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DECLARACIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO DEL MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO -M4-

DECLARACION POLITICA

PRIMER ENCUENTRO  DEL MOVIMIENTO MESOAMERICANO CONTRA EL MODELO EXTRACTIVO MINERO -M4-

M4Reunidos en Valle de Siria, Honduras; los días 26, 27, 28 y 29 de enero, delegaciones nacionales de Panamá, Costa Rica, Honduras, Salvador, Guatemala, México y con la participación de representantes de organizaciones solidarias de Estados Unidos y de Canadá  para debatir, intercambiar y establecer acuerdos de lucha en contra del modelo minero extractivo que actualmente hostiga nuestros territorios.

La agresión de las mineras en la región mesoamericana se ha venido agudizando aceleradamente, en el marco de la implementación del modelo de acumulación neoliberal; el modelo extractivo minero se caracteriza por ser un proceso agresor, depredador y  manipulador que posiciona los intereses económicos por encima de la vida misma, la sostenibilidad del ambiente y la diversidad cultural. Es un modelo perverso y sin ética, que utiliza el “maquillaje  verde”,  la  responsabilidad  social  empresarial y se autodefine como  “minería verde, sustentable y responsable”, que promueve en nuestros países el falso mito del “desarrollo” y la “economía verde”, y se basa en los supuestos avances tecnológicos que sirven para destruir en el menor tiempo posible los territorios.

Estas empresas, en su mayoría canadienses, han provocado en nuestros pueblos procesos de empobrecimiento, conflictividad social, división, enfermedades, destrucción del medio ambiente; así como también un ataque sistemático a nuestras culturas originarias que contrasta con la cosmovisión de los pueblos.

En nuestros países las empresas mineras han corrompido a la clase política gobernante para ajustar las legislaciones y las políticas públicas a su favor y conveniencia; violando la soberanía nacional y los derechos colectivos de nuestros pueblos reconocidos por instrumentos internaciones como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros.

Por otra parte  el gobierno canadiense  ha generado una  política  de cabildeo a  favor de las  empresas  mineras ocasionando muchas  veces la  violación  de  la soberanía de  nuestros  países.

En este contexto, en la región mesoamericana se están impulsando cambios a la legislación a favor de las empresas mineras, donde la discusión se reduce a los supuestos beneficios  económicos, sin importar los riesgos que este modelo significa para la vida.  Se usa la criminalización de las luchas sociales, militarización de los territorios, y la utilización de las fuerzas de seguridad de los Estados para asesinar, reprimir e intimidar al pueblo, como estrategia para desmovilizar la resistencia.

Ante esta situación, DECLARAMOS:

-El movimiento mesoamericano nos comprometemos a luchar coordinadamente para exigir la cancelación de las  concesiones  mineras que han sido impuestas sin el consentimiento de los pueblos, el retiro de  empresas  de  nuestros  territorios afectados y el resarcimiento integral de los daños causados.

-Denunciamos la represión y  el hostigamiento que están sufriendo hermanas y hermanos que están luchando en defensa  del territorio, especialmente en Salvador, Honduras, México y Guatemala.

-Exigimos el respeto a las decisiones de los pueblos sobre sus territorios, el derecho a la consulta; la implementación  de  los  convenios internacionales  a  favor  de  los  derechos humanos y  ambientales, que  nuestros   gobiernos  han  suscrito anteriormente

-Denunciamos la injerencia de empresas transnacionales y embajadas como EEUU y  Canadá en promover reformas legales en relación a la minería, que privilegian los intereses de transnacionales y  no se está tomando en cuenta propuestas de organizaciones y pueblos, como es el caso de Panamá, Honduras y Guatemala.

-Intensificaremos acciones conjuntas a nivel mesoamericano contra el modelo extractivo minero, así como también la articulación de propuestas para un nuevo modelo de bienestar que garantice el respeto a la vida en armonía con la madre naturaleza.

Saludamos y nos solidarizamos con las movilizaciones del pueblo Panameño en contra de la minería y de las reformas legales que buscan favorecer a las empresas mineras.

