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INFORME: Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética de Honduras: Un Perfil de Roberto David Castillo Mejía

Compartimos este informe publicado en el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) - A 4 de septiembre de 2019

 

RESUMEN DEL INFORME:

Roberto David Castillo Mejía es un empresario hondureño, ex funcionario público, graduado de la academia militar estadounidense de West Point y oficial de inteligencia militar hondureña en condición de retiro. “Violencia, Corrupción e Impunidad en la Industria Energética Hondureña: Un perfil de Roberto David Castillo Mejía”, reúne información sobre sus actividades comerciales y casos legales relacionados, incluyendo acusaciones por el asesinato de la defensora de los derechos de los pueblos indígenas, internacionalmente reconocida, Berta Cáceres, y acusaciones de corrupción. En el informe se describen actividades delictivas, incluyendo graves violaciones de derechos humanos y actos significativos de corrupción mientras servía como funcionario público.

Las actividades delictivas descritas en Un Perfil de David Castillo se llevaron a cabo presumiblemente para promover los intereses de las empresas con las que Castillo estaba asociado. Por lo menos seis compañías fueron constituidas en Honduras, donde los registros corporativos se encuentran repartidos por todo el país en aproximadamente 30 registros distintos. Y al menos dos compañías asociadas con Castillo fueron registradas en Panamá, donde el anonimato de sus accionistas está protegido. Las dificultades para obtener acceso a los archivos de algunas de las corporaciones, y las leyes que permiten el anonimato de la propiedad en Panamá, hacen extremadamente difícil identificar a los propietarios. Esto contribuye a que la impunidad sea un obstáculo para la investigación de la responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos.

Aunque múltiples corporaciones aparentemente se han beneficiado de supuestos delitos, aquellos que habrían beneficiado a Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), y a empresas relacionadas, son particularmente graves. Antes de su asesinato el 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres dirigió el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), y apoyó a las comunidades indígenas que denunciaron la implementación ilegal del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de DESA en su territorio. Castillo fue gerente general de la empresa DESA en el momento del asesinato y aparentemente continúa en ese cargo a la fecha.

El 2 de marzo de 2018, Castillo fue capturado por el asesinato de Cáceres. Las pruebas presentadas por los fiscales ante los tribunales hondureños sugieren que Castillo participó en el asesinato de Berta Cáceres como autor intelectual, presuntamente coordinando y proporcionando fondos a los autores materiales y con el fin de llevar a cabo el asesinato. Castillo ha sido acusado y el caso sigue en la fase preliminar del proceso; no se ha detenido a ningún otro autor intelectual del crimen.

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[Informe] “Yo sólo quería que amaneciera"

En el marco de acciones por las 5 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotziapa compartimos el siguiente informe “Yo sólo quería que amaneciera, impactos psicosociales del caso Ayotzinapa”

Prólogo

El diagnóstico psicosocial y en salud que recoge este informe, es parte de un proceso de acompañamiento a los familiares y víctimas del caso Ayotzinapa. Su objetivo es documentar su experiencia, y convertir ese dolor y sufrimiento en algo útil para escuchar y cambiar.

La idea del diagnóstico nació del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e invitado por México de acuerdo con los representantes de las víctimas para coadyuvar en la investigación, la búsqueda y la atención a las víctimas del caso. El GIEI empezó a documentar la experiencia de los familiares, heridos y sobrevivientes, como una muestra de lo que se necesita hacer frente al drama de la desaparición forzada. Durante su trabajo, llevó a cabo acercamientos entre los familiares y el Estado y ayudó a tejer las primeras iniciativas de atención. También incluyó en su segundo informe la propuesta de que se hiciera un diagnóstico que ayudara a seguir dando pasos en esa dirección, y estableció algunos criterios como la adecuación al proceso de los familiares, su participación, el trabajo con profesionales de confianza y el apego a los estándares internacionales en la atención a sus derechos, con sus diferentes urgencias y necesidades.

El equipo que cuidadosamente lo ha realizado tuvo la ardua tarea de entrevistar, escuchar, tratar de entender, analizar y narrar algo para lo que no es fácil encontrar palabras. El trauma es inenarrable porque no entra en las categorías con las que contamos. Y la desaparición forzada es el trauma más duro porque además de la tragedia de la pérdida conlleva una dramática incertidumbre, un dolor permanente. Este diagnóstico acompaña y traduce, y sobre todo permite escuchar las voces de las víctimas, sobrevivientes y familiares. El compromiso acordado fue que las propuestas del diagnóstico serían la guía de las políticas del Estado en relación a los familiares y víctimas del caso. Esa es ahora la tarea.

El trabajo psicosocial es un método de trabajo al lado de la gente, con la convicción de que, en los casos de violaciones de derechos humanos, las víctimas y sobrevivientes son el elemento central de cualquier estrategia de transformación. Sin embargo, la historia reciente de muchos de estos casos en México está escrita en la crónica roja que convierte a los muertos y desaparecidos en estadísticas de un abstracto problema de seguridad, que se refiere a cárteles, policías, gobiernos o la militarización, pero que no habla del sufrimiento ni de sus rostros. Los heridos, sobrevivientes y familiares del caso Ayotzinapa son parte de una persistencia que hace visible, junto con otros muchos familiares, esa profunda herida.

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[Artículo] Megaproyectos mineros en Wirikuta ¿desarrollo para el bien común o etnocidio?

Compartimos este artículo sobre proyectos mineros en Wirikuta escrito por  David Avilés- Agosto 2019 


El día 24 de julio de 2019, autoridades del Consejo Regional Wixarika (CRW) como representantes de las personas wixaritari y la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales A.C. (UWCC), emitieron una respuesta conjunta a la convocatoria procedente de una asociación civil que se hace llamar Unión de Ejidos de la región Chichimeca del Altiplano norte, donde convocaban a los representantes del pueblo wixarika a una reunión con el objeto de, entre otros motivos, negociar el amparo judicial que el pueblo wixarika interpuso dentro del contexto de un proceso de resistencia intensa a la instalación de megaproyectos mineros en al Altiplano norte- Wirikuta, que se prolonga hasta la actualidad y que suspende cautelarmente, cualquier actividad minera en el Altiplano- Wirikuta.

La Unión de Ejidos de la Región Chichimeca, se llaman así en un intento de presentar el conflicto, al que mire de lejos, como un conflicto interétnico que enfrenta a chichimecas y wixarika. No son chichimecas, ni siquiera representan a las comunidades, se trata de un grupo de gentes captadas y engañadas por las transnacionales mineras, en la práctica de estrategias dirigidas a dividir y a entrar en las comunidades, como nos muestran las actuaciones de estas transnacionales en otros casos similares como Salaverna, Mazapil, el Cerro Gordo de San Pedro o el Basurero tóxico de Palula, por citar solo algunos casos cercanos al Altiplano norte, de los más de 130 conflictos mineros documentados en México por el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

Los componentes de la Unión de Ejidos A.C., se erigen como representantes de los intereses de los ejidos pertenecientes a las comunidades que se encuentran dentro del entorno del Altiplano norte Wirikuta, cuando en realidad representan a algunas secciones de ciertos ejidos, pero, sobre todo, representan a los intereses mineros de la First Majestic, circunstancias que hace que la Unión de Ejidos A.C. no tenga poder de representación y por tanto negociador, en nombre de las comunidades del desierto y ante los representantes y autoridades de todo un pueblo originario.

No obstante, el pueblo wixarika, a través del Consejo Regional Wixarika (CRW), organismo oficial de los wixaritari formados por autoridades legalmente establecidas como representantes del pueblo wixarika, con poder efectivo para tomar decisiones vinculantes en lo referente a las posiciones de este pueblo originario, junto con la Unión Wixarika de Centros Ceremoniales (UWCC), emitieron un comunicado público conjunto, en respuesta a la convocatoria realizada por la Unión de Ejidos A.C.

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ZACATECAS: COMUNICADO DE APOYO AL EJIDO EL POTRERO DE JIMÉNEZ DEL TEUL

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería (REMA) - A 1 de septiembre de 2019

 

A los compañeros y compañeras defensores que siguen avanzando por la exigencia y vigencia de sus derechos agrarios y humanos, con la resistencia ante la imposición de la Presa Milpillas; por ser el agua otro gran tema del despojo territorial que obliga a los campesinos a organizarse y movilizarse en defensa de su patrimonio natural contra proyectos que violentan sus derechos en su tierra ejidal y comunal. Hoy vemos un claro ejemplo en los agravios contra el Ejido el Potrero por parte de autoridades ejidales que el 14 de octubre de 2018, apoyados con la fuerza pública de forma ilegal y arbitraria, con agresiones a ejidatarios y ejidatarias y sin haber el quórum legal del 70% para la instalación de una asamblea, así como la falta de fedatario público que al ser asunto de cambio de destino de tierra de uso común era indispensable cumplirse para la realización de la citada asamblea. Así también la alteración de votos asentados en el acta, misma que establece la autorización previa a expropiación de 125 hectáreas de uso común del ejido para comenzar con los trabajos para el embalse de la Presa Milpillas.

Pese a lo anterior y con el apoyo de los órganos de representación agraria como fue: el Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia, Subdelegado de la Procuraduría Agraria de Zacatecas, Visitador Agrario, Subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana del Gobierno del Estado y la Presidenta Municipal de Jiménez del Teul, el Registro Agrario Nacional inscribió esta acta ilegal y por complicidad ésta institución se encuentra demandada en el respectivo juicio de nulidad.

Respaldamos a los compañeros del Ejido del Potrero y activistas en su segunda demanda de juicio de nulidad del acta de Asamblea del 14 de octubre del 2018 por actos graves de corrupción, ilegalidad y violación a sus derechos humanos y agrarios.

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