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El Escaramujo 82: ¿QUÉ ES EL ACUERDO DE ESCAZÚ? (Parte II)

Los "Escaramujos" son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

>> DESCARGAR LA PARTE I EN PDF <<

>> DESCARGAR LA PARTE II EN PDF <<

Este Acuerdo se asienta sobre una realidad social, política, económica y de gobernanza regional devastada. América Latina y el Caribe se encuentra ya a unos niveles ambientales y sociales muy críticos. La corrupción y el poder de las trasnacionales han asaltado las estructuras de un estado que pretende ahora ser transparentes. La flexibilización de todas las normatividades ambientales han sido y siguen siendo más profundas, impulsadas por la banca multilateral y los Tratados de Libre Comercio, violando los derechos humanos y de la naturaleza. El extractivismo voraz se ha agudizado y con ello la criminalización, la difamación y el desprestigio por parte de las empresas y gobiernos contra de las defensoras y defensoras ambientales que terminan asesinados en muchos países de la región que se niegan a hacer vinculante el rechazo de los afectados directos por megaproyectos.

Entre el 2016 y lo que va del 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido un total de 172 resoluciones de medidas cautelares a 23 Países de la región para que sus gobiernos protejan a personas, colectivos y comunidades amenazadas, sin embargo han sido los años de mayores índices de violencia contra defensoras y defensores de los derechos humanos y del medio ambiente a los cuales el Acuerdo de Escazú dedica solo un artículo.

Por ello, el Acuerdo parece más bien una lista de buenos deseos e intenciones entre las actuales administraciones que un Pacto entre Estados, ya que repiten incansablemente los mismos estribillos que les blindan de cumplir lo que han firmado, como: "en la medida de los recursos disponibles", "en la medida de lo posible", "cuando ello sea posible", "de acuerdo con sus capacidades", "utilizando los mecanismos disponibles", "hará sus mejores esfuerzos", "sobre la base de los marcos normativos internos", "utilizando los mecanismos disponibles", "según corresponda y de acuerdo con la legislación nacional", "Realizará el esfuerzo", "Garantizará el respeto de su legislación nacional y de sus obligaciones internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales", "considerando sus circunstancias", "se compromete a crear y fortalecer", "sobre la base de sus prioridades y necesidades", "con arreglo a sus capacidades", "podrá tomar  (…) las siguientes medidas (...)", "sólo si su legislación nacional se lo permite", o se puede negar "cuando considere que hacer pública la información pone en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física (…) cuando (…) afecte negativamente, cuando genere un riesgo (…)".

Así, aunque los gobiernos se blindaron si justifican que no hay recursos, no hay fondos ni posibilidades, que no es prioritario, que la legislación no lo permite, entre otros candados, la mera narrativa del Acuerdo les debe asustar a más de uno. Otros son tan cínicos que inmediatamente firmaron, como son México, Haití, Perú, entre otros. Por ello, algunos movimientos sociales y defensores del medio ambiente verán en este Acuerdo una herramienta para la presión política y mediática a sus respectivos gobiernos, más que esperar un resultado en su aplicación.

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Zacatecas: La policía interviene de manera violenta e ilegal en una asamblea sobre la presa Milpillas

Comunicado de la Red Mexicano de Afectados por la Minería (REMA) y el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac) - A 15 de octubre 2018

"EL GOBERNADOR DE ZACATECAS, ALEJANDRO TELLO CRISTERNA Y EL DELEGADO FEDERAL DE LA PROCURADURÍA AGRARIA, FRANCISCO GODOY CORTÉS REPRESORES Y VIOLADORES DE DERECHOS HUMANOS"

El día de ayer, en el Municipio de Jiménez del Teul en Zacatecas, en el contexto de una Asamblea Agraria del Ejido El Potrero en la que debían tomarse decisiones respecto a la imposición y establecimiento de la Presa Milpillas en su territorio, se presentaron 20 camionetas con más de cien elementos de la policía estatal quienes, en coordinación con el Delegado Federal de la Procuraduría Agraria Francisco Godoy Cortés, la presidenta municipal Victorina Espinoza Sánchez, el Subsecretario de la Secretaría General del Gobierno del Estado Alfonso del Real y el Titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente Luis Fernando Maldonado Moreno, encabezaron acciones de coacción e intimidación hacia los ejidatarios trasgrediendo la autonomía de la Asamblea Ejidal.

Alrededor de las 11:00 horas del 14 de octubre, la policía cercó el Salón Ejidal en donde se desarrollaría la Asamblea para tomar el control del procedimiento agrario, con lo cual violentaron la vida interna del ejido, los derechos de los ejidatarios y la legislación agraria. Dos elementos de la policía del Estado se situaron en el acceso al Salón Ejidal para dar o negar el acceso y participación en la Asamblea a los ejidatarios; en este contexto, los operadores políticos del gobierno federal y del estado, encabezados por Francisco Godoy Cortés, Alfonso del Real y Luis Fernando Maldonado, definieron la forma en que la asamblea debería de desarrollarse, incidiendo, incluso, en la forma de votación. Durante los hechos, la policía del Estado intimidó, desalojó y golpeó a ciudadanas, ciudadanos y ejidatarios que reclamaron la intromisión de las autoridades en la vida autónoma del Ejido. Cuando algunos de los ejidatarios preguntaron por qué estaba ahí la policía, el secretario general de gobierno dijo que "por protocolo".

Con estos cobardes actos, utilizando la fuerza policial y las instituciones a su cargo para imponer el "progreso y desarrollo", ambos gobiernos, Federal y del Estado de Zacatecas, hacen evidente que la ley y el diálogo no son elementos que hayan incorporado a su práctica política. El mensaje de las autoridades a la población en Zacatecas es claro, quienes definan, en uso de su autonomía personal y colectiva, defender sus derechos, serán reprimidos.

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El Movimiento Ríos Vivos Colombia llama a resistir a la "dictadura minero-energética"

Compartimos la "Declaración de Yuma", de los y las participantes en el Segundo Encuentro Nacional del Movimiento Ríos Vivos en Defensa de los Territorios y contra represas organizado por el Movimiento Ríos Vivos en Barrancabermeja, Santander, Colombia, del 8 al 12 de octubre 2018

Movilización en las calles de Barrancabermeja el 12 de octubre 2018 (Foto: Movimiento Ríos Vivos Colombia) [Más fotos aquí]

En Barrancabermeja, Santander, frente a nuestro gran río Magdalena, nuestro Yuma, arribamos desde nuestra regiones cargados de alegría, cantos, consignas, alimentos locales y banderas, comunidades indígenas, campesinas, pescadoras, afrocolombianas, barequeras, paleras, artesanas, para la realización del II Encuentro Nacional del Movimiento en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas – Movimiento Ríos Vivos. Durante los días 8 al 12 de octubre de 2018, sesionamos más de 400 personas entre niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres delegados de los procesos regionales del Valle del Cauca, Antioquia, Huila, Cauca, Quindío, Caldas, Santander, Bajo Sinú, Chocó y Sur de Bolívar y el acompañamiento de delegados nacionales de otros procesos sociales y ambientales. Exaltamos la presencia y acompañamiento de 30 delegados internacionales de 14 países latinoamericanos que hacen parte del Movimiento de afectados por represas de Latinoamérica – MAR. Saludamos el acompañamiento permanente de Swefor y PAS/PWS y la hospitalidad de la Unión Sindical Obrera a quien agradecemos su incondicional apoyo para la buena realización de nuestro Encuentro.

Con espíritu fraterno y unitario debatimos junto a organizaciones aliadas nuestra propuesta de transición energética, que busca enfrentar la crisis ambiental y social nacional y planetaria, así como nuestros ejercicios de memoria histórica ambiental, los cuales nos permitieron recordar el dolor profundo que han sufrido las comunidades por los proyectos hidroeléctricos, pero también la riqueza de sus luchas y de su fuerza para mantenerse en el territorio.

A través de debates, ferias, talleres, intercambios, música, cantos y arte pudimos avanzar en nuestras reflexiones y llegar a las siguientes conclusiones:

  • La profundización del modelo extractivista, concebido como reprimarización de la economía basada en la extracción intensiva de los bienes comunes y ligado a la especulación financiera transnacional, está conllevando a la mercantilización y privatización de dichos bienes, al control político y social por parte de empresas transnacionales, la criminalización de nuestros líderes y liderezas sociales y, la militarización de la vida comunitaria.

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Caso Berta Cáceres: El COPINH sigue en espera de un juicio justo que llegue a la verdad

Nota informativa de Otros Mundos A.C. - A 11 de octubre 2018

El pasado 17 de septiembre, el mundo estaba esperando con ansias el inicio de un juicio histórico: el primer juicio en el caso del asesinato de la defensora hondureña Berta Cáceres, donde iban a ser juzgadas ocho personas acusadas de ser los autores materiales del crimen. Pero el juicio fue postergado debido a múltiples irregularidades perpetradas por el Tribunal de Sentencias de la Corte Suprema de Justicia de Honduras donde se iba a desarrollar. Dado que la detención preventiva de cuatro de los imputados vence el 2 de noviembre, el Ministerio Público de Honduras tiene poco tiempo para resolver la situación y asegurar que el proceso se pueda llevar a cabo en las condiciones más justas posibles para las víctimas. A partir de esa fecha, los imputados tendrían que salir de la cárcel y continuar el proceso bajo otra medida cautelar como la prisión domiciliaria, por ejemplo.

"A pesar de todo el dinero que EEUU y Europa envían para financiar el sistema de justicia hondureño, tanto el Ministerio Público como los tribunales que han conocido el caso han fallado en investigar y llevar un proceso que cumpla con los estándares internacionales", denunció el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en un comunicado el 10 de octubre. "El vencimiento del tiempo de la prisión preventiva por la negligencia de las autoridades, es una muestra más de la impunidad cabalgante y de la utilización del poder judicial como un instrumento político por parte del régimen en el poder."

Recordemos que Berta fue ejecutada el 2 de marzo 2016 cuando coordinaba el COPINH. La mataron personas vinculadas a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), constructora de la represa hidroeléctrica Agua Zarca a la cual ella y el pueblo Lenca resistían, por lo que su caso se convirtió en el símbolo de la impunidad y la violencia que caracterizan el avance del modelo extractivo en territorios indígenas, campesinos y afrodescendientes de todo el mundo. De allí la exigencia del COPINH y la familia de Berta de exigir justicia, pero "no a toda costa", y un juicio que permita develar el patron de actuación de DESA y del gobierno hondureño.

Desde el año pasado, han estado denunciando las múltiples violaciones a los derechos de las víctimas perpetradas por el Ministerio Público (MP), como por ejemplo: violación del derecho de las víctimas al acceso a la información desde el inicio de las investigaciones, la falta de análisis de pruebas, la no entrega de la información digital recolectada en las oficinas de DESA, el rehuso a llamar a testificar a los dueños de DESA. Pero ante la falta de respuesta del MP a las exigencias de las víctimas y la complicidad del Tribunal de Sentencias el cual quiere realizar el juicio a pesar de dichas irrgularidades, el COPINH y la familia de Berta tuvieron que emprender varios recursos legales al momento de iniciarse el juicio.

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