Denunciamos la política entregista del gobierno mexicano de una tercera parte del territorio nacional a las trasnacionales mineras, como los graves casos de Cerro de San Pedro, Wirikuta y Caballo Blanco entre otros.

Celebramos junto al pueblo costarricense la aprobación de la ley que prohíbe la minería metálica a cielo abierto y el uso de cianuro en su territorio,  y los invitamos a mantenerse alertas ante nuevas ofensivas del modelo extractivo minero.

Rechazamos el proyecto de ley de minería que pretenden aprobar en el Congreso Nacional de Honduras puesto que es sumamente lesivo al pueblo en general, al medio ambiente y favorece a los intereses económicos de las empresas mineras y de los empresarios testaferros en el país.

Exigimos el respeto a los resultados de las más de 50 consultas comunitarias realizadas en Guatemala que han dicho no a la minería.
Saludamos la resistencia del pueblo salvadoreño y exigimos el alto al hostigamiento de los compañeros y compañeras del Comité Ambiental de Cabañas.
Celebramos el compromiso y el apoyo de personas y organizaciones solidarias de los Estados Unidos y de Canadá que denuncian y contrarrestan los abusos de las empresas de sus países que violan los derechos de los pueblos que habitan la región mesoamericana.

“DESDE PANAMA A CANADA, LA MINERIA NO VA”

Valle de Siria, Honduras, domingo 29 de enero del 2012.

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El Carrizalillo: oro por cuentas de vidrio

El Carrizalillo: oro por cuentas de vidrio

Marlén Castro y Rogelio Agustín. Revista Proceso.
carrizalillo
A la comunidad guerrerense de El Carrizalillo le cayó la maldición del oro en la figura de la megaempresa Goldcorp, que practica un tipo de minería, la superficial, devastadora para el medio ambiente y para la salud. Desde 2007 renta miles de hectáreas a los carrizalillenses para explotar el yacimiento de oro Los Filos-El Bermejal. Los comuneros saben que sus predios quedarán inservibles y proliferarán las enfermedades –la mayoría letales– entre su población, pero cierran los ojos y se conforman con la bicoca que cada año les entrega la trasnacional. El reportaje que aquí se publica sobre la tragedia de El Carrizalillo es el tercero y último de la serie de trabajos ganadores del Premio Internacional de Periodismo, convocado por Proceso con motivo de su 35 aniversario.

CHILPANCINGO, GRO.- Dejó de comer. Sólo quería dormir. A Sofía Figueroa Peña, exafanadora del consorcio minero Goldcorp, lo poco que le quedaba de vida se le agotó en dos días de vómitos y convulsiones. Alrededor de las 22:00 horas del 4 de diciembre de 2010 murió en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Acapulco.

Apenas tenía 35 años.

“Como por el 20 de noviembre me di cuenta de que se le quitó el apetito… seguramente fue desde antes pero hasta esa fecha yo no lo supe porque ese día tuvo descanso y la vi; casi nunca la veía, siempre estaba trabajando. La vi mal y le dije: ‘Atiéndete, hija’, pero ella me dijo que estaba cansada, que lo que tenía se le quitaba durmiendo. Todos los días llegaba a dormirse”, dice doña Esther, mamá de Sofía.

Esther Peña Barrios se limpia las lágrimas con la mano; luego uno de los muchos nietos huérfanos que hay en su casa en el ejido de Carrizalillo, del municipio guerrerense Eduardo Neri, le alcanza el chal que al parecer es su paño.

“Me siento culpable porque no es posible que no me haya dado cuenta, que nadie de los que vivimos aquí nos hayamos dado cuenta de lo mal que estaba mi hija, de que ya no comía nada. Pero cómo lo íbamos a saber si ni la veíamos. Llegaba como a las ocho de la noche y ni nos venía a ver, llegaba a dormirse y así hasta el otro día, que se iba a trabajar”, cuenta doña Esther.

