Pronunciamiento de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) – Ginebra, Suiza, a 30 de octubre 2017

Amigos de la Tierra Internacional recibe con beneplácito la conclusión positiva de la tercera sesión (23-27 octubre) del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG, por su sigla en inglés) sobre el tratado de la ONU en materia de empresas transnacionales y derechos humanos, tras importantes discusiones sobre el contenido, la participación notable y diversa de los movimientos sociales y una presencia sin precedentes de 101 Estados miembro.

Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, sostuvo: “Amigos de la Tierra Internacional recibe con beneplácito las recomendaciones del informe de la presidencia y se compromete a continuar involucrados activamente en el camino hacia la cuarta sesión de negociaciones en 2018. A pesar del intento de la Unión Europea de socavar el proceso hacia un tratado legalmente vinculante, el liderazgo constructivo de la presidencia posibilitó llegar a una conclusión positiva en la tercera sesión del IGWG. Esperamos ahora con ansias el borrador cero de la presidencia y las negociaciones del año próximo”.

Hemantha Withanage de Amigos de la Tierra Asia Pacífico dijo: “Estamos listos para refrenar la impunidad de las empresas transnacionales y llevar el Tratado al próximo nivel. Llegó la hora de desmantelar la impunidad de las empresas transnacionales”.

Lucia Ortiz, coordinadora del programa internacional de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional dijo: “Durante toda la semana, la presencia y las voces de las comunidades afectadas, los movimientos sociales y los pueblos indígenas que defienden sus territorios, medios de vida y bienes comunes, nos dieron la fuerza para combatir y desmantelar los muros de la impunidad y el colonialismo”.

Alberto Villarreal de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) dijo: “El tratado vinculante debe reflejar los reclamos de los pueblos y la supremacía de los derechos humanos por sobre los acuerdos de comercio e inversiones, tal como propone la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y los elementos del Tratado presentados por Ecuador“.

Apollin Koagne Zouapet de Amigos de la Tierra África dijo:

“Las tantas víctimas, actuales y futuras, exigen el derecho a ver que su humanidad se restablece y preserva, el derecho a creer en la justicia, el derecho a tener acceso a un tribunal internacional. Las tantas comunidades que representamos exigen un ‘tribunal por la vida’ y seguiremos presionando a favor de él.”

Durante las negociaciones, los representantes de la UE argumentaron que hay problemas procedimentales y técnicos en el tratado y por lo tanto no estaban seguros de si podían continuar apoyando que el proceso continúe.

Anne van Schaik de Amigos de la Tierra Europa declaró: “La amenaza de la UE de bloquear el proceso, ocultándose detrás de excusas técnicas y procedimentales, es totalmente inaceptable. La Comisión siempre se mostró reticente a ser parte de un proceso para el establecimiento de un tratado que mejore el acceso a la justicia para los pueblos afectados cuando hay muchas empresas europeas involucradas en violaciones de derechos humanos y ambientales fuera de la UE. Esto representa un marcado contraste con sus esfuerzos para hacer avanzar el Tribunal Multilateral de Inversiones, donde se estima que contribuirá anualmente con 5.400.000 de euros en concepto de costos operativos. ¿Por qué no invertir este dinero, tiempo y energía en el establecimiento de un tratado vinculante en el marco de la ONU?”

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Durante la semana de movilizaciones en Ginebra, más de 200 organizaciones de la sociedad civil de 80 países se movilizaron en Ginebra y buscaron el apoyo de las capitales y los parlamentos, lo que tuvo como resultado una victoria en la protección del proceso del tratado. A Amigos de la Tierra Internacional le enorgullece ser parte de este creciente movimiento imparable que tiene como fin acabar con la impunidad de las empresas y defender los derechos colectivos.

Portavoces:

Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional: +598 98 707 161 o chair@foei.org

Lucia Ortiz, coordinadora del programa internacional de Justicia Económica de Amigos de la Tierra Internacional: +55 48 99915 0071 o lucia@foei.org

Por consultas generales de medios: press@foei.org

Audios de Radio Mundo Real sobre el tema:

Lamentable: Reacción de Vía Campesina Internacional a accionar de UE en negociaciones de tratado sobre transnacionales y DDHH

Fue por los pueblos: Avanza proceso en ONU por tratado legal sobre transnacionales y sus violaciones a los derechos humanos

Por derechos básicos: La posición del sindicalismo latinoamericano: graves denuncias contra transnacionales en América Latina

Más lectura sobre el tema:

Termina la semana de negociaciones de la ONU hacia un Tratado Vinculante sobre empresas y Derechos Humanos

Afectados por las empresas transnacionales alertan sobre el bloqueo a un tratado vinculante en la onu que proteja sus derechos humanos

La propuesta de texto de la Campaña Global

Declaración del Movimiento Global por un Tratado Vinculante

Informe: Los derechos de los pueblos frente al poder empresarial en América Latina

Comunicado de la federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI), de la cual forma parte Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – A 19 de octubre 2017

Con motivo de la próxima ronda de negociaciones en materia de un tratado de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales y derechos humanos en Ginebra, del 23 al 27 de octubre de 2017, Amigos de la Tierra Internacional urge a los Estados a que participen de forma constructiva en las negociaciones para el establecimiento de un tratado vinculante que obligue a las empresas transnacionales a rendir cuentas por las violaciones de derechos humanos y ambientales que cometan.

Lucia Ortiz (Amigos de la Tierra Internacional), dijo:

   “Existen actualmente cientos de acuerdos legalmente vinculantes que protegen los intereses comerciales de las empresas transnacionales en el extranjero, pero ninguno que las haga rendir cuentas en materia de derechos humanos. Necesitamos un tratado vinculante que refrene las violaciones. Sobre la mesa se encuentran actualmente elementos concretos del tratado que proporcionan una base mínima para la negociación, pero es necesario proteger el proceso de la ONU de la influencia indebida de las grandes empresas y evitar los conflictos de intereses que implica la participación de actores no estatales.”

