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Pese a la criminalización de la protesta, sigue firme la resistencia para frenar la represa El Zapotillo

Pese a la criminalización de la protesta, sigue firme la resistencia para frenar la represa El Zapotillo

temacaDesde la década de los 40, la región de los Altos de Jalisco ha sido explorada con el fin de construir represas para almacenar agua potable y distribuir además el líquido en Guadalajara. En el caso de la polémica El Zapotillo, según Espinoza, se trata de un proyecto liderado por un consorcio de empresas transnacionales del agua y que sería financiado en un 60% por el Estado.

En el marco del sexto encuentro mesoamericano de la Red Latinoamericana de Afectados por Represas (Redlar), que se lleva a cabo en Costa Rica, el integrante del colectivo COA, Guadalupe Espinoza Sauceda, fue entrevistado por Radio Mundo Real.

El tema central del diálogo fueron los principales acontecimientos que se desarrollan en torno a los procesos de resistencia al embalse El Zapotillo, en el Estado mexicano de Jalisco.

Desde la década de los 40, la región de los Altos de Jalisco ha sido explorada con el fin de construir represas para almacenar agua potable y distribuir además el líquido en Guadalajara. En el caso de la polémica El Zapotillo, según Espinoza, se trata de un proyecto liderado por un consorcio de empresas transnacionales del agua y que sería financiado en un 60% por el Estado.

La represa tendría una cortina de 105 metros, inundaría unas 5000 hectáreas de tierras y desplazaría a unas 5000 personas. “En total se afectarían tres comunidades, que tienen una característica, muchos de sus pobladores tuvieron que emigrar a Estados Unidos por las reformas del presidente Carlos Salinas, en la década del noventa”, explicó el referente del colectivo COA.

El proceso de construcción de El Zapotillo, según el dirigente, significa una abierta privatización del recurso hídrico, que tiene como telón de fondo a las prácticas de “represión y muerte” por parte del Ejército Nacional y grupos paramilitares, que enfrentan a los movimientos sociales con la excusa de la lucha contra el narcotráfico.

“Hay una criminalización de la protesta, nos dicen que somos anti-desarrollo porque nos oponemos a la presa. Hoy el gobierno impulsa una campaña mediática para avalar la construcción de esas obras”, agregó.

El activista recordó además que el 28 de marzo de este año la represa El Zapotillo fue tomada por organizaciones sociales, paralizando la construcción a través de una “acción directa inspirada en la defensa del agua”.

Radio Mundo Real
www.radiomundoreal.fm/

A LA XXX REUNION DEL CONGRESO NACIONAL INDIGENA - REGION CENTRO PACIFICO. “POR LA DEFENSA DE NUESTROS TERRITORIOS”

EN EL MARCO DEL XVI ANIVERSARIO DE LA POLICIA COMUNITARIA, LA COORDINADORA REGIONAL DE AUTORIDADES COMUNITARIAS Y EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA,

CONVOCAMOS

A LA XXX REUNION DEL CONGRESO NACIONAL INDIGENA - REGION CENTRO PACIFICO.  “POR LA DEFENSA DE NUESTROS TERRITORIOS”

policia comunitaria
Considerando que en Mexico, mas del 25% de nuestro Territorio Nacional ha sido concesionado a empresas extranjeras para el saqueo de nuestros territorios, afectando  directamente al pueblo de Mexico y en particular a los territorios de los pueblos originarios, destruyendo la naturaleza, rompiendo la identidad de nuestros pueblos, atentando contra la seguridad nacional, causando enfermedades y violentando nuestra soberania alimentaria.

Considerando que  la lucha y la resistencia de los pueblos se manifiesta en todos los rincones de nuestra Patria y que es necesaria e indispensable la articulacion de todos los pueblos, comunidades, barrios, colonias, indigenas, no indigenas, y la sociedad entera.

Considerando que la articulacion de nuestras luchas, se basa primordialmente en el dialogo, en los acuerdos, en la movilizacion y en la informacion y difusion de nuestra problemática y alternativas.

