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Pronunciamiento ante el secuestro y asesinato de líderes comunitarios de Santa María Xalapán, Guatemala

Pronunciamiento ante el secuestro y asesinato de líderes comunitarios de Santa María Xalapán

JalapaAnte el secuestro de cuatro líderes comunitarios de Santa María Xalapán, Jalapa y el asesinato de dos de ellos las organizaciones miembros de la Marcha Indígena Campesina y Popular exigimos al Ministerio Público y al Ministerio de Gobernación que se investigue a profundidad este lamentable hecho y que se castigue a los responsables.

A la opinión pública nacional e internacional alertamos que en Guatemala existe un grupo del crimen organizado pagado por empresarios y finqueros que está cometiendo asesinatos sistemáticos en contra de líderes indígenas y campesinos y que el Estado ha cometido OMISIÓN de las denuncias presentadas.

Además funcionarios como el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, desde meses atrás ha criminalizado la lucha por la Madre Tierra de los habitantes de Santa María Xalapán y la oposición a la explotación minera que mantienen en su territorio.

Recalcamos que la OMISION de las denuncias y la CRIMINALIZACIÓN que funcionarios hacen en contra de líderes y lideresas comunitarias y dirigentes de organizaciones indígenas y campesinas hace responsable al gobierno de estos asesinatos.

Hacemos un llamado a todas las organizaciones indígenas y campesina y demás movimientos populares y de derechos humanos a unificar esfuerzos para denunciar ante los entes internacionales estos lamentables hechos que buscan regresar al pasado a nuestra Guatemala.

A mayor represión…mayor organización…

Organizaciones miembros de la Marcha Indígena Campesina y Popular, Defensores de Derechos Humanos y organizaciones que defienden nuestro medio ambiente.

Guatemala, 18 de marzo de 2013

Unidad de Investigación e Incidencia
Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad "CEIBA"
Sitio Web: www.ceibaguate.org

Las minas y el despojo llevan a la lista de Forbes a los millonarios mexicanos

Las minas y el despojo llevan a la lista de Forbes a los millonarios mexicanos

Los tres hombres más ricos de México basan su fortuna principalmente en la explotación minera, facilitada por leyes permisivas sin par en el continente, y dejando a su paso destrucción ambiental y comunitaria.
Adazahira Chávez, desinformemonos.org

forbesMéxico. La riqueza de los empresarios mexicanos que encabezan la lista de millonarios de la revista Forbes está cimentada “en el despojo de los bienes de la nación”, resume Francisco López Bárcenas, autor del libro “El mineral o la vida”, sobre la legislación minera en México.

Los tres primeros lugares de la lista de México (Carlos Slim, Alberto Baillères y Germán Larrea) tienen empresas mineras. El artículo 27 actual señala que  se pueden concesionar los recursos naturales “pero siempre debe ser, primero, para distribuir la riqueza nacional -y no para tres gentes-; para el desarrollo de los mexicanos y para conservarlos”, precisa López Bárcenas, que agrega que en el caso de la minería no se cumple ninguno de estos supuestos. Además, explica, se afecta el derecho al agua y la alimentación de los mexicanos por el carácter preferente del que goza esta actividad industrial.

Empresarios mexicanos: explotación y especulación

Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 y 1994, desincorporó las concesiones que tenía el Estado y las entregó a grupos mineros mexicanos, principalmente a Grupo México (de Larrea), Grupo Peñoles (de Bailleres) y Grupo Frisco (de Slim, el hombre más rico del mundo) para asegurarse de que controlaran gran parte de la minería, aún antes de que hiciera la reforma al artículo 27 de la Constitución y se publicara la nueva ley minera.

“Cuando se modifica la ley de inversión extranjera, que permite cien por ciento de capital extranjero en las minas, ya los empresarios mexicanos tienen asegurada su parte”, señala López Bárcenas. Después de la entrega de las concesiones vino la Ley Minera, que unificó los permisos para explorar y explotar y permitió que los periodos de concesión fueran prácticamente de cien años. Eso, apunta López Bárcenas, abrió paso a la especulación.

“Casi todos los proyectos, dicho por los propios mineros, se llevan máximo 15 años. ¿Para qué quieren cien? Porque entre más tiempo tengan, su precio es más alto en la bolsa de valores; el negocio no es sólo explotar el mineral, es especular con el patrimonio nacional”, enfatiza el abogado mixteco. La Ley Minera también permite que las concesiones se unan, con lo que adquieren mayor valor en la bolsa.

