Categoría: Fracking

Escuchar Entrevista de Radio Vitoria (País Vasco)

El catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza y considerado uno de los mayores expertos mundiales en gestión del agua, Pedro Arrojo, ha dicho en Radio Vitoria que es partidario de declarar el fracking como una actividad criminal. “Una actividad en la que por hacer dinero contaminamos la salud de la gente en el presente y en el futuro, debe estar fuera de la ley”, ha señalado Arrojo, que ha pedido a Álava proteger el acuifero de Subijana “porque es el futuro de los alaveses y de sus hijos.

Por Alianza Mexicana contra el fracking

Checa la Infografía.

¿Qué son los hidrocarburos de lutitas o shale?

Se trata del petróleo y gas natural que se encuentran atrapados en los poros de formaciones rocosas poco permeables denominadas lutitas bituminosas situadas en el subsuelo. Suelen encontrase a profundidades de entre mil y cinco mil metros.

¿Qué es la fractura hidráulica o fracking?

Debido a la baja permeabilidad de las lutitas, la extracción de los hidrocarburos requiere la utilización de la fracturación hidráulica o fracking. Esta técnica parte de la perforación de un pozo vertical hasta alcanzar la formación que contiene gas o petróleo. Seguidamente, se realizan una serie de perforaciones horizontales en la lutita, que pueden extenderse por varios kilómetros en diversas direcciones. A través de estos pozos horizontales se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos de los poros. Pero este flujo disminuye muy pronto, por lo cual es necesario perforar nuevos pozos para mantener la producción de los yacimientos. Por este motivo, la fracturación hidráulica conlleva la ocupación de vastas extensiones de territorio.

Impactos socioambientales del uso de la fracturación hidráulica

• Disminución de disponibilidad del agua: La fracturación de un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua. El ritmo de explotación anual de 9,000 nuevos pozos en Estados Unidos que se pretende exportar a México supondría un volumen de agua equivalente al necesario para cubrir el consumo doméstico (100lts/pers/año) de entre 1.8 y 7.2 millones de personas en un año. Ello acarreará la disminución de la cantidad de agua disponible, lo que pondría en peligro los ecosistemas y la realización del derecho humano al agua y a la alimentación. En estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, regiones donde esta actividad ya se está realizando, la disponibilidad de agua es limitada al tratarse de regiones con alto estrés hídrico (donde la demanda es mayor a la disponibilidad).

• Contaminación de las fuentes de agua: En Estados Unidos existen más de 1,000 casos documentados de contaminación de fuentes de agua relacionados con el uso de la fracturación hidráulica. Se han identificado 750 tipos diferentes de productos químicos en los fluidos de fracturación analizados, entre ellos sustancias de gran toxicidad como el metanol, benceno, tolueno, etilbenceno y xileno. Además, el agua de desecho conocida como agua de retorno no sólo contiene los químicos y la arena que originalmente se introdujeron, sino también metales pesados, hidrocarburos e incluso materiales radioactivos, como el radón, que se encuentran en el subsuelo. A la fecha, no existe tratamiento efectivo para la misma, dejando el agua inutilizable para otros usos y fuera del ciclo hidrológico. Para su manejo se busca aislarla e injectarla en pozos letrina, pero no es una solución ya que se ha comprobado que estos pozos filtran y se han contaminado acuíferos enteros (ej.California, EEUU).

• Impactos sobre la salud: Los expertos señalan que al menos 25% de las sustancias utilizadas en las distintas mezclas de perforación pueden causar cáncer y mutaciones, 37% afectar al sistema endocrino, 40% provocar alergias y 50% dañar el sistema nervioso. Los pozos de agua potable que abastecen a la población situados en cercanías de las zonas donde se aplica la fracturación hidráulica tienen altos niveles de metano y sustancias cancerígenas y neurotóxicas. Por otro lado, la población que habita cerca de los pozos tiene 66% de probabilidad de padecer cáncer asociado a la contaminación atmosférica. Igualmente, la toxicidad y los riesgos de accidentes asociados a esta actividad repercute en la salud y la vida de las y los trabajadores de la industria.

• Emisión de gases y su contribución al calentamiento global: 90% de las emisiones en el proceso de obtención del gas es metano (CH4), aunque también se emite dióxido de azufre (SO2), óxido de nitrógeno (NO) y compuestos orgánicos volátiles. Aunque la quema del gas natural emite menos dióxido de carbono (CO2) que otros hidrocarburos, el proceso completo de su explotación contribuye en mayor medida a la aceleración del cambio climático debido a las fugas de metano producidas durante su extracción. Estas emisiones pueden alcanzar 8% de la producción total de un pozo, es decir, 30% más que en los proyectos de gas convencionales. El metano es un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento 25 veces superior al CO2 en el corto plazo, por lo que en 20 años el impacto de la extracción de gas de lutitas sobre el cambio climático puede superar en 20% el del carbón.

• Otras afectaciones: Debido al deterioro ambiental que provoca, la explotación del gas de lutitas es incompatible con otras actividades económicas como la ganadería, la agricultura y el turismo. A ello se suma el deterioro de la infraestructura carretera por el impacto de los 250 viajes diarios por pozo de camiones de gran tonelaje, así como la proliferación de sismos que se ha vinculado al efecto que tienen los pozos letrina en las placas tectónicas. Todo ello afecta calidad de vida, salud y tranquilidad de las poblaciones.

Alternativa energética costosa e inviable
La industria gasífera de Estados Unidos ha reconocido que 80% de los pozos fracturados no son económicamente viables. Ello debido a i) tasas de declinación de situadas entre 29% y 52% anual, que hacen necesario seguir invirtiendo grandes sumas de dinero cada año para mantener la producción; ii) baja recuperación de los hidrocarburos presentes en los yacimientos, situada en el caso del gas entre 4.7%- 10% frente al 75%-80% de los proyectos convencionales; y, iii) un deficiente rendimiento energético. Mientras los proyectos tradicionales obtienen 20 unidades de energía por cada unidad invertida, los de fracturación hidráulica sólo generan 5. Además, la complejidad de esta técnica sitúa los costos de cada pozo en 20-25 millones de dólares en México. De esta manera, sólo produce ganancias a través de la especulación financiera, las cuales se quedan en pocas manos a costa del futuro de la población y el planeta. Por todas estas razones, la explotación de hidrocarburos mediante esta técnica no es una opción para producir energía de manera sostenible, mientras que su uso desvía recursos que deberían dirigirse a las energías renovables y sostenibles, obstaculizando su desarrollo.

Nuestras demandas:

1. México debe prohibir la extracción de hidrocarburos por fracturación hidráulica con base en el principio precautorio, tal como lo han hecho Francia y Bulgaria y numerosos gobiernos regionales y locales alrededor del mundo. Tal es el caso del estado de Nueva York, quien la prohibió en diciembre de 2014 con base en las evidencias existentes sobre los riesgos que representa para la salud.

