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El Carrizalillo: oro por cuentas de vidrio

El Carrizalillo: oro por cuentas de vidrio

Marlén Castro y Rogelio Agustín. Revista Proceso.
carrizalillo
A la comunidad guerrerense de El Carrizalillo le cayó la maldición del oro en la figura de la megaempresa Goldcorp, que practica un tipo de minería, la superficial, devastadora para el medio ambiente y para la salud. Desde 2007 renta miles de hectáreas a los carrizalillenses para explotar el yacimiento de oro Los Filos-El Bermejal. Los comuneros saben que sus predios quedarán inservibles y proliferarán las enfermedades –la mayoría letales– entre su población, pero cierran los ojos y se conforman con la bicoca que cada año les entrega la trasnacional. El reportaje que aquí se publica sobre la tragedia de El Carrizalillo es el tercero y último de la serie de trabajos ganadores del Premio Internacional de Periodismo, convocado por Proceso con motivo de su 35 aniversario.

CHILPANCINGO, GRO.- Dejó de comer. Sólo quería dormir. A Sofía Figueroa Peña, exafanadora del consorcio minero Goldcorp, lo poco que le quedaba de vida se le agotó en dos días de vómitos y convulsiones. Alrededor de las 22:00 horas del 4 de diciembre de 2010 murió en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Acapulco.

Apenas tenía 35 años.

“Como por el 20 de noviembre me di cuenta de que se le quitó el apetito… seguramente fue desde antes pero hasta esa fecha yo no lo supe porque ese día tuvo descanso y la vi; casi nunca la veía, siempre estaba trabajando. La vi mal y le dije: ‘Atiéndete, hija’, pero ella me dijo que estaba cansada, que lo que tenía se le quitaba durmiendo. Todos los días llegaba a dormirse”, dice doña Esther, mamá de Sofía.

Esther Peña Barrios se limpia las lágrimas con la mano; luego uno de los muchos nietos huérfanos que hay en su casa en el ejido de Carrizalillo, del municipio guerrerense Eduardo Neri, le alcanza el chal que al parecer es su paño.

“Me siento culpable porque no es posible que no me haya dado cuenta, que nadie de los que vivimos aquí nos hayamos dado cuenta de lo mal que estaba mi hija, de que ya no comía nada. Pero cómo lo íbamos a saber si ni la veíamos. Llegaba como a las ocho de la noche y ni nos venía a ver, llegaba a dormirse y así hasta el otro día, que se iba a trabajar”, cuenta doña Esther.

(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1838, ya en circulación)

La ONU advierte sobre el modelo extractivo, agrotóxicos y la violencia en Argentina

La ONU advierte sobre el modelo extractivo, agrotóxicos y la violencia en Argentina

Por Darío Aranda. Página 12
En un informe anual, un comité de las Naciones Unidas advirtió al Estado argentino por los desmontes, agrotóxicos, soja transgénica, minería a cielo abierto y violencia contra los indígenas.

ArgentinaDesmontes, agrotóxicos, soja transgénica y minería a cielo abierto. Desalojos, violencia y vulneración de derechos indígenas. Son parte de las críticas que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas (ONU) realizó al Estado argentino en su último informe, donde además hizo especial hincapié en el incumplimiento de la legislación que protege a los pueblos originarios y sus territorios. “El Comité está preocupado sobre las persistentes amenazas, los desplazamientos y los desalojos violentos de pueblos indígenas de sus tierras tradicionales en numerosas provincias”, denuncia el Comité de la ONU.

“El aumento de los desmontes ha forzado a los pueblos indígenas a dejar sus territorios (...). El comité está preocupado sobre casos en los cuales el creciente empleo de pesticidas químicos y siembra de soja transgénica en regiones habitadas o utilizadas por comunidades indígenas han afectado negativamente a estas comunidades”, sostiene el informe y explicita que el modelo agropecuario atenta contra la agricultura indígena. “Es un importante obstáculo para el acceso a una alimentación segura, adecuada y accesible.”

El Comité DESC es el órgano de expertos que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Evalúa los informes presentados y comunica recomendaciones para que los estados cumplan el Pacto Internacional. Con el título “Observaciones finales”, el documento de ocho carillas fue presentado el 2 de diciembre en Suiza.

