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Guanajuato: No al Proyecto Minero Cerro del Gallo en la Cuna de la Independencia

Boletín de presa de la Hermandad de la Cuencia de la Independencia, Acción Colectiva Socioambieltal A.C. y la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) - A 8 de julio 2019


No al Proyecto Minero Cerro del Gallo en la Cuna de la Independencia

La empresa canadiense Argonaut Gold pretende explotar su Proyecto Cerro del Gallo en las inmediaciones de la Cuna de la Independencia. De realizarse, su proyecto abarcaría un área total de más de 20,000 hectáreas y los minerales extraídos serían beneficiados con cianuro de sodio mediante la técnica de lixiviación en pila que suele producir graves afectaciones a la salud de las poblaciones cercanas así como el uso y contaminación de grandes cantidades de agua.

En el contexto de sobreexplotación, agotamiento y contaminación del “Acuífero de la Independencia”, el acaparamiento de grandes volúmenes de concesiones de agua subterranea por empresas y la aguda escasez para los habitantes de las comunidades rurales, la empresa minera canadiense Argonaut Gold pretende iniciar las operaciones de su Proyecto Cerro del Gallo, a ubicarse en el territorio de la comunidad de San Antón de las Minas, a pocos kilómetros al sur de la ciudad de Dolores Hidalgo.

El Proyecto se ubica dentro la Cuenca de la Independencia, un territorio así denominado por formar parte de un solo Acuífero subterráneo, como ha sido demostrado por los estudios realizados desde 1998 por el Centro de Geociencias de la UNAM, aunque la Comisión Estatal del Agua no lo reconozca así. Este Acuífero abarca el territorio de siete municipios del norte de Guanajuato, desde San Felipe, Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Doctor Mora, San José Iturbide y San Miguel de Allende. La sobreexplotación del Acuífero es tan grave que el agua está siendo tomada más allá de los límites de extracción sustentable, ello se constata con los pozos que existen en la región que alcanzan entre 400 y 700 metros de profundidad. El agua extraída a esas profundidades, contiene un exceso de elementos químicos como el arsénico y el fluoruro, los cuales son altamente dañinos para la salud de toda la población.

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[Artículo] Argentina: Corte Suprema declaró que la Ley de Glaciares es Constitucional

Compartimos este artículo publicado por Radio Mundo Real (RMR) - A junio 2019 

Mineras y gobierno de San Juan habían presentado recursos de nulidad e inconstitucionalidad. En el país hay 19 mil glaciares. 

 

Esta decisión del tribunal máximo de Argentina rechaza los recursos judiciales presentados por empresas mineras apoyadas por el gobierno provincial de San Juan, que pretendían anular y declarar inconstitucional la Ley de Glaciares, sancionada en 2010.

En el país sudamericano hay 322 proyectos mineros, de los cuales 77 están en áreas o cuencas hídricas inventariadas (44 en territorios de hielo), siendo los glaciares fuentes de agua.

Al declarar la constitucionalidad de la ley se podrán abordar esos 44 proyectos de minería ubicados en áreas glaciares y periglaciares. “La ley es taxativa: esos proyectos deben clausurarse”, dijo a RMR la activista ambientalista Natalia Salvático, integrante de Amigos de la Tierra Argentina.

>>Escucha la entrevista<< 

EL CASO.

Las empresas mineras Barrick Exploraciones Argentinas SA. y Exploraciones Mineras Argentinas S.A., concesionarias del emprendimiento binacional Pascua Lama, y la empresa Minera Argentina Gold S.A., concesionaria del emprendimiento “Veladero”, presentaron hace un tiempo el recurso ante la Justicia argentina para anular y declarar «inconstitucional» a la ley de glaciares vigente en ese país.

El 4 de junio, la Corte Suprema de Justicia rechazó la demanda, considerando que Barrick Gold y Minera Argentina Gold «no habían demostrado que el sistema de preservación de los glaciares establecido por el Congreso Nacional les generase algún tipo de daño en su derecho de explotación minera».