Considerando que en la pasada sesion del CNI llevada a cabo en Nurio, Michoacan, se tomo el acuerdo de que la siguiente reunion se celebre en Territorio Comunitario con motivo del XVI aniversario de la Policia Comunitaria.

Llamamos, a las distintas redes, organizaciones sociales y politicas, pueblos y comunidades, academicos, intelectuales progresistas, medios de comunicación libres y alternativos, al pueblo en general, a encontrarnos en Territorio Comunitario, en la comunidad mephaa de Paraje Montero, municipio de Malinaltepec, Gro., los dias 14 y 15 de octubre de 2011, en el marco del 16 Aniversario de la Policia Comunitaria, para dialogar y organizarnos en torno a las siguientes mesas de trabajo.

Mesa 1.- Defensa de nuestros territorios ante las empresas y proyectos capitalistas. (sus impactos en el  medio ambiente, la salud, la seguridad y soberania nacional, la seguridad alimentaria, la identidad de los pueblos)

Mesa 2.- Articulacion del movimiento indigena y social, a partir de los acuerdos, construccion de alternativas y poder del pueblo.

Mesa 3.- Radios Comunitarias, medios alternativos, libres, rebeldes. Seguimiento a la campaña “A corazon abierto, defendamos a nuestra madre tierra”, asi como a los acuerdos del primer encuentro de radios comunitarias y medios libres celebrado en territorio comunitario en el mes de febrero pasado. Estrategias de difusion, informacion y denuncia en defensa de nuestros territorios.

Congreso Nacional Indigena
“Nunca mas un Mexico sin nosotros”

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria
 
¡Solo el Pueblo Apoya y Defiende al Pueblo!
“El Respeto a Nuestros Derechos, Sera Justicia”

Organizaciones solidarias convocantes
REMA, CDHM Tlachinollan, Radio Ñoomnda
“La palabra del agua”.

Campaña mexicana por la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

Comunicado de prensa

23 de septiembre de 2011

 

Organizaciones civiles, sociales y redes, promotoras y defensoras de los derechos humanos, inician

 

 

“la Campaña mexicana por la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”

-Reiteran el llamado al gobierno federal, a través de la canciller Espinosa Cantellano, para que adopte sin mayor demora este instrumento internacional
-Demandan congruencia con la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, para que México avance en la garantía del acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a derechos económicos, sociales y culturales. 

ratificapfpidescmex.orgEl Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Eco­nómicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC), aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2008, establece un mecanismo para que las personas, grupos o comunidades puedan presentar casos de violación a sus derechos económicos, sociales y culturales (DESC) ante el Comité de DESC de la Organización de las Naciones Unidas, toda vez que el Estado incumpla con sus obligaciones de respeto, protección y realización respecto al derecho a la salud, al trabajo, a la alimentación, a la vivienda, a la seguridad social, a la educa­ción, a la libre determinación, al agua y otros derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El PF-PIDESC quedó abierto a firmas, ratificaciones y adhesiones desde el 24 de septiembre de 2009, año en que el gobierno mexicano copatrocinó la resolución A/HRC/10/L.14 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU invitando a todos los Estados Partes del Pacto Internacional de DESC a considerar la firma, ratificación o adhesión a dicho instrumento. Sin embargo, a dos años de la apertura a firmas, México no se encuentra entre los 37 Estados que han firmado el PF-PIDESC -entre ellos ya hay 9 latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Uruguay. Para que el Protocolo Facultativo entre en vigor, se requieren 10 ratificaciones, y a la fecha, solamente cuatro Estados de los 37 firmantes, lo han ratificado (España, Ecuador, El Salvador y Mongolia). 
 
En este contexto, diversas organizaciones civiles, sociales y redes promotoras y defensoras de los derechos humanos inician hoy la “Campaña mexicana por la ratificación del PF-PIDESC” y demandan al gobierno mexicano que avance en la garantía del acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a derechos económicos, sociales y culturales, y muestre congruencia con la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos.
 
En una carta dirigida el día de hoy a la Secretaria de Relaciones Exteriores, Emb. Patricia Espinosa Cantellano, 67 organizaciones civiles, sociales y redes con presencia en diferentes entidades federativas y dos redes internacionales, reiteran encarecidamente los llamados anteriores al gobierno mexicano para que adopte sin mayor demora el Protocolo Facultativo del PIDESC. Solicitan informe de los resultados del análisis exhaustivo que la cancillería ha llevado a cabo en los últimos dos años con miras a la firma y ratificación de este instrumento, e insisten en la necesidad de que México lo adopte sin reservas, reconociendo también la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU para iniciar procedimientos de investigación sobre situaciones de violaciones a los DESC y para conocer de quejas  interestatales. Las organizaciones firmantes señalan que está abierta una importante oportunidad para que el gobierno mexicano muestre su compromiso real con la integralidad de los derechos humanos en el marco de la Ceremonia de los Tratados, 2011: hacia la participación y aplicación universales que inició este 20 de septiembre en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, misma que se extenderá hasta el día 27 del presente.
 
La Campaña mexicana por la ratificación del PF PIDESC estará vigilante del proceso e impulsará diversas actividades en diferentes estados de la República, informando al público a través del blog:  http://ratificapfpidescmex.org/

 
Organizaciones civiles, sociales y redes nacionales: Alianza Cívica - Baja California; Alianza Internacional de Habitantes; Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP); Amnistía Internacional  sección México – Distrito Federal; Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo, A. C. (AUAS) – Coahuila; Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, A. C. (AJAGI) –Jalisco; Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD); Campaña Nacional sin Maíz no hay País; Casa y Ciudad, A.C. – Distrito Federal; Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México – Distrito Federal; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P", A.C. - Distrito Federal; Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez”, A.C. – Guanajuato; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan – Guerrero; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) – Distrito Federal; Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. – Distrito Federal; Centro de Investigación y Promoción Social (CIPROSOC)- Distrito Federal; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (CEPAD) – Jalisco; Centro de Reflexión y Acción Laboral de Fomento Cultural y Educativo, A.C. - Distrito Federal; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C. – Coahuila; Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) – Distrito Federal; Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (Cencos) – Distrito Federal; Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA); Espacio DESC- Capítulo mexicano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD); Colectivo COA – Jalisco; Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste– Baja California; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.-Chihuahua; Comité Nacional de Estudios de la Energía, A.C. – Tabasco; Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas, A.C. (COMCAUSA); Consejo de Comunidades Unidas de Centla – Tabasco; DECA Equipo Pueblo, A.C. – Distrito Federal; Defensoría del Derecho a la Salud – Chiapas; Defensoría del Derecho a la Salud/Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos (CCESC/DDS) – Chiapas; Documenta, A.C. – Distrito Federal; El Caracol A.C. - Distrito Federal; Federación Mexicana de Mujeres Universitarias- Baja California; FIAN sección México – Distrito Federal; Frontera con Justicia, A.C. - Coahuila ; Fronteras Comunes México - Distrito Federal; Greenpeace México – Distrito Federal; Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C. (GIRE) – Distrito Federal; Grupo Mujeres: Dignidad y Resistencia – Baja California; Guardianes de los Volcanes,  A.C.- Estado de México; Humanidad sin Fronteras, A.C. – Coahuila; Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. – Yucatán; Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C. - Distrito Federal; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC) – Jalisco; Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (LIMEDDH) – Distrito Federal; Litiga Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, A.C. (LITIGA OLE) – Distrito Federal; Mujer y Medio Ambiente, A.C. – Distrito Federal; Observatorio Ciudadano por el Ejercicio del Derecho a la Salud (OBSCIUDES) – Chiapas; Observatorio de Política Social y Derechos Humanos - Distrito Federal; Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC-AL); Pobladores, A.C. – Veracruz; Promoción y Defensa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A. C. (PRODDESCAC) – Estado de México; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A. C. (PRODESC) – Distrito Federal; RADAR, Colectivo de Estudios Alternativos en Derecho – Distrito Federal; Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos – Baja California; Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC); Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA); Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”; Red Nacional Género y Economía; Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM); Semillas de Vida, A.C.; Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Distrito Federal y Chiapas); Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (STINCA); Sociedad Organizada en Lucha (SOL) -  Distrito Federal; Unión Popular Valle Gómez, A.C. (UPVG)-  Distrito Federal. Se adhieren a la carta redes internacionales: Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD); Coalición Internacional de ONG para un Protocolo Facultativo del PIDESC (OP-Coalition).

Para mayor información: Areli Sandoval Terán, contacto de la coordinación de la campaña, Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. , teléfonos: 55 39 00 15 y 55 39 00 55 (en D.F.)

Declaración del Pacuare: Vi encuentro Mesoamericano de la REDLAR

Declaración del Pacuare: Vi encuentro Mesoamericano de la REDLAR


Costa Rica, del 22 al 25 de septiembre de 2011
A las compañeras y compañeros defensores del Pacuare, nuestra admiración por su valentía en la defensa de su río.

redlarReunidos en las márgenes del río Pacuare en Turrialba, Costa Rica, se llevó a cabo el VI Encuentro Mesoamericano de la Red Latinoamericana contra las Represas (REDLAR). Más de 200 personas de movimientos sociales y organizaciones de Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, México y representantes de Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Italia y Alemania discutimos, analizamos, compartimos e intercambiamos experiencias de luchas y resistencias en contra de las represas, la minería a cielo abierto, los monocultivos, la situación energética y la destrucción de territorios y cuencas, megaproyectos cuya imposición afecta los derechos de los pueblos, las economías locales y los ecosistemas de cada una de las cuencas y territorios que serian destruidos e impactados de manera irrecuperable.
El objetivo central de VI Encuentro fue fortalecer los espacios de intercambio para la información, conocimiento y capacidad de movilización y gestión entre movimientos sociales y organizaciones mesoamericanas que defendemos nuestros ríos, derechos humanos, la naturaleza y la vida ante las amenazas de los megaproyectos de las empresas nacionales y trasnacionales impuestas por la sed de ganancia del capitalismo mundial. En el encuentro analizamos los avances y retrocesos de resistencia en contra de la construcción de represas en los distintos países, el intercambio de información y conocimientos permitió generar propuestas de las comunidades para enfrentar los planes nacionales del supuesto “desarrollo” que beneficia únicamente a las grandes empresas.

Nosotros decimos desarrollo ¿para qué y para quién? y afirmamos que no existe desarrollo, si el beneficio no es para los pueblos. El VI Foro Mesoamericano de la REDLAR, debatió sobre las energías alternativas y concluimos que éstas deben ser fuente que asegure la protección de la naturaleza y los derechos humanos en las comunidades.

Los gobiernos y corporaciones que impulsan las represas, la minería, el control de la energía eléctrica, el petróleo y todo tipo de industrias extractivas, son los mismos que saquean los recursos de nuestros territorios, los que buscan la privatización del agua y los que discuten falsas soluciones de “desarrollo” y sobre el cambio climático como el REDD+ sosteniendo engañosamente que las represas son mecanismos de desarrollo limpio (MDL). Esas empresas junto con los gobiernos de nuestros países siguen promoviendo el saqueo, el acaparamiento y compra de tierra e imponiendo proyectos con altos impactos sociales y ambientales.

La participación de los distintos países logró visibilizar nuestros movimientos de resistencia desde una visión mesoamericana y de conjunto, y las estrategias desarrolladas como las consultas comunitarias que han rechazado los proyectos. Todo ello nos permitió hacer propuestas de fondo sobre la defensa de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas y llegar a acuerdos regionales para hacer frente a las alianzas entre empresarios y gobiernos que han ignorado la voz de las comunidades afectadas.

En el Encuentro analizamos el futuro inmediato de nuestros países que no será otro que el empeoramiento de las condiciones económicas y sociales que afectarán sobre todo a los más pobres. Éstas son parte de la crisis sistémica a nivel mundial que se expresa en el proceso de acaparamiento por compra o saqueo de tierras; en el control por parte de los capitales de los procesos de generación de energía y privatización del agua; y en la crisis de Estados Unidos y Europa que arroja a sus empresas monopólicas a nuestros países.