Ante la idea de que la mayoría de las mineras en México son canadienses, López Bárcenas responde que esto no es totalmente verídico. Explica que en la bolsa de valores de Vancouver se concentran todos los proyectos de minería. “Puede ser un capital mexicano o estadunidense que se va a Vancouver, se domicilia ahí para entrar a la economía especulativa y de ahí se viene a México, pero ya como capital canadiense”, precisa.

La producción de metales en México se disparó en 2010; para 2011, su valor superó los 20 mil millones de dólares y llegó al tercer lugar entre los sectores productivos de México, según datos de la Cámara Minera de México (Camimex).

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Otro factor que abona al fácil enriquecimiento para los empresarios mineros es que solamente “pagan por hectárea de superficie concesionada entre cinco y 111 pesos semestralmente, sin importar ni el tipo de mineral ni la cantidad que obtengan”, informa el abogado e historiador.  México es “el único país en América Latina en que los empresarios no pagan impuestos por la obtención y la exportación del mineral”, agrega. Colombia, aún con una ley minera muy parecida, cobra el 30 por ciento del valor del mineral extraído.

Una comparación que ilumina es el caso de la paraestatal Petróleos Mexicanos. “El petróleo también es un mineral, que el Estado se ha reservado para explotarlo él solo. Si uno ve la cantidad de impuestos que paga, no hay un punto de comparación con lo que pagan los otros minerales”, indica López Bárcenas. México es ya el primer productor de plata a nivel mundial y el décimo de oro, según datos de la Camimex, pero mientras gran parte de la recaudación del Estado mexicano viene del petróleo, de los otros minerales “no viene ni un centavo”, acusa López Bárcenas.

 “Facilidades”,

Revolution Resources –la empresa acusada de hacer trabajos ilegales de explotación en el territorio sagrado de Wirikuta-, en la sección “¿Por qué México?” de su página de internet, indica que además de las leyes pro-mineras, este país es el más estable políticamente en América Latina.

Durante el gobierno de Salinas, el Banco de Comercio Exterior y el gobierno de Canadá realizaron talleres sobre las posibilidades de inversión en América Latina, recuerda López Bárcenas. Llegaron a la conclusión de que además de las leyes permisivas en México, el gobierno tenía la disposición de cambiar los requisitos mínimos que había en algunas disposiciones legales y no había organizaciones no gubernamentales que pelearan por el medio ambiente.

Francisco López Bárcenas agrega a las condiciones que posibilitan la gran explotación el asesinato de opositores a las minas: “En (el caso de) Minera San Xavier, un presidente municipal se opuso a otorgar el cambio de uso de suelo y lo asesinaron; en Chicomuselo, Chiapas, mataron a Mariano Abarca; en San José del Progreso, Oaxaca, mataron a Bernardo Vázquez”. El asesinato de Ismael Solorio y Manuelita Solís, en el año 2012 en Chihuahua, también podría estar relacionado porque luchaban contra las perforaciones ilegales que realizaba la Compañía de Servicios Mineros Cascabel, filial de la minera canadiense Magsilver.

Daños y resistencias

mineríaEn octubre de 2012, Humberto Gutiérrez, presidente de la Camimex, declaró que en México hay oro y plata para explotar otros 500 años. El oro extraído en la década que va de 2000 a 2010 (419 mil 097 kilogramos) duplica fácilmente a la cantidad extraída durante 300 años de Colonia española (191 mil 825 kilogramos).

Para López Bárcenas, la preocupación no es que se acabe el mineral sino el tipo de explotación que se hace. “Todo es a cielo abierto, y para explotar 500 años más tendrían que poner el país al revés, y a ver a dónde nos vamos cuando estén devastando el territorio”, declara.

Muchas comunidades que rentan sus tierras no saben el daño que se les causará con la actividad minera, que prácticamente destruye todo porque el mineral no está en veta y se tiene que revolver toda la superficie terrestre.

La ley agraria, que debería ser de protección social, permite que la renta de ejidos sea de 30 años prorrogables, “la vida de toda una generación”, apunta López Bárcenas, amén de que el pago es muy bajo. Lo que no dice la minera es que cuando devuelvan la tierra rentada, no va a servir para nada.

En Mezcala, por ejemplo, debido a las protestas se aumentó considerablemente la renta pagada por las tierras, pero el problema “es que la gente emigró porque ya no tenía que hacer”, se acabó el dinero, y al cabo de unos años el pueblo se destruyó completamente. Más que migración, señala el abogado, se trata de desplazamiento forzado.

