Familias indígenas regresan a sus comunidades tras dos años de desplazamiento

Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre el retorno de familiar de las Abejas de Acteal a su comunidad – A 21 de mayo del 2021

*Las familias se refugiaron en el campamento de Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, y “su único delito: la resistencia frente a la violencia que viene del estado”.


El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer que, 6 familias tsotsiles -30 personas en total- originarias de Río Jordán, Colonia Miguel Utrilla, Los Chorros del municipio de Chenalhó, e integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, retornaron este 20 de mayo de 2021, a su comunidad luego de permanecer un año, nueve meses y cuatro días en desplazamiento forzado interno.

Mencionaron que, desde el 16 de agosto de 2019, Las Abejas de Acteal no habían desistido a la búsqueda de un retorno seguro y digno para sus compañeros, esto con la demanda del diálogo ante las autoridades oficiales locales, municipales y estatales para el respeto a su autonomía y libre determinación.

Dicho retorno se dio en un contexto de falta de protección a las personas en situación de desplazamiento forzado interno en Chiapas, así como a la falta de verdad y acceso a la justicia.

El Frayba recordó que, familias de Rio Jordán y Los Chorros, fueron desplazadas de manera violenta de su comunidad, donde destruyeron y saquearon algunas de sus casas, así como el corte de luz y agua, por no aceptar proyectos gubernamentales.

En donde María Angélica Jiménez y María del Carmen Jiménez Ramírez, ambas niñas fallecieron en el periodo del desplazamiento forzado (26 de febrero de 2020 y 1 de mayo de 2021, de manera respectiva) provocando un profundo dolor no solo a sus familias sino a toda la organización.

El Día del Niño falleció María del Carmen Jiménez Ramírez, desplazada con sus papás en Acteal. Cortesía: Las Abejas de Acteal

Jiménez Ramírez nació desplazada en Acteal hace seis meses, con una vida corta difícil, pues vivir hacinados en un pequeño cuarto de madera con piso de tierra y compartir una cocina entre seis familias, donde la leña húmeda y el humo tupido se penetra en los pulmones de las mujeres, niñas y niños.

La noche del 29 de abril, Jiménez Ramírez no pudo dormir de llanto, cuando sus papás la llevaron al hospital en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, el día 30, la carretera en malas condiciones, la distancia entre Acteal y el hospital, la indiferencia del tráfico vehicular y la desesperación hicieron que se complicara su situación.

La pequeña niña murió en el marco de desplazamiento forzado, en un México en donde los pueblos originarios son despojados de su territorio, pero sobre todo en donde no se garantizan los derechos, ni la vida de las niñas y niños.

Ante dicho contexto, la CDH dijo que, el mensaje del estado mexicano es que no se garantiza los derechos de las niñas y niños a una vida libre de violencia y a la integridad personal.

Enfatizaron que, la violencia contenía, los municipios más visibles son: Aldama, Chalchihuitán, Chilón, Pantelhó, y Venustiano Carranza, además el desplazamiento forzado interno es uno de los fenómenos históricos que han sido invisibilizados, entre otros por la falta de respuesta del Estado, que permite la vulneración continua y múltiple de derechos, enmarcándose en tratos crueles, inhumanos y degradantes y tortura.

Las familias que ahora retornan, han perdido parte de su historia en Rio Jordán y Los Chorros, sus bienes materiales y mantienen el dolor profundo frente a la incertidumbre del desarraigo territorial, mientras la situación no se resuelva, mencionó el Frayba.

Añadieron que, ante el hartazgo de promesas incumplidas, las familias decidieron retornar en compañía de algunas de las autoridades de la Mesa Directiva de Las Abejas de Acteal, colectivos en solidaridad a su proceso de paz, autoridades religiosas, organizaciones de derechos humanos, observación internacional y medios de comunicación.

Hacemos responsable al Estado mexicano de la vida, salud, integridad y seguridad personal de las 30 personas que hoy retornan a su comunidad; exigimos la reparación integral del daño que se les ha causado frente a su lucha por la defensa de la vida, acentuó el CDH.

Reafirmaron que la tortura ya no es exclusiva de personas privadas de la libertad o como método de represión a movimientos sociales o de resistencia, sino que en la actualidad se presenta dentro de las dinámicas del desplazamiento forzado interno que ocurren en el estado.

Familias desplazadas de Aldama, Chiapas. Fotos: Luis Enrique Aguilar

Por último, se sumaron a la exigencia de justicia al estado mexicano para que garantice la vida, salud, seguridad e integridad de las seis familias y para que atienda la situación desde la raíz, detenga los hechos de desplazamiento forzado interno y aplique los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de las Naciones Unidas y la Ley para la Prevención y Atención sobre los Desplazamientos Internos, para asegurar el respeto a los derechos humanos de la población.

Imagen: Retorno de las familias de Río Jordán, Colonia Los Chorros, Chenalhó. Cortesía: Frayba

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Biodigestores, una aternativa encaminada a la autogestión energética

Les compartimos algunas fotografías de las instalaciones de biodigestores en difententes puntos de Chiapas, para la generación de Biogas y Biofertilizante.

El uso de los fogones abiertos afecta la salud especialmente de las mujeres, los adultos mayores, las niñas y los niños. En muchas regiones del campo la dificultad de conseguir leña, o su exclusivo uso está provocando deforestación y otros problemas asociados como la falta de agua, la pobreza de los suelos, entre otras consecuencias. El consumo de tanques de gas comercial merma la economía familiar y acelera el uso de hidrocarburos que pretendemos eliminar por el Cambio Climático. En el ámbito urbano o semiurbano se da también la crianza de cerdos y borregos que genera malos olores y descargas residuales a los ríos. Por ello consideramos que el uso de los biodigestores es un mecanismo para contrarrestar estos efectos y problemáticas tanto en las zonas rurales como urbanas y semiurbanas.

¡Energía limpia y renovable para los pueblos! Porque otros mundos son posibles.

También les compartimos este video sobre la instalación de un Biodigestor en Chilil, municipio de Hixtán, Chiapas.

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En Chiapas, imposición de cuartel militar provoca rechazo de comunidades indígenas

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la instalación de un Cuartel de la Guarda Nacional en Chilón – A 20 de abril de 2021

Por Aldo Santiago

En el municipio de Chilón, comunidades tseltales mantienen el rechazo a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN), ubicado en el tramo carretero Bachajón – Chilón, el cual se encuentra a punto de entrar en operaciones en la región norte de Chiapas sin el permiso de las comunidades originarias.

“Como ejidatarios tenemos derecho de reclamar, que se retire la Guardia Nacional”, enfatiza Juana Hernández Morales, habitante de San Sebastián Bachajón, comunidad que se encuentra a escasos dos kilómetros de la nueva instalación policiaco-militar.

Hernández considera una imposición la militarización de sus territoritos con la presencia de la GN. Ella no es la única con esta perspectiva. Integrantes del Gobierno Comunitario de Chilón y del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), así como habitantes de Bachajón, se han manifestado públicamente contra la construcción de las instalaciones.

De acuerdo a la denuncia de las comunidades tseltales, ni la presencia de la GN, ni la construcción del cuartel fueron puestos a discusión en la Asamblea Ejidal. Además, señalan irregularidades en la “donación” del terreno donde está por concluir la construcción del cuartel que pretende albergar al cuerpo de seguridad militarizado.

Obras del cuartel en la etapa inicial de la construcción. Imagen de redes sociales del ayuntamiento de Chilón.

Según testimonio de los pobladores en San Sebastián Bachajón, el terreno de casi dos hectáreas dispuesto para el cuartel fue vendido por el Comisariado Ejidal y el presidente municipal sin consultar la Asamblea Ejidal.

El problema yace que el terreno se encuentra en propiedad ejidal, es decir que no se puede vender, “y es lo que le molestó a la gente”, reclama Hernández.

Según la versión del ayuntamiento, el 25 de agosto del año pasado se firmaron los documentos para la “donación de los terrenos en los que se construirá e instalará la Guardia Nacional”.

Aquel día se reunieron el presidente municipal de Chilón, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, con el Coronel de Infantería Arturo Trejo Muñoz, comandante del 31/o. Batallón de Infantería, y el Capitán Primero, Juan Manuel Santiago Zetina, comandante de la Guardia Nacional. También estaban presentes funcionarios del ayuntamiento y el Comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón, quienes en las instalaciones de la Procuraduría Agraria firmaron la “donación” del predio.

Aunado a esta irregularidad, Juana Hernández denuncia que el Presidente Municipal simula el apoyo a la construcción del cuartel. Entre las acciones que ha llevado el munícipe, según Hernández, es el realizar una asamblea apócrifa, a la que asistieron jóvenes no ejidatarios para aprobar la presencia de la GN en el municipio. También la organización de una movilización para simular el apoyo a la construcción del cuartel, así como de la carretera de las culturas, ambos proyectos que rechazan movimientos como el Modevite y el Gobierno Comunitario de Chilón, iniciativa de organización y elección de autoridades por usos y costumbres tseltales, el cual aún no cuenta con reconocimiento legal.

Grupo de manifestantes a favor de la construcción del cuartel. La movilización se realizó días después de la represión contra quienes protestaron contra la presencia de la Guardia Nacional.

Militarización en Chiapas, imparable

Durante conferencia de prensa, realizada en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en enero del 2021, Jerónimo Jiménez, indígena tseltal enfatizó que esta no es la primera ocasión en que el municipio de Chilón vive las consecuencias de la militarización de sus territorios.

Fue en el año de 1995 cuando se impuso también la instalación de un cuartel militar, cuyo cierre de operaciones ocurrió hasta el año 2007, solo tras la resistencia organizada de las comunidades adyacentes.

Actualmente, organizaciones defensoras de los derechos humanos alertan sobre la consolidación de las actividades del ejército en la vida pública. Recientemente, Amnistía Internacional informó que la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) “desplegó más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones presidenciales anteriores”.

