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Los decretos no protegen a los ríos del avance del modelo extractivo

Artículo de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México - A 4 de julio 2018

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  • En la región hidrológica Grijalva-Usumacinta, 66% de las aguas de las cuencas supuestamente "reservadas" quedan con posibilidad de concesión a la industria extractiva
  • Se necesita una gestión integral del agua en México que tome en cuenta a las comunidades no solo urbanas pero también rurales, campesinas e indígenas, que las organizaciones de defensa del territorio acompañamos y cuyos derechos se ven violados en la actual política nacional hídrica.

El pasado 5 de junio, el presidente de la República Enrique Peña Nieto (EPN) firmó durante un acto público en la Ciudad de México diez decretos que comprometen y violan los derechos colectivos y el derecho al agua de los mexicanos y las mexicanas. [1] Ponen gran parte de las aguas nacionales a disponibilidad de la agroindustria y otras industrias extractivas, como por ejemplo la generación de energía hidroeléctrica, la cual se está promoviendo en México en el marco de la supuesta "transición energética".

El gobierno federal los presenta como "decretos de reserva de agua", para que la opinión pública los perciba como medidas positivas para el medio ambiente y la gestión integral del agua en México, y no se percate de tres aspectos fundamentales:

  1. Que las reservas de agua totales o parciales que estos decretos crean en las aguas superficiales de 194 cuencas hidrológicas del país [2] para usos doméstico, público urbano y ambiental se aplican en una parte muy restringida de las aguas nacionales. Se limitan a las aguas superficiales que representan solo entre el 1 y el 3% de las aguas nacionales (las aguas subterráneas representan entre el 97 y el 99%). Además, al analizar cada decreto, confrontando la cantidad de agua disponible en cada cuenca mencionada, con la cantidad de agua en ella "reservada", la Coalición Agua Para Todos calcula que los decretos reservan solo el 30% de las aguas de las cuencas que abarcan. [3] El 70% restante se queda "sin protección", alertó la Coalición en su comunicado del 26 de junio.
  2. Que las reservas de agua no son realmente una protección contra la sobreexplotación y contaminación de las cuencas. En el caso de las aguas reservadas para el uso doméstico, por ejemplo, se podrán entregar en forma de concesiones a particulares, quienes en virtud de la Ley Nacional de Aguas (LAN) del 1992 las podrán a su vez vender a empresas u otros particulares quienes tendrán el derecho de cambiarles el uso. Además, aparece muy difícil asegurar reservas en un país donde más del 80% del total de los contribuyentes obligados a pagar por el uso y aprovechamiento del agua no están registrados. [4]
  3. Que los decretos no solo crean reservas de agua sino que levantan las vedas que existían hasta el 5 de junio en 99 cuencas hidrológicas del país. Estos estatus de veda eran una protección legal contra la sobreexplotación de dichas cuencas ya que, según la LAN, prohibían los "aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente y éstos se controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del agua en cantidad o calidad, por la afectación a la sustentabilidad hidrológica, o por el daño a cuerpos de agua superficiales o subterráneos". Ahora los defensores y las defensoras de estas cuencas ya no cuentan con esta herramienta legal.

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