“El comité está preocupado por los casos en los cuales las fuerzas de seguridad y agentes públicos o privados han recurrido a represalias y al empleo desproporcionado de la fuerza contra personas que participan en la defensa de los DESC, en particular en el contexto de discusiones sobre la tierra”, denuncia.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) presentaron en noviembre, junto a una decena de organizaciones, un relevamiento de la situación al Comité. Es muy contundente la clara vinculación que establece entre industrias extractivas y la violencia hacia comunidades”, resaltó Diego Morales, director del área de Derechos Sociales del CELS. “Es importante que Naciones Unidas se haga eco de lo que enfrentan indígenas en Argentina y también hay que destacar que llama a que el Estado tome medidas para revertir la vulneración de derechos”, subrayó.

El Comité de la ONU denunció que en Argentina se registra la “violación de la Constitución y del Convenio 169 de la OIT”. Explicitó su “preocupación” porque la Ley Nacional 26.160 (suspende desalojos y ordena el relevamiento catastral) no se aplica “plenamente”. “El Comité insta al Estado a que garantice la aplicación plena y coordinada de la ley.”

Por fuera de la situación rural, el informe rescató como hechos positivos la sanción de las leyes nacionales de Migración, de Educación Nacional, de Glaciares, de Salud Mental y de Matrimonio Igualitario.

“El comité está particularmente preocupado por la explotación de litio en las Salinas Grandes (Salta y Jujuy) y por las consecuencias sobre el medio ambiente, sobre el acceso al agua y sobre el modo de vida y subsistencia de las comunidades indígenas”, advierte en el punto IX. En el lugar viven y trabajan 33 comunidades kolla y atacama que rechazan la instalación de empresas mineras.

Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN), evaluó que el Comité DESC “saca a la luz lo que los pueblos indígenas venimos advirtiendo desde hace décadas, las consecuencias irreparables que genera una matriz económica basada en la explotación sin control de la naturaleza”. Nahuel afirmó que “hay declarados enemigos” de los derechos culturales y territoriales indígenas: “Los gobernadores de San Juan, Formosa, Jujuy, Río Negro, Neuquén, Salta y Santiago del Estero, por citar algunos, son portavoces de las empresas que avasallan nuestros territorios. Debemos avanzar en frentes comunes para la defensa de la madre naturaleza y de nuestra vida”.

Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), dio la bienvenida al informe DESC pero explicó que la ONU “luego de más de 50 años hablando en códigos mercantiles empieza a aceptar lo que los movimientos le venimos marcando, que si se quiere luchar contra el hambre hay que fortalecer la agricultura campesina, y que la agricultura industrial y el extractivismo no sirven porque, además del aspecto ambiental, jamás serán inclusivas porque su naturaleza es de acumulación y concentración”.

El MNCI mantiene diálogo con sectores críticos al Gobierno y, luego del asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, compartió opiniones con espacios oficialistas (Movimiento Evita, Nuevo Encuentro, Frente Transversal, La Cámpora). El lunes pasado emitió un comunicado en línea con el informe DESC, en el que cuestionó que el proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos siga cajoneado en el Congreso e interpeló: “Votar la ley antiterrorista, permitir que el agronegocio y sus cómplices se muevan impunemente y abandonar a los campesinos a su suerte, no tiene nada que ver con los derechos humanos ni con un modelo nacional y popular”.

Sociedad civil busca salvar la cumbre Río+20

Sociedad civil busca salvar la cumbre Río+20

Por Mario Osava
rio+20RÍO DE JANEIRO, ene (Tierramérica) - Una amplia movilización social, con expresiones callejeras y actividades paralelas, es el único factor que puede evitar una nueva frustración en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), advierten activistas y analistas.

Parece inevitable la repetición del fracaso que pautó las últimas citas anuales en las que se negoció un acuerdo mundial para mitigar el cambio climático, dijo a Tierramérica el director general del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (Ibase), Cândido Grzybowski, uno de los fundadores del Foro Social Mundial, el mayor encuentro mundial de la sociedad civil.

Grzybowski fundamentó su postura negativa en la crisis económico-financiera del mundo rico, en que este es un año de muchas elecciones, incluso en Francia y Estados Unidos, lo cual aleja a los gobernantes influyentes de los compromisos internacionales, y al débil poder de convocatoria de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en especial en cuestiones ambientales.

Solo una fuerte presión de la sociedad civil, como "una expresión unitaria" en los eventos paralelos de Río+20, podrá "arrancar compromisos más claros" de los gobiernos contra los desequilibrios globales, que empiezan por la "hegemonía financiera", acotó. El Foro Social Temático, que reunirá del 24 al 29 de este mes a representantes de movimientos y organizaciones sociales en la meridional ciudad brasileña de Porto Alegre, preparará la participación de sus activistas en la conferencia mundial climática que tendrá lugar del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro.