Otra de las organizaciones que acompañan el rechazo al cuartel en Chilón, el Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh),también ha manifestado su preocupación sobre el papel de la GN, pese a que se concibió como un cuerpo civil es en la realidad un cuerpo militar.

Entre las razones que encienden la alarma de defensores de derechos humanos se encuentran el proceso de reclutación, en el cual además de policías, se enlistan soldados y marinos; así como la capacitación, equipamiento y ordenamiento de la GN bajo instrucciones de las Fuerzas Armadas, mismas que han evidenciado el continuo uso desproporcionado de fuerza letal y que en el gobierno de AMLO se encuentran en ascenso, como lo muestra el análisis Falsas salvaguardas. Las capacitaciones de las Fuerzas Armadas en Derechos Humanos y género (2010-2019).

Elementos de la Guardia Nacional presentes durante los inicios de las obras del cuartel en Chilón.

Es de destacar también que las zonas donde se encuentra el despliegue de la GN coinciden con territorios con fuerte presencia de movimientos y organizaciones sociales quienes se oponen a megaproyectos del gobierno federal como son el denominado tren maya y obras asociadas.

En la comunicación oficial, el ayuntamiento de Chilón hace mención a la operación del nuevo cuartel de la GN no solo en dicho municipio, sino en otros de la región norte del estado como Sitalá, Yajalón y Tumbalá.

Según datos del informe de la Situación de Seguridad Pública en Chiapas, elaborado por el gobierno federal, se tiene planeado la construcción y operación de 24 cuarteles de la GN, divididos en cuatro zonas militares.

La construcción del cuartel de la GN empezó en el mes de septiembre del 2020. Los habitantes del municipio solo se enteraron de la obra mediante publicaciones a cargo del ayuntamiento mediante redes sociales.

Juana Hernández enfatiza que desde que comenzaron las protestas de las comunidades circundantes, al mismo tiempo trabajaron a marcha forzada en las obras durante las 24 horas.

“Fue una imposición, tanto de las autoridades del municipio y del Comisariado Ejidal actual, que nos afecta mucho porque no fue consulta de las mujeres, de los ejidatarios y no se hizo valer nuestro derecho como la máxima autoridad que es la Asamblea”, señala Pascuala Vázquez Aguilar, también integrante y vocera del Gobierno Comunitario del municipio de Chilón. https://archive.org/embed/pascuala-militarizacion

https://archive.org/details/pascuala-militarizacion

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REPRESIÓN

El 15 de octubre del 2020 cientos de personas del municipio de Chilón se manifestaron contra la instalación de la GN. La respuesta del gobierno estatal consistió en el despliegue de 300 elementos de distintas corporaciones de seguridad con el objetivo de reprimir la protesta.

En aquel operativo participaron policías de distintos municipios de la región, acompañados de elementos de la GN. Las y los manifestantes tzeltales denuncian que hubo exceso de fuerza y agresiones violentas en su contra, los cuales quedaron registrados en videos compartidos mediante redes sociales.

“En el desalojo fueron dañados vehículos particulares y varias personas heridas; además de la incomunicación y posterior privación de la libertad de los señores José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, quienes actualmente enfrentan de manera injusta un proceso penal en libertad, por el delito de motín”, contextualiza una nota de prensa del Centro Prodh. https://www.youtube.com/embed/zBecjsxw3bQ?feature=oembed

Juana recuerda que en la protesta participaron habitantes de los ejidos de San Jerónimo y San Sebastián Bachajón, debido a la noticia de que se había vendido el terreno ejidal sin su permiso para la construcción del cuartel.

Ella recuerda que, pese a que la manifestación era pacífica, la respuesta violenta se habría organizado previamente, pues desde el 14 de octubre se desplegaron los efectivos policiacos en el crucero de Temó, punto en el cual ocurrieron los hechos violentos.

“Los de la policía municipal llegaron preparados… (llevaron) una camioneta de pura piedra, llevaban palos. Y los ejidatarios no llevaron nada, no fueron preparados, pues como según nada más fueron a una manifestación. Fue muy pesado hasta la fecha ahorita que no le han pagado el daño”, refiere Hernández sobre las personas heridas y sus compañeros quienes aún continúan bajo procedimiento penal.

Aspecto del terreno donde se construye el cuartel de la Guardia Nacional en terrenos ejidales del municipio de Chilón.

Ante los hechos violentos, las preocupaciones de las comunidades de que la GN será utilizada para reprimir manifestaciones se han incrementado. Así lo considera Pascuala Vazquez, vocera del Gobierno Comunitario de Chilón, “pues más adelante no vaya a ser que la GN nos agarre uno por uno ahí con los compañeros o que empiecen con intimidación y más que ahora andan recorriendo todas las comunidades del municipio”, refiere sobre el incremento de la presencia militar en sus territorios.

Sin acceso a la justicia

Tras los hechos de represión y mediante asamblea se nombró una comisión para iniciar el procedimiento legal para exigir la suspensión de la construcción del cuartel en Chilón. Acompañadxs por grupos de derechos humanos, dicho recurso fue admitido el 17 de noviembre del año 2020, dos meses después del inicio de la construcción.

“Dicha estrategia consistió en la presentación de una demanda de amparo que fue admitida por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas el pasado 9 de diciembre de 2020, bajo el número de expediente 717/2020”, detalla el Centro Prodh.

Mediante dicho recurso legal, el pueblo tseltal denuncia que este proceso de militarización viola sus derechos a la consulta previa, adecuada, libre e informada, a la autodeterminación, al territorio, al acceso a la información, entre otros derechos garantizados por México y tratados internacionales. También demandan el cese de la acción penal contra las dos personas criminalizadas tras los hechos de octubre de 2020.

“El pueblo tseltal llama al Juzgado Cuarto de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez a ordenar la suspensión definitiva para evitar el riesgo de que se consolide un daño irremediable a sus derechos colectivos ante la continuación de la construcción del cuartel”, refirió el Centro Prodh en enero del 2021, tras el anuncio de una nueva audiencia que al final no se realizó.

“La petición que tenemos ahora es, el juez que nos escuche la palabra”, demanda Juana Hernández. Ella denuncia también la dilación en la resolución del amparo, así como el hecho de que funcionarios como el presidente municipal de Chilón y el gobernador del estado nunca se presentaron ante el juez, ni presentaron la documentación del terreno donde se está por finalizar el cuartel de la GN.

“El proyecto del cuartel no debió de haberse concebido sin ser consultado con el pueblo maya tseltal debido a que el mismo tendrá afectaciones directas en su derecho a la libre determinación, a la protección de su territorio el cual constituye parte fundamental de su armonía comunitaria y respeto a su identidad”, argumentó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez  (Centro Prodh), quien acompaña la demanda de amparo contra el cuartel.

No obstante, las protestas en las calles han encontrado represión y las audiencias para resolver el amparo se han postergado en repetidas ocasiones. Mientras, el cuartel se encuentra casi finalizado.

Imagen: Avispa Midia

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Representantes zoques, tseltales y tzotziles de núcleos agrarios de Chiapas rechazan Megaproyectos de sus territorios originales

Declaración del 3er modulo de la Escuela Popular Ejidal y Comunal los días 15 y 16 de abril del 2021 en el Centro Alter Natos en San Cristóbal de Las Casas – A 16 de abril de 2021

>>Descargar declaración en pdf<<

El Capitalismo, las Empresas Trasnacionales y los Gobiernos Nacionales siguen impulsando mecanismos
para profundizar el Modelo Extractivo con Megaproyectos con los cuales pretenden disputar los territorios de
los pueblos originarios por medio de la violencia, la represión, el despojo, el desplazamiento y la
criminalización a nuestras resistencias pacíficas por la defensa de nuestras tierras y territorios.

Por ello, reunidos en nuestro Tercer Encuentro de la Escuela Popular Ejidal y Comunal, representantes de
núcleos agrarios de Chiapas tanto zoques como tseltales y tzotziles, rechazamos los Megaproyectos de
nuestros territorios originales. Exigimos que los desplazados del Rio Jordán colonia Los Chorros del
municipio de Chenalhó ya no sean desplazados una vez retornados este 28 de Abril del presente año, que les
sean respetadas sus formas de organización sin imposiciones y que se les garanticen el libre trabajo en sus
tierras. Denunciamos la falta de compromiso y responsabilidad del gobierno local y del Estado de Chiapas
para evitar la represión y la impunidad como lo acontecido el 15 de octubre de 2020 en el municipio de
Chilón.

Del mismo modo denunciamos la incompetencia del gobierno del estado para garantizar la
gobernabilidad; denunciamos la violación a los derechos colectivos, individuales y humanos que se cometen
contra los pueblos originarios y Defensoras/es de Derechos Humanos y del territorio, así como el
hostigamiento, la amenazas y las acciones del gobierno local que pretenden desprestigiar a quienes
defendemos la vida y los territorios. Exigimos la liberación de los presos políticos como en los casos de
César Hernández Feliciano y José Luís Gutiérrez Hernández; la reparación de daños sufridos como fruto de
la represión y la resolución favorable de los amparos de las y los ejidatarios de San Jerónimo Bachajón.

Defendemos la vida, los derechos humanos, colectivos, de los pueblos indígenas, los derechos de la
naturaleza, nuestros bosques, los ríos, el agua, la biodiversidad, nuestras culturas pero también nuestro
derecho a la libre autodeterminación como pueblos indígenas. Reivindicamos nuestro derecho a decidir sobre
nuestro presente y futuro en base a nuestros procesos normativos internos y no por medio de los partidos
políticos que nos acarrean violencia y divisiones comunitarias y familiares.