Otro de los costos es la afectación al derecho a la alimentación. Para que el Estado lo garantice, “sembrar debería ser una actividad preferente; sin embargo, la Ley Minera dice que esa actividad es la preferente y se puede parar todo para hacer minería”.

También se afecta el derecho al agua. En el norte del país hay protestas de campesinos porque la Comisión Nacional del Agua sí se las regula a ellos pero a la minería no. “Hay que modificar ese esquema”, concluye López Bárcenas.

A diferencia de lo que las mineras veían a finales de la década de los ochenta, la protesta social aumentó considerablemente, señala Francisco. Estas resistencias se activaron en los últimos dos años; en primer lugar, las protestas se originaron por la destrucción ambiental; luego, por la baja renta que pagan las empresas por las tierras (mil pesos por hectárea) y más recientemente, los pueblos indígenas piden ya la cancelación de concesiones argumentando la violación a su derecho a la consulta.

Uno de los frentes de protesta “es el legal, demandar que se cumplan los mínimos derechos, que se anulen los contratos de arrendamiento, que se cancelen las concesiones porque no se respetó el derecho a la consulta”; el otro frente es “la organización social, con dos grandes tendencias: la Red Mexicana contra la Minería y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, además de los frentes a nivel regional”; un tercero es la denuncia pública que hacen los afectados, cada uno según su capacidad, analiza el experto.

Posibilidades de reforma

El abogado López Bárcenas señala que para hacer un poco aceptable esta actividad, se le debería quitar el carácter de preferente, las concesiones se deberían reducir a solamente el tiempo que necesite un proyecto, las empresas deberían pagar el agua que utilizan y la renta de la tierra sólo debería hacerse por un valor superior a la actividad que existiera ahí anteriormente.

Sin embargo, señala, eso no es lo principal. “Los pueblos lo que quieren es seguir siendo pueblos y defender su derecho al territorio”, finaliza.

Publicado el 18 de marzo de 2013

Acción de MAPDER Chiapas el 14 de marzo Día Internacional de Acción contra las Represas

Acción de MAPDER Chiapas el 14 de marzo Día Internacional de Acción contra las Represas

En el marco del Día Internacional de Acción contra las represas aquí en San Cristobal de las Casas, Chiapas emitimos algunos mensajes solidarios contra proyectos hidroeléctricos en diferentes lugares. Compartimos el boletín del MAPDER Chiapas y algunas fotos.
mapder

BOLETÍN DE PRENSA 14 de marzo del 2013

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
A los medios de comunicación nacionales e internacionales:

Este 14 de marzo, Día Internacional de Acción contra las Represas, por los Ríos, el Agua y la Vida, salimos nuevamente a la Plaza de la Resistencia en San Cristóbal de las Casas, para expresar nuestra inconformidad a los proyectos de presas hidroeléctricas en el estado de Chiapas y en todo el país. Queremos denunciar que bajo la imagen del desarrollismo se afectan a las comunidades y la naturaleza, mientras que las grandes ganancias son para unos cuantos, que, en el caso de nuestro estado, ni siquiera conocemos los Manifiestos de Impacto Ambiental ni las características de los proyectos o los nombres de las compañías privadas que han solicitado permisos. Sobre todo, no se ha consultado de manera libre, previa e informada a las comunidades que serían afectadas por tales proyectos y si se presentan es sólo para entregar información amañada, favorable a la aprobación de los pueblos mal informados.

Se dice que estos proyectos beneficiarán económicamente a las comunidades que acepten pero no se habla que las grandes represas que han sido construidas sobre la cuenca del Río Grande de Chiapas, también llamado Grijalva, a costa del impacto negativo en la vida y cultura de las comunidades desalojadas, que no han recibido hasta el día de hoy el “progreso” que les ofreció el gobierno mexicano y la Comisión Federal de Electricidad ni el pago de la compra de sus terrenos a precios justos o una reubicación digna que incluía escuelas, clínicas, caminos, electricidad, entre otros. Más aún, mienten al decirnos que las represas no contaminan. Si fuera ese el caso, preguntamos ¿Por qué se habla de la contaminación por metano, que es un gas de efecto invernadero más potente que el carbono, en las represas? ¿Por qué no quieren aceptar que los peces dejan de existir en los embalses de estas construcciones? ¿Por qué no nos hablan de las aguas contaminadas que se acumulan en los embalses ni de la difusión de enfermedades como el dengue propagadas por estos?