Según Amigos de la Tierra Internacional y sus grupos miembro de todo el mundo, las empresas transnacionales impulsan las crisis mundiales climáticas, alimentarias, financieras y humanitarias y es necesario acabar con su menosprecio hacia el medioambiente y la intimidación de los activistas locales que lo defienden.

Apollin Koagne Zouapet (Amigos de la Tierra África) sostuvo:

   “Para las miles de comunidades afectadas por la impunidad de las empresas en África y en todas partes del mundo, un tratado ofrecería el derecho a la justicia a través de un tribunal internacional. En algunos casos, la supervivencia misma de determinados pueblos indígenas locales depende de ello.”

Alberto Villarreal (Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe) afirmó:

   “Las empresas transnacionales devastan nuestros territorios con el fin de impulsar sus ganancias aún más, pero se esconden detrás de cientos de identidades nacionales y sus cadenas de suministro para escapar de la responsabilidad por los impactos de sus decisiones. Este velo empresarial debe levantarse y los responsables políticos de las empresas deben rendir cuentas.”

Khalisah Khalid, Amigos de la Tierra Asia Pacífico, dijo:

   “Las instituciones financieras internacionales y las empresas transnacionales gozan actualmente de inmunidad que las protege de ser demandadas legalmente. El tratado debe permitir a las partes afectadas hacer que las empresas rindan cuentas en tribunales locales e internacionales. También debe proteger a los/as defensores/as del medioambiente, especialmente a las mujeres, que son más vulnerables a la presión que sufren cuando defienden sus territorios contra la codicia de las empresas.”

Anne van Schaik, Amigos de la Tierra Europa, declaró:

   “La Comisión Europea (CE) continúa reticente a participar en este proceso. Sin embargo, los ciudadanos europeos y el parlamento europeo se han manifestado varias veces y apoyan el tratado. Francia adoptó recientemente una ley sin precedentes relativa al deber de diligencia de las empresas multinacionales en 2017, que podría servir de inspiración. La CE debe aprovechar esta oportunidad y demostrarle a sus ciudadanos que le importan los derechos humanos.”

Esta será la tercera sesión del grupo de trabajo intergubernamental (IWG por su sigla en inglés) sobre empresas transnacionales y otras empresas en materia de derechos humanos. Se espera que se negocie un borrador de los elementos del Tratado y las organizaciones ambientales, las comunidades afectadas y los movimientos sociales de todo el mundo se movilizarán para monitorear el proceso de la ONU y sus resultados.

Una delegación de Amigos de la Tierra Internacional estará presente en la sesión, entre ellos activistas que trabajan por la justicia ambiental, defensores/as de los derechos humanos y representantes de comunidades afectadas de: Brasil, Camerún, Colombia, El Salvador, Finlandia, Francia, Honduras, Hungría, Indonesia, Mozambique, Países Bajos, Nigeria, Rusia, Sri Lanka, Suecia y Uruguay.

Más información:

–  Informe: Los derechos de los pueblos frente al poder empresarial en América Latina

– Sitio web oficial del grupo de trabajo intergubernamental sobre empresas transnacionales y otras empresas en materia del respeto de los derechos humanos

– Declaración del Movimiento Global por un Tratado Vinculante

– Sitio web de la Semana de movilizaciones en Ginebra, llevada a cabo por los grupos miembro de Amigos de la Tierra y aliados

Portavoces disponibles toda la semana en Ginebra:

– Lucia Ortiz, coordinadora del programa Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo de Amigos de la Tierra Internacional: +55 48 99915 0071 o lucia@foei.org

– Anne van Schaik, Amigos de la Tierra Europa (Países Bajos): +31 6 243 43968 o anne.vanschaik@foeeurope.org

– Juliette Renaud, Amigos de la Tierra Francia: +33 6 37 65 56 40 o juliette.renaud@amisdelaterre.org

– Alberto Villarreal, campañista de comercio e inversiones, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (Uruguay): +598 98 556 360 o comerc@redes.org.uy

– Khalisah Khalid, Amigos de la Tierra Asia Pacífico (Indonesia): +62813 1118 7498 o sangperempuan@gmail.com

– Apollin Koagne Zouapet, Amigos de la Tierra África (Camerún): +237 754 18644 o akoagne@cedcameroun.org

– Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional: +598 98 707 161 o chair@foei.org

Informe de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), grupo regional de la federación internacional Amigos de la Tierra Internacional, de la cual forma parte Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – Octubre 2017

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INTRODUCCIÓN

La demanda por el control del poder que ejercen las empresas transnacionales a nivel global no es nuevo. Fue el tema del discurso de Salvador Allende ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 1972, a menos de un año de su muerte el 11 de septiembre de 1973, cuando el definitivo golpe militar implementó la dictadura de Pinochet, contando con Milton Friedman como consejero para asuntos económicos. Fue el inicio del Neoliberalismo en América Latina.

Desde 2014 está nuevamente en el horizonte de la ONU un proceso de elaboración, por sus Estados miembro, de un Tratado internacional jurídicamente vinculante sobre Transnacionales y otras empresas con respecto a los Derechos Humanos. Ahora, este proceso de negociación se desarrolla en un contexto de nueva ofensiva ultra neoliberal sobre los pueblos de nuestra América; de escalada de violencia sobre defensores y defensoras de los territorios y de la vida; de mayor concentración del poder del capital trasnacional para violar derechos humanos y cometer crímenes ambientales en todo el mundo, y de avance de la arquitectura de impunidad que construye muros de resguardo de las ganancias e intereses de las empresas transnacionales, a través de acuerdos de “libre” comercio y de protección de inversiones que atentan contra los derechos, la soberanía de los pueblos y las políticas públicas estatales.

Esta publicación presenta casos de violación sistémica y sistemática de los derechos humanos, ambientales y de pueblos afectados en ocho países de la Región. Son luchas vivas descritas por miembros de Amigos de la Tierra America Latina y el Caribe, de las cuales se extraen denuncias, enseñanzas desde las resistencias y propuestas concretas para avanzar, desde abajo, en la ley internacional sobre Derechos Humanos y para desmantelar el poder empresarial. Por estas propuestas estaremos movilizados desde el nivel local y nacional hasta el internacional, dándole seguimiento a las negociaciones de un nuevo instrumento vinculante, que empieza con un texto borrador en la mesa a partir de este año del 2017 en el ámbito del Grupo de Trabajo Intergubernamental del Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas.

CASO 1 – BRASIL – CRIMEN SIN FIN: LA LAMA DE BHP BILLITON Y VALE NO DEJA DE ESCURRIR

Por Arthur Viana – Amigos da Terra Brasil

Cuatro y media. La caldera olvidada sobre el fuego grita con el agua caliente para el café. Demasiado tarde: hirvió, y en algún momento siempre hierve. Abro la ventana y veo la lama.

Pasados casi dos años del más grande crimen ambiental de la historia de Brasil, los juicios se suspenden y Samarco, joint-venture de BHP Billiton y Vale, planea el retorno de las actividades. La historia de la rotura de la represa de Fundão, en la localidad de Bento Rodrigues, ciudad de Mariana, en el estado brasileño de Minas Gerais, no empieza aquí ni ahora. Para que viniera la lama, tuvo que romperse la represa, y una represa no se rompe fácilmente – o al menos no debería. Esta, la de Fundão, de responsabilidad de la empresa Samarco S.A., colapsó el 5 de noviembre del 2015, configurando uno de los más grandes crímenes socio ambientales de la historia de la humanidad, el más grande ya registrado en Brasil y el más importante relacionado a la minería en el mundo.

Al mirar por la ventana, es eso lo que veo, y haga el esfuerzo de imaginárselo: 62 millones de metros cúbicos de lodo con desechos de minería, cantidad que se calcula que haya escurrido de los depósitos rotos de Samarco, viniendo hacia mi, hacia mi casa, mis animales, mi ciudad. Confieso que me asusta. Mejor correr – pero correr para dónde?

Antes de todo, es necesario nombrar a los personajes de esta historia. Al nombrar a la empresa Samarco S.A. se habla en realidad de BHP Billiton, empresa anglo-australiana, y de Vale S.A., brasileña privatizada bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso en 1997. Estas empresas reparten las acciones de Samarco en una join-venture, 50% para cada una.

La gigante anglo-australiana llegó a Brasil en 19843 y además de la actuación a través de Samarco, actúa hoy también en el sector de aluminio, con participación del 14,8% en la minera de bauxita MRN (Mineração Rio do Norte)4 y participaciones en la empresa Alumar (Consórcio de Alumínio do Maranhão). Según un ranking elaborado en 2017 por la consultora PwC, BHP Billiton es la minera más grande del mundo; Vale es la quinta. En 2014, un año antes de que se rompiera la represa, BHP Billiton tuvo facturación de US$13,8 mil millones (apenas para el primer semestre y en dólares); la Vale, de casi mil millones de reales, en un alta de 729% en relación al año de 2013. Y aun así, sin importar sus tamaños o sus ganancias, fallaron en lo crucial y expusieron sus crímenes: no oyeron a Joaquim. Me explico:

Estamos en 2014 y la represa de Fundão todavía está allá, tapando toda la lama de desechos que derramaría sobre las ciudades y que acabaría con la cuenca de todo un río. El fin del Río Doce, en ese entonces, no es ni siquiera imaginable. En una inspecciЧn a las instalaciones de Samarco (acéerdense: BHP Billiton y Vale), el ingeniero Joaquim Pimenta de Ávila – que se diga de paso fue el que proyectó la represa años antes y ahora ofrecía servicios de consultoría – detectó fisuras, verdaderas aperturas, en las obras que modificaron la pared lateral izquierda de la represa de Fundão. (…)

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CASO 2 – MÉXICO – LA MINERA CANADIENSE BLACKFIRE EN CHIAPAS

CONTRA DEFENSORES DE LOS TERRITORIOS Y DE LA VIDA

Por Gustavo Castro Soto  – Otros Mundos, A.C./Amigos de la Tierra México

Según el Departamento de Recursos Naturales de Canadá (NRCAN por sus siglas en inglés), 52% de las empresas mineras en el mundo cotizan en las bolsas de valores de Canadá. México se ubica en segundo lugar en el mundo en términos de los bienes mineros canadienses fuera de Canadá. En 2015, 11.3% o CAD$19.4 mil millones de los bienes mineros canadienses fuera de Canadá se radicaron en México en manos de 125 empresas mineras, superado solamente por los Estados Unidos con 14.5%. Según la Secretaría de Economía de México, hasta 2013, las empresas mineras canadienses representaban 69% de las empresas mineras extranjeras operando en México.

En el estado de Chiapas existen 99 concesiones mineras – de diversas empresas entre ellas canadienses – activas en 16 municipios que abarcan un millón de hectáreas (25% de la superficie territorial de la entidad). Entre los años 2007 a 2010, la empresa minera Blackfire Exploration, con sede en Calgary, Canadá , y su filial Blackfire Exploration México S. de R. L., se encontraban en operación en el municipio de Chicomuselo para la extracción de barita, a través de la mina Payback/La Revancha, misma que se encuentra ubicada en el ejido Grecia, municipio de Chicomuselo. Para llegar al Ejido Grecia y a la mina se requiere pasar por el ejido Nueva Morelia. El municipio de Chicomuselo cuenta con casi 40 mil habitantes y con el 90% de la población en pobreza con actividades de agricultura y ganadería de subsistencia.

