SITUACIÓN GENERAL
México se ha posicionado como el tercer país más peligroso del mundo, solamente después de naciones en guerra como Irak y Siria. Según cifras oficiales, de diciembre de 2006 a noviembre de 2012 se cometieron 102 mil 696 homicidios en el país y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas hizo referencia a 151 mil 233 homicidios entre 2006 hasta agosto de 2015. Entre 2013 y 2014 siete mujeres fueron asesinadas diariamente en México.
“La CIDH ha venido observando con preocupación la situación de derechos humanos en México que en los últimos años se ha manifestado en mayores denuncias de desapariciones y desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como el recrudecimiento de la inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia e impunidad, y la afectación particular a periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país como las personas en situación de pobreza y/o en zonas marginadas, las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas, entre otros.”
Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hay 32.277 personas desaparecidas entre enero de 2007 hasta el 31 de julio de 2017, esto es desde el sexenio de Felipe Calderón hasta casi completar el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo esta cifra podría ser mayor, debido a que este es un registro únicamente de denuncias realizadas en el Ministerio Público. Fuentes indican que nunca como en los dos primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto han desaparecido más mexicanos en el país: 13 cada día. Uno cada hora con 52 minutos. Y 40% de ellos son jóvenes de entre 15 y 29 años. Estos hechos y el avance de los megaproyectos en los territorios ha ocasionado un enorme desplazamiento forzoso interno en el país. Algunas fuentes indican que para finales de 2014 México registró una cifra de al menos 281.400 desplazados internos, aunque no existe un registro definitivo y total.
La CIDH recibió informes de que entre 2010 y 2014, organizaciones de la sociedad civil registraron 615 casos de agresiones a personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, incluyendo 36 asesinatos. Sin embargo organizaciones sociales elevan estas cifras y especialmente se incrementa entre 2015 y 2017. En el ya mencionado Informe de la CIDH, se señala que “el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEDMA) informó que, entre 2009 y 2015, documentó más de 251 casos de agresiones en contra de defensores y defensoras de derechos ambientales en 23 entidades federativas de México. 109 de estos casos documentados habrían tenido lugar entre mayo de 2014 y junio de 2015.”
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), han documentado como México es uno de los países más peligrosos de mesoamérica para las mujeres defensoras, entre 2012 y 2014 documentan 615 agresiones contra defensoras, lo que supone al menos cuatro agresiones cada semana y señalan un incremento de ataques de un 261% entre esos mismos años.
En un informe sobre la situación de las personas defensoras de la tierra y el territorio en contextos indígenas y campesinos en México realizado por la Dirección de Programas de Incidencia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México señalan 166 agresiones en contra de comunidades campesinas e indígenas de México, ocasionados por estos proyectos de disputa sobre sus territorios y que buscan la mercantilización de sus bienes naturales y comunes. “Es importante enfatizar que Chiapas, Oaxaca y Puebla, los estados en los que se dieron más agresiones son también tres de las entidades con mayor presencia de población y territorios indígenas del país.” En el caso concreto de uno de los megaproyectos más devastadores que enfrentan los territorios en México, la minería, se calcula que son 25 mil concesiones mineras en el país, y muchos calculan que ha significado hasta 2016 la privatización de 112’82 millones de hectáreas, el equivalente al 57’4% del territorio mexicano.
NUESTRA CONCEPTUALIZACIÓN
La grave situación de agresiones que vivimos defensoras y defensores de los derechos humanos, colectivos, y de la tierra y de los territorios contra el Modelo Extractivo, hace imprescindible crear espacios de acompañamiento psicosocial que permitan atender los impactos traumáticos, analizar la realidad, generar estrategias de afrontamiento, visibilizar y socializar los daños, dar apoyo psicoemocional, apoyar el fortalecimiento organizacional, promover espacios de mayor seguridad y confianza, y acompañar los procesos colectivos de quienes resisten en medio de la violencia y la criminalización.
Entendemos por ‘criminalización’ a todos las formas de detener las luchas y desalentar los procesos sociales: órdenes de aprehensión, arrestos, intimidación, amenazas, agresiones, impunidad, asesinatos, violencia y todos los cambios legales que convierten en delitos las diferentes acciones de resistencia, protesta y defensa del territorio y de los derechos humanos. Esta realidad va dirigida a impactar a las personas y organizaciones y debilitar y desarticular las capacidades personales y organizacionales. La atención psicosocial a esta perspectiva de la lucha y la resistencia, aunque poco a poco es más valorada, ha estado muy relegada e inalcanzable en la agenda de los movimientos sociales.
