argumentó que es falso que el Proyecto "Chemours Laguna" se ubicará en "El Siete Pueblo Nuevo" y que no basta con habitar en una comunidad posiblemente afectada por el Proyecto "Chemours Laguna" para presentar una demanda sino que es necesario demostrar que el "proyecto" puede llegar a afectar el medio ambiente, por lo que solicita que se revoque la admisión de la demanda en contra del Proyecto "Chemours Laguna".

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Impunidad del Gobierno hondureño en el asesinato de Berta Cáceres

Comunicado del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4) - A 2 de septiembre 2018

El asesinato de Berta Cáceres es un ejemplo evidente de la persecución política, los ataques y estigmatizaciones a las que se someten los defensores-as del territorio y líderes-as sociales de las comunidades tanto como de la violación permanente de los Derechos Humanos de las poblaciones locales. Es un caso emblemático para toda la región latinoamericana que evidencia como estos crímenes se incrementan de manera sistemática producto de la impunidad y la captura corporativa que implementan las empresas frente a los estados nación.

Desde el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero (M4) manifestamos nuestra solidaridad con el COPINH, y nos sumamos al rechazo e indignación mundial por la impunidad que el Estado hondureño pretende generar con el asesinato de Berta Cáceres. Ratificamos que no vamos a permitir que este crimen quede en la impunidad y no aceptaremos el silencio cómplice de nuestros gobiernos frente a los cientos de víctimas que a diario se asesinan por el modelo extractivo que imponen las grandes corporaciones.

Nos permitimos informar a los movimientos sociales internacionales que entre el 17 de septiembre hasta el 19 de octubre se realizarán las audiencias del juicio oral y público en el proceso que se lleva en contra de 8 personas imputadas por el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres y la tentativa de asesinato contra el compañero Gustavo Castro. Estas audiencias no solamente deben juzgar los autores materiales del crimen, sino que tienen que investigar y clarificar los autores intelectuales y los eslabones claves, para que de esta manera se permita desentrañar la asociación ilícita que se construyó para atacar al COPINH y a Berta en su ardua lucha contra el modelo extractivo y de saqueo, específicamente contra la instalación del Proyecto Hidroeléctrico "Agua Zarca" de la empresa DESA, proyecto ilegítimo, inconsulto y actualmente rechazado por las comunidades Lencas afectadas.

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Informe sobre la jurisdicción agraria y los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos en México

Informe publicado por la Fundación por el Debido Proceso - Agosto 2018

Autores: Gabriela Torres Mazuera, Jorge Fernández Mendiburu, Claudia Gómez Godoy

>> DESCARGAR EL INFORME COMPLETO <<

INTRODUCCIÓN:

Este informe tiene por objetivo realizar un balance actualizado sobre el desempeño de la Procuraduría Agraria (PA), Registro Agrario Nacional (RAN) y Tribunales Unitarios Agrarios (TUAS) a la luz de los estándares internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas (DHPI) y en relación al proceso de despojo de tierra que experimentan hoy en día ejidos y comunidades en regiones indígenas de México.

Nos interesa plantear recomendaciones y destacar la importancia de concebir a los ejidos y comunidades en términos de patrimonio colectivo, fundamental para la reproducción sociocultural de los pueblos indígenas y campesinos del país. Esto es, nos interesa destacar la función de los ejidos y comunidades no solo para la producción de alimentos sino como lugares de residencia y sustento de las poblaciones indígenas y campesinas, así como espacios de reproducción cultural, identitaria y de organización político-administrativa, lo cual conlleva necesariamente a extender la noción restrictiva de tierra hacia la de territorio.

El argumento central del presente informe es que la legislación agraria en México, aunque ha tenido un importante desarrollo para regular la propiedad social de la tierra constituida por ejidos y comunidades, no ha garantizado una protección cabal de la propiedad indígena -entendida como territorio colectivo-. Hasta la fecha no existen mecanismos legales bien establecidos con un enfoque intercultural para la protección y defensa del territorio indígena en México. A ello se suma que tampoco existe una institución gubernamental que en la práctica esté protegiendo la dimensión social de la propiedad ejidal y de bienes comunales en territorios indígenas, ni que ofrezca asesoría dirigida a fortalecer la dimensión colectiva de la propiedad, menos aún que respete la libre determinación de los pueblos indígenas sobre su territorio.

Aunque existen instancias gubernamentales encargadas de la defensa de los derechos agrarios e indígenas, que por disposición legal deberían salvaguardar la integridad de las tierras de los pueblos indígenas, como es el caso de la Procuraduría Agraria, los Tribunales Agrarios y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en los hechos se alejan de su misión favoreciendo intereses privados. Como mostraremos en este informe con algunos casos documentados, estas instituciones han facilitado la privatización y mercantilización de las tierras ejidales de uso común y las tierras de comunidades.

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Zacatecas: Los engaños del gobierno en torno a la presa Milpillas

Comunicado del Observatorio de Conflictos Mineros De Zacatecas (OCMZac), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) - A 28 de agosto de 2018

Análisis crítico del Estudio de Factibilidad de la Presa Milpillas en el municipio de Jiménez del Teúl y línea de conducción para el abastecimiento de agua potable al corredor Zacatecas-Fresnillo, publicado en mayo 2015

Antes de iniciar surgen varios cuestionamientos:

¿Por qué si desde el año 2015 se publicó un Estudio de Factibilidad de más de 500 páginas, hasta ahora el Gobierno del Estado de Zacatecas busca "dialogar" con las y los ejidatarios? Además, dicho estudio tuvo un costo de más de 16 millones de pesos, y aun así le falta información básica y se basa en una suposición no comprobada y errónea, a saber, que la presa Milpillas permitirá frenar el abatimiento de los acuíferos de la región centro de Zacatecas.

Por otro lado, ¿por qué el Gobierno Estatal falsificó el Acta ejidal inscrita en el Registro Agrario Nacional (RAN) con fecha del 19 de abril del 2018? Esta acta tiene como asunto: Someter a consideración de la Asamblea la anuencia para que la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) realice trámites ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y/o cualesquier otra autoridad de carácter federal, estatal o municipal, el cambio de uso de suelo respecto a aproximadamente 11 ha de tierras ejidales. E incluso la Delegación de la Procuraduría Agraria en Zacatecas, el ombudsman de los campesinos encargado de asesorar y orientar a los sujetos agrarios y garante de la legalidad, solapa y se presta a este tipo de actos, incurriendo en delitos penados por las leyes mexicanas. Son muchos los atropellos y engaños que se han presentado en esta promesa de progreso y desarrollo.

El Estudio de Factibilidad enuncia cuatro áreas amenazadas y dedica centenares de páginas a describir y justificar los impactos de la presa y el acueducto sobre la fauna y flora en los ocho municipios afectados. Estos impactos no son despreciables. Por otra parte, falta información básica, por ejemplo: sobre la altura y anchura de la cortina, sobre el caudal del río Milpillas durante las diferentes temporadas, y sobre los impactos hidrológicos y sociales aguas abajo de la presa. De esta manera, el Estudio de Factibilidad no analiza algunos de los impactos socioambientales más importantes del proyecto. Estos tienen que ver con la extracción de docenas de millones de metros cúbicos de agua de una cuenca que ya sufre estrés hídrico, para transportarla a otras cuencas entre Fresnillo y la Zona Conurbada Zacatecas Guadalupe (ZCZG), donde el manejo del agua se caracteriza por la falta de contabilidad, ineficiencia, pérdidas y desigualdad. El Estudio afirma que la presa Milpillas aliviará la presión sobre los acuíferos en el corredor Fresnillo-ZCZG, pero no presentan los cálculos para respaldar esta afirmación. Resulta ser una falacia.

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