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Zacatecas: Advierten que habrá desplazamiento forzado y pobreza por la Presa Milpillas

Compartimos el siguiente artículo publicado en La Jornada Zacatecas - Julio 2019 

Más de 55 mil grandes represas han desplazado a 80 millones de personas

■ Endeudamientos y altos costos, entre los posibles riesgos adicionales

■ En todo el mundo, 55 mil grandes represas han desplazado a 80 millones de personas: Gustavo Castro Soto, premio Dragona Iberia por la defensa de los ríos y ecosistemas


 

POR MARTÍN CATALÁN LERMA - julio 24, 2019 

Detrás del discurso del Gobierno del Estado y sus dependencias sobre el desabastecimiento de agua en la zona conurbada de Zacatecas y la necesidad de construir la presa Milpillas, están las consecuencias que ese proyecto provocaría en las comunidades, entre ellas el desplazamiento forzado y la acentuación de la pobreza, afirmó Gustavo Castro Soto, premio Dragona Iberia por la defensa de los ríos y ecosistemas en México, mismo que le fue otorgado por la Fundación Nueva Cultura del Agua.

Infirmó que en todo el mundo, más de 55 mil grandes represas han desplazado a 80 millones de personas, donde pueblos, ciudades y culturas quedaron sepultadas bajo el agua en el nombre del “desarrollo”.

En México, refirió que en ese tipo de proyectos es común observar que genera “más endeudamiento de los gobiernos, aumento en los costos de la construcción, prolongación de los tiempos de construcción, modificaciones a última hora de las especificaciones del proyecto como el aumento del tamaño de la cortina y más tierras inundadas; pero también asesinatos, divisiones comunitarias y familiares, pérdidas de cosechas, ríos que terminaron secos, corrupción y chantajes a las comunidades y a sus autoridades locales; desinformación o información sesgada, mentiras y contradicciones en la información, incursión con maquinaria pesada de manera ilegal, compras de tierras a alto costo para provocar avalancha de venta, presiones a ejidatarios y comuneros, ilegales actos de procesos agrarios, y pérdida de medios de vida de las poblaciones afectadas directa e indirectamente.

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[Reportaje] ¿Es posible alcanzar la justicia en Canadá o en Guatemala por la represión vinculada a la minería de Hudbay Minerals/CGN?

Compartimos el siguiente reportaje sobre algunos casas de defensa de los territorios de mineras canadienses publicado en Rights Action - A 23 de julio 2019 


Por Grahame Russell, 23 de julio de 2019

Cada cierto tiempo, la lucha de una comunidad en defensa del medio ambiente, del territorio y de los derechos humanos logra romper con las barreras complejas y fortificadas de la criminalidad, impunidad, corrupción y el engaño de las corporaciones multi-nacionales y los gobiernos que las apoyan.

Las demandas en contra de Hudbay Minerals/CGN (Compañía Guatemalteca de Níquel) interpuestas en Canadá en 2010, y el juicio penal paralelo en contra de Mynor Padilla que se lleva en Guatemala desde 2015, son un ejemplo de este tipo de lucha.

Y aun si han pasado muchos años desde la comisión de estos crímenes vinculados a la Hudbay Minerals y CGN, ambos luchas siguen avanzando.

Lo que está en cuestión en estas luchas – represión causada por la minería (un asesinato, un atentado con disparos que causó parálisis, violaciones sexuales); desalojos forzosos con amplia destrucción; corrupción y colusión con gobiernos, fuerzas de seguridad privadas, policías y fuerzas armadas – son parecidos a tantos otros casos de criminalidad, impunidad, corrupción y engaño corporativos que se vienen produciendo en Guatemala y a través del mundo.

Por varios razones generales y particulares – desde el valor, la dignidad y la fortaleza de las víctimas-querellantes Maya-Q’eqchi’, hasta la astucia, pasión y compromiso de los abogados en Canadá y Guatemala –, estos juicios en Canadá y Guatemala han superado, hasta ahora, todos los obstáculos legales, políticos y tácticos, y se están llevando adelante.

Aunque podría demorar años más, un eventual juicio en Canadá y un eventual nuevo juicio en Guatemala – si es que se llega a eso – estas demandas ya están cambiando la realidad legal y política de la impunidad e inmunidad corporativas de asumir responsabilidades legales.

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El Escaramujo 91: PROYECTO DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA 2018-2024

Los "Escaramujos" son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)  

>>Descargar Escaramujo 91 en pdf<<

En el documento denominado “Plan de Nación 2018-2024 del Sector Energético y Desarrollo” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno mexicano define como su objetivo fundamental “Acelerar la Transición a Energías Renovables”. Esto se entiende como la modificación de la matriz energética actual basada principalmente en hidrocarburos, e incrementar la generación y el uso de las “energía renovables” y “limpias” que contribuyan a la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y a la recuperación de los sistemas ecológicos, y de este modo cumplir con los compromisos internacionales en materia de medio ambiente y de combate al Cambio Climático. Así, de la capacidad instalada actual de energía en GW, el 78% proviene de “energía no renovable” y el 22% de “energía renovable”. El objetivo es pasar para el año 2024 a un 59% de capacidad de “energías renovables” en comparación con un 41% en “energías no renovables”. Para lograrlo, se plantean estos 12 Eje Rectores como estrategia con los cuales se dicen habrá un impacto ambiental en mitigación de GEI de 57.65 Mton CO2e (Millones de Toneladas de Bióxido de Carbono equivalentes).