Valoramos como indispensables la generación de espacios de seguridad y confianza para intercambiar experiencias, validar y socializar los daños, analizar la realidad, dar apoyo psicoemocional, y promover el poder colectivo, el fortalecimiento organizacional y las alternativas posibles para la vida.
Las experiencias traumáticas de los procesos de criminalización generan una serie de síntomas personales y dinámicas grupales: miedo, parálisis, insomio, depresión, ansiedad, enfermedades físicas, agresividad, adicciones, dificultades en la comunicación, infelicidad, desánimo, dificultades de pensamiento y de toma de decisiones, así como el abandono de la organización. La amenaza a la propia seguridad y a la de familiares y organizaciones impacta y transforma los procesos de lucha, inserta dinámicas de miedo y parálisis entre las personas y dificulta la toma de decisiones sobre las acciones más adecuadas para cada persona y cada organización.
Entendemos por “Psicosocial” al proceso de inmersión en las fortalezas de los grupos, organizaciones y colectivos que sufren violencia sociopolítica en los diferentes ámbitos de su trabajo. Es un trabajo fundamentalmente colectivo, desde una posición política e ideológica que defiende el derecho de las víctimas a dejar de ser víctimas y retomar ser sujetos políticos en mejores condiciones de bienestar. Defiende la acción comunitaria como acción política.
No es terapia. Va a las causas y no a las consecuencias, trabaja desde las vulnerabilidades hacia los derechos y fortalezas, aumenta la capacidad de analizar el contexto, las capacidades y los recursos de afrontamiento, defiende la posición de que es la propia gente la que conoce las mejores decisiones sobre sus vidas (emancipación, empoderamiento, quien más sabe de la realidad es quien la vive). Lo importante de un Proceso Psicosocial es que sea el propio proceso el que tenga valor independientemente del resultado.
Nuestro posicionamiento ideológico es la Psicología de la Liberación, donde Martín Baró hace una crítica y revisión a fondo de esta psicología social tradicional, individualista y mayoritariamente acrítica, legitimadora de un sistema de dominación. La Ética de la Liberación tanto desde la Teología de la Liberación como la Psicología de la Liberación “implica, como principio fundamental, contribuir a producir y reproducir la vida humana, en su corporeidad, en lo simbólico y pulsional, en sus características específicas y diversas, y en comunidad.” Sobre todo desde la comunidad y para la comunidad, horizontal y contrahistórica, que implica discernir sistemas de opresión y trabajar junto a las víctimas para contar su propia historia ( la historia de lo que ha sucedido y cómo les ha impactado, esto es, lo negado por el orden social dominante), la búsqueda de la verdad de las mayorías populares. Martín Baró desarrollo profundamente temas como Guerra, Violencia, Poder, Opresión, Desideologización, Trauma Colectivo, etc y generó redes importantes en AL en medio de loas guerras y dictaduras de los 80,s.
En Otros Mundos AC impulsamos el fortalecimiento de las mujeres, grupos, colectivos y comunidades indígenas y campesinas, de los procesos de lucha, la calidad de vida y las posibilidades de recuperación del daño recibido por medio del acompañamiento Psicosocial y Fortalecimiento Organizacional; acompañamiento Psicoemocional Personal, Familiar y Grupal; y la Seguridad y Evaluación de Riesgos.
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer los procesos y movimiento sociales, colectivos, organizaciones y comunidades indígenas y campesinas, y en especial a las mujeres, en la defensa del territorio, del medioambiente y los derechos humanos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- 1) Llevar a cabo talleres de intervención psicosocial para afrontar las consecuencias de la violencia sociopolítica y fortalecer estrategias de afrontamiento y las fortalezas de los grupos y las personas que defienden los derechos humanos y del ambiente.
- 2) Aportar espacios de recuperación personal y grupal de afectad@s, de desarrollar espacios de apoyo mutuo poniendo énfasis en las mujeres, por procesos de represión y criminalización; aprender sobre el trauma y las posibilidades de minimizar los efectos personales-familiares- grupales de un evento traumático y apoyar la prevención de cronificación de síntomas.
- 3) Posibilitar a las organizaciones afectadas por procesos de criminalización o que pueden ser afectadas, procesos de formación en mecanismos de seguridad que faciliten su protección, que les permitan desarrollar su trabajo con menos riesgos y apoyar su seguridad física y emocional. Estos talleres les ayudarán a definir estrategias de prevención y de emergencia.