Cabe agregar que el gobierno de la provincia de San Juan, se había sumado al planteo de las empresas para obtener la inconstitucionalidad de la ley. La Corte consideró que tampoco el gobierno pudo explicar en qué medida la existencia de la ley de glaciares le generaba agravio e iría contra la Constitución nacional.

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Sicario contratado por David Castillo para asesinar a Berta Cáceres aparece muerto

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) - A 5 de julio de 2019 

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH comunica que según informaciones comunitarias el señor Olvin Gustavo García Mejía ha sido encontrado muerto el día de ayer 4 de julio en la comunidad de San Bartolo, en la zona norte de Intibucá, después de haber sido visto por última vez el día sábado 29 de junio. 

Con la muerte de Olvin García Mejía se sepulta un testimonio clave y se oculta la verdad sobre los planes de la empresa DESA para asesinar a Berta Cáceres. García Mejía fue denunciado en reiteradas ocasiones como sicario contratado por la empresa para asesinar a Berta Cáceres y líderes comunitarios. David Castillo lo identifica como “nuestra mejor seguridad en el sitio de presa” en conversaciones con Sergio Rodríguez (ver anexo).

En diciembre de 2015 Olvin García tenía dispuesto asesinar a Berta Cáceres y a líderes de la comunidad bajo orden de la empresa DESA. Sin embargo, el plan fue frustrado debido a su captura el 27 de diciembre de 2015 por el delito de portación ilegal de armas. Cuando, además, tenía pendiente una orden de captura por el asesinato de Bernardo Pérez.

En tan solo 4 días salió en libertad gracias a las labores de David Castillo, Daniel Atala Midence, Sergio Rodríguez y Jorge Ávila, ejecutivos y empleados de la empresa DESA, quienes “trabajaron” testigos, influenciaron al Ministerio Público de La Esperanza y pagaron, por lo menos, la fianza y representación legal de una persona de la cual se han tratado de desvincular.

García Mejía fue liberado en tan solo 4 días por 2 delitos graves con el favor del sistema de justicia hondureño y el dinero de la empresa DESA, sin embargo, nuestros compañeros presos políticos cumplen a la fecha año y medio de prisión injusta.

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[Artículo] Nuevo Plan de Desarrollo y el lavado verde de la contaminación, respuestas de México para la crisis climática

Compartimos el siguiente artículo publicado por Avispa Midia - Mayo 2019

Por Aldo Santiago

En el 2019, mientras se esparcen movilizaciones en decenas de países para demandar acciones reales para enfrentar las consecuencias del calentamiento global, en México el gobierno federal aumenta la inversión en las industrias más contaminantes del planeta.

Tras el anuncio del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019 -2024, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la administración pública “no se ajustará a los dictados de los organismos financieros internacionales” y pese a ello obtendrá para 2024 un crecimiento económico del seis por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) al final de su periodo y “cuatro por ciento en promedio anual, al doble de lo que se creció en el periodo neoliberal en 36 años”.

No obstante el discurso oficial que proclama “el final de las políticas neoliberales en México”, la gestión económica actual opera bajo el marco jurídico reformado en el periodo de Enrique Peña Nieto, el cual continúa las políticas que promueven la inversión nacional y extranjera para sectores claves de la economía mexicana como el de la construcción de infraestructura energética, principalmente para la extracción y refinación petrolera en Dos Bocas Tabasco, así como en la construcción de megaproyectos como el Corredor Transístmico en Oaxaca y el Tren Maya en Chiapas.

“Al ponernos una camisa de fuerza nosotros, de no gastar más de lo que ingresa, quiere decir que el motor de la economía será el sector privado”, declaró el ahora jefe de la oficina de la presidencia, el empresario Alfonso Romo, mientras difundía la promesa del nuevo gobierno de izquierda: “México será un paraíso de inversión”.

Romo fungió como coordinador del Proyecto de Nación presentado en el año 2017, documento donde se plasman los fundamentos para las políticas públicas que proponía el equipo de AMLO, entonces candidato presidencial por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

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