Todo esto se enmarca en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN) 2019-20331 y en el Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan se rige con los principios de soberanía, seguridad energética nacional y sostenibilidad con los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del Sistema Eléctrico, bajo la responsabilidad de la Secretaría de Energía (SENER) quien realiza la planeación del Sistema Eléctrico Nacional y la Elaboración del PRODESEN, integrando la generación, transmisión, distribución, comercialización y ‘transición energética’, para garantizar el suministro de energía eléctrica con rentabilidad y recuperación de las inversiones. Del mismo modo se aseguraría el acceso al servicio eléctrico universal, eficiente, de calidad y confiable a todos los mexicanos. También se manifiesta que respetará la condición de equidad y competencia justa entre las empresas privadas y las empresas productivas del estado en la participación del mercado eléctrico. 

El PRODESEN distingue a los productores de energía correspondiente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Productores Independientes de Energía (PIE), así como al resto de los permisionarios, como son: Autoabastecedores (AU), Cogeneradores (COG), Pequeños Productores (PP), Importadores (IMP) y Exportadores (EXP), interconectados a la red del Servicio Eléctrico Nacional (SEN). También se incluye a los participantes del mercado, Centrales Eléctricas con permiso como generadores (GEN). A diciembre de 2018 la capacidad de generación de la CFE, de los PIE y del resto de los permisionarios alcanzó alrededor de los 70,053 MW.

El PRODESEN está alineado al Plan Nacional de Desarrollo (PND), a la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, al Programa Sectorial de Energía (PROSENER), al Programa Nacional de Infraestructura (PNI), al Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (PRONASE), al Programa Especial de la Transición Energética (PETE), al Programa Indicativo para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas, al Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y de las Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista, al Programa de Expansión de la Red Nacional de Gasoductos y al Programa de Redes Eléctricas Inteligentes.

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Juez de Corte Federal de Canadá acepta la posibilidad que Mariano Abarca no hubiera sido asesinado, si la Embajada canadiense en México hubiese actuado de otra manera; No obstante, niega ordenar una investigación

Compartimos el boletín de prensan de la Familia Abarca, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), MiningWatch y Otros Mundos respecto al fallo del Juez federal de Canadá- A 29 de julio 2019  >>Descargar en boletín en PDF<<


(Chiapas, Mexico City, Ottawa, Toronto, Kamloops).- En un fallo de juicio emitido el pasado 18 de julio, el juez federal de Canadá, Keith Boswell, admitió la posibilidad de que Mariano Abarca “quizás no estuviera sido asesinado” si la embajada canadiense en México “[hubiese] actuado de otra manera”. Mariano Abarca fue un líder comunitario de Chicomuselo, Chiapas, asesinado el 27 de noviembre del 2009 en el marco de la lucha que emprendió contra los impactos sociales y ambientales generados por la mina de barita de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration. 

Lo anterior lo señaló en la primera instancia en un proceso que inició la familia de Abarca de solicitar la revisión jurídica de la decisión del Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá, de no investigar las acciones y omisiones de la embajada canadiense en México, en torno a la criminalización y el asesinato de Mariano Abarca. La familia Abarca considera que la actuación por parte de la embajada, inclusive de ejercer presión sobre las autoridades de Chiapas a favor de Blackfire para que acallen las protesas en la comunidad cuando supuieron que Mariano estaba siendo criminalizado y amenazado, puso en mayor riesgo su vida. Sin embargo, y a pesar de su admisión de la relevancia de la influencia de la embajada, el juez Keith Boswell, negó ordenar al Comisionado que investigue su conducta.

Como familia -respondió José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca, quien estuvo presente en la audiencia en la corte federal en marzo de este año-, “estamos totalmente decepcionados del fallo, porque hemos caminado un largo trecho en búsqueda de justicia por el asesinato de mi padre, y no entendemos cómo es que el juez, reconoce que la embajada pudiera haber actuado de otra manera, lo cual habría hecho una diferencia para que mi padre siguiera con vida, y sin embargo, se niega a ordenar se lleve a cabo la investigación”.

En la decisión que tiene 26 páginas, el juez dedicó solamente un párrafo sustantivo para analizar los hechos antes de concluir que era ‘razonable’ considerar que la embajada no había contravenido ningún código de conducta. El juez parece basar esta conclusión en el supuesto que las políticas sobre la responsabilidad corporativa, la corrupción y los defensores de derechos humanos que los querellantes identificaron no fueron vinculantes sobre los funcionarios públicos canadienses quienes respondieron al conflicto social con Blackfire. Además, falló que fue ‘aceptable’ la decisión del comisionado de no investigar, sin haber realizado una evaluación seria del alto interés público en asegurar que fiscalización pública adecuada de las acciones de los funcionarios públicos de Canadá en torno a los conflictos mineros alrededor del mundo.

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