Un aspecto de extrema gravedad es la militarización y la criminalización de la lucha social. Estamos frente a la amenaza permanente de una posible decisión del gobierno estadounidense de ejercer su dominación y explotación vía las fuerzas armadas. La Estrategia de Seguridad de América Central es el plan del Departamento de Estado frente a lo que calificó “la región más violenta del mundo” (Guatemala, Honduras, El Salvador junto con la frontera sur de México) “fuera de las zonas de guerra”. Es un plan para la “Seguridad Nacional” de los Estados Unidos, pero en realidad es la careta del dominio militar de E.U. sobre nuestros países. Debemos estar atentos para rechazar esos planes de injerencia y de intervención directa que comenzaron una nueva etapa con el golpe de Estado en Honduras el 28 de junio de 2009, hecho que condenamos, igual que a la dictadura surgida del mismo.

La militarización se ha agudizado en México con la llamada “guerra de Calderón” supuestamente para combatir el crimen organizado que ya ocasionó 50,000 muertos, muchos de los cuales son víctimas inocentes. En Honduras en los últimos días han asesinado a más de 50 campesinos, 6 de los cuales acaban de ser asesinados por defender sus tierras en el bajo Aguán. En Guatemala, país que en pocos meses será gobernado, o por un prófugo de las masacres de las aldeas arrasadas, o por un mercenario de los que se enriquecieron en el tiempo de la represión y los despojos, el ejército acaba de perpetuar una masacre en el Petén. En Panamá la represión y asesinatos de los indígenas Naso y Ngnobe son la respuesta a la resistencia contra las represas. Toda esta situación se agrava por la expulsión de miles de mexicanos ycentroamericanos de sus países por los niveles de pobreza y marginación,  quienes por la necesidad de cruzar hacia los Estados Unidos son víctimas de las mafias tanto de narcos como de agentes migratorios mexicanos, lo que ha llevado a extremos como las narcofosas y la masacre de 72 migrantes centroamericanos en Tamaulipas.

En este encuentro también se dio a conocer la conformación del movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo-minero (M4) como parte de la integración regional frente a esta nueva fase de despojo de nuestros bienes naturales, el modelo de acumulación que los gobiernos y empresas trasnacionales impulsan en el marco del Proyecto Mesoamérica antes Plan Puebla Panamá. En consecuencia se avanza con la integración de las luchas anti mineras y anti represas y demás megaproyectos que amenazan a nuestros pueblos.

El VI Encuentro Mesoamericano de la REDLAR exige a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que elimine de los Mecanismos de Desarrollo Limpio a todos los proyectos hidroeléctricos porque, como está debidamente comprobado, contaminan y destruyen la naturaleza contribuyendo al calentamiento global, a la vez que transgreden los derechos de los pueblos. Condenamos el uso de fondos públicos por parte de los bancos y corporaciones financieras internacionales para la construcción de hidroeléctricas en detrimento de la vida y la naturaleza.

Convocamos a la Jornada de Movilización contra represas y otros megaproyectos a realizarse simultáneamente en nuestros países del 12 al 16 de octubre de este año. Ratificamos el 14 de Marzo como el Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos y los Pueblos.

Los y las afectadas por proyectos en nuestros países declaramos:

Costa Rica
Denunciamos que en Costa Rica, gobierno y empresarios, siguen difundiendo un discurso ambientalista mercantilizado para justificar el modelo de economía basado en todo tipo de facilidades para el capital transnacional y privado local, y en la firma de tratados de libre comercio e inversión que atentan irreparablemente contra la naturaleza y los derechos de los pueblos. Las comunidades costarricenses, indígenas, campesinas, costeras y otras, siguen defendiendo sus derechos y a la Tierra, ante hidroeléctricas, líneas de alta tensión, falsas soluciones ante el cambio climático, industrias petroleras, de gas, mineras, enclaves hoteleros, bioprospección que es en realidad biopiratería. Esos proyectos violentan los derechos de los pueblos y sus decisiones para administrar sus territorios, como en los casos de los plebiscitos en Turrialba y Jiménez ganados contra represas. Violentan también las mismas leyes nacionales y convenios internacionales como el 169 de la OIT. Nos pronunciamos contra todos esos proyectos y, particularmente, exigimos la cancelación del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís. Demandamos que los ríos Chirripó y el Pacuare, y cualquier otro en territorio indígena costarricense, así como el Savegre, nunca sean represados y se conviertan en espacios para la verdadera conservación de la naturaleza y la cultura de los pueblos que los habitan.

Panamá
Condenamos al gobierno nacional quien en contubernio con empresas nacionales y trasnacionales realizan masacres, desalojos, persecución y violación de derechos humanos contra los pueblos, especialmente los originarios y campesinos cuando reclaman y defienden sus derechos y los recursos naturales. Condenamos cualquier intención de retomar la idea de nuevos embalses debido a la ampliación del Canal de Panamá y la salinización del Lago Gatún lo cual traería una catástrofe ambiental mundial. Denunciamos la dificultad que representa obtener información de dominio público.

Apoyamos las iniciativas legislativas de la Comarca Ngnobe Bugle para que no se permita el desarrollo de proyectos mineros e hidroeléctricos en su territorio, y para otras iniciativas de pueblos indígenas y ciudadanía en general. Impulsamos la soberanía alimentaria de los pueblos para independizarlos de los monopolios. Invitamos a internacionalizar jornadas de lucha y movilización para el 12 de octubre y el 14 de marzo de cada año.

Honduras
Rechazamos la construcción y amenaza de proyectos hidroeléctricos, tal es el caso de la represa Patuca III y las decenas de represas hidroeléctricas que se pretenden construir sobre los 72 ríos ya concesionados. Condenamos al Estado Hondureño por la violación a los derechos humanos contra la población que resiste al despojo de los bienes de la naturaleza de nuestro territorio. Anunciamos la movilización de nuestros pueblos durante el mes de octubre, destacando el 12 de octubre en el marco de la Jornada Mesoamericana.

Belice
Nuestra organización, The Belize Institute of Environmental Law and Policy, estamos luchando en contra de las represas por los problemas ambientales que provocan desde hace 12 años cuando se construyó la primera represa del país. Participamos en la coalición contra el petróleo, porque cada kilometro de Belice ha sido concesionado para la exploración y explotación de petróleo. Continuaremos la lucha en contra de las represas que están en construcción y las propuestas, así como de explotación de petróleo.

El Salvador
Exigimos al gobierno de El Salvador no continuar vulnerando el territorio nacional con la construcción de nuevas represas hidroeléctricas,  la exploración y explotación minera. Demandamos la cancelación de los Proyectos Hidroeléctricos El Cimarrón y El Chaparral. El 16 de octubre Día Internacional de la Alimentación nos sumaremos a la Jornada Mesoamericana contra las Represas.

Guatemala
Exigimos la cancelación de todas las licencias y la construcción de megaproyectos en Guatemala y en Mesoamérica, porque estos proyectos no son prioridades ni resuelven las necesidades básicas de los pueblos, así como el respeto a los mecanismos de toma de decisiones de los pueblos originarios en defensa de sus territorios. Continuaremos fortaleciendo la lucha y resistencia de los pueblos mesoamericanos.

México
Exigimos al gobierno mexicano la cancelación de los proyectos de presas: La Parota (Guerrero), Paso de la Reyna (Oaxaca), Las Cruces (Nayarit), las mini hidroeléctricas del estado de Veracruz particularmente El Naranjal, Zongolica y las del río Pescados, Itzantún (Chiapas), El Zapotillo (Jalisco). Demandamos la reparación de los daños de La Yesca (Jalisco y Nayarit), Arcediano (Jalisco), El Cajón (Nayarit) y Picachos (Sinaloa). En el caso de El Zapotillo denunciamos el avance ilegal del 34% de la obra y la adjudicación a una empresa española de la construcción del acueducto que llevaría el agua de Jalisco a León (Guanajuato).

Lucharemos por que todos los ríos de México sean ríos libres de represas. Invitamos a las distintas luchas de la región a articularnos como un solo cuerpo en defensa de nuestro territorio mesoamericano común y a la movilización nacional el 12 de octubre en el marco del octubre Azul.

¡Ríos para la vida: no para la muerte!!
¡¡Agua y energía: no son mercancía!!
¡¡Mesoamérica libre de represas!!
Pacuare, 25 de setiembre 2011

http://www.mapder.lunasexta.org/?p=980

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