Por tanto, por la defensa de nuestros territorios, rechazamos la Super Carretera de las culturas San Cristóbal
de las Casas-Palenque, los proyectos mineros, las decenas de planes de proyectos hidroeléctricos que
pretenden inundar nuestras tierras y territorios, entre otros megaproyectos, la militarización así como y la
presencia de la Guardia Nacional como en el caso de San Sebastián Bachajón o por medio de la imposición
de autoridades ejidales con el fin de favorecer la instalación de sus cuarteles en nuestros núcleos agrarios
como en el caso de San Jerónimo Bachajón.

POR LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS!

Representantes del,
Movimiento por la Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite de Oxchuc). Ejido Mukulum, Chilón. Zoques en Defensa de la Vida y el Territorio. Organización de la Sociedad Civil Las Abejas, Chenalhó. Bienes Comunales del Municipio San Juan Cancuc. Gobierno Comunitario de Oxchuc. Ejido San Jerónimo Bachajón, Chilón. Otros Mundos AC/Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería Chiapas (REMA-Chiapas)

>>Descargar declaración en pdf<<

Imagen: Área de Comunicación de Otros Mundos

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Oxchuc: El único municipio de Chiapas regido legalmente por usos y costumbres es botín de los cacique

Compartimos este reportaje publicado en Avispa Midia sobre el proceso de Gobierno Autónomo en Oxchuc – A 11 de febrero de 2021

Por Sare Frabes

El municipio tzeltal de Oxchuc, enclavado en la región de los Altos de Chiapas, sur de México, es el único reconocido legalmente en el estado donde la población indígena se rige por usos y costumbres, al contrario del estado vecino, Oaxaca, donde 417 comunidades practican este sistema normativo.

La expulsión de los partidos políticos en Oxchuc se dio definitivamente en el año de 2018 tras años de movilización de las comunidades. Después de intensas protestas, un proceso de autoconsulta indígena realizado en más de un centenar de comunidades tzeltales respaldó el cambio de régimen.

Ahora, en el contexto de un nuevo proceso electoral, comunidades de Oxchuc denuncian la agudización de la violencia por parte de grupos paramilitares y acciones de sabotaje provenientes de actores partidistas, quienes buscan deslegitimar el sistema normativo indígena.

El siguiente reportaje, dividido en dos partes, contextualiza el conflicto de años recientes y las acciones del gobierno comunitario en su defensa contra los embates de los partidos políticos.

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En el contexto de un conflicto post electoral surgido en el año de 2015 en el municipio tzeltal de Oxchuc, el hartazgo y la organización popular se conjugaron con acciones jurídicas hasta materializar la primera elección a través de los usos y costumbres efectuada el 13 de abril del 2019.

“Nosotros le llamamos autonomía política y la libre determinación que consiste en que el pueblo decida su forma de vida, su forma de gobierno y eso es lo que hizo valer Oxchuc”, enfatiza Gabriel Méndez López, abogado tzeltal quien ha acompañado los procesos jurídicos para concretar el cambio del sistema electoral al de usos y costumbres en el municipio con 45 mil habitantes, que se organizan en 120 comunidades.

El camino para desterrar el monopolio de la participación política a través de los partidos políticos no ha sido fácil. Por años, el entorpecimiento al proceso legal, mediante las omisiones de las instituciones y funcionarios estatales, se empecinó en impedir que el camino jurídico tomado por Oxchuc concretara la elección de sus autoridades municipales sin la participación de los partidos políticos.

Como detalla la Dra. en sociología Araceli Burguete Cal y Mayor, el origen del conflicto en Oxchuc se debe al “control político que descansa en estructuras caciquiles de poder y dominación, ya que quienes lo disputan son las familias que se han repartido el poder en los últimos 20 años en el municipio tzeltal”.

El rechazo al cambio por sectores sociales del municipio, vinculados a los partidos, continúa. La violencia también. Aquellos que vieron amenazada su dominación política emprendieron y han emprendido acciones, muchas de ellas violentas, contra la población en su afán de mantener el esquema partidista, ajeno a las dinámicas comunitarias de los pueblos tzeltales de la región.

Memoria

Javier López Sántiz, campesino tzeltal, le da la bienvenida al equipo de Avispa Midia a su hogar en el barrio de Pantetón, en la cabecera municipal de Oxchuc.

Ceremonia por el tercer aniversario del asesinato de Ovidio Sántiz López, Víctor y Francisco Sántiz Gómez durante los ataques armados del 24 de enero de 2018. Oxchuc, Chiapas.

En el lugar se registra un constante movimiento, algo inusual para un domingo por la mañana. Atravesando el patio, un puñado de amigos y vecinos de la familia se encuentran, algunos organizando la comida, otros platicando, resguardados del intenso sol y a un costado de la banda musical que afina sus instrumentos.

Mientras caminamos y entre algunas interrupciones para saludar a los presentes, Javier nos cuenta que ese día, 24 de enero, quienes ahí se reúnen buscan rememorar la vida de su hermano, Ovidio López Sántiz.

Ceremonia por el tercer aniversario del asesinato de Ovidio Sántiz López, Víctor y Francisco Sántiz Gómez durante los ataques armados del 24 de enero de 2018. Oxchuc, Chiapas.

De familia campesina tzeltal, quienes le conocieron cuentan que, desde su juventud, Ovidio caminó por distintos municipios de los Altos acompañando luchas sociales e involucrándose en la organización para exigir el cumplimiento de demandas populares.

Ovidio, junto a Victor Sántiz Gómez y Francisco Sántiz Gómez, fueron asesinados en los ataques de grupos armados acontecidos el 24 de enero del 2018.

De acuerdo a una acción urgente publicada por organizaciones defensoras de derechos humanos, dicho ataque fue realizado por un grupo civil armado, el cual “por la manera en que se suscitaron los hechos de violencia, los pobladores consideran que se trata de personas ajenas al municipio, que tienen entrenamiento y portan armas de grueso calibre”.

Ceremonia por el tercer aniversario del asesinato de Ovidio Sántiz López, Víctor y Francisco Sántiz Gómez durante los ataques armados del 24 de enero de 2018. Oxchuc, Chiapas.

Éste no fue el primer ataque contra la población. Quienes pueblan el municipio, tanto en la cabecera municipal como en distintas comunidades, habían atestiguado episodios de violencia en los años recientes. Pero para contextualizar aquellos sucesos tenemos que ir más atrás, al proceso electoral de 2015.

Ovidio es recordado por el pueblo de Oxchuc por haber participado en las primeras protestas contra la victoria electoral de María Gloria Sánchez, quien pretendía gobernar el municipio tzeltal por segunda ocasión, después detrás ya haberse desempeñado como ocupado el cargo alcaldesa en el periodo: 2004 al 2007.

María Gloria Sánchez y Norberto Sántis López

Sánchez y su esposo Norberto Sántiz López, político con antecedentes criminales, consolidaron un cacicazgo que gobernó Oxchuc durante 12 años, primero al cobijo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y después por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Javier recuerda también los bloqueos carreteros que perduraron por dos semanas en octubre de 2015, en un intento de impedir la toma de posesión de María Gloria Sánchez. Pasado ese tiempo, ocurrieron los episodios de violencia.

“Se enfrentaron, ahí donde lo balearon a un niño, un chico que estudia en la secundaria”, comparte Javier sobre las acciones del grupo armado bajo dirección de María Gloria Sánchez y Norberto Sántiz, como detalla la investigación realizada por la Fiscalía General de Chiapas en la Averiguación Previa Número 399/IN7A-T2/2015.

Incluyendo a Sánchez, un total de ocho integrantes del Ayuntamiento Constitucional de Oxchuc en aquel año son señalados como probables responsables por los delitos de Atentados contra la Paz y la Integridad Corporal y Patrimonial de la Colectividad y del Estado, así como de Homicidio en grado de Tentativa en contra del menor de edad herido durante los hechos violentos del 15 de octubre del 2015.

En entrevista para Avispa Midia, el abogado Gabriel Méndez cuenta que aún existen entre 40 y 50 órdenes de aprehensión, tanto de personas que participaron en los grupos armados, como de los autores intelectuales de distintas agresiones entre 2016 y 2018. En especial, el abogado refiere como responsables por dichos delitos a la ex alcaldesa Sánchez y su esposo, además de diversos integrantes del Cabildo Municipal.

Ignorando las acusaciones, el gobierno federal y estatal respaldaron a Sánchez. Mediante un operativo integrado por elementos de la Policía Federal y el Ejército México, realizado un día después de los enfrentamientos, fueron detenidas cinco personas integrantes del grupo opositor a María Gloria Sánchez.

A pesar de los graves señalamientos contra Sánchez, durante los últimos días de octubre de 2015, la aún alcaldesa de Oxchuc sostuvo un encuentro con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Llaven Abarca, quien aceptó incrementar la vigilancia del municipio con auxilio de la policía estatal.

Jorge Luis y María Gloria

En consecuencia, recuerda Javier, aquellos días la cabecera municipal estaba llena de policías y militares por lo que incluso se suspendieron actividades en las escuelas. Por ello, su hermano, Ovidio López, quien formaba parte del Comité de Educación, comenzó a manifestarse exigiendo la salida de los militares del pueblo.

Protestas Oxchuc

“Organizó su gente como de 15-20 personas. Hombres, niños, mujeres donde salieron a manifestar en el parque central, donde sus consignas que fuera los sectoriales, que fuera los militares porque el pueblo, los niños, los alumnos que estudian no pueden salir porque está lleno de militares”, recuerda Javier sobre la pequeña movilización que en pocos días logró reunir a cientos de personas.

Para enero del 2016, ante la falta de respuesta del gobierno estatal a la petición de destitución de la alcaldesa, el descontento popular llevó a cientos de manifestantes a ocupar el ayuntamiento de Oxchuc.

Ante los ojos del gobierno local, aquella revuelta había que detenerse a todo costo. Por ello, el 8 de enero de 2016 la Secretaría de Gobierno del estado de Chiapas tendió una trampa a 38 miembros de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia Indígena en Oxchuc, organización al frente de las movilizaciones.

