Nace tribunal ético contra minería de frontera
Por Daniela Estrada*
SANTIAGO, sep (IPS) – Quieren llamar la atención sobre desarrollos mineros en zonas limítrofes o con repercusiones bilaterales. Son los activistas latinoamericanos que se reunirán en la capital chilena para «juzgar» proyectos que consideran negativos para las comunidades locales, el ambiente y la seguridad nacional.
«Una de las particularidades de la actividad minera hoy es la expansión hacia zonas tradicionalmente no tocadas, donde se impedía el ingreso por razones geopolíticas o de seguridad nacional, como las fronteras de los países», explicó a IPS Lucio Cuenca, del no gubernamental Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), de Chile.
El OLCA es uno de los organizadores del primer tribunal ético contra la minería de frontera, a realizarse el 30 de este mes en Santiago. En esa instancia se analizarán proyectos de Argentina y Chile, Ecuador y Perú, Bolivia y Brasil, El Salvador y Guatemala, México y Guatemala y el de Costa Rica y Nicaragua (mina Crucitas).
El ejemplo paradigmático lo constituyen Argentina y Chile, que en 1997 firmaron el Tratado de Integración y Complementación Minera. Hasta ahora cinco proyectos han recibido de parte de una comisión binacional el protocolo necesario para operar en la limítrofe cordillera de Los Andes, rica en glaciares.
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EN EL NORTE
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, solicitó el 20 de mayo a Guatemala suspender la explotación de oro y plata de la mina Marlin, ubicada en el occidental departamento de San Marcos, fronterizo con México, al acoger una medida cautelar a favor de 18 comunidades indígenas.
No obstante, Montana Explotadora, subsidiaria de la canadiense GoldCorp, acusada de contaminar varios ríos, continúa operando la mina por retrasos administrativos en el trámite de suspensión.
Mientras tanto Entre Mares, otra filial de la corporación canadiense, está a cargo del proyecto Cerro Blanco en el sudoriental departamento de Jutiapa, limítrofe con El Salvador, al que se oponen grupos sociales salvadoreños y guatemaltecos.
«Existe el riesgo de un conflicto político binacional porque El Salvador tendría los argumentos legales para afirmar que se violan los derechos humanos de sus ciudadanos» debido a la eventual contaminación de los compartidos río Lempa y lago Güija, que surten de agua a la población salvadoreña, sostuvo a IPS Rafael Maldonado, del no gubernamental Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala.
Natalia Atz, de la no gubernamental Asociación Ceiba de Guatemala, dijo a IPS que la realización de un tribunal ético contra la minería supone una gran oportunidad para mostrar los graves daños que esta industria está provocando a las comunidades en América Latina.
La mexicana Ana María Alvarado, de la directiva del no gubernamental Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, confirmó a IPS que expondrá en ese tribunal el caso de la empresa canadiense Blackfire Exploration, que extrae barita en el sureño estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala.
En noviembre fue asesinado Mariano Abarca, dirigente de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería, reconocido opositor a Blackfire. Desde diciembre la mina permanece cerrada.
Una misión de organizaciones no gubernamentales canadienses que visitó Chiapas este año constató daños ambientales, corrupción y violaciones a los derechos humanos por parte de la minera.
* Aportes de Milagros Salazar (Lima), Franz Chávez (La Paz), Danilo Valladares (Guatemala), Emilio Godoy (México).(FIN/2010)
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