La cita de Porto Alegre es uno de los muchos encuentros locales o sobre temas específicos que tienen lugar en los años pares, vinculados al Foro Social Mundial (FSM), que ahora tiene su edición global cada dos años.

Pero los referentes del FSM "perdieron fuerza" y no lograrían convocar una marcha tan masiva como la que se necesita para hacer que Río+20 no sea solo "un megaencuentro declarativo" y tenga "un impacto importante en Brasil" en términos de conciencia ambiental, opinó Eduardo Viola, profesor de la Universidad de Brasilia que analiza las consecuencias del cambio climático en las relaciones internacionales.

Juntar "un millón de manifestantes en las calles", una hazaña "poco probable pero no imposible", renovaría los efectos de la Cumbre de la Tierra de 1992 (Río 92), la primera reunión que hizo que la sociedad brasileña tuviera un alto nivel de adhesión a los asuntos ambientales, dijo Viola a Tierramérica.

Este catedrático descartó que la cumbre de Río vaya a tener un impacto mundial relevante. Será una conferencia "reiterativa", de objetivos "difusos", en un momento de "gigantescos impases internacionales", apuntó.

Pero los actos populares no deben limitarse a Río de Janeiro. El Foro Brasileño de ONG (organizaciones no gubernamentales) y Movimientos Sociales para el Medio Ambiente y el Desarrollo (FBOMS) piensa impulsar manifestaciones en muchas otras ciudades del mundo, utilizando para ello Internet y las redes sociales.

"Río tiene un significado global" y ya se acumuló experiencia exitosa en movilizaciones vía redes sociales, sostuvo Rubens Born, del FBOMS.

El Foro Social Temático de Porto Alegre ayudará a articular esas iniciativas, con la presencia de representantes de movimientos civiles como los indignados de España y los Ocupa estadounidenses, acotó a Tierramérica.

La presencia de la sociedad civil en Río+20 debe beneficiarse de las facilidades que el gobierno brasileño pretende ofrecer, interesado en contar por lo menos con una fuerte participación popular ante la probable ausencia de jefes de gobierno y de Estado en las actividades oficiales de la conferencia.

La Cumbre de los Pueblos, como se denomina el encuentro paralelo que se realizará del 15 al 23 de junio, convocará al triple de participantes de la conferencia intergubernamental, estiman observadores. La consigna es "Justicia social y ambiental", la misma del Foro Social Temático de este mes.

"Proponer una nueva forma de vivir, en solidaridad, contra la mercantilización de la naturaleza y en defensa de los bienes comunes" es el objetivo, según el Comité Facilitador de la Sociedad Civil Brasileña para Río+20, que organiza ese gran encuentro.

El encuentro, que tendrá como foro central una Asamblea Permanente de los Pueblos, busca "reinventar el mundo" como convergencia de diversificadas luchas contra el capitalismo, la división de clases, el racismo, el ‘patriarcalismo’ y la homofobia. Por ello, considera "insatisfactoria" la agenda de la conferencia oficial, concentrada en la economía verde y en la institucionalidad global.

Pero ese discurso no es consensual. Born, fundador de Vitae Civilis, una organización no gubernamental activa en el tema climático, se queja de divisiones ideológicas con los que consideran "soluciones falsas" a las acciones ambientales que no contemplen primero el derrocamiento del capitalismo.

Grzybowski identifica enfoques divergentes entre los que priorizan la justicia ambiental o la social, ubicando a su organización Ibase entre los segundos.

Chico Whitaker, otro fundador del Foro Social Mundial y un radical defensor de sus principios igualitarios y participativos, se molesta con el nombre. "Cumbre de los Pueblos" mantiene la visión jerarquizada tradicional, negando la horizontalidad defendida desde sus inicios por el FSM, criticó.

Pero todos coinciden en rechazar el orden mundial actual, que es el "modelo industrial de gran producción" para Whitaker, que es el capitalismo para los miembros del Comité Facilitador, y que es la hegemonía financiera para Grzybowski, quien le suma "desórdenes" acumulados como transportar millones de toneladas de mineral de hierro brasileño a Asia y traerlos de vuelta en forma de acero.

Todos están de acuerdo también en criticar a la conferencia Río+20 oficial y a su "borrador cero", divulgado recientemente como punto de partida para el documento final, porque entienden que elude los verdaderos desafíos.

El formato de las grandes cumbres de la Organización de las Naciones Unidas "está agotado", sentenció Viola. Es imposible que más de 190 países que tienen "distintas percepciones de la vulnerabilidad" e intereses diversos lleguen a un consenso en relación al tema climático, explicó.