Con la promesa de negociar la destitución de María Gloria Sánchez y de la diputada Cecilia López Sánchez, por ser señalada también como responsable de azuzar la violencia post electoral, el subsecretario de derechos humanos de la dependencia, Mario Carlos Culebro Velasco fue el encargado de convocar a los integrantes de la Comisión de Oxchuc.

La emboscada fue ejecutada en las oficinas de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (SEDESPI) ubicadas en San Cristóbal de las Casas. Después que Culebro Velasco planteó sus puntos para la negociación, abandonó la oficina y “exactamente dos minutos después de la farsa de mostrar amabilidad y ofrecer alimentos, entraron agentes ministeriales y detuvieron sin decir palabras a los 38 integrantes de la comisión”, registra una nota publicada en medios locales.

“Cuando ya estaban en la mesa entró la (policía) judicial”, reafirma Javier sobre la traición del gobierno, quien a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado acusó a los detenidos por el delito de motín y por su presunta participación en hechos violentos en el contexto de las movilizaciones contra la alcaldesa.

Tras la difusión de las detenciones, cientos de habitantes de la cabecera municipal de Oxchuc bloquearon la carretera que conecta al municipio con Ocosingo y Palenque. En consecuencia, el gobierno estatal desplegó a 500 policías que se encontraban esperando en el municipio vecino de Huixtán con el objetivo de reprimir las movilizaciones.

“Entraron a desalojar, a intimidar. Hasta con helicópteros vino a tirar gas lacrimógeno, pero el pueblo se defendió, hombres y niños, mujeres y ancianos salieron a defenderse”, relata orgulloso Javier.

En la refriega, todos los automóviles de seguridad pública fueron quemados y el evento saldó con 66 elementos policiacos lesionados y 23 de ellos tomados como rehenes. Días después, estos serían intercambiados para obtener la libertad de 22 indígenas que aún permanecían detenidos ante el Ministerio Público.

Por estos sucesos, en la memoria colectiva de Oxchuc aquel 8 de enero representa un día de resistencia civil. Tras la presión de las movilizaciones, en febrero de 2016, María Gloria Sánchez fue expulsada del municipio y solicitó su renuncia ante el Congreso del estado de Chiapas.

De esta manera, el 15 de febrero, en la explanada municipal de Oxchuc se realizó un plebiscito sin la participación de partidos políticos. En la cabecera municipal y ante la presencia de 30 mil pobladores se nombró al alcalde sustituto, el cual fue ratificado por el Congreso Estatal el 11 de marzo del 2016.

“Estamos aquí para decirle al Congreso del Estado y al gobernador Manuel Velasco que intervengan y que definitivamente se resuelva el asunto de Oxchuc, porque María Gloria sigue diciendo que es la actual alcaldesa y eso no es cierto, porque a partir del 11 de febrero ella pidió su renuncia y se acabó políticamente allá la señora”, mencionó Juan Encinos Gómez, presidente de la Comisión Permanente Por la Paz y Justicia Indígena del municipio de Oxchuc, en el momento en que se eligió a Óscar Gómez López, indígena bilingüe, para ocupar el cargo en el municipio.

Caciques

Durante la década de los noventas, Norberto Sántiz López construyó su trayectoria política como diputado federal en las filas del PRI. En aquella época de contrainsurgencia ante el levantamiento zapatista, Norberto fundó el Movimiento Armado Revolucionario Antizapatista (MIRA).

De acuerdo al artículo El paramilitarismo en Chiapas. Respuesta del poder contra la sociedad organizada, los integrantes de MIRA poseían armas de uso exclusivo del ejército y su objetivo era reavivar e intensificar los conflictos agrarios y políticos en la zona de influencia zapatista.

Dicho grupo paramilitar operó en un enclave estratégico en la colindancia de cuatro municipios: Huixtán, Cancuc, Chanal y Oxchuc. Sus operaciones fueron permitidas debido a la relación con otros cuerpos de seguridad gubernamentales, tanto de policías locales y estatales, como del Ejército Mexicano “con los cuales realizaba de forma conjunta patrullajes, hostigamientos, amenazas, maltratos, cateo de domicilios sin orden judicial y detenciones arbitrarias”, documenta el artículo escrito por Adrián Galindo de Pablo.

Norberto Sántiz López ocupó el cargo de alcalde de Oxchuc en dos periodos, del 2002 al 2004 y del 2012 al 2015, desde donde operó políticamente para conseguir que María Gloria Sánchez, su esposa, le sucediera como alcalde en ambas ocasiones.

Sántiz López también posee un extenso historial penal pues ha sido detenido y procesado judicialmente en tres ocasiones.

Derivado de la averiguación previa número FESP/-064/2005, en septiembre de 2005 se le acusó por incurrir en actos de corrupción durante su administración, además de incurrir en otros delitos, como tráfico y venta de armas, por lo cual permaneció preso por dos años en el penal “El Amate”.

Su segunda detención ocurrió en mayo de 2010. En aquella ocasión, Norberto fue señalado responsable por un enfrentamiento armado sucedido en la cabecera municipal de Oxchuc durante la celebración de un plebiscito en abril. Sin embargo, obtuvo su libertad después de permanecer arraigado por dos meses.

Pese a los antecedentes criminales de los años de 2005 y 2010, Norberto Sántiz López participó en las elecciones municipales de 2012, con lo cual consiguió ocupar el cargo en un segundo periodo.

No obstante, Sántiz fue detenido por tercera vez el 13 de noviembre de 2016 acusado por el desvío de recursos públicos por un valor de más de 13 millones de pesos. En aquel momento el ex alcalde radicaba en San Cristóbal de las Casas junto a su esposa María Gloria Sánchez, tras ser expulsados por las protestas en el municipio tzeltal de Oxchuc.

De acuerdo a lo difundido por medios nacionales,  “La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que la orden de aprehensión se dio por hechos registrados en 2014, luego de que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado interpusiera una denuncia por los delitos de peculado, ejercicio ilegal del servicio público y asociación delictuosa”, por lo cual Sántiz López fue ingresado al penal “El Amate”.

En la documentación elaborada por Araceli Burguete tras años de seguimiento en los eventos de Oxchuc, la directora del CIESAS Sureste señala que el grupo de Sántiz y Sánchez mantuvo el control del municipio tzeltal “a punto de asesinatos ejemplares, hostigamientos en las comunidades y ataques armados en la cabecera municipal que ha dejado alrededor de 20 desaparecidos, por lo menos 3 asesinados y una cantidad importante de heridos”.

Estos asesinatos han sido dirigidos principalmente contra integrantes de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia Indígena del municipio de Oxchuc, organización que promovió los primeros recursos legales en 2016 para el cambio del sistema normativo interno en el municipio tzeltal y cuyos integrantes fueron víctimas de las agresiones del 24 de enero del 2018.

Masacre

Lo que parecía la expulsión definitiva de María Gloria Sánchez de Oxchuc se vio frenada de nuevo en 2017. En agosto de ese año, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó la restitución de la alcaldesa “quien víctima de violencia política, institucional y social había sido obligada a separarse del cargo”.

Tras la sentencia del TEPJF, María Gloría Sánchez movilizó a grupos armados, quienes irrumpieron en la cabecera municipal el 24 de enero del 2018. El objetivo era destruir la movilización popular para crear las condiciones para su retorno al poder.

Ceremonia por el tercer aniversario del asesinato de Ovidio Sántiz López, Víctor y Francisco Sántiz Gómez durante los ataques armados del 24 de enero de 2018. Oxchuc, Chiapas.

Javier detalla que durante aquel díagrupos armadosprovenientes de por lo menos cinco comunidades atacaron a la población de la cabecera. Pese a que en un primer momento consiguieron frenar la agresión, al final del día la violencia cobró la vida de tres personas, entre ellas las de su hermano Ovidio. https://archive.org/embed/audio-acto-luctuoso-oxchuc

Por su parte, el abogado Gabriel Méndez López reclama la omisión de las autoridades quienes pudieron haber evitado la masacre del 2018, pues desde 2016, él y otros integrantes de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia Indígena de Oxchuc denunciaron la aparición de grupos paramilitares, creados por la ex alcaldesa María Gloria Sánchez, quien actualmente se encuentra en libertad.

asesinatos 2018 Oxchuc

Como documenta la Recomendación No. 66/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 8 de mayo de 2017, la Comisión Permanente denunció ante la Fiscalía Indígena y la Fiscalía Estatal la aparición de grupos armados desde diciembre del 2016, “quienes portaban armas de fuego (rifles R15, AK 47, y calibre 22), además de denunciar un ataque perpetrado el 1 de abril de 2017”.

Sin embargo, la omisión de las autoridades estatales permitió la operación de dichos grupos. Así llegamos al mes de enero del 2018, un mes importante en la historia reciente de Oxchuc y en el cual, el día 24 representa una tragedia para el municipio tzeltal.

Javier López Sántiz recuerda aquellos momentos con una mezcla de enojo e indignación. Sentado a un costado del altar donde yace la tumba de su hermano, Javier enfatiza que la muerte de Ovidio no fue en vano. “Hoy es día en el pueblo de Oxchuc de la lucha que hizo el pueblo, la lucha que defendió mi hermano. Yo veo que esta bueno porque aquí en Oxchuc ya no hay partidos políticos”, refiere sobre el escenario político actual en el municipio tzeltal.

Ceremonia por el tercer aniversario del asesinato de Ovidio Sántiz López, Víctor y Francisco Sántiz Gómez durante los ataques armados del 24 de enero de 2018. Oxchuc, Chiapas.

En ocasiones, una sombra cubre el rostro nostálgico de Javier. Son las siluetas de quienes constantemente desfilan frente a la tumba de Ovidio. Ahí encienden veladoras, dedican algunas palabras al difunto, rezan e incluso lloran. Para Javier, la ceremonia luctuosa también es una celebración por la expulsión de los partidos políticos, aunque el asesinato de su hermano continua impune.