El líder ambientalista y coordinador local de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Mariano Abarca Roblero, fue criminalizado y posteriormente privado de la vida el 27 de noviembre de 2009 como consecuencia de su actividad en contra de los efectos negativos de la actividad de la mina Paypack/La Revancha, propiedad de la empresa canadiense Blackfire Exploration. Abarca está marcado por su trabajo en defensa de la tierra, a un medio ambiente sano y contra los efectos negativos de la mina y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Sufrió sucesivas amenazas y ataques físicos provenientes de personas vinculadas a la empresa, denuncias penales llevadas a cabo por él sin que prosperaran y concluyeran en castigo a los responsables. Por el contrario, sí prosperaban, y con extraña agilidad, acusaciones penales interpuestas por la empresa Blackfire, con el respaldo de la embajada canadiense, en contra de Mariano Abarca por delitos inverosímiles, usualmente utilizados para contrarrestar la actividad de defensores de derechos humanos, como la asociación delictuosa, delincuencia organizada y ataques al Estado, entre otros, que justificaron su detención, arraigo y posterior liberación. La impunidad para con quienes amenazaron y atacaron su integridad física, y su detención por el estado, fortalecen la presunciЧn de que su asesinato correspondió a una decisión última llevada a cabo por los dirigentes de la empresa en connivencia con las autoridades del gobierno del estado de Chiapas, que a la vez había sido presionada por la embajada canadiense a favor de los intereses de la empresa. (…)

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CASO 3 – HONDURAS – CASO AGUA ZARCA: FMO (HOLANDA), FINNFUND (FINLANDIA)

Y EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE) VERSUS COPINH

Por Martha Alejandra Canales Silva y Mario Ernesto Zavala Garay – Movimiento Madre Tierra / Amigos de la Tierra Honduras

En Honduras, para los próximos 10 años, se ha previsto que el Estado invierta 88 mil millones de lempiras (cuatro mil millones de dólares), destinados para la ejecución de proyectos de extracción metálica, no metálica y de hidrocarburos. Hasta la fecha se estima en 155 el número de concesiones de explotación, que abarcan la tercera parte del territorio hondureño, equivalentes a 35 mil kilómetros cuadrados; un territorio mayor que la superficie de El Salvador.

El proyecto Hidroeéectrico Agua Zarca queda ubicado en el municipio de San Francisco de Ojuera en la zona noroccidente de Honduras, proyecto que de forma inconsulta se establecóo en las zonas de Rio Blanco, sobre el Rio Gualcarque comunidad lenca a la cual no se consultó en clara violación al convenio 169 de la OIT, como una apuesta colonialista y bajo la idea de “energía limpia” en Honduras, desde que se dio el golpe de Estado de 2009, se han concesionado alrededor de 200 proyectos hidroeléctricos y mineros que están amparados por la Ley General de Aguas, decretada en 2009. A partir del golpe de Estado de junio de 2009, se acentóo la tendencia de los gobiernos para desmontar todas las prohibiciones legales para concesionar proyectos, como el de Agua Zarca.

La empresa de capital hondureño Desarrollos EnergОticos S. A de C.V (DESA), desde el ñno 2009, pretende construir la represa Agua Zarca en el río Gualcarque, en la frontera de la reserva de vida silvestre Montaña Verde, con una capacidad de producción de 21.3 MW de energía. “Para la construccón e instalación del proyecto, en el 2012, el Banco Interamericano de Integración Económica (BCIE) otorgó a DESA un préstamo entre 24.4 y 25 millones de dólares” y ha ganado hasta la fecha 381 millones de dólares, significando que aumentó 15 mil veces su capital social inicial, una de las razones por las que la MACCIH investiga a esta empresa.

DESA se instala en un contexto critico en el país, un golpe de Estado, del cual se logra colocar el gobierno de facto de Roberto Micheletti, que durante su mandato aprobó leyes lesivas como “el decreto 233 que deroga todos los anteriores decretos que prohibían proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas”. (…)

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CASO 4 – URUGUAY – LA DEMANDA DE PHILIP MORRIS  CONTRA URUGUAY

Por Alberto Villarreal  – REDES / Amigos de la Tierra Uruguay

Philip Morris (PMI), la empresa tabacalera más grande del mundo cuya sede administrativa se encuentra en Lausana, Suiza (aunque es originalmente una transnacional estadounidense) desplegó una ofensiva contra las políticas en materia de salud pública que diversos países –entre ellos Uruguay- promulgaron y aplicaron en consonancia con sus obligaciones asumidas en el marco del Ьnico convenio multilateral vinculante de protección de la salud en la órbita de la Organización Mundial de la Salud (OMS) – el Convenio Marco sobre el Control de Tabaco (CMCT).

La tabacalera presentó una demanda ante el foro de arbitraje internacional CIADI (Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones) que funciona bajo la Оgida del Banco Mundial, impugnando las medidas y leyes adoptadas por el gobierno uruguayo para proteger a sus ciudadanos/as frente a los riesgos probados que conlleva para la salud el consumo de productos del tabaco, alegando incumplimiento del Acuerdo de Promocóon y Protección Recíproca de las Inversiones entre Suiza y Uruguay firmado en 1988 (y ratificado en 1991). El CIADI es uno de los principales foros de solución de diferencias inversionista-Estado, sus fallos son inapelables y ha sido incluido en numerosos tratados de libre comercio e inversiones, ofreciendo a las empresas un mecanismo de coacciЧn que les permite imponer sus intereses a los Estados. Cuando las empresas presentan una demanda contra el Estado amparándose en Tratados de Libre Comercio (TLC) y Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI o TBI-tratados bilaterales de inversiones), se conforma un tribunal ad hoc compuesto por tres árbitros que pertenecen a un selecto nЬcleo de empresas de arbitraje internacional y que actúan a veces como jueces y otras como abogados de las ETN, e incluso algunos han sido miembros de la Junta de grandes Empresas Transnacionales, por lo que tienen intereses sesgados.

Las normas y procedimientos de protección de las inversiones extranjeras incluidas en los APPRI o TBI y en los capítulos de inversiones de los TLC, son un arma poderosa de la que se valen las empresas transnacionales para hacer prevalecer su afán de lucro en detrimento de los derechos de los pueblos. Tanto los APPRI, los TBI y los TLC son resultado de la doctrina económica neoliberal impuesta contra la voluntad popular en las últimas décadas del siglo pasado y que provocó las múltiples crisis que han afectado y aún afectan a las grandes mayorías, al tiempo que benefician a unos pocos que concentran más y más recursos. (…)

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CASO 5 – ARGENTINA – EL CIADI Y EL AGUA EN ARGENTINA:

IMPACTOS EN  LOS DERECHOS HUMANOS Y DERECHOS CONSTITUCIONALES

Por Natalia Salvático  – Amigos de la Tierra Argentina

En el año 2006, luego de 13 años de privatización, el Estado Argentino recuperaba su mayor empresa de provisión de agua potable y cloacas, hoy llamada Aguas y Saneamiento sociedad anónima (AySA). Había sido el sistema de saneamiento dado en concesión más grande del mundo, con 6 millones de usuarios.

La empresa de Aguas tuvo relevancia desde su fundación en 1912, cuando se crea con un objetivo de salud pЬblica: detener las epidemias de fiebre amarilla que asolaban la ciudad de Buenos Aires desde finales del 1800. Obras Sanitarias de la Nación centralizó como empresa estatal los servicios para todo el país hasta 1980, cuando la gestión del servicio se vuelca a las provincias, y la empresa conserva la prestación de servicios para la ciudad capital y el área metropolitana. Desde los años 90, se trasnacionalizó la economía argentina mediante la entrada masiva de capitales que accedieron a concesiones de servicios pЬblicos, entre ellos el agua y el saneamiento en varias ciudades, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana, y también otras provincias como Santa Fe, Mendoza, Tucumán y Córdoba. En 1993, en entonces presidente C. Menem decreta privatizar completamente Obras Sanitarias de la Nación. Se cedieron todos los derechos a la empresa Aguas Argentinas S.A por 30 años. El pasivo y las deudas de la empresa no fueron asumidos por la privatizadora y quedaron a cargo del Estado. Los socios mayoritarios de esta nueva empresa eran Suez Lyonaisse des Eaux-Dumez y el grupo nacional Soldati.

A partir de la privatización, la empresa se caracterizó por sostener una operación negligente del servicio, que produjo desbalance hídrico y ascenso de las napas freáticas lo cual contribuyó a contaminar el Acuífero Puelche, del cual se proveen los usuarios sin conexión de agua corriente de vastas zonas de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo por este sistema la empresa fue responsable de proveer agua potable deteriorada (por exceso de cloro, turbiedad, etc.) utilizando al Río de la Plata como fuente de provisión de agua y a la vez de desagüe cloacal, generando riesgos sanitarios. También fue responsable de no realizar obras esenciales como la cuarta cloaca máxima y la planta de tratamiento de efluentes en la ciudad de Berazategui. La cobertura del área asignada se realizaba según la capacidad de pago de los usuarios, generando exclusión en amplios segmentos de la población y baja presión de agua en otros. (…)

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CASO 6 – EL SALVADOR – PUEBLO SALVADOREÑO VENCE A MINERA TRANSNACIONAL

Por Ana María Vásquez  – CESTA / Amigos de la Tierra El Salvador

La empresa Oceana Gold cuenta con activos en Filipinas, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Tiene operaciones en la Mina de Oro y Cobre Didipio ubicada en la isla de Luzón en Filipinas. En la isla norte de Nueva Zelandia, opera la mina de oro Waihi, en la Isla Sur de Nueva Zelanda, opera la mina de oro más grande del país en el Macraes Goldfield que está compuesto por una serie de minas a cielo abierto y el Frasers underground mía. En Estados Unidos está construyendo actualmente la mina de oro Haile, un activo de alto nivel ubicado en Carolina del Sur a lo largo del Terrane de Carolina.

La presencia de esa empresa en el país, inicia con los estudios para reabrir la mina El Dorado en San Isidro Cabañas, comenzaron en 1993, la concesión de exploración fue otorgada a la Canadiense Pacific Rim Mining Corp, en 2002, la empresa encontró en el subsuelo de la zona norte del país un aproximado de 1.2 millones de onzas de oro de alta pureza y más de 7.5 millones de onzas de plata. Además de otras 558 mil onzas de oro y 1.2 millones de plata de menor calidad. En el 2004 Pacific Rim solicitó permiso al Estado salvadoreño para la explotación de los metales preciosos, el cual le fue denegado ante el incumplimiento de observaciones en el Estudio de Impacto Ambiental hechas por el Ministerio del Ambiente.

Ante la negativa de no autorizarle la explotación, Pacific Rim inicia una demanda contra el Estado salvadoreño en El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). La petición pedía que se le pagara $77 millones de dólares por el monto invertido en la etapa de exploración, la exigencia fue incrementada a $ 301 millones y finalmente se redujo a $ 250 millones. Pacific Rim se declaró en quiebra en el 2013 y vendió sus acciones a la transnacional Australiana Oceana Gold por 10.2 millones de dólares, quien continuó diligentemente el proceso de la demanda.

El proceso de litigio de la Pacific Rim en el CIADI contra el Estado salvadoreño se hizo en dos etapas: la primera demanda hecha en 2009, la empresa se había acogido al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Domincana (CAFTA-DR), en junio de 2012 el tribunal desestima la petición por tratarse de una empresa canadiense; en la segunda etapa presenta una demanda en marzo de 2013 amparados en la Ley de Inversión nacional de El Salvador.

La fuerte denuncia y protesta de las organizaciones y movimientos sociales, lleva a que el gobierno salvadoreño presente a finales del 2012 una iniciativa de ley denominada “Ley Especial para la suspensión de los Procedimientos Administrativos relacionados a Proyectos de Exploración y Explotación de Minería Metálica”. Este instrumento permite suspender la exploración y explotación de la minería en el país. (…)

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CASO 7 – COSTA RICA – EL MONOCULTIVO DE LA PIÑA: UNA HISTORIA IRRESPONSABLE EN EL PAÍS MÁS INTOXICADO DEL MUNDO

Por Mariana Porras – COECO Ceiba / Amigos de la Tierra Costa Rica

Costa Rica es actualmente el mayor exportador de piña del mundo. La piña fresca, el jugo procesado y la piЦa cortada son comercializados en grandes mercados como el de Estados Unidos y el Europeo; segЬn el censo agropecuario las extensiones de piña entre el período de 1984- 2014 crecieron en casi 1500% en ese período.

Dos multinacionales con sede en Estados Unidos, Del Monte y Dole, dominan el comercio de esta fruta a nivel mundial, y tres cuartas partes de las piñas en las estanterías europeas ahora provienen de Costa Rica. Se estima que la producción costarricense de piña está en un 75.8% en manos de cuatro empresas y sólo un 20% está en manos de 1.191 pequeños productores, que a su vez vende la piña a estas grandes empresas para su exportación.

Empresas como Dole, Chiquita o Del Monte que se benefician del jugoso negocio de las piЦas son las mismas que protagonizaron el boom bananero, el cual trajo impactos ambientales y a la salud de trabajadores/as sin que estas compaЦТas asumieran responsabilidades, esto se repitió no solo en Costa Rica sino en otros países latinoamericanos donde estas empresas tienen plantaciones.

El crecimiento del monocultivo de la piЦa, ha sido el de mayor crecimiento en el país en los últimos 20 años. Los datos de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) revelan un crecimiento del 300% en la exportación de este producto en el periodo que va del año 2002 al 2012 llegando a 1.876.000 toneladas. En términos de divisas, los datos de PROCOMER muestran que se exportaron 121 millones de dólares ($) en el año 2000 mientras que en el 2012 esta suma se eleva a $791 millones lo que representa un crecimiento de más del 650%. A pesar del incremento en las exportaciones, esta actividad no paga aranceles nacionales y municipales así como tampoco lo hace sobre materias primas y recibe incentivos para la exportación. Con esta exención de pagos de impuestos, se imposibilita el mejoramiento de las condiciones socio-econЧmicas de los territorios donde se ubican estos monocultivos. (…)

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CASO 8 – COSTA RICA – GUATEMALA – LA RESISTENCIA DE LA COMUNIDAD DE IXQUISIS, SAN MATEO IXTATÁN, HUEHUETENANGO, A LOS PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS POJOM I, POJOM II Y SAN ANDRÉS A CARGO DE LA EMPRESA PROMOCIÓN Y DESARROLLO HÍDRICO, S.A. (PDHSA)

Por Eric Hernández Palacios, Basilio Tzoy Grijalva, Ruben Herrera y Elías Raymundo Raymundo  – CEIBA / Amigos de la Tierra Guatemala  – Asamblea de Pueblos de Huehuetenango – ADH

La empresa PDHSA se presentó en el año 2010 en las comunidades de la microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, dando a conocer que establecería tres proyectos hidroeléctricos de su propiedad: Pojom I, Pojom II y San Andrés. La responsable de su construcción sería la empresa SolelBoneh Ltda. La generación/producción de electricidad por parte de esas hidroeléctricas fueron concesionadas a las subsidiarias: Generadora San Mateo, Sociedad Anónima, y Generadora San Andrés, Sociedad Anónima, respectivamente.

La empresa PDHSA fue inscrita en el Registro Mercantil en diciembre de 2007. La sede que en acta consta, se ubica a la Oficina 1101 de la Torre Oeste del Centro Corporativo Muxbal, a la par de la oficina donde fueron creadas las empresas Generadora San Mateo (GSM), Generadora del Río (GR) y Generadora San Andrés (GSA).

La instalación de estos proyectos está asentada en la cuenca de Pojom, y abarca los ríos Pojom, Negro, Primavera Yalhuitz, Varsovia, Tercer Arroyo y Palmira. La empresa que pretende instalar estos proyectos tienen financiamiento de organismos internacionales como la Corporación Interamericana de Desarrollo (CII), instancia financiera del Banco Interamericano de Desarrollo BID, como también, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Ixquisis es una microrregión del municipio San Mateo Ixtatán, conformada por las comunidades Yulchen Frontera, Bella Linda, Ixquisis, Pojom, El Platanar, Nuevo San Mateo, y los caseríos San Francisco, Varsovia/Primavera, Concepción y El Rincón. El municipio forma parte del departamento de Huehuetenango, que se sitúa en la parte noroccidental de Guatemala, en Centro América.

San Mateo Ixtatán se compone de 59 aldeas y 7 caseríos, y 29 de estas aldeas no cuentan a la fecha con energía eléctrica. El 21 de mayo del año 2009, organizado por la municipalidad de San Mateto Ixtatán, se realizó la Consulta Comunitaria con los habitantes de las 59 aldeas y 7 caseríos. Se llevó a cabo un día jueves, y participaron 25,646 personas, el resultado fue contundente, el 99% de la población rechazó los proyectos extractivos, mineros e hidroeléctricos en este municipio.

Pese a ello, el Estado de Guatemala, aprobó la implementación de los proyectos hidroeléctricos Pojom I, Pojom II y San Andrés en la microrregión de Ixquisis. Ingresar a la microrregión e iniciar con la construcción de Pojom I, lo hizo la empresa a través del engaño, la falsedad y la desinformación. Pocos meses después de realizada la consulta comunitaria, a una de las aldeas llegaron personas foráneas haciéndose pasar por delegados de la ElectrificaciЧn Nacional, y utilizando a un presidente del Comité Regional de Ixquisis y representante regional ante el Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE), informaron a las comunidades que tenían varios proyectos en sus manos, y ofrecieron a las comunidades proyectos que traerТan muchos beneficios y desarrollo para la aldea. Hablaron principalmente de un proyecto de luz. (…)

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Nota informativa de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México

La Organización de Naciones Unidas (ONU) sigue trabajando sobre la elaboración de un tratado vinculante que obligaría a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos, en gestación desde el 2014. Por su lado, organizaciones sociales de México y el mundo hacen todo para que este texto no se reduzca a principios de carácter voluntario que no permitirían que los crímenes corporativos fueran condenados.

La federación Amigos de la Tierra Internacional (ATI), de la cual forma parte Otros Mundos A.C., estuvo presente en la 35º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organizada del 6 al 23 de junio en Ginebra, Suiza, junto con otros miembros de la Campaña Global para Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad. Se trata de una etapa importante de la génesis del texto, que se da a cuatro meses de la tercera sesión de negociaciones, cuando las delegaciones gubernamentales discutirán un primer borrador del tratado.

“Estos días de trabajo en Ginebra fueron sumamente importantes para fortalecer nuestras propuestas, nuestros planteos, respeto a la necesidad urgente de un tratado vinculante que permita llevar a juicio a las empresas multinacionales cuando cometen violaciones de derechos humanos y poder acabar con la impunidad de una vez por todas”, dijo la presidenta de ATI, Karin Nansen, en entrevista con Radio Mundo Real.

Allá, ATI y otros representantes de la sociedad civil global organizaron un panel en el que varias defensoras y defensores dieron sus testimonios sobre el impacto de “las actividades de las empresas transnacionales en los territorios sin el consentimiento de las comunidades y lo que implican las posteriores violaciones a derechos humanos a partir de la imposición de estas actividades económicas”. Cabildearon para que el tratado sea realmente vinculante, a pesar de que por parte de muchos países, en particular de la Unión Europea, “la presión sigue estando muy fuerte para que se trate de principios rectores de carácter voluntario, es decir para que nadie pueda forzar a las empresas a cumplir con dichos principios”, explica Karin Nansen.

Según la activista uruguaya, “es hora de avanzar con un instrumento vinculante”, dado la urgencia de la situación actual en América latina y el mundo: “Estamos viendo como las violaciones de derechos humanos se están recrudeciendo y la persecución también de quienes defienden sus territorios y los derechos de los pueblos es cada vez más atroz”.

Aquí en México, organizaciones civiles como la Red Mexicana de Afectados por la minería (REMA), de la cual es parte Otros Mundos A.C., reportaron 68 casos de violaciones a derechos humanos por empresas durante la visita del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU al país entre el 29 de agosto y el 7 de septiembre 2016 (los pueden consultar en el informe “México: Empresas y Derechos Humanos”).

Nueve meses después de dicha visita, ese mismo Grupo de Trabajo acaba de presentar su “Informe sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México”, en el marco de la 35º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Destaca seis casos de violaciones de derechos humanos perpetrados por empresas en el país:

• la construcción de un parque eólico en El Espinal y Juchitán de Zaragoza, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, por Energía Eólica del Sur: falta de consulta previa, libre e informada;

• la autorización de la siembra de soya transgénica otorgada a Monsanto en comunidades mayas de Campeche y Yucatán: falta de consulta previa, libre e informada; contaminación de las fuentes de agua con herbicidas; deforestación; repercusiones en la apicultura;

• la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan en el estado de México por el Grupo Higa: falta de consulta a la comunidad otomí-mexica de San Francisco Xochicuautla; acoso e intimidación de miembros de la comunidad que han protestado contra el proyecto; no respeto al orden de suspensión; destrucción de viviendas;

• la construcción del acueducto Independencia en territorio yaqui en Sonora: falta de consulta; intimidaciones, detenciones, agresiones a miembros de la comunidad; desapariciones forzadas;

• el derrame de 40.000 m3 de sulfato de cobre en el río Sonora (Sonora) por el Grupo México en agosto 2014: cerca de 22.000 personas afectadas directamente / 250.000 personas de siete municipios afectadas de manera indirecta; efectos en el ganado y los cultivos; arbitrariedad en la manera de fijar las indemnizaciones; falta de transparencia sobre el nivel de contaminación y los planes para la rehabilitación del río; incumplimiento por la empresa de los compromisos contraídos para la construcción de plantas de tratamiento de agua y de una clínica de salud;

• el vertido de las aguas residuales de más de 300 empresas del corredor industrial de Ocotlán-El Salto en el río Santiago (Jalisco): potencial afectación a los 7,5 millones de personas que viven en la cuenca fluvial; aumento en la incidencia de diversos trastornos de salud, como la leucemia, los abortos espontáneos y las anomalías congénitas.

Desde la península de Yucatan, las comunidades mayas de Hopelchén y Tenabo (Campeche) que resisten a la siembra de soya transgénica emitieron un comunicado el 12 de junio en el marco de la sesión en Ginebra, alertando que “las violaciones a [sus] derechos continúan escalando”.

En 2015, lograron la cancelación de la autorización otorgada a Monsanto por falta de consulta previa, pero las autoridades iniciaron una consulta esperando conseguir el consentimiento de la población y una nueva autorización. La consulta está actualmente en su primera fase y se da en un contexto de hostigamiento a las comunidades y con muchas irregularidades. “Externamos nuestra preocupación por las intimidaciones, amenazas, falta de libertad, de seguridad y de buena fe, así como de los intentos de dividir a las comunidades por parte de las autoridades en la consulta ordenada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, escriben las comunidades mayas en su mensaje.

El hostigamiento que están sufriendo las comunidades mayas no es un caso aislado en México, donde las empresas nacionales y transnacionales son expertas en agredir e intentar dividir comunidades en resistencia. Mineras canadienses como Almaden Minerals en la Sierra Norte de Puebla o Fortuna Silver Mines en Oaxaca han estado agrediendo y hostigando a las comunidades que rechazan sus proyectos, sin ser condenadas.

Aquí en Chiapas, los miembros del Frente Popular en Defensa del Soconusco 20 de junio (FPDS) han sido víctimas del contubernio entre autoridades y empresas mineras al punto de ser intimidados por el ejército mexicano el pasado 8 de mayo, por resistir a la minería en la zona costa. En nuestra entidad la impunidad corporativa se ilustró de manera trágica, con el asesinato en el 2009 del defensor Mariano Abarca, miembro de la REMA, por personas vinculadas a la minera canadiense Blackfire. Fue el blanco de la empresa por oponerse a su mina de barita La Revancha en Chicomuselo, Chiapas. Hasta la fecha, no se ha hecho justicia.

Materiales:

AUDIO: Campaña por Tratado legal sobre transnacionales y derechos humanos entra en etapa de propuestas concretas de contenido (entrevista a Karin Nansen)

Comunicado de las comunidades mayas de Hopelchén y Tenabo, a 12 de junio

Despojar pueblos y atacar resistencias: las otras actividades de las empresas mineras

Informe sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión a México

México: Empresas y Derechos Humanos

A siete años de impunidad en el asesinato de Mariano Abarca Roblero

Comunicado de Amigos de la Tierra Internacional (ATI) – A 13 de marzo 2017

En la agenda del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra la semana pasada una vez más figuró el tratado sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Aun cuando sólo se tratara de la presentación del informe de la segunda sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG por su sigla en inglés), este fue un paso importante hacia la tercer sesión de negociaciones que tendrá lugar en octubre de 2017, cuando las delegaciones gubernamentales discutirán un primer borrador del tratado.

Tal y como expresaron muchos Estados y organizaciones de la sociedad civil, el informe que presentó el 9 de marzo la Presidenta del IGWG, Embajadora María Fernanda Espinosa de Ecuador, refleja un rico caudal de propuestas de Estados, la sociedad civil, comunidades afectadas, académicos, expertos de la ONU y otros actores planteadas en el curso de los dos últimos años, cuyo propósito es establecer una serie de normas internacionales de carácter vinculante para las empresas más grandes y poderosas del mundo, que las obligue a respetar los derechos humanos.

Una vez más, Amigos de la Tierra Internacional (ATI) se hizo presente con una delegación en Ginebra que compartió las inquietudes y demandas de la sociedad civil. Apenas un par de días después del primer aniversario del asesinato de Berta Cáceres, los/as representantes de ATI les recordaron oportunamente a los Estados que son necesarias acciones urgentes frente a la criminalización de y la violencia perpetrada contra los/as defensores/as de derechos humanos y del medioambiente que defienden sus derechos y sus territorios de las empresas que vienen a usurpárselos.

“Las violaciones sistemáticas de los derechos económicos, sociales y culturales de muchas comunidades que se ven privadas de sus tierras y sus recursos que les dan sustento, son posibles y facilitadas debido a la participación o el apoyo y respaldo de muchos inversionistas y empresas a quienes la legislación internacional no obliga de manera vinculante a respetar los derechos humanos.” – Apollin Koagne Zouapet, abogado principal, CED/Amigos de la Tierra Camerún

“No se puede lograr una protección efectiva de los derechos humanos y los/as defensores/as del medioambiente si no se encara y más bien se evade la responsabilidad que tiene en esos hechos uno de los principales sectores perpetradores de tales violaciones. Se necesita un tribunal internacional y mecanismos efectivos de sanción de las empresas transnacionales a fin de evitar que las grandes empresas se escondan detrás de acuerdos de protección de inversiones y la personería jurídica de sus filiales para seguir operando con impunidad.” – Juliette Renaud, campaña de responsabilización de las empresas, Amigos de la Tierra Francia

Fue alentador escuchar las intervenciones de respaldo de muchos países en desarrollo al proceso del Tratado, especialmente de Túnez en representación del Grupo Africano, seguida de alocuciones de bienvenida por Botsuana, Nigeria y Sudáfrica. A diferencia del año pasado, en su declaración por escrito esta vez la UE le agradeció a la Presidenta del IGWG por su informe. El proceso del Tratado ahora está tomando velocidad.

“No podemos depender de medidas voluntarias solamente, ya que estas no consiguen que las empresas se hagan responsables. En Europa ha habido avances prometedores recientemente, tales como la ley francesa sobre el deber de vigilancia de las grandes empresas y la ley holandesa de vigilancia debida en casos de trabajo infantil. Esperamos que estos ejemplos ayuden concitar apoyo para el Tratado de la ONU. Pero somos testigos de que las grandes empresas se resisten a cualquier iniciativa de reglamentación vinculante. Por eso es esencial que protejamos las discusiones sobre el Tratado de cualquier intento de cooptación empresarial”. – Anne Van Schaik, campaña frente al sector financiero, Amigos de la Tierra Europa

El 2017 debe ser un año de movilización más robusta de todos los sectores que pujan por un proceso sólido de negociaciones en el IGWG en torno a la formulación de los elementos y estructura de este nuevo Tratado vinculante de la ONU. Amigos de la Tierra Internacional y sus grupos miembro en 75 países se ha comprometido a apoyar a los/as defensores/as del medioambiente y los derechos humanos en todo el mundo, quienes requieren protección urgente de sus derechos, acceso a la justicia, y la posibilidad de responsabilizar y exigirles cuentas a las empresas transnacionales por sus violaciones de derechos.

Imagen © Víctor Barro

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