Nosotras y nosotros hemos encontrado con la ayuda de académicos y organizaciones solidarias que las represas se construyen sólo por codicia y no por necesidad. Sabemos que las represas en El Río Grande no trabajan a toda su capacidad para poder beneficiar a las empresas privadas que venden electricidad a la CFE. Sabemos que muchas represas nunca se van a llenar porque las zonas donde se piensan construir dejan filtrar el agua, pero al final, las compañías constructoras se quedan con ganancias de cientos de millones de dólares, a costa de los contribuyentes, de las comunidades y la vida.

Nos solidarizamos con todas las luchas en contra de las represas a nivel nacional, especialmente con los pueblos de Temacapulín, Acásico y Palmarejo, en el estado de Jalisco, por la falta de justicia en México, ejemplificado por la decisión de la Suprema Corte de rechazar una controversia constitucional que salvaría a dichos pueblos de ser inundados. También nos solidarizamos con las demás luchas en el plano internacional y hacemos un llamado a todos los pueblos y ciudadanos para sumarse a esta exigencia, que es a favor de los ríos, el agua y la vida.

Exigimos al gobierno la cancelación de todos los proyectos de represas en nuestro estado, resarcimiento a las comunidades desplazadas y respeto a las decisiones de quienes se oponen al despojo y destrucción.

Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos Chiapas
¡Ríos sin Presas, Pueblos Vivos!
¡Aguas para la Vida, No para la Muerte!

COMUNICADO DE LA ORGANIZACIÓN CIVIL LAS ABEJAS DE ACTEAL

!Los ríos, el Agua y la Vida no se venden, se Defienden!


FOTOS 14 de marzo 2013 (click para ampliar):

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La REMA exige justicia a un año del asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez

A UN AÑO DEL ASESINATO DE BERNARDO VÁSQUEZ SÁNCHEZ,

REMA EXIGE JUSTICIA PARA SAN JOSÉ DEL PROGRESO, OAXACA. MÉXICO.

El 15 de Marzo de 2012 es una fecha dolorosa para las comunidades y movimientos que se encuentran defendiendo sus derechos colectivos en México, este día fue asesinado Bernardo Vásquez Sánchez por un grupo de personas presuntamente contratadas por las autoridades municipales de San José del Progreso, Oaxaca, México, que a su vez están fuertemente ligadas a los intereses de la empresa minera Fortuna Silver Mines. Bernardo fue un defensor que priorizó los intereses colectivos y el bien común de su región; en diferentes espacios manifestó su preocupación por la contaminación del agua y el suelo, el rompimiento del tejido social comunitario, y un sinnúmero de agresiones cometidas por la compañía minera desde 2006, por lo cual fue nombrado por su asamblea como portavoz de su comunidad a nivel estatal, nacional e internacional.

Durante 2010 y 2011 Bernardo y miembros de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) recibieron amenazas de muerte, por lo
que interpusieron 20 demandas de las cuales ninguna procedió, la respuesta de las autoridades estatales fue indiferente, prefirieron guardar silencio.

Después de un año de su asesinato, en la comunidad continúan las violaciones a los derechos colectivos por parte de la empresa minera, sin que exista hasta la fecha ningún canal institucional para la resolución del conflicto. Esta fecha nos recuerda el nivel de impunidad con el cual las empresas mineras están operando y la complicidad de los gobiernos municipales, estatales y federales en la implementación de dichos proyectos.
En México la defensa del territorio se convierte en una cuestión de vida o muerte, el asesinato de Bernardo es un ejemplo, sin embargo en los últimos 4 años han sido asesinados los defensores y defensoras: Betty Cariño, Mariano Abarca, Bernardo Méndez, Ismael Solorio, Manuela Solis, entre otros.

En este sentido, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) se solidariza con la CPUVO y se suma a la exigencia de justicia para la comunidad de San José del Progreso, que en palabras de la CPUVO consiste en los siguientes puntos:
1. La cancelación del proyecto minero “San José” y la salida inmediata de la empresa minera Cuzcatlán, Filial de la canadiense Fortuna Silver Mines de la comunidad de San José del Progreso, asimismo exigimos la reparación de los daños sociales, ambientales y culturales ocasionados por las operaciones de la misma.
2. Se inicie un procedimiento urgente que propicie la reconciliación entre los habitantes de San José del Progreso y la reconstrucción del tejido
comunitario.
3. Se proporcionen las condiciones para la generación de un proceso trasparente y democrático de elecciones de autoridades municipales
garantizando que la empresa no se involucre en dichos procedimientos.
4. Justicia para los asesinatos de Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez, asesinados en el primer trimestre de 2012 por sus actividades de defensa contra la empresa minera Fortuna Silver Mines, en San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca.
RED MEXICANA DE AFECTADOS POR LA MINERÍA -REMA

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