Una vez más la Comunidad indígena de Zacualpan triunfa en su lucha contra la minería

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre los dos amparos ganados en la lucha contra la minería y por la vida en Colima – A 11 de mayo del 2022

La Comunidad Indígena de Zacualpan, Municipio de Comala, Colima, hace unos días volvió a atinar un duro golpe al modelo extractivo minero, al ganar un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en la ciudad de Colima, y dejar sin efecto dos concesiones mineras que la Secretaría de Economía había otorgado (una de ellas desde 1995) para la extracción de minerales dentro de su territorio.

La lucha de Zacualpan comenzó en 2013 cuando el empresario minero, Rigoberto Verduzco Rodríguez, de la empresa Gabfer, S.A. de C.V. y la entonces Delegada de la Procuraduría Agraria en Colima, María Elena Díaz Rivera, se acercaron a la Comunidad de Zacualpan, uno a comprar y la otra a presionar, al comisariado comunal representado por Carlos Guzmán Teodoro con el fin de que él convenciera a los comuneros para que otorgaran el permiso para la explotación de oro, plata y manganeso de los lotes Heliotropo y Tigrilla con número de concesión 201872 y 227572. La oferta era de 15 a 17 mil pesos por voto y la promesa de poner una farmacia en la Comunidad.

Nunca pensaron que esa comunidad indígena les fuera a dar tantos dolores de cabeza y que tantas/os funcionarios iban a ver afectados sus intereses y algunas/os otras/otros iban a ser incluso destituidos de su cargo. En 2013 se constituyó el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y, por esta organización, fue que en 2014 el primer funcionario cayó. Se trató de de Carlos Guzmán Teodoro, que fue destituido por la fuerza de la Asamblea Comunal, autoridad máxima, que nombró un nuevo comisariado y que por primera vez en la historia de Zacualpan contaba con dos mujeres, Epitacia Zamora Teodoro y Olivia Teodoro Arandas, secretaria y tesorera respectivamente. En esa misma Asamblea se decidió declarar a Zacualpan como “Territorio Libre de Minería”.

Ante esto, el gobierno del estado de Colima se negó a reconocer al nuevo comisariado. La Comunidad, en respuesta, paró las bombas de agua que distribuyen agua a Colima y Villa de Álvarez. Esto era una acción también simbólica, pues se sabía que el manantial que Zacualpan había cuidado por generaciones, sería uno de los primeros en contaminarse con la operación de una mina. Rogelio Rueda, en ese momento Secretario de Gobierno, reprimió de manera brutal a las y los indígenas que se encontraban exigiendo ser atendidas/os. Con más de 200 granaderos y una tanqueta obligó, violentamente, al contingente a retirarse del sitio. Esto sería la causa de que el funcionario perdiera su candidatura a gobernador, más adelante.

Por otro lado, Díaz Rivera, la Delegada de la Procuraduría Agraria, asesoró a Carlos Guzmán para que interpusiera un juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, juicio que resolvió el Magistrado Antonio Luis Betancourt, el 3 de julio de 2014. No sólo no le dio el triunfo a Carlos Guzmán reconociendo al nuevo comisariado sino que, por primera vez en México, se reconocía a un Territorio Libre de Minería por un Tribunal Agrario. Esto, por supuesto también le costó a este Magistrado su destitución y por muchos años ese Distrito estuvo sin nombramiento.

Por su lado, Díaz Rivera insistía en que el nuevo comisariado no era legítimo y su soberbia la llevó a extralimitarse en sus funciones y comenzó a cometer incontables violaciones a los derechos de la Comunidad Indígena de Zacualpan, llegando al extremo de usar un helicóptero del gobierno del Estado para poder llegar a la Comunidad y realizar una Asamblea en 9 minutos, donde pretendía destituir al nuevo comisariado ya ratificado por el Tribunal Unitario Agrario.

Este cúmulo de acciones violentas e ilegales contra la comunidad indígena de Zacualpan llevaron a la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) y a Bios Iguana A.C., que habían estado apoyando desde un principio a la Comunidad Indígena, a organizar una Misión de Observación donde participaron más de 20 organizaciones nacionales e internacionales en marzo de 2015, unos días después de que la principal líder indígena de Zacualpan, la muy querida Epitacia Zamora Teodoro, muriera a causa de presiones y amenazas que agravaron su salud. En esos meses fueron interpuestas denuncias ante el Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria en contra de María Elena Díaz Rivera por intimidación y abuso de autoridad.

La REMA, en ese mismo mes de marzo de 2015, junto con otras organizaciones nacionales y como parte de una estrategia nacional para lograr la inconstitucionalidad de la Ley Minera, apoyó a la Comunidad Indígena de Zacualpan para interponer un amparo contra las concesiones mineras que se habían otorgado en su territorio.

(https://www.e-consulta.com/nota/2015-04-14/medio-ambiente/frenan-actividad-minera-en-cuetzalan-e-ixtacamaxtitlan)

A principios de 2016 finalmente fue destituida la Delegada de la Procuraduría Agraria, Maria Elena Díaz Rivera, por orden del Órgano Interno de Control de la misma Procuraduría Agraria.

Cuántas angustias, violencia física, violencia psicológica, división, criminalización, estigmatización, acoso policiaco, amenazas de muerte, cuánta sangre corrió, cuántas familias divididas, cuantas tristezas, cuanto acoso tuvieron que soportar mujeres y hombres de la Comunidad Indígena de Zacualpan hasta que ahora, finalmente, a 7 años de interpuesto ese amparo, el Juez Federal, Jorge Damián González Villaseñor, Titular del Juzgado Segundo Distrito le da la razón a la Comunidad indígena y deja sin efecto esas concesiones.

Desde la REMA le decimos a la Comunidad Indígena de Zacualpan y al Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, miembro de la REMA, que recibimos con gran alegría la noticia de este triunfo, que no es más que de ustedes. Que las y los vemos como un gran ejemplo de lucha y tenacidad, que nos alienta a seguir en este camino. Que su lucha también nos ha fortalecido y nos ha enseñado senderos nuevos que hemos compartido con otras luchas, para que no cometan los mismos errores, para que estén claras/os de que la lucha es larga pero con fuerza firmeza y tenacidad se logra ganar a este modelo extractivo que nos carcome la vida.

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

Imagen: No a la mina

Más información:

​El Gobiernos Priista de Colima se despide asesinando a un Defensor

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre otros defensor de la vida asesinado ahora en Colima – A 5 de julio del 2021

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería repudiamos rotundamente el cobarde asesinato del compañero David Díaz Valdez perpetrado el 2 de julio del presente, en la delegación de Salahua, Municipio de Manzanillo, Colima.

David Díaz fue un férreo defensor del territorio, amaba la Laguna de Cuyutlán y la Isla de Campos que lo vieron crecer, que fueron testigas de su lucha por la defensa ambiental y social por 40 años. Como él dijo en una entrevista, refiriéndose a la Laguna “Que le puedo decir a quien, de quien hoy tengo vida, que gracias a la Laguna de Cuyutlán mi madre pescaba y sacaba para mantenernos a mí y mis hermanos, qué le puedo decir yo a la Laguna madre que gracias a ella fui amamantado, gracias a ella recibí esta vida que hoy tengo y que hoy me da tristeza ver cómo la destrozan”.

David era un hombre alegre y siempre decidido a enfrentar las injusticias pasara lo que pasara, pero sobre todo a defender su tierra y siempre solidario con otras luchas. David fue quien ofreció su casa para recibir a la Caravana Zapatista en 2006.

Desde siempre los gobiernos priistas han querido despojar a la comunidad indígena de Campos de su territorio para sus proyectos industriales y portuarios. David junto con otras y otros compañeros de Campos, décadas atrás venían denunciando la contaminación de la Termoeléctrica que tiene a gran parte de la población enferma por los gases tóxicos que emana. La Universidad de Colima, bastión y trampolín político del PRI, realizó una investigación de los contaminantes en la comunidad indígena de Campos y jamás dio a conocer los resultados, más aún reservó la información por 12 años cuando le fue solicitada.

David Díaz fue parte del grupo que defendió la Laguna de Cuyutlán por la ilegal instalación de la gasera Z, luchó fuertemente y apoyó a las y los pescadores y grupos de defensa ambiental de 2002-2009 contra la imposición de la Terminal de Gas Natural Licuado Manzanillo, que fue promovida por Ignacio Peralta Sánchez, entonces Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Colima (2004-2009), hoy en sus últimos meses como gobernador del Estado.

David al igual que otras compañeras y compañeros fueron encarceladas/os, torturadas/os en diversas ocasiones por la defensa de su territorio, de hecho, David tenía 11 días de haber sido exonerado y liberado de la cárcel, en la que estuvo por 9 meses, por negarse a que se llevaran la única ambulancia que prestaba servicios a la comunidad indígena de Campos.

David sabía que lo iban a matar y desde la cárcel denunció y responsabilizó al gobierno de Colima por cualquier cosa que le pudiera suceder (https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/2/16/activista-preso-responsabiliza-al-gobernador-de-colima-de-lo-que-pueda-ocurrirle-en-el-penal-258430.html) “Yo no tengo conflicto alguno con ningún reo peligroso aquí dentro por el cual me puedan matar; tampoco he intentado quitarme la vida aquí dentro de este penal; si llegara a morir aquí, el Estado es el responsable”. El gobierno priísta de Colima se despide después de gobernar más de 90 años, con este asesinato a un defensor del territorio.  

Desde la REMA mandamos un abrazo fuerte a su esposa, su hija e hijos, así como a toda la familia y amigas y amigos de David. Condenamos el cobarde asesinato y exigimos justicia para él y su familia.

¡BASTA DE ASESINAR A DEFENSORES Y DEFENSORAS DEL TERRITORIO!

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Imagen: La cooperacha a través del Facebook David Díaz Valdez

Más información:

Colima: El RAN se niega a recibir acta de la Comunidad Indígena de Canoas

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha antiminera en Colima- A 17 de noviembre de 2020

El viernes pasado el Comisariado Ejidal de Canoas. Municipio de Manzanillo, Colima se dirigieron al Registro Agrario Nacional (RAN) para solicitar el registro de su Acta de Asamblea del mes de agosto del presente año, en la que la Asamblea Ejidal como máxima autoridad, por unanimidad rechazó rotundamente el proyecto minero Rufus5 de la empresa minera canadiense Hematie S.A. de C.V., así como cualquier otro proyecto minero en su comunidad. Con anterioridad la Lic María Concepción Núñez Escobedo había citado al Comisariado para atenderlas/os. Sin embargo, unos minutos antes de la cita les llamó para cancelarla.

El comisariado se dirigió a las oficinas para ingresar la solicitud en la ventanilla y se encontraron con un letrero 8Que también se puede ver en la página del RAN ) que dice “Atento aviso: Se suspenden trámites y servicios en oficinas centrales del Registro Agrario y sus 32 representaciones en el país, así como en el Archivo General Agrario, del 06 de abril y hasta nuevo aviso”.

Después de insistir fueron atendidas/os por el Sr. Carlos Anguiano quien recibió documentos de otro asunto que llevaban, pero se negó a recibir el acto con la justificación de que, por la pandemia, desde oficinas centrales se suspendieron todos los servicios desde el mes de abril. Cabe señalar que en el año 2014 esta misma Comunidad también en Asamblea Agraria declaró su Territorio como “Libre de Mineria” y en esa ocasión, sin pandemia, el RAN también se negó a registrar el acta. Esto evidencia la mala fe del RAN y su complicidad con las empresas mineras.

Por otro lado vemos que esta justificación de la pandemia no se ha aplicado a otras instituciones donde las empresas tiene que llevar a cabo trámites para sus proyectos, como es el caso de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturalres (SEMARNAT) que tan solo desde que el RAN cerró sus puertas, -de lo que la REMA lleva contabilizado-, tenemos registrados 881 proyectos recibidos para su evaluación y 479 resolutivos que en su gran mayoría han sido proyectos autorizados

En contraparte, desde marzo que la SEMARNAT, como las otras instituciones del gobierno, han ampliado los plazos legales de respuesta a solicitudes de información vía transparencia con el pretexto de la pandemia. Por ejemplo, una solicitud de transparencia emitida por la REMA a la SEMARNAT el 27 de marzo del 2020 solo fue recibida oficialmente hasta el 18 de septiembre y la respuesta a la solicitud fue entregada el 16 de octubre, es decir 7 meses después de la solicitud, cuando normalmente el plazo legal es de 40 días.

Esto denota la gran desigualdad que existe entre en apoyo (contubernio) que el gobierno federal otorga a las empresas que destruyen y despojan el territorio y la atención a las comunidades que lo defienden. En estos tiempos de pandemia las autoridades mexicanas han operado bajo favoritismo, de un lado permitiendo las actividades declaradas erróneamente esenciales para el país, como la minería, de poder seguir avanzado con toda normalidad en sus trámites para sus procesos de despojo y del otro lado, impidiendo a los pueblos y a la ciudadanía en general ejercer sus derechos de autodeterminación, de tener certeza sobre la tenencia de su tierra o de acceder a información pública.

Así mismo nos muestra el gran desprecio, discriminación, indiferencia y humillación con la que el gobierno trata a las Comunidades Indígenas. No sólo por no llevar a cabo un trámite sino el hecho de obstaculizar el registro de un proceso que es un derecho otorgado por la propia Constitución y Acuerdos Internacionales, que es la “Libre Determinación de los Pueblos”, derecho ya ejercido por la Comunidad Indígena de Canoas.

¡RESPETO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS!

¡ALTO A LA DEVASTACIÓN DEL MODELO EXTRACTIVO!

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA

Imagen: Minería Canoas – Rotativa Libre

Más información:

Ejidatarios exigen a AMLO frenar proyecto de mina canadiense en Colima. Infectará el agua, acusan

Compartimos esta nota publicada en Sin Embargo sobre la lucha por la vida en Canoas Colima – A 8 de noviembre de 2020

A unos 50 kilómetros del Puerto de Manzanillo, la minera canadiense Hematite planea operar el proyecto “Rufus 5” para cambiar el uso de suelo y extraer fierro, el metal con más presencia en la entidad al suroeste del país. La Semarnat propuso consultas. Sin embargo, la comunidad de Canoas, un pueblo cafetalero, ya se autoconsultó en su Asamblea Agraria y la respuesta por unanimidad fue una rotunda negativa.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).– Ejidatarios y habitantes de ocho comunidades aledañas al municipio de Manzanillo, Colima, que gozan del agua limpia del río El Cacao, marcharon hacia la capital estatal y se manifestaron afuera de la Delegación de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) para notificar que no era necesaria una consulta, ya que en Asamblea Ejidal con acta notariada ante el Registro Agrario ya habían decidido en colectivo rechazar un proyecto minero canadiense, como previamente lo hicieron en 2014 con otro intento extractivista.

“Los de Semarnat Colima insistían en que según el protocolo se tenían que hacer varias consultas aquí en Canoas. Pero para qué, si ya fuimos a decirles que no queremos la minería y traemos las firmas [de la Asamblea Ejidal del 30 de agosto]”, dijo Salud Valencia Ramos, Secretaria del Comisariado ejidal. Para reiterarlo enviaron una misiva a la Semarnat federal, cuya respuesta siguen esperando. “La naturaleza es muy exuberante. La mayoría tenemos nuestros cafetales. Al aprobarse el proyecto todo eso se vendría abajo”.

Entre canto de gallos, el Comisario ejidal, Raymundo Campos Muñoz, agregó que de hacerse ese proyecto, justo donde nace el afluente que surte al río, “va a contaminarlo y va a cambiar nuestra forma de vida” como les sucedió a sus vecinos en Minatitlán.

No es la primera vez que inversión privada se interesa en una entidad rica en hierro. En 2014 otro proyecto minero intentó instalarse en la comunidad de Canoas, pero, como ahora, se organizaron, hicieron un Acta notariada para manifestar su rechazo, pidieron estudios de impactos ambiental y los echaron. Seis años después, la empresa canadiense Hematite llegó a solicitar el cambio de uso de suelo, les informó el municipio de Manzanillo y les mandó al Delegado municipal de Medio Ambiente para que les informara detalles del proyecto y su impacto.

“Somos varias comunidades –Canoas, zona alta cafetalera pegada a la montaña, y hacia abajo Puertecito de Lajas, Llano de la Marina, Ciruelito, Cedros, Lomas de Ávila Camacho y Paticajo– las que seríamos afectadas en medio ambiente, salud y todas vivimos de la agricultura y ganadería. Imagínese que venga alguien a contaminarnos el agua, que viene siendo la vida de la región”, aseguró Campos.

Río en los Altos de Canoas, zona cafetalera. Foto: Captura de video.

Los vecinos de Minatitlán, a unos 30 kilómetros en el límite con Jalisco, ya tienen su agua contaminada. Ahí el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada, con capital italiano, indio y argentino, extrae fierro. Solo ese municipio representa el 1.80 por ciento del total del valor de la producción minera nacional, reporta la Secretaría de Economía. “Está lleno de explotación minera donde quiera, y vienen a Canoas a tomar del recurso. Estamos previendo que se va a convertir en un conflicto social por el agua”, afirmó el Comisario ejidal.

Colima, si bien solo tiene un 1 por ciento de la superficie concesionada del país, es la entidad con mayor porcentaje de su superficie destinado a la minería: un 39.1 por ciento (más de 226 mil hectáreas de sus 580 mil hectáreas), documentó Manuel Llano de la organización CartoCrítica, con datos de febrero de 2020 de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía. En Villa Álvarez, la empresa Peña Colorada también registró un proyecto para extraer fierro en los ayanamientos de Arrayane y Llanitos.

“A febrero de 2020 hay 10 por ciento del territorio nacional concesionado, más bajo que en otros años. Sin embargo, parte del discurso del Presidente Andrés Manuel López Obrador es que no se han otorgado concesiones, sí, pero los proyectos mineros siguen vigentes e incluso hay más. La concesión es el paso inicial, pero algunas concesiones no tienen aún proyectos y otras se prestan a la especulación”, explicó Llano.

La Secretaria de Medio Ambiente, María Luisa Albores, dijo durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados que no se ha dado ningún permiso para fase de exploración ni explotación de minería a cielo abierto o a tajo abierto, como este caso. “En lugares que tienen esa concesión no en 2020 ni 2019, sino desde hace tiempo, son concesiones que ya se entregaron. y hay que revisarlo”, dijo.

La solicitud de cambio de uso de suelo se metió en julio de 2020. El municipio de Manzanillo planea no otorgar el permiso. Imagen: Gaceta ecológica 24-2020 de Semarnat.

Los alrededor de 400 habitantes de Canoas, que se dedican principalmente a la agricultura y ganadería, también temen que sus cultivos, la flora y fauna sean dañados por la actividad minera. Hematite busca extraer más de 2 millones de metros cúbicos de fierro, con la apertura de un tajo dividido en cuatro secciones con un aprovechamiento gradual de 16 años, de acuerdo con la gaceta ecológica 24 de la Semarnat de julio. Para la operación y extracción en terrenos forestales de casi 30 hectáreas se requiere cambio de uso de suelo. En el predio El Agostadero la minera ofreció la restauración del sitio y se integrará una plantación de café terminando el proceso de extracción.

La Semarnat local les advirtió que mientras su concesión no sea revocada, seguirán insistiendo para echar a andar el proyecto “Rufus 5”. Y cada vez la comunidad lo rechazará, dijo Salud Valencia, Secretaria del Comisariado ejidal.

“SU CONSULTA FAVORECE A LA EMPRESA”

Los ejidatarios y avecindados de Canoas se enteraron de las intenciones del proyecto minero porque representantes de la empresa Hematite se acercaron con los directivos ejidales. Trataron de sobornar a cada ejidatario, contó Salud Valencia, Secretaria del Comisariado ejidal. No aceptaron. Luego les ofrecieron beneficios como una planta purificadora de agua y pavimentación. Pero los ejidatarios les explicaron que en la comunidad las decisiones se toman en colectivo a través de una Asamblea Ejidal. Y así fue.

“Canoas es libre de minería. Es nuestro lema desde 2014. Cómo vienen otra vez con lo mismo a incomodar. Para qué queremos una planta purificadora si acá tenemos agua limpia del río. No necesitamos sus obras, porque sabemos que es el precio para que se metan”, dijo Valencia. En la Asamblea de agosto, sin ser invitado, un representante de la minera acudió, pero se le pidió que se fuera para debatir después, si así lo deseaba el pueblo. “Lo sacamos, era para ejidatarios y no tenía nada qué hacer ahí”, evocó la ejidataria. Formalmente, nunca han dialogado empresa y Asamblea Ejidal.

El 8 de octubre fue cuando los ejidatarios y comuneros se manifestaron contra el proyecto “Rufus 5” afuera de las oficinas de la Delegación Colima de la Semarnat. Se les informó que junto con la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Agraria y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se planea realizar una consulta. El INPI, que hace años los reconoció como población indígena, no se ha acercado a ellos. El 20 de octubre enviaron una carta a la Secretaria de Medio Ambiente, Luisa María Albores, donde le hicieron saber que no necesitan otra consulta.

“Rechazamos rotundamente que se haga una consulta, porque no tenemos la confianza con las instituciones que la harían. La población ya se autoconsultó. Tenemos un Acta protocolizada desde 2014 cuando hubo otro proyecto y ahora el 30 de agosto de este año hicimos otra Asamblea donde volvimos a ratificar que Canoas es territorio libre de minería”, aseveró el Comisario ejidal Raymundo Campos. Entregaron las actas de la asamblea de hace dos meses y la de 2014 a la delegación en Colima de Semarnat. “Estamos exigiendo nuestro derecho como pueblo indígena a que se nos respete nuestra decisión. Si nosotros no queremos, por qué se nos va a hacer una consulta favoreciendo a la empresa”, cuestionó Campos.

https://platform.twitter.com/embed/index.html?dnt=false&embedId=twitter-widget-0&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1319237296453869568&lang=es&origin=https%3A%2F%2Fwww.sinembargo.mx%2F08-11-2020%2F3884058&siteScreenName=sinembargomx&theme=light&widgetsVersion=ed20a2b%3A1601588405575&width=550px

La Red Mexicana de Afectados/as por la Minería (REMA) publicó la carta a la Secretaria Albores. “Nos parece lamentable –dice– que las instituciones de Gobierno se estén coordinando para validar proyectos de muerte y pretendan que, por medio de las ya maltrechas y violentadas consultas que este Gobierno impone, sea la vía que posibilite la entrada de este tipo de proyectos”, escribieron. Y, advirtieron en la misiva, no están dispuestos a permitir el ingreso a su comunidad a ninguna autoridad que pretenda “violentar” el ejercicio de su derecho y libre determinación. Aunque tiene el sello de recibido, en más de una semana después no han recibido respuesta.

También le han escrito al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en más de una ocasión ha dicho que en su Gobierno ya no se dan concesiones mineras, porque desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari a través de la Ley Minera de 1992 se han otorgado más de 20 millones de hectáreas a nivel nacional.

“Apelamos a lo que usted siempre ha dicho: que no se autorizan nuevos proyectos. Solicitamos su apoyo para echar abajo el proyecto minero ‘Rufus 5’ y cualquier otro proyecto minero en el ejido”, le pidieron las autoridades ejidales. Pero dejar de dar concesiones no implica que dejen de brotar proyectos en las ya otorgadas.

Imagen: Sin Embargo

Más información:

Colima: Comunidad Indígena de Canoas rechaza consulta de SEMARNAT, SEGOB, INPI y PA para proyecto minero

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 22 de octubre de 2020

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) felicita con enorme alegría a la Comunidad Indígena de Canoas en la municipalidad de Manzanillo, Colima por su fortaleza y firme decisión para rechazar de forma rotunda la consulta que pretende legitimar el despojo que ocasionaría el proyecto minero Rufus 5 de la empresa minera canadiense Hematite S.A de C.V, la cual se está fraguando desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Procuraduría Agraria (PA).

La comunidad indígena de Canoas lleva varios años luchando por evitar que la minería destruya su territorio. Sin embargo, apenas este 8 de octubre del año en curso fue informada de ese plan, y después de haber hecho una marcha y un mitín ante la SEMARNAT, para solicitar que no se apruebe el proyecto minero que desde hace meses está siendo evaluado en la Delegación de esa dependencia en Colima, diversas instituciones que forman parte del Consejo Estatal Forestal como la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales (INIFAP), así como instituciones estatales, como el Instituto de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (IMADES), la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SEIDUR), la Secretaría de Fomento Económico, el Comité Estatal de Sanidad Vegetal (CESAVECOL), la Universidad de Colima y la Secretaría de Desarrollo Rural; habían dado ya su voto a favor del proyecto minero sin que la Comunidad indígena de Canoas tuviera noticias.

El Gobierno del Estado de Colima está muy interesado en que este proyecto se lleve a cabo, por lo evidente de su apoyo y el impulso que los diferentes gobernantes de Colima han dado a los proyectos extractivos mineros desde hace décadas, permitiendo la destrucción del territorio, las violaciones a los derechos de los pueblos, la violencia, las desapariciones forzadas y los asesinatos cometidos a defensores del territorio por causa de esta actividad.

Por su parte, la SEMARNAT hace del conocimiento a la Comunidad Indigena que “están planeando una consulta en coordinación con la SEGOB, el INPI y PA”. En esas circunstancias nos preguntamos ¿cuál es el tan cacareado proyecto de cambio para los pueblos? cuando sólo intentan simular que les importa, simular que hacen acciones encaminadas a garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas con los “más altos estándares internacionales”; cuando la verdadera intención es, con esta acción, legitimar estos proyectos que de ninguna forma pueden esconder que son destrucción y muerte.

La Comunidad Indígena de Canoas en dos ocasiones se ha autoconsultado en legales y legítimas Asambleas Agrarias, declarando su “Territorio Libre de Minería”, ejerciendo su derecho a decidir la vida que quieren vivir en su Comunidad.

Desde la REMA abrazamos solidariamente la digna lucha que desde hace muchos años llevan a cabo en la Comunidad Indígena de Canoas, por defender el agua, los bosques, los animales y todo lo que sus ancestras y ancestros les heredaron y, que les queda claro, que es lo único que tienen para heredarle a sus retoños.

Exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales el respeto a la libre determinación de la Comunidad Indígena de Canoas que ya decidió un NO A LA MINERÍA. Así mismo sabemos que la violencia impera en esa zona y algunas personas de Canoas ya han recibido amenazas, por lo que responsabilizamos a los tres niveles de gobierno y a la empresa minera canadiense Hematite S.A de C.V por cualquier acto violento que atente contra la seguridad y la integridad física de las y los defensores.

¡Viva Canoas Territorio Libre de Minería!

¡No a la Consulta!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Proceso

Más información:

Colima: Canoas territorio libre de minería, amenazado por minera canadiense

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 24 de septiembre de 2020

La comunidad de Canoas, Municipio de Manzanillo, Colima se enfrenta a una nueva amenaza de explotación minera e n su territorio, ya que la empresa canadiense Hematite S. A. de C.V. ingreso una Manifestación de Impacto Ambiental para su evaluación ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), esto a pesar de que esta comunidad se declara legalmente como “territorio libre de la minería” en Asamblea Ejidal desde el mes de febrero de 2014, así como otras Asambleas posteriores.

Canoas llevan más de 10 años resistiendo ante las insistencias de diversas empresas mineras que en distintos momentos han tratado de saquear principalmente hierro de su territorio. Inclusive, la empresa RM Pacific Group S. A. de C. V. se atrevió a invadir territorio y comenzó a talar árboles sin ninguna autorización del Ejido, lo que fue denunciado por el comisariado ante la PROFEPA en abril de 2014.

Este nuevo proyecto que lleva por nombre Rufus 5 de la empresa Hematite en el predio El Agostadero, contaminaría directamente el Rio Cacao y nacimiento de agua de la que se abastecen no solo Canoas, sino ocho comunidades más que dependen de la agricultura.

Desde la REMA exhortamos a la nueva titular de la SEMARNAT, Maestra María Luisa Albores González, a NO autorizar este proyecto y respetar la decisión de la Comunidad de Canoas, ya que se autoconsultó legalmente en Asamblea Agraria y determino, por unanimidad, rechazar cualquier proyecto minero en su territorio.

De la misma forma nos solidarizamos con la Comunidad de Canoas y les decimos que desde que los conocimos en el Foro Nacional de Afectados por la Minería realizado en la Comunidad Indígena de Zacualpa, en Colima en el año 2014; no hemos dejado de tenerlos presentes, conociendo las duras luchas que han librado por defender su territorio de los proyectos de muertes que azotan a nuestro país.

¡VIVA LA LUCHA POR LA DEFENSA DE CANOAS!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Rotativa Libre

Más información: