SITUACIÓN GENERAL:
El avance de la acumulación capitalista en México se acelera cada vez más por medio de nuevos esquemas de inversión y de nuevas firmas de Tratados de Libre Comercio. Con ello el extractivismo incrementa y agudiza la disputa de los bienes naturales y del territorio entre las grandes corporaciones y los sectores campesinos, indígenas y urbanos.
El gobierno sostiene la ruta extractivista de las corporaciones para favorecer al gran capital, de las cuales se benefician oligarquías y élites. Esta política conlleva reformas estructurales que modifican y adaptan las leyes para avanzar en la legalización del despojo, la privatización y la mercantilización de los bienes naturales, así como para la explotación de la mano de obra de los y las trabajadoras. Las reformas estructurales implican cambios que transgreden los derechos constitucionales y ponen en peligro a las y los defensores y defensoras de los derechos humanos, de la tierra y del agua con leyes que permiten la criminalización y judicialización de la protesta.
En México y en América Latina se priorizan los proyectos de extracción de combustibles fósiles: petróleo, gas, carbón; así como aumenta la generación de electricidad a través de proyectos renovables o “verdes” que abastecen principalmente las demandas energéticas de la industria (aluminio, acero, cemento, industria papelera, química, entre otros) y las grande ciudades (del Norte global). Ambos tipos de producción generan impactos ecológicos importantes: para el calentamiento global, el acaparamiento extensivo de tierras, la explotación del agua, entre otros. El avance de la privatización de los hidrocarburos y la energía eléctrica se convirtió en prioridad nacional junto con la amenaza de los proyectos de fracking, la expansión de parques eólicos y solares, así como las mini-hidroeléctricas y las grandes represas.
Los territorios son reconfigurados por los planes y proyectos de infraestructura: carreteras, gasoductos, puertos, proyectos turísticos que se integran a los clústers industriales. Recientemente México integra al territorio las Zonas Económicas Especiales. En dichas áreas se conectaran los proyectos de minería, hidroeléctricas, maquiladoras y monocultivos, etc. Otras de las grandes aspiraciones a la construcción de megaproyectos, aeropuertos, trenes, canales secos, oleoductos y refinerías.
En México el 50% de la empresas mineras se establecieron en los últimos diez años, acaparando al menos el 20% de nuestro territorio. La producción de cobre, plata y oro por empresas canadienses y mexicanas se establecen bajo un discurso de “desarrollo económico” sin importar los impactos a la salud o los grandes desastres ecológicos que han causado, por ejemplo el derrame en el Río Sonora en 2014 o el reciente en la comunidad de Cieneguita Trejo en el Estado de Chihuahua. Las cementeras y las caleras son parte de los proyectos mineros más devastadores en el país, tan solo la calera Cahuaré gasta 117,500 litros de agua al día.
Todo México y especialmente la región Sur-Sureste es explotada por este modelo extractivo que viola los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos de los pueblos campesinos e indígenas pero también de los barrios citadinos, con el fin de beneficiar a grandes inversionistas, mientras que aumentan los índices de pobreza, de violencia, de feminicidios, de migración, de pérdida de soberanía alimentaria, de precariedad en los servicios de salud y educación, de desempleo, entre otros indicadores no menos graves.
Desde Chiapas pasando por otros estados más pobres del país como Oaxaca y Guerrero, hasta el norte del México, éstos indices se agravan junto con la inseguridad. El despojo de las tierras y territorios se da en medio de mucha violencia y criminalización a los pueblos y colectivos defensores de los derechos humanos, con el fin de inhibir la movilización social que ha logrado detener muchos de los megaproyectos que inundan el territorio mexicano. Sin embargo, las demandas de las corporaciones trasnacionales contra el gobierno por no garantizar sus proyectos extractivos le implicarían al gobierno de México demandas multimillonarias. De ahí también la oposición del gobierno mexicano a avanzar en la definición del Tratado Vinculante entre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Chiapas enfrenta graves conflictos territoriales generados por los proyectos extractivistas: mineros, represas, monocultivos de palma de aceite, gasoductos, Zona Económica Espacial, el Tren Maya, supercarreteras, instalación de grandes mercados trasnacionales como Wal Mart, extracción de gas y petróleo, concesiones para fracking, monocultivos transgénicos, entre otros.
NUESTRA CONCEPTUALIZACIÓN:
Ante este panorama, es necesario fortalecer la respuesta de resistencia activa de los movimientos frente el despojo y los conflictos territoriales. Muchos han sido los saldos de violación a los derechos humanos y colectivos en esta resistencia activa para detener el avance del capitalismo depredador: muertos, desparecidos, torturados, presos, represión, entre otros. Por ello, consideramos que la mejor estrategia es la Prevención bajo diversas modalidades. Una de ellas es la estrategia de “Territorios Libres”.