(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1838, ya en circulación)

La ONU advierte sobre el modelo extractivo, agrotóxicos y la violencia en Argentina

La ONU advierte sobre el modelo extractivo, agrotóxicos y la violencia en Argentina

Por Darío Aranda. Página 12
En un informe anual, un comité de las Naciones Unidas advirtió al Estado argentino por los desmontes, agrotóxicos, soja transgénica, minería a cielo abierto y violencia contra los indígenas.

ArgentinaDesmontes, agrotóxicos, soja transgénica y minería a cielo abierto. Desalojos, violencia y vulneración de derechos indígenas. Son parte de las críticas que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas (ONU) realizó al Estado argentino en su último informe, donde además hizo especial hincapié en el incumplimiento de la legislación que protege a los pueblos originarios y sus territorios. “El Comité está preocupado sobre las persistentes amenazas, los desplazamientos y los desalojos violentos de pueblos indígenas de sus tierras tradicionales en numerosas provincias”, denuncia el Comité de la ONU.

“El aumento de los desmontes ha forzado a los pueblos indígenas a dejar sus territorios (...). El comité está preocupado sobre casos en los cuales el creciente empleo de pesticidas químicos y siembra de soja transgénica en regiones habitadas o utilizadas por comunidades indígenas han afectado negativamente a estas comunidades”, sostiene el informe y explicita que el modelo agropecuario atenta contra la agricultura indígena. “Es un importante obstáculo para el acceso a una alimentación segura, adecuada y accesible.”

El Comité DESC es el órgano de expertos que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Evalúa los informes presentados y comunica recomendaciones para que los estados cumplan el Pacto Internacional. Con el título “Observaciones finales”, el documento de ocho carillas fue presentado el 2 de diciembre en Suiza.

“El comité está preocupado por los casos en los cuales las fuerzas de seguridad y agentes públicos o privados han recurrido a represalias y al empleo desproporcionado de la fuerza contra personas que participan en la defensa de los DESC, en particular en el contexto de discusiones sobre la tierra”, denuncia.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) presentaron en noviembre, junto a una decena de organizaciones, un relevamiento de la situación al Comité. Es muy contundente la clara vinculación que establece entre industrias extractivas y la violencia hacia comunidades”, resaltó Diego Morales, director del área de Derechos Sociales del CELS. “Es importante que Naciones Unidas se haga eco de lo que enfrentan indígenas en Argentina y también hay que destacar que llama a que el Estado tome medidas para revertir la vulneración de derechos”, subrayó.

El Comité de la ONU denunció que en Argentina se registra la “violación de la Constitución y del Convenio 169 de la OIT”. Explicitó su “preocupación” porque la Ley Nacional 26.160 (suspende desalojos y ordena el relevamiento catastral) no se aplica “plenamente”. “El Comité insta al Estado a que garantice la aplicación plena y coordinada de la ley.”

Por fuera de la situación rural, el informe rescató como hechos positivos la sanción de las leyes nacionales de Migración, de Educación Nacional, de Glaciares, de Salud Mental y de Matrimonio Igualitario.

“El comité está particularmente preocupado por la explotación de litio en las Salinas Grandes (Salta y Jujuy) y por las consecuencias sobre el medio ambiente, sobre el acceso al agua y sobre el modo de vida y subsistencia de las comunidades indígenas”, advierte en el punto IX. En el lugar viven y trabajan 33 comunidades kolla y atacama que rechazan la instalación de empresas mineras.

Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN), evaluó que el Comité DESC “saca a la luz lo que los pueblos indígenas venimos advirtiendo desde hace décadas, las consecuencias irreparables que genera una matriz económica basada en la explotación sin control de la naturaleza”. Nahuel afirmó que “hay declarados enemigos” de los derechos culturales y territoriales indígenas: “Los gobernadores de San Juan, Formosa, Jujuy, Río Negro, Neuquén, Salta y Santiago del Estero, por citar algunos, son portavoces de las empresas que avasallan nuestros territorios. Debemos avanzar en frentes comunes para la defensa de la madre naturaleza y de nuestra vida”.

Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), dio la bienvenida al informe DESC pero explicó que la ONU “luego de más de 50 años hablando en códigos mercantiles empieza a aceptar lo que los movimientos le venimos marcando, que si se quiere luchar contra el hambre hay que fortalecer la agricultura campesina, y que la agricultura industrial y el extractivismo no sirven porque, además del aspecto ambiental, jamás serán inclusivas porque su naturaleza es de acumulación y concentración”.

El MNCI mantiene diálogo con sectores críticos al Gobierno y, luego del asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra, compartió opiniones con espacios oficialistas (Movimiento Evita, Nuevo Encuentro, Frente Transversal, La Cámpora). El lunes pasado emitió un comunicado en línea con el informe DESC, en el que cuestionó que el proyecto de ley para frenar los desalojos campesinos siga cajoneado en el Congreso e interpeló: “Votar la ley antiterrorista, permitir que el agronegocio y sus cómplices se muevan impunemente y abandonar a los campesinos a su suerte, no tiene nada que ver con los derechos humanos ni con un modelo nacional y popular”.

Sociedad civil busca salvar la cumbre Río+20

Sociedad civil busca salvar la cumbre Río+20

Por Mario Osava
rio+20RÍO DE JANEIRO, ene (Tierramérica) - Una amplia movilización social, con expresiones callejeras y actividades paralelas, es el único factor que puede evitar una nueva frustración en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), advierten activistas y analistas.

Parece inevitable la repetición del fracaso que pautó las últimas citas anuales en las que se negoció un acuerdo mundial para mitigar el cambio climático, dijo a Tierramérica el director general del Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (Ibase), Cândido Grzybowski, uno de los fundadores del Foro Social Mundial, el mayor encuentro mundial de la sociedad civil.

Grzybowski fundamentó su postura negativa en la crisis económico-financiera del mundo rico, en que este es un año de muchas elecciones, incluso en Francia y Estados Unidos, lo cual aleja a los gobernantes influyentes de los compromisos internacionales, y al débil poder de convocatoria de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en especial en cuestiones ambientales.

Solo una fuerte presión de la sociedad civil, como "una expresión unitaria" en los eventos paralelos de Río+20, podrá "arrancar compromisos más claros" de los gobiernos contra los desequilibrios globales, que empiezan por la "hegemonía financiera", acotó. El Foro Social Temático, que reunirá del 24 al 29 de este mes a representantes de movimientos y organizaciones sociales en la meridional ciudad brasileña de Porto Alegre, preparará la participación de sus activistas en la conferencia mundial climática que tendrá lugar del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro.

La cita de Porto Alegre es uno de los muchos encuentros locales o sobre temas específicos que tienen lugar en los años pares, vinculados al Foro Social Mundial (FSM), que ahora tiene su edición global cada dos años.

Pero los referentes del FSM "perdieron fuerza" y no lograrían convocar una marcha tan masiva como la que se necesita para hacer que Río+20 no sea solo "un megaencuentro declarativo" y tenga "un impacto importante en Brasil" en términos de conciencia ambiental, opinó Eduardo Viola, profesor de la Universidad de Brasilia que analiza las consecuencias del cambio climático en las relaciones internacionales.

Juntar "un millón de manifestantes en las calles", una hazaña "poco probable pero no imposible", renovaría los efectos de la Cumbre de la Tierra de 1992 (Río 92), la primera reunión que hizo que la sociedad brasileña tuviera un alto nivel de adhesión a los asuntos ambientales, dijo Viola a Tierramérica.

Este catedrático descartó que la cumbre de Río vaya a tener un impacto mundial relevante. Será una conferencia "reiterativa", de objetivos "difusos", en un momento de "gigantescos impases internacionales", apuntó.

Pero los actos populares no deben limitarse a Río de Janeiro. El Foro Brasileño de ONG (organizaciones no gubernamentales) y Movimientos Sociales para el Medio Ambiente y el Desarrollo (FBOMS) piensa impulsar manifestaciones en muchas otras ciudades del mundo, utilizando para ello Internet y las redes sociales.

"Río tiene un significado global" y ya se acumuló experiencia exitosa en movilizaciones vía redes sociales, sostuvo Rubens Born, del FBOMS.

El Foro Social Temático de Porto Alegre ayudará a articular esas iniciativas, con la presencia de representantes de movimientos civiles como los indignados de España y los Ocupa estadounidenses, acotó a Tierramérica.

La presencia de la sociedad civil en Río+20 debe beneficiarse de las facilidades que el gobierno brasileño pretende ofrecer, interesado en contar por lo menos con una fuerte participación popular ante la probable ausencia de jefes de gobierno y de Estado en las actividades oficiales de la conferencia.

La Cumbre de los Pueblos, como se denomina el encuentro paralelo que se realizará del 15 al 23 de junio, convocará al triple de participantes de la conferencia intergubernamental, estiman observadores. La consigna es "Justicia social y ambiental", la misma del Foro Social Temático de este mes.

"Proponer una nueva forma de vivir, en solidaridad, contra la mercantilización de la naturaleza y en defensa de los bienes comunes" es el objetivo, según el Comité Facilitador de la Sociedad Civil Brasileña para Río+20, que organiza ese gran encuentro.

El encuentro, que tendrá como foro central una Asamblea Permanente de los Pueblos, busca "reinventar el mundo" como convergencia de diversificadas luchas contra el capitalismo, la división de clases, el racismo, el ‘patriarcalismo’ y la homofobia. Por ello, considera "insatisfactoria" la agenda de la conferencia oficial, concentrada en la economía verde y en la institucionalidad global.

Pero ese discurso no es consensual. Born, fundador de Vitae Civilis, una organización no gubernamental activa en el tema climático, se queja de divisiones ideológicas con los que consideran "soluciones falsas" a las acciones ambientales que no contemplen primero el derrocamiento del capitalismo.

Grzybowski identifica enfoques divergentes entre los que priorizan la justicia ambiental o la social, ubicando a su organización Ibase entre los segundos.

Chico Whitaker, otro fundador del Foro Social Mundial y un radical defensor de sus principios igualitarios y participativos, se molesta con el nombre. "Cumbre de los Pueblos" mantiene la visión jerarquizada tradicional, negando la horizontalidad defendida desde sus inicios por el FSM, criticó.

Pero todos coinciden en rechazar el orden mundial actual, que es el "modelo industrial de gran producción" para Whitaker, que es el capitalismo para los miembros del Comité Facilitador, y que es la hegemonía financiera para Grzybowski, quien le suma "desórdenes" acumulados como transportar millones de toneladas de mineral de hierro brasileño a Asia y traerlos de vuelta en forma de acero.

Todos están de acuerdo también en criticar a la conferencia Río+20 oficial y a su "borrador cero", divulgado recientemente como punto de partida para el documento final, porque entienden que elude los verdaderos desafíos.

El formato de las grandes cumbres de la Organización de las Naciones Unidas "está agotado", sentenció Viola. Es imposible que más de 190 países que tienen "distintas percepciones de la vulnerabilidad" e intereses diversos lleguen a un consenso en relación al tema climático, explicó.

En otra vertiente, los indígenas se proponen expresar su identidad cultural y ética en Río+20 con la convocatoria de representantes de todo el mundo, en lo que llaman una Aldea Carioca a instalarse en Río de Janeiro.

En la Aldea Carioca se concentrarán unos 350 aborígenes procedentes de distintas zonas de Brasil y 700 del exterior en cuatro "ocas" (casas típicas), una de las cuales servirá para reuniones plenarias y otra con equipos electrónicos que permitirán videoconferencias con indígenas ubicados en otros países o continentes, adelantó a Tierramérica Marcos Terena, uno de los organizadores de la participación indígena de Río+20, repitiendo el papel de 20 años atrás en Río 92.

*Este artículo fue publicado originalmente el 21 de enero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. Fuente: IPS

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