En otra vertiente, los indígenas se proponen expresar su identidad cultural y ética en Río+20 con la convocatoria de representantes de todo el mundo, en lo que llaman una Aldea Carioca a instalarse en Río de Janeiro.

En la Aldea Carioca se concentrarán unos 350 aborígenes procedentes de distintas zonas de Brasil y 700 del exterior en cuatro "ocas" (casas típicas), una de las cuales servirá para reuniones plenarias y otra con equipos electrónicos que permitirán videoconferencias con indígenas ubicados en otros países o continentes, adelantó a Tierramérica Marcos Terena, uno de los organizadores de la participación indígena de Río+20, repitiendo el papel de 20 años atrás en Río 92.

*Este artículo fue publicado originalmente el 21 de enero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. Fuente: IPS

Carta Abierta: Pedimos al parlamento de Canadá aprobar el proyecto de ley C-323

Parlamento de Canadá - Carta Abierta: Pedimos al parlamento de Canadá aprobar el proyecto de ley C-323

minería CanadáAmigos y Amigas, se está promoviendo el apoyo a una ley que permite que la justicia canadiense juzgue a las multinacionales por hechos cometidos fuera de su país. Este tipo de iniciativa puede ser interesante dentro de la campaña para judicializar a las trasnacionales.
En el vinculo abajo se encuentra la forma de apoyar esta campaña. Recomendamos hacerlo.

http://www.change.org/petitions/parlamento-de-canad-carta-abierta-pedimos-al-parlamento-de-canada-aprobar-el-proyecto-de-ley-c-323

Acá la carta que se firma:

 

Por qué es importante esta carta abierta?

Del dicho al hecho: Derechos humanos en el extranjero

Estimados amigos:

Siguen manifestándose inquietudes en torno a la conducta de algunas empresas canadienses en el extranjero.
Canadá tiene el deber de efectuar los cambios que permitan a nuestras instituciones y a nuestro sistema jurídico proteger de la impunidad no sólo a los canadienses, sino también a los ciudadanos que viven en el extranjero que son víctimas de violaciones de los derechos humanos, ambientales o laborales a cargo de personas o empresas canadienses. El Gobierno federal canadiense no lo está haciendo.

He vuelto a presentar el proyecto de ley C-323 (antes C-354) con la esperanza de que podamos seguir trabajando juntos y sensibilizar al gobierno conservador y ejercer presión sobre él para que tome las medidas decididas que propone el proyecto de ley C-323.

Hay empresas que llevan a cabo sus actividades de manera responsable desde el punto de vista social. En cambio, existen otras que no tienen ninguna consideración por los derechos humanos, ambientales o laborales. Actualmente estos derechos están sujetos a pocos mecanismos de aplicación precisos o eficaces. De ahí la urgencia de elaborar un mecanismo jurídico de ejecución obligatoria que resuelva las atroces violaciones de los derechos humanos internacionales que se están produciendo.

Lamentablemente, los sucesivos gobiernos federales han rechazado hasta las propuestas legislativas modestas para acabar con la impunidad de las empresas.
Creo que mi proyecto de ley C-323 (Ley de promoción y protección internacional de los derechos humanos) respondería a esta necesidad de las víctimas de violaciones de los derechos humanos en otros países cuando estas personas no dispongan de un foro para ello en el país donde se produjeron las violaciones.
Como tal vez sepan, el proyecto de ley C-323 ofrecería a las comunidades de otros países la posibilidad de emprender recursos legales en los tribunales canadienses en casos como las violaciones claras de los derechos humanos y ambientales internacionales como los siguientes: trato degradante, arresto arbitrario, secuestro, trastornos emocionales, genocidio, crímenes de guerra, ejecución extrajudicial, esclavitud, tortura y detención ilegal.

El proyecto de ley C-323 crearía una nueva base jurídica civil que permitiría a los tribunales federales ver y decidir casos de reclamación por violaciones del derecho internacional que se han producido fuera de Canadá. De manera concreta, la ley permitiría a un no ciudadano demandar a ciudadanos o empresas canadienses por violaciones graves de los derechos humanos, ambientales o laborales básicos cuando dichas violaciones se producen fuera de Canadá.
De acuerdo con nuestros objetivos comunes, confío en que prosigamos el buen trabajo que hemos realizado juntos en anteriores legislaturas. Juntos podemos lograr cambios positivos que permitan que Canadá siga progresando y sea un país puntero en el campo de los derechos humanos y de la sostenibilidad ambiental.

Peter Julian, Diputado
(Burnaby-New Westminster)

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