2. En la planeación e implementación de la política energética, las entidades públicas deben asegurar el respeto y garantía de los derechos humanos y en específico el de los pueblos indígenas y campesinos al manejo de sus tierras, territorios y recursos naturales.

3. El Estado debe garantizar el derecho humano al agua tal como lo establece el artículo 4° constitucional, el PIDESC y la resolución A/RES/64/292 de Naciones Unidas, y no permitir actividades que lo pongan en riesgo. La política energética debe alinearse a estos preceptos.

4. El Estado debe garantizar el derecho al medio ambiente sano, el cual es también reconocido por nuestra Constitución.

5. El Estado debe establecer los cambios legales e institucionales pertinentes para impulsar el desarrollo de energías renovables que asegure el respeto de los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente. Igualmente, debe establecer medidas para la reducción del consumo de energía y la eficiencia energética.

Descárgala en pdf: Hoja informativa fracking

Mapa donde se pretende llevar a cabo el fracking en México

Por Aroa de la Fuente López, Fundar.
en Sinembargo.mx

Mucho se está hablando estos últimos meses de la caída del precio del petróleo a nivel internacional y sus consecuencias para la implementación de la recién estrenada Reforma Energética. En nuestra opinión, esta discusión debería haberse dado desde 2013, cuando se impulsaron cambios constitucionales que llevaron a profundizar un modelo energético, económico y fiscal basado en la explotación de hidrocarburos. En ese momento, varias organizaciones de sociedad civil pusimos sobre la mesa argumentos claros y contundentes que mostraban como esta apuesta no era sostenible en ningún sentido. El precio actual del petróleo sólo representa una evidencia más de este hecho. Ahondemos en estos temas.

La reforma tuvo como telón de fondo la caída en la producción de petróleo observada desde 2004 y la baja tasa de restitución de reservas de hidrocarburos de los últimos años. De esta manera, la iniciativa del Ejecutivo señalaba la necesidad de impulsar aún más la explotación de los hidrocarburos no convencionales. Esto supuso una continuidad de la reforma de 2008 donde se puso el acento en el Proyecto Aceite Terciario del Golfo en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo con muy pobres resultados en materia de producción y rentabilidad y con fuertes afectaciones socioambientales.

En 2013 le tocó el turno a los hidrocarburos que se encuentran en formaciones de lutitas bituminosas, para cuya extracción se requiere la fracturación hidráulica, también conocida como fracking. Desde el Ejecutivo se señaló el imperativo de ampliar la participación de la iniciativa privada, quien, según sus palabras, sería la única con la experiencia y capacidades técnicas y financieras para llevar a cabo esta tarea. Ahora bien, tomar esta dirección era la peor decisión que podía tomarse por varias importantes razones, de las cuales destacaremos las más relevantes a la luz de la situación por la que atraviesa el país.

En primer lugar, supone profundizar una matriz energética basada en recursos no renovables, mismos que están poniendo en jaque al planeta al ser la principal causa del calentamiento global y una importante fuente de degradación ambiental y de la calidad de vida. A esto se suma el hecho de que el uso de la fracturación hidráulica supone aún mayores impactos sobre el cambio climático por sus más elevadas tasas de emisión de metano (30% más que en los proyectos que utilizan técnicas tradicionales) y otros gases de efecto invernadero; implica afectaciones irreversibles sobre el agua, los territorios, la biodiversidad y la salud humana; no asegura la sostenibilidad de la provisión de energía, ya que la producción de los pozos declina muy rápidamente (entre 29 y 52% al año) y la recuperación de los hidrocarburos presentes en los yacimientos es muy baja (de entre 5 y 10%); y, desvía recursos y esfuerzos públicos, lo que obstaculiza el desarrollo de las energías renovables a pequeña escala y retrasa al país en la toma de una senda por la que es imprescindible que lleve sus pasos.

En segundo lugar, la reforma supuso también continuar apostándole a la explotación de petróleo como fuente de ingresos para el sector público. Si bien el Ejecutivo reconoció que habrá una disminución de dichos ingresos por la entrada del sector privado en la industria, también anunció que esto se compensaría con un aumento en la producción de hidrocarburos. Más allá de los cuestionamientos que se podrían hacer al realismo de estas predicciones, la caída en el precio del petróleo muestra la irresponsabilidad de seguir sujetando el gasto público a esta actividad. Prueba de ello es el anuncio del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, sobre recortes al presupuesto que rondan 124 mil millones de pesos, lo que afectará el gasto social y, por lo tanto, afectará la vida de miles de personas en el país.

Por último, cabe señalar que la reforma fue vendida como una oportunidad de oro para promover el desarrollo económico del país y generar empleo y “progreso”. De nuevo, estas son afirmaciones que no se sostienen. Basta acercarse a los estados donde actualmente se lleva a cabo la actividad petrolera para ver cómo buena parte de la población se encuentra sufriendo las consecuencias de la contaminación y la degradación ambiental sin recibir ningún beneficio de la misma. Esto sin duda se agravará con la nueva legislación energética que habilita al Estado a imponer la realización de esta actividad en los territorios, por encima de los derechos de la población que los habitan y en contradicción de los compromisos adquiridos por el Estado en materia de derechos humanos. La creación de la Gendarmería, el hostigamiento y criminalización de las personas y comunidades que se encuentran defendiendo sus derechos, y la intención de aumentar el control de la Federación sobre los territorios son otros elementos que apuntan en este sentido.

Pero además, la variación impredecible del precio del petróleo es una muestra más de la insostenibilidad de apostarle al petróleo como motor de crecimiento económico. Una decisión de algunos países de la OPEP y el aumento de la producción de hidrocarburos en EEUU ha puesto en jaque a la principal reforma estructural del sexenio. Aunque algunas personas y organizaciones respiremos más tranquilas sabiendo que la intensificación del uso del fracking en México se retrasará un tiempo, este hecho no hace más que aumentar la percepción de la falta de mirada estratégica y de largo plazo de la política energética.

Ojalá la adversidad provocada por los precios del petróleo se transforme en una oportunidad para iniciar una reflexión profunda sobre estos temas. Desde la sociedad nos toca seguir poniendo el dedo en el renglón para lograrlo.

vía Hijos de la Tierra

El desarrollo de la fracturación hidráulica (fracking) tendrá desastrosas consecuencias para el medio ambiente y la población de América Latina y agravará el cambio climático por lo que no debe ser permitida.

 – En el marco de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP20) y de la Cumbre de los Pueblos en Lima, organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas alertamos sobre los impactos irreversibles que tendrá la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking en los territorios y poblaciones de la región.

– Hacemos un llamado urgente para que los gobiernos latinoamericanos impidan el desarrollo de esta actividad en sus territorios y demuestren así su compromiso con la protección del medio ambiente, la garantía de los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad energética de la región.
– Existen alternativas energéticas sustentables, más baratas y eficientes que, asegurando el pleno respeto de los derechos humanos, deben ser fomentadas e impulsadas por los Estados para asegurar la sostenibilidad energética y la lucha contra el cambio climático.

Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) se estima que diversos países de América Latina cuentan con recursos prospectivos de hidrocarburos de lutitas (shale) en sus territorios.[1] Es el caso de Argentina, México, Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile en los que el desarrollo de la técnica de la fracturación hidráulica o fracking para extraer gas y petróleo se encuentra en diversas fases. Por ejemplo, en Argentina ha habido un mayor desarrollo de proyectos de este tipo. Mientras otros países como México, Colombia, Bolivia, Uruguay y Brasil se encuentran en fase prospectiva o exploratoria, y pretenden desarrollar ampliamente esta técnica en los próximos años.

La técnica de la fractura hidráulica consiste en la inyección en el subsuelo de una mezcla de agua, arena y productos químicos a presiones tales que permitan la ruptura de las rocas de lutitas, en cuyos poros se encuentran atrapados el gas y el petróleo. Para ello, primero es necesario realizar una perforación vertical hasta alcanzar la profundidad a la que se encuentran estas formaciones geológicas (entre uno y cinco kilómetros) y luego una serie de perforaciones horizontales de 1 a hasta 16 km de extensión según la formación geológica.

El uso de la fracturación hidráulica provocará, y ya se encuentra provocando como se ha demostrado en EEUU y Argentina, fuertes impactos sobre al ambiente, la salud y calidad de vida de la población,[2] ya sumamente castigados. Debido a su gran complejidad y condición experimental,[3] esta actividad implica una serie de daños en su mayoría inevitables e irreversibles, como son:
– Uso intensivo y contaminación del agua. La fracturación de un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua que quedan completamente inservibles para otros usos. Esto se debe a los 300.000 litros de químicos que se le añaden para la fracturación y por los metales pesados y radioactivos presentes en el subsuelo. Este líquido se puede filtrar a los flujos de agua subterránea y superficial contaminándola, dejando a las poblaciones sin agua potable.[4] Por lo tanto, el uso de esta técnica viene a sumarse a las amenazas e impactos del cambio climático sobre  el agua.
– Supone graves afectaciones a la salud.[5] Estudios científicos realizados en Estados Unidos muestran que 75% de los químicos utilizados en el líquido de perforación afecta directamente la piel, ojos, sistema respiratorio y gastrointestinal; 40-50% afecta al sistema nervioso, inmunológico, cardiovascular y los riñones; mientras que 37% afecta el sistema endocrino y 25% provoca cáncer y mutaciones.[6] Además, los efectos sinérgicos de los químicos empleados son totalmente desconocidos, por las propias empresas proveedoras.[7]
– Genera impactos de cambio climático. Pese a lo que las empresas petroleras y algunos gobiernos de la región están señalando, la explotación del gas mediante fracking no es una opción para la lucha contra el cambio climático. En estos proyectos, hasta 8% de la producción de gas natural (metano) se escapa directamente a la atmósfera con un potencial de calentamiento 25 veces superior al dióxido de carbono. Debido a ello, en 20 años el impacto sobre el cambio climático de la generación eléctrica a través del gas extraído por fracking superaría en 20% el del carbón.[8]
– La reinyección de las aguas residuales del fracking en el subsuelo en “pozos letrina” está directamente vinculada con la inestabilidad sísmica y generación de sismos, que han llegado a alcanzar 5.7° de magnitud. Esto es sumamente grave, ya que pone en riesgo a la población y la infraestructura de las regiones donde tienen lugar.[9] Además, se ha logrado comprobar que esta inyección ha provocado la contaminación de acuíferos enteros en California.[10]
– Todas estas afectaciones e impactos suponen violaciones a los derechos humanos, derechos que los Estados latinoamericanos tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, así como de prevenir sus violaciones. Entre otros, vulneran la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento, a un medio ambiente sano, a la vida y a la salud, a la alimentación, a la vivienda, de los derechos laborales y otros derechos económicos, sociales y culturales, así como de los derechos civiles y políticos, como el derecho de acceso a la información, al consentimiento previo, libre e informado, y a la participación.
– Las economías y medios de vida de los pueblos de Latinoamérica sufren o podrían verse afectados por la contaminación de los acuíferos subterráneos y aguas superficiales, en las cercanías de las operaciones de fracking, afectando la sanidad de los productos agrícolas y ganaderos, y conllevando grandes pérdidas y daños para las comunidades.
– Por último, la explotación de hidrocarburos a través del fracking no es una opción energética sustentable. Las altas tasas de declinación en la producción de los pozos (entre 29 y 52% anual), la escasa recuperación de los hidrocarburos presentes en los yacimientos (de entre el 4.7 y 10%), y los altos costos que conlleva esta tecnología, la hacen inviable para la generación de energéticos en el mediano y largo plazo.[11]

Nuestras demandas y exigencias

Por todas estas razones, las organizaciones firmantes exigimos a nuestros gobiernos de los países latinoamericanos:
– Que impidan el uso de la fracturación hidráulica en sus territorios en aplicación del principio y obligación estatal de precaución, y aseguren la protección de los recursos hídricos y de la salud de las personas.
– Demandamos a nuestros Estados la generación y divulgación de información exhaustiva, verídica e imparcial sobre las características de los procesos, volúmenes y origen de agua usada y sustancias empleadas en el fracking, y sus impactos en las personas y el ambiente con un horizonte de largo plazo, a fin de garantizar los derechos de las generaciones presentes y futuras.
– Resaltamos que las poblaciones y gobiernos locales tienen el pleno derecho de negar actividades de fracking que puedan afectar sus entornos.  
– Demandamos a nuestros Estados la implementación de políticas públicas que permitan la transición energética hacia fuentes de energía verdaderamente sustentables y renovables, en pleno respeto a los derechos humanos, que aseguren la provisión energética futura y la mitigación del cambio climático.
– Instamos a los Estados que garanticen que las políticas energéticas de la región respeten  los derechos humanos, aseguren la protección ambiental y social, y contribuyan a la lucha contra el cambio climático.
– Demandamos que sean atendidos los reclamos, las acciones legales y las denuncias de las comunidades que protegen la vida y los territorios libres de petróleo, carbón y gas.
– Demandamos que las delegaciones de los Estados ante la COP y las corporaciones impulsen reducciones radicales en la exploración, explotación y uso de combustibles fósiles.

Manifiesto en solidaridad con el pueblo mexicano

El caso de México es especialmente representativo de las estrategias que están siguiendo algunos gobiernos de la región para imponer este tipo de proyectos a poblaciones que defienden sus derechos fundamentales ante esta impactante actividad. La situación de violencia estructural en este país promovida por el propio Estado que desembocó en la desaparición de 43 estudiantes en Iguala (Guerrero), la criminalización de la protesta social y de las y los defensores de derechos humanos, y la creación de fuerzas de seguridad para la protección de las inversiones son ejemplos de ello.  Hechos que se están dando a la vez que se trata de implementar una reforma energética que le apuesta al desarrollo de la fracturación hidráulica, por encima de los derechos de la población.

Ante esta situación, nos solidarizamos con el pueblo mexicano y hacemos un llamado específico al Estado de este país para que establezca las medidas necesarias para atender la situación de violencia estructural y criminalización de la protesta social existente en el país. Para ello, exigimos que se esclarezcan los hechos ocurridos en relación a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y el paradero de los otros 22,000 hombres y mujeres desaparecidos en el país, la liberación de las y los presos detenidos arbitrariamente en la exigencia de sus derechos y la puesta en marcha de reformas de fondo que garanticen que estas y otras violaciones de los derechos humanos no se vuelvan a repetir.

VER organizaciones firmantes

Oilwatch Latinoamérica

El fracking es una agresiva técnica para extraer petróleo y gas de formaciones compactas, como la roca madre, fracturándolas con la inyección de un coctel de cientos de químicos y millones de litros de agua. Es la expresión de un patrón energético capitalista que, ante el agotamiento de las fuentes de hidrocarburos convencionales, amplía las fronteras geográfica y tecnológica. Su aplicación provoca iguales -y aún peores- impactos en la salud y el ambiente que las tradicionales operaciones petroleras, e incrementa el despojo y el empobrecimiento de nuestros pueblos.

Investigaciones como las realizadas por científicos de las universidades de Duke y Politécnica de Pomona (California, EE.UU.) o el Tyndall Centre for Climate Research de la Universidad de Manchester (UK), por citar algunas, han demostrado la multiplicidad de impactos del fracking sobre las aguas, el aire y los territorios. Es decir, sobre todas las formas de vida.

Pueblos indígenas y comunidades campesinas hoy ven amenazada la permanencia en sus territorios por proyectos de explotación de yacimientos no convencionales. El Pueblo Mapuche, en la Patagonia argentina, y las comunidades campesinas del departamento Boyacá, en Colombia, son testimonios de la resistencia continental a la ampliación de la frontera extractiva.

El fracking ha sido presentado por gobiernos y empresas como una tecnología limpia, un aliado en la lucha contra el cambio climático, que permitirá la gasificación de la matriz energética, reduciendo el consumo de otros combustibles fósiles -sucios- como el carbón y el crudo. Sin embargo, se ha verificado que la aplicación de esta técnica produce mayores emisiones de metano que los yacimientos de gas convencionales. Además la hidrofractura también es utilizada para la extracción de crudo, por lo que en lugar de servir como puente hacia la Soberanía Energética, con energías limpias y renovables, constituye una herramienta para extender el consumo de fósiles.

El incremento de las reservas de gas y crudo de América Latina, para ser explotadas con aplicación del fracking, no estarán destinadas a satisfacer las necesidades de los pueblos, por el contrario, continuarán dirigiéndose a los grandes consumidores mundiales. Alejarán aún más a los países del Sur de la anhelada y urgente transición. La promoción de esta técnica, por parte de los gobiernos de nuestros países, nos ata a la condición de exportadores de commodities, agudizando la dependencia económica, geopolítica y tecnológica en el sistema mundial.

En este tipo de explotaciones el sector más beneficiado es el de las empresas de servicios como las estadounidenses Baker Hughes, Halliburton, Weatherford, Schlumberger, que desarrollaron esta tecnología. Estas compañías permanentemente organizan o auspician foros internacionales para promover el desarrollo de no convencionales. Su poder de lobby le ha permitido a este sector, por ejemplo, que en 2005 el Congreso de EE.UU. apruebe la reforma de la Ley de Aguas, conocida como Enmienda Halliburton, que reduce la capacidad de regulación sobre los fluidos empleados en la fractura hidráulica. Esa capacidad de lobby está activa en cada uno de nuestros países, donde presionan, seducen y logran, en muchos casos, allanar el camino al fracking.

En este Día Internacional contra el Fracking / Global Frackdown, Oilwatch Latinoamérica celebra la lucha de los movimientos anti-fracking alrededor del mundo, que han generado una alta sensibilización de la ciudadanía acerca de los daños socioambientales que esta técnica provoca. Esto se ha traducido en triunfos como la prohibición en Francia o los límites puestos a este tipo de proyectos en más de 400 pueblos y ciudades de EE.UU. También en Argentina más de 40 municipios sancionaron ordenanzas prohibiendo la técnica y normas similares fueron aprobadas en Uruguay y Brasil. El rechazo global al fracking se manifestó de manera contundente en septiembre último, en la Marcha Climática de los Pueblos, donde más de 300 mil personas se movilizaron por las calles de Nueva York.

Oilwatch Latinoamérica propone abrir un debate serio y franco sobre los patrones energéticos, el modelo hegemónico de sociedad, nuestra relación con la Naturaleza y la necesidad de dejar los hidrocarburos en el subsuelo. Nos comprometemos a continuar acompañando las luchas en defensa de nuestros territorios e invitamos a seguir promoviendo formas de producción y consumo locales, autónomas, descentralizadas y armónicas con la Naturaleza, en pro de trascender esta civilización petrolera.

Latinoamérica, octubre de 2014.

coord-owla@oilwatch.org
www.oilwatchsudamerica.org

El desarrollo de la fracturación hidráulica tendrá desastrosas consecuencias para el medio ambiente, la población y la sostenibilidad energética de América Latina por lo que no debe ser permitida

Octubre de 2014

– En el marco del Día Mundial contra el Fracking (Global Frackdown)  organizaciones de la sociedad civil latinoamericana alertamos sobre los impactos irreversibles que tendrá la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking en los territorios y poblaciones de la región.

– Hacemos un llamado urgente para que los gobiernos latinoamericanos impidan el desarrollo de esta actividad en sus territorios y demuestren así su compromiso con la protección del medio ambiente, la garantía de los derechos humanos, la lucha contra el cambio climático y la sostenibilidad energética de la región.

– Existen alternativas energéticas sustentables, más baratas y eficientes que, asegurando el pleno respeto de las comunidades en las que éstas se desarrollan, deben ser fomentadas e impulsadas por los Estados para asegurar la provisión de energía futura y la sostenibilidad ambiental.

Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) se estima que diversos países de América Latina cuentan con recursos prospectivos de hidrocarburos de lutitas en sus territorios.[1] Es el caso de Argentina, México, Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile, en los que el desarrollo de la técnica de la fracturación hidráulica o fracking se encuentra en diversas fases. Por ejemplo en Argentina ha habido un mayor desarrollo de proyectos de este tipo. Mientras otros países como México, Colombia, Bolivia y Brasil se encuentran en fase prospectiva o exploratoria,  y pretenden desarrollar ampliamente esta técnica en los próximos años.

La fracturación hidráulica consiste en la inyección en el subsuelo de una mezcla de agua, arena y productos químicos a presiones tales que permitan la ruptura de las rocas de lutitas, en cuyos poros se encuentran atrapados el gas y el petróleo. Para ello, primero es necesario realizar una perforación vertical hasta alcanzar la profundidad a la que se encuentran estas formaciones geológicas (entre uno y cinco kilómetros) y luego una serie de perforaciones horizontales de 1 a 5 km de extensión.

El uso de esta técnica traerá, como ya se ha demostrado en EE.UU., fuertes impactos sobre al ambiente, la salud y calidad de vida de la población, ya sumamente castigados. Debido a su gran complejidad, esta actividad implica una serie de daños en su mayoría inevitables e irreversibles, como son:

– Uso intensivo y contaminación del agua. La fracturación de un solo pozo de fracking requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua que queda completamente inservible para otros usos. Esto se debe a los 300,000 litros de químicos que se le añaden para la fracturación y por los metales pesados y radioactivos presentes en el subsuelo. Este líquido, se filtra a los flujos de agua subterránea y superficial contaminándola, dejando a las poblaciones sin agua potable.[2]

– Supone graves afectaciones a la salud.[3] Estudios científicos realizados en Estados Unidos muestran que 75% de los químicos utilizados en el líquido de perforación afecta directamente la piel, ojos, sistema respiratorio y gastrointestinal; 40-50% afecta al sistema nervioso, inmunológico, cardiovascular y los riñones; mientras que 37% afecta el sistema endocrino y 25% provoca cáncer y mutaciones.[4]

– Genera impactos de cambio climático. Pese a lo que las empresas petroleras y algunos gobiernos de la región están señalando, la explotación del gas mediante fracking no es una opción para la lucha contra el cambio climático. En estos proyectos hasta 8 por ciento de la producción de gas natural (metano) se escapa directamente a la atmósfera con un potencial de calentamiento 25 veces superior al dióxido de carbono. Debido a ello, en 20 años el impacto sobre el cambio climático de la generación eléctrica a través del gas extraído por fracking superaría en 20% el del carbón.[5]

– La reinyección de las aguas residuales en el subsuelo están directamente vinculadas con la inestabilidad sísmica y generación de sismos, que han llegado a alcanzar 5.7° de magnitud. Esto es sumamente grave, ya que pone en riesgo a la población y la infraestructura de las regiones donde tienen lugar.[6]

– Todas estas afectaciones e impactos suponen violaciones a los derechos humanos, derechos que los Estados latinoamericanos tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, así como de prevenir sus violaciones. Entre otros, vulneran la garantía del derecho humano al agua y al saneamiento, a un medio ambiente sano, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, de los derechos laborales y otros derechos económicos, sociales y culturales, así como de los derechos civiles y políticos como el derecho de acceso a la información, al consentimiento previo, libre e informado, y a la participación.

– Por último, la explotación de hidrocarburos a través del fracking no es una opción energética sustentable. Las altas tasas de declinación de los pozos (entre 29 y 52% anual), la escasa recuperación de los hidrocarburos presentes en los yacimientos (de entre el 4.7 y 10%) y los altos costos que conlleva esta tecnología, la hacen inviable para la generación de energéticos en el mediano y largo plazo.[7]

Por todas estas razones, las organizaciones firmantes exigimos a los gobiernos de los países latinoamericanos:

–Exigimos a los gobiernos latinoamericanos que impidan el uso de la fracturación hidráulica en sus territorios, y aseguren la protección de los recursos hídricos y de la salud de las personas.

–Demandamos a nuestros Estados la generación y divulgación de información exhaustiva e imparcial sobre las características de los procesos, volúmenes y origen de agua usada  y sustancias empleadas en el fracking y sus impactos en las personas y el ambiente con un horizonte de largo plazo, a fin de garantizar los derechos de las generaciones presentes y futuras.

–Resaltamos que las poblaciones y gobiernos locales tienen el pleno derecho de negar actividades de fracking que puedan afectar sus entornos.

–Demandamos la implementación de políticas públicas que permitan la transición energética hacia fuentes de energía verdaderamente sustentables, en pleno respeto a los derechos humanos, que aseguren la provisión energética futura.

–Instamos a los Estados que garanticen que las políticas energéticas de la región respeten  los derechos humanos, aseguren la protección ambiental y social, y contribuyen a la lucha contra el cambio climático.

Para sumarse a este posicionamiento, escribir a nofrackingmx@gmail.com

Alianza Mexicana contra el Fracking formada por:

132 Ambiental
Amigos del Río San Rodrigo
Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo (AUAS)
Asociación Humanitaria Internacional Gilberto Bosques
Blue Planet Project
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR)
Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)
Chihuahua vs Fracking
Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua
Comcausa
Consejo Ecológico de Participación Ciudadana de Coahuila Región Carbonífera (CEPACI)
Consejo Tiyat Tlali
Conservación Humana AC
DECA Equipo Pueblo
El Barzón Chihuahua
El Barzón Nacional
El Poder del Consumidor
Encuentro Ciudadano Lagunero
Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Espacio DESC
Food and Water Watch
Frente Amplio Ambientalista
Fundar Centro de Análisis e Investigación
Greenpeace México
Grupo de Estudios Ambientales (GEA)
Guardianes de los Volcanes
Hij@s de la Tierra
La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA)
Medio Ambiente y Sociedad
Organización Mexicana para la Conservación del medio Ambiente (OMCA)
Oxfam México
PODER
Radio Huayacocotla, de Fomento Cultural y Educativo, A.C.
Red de Acción por el Agua (FAN-México)
Red Unidos por los Derechos Humanos
Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable (Sendas AC)

Y otras organizaciones:
350.org
Asamblea Ambiental Ciudadana de Río Gallegos, Argentina
Asamblea de Cooperación e Integración de Territorios Libres de Fracking desde los Concejos Deliberantes para América Latina, Argentina
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización regional
BiosIguana, México
Censat, Agua Viva – Amigos de la Tierra, Colombia
Observatorio Petrolero Sur, Argentina
Otros Mundos, Chiapas – Amigos de la Tierra, México
Ríos Vivos, Colombia
Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE, Perú
Unión de Asambleas Patagónicas, Argentina

*Para nuevas adhesiones de organizaciones favor de enviar un correo a nofrackingmx@gmail.com con nombre de la organización y país.