Cuando hablamos de “Territorios Libres” nos referimos a una estrategia de 5 componentes: política, legal, jurídica, organizativa, mediática y denuncia de las empresas. La estrategia va dirigida a fortalecer las estructuras político-organizativo de toma de decisión de las comunidades afectadas por concesiones mineras para la toma de acuerdos colectivos que prevengan el avance de las empresas extractivas en los territorios. Se retoma la estructura agraria para que desde el ejercicio de los derechos colectivos las asambleas tomen acuerdos de “No a la minería” y se establezcan en actas o estatutos que tienen peso legal ante el Registro Agrario Nacional, es decir se utiliza un margen de la ley agraria para establecer de manera legal los acuerdos. Desde lo legal, se trabaja para que los ayuntamientos establezcan mediante actas de cabildo el compromiso de “Municipio Libre de Minería”, que significa que el municipio no otorgara durante su periodo ningún permiso de “Uso y factibilidad del suelo” para las empresas mineras. Esta estrategia se debe ampliar al conjunto de megaproyectos.
El fin de la estrategia es la construcción de sujetos políticos, que desmitifique el modelo extractivo para discutir sobre el destino de sus territorios y desde ahí generar acciones de denuncia y exigibilidad de derechos. Por lo que las estructuras agrarias no son las únicas que pueden emprender acciones de defensa, desde el contexto de Chiapas existen otras estructuras organizativas que retoman acuerdos políticos-organizativos, en los que igualmente se discute la gestión, uso y manejo del territorio y los bienes comunes naturales y refuerzan mecanismos de prevención de la entrada del ME.
Los acuerdos colectivos tienen fases de preparación, como la informativa, en donde se acerca y facilita información a las comunidades sobre los daños e impactos del modelo extractivo, las concesiones en los territorios, los actores promoventes, entre otras. Las acciones que se realizan se apoyan desde lo mediático y desde la denuncia de las empresas. La estrategia de la organización se construye en lo local y vinculamos regional, nacional e internacional pues tenemos la tarea de compartir iniciativas en contra del sistema capitalista (lo que nombramos Alter-Natos), por lo que hacemos parte de la resistencia a las diferentes expresiones del extractivismo, para frenar a la imposición de un modelo de desarrollo y pensamiento hegemónico que no aporta a la vida digna, ni al ejercicio de los derechos humanos y colectivos y devasta nuestros bienes naturales comunes.
Nuestras líneas de acción para lograr estos objetivos son: investigación, documentación, análisis y publicación de materiales con enfoque de educación popular; formación y capacitación a organizaciones campesinas e indígenas para intencionar procesos políticos-organizativos y fortalecer la acción política, principalmente de las mujeres, en la defensa de la tierra y el territorio; desarrollamos acciones de comunicación popular para posicionar las luchas y resistencias. Los procesos político- organizativos las fortalecemos con acciones legales para la defensa de los derechos colectivos.
La estrategia de prevención y de denuncia la vinculamos y articulamos con otras redes locales, regionales, nacionales e internacionales. En lo local y regional conformamos el Grupo en Resistencia al Modelo Extractivo de Chiapas. Somos parte de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en lo internacional: Amigos de la Tierra Internacional y Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe, Movimiento de Afectados por las Represas en América Latina, La Red de Derechos Económicos Sociales y Culturales (RED DESC), el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4).
OBJETIVO GENERAL: Intencionar procesos comunitarios para la defensa de los bienes naturales comunes, la tierra, los territorios, y los derechos colectivos de los pueblos, a través de la estrategia de prevención: “Territorios Libres de Modelo Extractivo”, y la denuncia de los impactos socio-ambientales causados por proyectos extractivos en Chiapas, México y AL.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- 1) Consolidar una plataforma estatal de luchas y organizaciones que contribuya al análisis colectivo del Modelo Extractivo y a la creación de estrategias en común para la Defensa de la Tierra y el Territorio ante la amenaza de megaproyectos extractivistas.
- 2) Fortalecer procesos comunitarios para la resistencia y defensa de tierra y territorio a través del intercambio de experiencias con respecto a sus estrategias de lucha, resistencia y búsqueda de Alter-Natos.
- 3) Prevenir el desarrollo de proyectos mineros, represas y otros megaproyectos extractivistas.
- 4) Impulsar procesos de formación política para incorporar al análisis los efectos de la financierización de la naturaleza y economía verde y transición energética.
- 5) Contribuir a la construcción de las estrategias nacionales e internacionales para frenar la expansión del modelo extractivo y crear un frente común de denuncia.
- 6) Fortalecer la acción política de las mujeres en la defensa de la tierra y el territorio.