Impunidad

“El gobierno federal, del estado, los derechos humanos, no hicieron nada, eso es donde me da coraje porque no hace nada el gobierno, los asesinos están sueltos”, reclama Javier debido a que ninguna persona fue procesada por la masacre del 2018.

Por su parte, el abogado Gabriel Méndez, quien también fue herido gravemente en aquellos sucesos, suma su reclamo al del campesino tzeltal.

“El gobierno hizo caso omiso al respecto. Integramos varias denuncias ante la CNDH e incluso pedimos medidas cautelares ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, nunca nos hicieron caso, hasta en tanto lo que realmente pasó el 24 (enero, 2018)”.

Sólo después de la masacre, la CNDH solicitó al Gobierno del Estado de Chiapas “la implementación de medidas cautelares tendentes a la protección de la vida de los habitantes de Oxchuc, Chiapas”.

Para el 30 de noviembre del mismo año, la CNDH emitió la Recomendación 66/2018, donde documentó las agresiones armadas y violaciones a los derechos humanos en agravio de la comunidad tzeltal del municipio de Oxchuc durante los hechos violentos del 24 de enero.

No obstante, el abogado Méndez señala que, a pesar de la detención de seis personas, éstas fueron absueltas por un Tribunal Federal, quien les concedió un amparo argumentando faltas de elementos para procesarlos.

“Ahí están todos los peritajes que ellos realizaron, pero en Chiapas y en México prevalece la impunidad”, declara Méndez quien además añade el peligro que representa que los autores materiales ahora se encuentran libres en sus comunidades, “incitando al odio, siguen incitando a la violencia”.

Desde que sufrió la agresión armada, el abogado tzeltal ha demandado la aplicación de justicia “Porque también la familia (de las víctimas) lo exige. Porque también la Asamblea General lo exige y también la sociedad en general lo exige”.

La documentación de la CNDH arroja que el saldo del ataque armado fue de tres personas asesinadas y 27 resultaron lesionadas, además de la quema de diversas viviendas y negocios.

En la recomendación referida, se concluye que “de las evidencias recabadas por esta Comisión Nacional, se pudo advertir que el conflicto tuvo su origen en las diferencias existentes entre dos grupos sobre la forma de organización política y elección de sus autoridades a nivel comunitario en Oxchuc. En tal sentido, la ausencia de medidas legales y administrativas que garantizaran el derecho a la libre determinación para elegir la composición de sus autoridades y procedimientos tradicionales, fue el elemento que propició las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de Oxchuc”.

Cambio de régimen

Sólo tras los sucesos violentos de enero de 2018, el Congreso del estado de Chiapas publicó los decretos 156 y 157. Con esta acción separaron del cargo a María Gloria Sánchez y a otros siete miembros del ayuntamiento para ser juzgados por ataques contra la población tzeltal ocurridos en 2016.

Otra de las consecuencias de dichos decretos fue la desaparición del Ayuntamiento Municipal de Oxchuc, para en consecuencia designar un Concejo Municipal integrado por un presidente, un síndico y tres regidores quienes permanecieron en el cargo hasta el 30 de septiembre del 2018, momento en que se desarrollaba el proceso de autoconsulta para designar a las autoridades por usos y costumbres en 2019.

Casi tres años tuvieron que pasar Ddesde el 11 de noviembre de 2016, cuando la Comisión por la Paz y la Justicia de Oxchuc presentó una solicitud ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) para realizar el proceso de elección de sus autoridades por medio del sistema de usos y costumbres.

Sin embargo, en febrero del 2017, el Consejo General del IEPC declaró como no procedente la petición. “El IEPC no tenía ninguna herramienta jurídica o reglamentaria para atender estos casos, lo único que hizo el IEPC fue lavarse las manos, dejar sin efecto, que es improcedente nuestra solicitud, pero había una legislación suprema que es la Constitución en su artículo 2 que los pueblos indígenas pueden regirse o pueden ejercer su libre determinación”, argumenta Méndez sobre la omisión de la institución electoral.

Por ello, tras la sentencia del IEPC, el abogado recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Desde la sala superior, el proceso se reencauzó al Tribunal Estatal Electoral de Chiapas, quien finalmente resolvió a favor de la petición de Oxchuc el 28 de junio de 2017, dando inicio a un proceso específico, el cual contempló la realización de una consulta indígena en la que el 59.18% de la población votó en favor del cambio de régimen.

El doble filo de las consultas

Respecto al proceso de consulta indígena efectuado en Oxchuc, para Gabriel la manera en que fue implementada por las comunidades tzeltales no representó una imposición.

“Las 120 comunidades se consultaron, e incluso los que optaban que permanecieran los partidos políticos, participaron también en las asambleas. No pueden decir ellos que han sido excluidos en la participación democrática del cambio de gobierno de Oxchuc, porque ellos fueron tomados en cuenta. Ellos supieron cómo se instauró y cómo se formó nuestro gobierno comunitario, respetando la paridad y participación política de las mujeres”.

No obstante, el abogado reconoce la diferencia entre el uso de la consulta por parte del Estado, en contraste con el proceso de autoconsulta en Oxchuc, pues cuando es el gobierno quien efectúa el ejercicio, no cumplen con los criterios de la libre determinación.

“Es que realmente el pueblo sea quien tome la batuta y sea quien ejerza su forma de vida interna de su propia comunidad, eso es lo que se debe de hacer, (construidas) con los pueblos, desde los pueblos”, enfatiza el abogado tzeltal y expone como ejemplo lo que realizó el IEPC.

“Le llamó ‘consulta indígena’ cuando ellos propusieron el reglamento para atender a la solicitud de cambio de régimen de gobierno. Hicieron dos foros y en esos foros según invitaron a las autoridades comunitarias de todos los municipios. Pero son foros, no fueron consultas. Las consultas se deben hacer desde donde está la población y el ejemplo exacto es lo que se hizo en Oxchuc”, explica el abogado tzeltal.

A diferencia del simulacro oficial, explica Gabriel, existieron distintas etapas de la consulta indígena, mediante la cual se realizaron 120 asambleas comunitarias informativas, además del mismo número de asambleas para recibir propuestas, otras 120 para las determinaciones y una asamblea plenaria para determinar y hacer los votos correspondientes.      

En dicha asamblea plenaria, realizada el 5 de enero del 2019, el 59.18% de la población optó por desterrar a los partidos políticos de Oxchuc y en favor de implementar el gobierno comunitario, el nombramiento de las autoridades bajo el propio sistema normativo interno de las comunidades tzeltales.

Pese a un aparente cobijo por las instituciones del Estado, el ejercicio de la libre determinación de Oxchuc representa un peligro para el oficialismo por la influencia que germina en los pueblos originarios de esta región. A pesar de vivir una serie de opresiones con siglos de antigüedad, Oxchuc preserva la resistencia, memoria histórica y organización colectiva para reivindicar su Gobierno Comunitario.

Sin embargo, en este 2021, año marcado en el calendario electoral federal, este proceso se ve amenazado por la violencia estructural del Estado mexicano. En la segunda parte de este reportaje se detallará las amenazas al Gobierno Comunitario en Oxchuc y la violencia sufrida por aquellos que lo defienden.

Imagen: Avispa Midia

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Video: Autosuficiencia energética desde los pueblos para los pueblos – ¿Que significa energía?

Con mucha alegría les compartimos el primer capitulo de la serie Autosuficiencia energética desde los pueblos para los pueblos.

La serie Autosuficiencia energética desde los pueblos para los pueblos nos invita a reflexionar sobre el actual modelo energético y las alternativas que nacen en la búsqueda de un nuevo modelo desde la autosuficiencia. En este primer capítulo participantes de una serie de talleres que llevamos a cabo para la construcción de un biodigestor nos hablan sobre la energía.

Esta publicación es financiado con recursos de de la Rosa Luxemburg Stiftung con fondos del BMZ

La organización indígena MODEVITE rechaza la construcción de la autopista SCLC-Palenque

Compartimos esta nota publicada por Gabriela Coutiño sobre el rechazo a mega proyectos en Chiapas – A 5 de enero de 2021

La agrupación ambientalista también esta en contra de la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional

La organización indigiena Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio MODEVITE colocaron este lunes en el municipio de San Juan Cancuc letreros manifestando su rechazo a la construcción de la autopista San Cristóbal de Las Casas – Palenque y la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional.

“Como pueblo creyente MODEVITE y Derechos Humanos San Juan Cancuc rechazamos totalmente el megaproyecto “eje carretero transversal” igual o antes se llamaba; supercarreterra, autopista, proyecto carretero y carretera de las culturas ya que solamente beneficia para los empresarios transnacionales” señalan en un escrito difundido

En el documento, el Modevite rechaza totalmente la carretera, porque señalan: “Como pueblo originario no nos beneficia, al contrario atenta nuestra vida y ademas traerá consecuencias como son las siguientes: Destrucción y despojo de la madre tierra; apertura de camino de megaproyecotos, por ejemplo represas, centro turísticos, etcétera; despojo del pueblo, contaminación, militarización, división del pueblo”.

En los letreros colocados en la localidad de Chacté, centro y en el banco de grava en Chilojá, escribiendo; ” Los pueblos originarios rechazamos la autopista San Cristóbal de Las Casas -Palenque. No a la instalación de los cuarteles de la Guardia Nacional”.

Los mienbros de la agrupación exigieron que se respete su derecho a la libre autodeterminación y se aplique el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OTI), así como la declaración de la Organización de las Naciones Unidad (ONU), sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.

Imagen: MODEVITE

Más información:

Video: Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas Mariano Abarca 2020

Este viernes 27 de noviembre en una emotiva ceremonia recordando al Defensor de la vida en Chicomuselo Mariano Abarca Roblero en su 11no Aniversario del asesinato se entregaó el II PREMIO A LA DEFENSA AMBIENTAL EN CHIAPAS “MARIANO ABARCA” 2020 a la organización del FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO (FPDS).

Les compartimos un vídeo del premio, para que puedan revivir la entrega del II Premio Mariano Abarca

Discurso de las Mujeres del FPDS al recibir Premio a la Defensa Ambiental

Discurso del Frente Popular en Defensa del Soconusco al recibir el Premio Mariano Abarca

https://youtu.be/ajMCCOlRoqM

Más información:

En la Prensa:

El Tren Maya deja estela de «daños colaterales» a su paso

Compartimos este artículo publicado en Chiapas Paralelo sobre el Tren Maya – A 30 de noviembre de 2020

La construcción del Tren Maya va dejando una estela a su paso: “daños colaterales” que impactan vidas y comunidades. Desde caminos de paso que ya no van a existir, flora y fauna que perderá su sitio y su equilibrio; casas derrumbadas, poblados divididos, “indemnizaciones” cuestionables, incertidumbre; afectaciones que van sumando

Texto y fotos: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo

PALENQUE, CHIAPAS. El “derecho de vía” se convirtió en las palabras más temidas para los pobladores que se asientan a lo largo de los 232 kilómetros de lo que se conoce como el Primer Tramo del Tren Maya. Esas palabras van dejando una estela a su paso.

Para Maria Antonia Vázquez y su esposo, dos ancianos de más de 60 años, esas palabras significaron no solo que las tuberías de agua que abastecen su casa quedaron colapsadas cuando una máquina excavadora las rompió, y que ahora montones de tierra dificultan la salida de su vivienda ubicada en el Ejido Guadalupe, ubicado a unos pocos kilómetros de la ciudad de  Palenque.

Esas palabras significaron también que la pared principal de su vivienda va a ser derribada, que van a perder una parte de su cocina, que el baño y la fosa séptica desaparecerán. Porque, técnicamente, la vivienda que habitan desde hace más de dos décadas, quedaron dentro del “derecho de vía” del tren, un derecho que pasa sobre sus propios derechos.

Ahora, cuenta Maria Antonia, no duermen pensando que “el dinero que el ingeniero dijo nos iban a pagar para poder construir nuestra casa en otro lugar no ha llegado. Y en cualquier momento las máquinas pueden pasar y tirarnos todo esto”.

La anciana y su esposo no cuentan con ningún documento que les permita tener certeza que van a ser indemnizados, porque en estos lugares el Despacho Barrientos y Asociados, -empresa contratada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) para “liberar el derecho de vía”, mediante la adquisición o desocupación de los terrenos que se requieren para las obras del Tren Maya, solo ha hecho acuerdos “de palabra”. Y quienes sí han firmado algún acuerdo indemnizatorio no han recibido comprobante alguno.  

Desde junio pasado en el que iniciaron las obras, María Antonia y sus vecinos se levantan con la misma incertidumbre, escuchando como máquinas excavadoras van derribando árboles y cualquier obstáculo de lo que el gobierno de México presenta como un proyecto que “va a detonar el crecimiento económico y desarrollo social”.

Para Gregori Mendoza Mendoza, un indígena de la etnia cho´ol, el “derecho de vía” no sólo le quitó algunos metros del lugar donde se ubica su vivienda. Ahora él y su familia podrían perder su casa completa, porque una parte del ejido quedará en un extremo de donde se espera pase el Tren Maya, a una velocidad de 160 kilómetros por hora. 

Esto implica que para que los pobladores puedan cruzar de un lado a otro, se construiría un puente a desnivel, que pasaría justo donde está su casa.

“El ingeniero nos enseñó un plano, dijo que el puente pasará 18 metros dentro del terreno donde está mi casa. Después de eso no nos han dicho nada más, no nos han explicado nada, pero mi familia y yo ya no estamos en paz”, explica mientras afuera de su casa se estacionan excavadoras y camiones que van sacando miles de toneladas de tierra. 

Lo que sucede con Gregori Mendoza y su familia son lo que las autoridades llaman “daños colaterales”, de los que no habla claramente en esta obra.

Los mismos daños serán para miles de campesinos y propietarios de ganado, porque al levantar cercas o muros a lo largo de la ruta del tren, quedarán cortados los caminos de tránsito de los animales que les dan sustento.

Homero Cambrano, de la Ranchería San Marcos, recuerda que él fue una de las personas que tomó a bien el proyecto del Tren Maya. “Yo les decía que esto iba a ser para bien de la comunidad, pero ahora ya no pienso lo mismo”.

“Ahorita quieren que nosotros busquemos caminos alternos, porque va a pasar el Tren Maya, ya se metieron con las obras y nos cortaron los pasos. Si no tenemos paso para movilizar ganado, hay que recorrer al menos kilómetro y medio para cruzarlo de un corral a otro”.

También, explica que estos “cortes de los pasos” afectan a “armadillos, monos, iguanas, y hasta las culebras” que tenían su hábitat establecido. “¿Pensará esta gente que también los animales van a cruzar por los puentes?”, se cuestiona.

La señora María Antonia Vázquez y su esposo en su hogar ubicado en el Ejido Guadalupe / Foto: Ángeles Mariscal

El precio de la tierra

José Luis León es el coordinador del proyecto del Tramo 1 del Tren Maya; él es encargado del Despacho Barrientos y Asociados para “liberar el derecho de vía”, que va de Palenque a Escárcega-Campeche. En la zona lo conocen como “el ingeniero”.

Para él, las obras van avanzando “conforme a derecho (…) prácticamente sin ningún obstáculo, sin mayor contratiempo”. Es el encargado de negociar con los habitantes de los ejidos Guadalupe, Chakamax, Estrella de Belén y El Jibarito en Chiapas; y con alrededor de 200 propietarios en este mismo estado. 

También con los ejidos Pénjamo, Reforma Independencia, Tenosique 3ª Sección, El Águila, El Último Esfuerzo y Barí, en Tabasco; y El Naranjito, Candelaria, Pejelarto, entre otros de Campeche. 

Su percepción sobre el proceso que encabeza, es distinta a la de los ejidatarios de Guadalupe. Los ejidatarios, por ejemplo, calculan que por esta obra perderán unas 10 hectáreas de sus tierras, y que el metro cuadrado de esta tierra vale unos 200 pesos. Por tanto, piden, además de reparar los “daños colaterales”, una indemnización justa por la pérdida de esos terrenos.

El tono de las negociaciones que encabeza, se puso sobre la mesa en la asamblea ejidal del pasado 22 de noviembre. Ahí, Doris Ethel de Atocha Cámara Sánchez, quien se presenta como “la encargada de darle seguimiento a la parte social” por parte de FONATUR, les dijo a los campesinos que no tienen ningún derecho sobre esta tierra, porque las vías del tren se construyeron antes que el poblado quedará registrado ante el Registro Agrario, y que cualquier pago que se les de es ante todo un acto de consideración.

“Primero fue Ferrocarriles (en llegar a la zona hace más de 40 años), mientras que su poblado fue registrado legalmente hasta 1996. Entonces, no se tendría porque indemnizar el ejido; pero, porque el presidente hizo una promesa al sureste, de apoyar para que salieran del rezago, se va a dar este apoyo al ejido”, les dijo durante la reunión.

El “apoyo” al ejido, explicó, es que sólo se va a reconocer una afectación por las obras del Tren maya, de poco más de 3 hectáreas, cuyo valor oficial asignado es de 12 pesos el metro cuadrado, “pero, por ser una situación especial, se les pagará a 32 pesos el metro cuadrado”, explicaron los funcionarios del Fonatur y del Despacho Barrientos y Asociados.

José Luis León, justifica el avalúo que hacen de esta tierra ubicada en uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta, señalando que el precio se da “en base a un avalúo que entregó Fonatur, y que realizó el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin). Los valores no los ponemos nosotros, lo hizo un especialista en la materia, no podemos hacer pagos que no estén avalados por la institución encargada. Son avalúos comerciales, porque aquí hay terrenos que valen 8 pesos el metro cuadrado”.

Ángel Palomeque de la Cruz, uno de los ejidatarios que también perdió parte de su vivienda por este proyecto, explica por qué el avalúo que tienen sobre sus terrenos, es injusto: “aquí, a 500 metros del ejido, el precio al que podemos adquirir un nuevo solar de 200 metros cuadrados, es de 80 mil a 100 pesos; es decir, cada metro cuadrado vale 400 pesos. ¿Por qué entonces a nosotros nos lo quieren pagar a 12 pesos, o a 32 pesos? ¿Acaso valemos menos? ¿Con ese dinero qué vamos a poder comprar?”, se pregunta.

Habitantes de la colonia Los Olvidados protestan con una manta contra el desplazamiento forzado que provocará el Tren Maya / Foto: Ángeles Mariscal

La incertidumbre

Los habitantes del ejido Guadalupe no son los únicos que en estos primeros kilómetros, han cuestionado el impacto que va dejando el Tren Maya.  Sólo en la puerta de entrada del primer tramo, entre el kilómetro cero y seis, se ubica el Barrio Los Olvidados, que según el diagnóstico del portal MarketDataMéxico Inteligencia Comercial, “tiene un output económico estimado en 260 millones anuales”.

“Adicionalmente, se estima que en la colonia laboran 800 personas, lo que eleva el total de residentes y trabajadores a 3,000. En la colonia Barrio Los Olvidados se registran unos 150 establecimientos comerciales en operación”, se detalla en la página web.

En una parte de este barrio se ubicará la primera estación del Tren Maya, y un número importante de familias deberán salir de ahí. Hasta el momento no tienen certeza de quiénes, la información no ha sido clara ni transparente para ellos. José Luis León está consciente de ello. 

“La gente tiene la incertidumbre de saber qué va a pasar con ellos. El gobierno federal está haciendo el diagnóstico para poderles dar una alternativa de solución, llámese reubicación o llámese de alguna otra manera. Hay ahí personas que tienen casas, otras de madera o lámina…”. Explica que, por ahora, las obras ahí no han iniciado.

Sin embargo, los pobladores del Barrio Los Olvidados que se encuentran “el derecho de vía”, ya se vislumbraron como población desplazada, y han pedido insistentemente ser escuchados.

“Señor presidente AMLO, somos familias vulnerables y nos vimos en la necesidad de vivir en derecho de vía. Pedimos ser escuchados por usted, FONATUR es prepotencia e intimidación para echarnos”, explican en una lona que van desplegando en los eventos donde se congregan funcionarios públicos.

También piden ser escuchados los transportistas propietarios de camiones de carga de Palenque. Ellos, aseguran que una de las promesas del gobierno federal era darles trabajo desde el inicio de las obras, una promesa que no se ha concretado.

Elin Ramírez Betancur, representante de los camioneros, detalla que la mano de obra local ha sido ignorada, y las empresas que ganaron la licitación, han contratado a personas de otros estados. 

Para contratar a los palencanos, explica, les impusieron su afiliación al sindicato CATEM, y establecieron el costo de su servicio en más del 70 por ciento menos que el precio comercial. Elin detalla que el pago por un flete de carga de material está valuado a en 2 mil 700 pesos, “y a nosotros nos lo quieren dar en 800 pesos”. 

“Prácticamente el gobierno nos dejó en manos de la empresa Mota-Engil -quien obtuvo la licitación para la construcción de las obras del primer tramo-, y las autoridades no han querido escucharnos”, lamenta.

Las obras del Tren Maya en esta región iniciaron en junio pasado, en medio de la etapa más fuerte de la pandemia; a sólo cinco meses los impactos e inconformidad en las comunidades se van sumando. 

Aún cuando apenas el 26 de noviembre pasado, el director general de FONATUR, Rogelio Jiménez Pons, insistió durante una conferencia con estudiantes, la versión de que “el Tren Maya generará nuevos escenarios de desarrollo (…) permitirá mejorar la calidad de vida de los habitantes”. 

No hay coincidencia en esto. Lo que sucede entre quienes habitan los primeros kilómetros de la obra, es prueba de ello.

El pasado 20 de noviembre, se dio a conocer públicamente una carta de seis relatores especiales de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), enviada al gobierno de México.

En ella señalan una serie de violaciones en contra de derechos humanos cometidas en contra de personas que habitan en la región por donde pasará el denominado Tren Maya.

Imagen: Ángeles Mariscal

Más información:

Frente Popular en Defensa del Soconusco recibe Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas Mariano Abarca 2020

Este viernes 27 de noviembre en una emotiva ceremonia recordando al Defensor de la vida en Chicomuselo Mariano Abarca Roblero en su 11no Aniversario del asesinato se entregará el II PREMIO A LA DEFENSA AMBIENTAL EN CHIAPAS “MARIANO ABARCA” 2020 a la organización del FRENTE POPULAR EN DEFENSA DEL SOCONUSCO 20 DE JUNIO (FPDS).

El FPDS nace en 2015 en los municipios de Acacoyahua y Escuintla, miembros de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), conformado por mujeres y hombres de diversas comunidades de la región del Soconusco que enfrentan más de 20 concesiones mineras que afectan el medio ambiente y la salud de las comunidades campesinas, han llevado a cabo una lucha de resistencia por la defensa de los derechos de la Naturaleza, los Derechos Colectivos y la Autodeterminación de los Pueblos. La lucha del FPDS por la defensa de los ríos y contra el Modelo Extractivo Minero logró que el Ayuntamiento de Acacoyagua firmara una Declaratoria de Municipio Libre de Minería, acontecimiento inédito en el territorio chiapaneco.

Compartimos el voz de las compañeras integrantes del Frentre:

Buenos días, reciban un saludo afectuoso de parte de todas las mujeres que formamos parte del Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio”, mismas que estamos inmersas en la lucha contra la industria extractivita.

Las mujeres de lucha, no sólo somos amas de casa, campesinas, profesionistas… No, las mujeres de lucha somos el valor, el ánimo, la esperanza, la unidad… Somos las que movemos las banderas de lucha sin miedo a nada…

Porque las mujeres de valor, defendemos lo que amamos… y nosotras amamos nuestra herencia pasada y futura… porque todas sabemos que  lo que hoy decimos, pensamos o hagamos lo heredaremos a niños, hombres, mujeres… que respetarán la vida, la tierra, respetarán y lucharán por la justicia por todos y para todos…

 Por eso las mujeres presentes no dudamos al defender a la madre naturaleza… porque estamos dejando un legado de vida… un legado de valentía… ¡estamos sembrando una mejor generación!

Así que mujeres de las diferentes organizaciones tengan la seguridad que en ustedes se encuentra el motor que hace que todo camine… ¡somos el grito que todos seguimos, somos las que tenemos bien puesta la falda al momento de hablar de frente y sin mentiras! 

Hoy más que nunca, en tiempo se pandemia las mujeres somos conscientes de la importancia de la lucha por los ríos, el agua, los manantiales, los bosques que nos dan vida. En tiempo de pandemia quedarnos sin nuestros bienes naturales significaría más tristeza, más enfermedades, menos vida, más violencia. A propósito del día internacional de acción contra la violencia hacías las mujeres y en tiempo de Covid decimos: no más machismo, no más extractivismo!

Este reconocimiento nos inspira a agradecernos y reconocer nuestra fuerza en esta lucha!

¡Adelante compañeras… lo estamos haciendo bien!

Por eso, hoy 27 de noviembre del 2020 es un momento  histórico que quedará marcado en la línea del tiempo de escuintla y acacoyagua porque  este acontecimiento es  ejemplo de  lucha que nos inculcó Mariano Abarca, el pueblo de Chicomuselo y  nos motiva a continuar.

Mariano abarca, estés donde estés, ten la seguridad que te llevaremos en el corazón, siempre te recordaremos como un ser que luchó por las causas en beneficio común. Esposa. Hijos, nietos y demás familiares reciban nuestro afecto y que dios bendiga a todos.

A los organizadores de este significativo acontecimiento, se les agradece de tomarnos en cuenta para recibir este segundo premio a la defensa ambiental 2020, y a la vez desearles mucho éxito en los eventos posteriores a este aniversario luctuoso .

¡¡¡¡¡¡¡ Vida si…..        Mina no!!!!!!!!

>>Discurso de las Mujeres del Frente Aquí<<

A continuación compartimos el discurso de los compañeros al recibir el Premio:

Buenos días a todos y todas,  las y los presentes en este acto  que simboliza la lucha tenaz  por defender la justicia y por consiguiente a nuestra madre naturaleza y por lo tanto por la justicia y los derechos de todos y todas.

A todos los responsables de que hoy nuestra agrupación  reciba   el “Premio Abarca” quiero mencionarles que el Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de Junio somos hombres y mujeres   representantes de comunidades de Acacoyagua y Escuintla, Chiapas.

Y  esta agrupación al recibir este  premio,… el Premio Abarca significa  para todos y todas un importante honor … pues  Mariano Abarca,  es para nosotros un héroe, quién sacrificó su vida por  defender a la madre naturaleza, hombre cabal,  cuyas acciones de valentía, tenacidad, honestidad y dignidad, son  ejemplos objetivos, cuyas  huellas dejadas han servido para dar continuidad en la lucha por no permitir las consecuencias de muerte  de  la minería, saludamos a doña Mirna, a Mariano hijo, a José Luis y a don Uriel que se encuentran aquí y al resto de su familia.

Así también el Frente Popular en Defensa del Soconusco, 20 de Junio da  gracias y reconoce  a  las organizaciones  que nos han apoyado todos estos años  y por las cuales  hemos persistido y estamos latentes por seguir defendiendo las injusticias!

Es importante decir que nosotros como Frente Popular  también hemos sido testigos de la ambición desmedida de las empresas mineras a quiénes sólo les importa las enormes ganancias que obtienen a base  de la explotación y destrucción del medio ambiente, somos testigos de cómo esas empresas  son  los responsables del divisionismo social entre las personas de las comunidades…. Hemos luchado por preservar  nuestro  entorno, nuestros ríos porque  con las minas la fauna acuática se muere, las envenenan; hemos visto como compran con dinero y míseras despensas a gente humilde y necesitada, y por supuesto inferimos que también han caído en la ambición  autoridades federales, estatales, municipales; incluyendo a comisariados, jueces, presidentes de barrio, cualquiera que caiga en tentaciones de avaricia.

Recibir este premio es un aliciente… pues como saben nuestro municipio es uno de los más amenazados y afectados en el estado de Chiapas… en nuestro territorio existen 14 concesiones mineras,   todas otorgadas por los anteriores gobiernos corruptos neoliberales, a empresas extranjeras y nacionales, abarcando una extensión territorial de más de 36 mil hectáreas y enclavadas en la parte de la sierra, cercanas todas a la Reserva de la Biósfera “ElTtriunfo”,  allí  es donde nacen nuestros ríos y cuyo destino fatal,  si no luchamos están prestos a contaminarse y por consiguiente a que la muerte llegue directo a nuestras casas, porque las represas donde se capta el agua entubada para el  pueblo y las comunidades, se obtiene de ríos que tienen su origen en las altas serranías. Así mismo provocar  el  mismo efecto a todas las comunidades y daño irreversible también a la Biosfera de La Encrucijada incluyendo sus pampas, manglares y el  mismo mar.

Por ello, al recibir este reconocimiento, renovamos fuerzas, porque el legado  que  mariano abarca,  ¡nos hereda es  su espíritu valiente!, ¡su espíritu de lucha, es un llamado a la unidad, a  persistir y darle continuidad a la defensa de nuestros territorios!.

Por ello los hombres y mujeres presentes llevamos en el corazón la sangre de este héroe… llevamos la chispa de justicia!

Listos a defender nuestra tierra de esos proyectos de muerte, porque además de la minería, en nuestra región se proyectan 2 mini hidroeléctricas, el gasoducto de  Oaxaca  a Escuintla, Guatemala concesionado a la empresa Raisini de estados unidos, la apuesta por más monocultivo de plátano y soya que significaría más pesticidas que amenazan la biodiversidad.

