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Nuevo gobierno... ¿Mismas intenciones?

Comunicado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) - A 5 de julio 2018

A LA OPINIÓN PÚBLICA,

Sobre la base del enorme respeto que merece el mandato popular que se expresó categóricamente en las urnas el pasado primero de julio, es que a este país le urge y requiere concretar a cabalidad, todas las medidas necesarias, conducentes e ineludibles, a lo que por el momento se avizora como una esperanzadora reconstrucción de todo lo que los sistemas políticos anteriores han hecho añicos. Derivado de este nuevo contexto, las y los integrantes de REMA creemos fehacientemente que este proceso debe ser presidido por el principio del bien común y en consecuencia, este sólo puede construirse con una amplia participación de la población en su conjunto, por sector y por problemática ponderada. Es decir, una de esas medidas esperanzadoras y esenciales para un cambio verdadero, es la permanente invitación a que la población participe, opine e intercambie experiencias sobre la operación de las políticas públicas actuales, para transformarlas de acuerdo a nuestras propias realidades, identidades, pluriculturalidad y bienes naturales en políticas públicas futuras.

Para REMA es de fundamental importancia transformar, entre otras cosas, las políticas de entreguismo económico que han caracterizado a los gobiernos neoliberales en México desde hace más de treinta años. Por ello, no pueden pasar desapercibidas y sin denunciar, las preocupantes expresiones vertidas por el Sr. Romo, anunciado ya como jefe del gabinete del presidente electo, respecto a convertir al país en un "paraíso" para la inversión extranjera y ampliar las Zonas Económicas Especiales.

Para la Red Mexicana de Afectados por la Minería, como lo es para otros muchos colectivos, es claro que México no debe ser en absoluto el "paraíso de las inversiones extranjeras" -incluyendo las privadas nacionales-, ni tampoco la imposición de Zonas Económicas Especiales. Por el contrario, toda inversión que está relacionada con el saqueo, el despojo y el desplazamiento forzado, que son las figuras acabadas del modelo extractivo, deben de ser derogadas como propuestas de progreso y desarrollo para México y para Latinoamérica. Lo que el Sr. Romo expresa en total consonancia con el modelo económico que nos ha llevado a la debacle del país, contradice de manera tajante el nuevo mandato social que se ha expresado con tremenda fuerza el pasado primero de julio.

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Zacatecas: La comunidad de San José de Buenavista contra el despojo de la empresa minera First Majestic

Comunicado del Observatorio de Conflictos Mineros Zacatecas (OCMZac) y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) - A 5 de julio 2018

El oro nos divide, la vida nos une

Este 2 de julio en el ejido San José de Buenavista, municipio de Chalchihuites, Zacatecas, se pretendió llevar a cabo una asamblea agraria, en la cual las y los ejidatarios fueron convocados para que discutieran y definieran su negativa o aprobación, para el proyecto de exploración con la empresa minera canadiense First Majestic, la cual pretende expandir sus operaciones dentro del municipio de Chalchihuites, y que en conjunto, con otras empresas mineras que tienen concesiones mineras en la misma zona, pretenden ocupar 650 km2 de los 903 km2 en los que se extiende el total del municipio (OCMZac. 2018). Es decir, está concesionado el 72% de la superficie municipal, por lo tanto, en dónde van a vivir las más de 10 mil personas que habitan el municipio? ¿vivirán en el 28% de superficie restante?

Como siempre sucede en estos casos, la empresa minera, a través de su ingeniero encargado del Departamento de Responsabilidad Social Corporativa, ha estado generando un proceso de desinformación y mentiras sobre su proyecto de expansión/exploración, con el claro propósito de ocasionar enconos y divisiones entre la población local, además de incitar a la violación de la ley y del derecho agrario de las y los ejidatarios, quienes sin haber tenido un proceso suficiente, integral y adecuado de información sobre las ventajas y desventajas del proyecto de expansión/exploración, tengan que definir su destino aceptando un ofensivo e irrisorio convenio por 5 años en el que les ofrecen 20 mil pesos divididos en 73 pagos, es decir 273.97 pesos al mes, el cual, lo único que demuestra, es el valor real por el cual la empresa canadiense estima la vida de la población.