NOTAS:
[1] http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/fullreport.pdf
[2] http://www.foodandwaterwatch.org/reports/fracking-the-new-global-water-crisis-europe/
[3] http://www.propublica.org/article/drilling-for-certainty-the-latest-in-fracking-health-studies
[4] http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=18376
[5] http://www.eeb.cornell.edu/howarth/Howarth%20et%20al%20%202011.pdf.
[6] http://concernedhealthny.org/wp-content/uploads/2014/07/CHPNY-Fracking-Compendium.pdf
[7] http://www.postcarbon.org/reports/Perfora%20Chico%20Perfora_FINAL.pdf

El lunes 11 de octubre es el Global Frackdown

Ya está aquí el Día internacional contra el fracking, el Global Frackdown. La tercera edición, que tras el gran éxito de la convocatoria del año pasado que consiguió una participación masiva, el evento anti fractura hidráulica más importante del mundo vuelve con más fuerza que nunca.

El fracking es una técnica, cuando menos, arriesgada  de extracción de gas del subsuelo, atrapado en depósitos de pizarra (esquistos) que pone en riesgo la ecología de las zonas donde se práctica, contaminación de aguas, terremotos, destrucción de ecosistemas, aumento de la radiactividad….. así como la ecología  de todo el planeta, ya que nos somete a una dependencia del modelo energético basado en la combustión de carburos, generadora de las misiones de co2 y del resto de los gases de efecto invernadero causantes del Calentamiento Global que estamos experimentando actualmente en forma de Cambio Climático.

–Notas y reflexiones sobre el fracking en nuestra web.

–Alianza Mexicana contra el Fracking (facebook)

Por Observatorio Petrolero Sur
Centro de Documentación e Información Bolivia
Censat Agua Viva / Amigos de la Tierra Colombia

Empresas y gobiernos clavaron sus ojos sobre yacimientos de frontera: no convencionales y offshore. El estancamiento de los niveles globales de  extracción tradicional de petróleo y el improbable descubrimiento de mega yacimientos, son parte del problema que se agudiza con el incremento exponencial del consumo de energía –no sólo por los países del Norte global sino, también, por las economías emergentes, como China e India. El gas y el petróleo de esquistos o lutitas –más conocidos por su denominación sajona, shale–, junto a los hidrocarburos de arenas compactas –tight sands–, los crudos ultra pesados y el petróleo del Ártico y de aguas profundas han cobrado suma relevancia en la apuesta sistémica a sostener esta matriz, donde los combustibles fósiles representan el 82% de las fuentes primarias de energía mundial.

Estados Unidos se ha convertido en el principal promotor de la explotación de hidrocarburos de yacimientos no convencionales. A partir de su desarrollo masivo, Washington no sólo apunta a que el mercado esté abastecido de combustibles fósiles y que los precios no se disparen, sino también a que se modifique el mapa geopolítico de la energía. Al ampliar el espectro de proveedores busca limitar el protagonismo de países como Rusia y Venezuela, los gigantes mundiales del gas y el petróleo, respectivamente. En esta estrategia el lugar estelar lo ocupan el gas y petróleo de esquistos. Según estimaciones de la Agencia de Información de Energía (EIA) de ese país, publicadas en 2013, América del Sur posee el mayor potencial de recursos técnicamente recuperables de shale gas, 1431 billones de pies cúbicos de gas (TCF, trillones según nomenclatura estadounidense); seguida por Asia, con 1403 TCF –de los cuales 1115 TCF corresponden a China. En cuanto al crudo de estas formaciones, el potencial sería de 1152 millones de barriles (Billon bbl, según su equivalente en inglés) que la ubica detrás Europa, 1551 Billon bbl; y Asia, 1375 Billon bbl. Si bien estas cifras deben ser relativizadas, ya que las estimaciones fueron realizadas sólo sobre 41 países, sin EE.UU., lo que le resta relevancia al potencial de América del Norte, y porque el cálculo mismo es cuestionado, ilustran la posición que la región ocupa en la geopolítica del shale. O, por lo menos, en la política de Seguridad Energética del Departamento de Estado norteamericano.

En este esplendor no convencional, como ha sucedido a lo largo de la historia de nuestros pueblos del Sur, detentar los recursos no necesariamente implica tener la sartén por el mango. La explotación de estos recursos, criticada por su alto impacto socioambiental, se realiza con tecnologías desarrolladas y acaparadas por grandes empresas de servicios petroleros, como Halliburton y Schlumberger, y operadoras con capacidad financiera y de lobby, como Chevron y ExxonMobil. Justamente en los últimos años el sector corporativo ha tenido un marcado protagonismo, promoviendo este tipo de explotaciones en diversos foros regionales y presionando a las autoridades públicas para que generen las condiciones propicias para la avanzada, es decir, garanticen márgenes de ganancia y adecuen marcos regulatorios.

En sintonía, cada uno de los gobiernos de la región ha justificado su creciente interés en estos reservorios a partir de metas propias, soberanas. Los argumentos son diversos; reducir la importación de combustibles, revertir la caída de los niveles de extracción, alcanzar el autoabastecimiento, mantenerse o consolidarse como exportador… Pero más allá de los enunciados, todos tienen una consecuencia común: la conflictividad social por la ampliación de la frontera extractiva y de la transnacionalización del sector, si bien algunas veces hay un aparente liderazgo de compañías controladas por el Estado.

El mayor avance sobre formaciones de shale, por fuera de EE.UU., se registra en Argentina, que, según la EIA, concentra 802 TCF sobre 1431 TCF del conjunto de Sudamérica. El mayor potencial se encontraría en la Cuenca Neuquina, con 583 TCF distribuidos en las formaciones Vaca Muerta y Los Molles, lo que explica por qué ostenta el dudoso privilegio de ser cabecera de playa nacional y regional. A la luz de estos datos no es un hecho menor la alianza para “fortalecer y profundizar el intercambio y la cooperación” en hidrocarburos no convencionales, redes inteligentes, energía nuclear y eficiencia energética y energías renovables, sellada por el secretario adjunto de Energía de EE.UU., Daniel Poneman, y el ministro de Planificación Federal argentino, Julio De Vido, en mayo último. Según lo publicado en medios de prensa cercanos al gobierno de Cristina Fernández, EE.UU. aspira a insertarse de lleno en el negocio de Vaca Muerta, y en ese esquema, empresas como ExxonMobil, cobrarían protagonismo, sumándose a la pionera Chevron.

Chile –otro país visitado recientemente por Poneman, pero para asegurarse la venta de gas– y Colombia también han puesto su atención sobre los no convencionales, realizando exploraciones tanto en formaciones de esquistos como de gas de mantos de carbón, con resultados disímiles. Chile busca sumar fuentes a su matriz para incrementar la capacidad instalada, que demanda la minería, y, al mismo tiempo, superar el cuello de botella que significa la masiva oposición popular a proyectos de mega complejos hidroeléctricos, como HidroAysén, que fue finalmente descartado. En el caso de Colombia la ampliación de la frontera extractiva, impulsada en el marco de la política de promoción de la actividad minero-energética, está orientada a ampliar el horizonte de reservas e incrementar las exportaciones, buscando los mercados asiáticos.

Uruguay, Bolivia y Brasil también evalúan la alternativa de los no convencionales. En este sentido es destacable el poco entusiasmo que generó en el mundo corporativo brasileño la Ronda 12, a través de la cual, por primera vez en el país, se licitaron bloques para exploración de esquistos. Esto marcó una profunda diferencia con el interés despertado meses antes por la licitación del campo Libra, en aguas profundas. Mientras que en Paraguay la exploración de hidrocarburos es promocionada con promesas de abundancia, pero poco ha avanzado en términos generales y el horizonte del shale aparece supeditado a la evaluación costos de producción.

En tanto en el extremo norte de Latinoamérica, México ha consumado la reforma de su Carta Magna, que permitió echar por tierra con el monopolio que la petrolera estatal Pemex tenía sobre todo el sector. De este modo, las puertas quedaron abiertas no sólo para una salvaje transnacionalización de la industria hidrocarburífera sino también para la explotación de esquistos.

En la mayoría de los países de la región, la adjudicación de bloques para la exploración y explotación de no convencionales, ha dado lugar al surgimiento de espacios de oposición donde convergen organizaciones de las más diversas, como es el caso de la Multisectorial contra la Fractura Hidráulica de Neuquén o la Alianza Mexicana contra el Fracking, y a campañas como Por um Brasil Livre de Fracking. En todos los casos la defensa del agua se transforma en el elemento aglutinador, y en ese aspecto, el Principio Precautorio y el derecho de las comunidades locales a decidir sobre el futuro de sus territorios son pilares de las demandas.

En este contexto, se torna imperativo para las organizaciones de la región formalizar un ámbito de confluencia con el objetivo de frenar esta profundización del modelo extractivista, a partir del fortalecimiento de las resistencias y la construcción de caminos hacia la Soberanía Energética. Porque Soberanía Energética no es sólo garantizar el autoabastecimiento sino que es tener el control sobre las fuentes y la autonomía en la gestión de la energía. No sólo se trata de contar con mayores reservas, sino también de detentar la capacidad política para definir energía cómo, para qué y para quién, en un marco de participación popular.

[Descargar Fractura Expuesta #3]

Torreón, Coahuila a 18 de agosto de 2014.

 elbarzon.mx

DECLARACIÓN  DE TORREÓN EN DEFENSA DE LA TIERRA, EL AGUA Y LA VIDA

NO AL FRACKING (EXTRACCION DE GAS SHALE)

Cuidemos los acuíferos para garantizar el agua potable a la población en general y en la producción de alimentos sanos y nutritivos

Reunidos en la Comarca Lagunera, los productores agropecuarios de diversos estados del semidesierto, preocupados por las nuevas disposiciones legales establecidas en la Reforma energética aprobada recientemente por el congreso de la unión, que por su contenido afectan a la nación y considerando que esta Reforma:

    No garantiza la disminución en los precios de las tarifas eléctricas y los energéticos como diésel y gasolina, ya que estas se establecen por el mercado internacional.
    Las empresas trasnacionales serán las que se lleven las ganancias generadas por la producción de hidrocarburos a costa del patrimonio nacional.
    Se disminuirá los ingresos generados por la producción de hidrocarburos al permitir a la empresa privada la participación en la extracción de estos, afectándose el gasto social que durante años ha apuntalado PEMEX y que ha sido la base del desarrollo nacional.
    Se desatará la burbuja de la especulación financiera en los proyectos extracción del gas shale al no ser un proyecto sustentable desde el punto de vista económico, ambiental y social
    En especial, el intento de utilizar la técnica de fractura hidráulica (fracking) para extraer el gas shale, al establecer que los principales yacimientos de este energético de mayor potencial se encuentran en el norte del país, justo donde se presentan las severas sequías recurrentes por la escasez crónica de agua.
    Por la importancia que tiene la agricultura de riego por bombeo en la producción nacional de alimentos ya que en estos estados del norte son de los principales productores de maíz amarillo, alfalfa, chile, manzana, leche, carne, nuez, y forrajes entre otros.
    Es en esta región del país donde la principal fuente de agua es el subsuelo y es extraida muy por encima de la disponibilidad anual y que por tanto, durante los últimos años se ha presentado una sobreexplotación de los acuíferos, en mayor medida por el crecimiento de demanda de agua, incremento de temperatura, extracción ilegal, escasa participación de la CONAGUA para regular la extracción y por su falta de mecanismos reales de medición y planeación hídrica en la que se limite la superficie agrícola sembrada al año de acuerdo a su disponibilidad en el subsuelo, apertura indiscriminada de tierras. Por ejemplo más de 250 mil hectáreas de terrenos ganaderos  agrícolas en el estado de chihuahua en los últimos 5 años.

Ahora bien, el fracking forma parte de un debate mundial debido a su impacto ambiental, esta técnica se realiza mediante la inyección de agua mezclada con abrasivos y más de 90 químicos tóxicos. Los principales riesgos son la destrucción y contaminación de los acuíferos, así como el gasto indiscriminado de agua en el que se requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua para un sólo pozo, lo que equivale al agua necesaria para cosechar entre 1,500 y 4,800 hectáreas de riego, y que de permitirse la pretensión de realizar miles de perforaciones para la extracción de gas shale acabaría con el agua en la región y significaría un ecocidio en el semidesierto.

Otros riesgos ambientales son la contaminación de suelos, emisiones de metano a la atmósfera que agravan el calentamiento global, afectaciones de la salud pública y la vida animal e incremento a las actividades sísmicas.

El dilema está en que si el agua se destina, mediante un manejo sustentable, para garantizar el consumo humano y la producción nacional de alimentos nutritivos para las actuales y futuras generaciones de mexicanos o se destina a la extracción de energéticos para beneficiar a los trasnacionales y que además pondría en riesgo la salud pública por la contaminación de acuíferos y suelos.

Por lo anterior hemos decidió desarrollar la más amplia defensa rural y urbana de las fuentes de agua para consumo humano y producción de alimentos impulsando las siguientes propuestas

El programa nacional para el ordenamiento sustentable de los acuíferos mediante:

    1. Exigirle al ejecutivo federal planeación hídrica

    Programa plurianual para el uso eficiente del agua mediante la tecnificación de riego, estableciendo una meta mínima anual de 300 mil hectáreas, a fin de garantizar a 1.5 millones de hectáreas de riego tecnificado como meta a 2018.
    Establecimiento de un mecanismo para determinar la superficie de riego en base a la demanda hídrica de diversos cultivos, tomando como base el volumen concesionado a cada usuario de aguas nacionales.
    Promoción junto con los productores del uso de energías renovables para las actividades productivas del sector rural  mediante la interconexión a la red.

    2. Restauración de las cuencas hidrológicas

    Programa nacional de obras de conservación de suelo y agua priorizando las cuencas hidrológicas sobre explotadas con el fin de garantizar e incentivar la restauración ecológica y recarga de acuíferos, la disminución del impacto de lluvias y sequías, control de inundaciones, captación e infiltración de agua.
    Programa de re conversión productiva para aquellos cultivos de menor demanda hídrica de acuerdo al potencial productivo de las regiones, con el fin de disminuir el consumo de agua en las zonas de riego.
    Creación de un Fondo Federal que garantice mediante el 15% de los recursos destinados a los programas hidráulicos e hidroagrícola, la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos hídricos, impulsando proyectos que contribuyan a la integración y competitividad de la cadena productiva y desarrollando verdaderos mecanismos de cobro y pago de bienes y servicios ambientales.

    3. Vigilancia para evitar las nuevas tierras y su penalización

    Cancelación inmediata de los aprovechamientos irregulares de aguas superficiales y subterráneas  ubicados en los acuíferos sobre explotados.
    De esta misma forma la SAGARPA cancelará, los diversos apoyos de programas federales a dichos usuarios, PROFEPA, garantizará las respectivas sanciones administrativas a los cambios de uso de aquellos predios que violentan la normatividad.
    Establecer la medición obligatoria de volumen de todos los aprovechamientos de aguas superficiales y subterráneas, sancionando a aquellos usuarios que no cumplan con la instalación de este instrumento.

Por ello, se iniciara a partir de hoy la creación de comités de defensa del agua y  en contra del fracking, el propósito es difundir y concientizar a la población sobre los efectos y riesgos económicos ambientales para que se oponga a estos procesos extractivos.

Defender nuestras tierras ante cualquier intento de las empresas trasnacionales de iniciar la extracción de gas shale

Difundir, con el objetivo de que el legislativo apruebe una ley que garantice el derecho humano al agua,  la iniciativa ciudadana que ha construido la propuesta de ley de aguas nacionales, como contrapropuesta a la Ley Korenfeld que implica la comercialización del agua y no de un bien público.

Desarrollar la más amplia unidad de los diversos movimientos de afectados ambientales que están en resistencia  (por proyectos de presas, turísticos, minería o eólicos) con el fin de acumular fuerzas suficientes para evitar el deterioro de los recursos naturales.

Participar en las jornadas nacionales en defensa del agua la tierra y la vida, así como en la convención nacional indígena y campesina que se celebrará en la Ciudad de México y Aguascalientes en octubre, en donde se conmemora el centenario de la convención revolucionaria donde se originó el artículo 27 constitucional fortalecido por los ejércitos campesinos liderados por Emiliano Zapata y Francisco Villa, espacio para construir la agenda unitaria campesina e indígena que defina lo que el campo necesita y los que los campesinos rechazamos.

Participar en la toma de la ciudad de México el 6 de diciembre, para conmemorar los 100 años en que convergieron las tropas revolucionarias de la división del norte y las del libertador del sur y que al mismo tiempo permita la acumulación de fuerzas del movimiento campesino e indígena de este país, sumándose los consumidores de alimentos.

Nos comprometemos a recorrer las regiones de riego de aguas subterráneas de los estados de la península de Baja California, Sonora y la región del Bajío para impulsar la defensa de los acuíferos y exigir el Gobierno Federal el ordenamiento de los recursos hídricos.

LA ORGANIZACIÓN NACIONAL DE EL BARZON , LLAMAMOS A LOS DIVERSOS MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA A UNIFICARNOS EN LA DEFENSA DE LA TIERRA, LOS RECURSOS NATURALES, LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, EL ORDENAMIENTO DEL MERCADO AGROALIMENTARIO Y EXIGIR JUSTICIA Y EVITAR LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA RURAL.

NO AL FRACKING, SI A LA VIDA MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LOS ACUIFEROS

Alfonso Ramírez Cuéllar.  Presidente, Barzón Nacional
Martin Solís Bustamante. Barzón Chihuahua
Angely Amezcua Chávez. Coordinación agua y energía Barzón Nacional
Maximiliano Olvera. Barzón Coahuila- Durango
Elena Burns Campaña. Agua para todos, Agua para la vida

Presentación: Implicaciones económicas y energéticas de la explotación del gas de lutitas por Fundar, Centro de Análisis e Investigación

¿Qué es el gas shale o gas de lutitas?

• Es gas natural que se encuentra atrapado en sedimentos de roca de lutitas a profundidades de entre mil a cinco mil metros.
• Debido a las características geológicas de estos yacimientos, la extracción del gas natural requiere la aplicación de la técnica conocida como fractura hidráulica o fracking.
• ¿En qué consiste esta técnica?

 Ver/Descargar presentación completa

Presentación Afectaciones de la Fracturación Hidráulica o Fracking por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental

Se requieren de 9 a 29 millones de litros para la fractura de un solo pozo (Lucena, 2013). Es decir que cuando hay un desarrollo generalizado de estos proyectos en una región determinada, se compite por el agua para otros usos poniendo en peligro la realización del derecho humano al agua, es decir al agua para consumo humano y doméstico, así como la para la producción agrícola y el sostenimiento de los ecosistemas.

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Los ayuntamientos del estado de Nueva York tienen autoridad para prohibir el uso en su territorio de la fractura hidráulica (“fracking”) para la extracción de gas, según una sentencia dictada hoy por la Corte estatal de Apelaciones.

Regeneración. Junio 30, 2014 NY, EU.

El tribunal más alto del Estado de Nueva York dio así la razón a dos localidades rurales, Dryden en el condado de Tompkins y Middlefield en el Condado de Ostego; que decidieron vetar esa práctica y demandar respectivamente a las compañías Norse Energy y Cooperstown Holstein por violar las normas estatales sobre energía.

Los siete jueces, sin entrar en consideraciones sobre el “fracking”, decidieron (5-2) en su mayoría que las autoridades locales están en su completo derecho de prohibirlo; en virtud de la división de poderes entre el gobierno local y federal.

El fallo valida la postura adoptada por unos 170 ayuntamientos neoyorquinos que han vetado la polémica técnica de extracción a la espera de una posible prohibición definitiva a escala estatal.

Nueva York tiene en vigor una moratoria sobre el “fracking” desde 2008, cuya continuidad está en estudio.

La Asamblea estatal votó este mes extender la prohibición durante tres años más, decisión que está aún pendiente del Senado.

La fractura hidráulica, que ha permitido a Estados Unidos aumentar enormemente su producción energética en los últimos años, está regulada de distintas formas en el país, donde cuenta con muchos opositores por el impacto medioambiental de esta técnica.

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