Por eso en este onceavo aniversario luctuoso de mariano abarca y el segundo premio por la defensa ambiental en Chiapas 2020, como frente popular, es importante el reconocimiento de 32 organizaciones internacionales y nacionales,  que a partir de este momento las  hacemos parte de nuestra lucha exigiendo:

Que las autoridades de Chiapas paren de acusarnos como causantes de conflictos, porque los conflictos en los territorios los causan las empresas ambiciosas no nosotros.

Que el gobierno de Chiapas deje de llamarnos a mesas de trabajo con las empresas porque nosotros ya dijimos no a la minería y para comprobarlos tenemos nuestras actas ejidales y municipales que nos respaldan.

Al gobierno federal que por favor deje de llamar a los megaproyectos desarrollo.

Que en nuestros municipios se garanticen ríos limpios para todas y todos.

>>Discurso del Frente Aquí<<

La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería envió algunas palabras al Frente:

Queridos hermanas y hermanos integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio”, todavía recordamos con mucho cariño el día que nos conocimos y decidieron integrarse con el resto de las resistencias constituidas en la REMA. Desde ese momento, sabíamos que ustedes serían unos grandes maestros para las luchas y resistencias de REMA, tanto en Chiapas, su lugar de origen, como en todo México,  porque su convicción de guardianes de la vida no podía tener un final tan contundente como el que ustedes han logrado con el sudor, sabiduría y organización demostrada en todas las asambleas, recorridos y noches y días que duró su campamento, en los cuales se aportaron en el camino para impedir el paso de los mineros ante la indolencia del gobierno federal, estatal y municipal estatal. Pronto también empezaron a compartir sus estrategias y logros con más compañeras y compañeros que del mismo modo estaban en resistencia tanto en Chiapas como en Guerrero, Puebla, la CDMX, Zacatecas, entre muchos otros lugares……………..a no bajar la guardia ante los embates de los mega proyectos…

Estamos muy contentos que hayan premiados y reciban el Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas 2020, el cual sin duda alguna también le dará mucho gusto a nuestro hermano y paisano, Mariano Abarca, a quien le fue arrebatada la vida de manera cobarde por luchar como ustedes en contra de los intereses de las empresas mineras.

Que gusto saber que han vuelto a pescar y que en su rio, que gusto que le lanzan ofrendas demostrándole su agradecimiento por las alegrías que les genera y que así debe ser.

Buena y larga vida para todos ustedes compañeras y compañeros del Frente Popular en Defensa del Soconusco “20 de junio”. Esperamos que este gran reconocimiento les renueve energías para que nos sigan ayudando a expulsar de nuestro país a los proyectos mineros.

Muchas felicidades y toda nuestra solidaridad y reconocimiento a todos Ustedes.

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERIA

Palabras del Frente Popular :

Compartimos fotográficas de la entrega del Premio a más integrantes del Frente Popular en la Comunidad La Cadena el sábado 28 de Noviembre:

Integrantes del FPDS celebraron la entrega del Premio Mariano Abarca en la Comunidad La Cadena, donde mantuvieron un plantón entre 2016 y 2018 para impedir el avance de los trabajos en las minas que afectan los territorios de Acocoyagua.

Colocaron el premio en una de las sedes de este plantón como símbolo del compromiso comunitario para seguir defendiendo su territorio.

Más información:

En la Prensa:

COMUNICADO URGENTE: Más de 20 organizaciones condenan las amenazas de muerte y hostigamiento en contra del defensor de derechos humanos Nataniel Hernández y manifiestan su respaldo en su labor en la defensa de los derechos humanos

Compartimos este comunicado de diferentes organización sobre las amenazadas y hostigamiento a integrantes del Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa – A 27 de noviembre de 2020

Tenemos conocimiento de la campaña de difamación que se está en derezando en contra del trabajo del defensor de derechos humanos Nathaniel Hernández, director del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, frente al palacio municipal de Tonalá Chiapas. Estos actos se suman a las amenazas de muerte manifestadas en su contra el pasado 20 de noviembre en la Colonia Arenero Nueva Esperanza, en la que se señala como responsables a Rosalinda Quevedo Sandoval y Fernando Arreola.

Las organizaciones firmantes, rechazamos la utilización de la violencia como forma para atenderlos conflictos sociales y la demanda de las comunidad es en el ejercicio de sus derechos. Condenamos las amenazas de muerte y la campaña de hostigamiento, desacreditación y desprestigio que se están realizando en contra del Defensor de Derechos Humanos Nataniel Hernández. Estos actos ponen en riesgo su vida, integridad física y su trabajo en la defensa de los derechos humanos.

De igual forma, condenamos la represión, el hostigamiento, el desprestigio, la violencia e intimidación que se está dando de manera generalizada a los y las defensoras de derechos humanos, a los pueblos, comunidades indígenas y movimientos sociales.

Reconocemos el trabajo de Nathaniel en la defensa de los derechos humanos y lo respaldamos. En este sentido exigimos a las autoridades municipales de Tonalá Chiapas, al gobierno del Estado y al Gobierno Federal:

  • 1.Alto inmediato a la campaña de desprestigio en contra del defensor de derechos humanos Nathaniel Hernández.
  • 2.Garantizar su integridad física, la integridad de su familia y demás integrantes del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa.
  • 3.Garantizar el ejercicio de la defensa de los derechos humanos como una vía para resolver los problemas.

Firmantes

Tequio Jurídico A.C.Organización Familia Pasta de Conchos.Red Solidaria de Derechos Humanos.Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa.Colectivo de mujeres por los derechos humanos “Yolpakilis”.Red de Formadoras Kualunemilis, A.C.Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria OP, AC.Colectivo Xa’aybej, por la defensa del territorio.Alianza Sierra Madre A.CComité de Defensa Integral de Derechos Humanos GobixhaCentro de derechos humanos de los pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño A.C.Aluna Acompañamiento Psicosocial.Colectivo contra la tortura y la Impunidad A.C.Comité Cerezo MéxicoAsociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos IndígenasGestión Justicia y Medio Ambiente S.C.Luna del Sur A.CComité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada AC.Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las CasasLa 72, Hogar-Refugio para personas migrantes.Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.Uno de Siete Migrando A. C.Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo A.C.Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes A.C.

Más información:

Chiapas: Acción Urgente: Amenazas de muerte y daños en contra de Nataniel Hernández, Defensor de Derechos Humanos

Comunicado del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa sobre la agresión a defensores de derechos humanos – A 23 de noviembre de 2020

Grupo invasor y violento provoca agresiones recurrentes y actos de provocación en contra de habitantes de la Colonia Arenero Nueva Esperanza en Tonalá, Chiapas

Áreas verdes invadidas.- Arenero Nueva Esperanza

El 01 de Noviembre un grupo de alrededor 30 personas liderado por Fernando Arreola y Rosalinda Quevedo Sandoval invadió la zona asignada para Áreas Verdes en la Colonia Arenero Nueva Esperanza, que desato una ola de agresiones  y amenazas constantes en contra de colonos, poniendo en riesgo la vida y la integridad física de mujeres, niños, jóvenes y hombres.

El día 20 de Noviembre alrededor de las 20:00 horas, el defensor de los Derechos Humanos Nataniel Hernández había ido a documentar la situación en la colonia, y llevar a cabo una reunión informativa sobre la problemática, cuando un grupo de personas que portaban palos, arma de fuego, y arma blanca lo emboscaron sobre la calle Belisario Domínguez y Callejón 10 de mayo al interior de la Colonia Arenero Nueva Esperanza, provocando daños al vehículo en el que se transportaba con su familia, amaneándolo de muerte, bajo el argumento que tienen el poder y apoyo de las autoridades para actuar de forma violenta y evitar que los saquen de las áreas verdes invadidas en donde se pretende construir un parque recreativo, escuela, cancha deportiva y jardín.

Ante el clima de violencia y despojo provocado por este grupo se han solicitado medidas precautorias y buscar una solución de fondo al conflicto ante  la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al Mecanismo de Protección de Defensores, Delegación de Gobierno, y Ayuntamiento Municipal de Tonalá,  sin embargo dichas medidas no se han implementado y esto ha originado una ola de actos de confrontación, amenazas, desprestigio, difamaciones, calumnias, y agresiones físicas.

De estos hechos se han iniciado las denuncias penales correspondientes y notificado por escrito a las autoridades federales, estatales y municipales.

Por lo que urgimos al Estado mexicano a:

  • Se emitan las medidas de protección y se implemente de forma efectiva a favor de los y las defensores de este centro de Derechos Humanos y de los habitantes de la Colonia Arenero Nueva Esperanza del municipio de Tonalá. Chiapas.
  • Se garantice la vida, la integridad física de los y las defensores de derechos humanos y de los habitantes de la colonia.
  • Se resuelva de forma urgente el conflicto de despojo e  invasión en las Áreas Verdes, así mismo se investigue y castigue a los responsables de estos actos de violencia.

Antecedentes:

Los integrantes del Centro de Derechos Humanos somos parte del Mecanismo de Protección a personas defensoras y periodistas de la Secretaria de Gobernación, y cuentan con medidas de protección.

Desde el 2019 hemos acompañado el proceso de la colonia para solicitar al Estado el reconocimiento de los comités, dotar de servicios básicos y certidumbre jurídica de sus tierras que mantienen en posesión.

La problemática de invasión de tierras en las Áreas asignadas para la construcción de un parque recreativo, cancha deportiva, y jardines aún no se resuelve, esto ha generado graves agresiones, amenazas y confrontaciones, las personas que habitan la colonia viven de forma permanente con miedo, temor y preocupación.

Se ha notificado a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Secretaria de Gobierno del Estado de Chiapas para pedir intervención, y hasta ahora no hemos obtenido respuesta.