La asamblea comenzó en medio de varias tensiones, destacando entre ellas, la presencia del personal de la minera antes de que la asamblea quedara instalada, tal como lo demanda el procedimiento descrito en la ley agraria vigente. La tensión se incrementó cuando un grupo de ejidatarios negaron el derecho de participación de quienes, en uso de sus derechos manifiestos en el artículo 30 de la Ley Agraria, acudieron como representantes debidamente acreditados con su carta poder, al mismo tiempo de solicitar a la mesa se siguiera el procedimiento conforme a derecho, con el pase de lista que corresponde al padrón ejidal, la verificación de quorum y, sobre todo, verificar la acreditación de titulares y representantes de forma adecuada, toda vez que la empresa está dividiendo al ejido y tiene promoventes del proyecto a su favor, de los cuales, algunos se desconoce si son o no ejidatarios, pero hacen acto de presencia en la asamblea.

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Los decretos no protegen a los ríos del avance del modelo extractivo

Artículo de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México - A 4 de julio 2018

>> Desgarcar el artículo en PDF

  • En la región hidrológica Grijalva-Usumacinta, 66% de las aguas de las cuencas supuestamente "reservadas" quedan con posibilidad de concesión a la industria extractiva
  • Se necesita una gestión integral del agua en México que tome en cuenta a las comunidades no solo urbanas pero también rurales, campesinas e indígenas, que las organizaciones de defensa del territorio acompañamos y cuyos derechos se ven violados en la actual política nacional hídrica.

El pasado 5 de junio, el presidente de la República Enrique Peña Nieto (EPN) firmó durante un acto público en la Ciudad de México diez decretos que comprometen y violan los derechos colectivos y el derecho al agua de los mexicanos y las mexicanas. [1] Ponen gran parte de las aguas nacionales a disponibilidad de la agroindustria y otras industrias extractivas, como por ejemplo la generación de energía hidroeléctrica, la cual se está promoviendo en México en el marco de la supuesta "transición energética".

El gobierno federal los presenta como "decretos de reserva de agua", para que la opinión pública los perciba como medidas positivas para el medio ambiente y la gestión integral del agua en México, y no se percate de tres aspectos fundamentales:

  1. Que las reservas de agua totales o parciales que estos decretos crean en las aguas superficiales de 194 cuencas hidrológicas del país [2] para usos doméstico, público urbano y ambiental se aplican en una parte muy restringida de las aguas nacionales. Se limitan a las aguas superficiales que representan solo entre el 1 y el 3% de las aguas nacionales (las aguas subterráneas representan entre el 97 y el 99%). Además, al analizar cada decreto, confrontando la cantidad de agua disponible en cada cuenca mencionada, con la cantidad de agua en ella "reservada", la Coalición Agua Para Todos calcula que los decretos reservan solo el 30% de las aguas de las cuencas que abarcan. [3] El 70% restante se queda "sin protección", alertó la Coalición en su comunicado del 26 de junio.
  2. Que las reservas de agua no son realmente una protección contra la sobreexplotación y contaminación de las cuencas. En el caso de las aguas reservadas para el uso doméstico, por ejemplo, se podrán entregar en forma de concesiones a particulares, quienes en virtud de la Ley Nacional de Aguas (LAN) del 1992 las podrán a su vez vender a empresas u otros particulares quienes tendrán el derecho de cambiarles el uso. Además, aparece muy difícil asegurar reservas en un país donde más del 80% del total de los contribuyentes obligados a pagar por el uso y aprovechamiento del agua no están registrados. [4]
  3. Que los decretos no solo crean reservas de agua sino que levantan las vedas que existían hasta el 5 de junio en 99 cuencas hidrológicas del país. Estos estatus de veda eran una protección legal contra la sobreexplotación de dichas cuencas ya que, según la LAN, prohibían los "aprovechamientos de agua adicionales a los establecidos legalmente y éstos se controlan mediante reglamentos específicos, en virtud del deterioro del agua en cantidad o calidad, por la afectación a la sustentabilidad hidrológica, o por el daño a cuerpos de agua superficiales o subterráneos". Ahora los defensores y las defensoras de estas cuencas ya no cuentan con esta herramienta legal.

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[VIDEO] Los zoques, 2,500 años en Chiapas, frenan la Reforma Energética: "No entrará. Ni ahora ni nunca"

Compartimos este reportaje video y escrito publicado por Sin Embargo el 30 de junio, en el que cuestionamos el modelo de desarrollo impuesto en los territorios de Chiapas