SITUACIÓN GENERAL:
Las corporaciones trasnacionales expanden cada vez más los agronegocios y con ello controlan cada vez más los precios y enormes territorios indígenas y tierras campesinas. El uso excesivo de agroquímicos, los paquetes tecnológicos, la extracción de agua o de mano de obra barata, la consecuente pérdida de biodiversidad y soberanía alimentaria, son algunos de los saldos que acarrea este modelo acompañado de explotación, pobreza y despojo. La degradación de los suelos y la pérdida de los bosques son un problema acelerado que aporta a la crisis climática.
Chiapas ocupa el primer lugar de superficie sembrada de plátano en el país, pero también de palma de aceite y se ha aumentado la superficie de mango. Pese a que en 2015 se suspendió el permiso oficial otorgado a Monsanto (ahora Bayer), en Chiapas se han sembrado ya 18 mil 911.5 has de soya transgénica asociada al uso de glifosato. Se ha decretado para el estado una Zona Económica Especial que impulsará el extractivismo, la apropiación de territorios y los agronegcios. Chiapas ocupa en el país el primer lugar por contar con 46 Áreas Naturales Protegidas (ANP ́s) por medio de las cuales el gobierno impone formas de gestión de los bienes naturales comunes a las comunidades que están asentadas en ellas, creando sistemas de vigilancia y control de todas las actividades que en ellas se desarrollen. Las autoridades ambientales mantienen latente el riesgo de sanciones, criminalización y despojo de comuneros y propietarios bajo el pretexto de lucha contra la deforestación y degradación. A ello se suma la presencia de la gendarmería ambiental en la selva Lacandona que conllevó la destrucción comunitaria y cultural, la violación de los derechos humanos y facilitó la entrada de las industrias extractivas, agroindustriales y de proyectos de “economía verde”.
En Chiapas se ha incrementado las extensiones de maíz con alto uso de agrotóxicos, y también de café de sol acaparado por empresas como Nestlé o Starbucks, entre otros agronegocios extensivos y de gran escala. Mientras, del otro lado de la frontera, en la región del Petén, en 2015 miles de peces murieron repentinamente a lo largo de 105 km del cauce del río, asociado al derrame de las pozas de lixiviación de la empresa REPSA (Reforestadora de Palma del Petén S.A., parte de Grupo HAME) sobre el río La Pasión con residuos de Malatión, un agrotóxico utilizado para tratar plantas de palma. Este hecho afectó a las 16 comunidades que habitan en las orillas del río La Pasión, un aproximado de 5,600 familias conformadas por cerca de 30,000 personas, y un área de 105 kilómetros, en la frontera de México y Guatemala. Se estima que se perdieron 5,143 Ton de especies de agua dulce. Los efectos contaminantes de este derrame se reportaron también en México en el río Usumacinta, con mortandad de especies de agua dulce, sobre todo de peces.
El gobierno mexicano, con el apoyo del Banco Mundial, promueve la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE) que concentra mecanismos de pago por servicios ambientales y de proyectos tipo 2 de Reducción de Emisiones por Deforestación y Desertificación Plus (REDD+) en el país. La IRE se implementa en los cinco Estados, entre ellos, Chiapas. Estas entidades cubren el 21% de los bosques nacionales, presentan los mayores índices de deforestación y degradación y se les atribuye el 36% de las emisiones de CO2 en materia forestal. Ante ello, el gobierno de Chiapas impulsa mecanismos para el supuesto combate al cambio climático bajo el argumento que la palma de aceite y las represas aportan desarrollo limpio. Otra estrategia ha sido REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques -plus-). Esta fue la primera experiencia REDD+ que surgió en 2010 entre los estados de California en Estados Unidos, Acre en Brasil y Chiapas cuyo gobierno impulsó el “Pacto por el Respeto y Conservación de la Selva Lacandona” para compensar a 1,678 comuneros o “propietarios legítimos” de la selva por su conservación, que terminó en 2013 dejando múltiples conflictos comunitarios, deudas públicas y denuncias que llevó a la institucionalidad a desconocer esta iniciativa como parte de REDD+.
A pesar de este fracaso, en Chiapas se han mantenido iniciativas como el programa de Áreas de Acción Temprana REDD+ y cuatro proyectos de venta de bonos de carbono: Scolel’Te (Ambio S.C.) en la Sierra Madre de Chiapas; Proyecto Piloto Selva el Ocote (Ambio S.C., CONANP y Ecosur) en la Reserva de la biosfera homónima; REDD+ Community Project (CCMSS) en la selva Zoque y el Fresh Breeze Afforestation Project (Proteak UNO S.A.B.) en Tapachula y Palenque. El gobierno estatal, junto con el CTC-REDD+, la Alianza M-REDD+ y Pronatura Sur, desarrollan la Estrategia Estatal REDD+ con financiación de la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés). A estas iniciativas, se sumará la IRE, que tendrá incidencia en las regiones Selva Lacandona, Frailesca, Istmo-Costa y Zoque-Mezcalapa.
NUESTRA CONCEPTUALIZACIÓN:
El impulso del Modelo Extractivo contradice el objetivo de supuestamente combatir el Cambio Climático, ya que van de la mano. Las mineras degradan los suelos y deforestan; las represas generan más del 5% de los Gases Efecto Invernadero (GEI) en el mundo y agudizan la deforestación y pérdida de capa vegetal; la extracción petrolera no solo degrada suelos, contamina y deforesta sino que es causante de los mayores GEI. Sin embargo, lejos de combatir este Modelo Extractivo el consumismo y el derroche del Norte Global, se pretende vincular la deforestación, la degradación de los suelos y la conservación con el Cambio Climático, error muy grave. La capa vegetal del planeta podrá equilibrar los gases naturales que existen en la atmósfera, pero no podrá absorber el carbono extra que la actividad humana inyecta a ella, mucho menos si esa capa vegetal es disminuida por estos proyectos extractivistas. Será necesario entonces recuperar la capa vegetal y las fuentes naturales de absorción de gases, y al miso tiempo disminuir las emisiones, lo que implica necesariamente un cambio de Sistema.
Por ello, convertir la absorción de los GEI en un negocio y la venta de bonos de carbono, conlleva las trampas inherentes al mercado, el control de precios, el monopolio, la especulación y la búsqueda de la rentabilidad. Incorporar las funciones de la naturaleza a la lógica del mercado es, sera y está siendo, un fracaso. Los Pagos por Servicios Ambientales no reducen la pobreza de las poblaciones indígenas y campesinas, genera fuertes conflictos sociales y comunitarios; los 3 “Mecanismos de Desarrollo Limpio” han acelerado el Cambio Climático; privatiza fuentes de absorción de gases y expulsa a campesinos, indígenas y pescadores de sus medios de vida; pretender reducir emisiones con plantaciones de palma y otros monocultivos empeora la situación ambiental y social, y no recupera la capa vegetal que aceleradamente el Modelo Extractivo va eliminando por otro lado a pasos agigantados.
Consideramos que esta no es la estrategia de combate al Cambio Climático. Las comunidades deben participar en la gestión comunitaria de bosques; reducir el consumismo y obsolescencia programada, disminuir el derroche y generar políticas públicas que nos permitan transitar hacia otros sistema posible y sustentable. Para ello, en Otros Mundos AC realizamos investigaciones, talleres, actividades de formación y educación y de búsqueda de alternativas a la financierización de la naturaleza, pero también nos sumarnos al movimiento social contra la economía verde. Apoyamos los esfuerzos del movimiento Redeldía de la Selva Lacandona, formamos parte de la Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Arboles y de la Federación Amigos de la Tierra Internacional.
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer el análisis integral del modelo extractivo, con elementos que incluyan a la economía verde, agronegocio y financierización de la naturaleza, sus efectos en los territorios y afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- 1) Consolidar el análisis del Modelo Extractivo (ME) en la plataforma estatal de luchas y organizaciones que contribuya al análisis colectivo del M.E. y a la creación de estrategias en común para la defensa de la tierra y el territorio ante la amenaza de proyectos como monocultivos, transgénicos, plaguicidas, eólicos, de pagos por servicios ambientales, REDD+ y de venta y patente de biodiversidad.
- 2) Generación de material de educación popular para poner en evidencia la entrada de procesos de economía verde, agronegocio y financierización de la naturaleza, sus efectos en los territorios y afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos.