#AlertaDefensoras |3 DE 4 INSTITUCIONES DEL ESTADO DE CONFORMAN EL COMITÉ TÉCNICO DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN A DEFENSORES/AS NO ASISTEN A REUNIÓN EN LA QUE SE REVISARÍAN MEDIDAS DE PROTECCIÓN A MIRIAM MIRANDA
A pesar del escenario de alto riesgo que está viviendo la comunidad de Faya, Vallecito y especialmente la defensora Miriam Miranda quien fue sujeta de un atentado el día de ayer 19 de septiembre, las instituciones parte del comité técnico del Mecanismo Nacional de Protección no se presentaron el día de hoy, pese a que tenían una cita acordada con la comunidad desde hace varios meses.
Muchas personas miembras de comunidades garífunas, una delegación de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, también miembras de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y Negras de Honduras (CONAMINH) se movieron desde sus territorios hasta la comunidad de Faya para asistir a esta reunión programada desde el mes de agosto, con el propósito de concretar medidas que hace meses se han acordado para la protección de Miriam Miranda, tales como la asignación de una credencial de beneficiaria de medidas y otras acciones.
La Procuraduría General de la República, el departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público no se hicieron presente, las dos primeras argumentaron falta de presupuesto y personal, y la última no se ha manifestado. Sin duda esta actitud corresponde a la falta de interés y la indolencia de instituciones responsables de la seguridad de las defensoras, y expresan su falta de responsabilidad para que el Mecanismo funcione. Hay que decir que el director del Mecanismo y su equipo de trabajo sí se presentaron a la comunidad en los términos acordados, y se contó con la presencia del Alto Comisionado en calidad de observadores.
Las comunidades y organizaciones reunidas consideran que esta ausencia es una bofetada para el pueblo garífuna y para las luchadoras sociales ahí reunidas; especialmente en el contexto que vive este momento la defensora y su pueblo.
La Red Nacional de Defensoras manifestamos nuestra indignación por el comportamiento de las instituciones del estado que son las que están mandatadas y asalariadas para cumplir funciones de protección y seguridad oficial mínimas.
Seguimos denunciando la situación del pueblo garífuna y su dirigencia que se encuentran bajo ataques sistemáticos y letales, y responsabilizamos al estado, especialmente a la Procuraduría General de la República, la Fiscalía de Derechos Humanos y a la Secretaría de Seguridad por lo que pase con Miriam Miranda y su pueblo. Publicada en Alerta Defensoras
Este 21 de Septiembre, expresamos una vez más nuestra solidaridad con esta resistencia y compartimos algunos materiales que pueden ayudar a comprender la importancia de estas luchas.
El 21 de septiembre es el Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles. Una fecha en que diversas comunidades reafirman y celebran la resistencia ante las plantaciones industriales de árboles que invaden sus territorios.
En todo el mundo, empresas, gobiernos e instituciones financieras promueven los monocultivos de árboles no sólo para la producción de madera, celulosa, caucho, aceite de palma, combustibles o biomasa, sino también para hacer negocios en los mercados de carbono.
Para las comunidades que viven en los territorios donde se instalan las plantaciones, esta expansión significa destrucción de bosques e invasión de tierras fértiles, agotamiento del agua, despojo, violencia -en especial sobre las mujeres-, y contaminación con agrotóxicos, entre otros graves impactos.
Los monocultivos de árboles reducen y destruyen los espacios que son vitales para las comunidades y, por lo tanto, amenazan su capacidad para producir alimentos y desarrollar sus actividades. Asimismo, la industria de las plantaciones refuerza el racismo y el patriarcado, a la vez que deteriora las relaciones e interacciones colectivas. Como consecuencia, las comunidades pierden autonomía y soberanía sobre sus territorios y cuerpos, al tiempo que aumenta la pobreza, las enfermedades y la desigualdad.
Ante ello, comunidades indígenas, campesinas, quilombolas y muchas otras se organizan y resisten este avance, en una lucha por la tierra y por la vida.
Este 21 de Septiembre, expresamos una vez más nuestra solidaridad con esta resistencia y compartimos algunos materiales que pueden ayudar a comprender la importancia de estas luchas.
¡Basta de plantaciones! ¡NO a los monocultivos!
En solidaridad,
El equipo del WRM
* Las comunidades quilombolas son aquellas formadas por descendientes de personas africanas que fueron sometidas a la esclavitud y escaparon para fundar “quilombos” en el Brasil Colonial e Imperial.
Les compartimos esta carta de solidaridad firmada por las 36 organizaciones avales del Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas Mariano Abarca con el moviemiento de vecinas y vecinos de la Colonia Maya – A 18 de septiembre del 2023
Saludamos la presentación del informe de Amnistía Internacional, México: Tierra y ¿Libertad?: Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente. Celebramos que se sigan creando espacios para denunciar las prácticas de las autoridades que han permitido la criminalización y difamación de las personas y colectivos que defienden el territorio.
Queremos recordar que hace un año, un colectivo de 36 organizaciones, decidimos otorgar el premio Mariano Abarca a las y los vecinos de la colonia Maya por su lucha propositiva en defensa del territorio que les rodea. Desde entonces, hemos puesto atención a lo que pasa en su entorno y hoy, con motivo de la presentación de este importante informe, nos queremos sumar a sus demandas. Celebramos, aplaudimos y nos sumamos a la postura de las y los vecinos, en contra de la construcción de una carretera en una zona de conservación que no cumple con los permisos necesarios para construir caminos y casas habitación. Nos sumamos y apoyamos su interés de conocer y analizar el expediente que avala la construcción de una estación de servicio (gasolinera). Estamos enterados que descubrieron información irregular que han querido presentar y aclarar con las autoridades responsables. Para dicho fin, desde el 5 de junio, solicitaron una audiencia pública que hasta la fecha no ha tenido respuesta. Por lo anterior, queremos manifestar nuestra solidaridad con esta comunidad de vecinas y vecinos que, a pesar de recibir respuestas omisas y dilatorias, siguen insistiendo con distintas estrategias con el objetivo de defender sus derechos. En el marco de este informe, queremos reprobar el hecho que, por haberse opuesto a las prácticas depredadoras del empresario de la Moraleja y en alianza con las autoridades de la administración municipal del trienio 2105-2018 hayan logrado que una carpeta de investigación con información falsa y difamatoria, se haya convertido en 6 órdenes de aprehensión para las seis personas que entregamos nuestros datos a la presidencia municipal.
Exigimos, como se dice en el informe de Amnistía, que se revise y se cierre esta carpeta de investigación que es un claro ejemplo de criminalización de quienes son defensoras y defensores del territorio y del medio ambiente.
Atentamente: Canadá: Alianza por la Justicia Minera (MJA), Comité por los Derechos Humanos de América Latina (CDHAL), Comité de Acción para la Justicia Minera (MJAC), Consejo de los Canadienses, Derechos en Acción, Fondo Humanitario de Steelworkers, Fondo de Justicia Social por la Alianza del Servicio Público de Canadá (PSAC), Fronteras Comunes, Grupo de Monitoreo Internacional de las Libertades Civiles (ICLMG), Inter Pares, Kairos Iniciativas Ecuménicas Canadienses por la Justicia, MiningWatch, Red de Solidaridad contra la Minería Injusta (MISN), Unidos por la Justicia Minera. Estados Unidos: Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto de Estudios Políticos (IPS) -Proyecto Sobre la Economía Global, Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), Servicio Mundial Judío Estadounidense (AJWS). México: Amnistía Internacional México, Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Otros Mundos Chiapas, Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM), Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA). Honduras: Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). América Latina: Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe (ATALC), Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Arboles (RECOMA). Cataluña: Entrepueblos. País Vasco: Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)– Paz con Dignidad. Alemania: Salva la Selva/Rettet den Regenwald.
Compartimos este reportaje especial publicado por el espacio Jaltun investigación y acción colectiva sobre los avances del modelo extractivo en la comunidad a orillas de la laguna de Bacalar en Quintana Roo – A septiembre del 2023
Agroindustria, turistificación y Tren Maya en Bacalar:
afectaciones y resistencias colectivas
Narrativas de Resistencia
La milpa, la apicultura y el turismo local fueron durante décadas el sustento económico de un territorio orgulloso de su biodiversidad y destacado por el saber de las comunidades mayas que lo habitan. Todo cambió a partir de decisiones políticas y empresariales que colocaron al pueblo en el mapa letal del extractivismo peninsular. Impactos negativos y luchas por el buen vivir.
Hasta hace un par de décadas, Bacalar era un pequeño pueblo maya de puertas abiertas al Caribe y cuya economía se sostenía a través de la milpa, la apicultura y la docencia, en este último caso a partir del funcionamiento del Centro de Educación Normal en Bacalar. En ese apartado del estado de Quintana Roo el turismo mostraba un rasgo regional y los atributos del lugar se transmitían de boca en boca.
Veinte años atrás, los pobladores no imaginaban que con el correr del tiempo el turismo se convertiría en el soporte económico primordial del municipio. Y que, combinada con la agroindustria, la actividad terminaría resquebrajando el paisaje biocultural y los modos de vida locales.
Dos eventos cambiaron la historia de ese Bacalar ajeno al extractivismo turístico, bajo el cual se promovió la Riviera Maya como destino internacional, y de labor agrícola concentrada entre los pobladores históricos del lugar.
El primero de ellos correspondió a la instalación de colonias menonitas que, a inicios del 2000, comenzaron a proliferar a partir de la compra ilegal de tierras ejidales. Nadie en el pueblo y sus alrededores, ni siquiera los mismos ejidatarios, sospecharon que el arribo de los menonitas abriría paso a una explotación que, respaldada mediante programas de impulso agropecuario, corrupción de funcionarios agrarios e intereses de empresas nacionales e internacionales, terminaría lacerando la selva de Bacalar por efecto de una expansión incontenible.
Los datos de esta depredación son contundentes: según un monitoreo de Global Forest Watch, el estado de Quintana Roo perdió, justamente en 20 años, al menos medio millón de hectáreas de monte a manos del desarrollo turístico, la agroindustria ligada al cultivo intensivo de soya, maíz y caña de azúcar, y la expansión inmobiliaria.
El segundo evento tuvo lugar en 2006, cuando el gobierno federal, encabezado entonces por Vicente Fox, declaró “Pueblo Mágico” a Bacalar. La categoría asignada a la comunidad, estatus pensado para acentuar la explotación turística en determinadas zonas de México, disparó el interés de los capitales privados por hacer del sitio otro espacio destinado a captar visitantes y viajeros sobre todo del exterior.
Cada año, Bacalar recibe un promedio de 180 mil visitantes mientras que su población apenas alcanza los 12 mil 527. De 2005 a la actualidad, la afluencia de turistas creció 750% (INEGI). Fotografía: R. Canul.
Rápidamente se consolidó la idea de comercializar a Bacalar como un paraíso de calma, relajación y aventura basado en las aguas turquesas de su laguna. Ese mismo rótulo es el que terminó por invisibilizar los estragos que fue multiplicando la difusión del pueblo como un espacio, de pronto enfocado, en atraer el turismo masivo.
El aumento de la violencia criminal, la especulación inmobiliaria, el encarecimiento de la tierra, la marginación y la segregación poblacional, la migración, la gentrificación y la folklorización de la identidad maya, fueron algunos de los aspectos que emergieron a partir de la declaración de “Pueblo Mágico”.
Y cuya gravedad resultó invisibilizada tanto por los beneficiarios de los negocios que alentó la categorización como por las autoridades y organismos competentes, interesados también en asegurarse una mayor recaudación económica a partir del cobro de impuestos, regalías y prebendas de ocasión.
Más cercano en el tiempo, el impacto de ambos eventos se vio magnificado a partir de la imposición del Tren Maya, un megaproyecto impulsado por la gestión presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Y que tiene como premisa acentuar la expansión del turismo, la producción agrícola y ganadera a gran escala, y la industria en general en el sureste del país. Con afectación directa de los modos de vida y los medios de sustento de las poblaciones mayas y campesinas que habitan dicho territorio.
La investigación que aquí inicia da cuenta, precisamente, de cómo esta combinación de decisiones e iniciativas impulsadas por actores políticos y del capital privado dio lugar a una transformación de Bacalar que, aún en proceso dramático, tensiona de un modo riesgoso la perduración de las comunidades y sus formas históricas de habitar el municipio.
Expansión agroindustrial menonita
Entre 2001 y 2022, de acuerdo a mediciones de Global Forest Watch, Bacalar perdió casi 130,000 hectáreas de cobertura arbórea. Semejante superficie equivale al 24 por ciento del territorio del municipio, que llega a nuestros días como el más deforestado de todo el estado de Quintana Roo.
En ese lapso, la selva fue rápidamente reemplazada por monocultivos de soya, sorgo y maíz a partir de una agroindustria que ganó tamaño, también, mediante prácticas de compra y renta de tierras ejidales y privadas.
La deforestación de la selva inicia con la apertura de caminos que permiten la expansión de la frontera agrícola. Fotografía: R. Canul.
El rol de las colonias menonitas ha sido determinante en ese sentido. El inicio de la avanzada de estos grupos tuvo su primer capítulo en el inicio de los años 2000, momento en que integrantes de esa comunidad provenientes de Belice hicieron pie en la selva bacalareña con la fundación de Salamanca. A ese posicionamiento inicial le siguieron los de El Bajío, Paraíso y San Fernando hasta completar 15 ejidos con presencia menonita.
Salamanca nació tras la adquisición de 5,000 hectáreas del ejido de Bacalar. Ya en 2004, y a partir del tamaño y la concentración de colonos ostentada por el asentamiento, Salamanca obtuvo el status de ejido menonita en sí mismo, en lo que fue un proceso inaudito hasta ese momento en Quintana Roo.
Fernando Canul, integrante del Consejo Indígena Maya de Bacalar y Colectivo de Semillas Much’ Kanan I’inaj, se refiere a cómo ocurrió aquel arribo.
“El primer asentamiento de menonitas fue en Salamanca. De allí fueron buscando colocarse en otros ejidos. Llegaron ofreciendo una cantidad de dinero que nunca habíamos visto. Dijeron ‘venimos a trabajar, no a cuidar el monte’”, recuerda.
Ubicado a sólo 7 kilómetros de la laguna de Bacalar, Salamanca es fuente de contaminación de los ecosistemas de la zona a raíz del uso indiscriminado de pesticidas que los menonitas ejecutan en su labor agrícola.
Con el cancerígeno glifosato a la cabeza entre los herbicidas que más resultan aplicados sobre los cultivos de soya que se multiplican en el ejido -también de uso común para combatir las hierbas en lotes de maíz y sorgo-, los productores de Salamanca llevan a cabo fumigaciones intensivas que llegan a los acuíferos del municipio por efecto de la naturaleza kárstica del suelo.
Símbolo de la deforestación y el incremento de la presencia menonita en la zona, Salamanca exhibe hoy un tamaño 11 veces mayor al delimitado por la mancha urbana de la cabecera municipal de Bacalar.
A la par de lo ocurrido con ese asentamiento, los ejidos de El Bajío, Paraíso y San Fernando también acumulan años de depredación agroindustrial por causa de los menonitas. En cada caso, el despliegue de los colonos tomó forma a partir de 2012 siempre mediante la estrategia de comprar lotes.
Una vez avecindados en esos espacios, los menonitas fueron un paso más allá con la adquisición de derechos ejidales. En concreto, esta acción les permitió comenzar a tallar en las decisiones respecto del futuro de las tierras de uso común disponibles en esas mismas áreas.
En 2022 el Estado mexicano conmemoró los “100 años de la llegada de los Menonitas a México” mediante la emisión de una moneda de 20 pesos. Fotografía: R. Canul.
El posicionamiento de los colonos llegó a un punto tal que, por estos días, se dan situaciones de ejidos en los que más del 50 por ciento del padrón de, justamente, ejidatarios, corresponde a productores menonitas.
“Hasta hoy vamos más o menos bien. Poco a poco estamos comprando tierra en dos ejidos: El Bajío y Paraíso. Entre las dos colonias ya tenemos como cinco mil hectáreas”, detalla al respecto A. Schmitt, ejidatario menonita de El Bajío.
Salamanca, El Bajío, San Fernando y Paraíso, siempre de acuerdo a Global Forest Watch y el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA), son los ejidos con mayor porcentaje de disminución de cobertura arbórea por superficie ejidal. Pero la merma no se ajusta únicamente a esos espacios: a través de la compra de derechos ejidales y la renta, los menonitas han diseminado la deforestación por otros 16 ejidos aledaños a los ya controlados por los colonos.
En una serie de recorridos llevados a cabo por el equipo de Jaltún, se corroboró que la destrucción de la superficie arbórea en todas esas áreas guarda relación directa con el cambio de uso de suelo para el tipo de agroindustria que desarrollan las comunidades menonitas mencionadas.
Mediante un análisis cartográfico realizado por Jaltún en los ejidos Salamanca, El Bajío, San Fernando y Paraíso, se estableció que la deforestación efectuada en los últimos 20 años implicó la pérdida de más de 11,450 hectáreas de monte. Cifra equivalente a la superficie de la ciudad de Cancún.
Gráfico 1. Porcentaje de disminución de cobertura arbórea por superficie ejidal (2001-2021). Fuente: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2022.
“Están destruyendo la vida del campo. Ellos tienen el apoyo del gobierno, toda la maquinaria que ellos sacan tiene ese aval. Si uno como campesino va, no tiene esas garantías”, asegura Fernando Canul.
Lo expuesto por Canul encuentra asidero en las más de cuatro décadas de políticas agropecuarias que han priorizado la producción agroindustrial en la Península. En ese sentido, las colonias menonitas de Bacalar han sido beneficiadas con incentivos y créditos a través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). Esto, con el objetivo de fortalecer la producción de oleaginosas a partir de la disponibilidad de maquinaria agrícola y semillas.
Los gobiernos, garantes de la deforestación
La expansión agroindustrial en Bacalar es la principal causa de deforestación en el municipio. El cambio de uso de suelo sin previa autorización y con complicidad silenciosa de las autoridades ambientales, sobre todo para la producción de monocultivos como la soya transgénica, repercute de manera negativa en el modo de vida campesino y alienta la pérdida del segundo bosque tropical más extenso de América.
La producción agrícola basada en el uso de agrotóxicos y maquinaria pesada forma parte de la cultura de las colonias menonitas asentadas en la península de Yucatán. Fotografía: R. Canul.
La injerencia de los actores políticos debe entenderse como una variable determinante al momento de explicar cómo este sistema se consolidó con tanta celeridad en Bacalar. En ese sentido, ya en 2012 el municipio quedó dentro del polígono que SAGARPA -hoy SADER, sigla que refiere a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural- otorgó a Monsanto -controlada por la alemana Bayer en la actualidad- para la siembra de soya modificada genéticamente.
La decisión de esa dependencia de gobierno dio inicio a una batalla legal protagonizada por las comunidades mayas de Hopelchén y la misma Bacalar. Los pueblos expusieron a esta acción como una violación al principio precautorio para el derecho a un medio ambiente sano, además de destacar la vulneración del derecho a una consulta libre, previa e informada que fija el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para los pueblos indígenas.
Con el correr de los años, la utilización indiscriminada de agrotóxicos como el glifosato y distintas formulaciones de insecticidas provocó desde la muerte de abejas hasta la pérdida de certificaciones de miel orgánica. La afectación en ascenso motivó que organizaciones de base comunitaria, como la cooperativa apícola Kabi Habin, el Consejo Regional Maya del Poniente de Bacalar y el Colectivo de Semillas Much’Kanan I’naj, se organicen en un frente de defensa para contrarrestar el poderío desbocado del agronegocio.
Precisamente, estas entidades lideraron la batalla legal contra los promotores de la agricultura transgénica y lograron, ya en 2017, la suspensión de la siembra de semillas modificadas de soya en el municipio hasta tanto el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASICA) no realice las consultas pertinentes a las y los habitantes mayas de Bacalar.
Sin embargo, el dictamen legal nunca fue respetado. Y así llegamos a estos días en que, ante la pasividad del mismo SENASICA y la ausencia de controles de uso de suelo y de sanciones tras los actos de contaminación constatados por SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), respectivamente, el cultivo de organismos genéticamente modificados y las pulverizaciones con plaguicidas continúan siendo el sistema de agricultura predominante en el municipio.
En cuanto a la producción de soya transgénica que ocurre en Bacalar, al cierre del año agrícola 2022, la agroindustria reportó una producción de 4,730 toneladas de la oleaginosa. El principal comercializador de lo que genera el cultivo es Jacobo Xacur a través de su firma Proteínas y Oleicos S.A. Su destino industrial comprende desde la elaboración de aceites comestibles hasta la generación de pastas de soya con destino de alimentos para animales, pasando por derivados para la producción de pinturas, barnices y resinas.
A la par de estos procesos también hubo espacio para los artificios alentados desde el ámbito de las autoridades. Así, en agosto de 2021, SEMARNAT presentó como exitosa una serie de diálogos celebrados entre representantes del gobierno federal y las comunidades menonitas de Campeche y Quintana Roo en los que, siempre de forma presunta, los colonos se comprometieron a detener el deterioro de los bosques tropicales. El pacto en cuestión fue publicitado por el organismo bajo la denominación de “Acuerdo histórico con la comunidad menonita para frenar la deforestación”.
Su aplicación no pasó del acto mediático. Isaac Hansen, agricultor menonita de Salamanca, reconoce que las prácticas de los colonos chocan de frente con cualquier idea de freno a la depredación del monte: “Si el gobierno decide apoyarnos con otras formas de trabajo, va a ser difícil por las costumbres que tenemos. Lo veo difícil para nosotros. Necesitaríamos cambiar la forma de trabajo, pero no queremos. Queremos seguir en lo mismo. Sabemos que el mismo México necesita la producción de maíz, soya y frijol. Todo el aceite de cocina, casi todo viene del mismo lugar de donde vendemos la soya”.
Hasta el momento, las autoridades ambientales no han implementado acciones concretas para frenar la deforestación en Bacalar. La última sanción aplicada por esta práctica tuvo lugar en 2018, ocasión en que PROFEPA fijó una multa por algo más de 10.2 millones de pesos a la colonia de El Bajío por carecer de permisos para cambios de uso de suelo.
El turismo de masas da la espalda al pueblo de Bacalar
La laguna de Bacalar alberga al mayor arrecife de estromatolitos de agua dulce del mundo. La turistificación, la agroindustria y actividades antropogénicas ponen en riesgo a este ecosistema (Tarjeta 2021). Fotografía: R. Canul.
Luego de que, en 2006, el gobierno federal de Fox otorgara el status de “Pueblo Mágico” a Bacalar, lo que siguió fue un sinfín de promesas de desarrollo económico para las familias locales. Lo que nunca se dijo es que las fabulosas ganancias prometidas quedarían en poder de empresarios hoteleros y gastronómicos con la espalda económica suficiente para adquirir amplios terrenos junto a la laguna.
El proceso de turistificación acelerada del municipio que inauguró la categorización de “Pueblo Mágico” asignada a Bacalar hizo del sitio otro integrante del proyecto “Grand Costa Maya” que, sobre todo a nivel internacional, promueve el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y que también incluye a Chetumal y Mahahual.
En un puñado de años, Bacalar dejó de ser un destino turístico de peso en determinado momento vacacional, para consolidarse como un área de visita permanente, con promedios anuales del orden de los 180,000 turistas. En los primeros catorce años de vigente el rótulo de “Pueblo Mágico”, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el flujo de visitantes que recibió el pueblo aumentó 750 por ciento.
El próximo 22 de octubre, el pueblo argentino estará votando para elegir su nuevo jefe de Estado. El escenario es complejo desde el punto de vista socio-económico y político. Argentina se ve acorralada por una ilegítima deuda con el FMI que exige recortes presupuestarios y ajustes que afectan dramáticamente a los sectores populares de la población, a la vez que empobrecen a una clase media que, ante un escenario de alta inflación, e inestabilidad económica, enfrenta una recaída histórica de su poder adquisitivo.
El malestar social se ha traducido en las últimas elecciones, así como se observó en Brasil en 2019, en el apoyo de una parte de la población al candidato de ultraderecha Javier Milei, que se presenta contrario a las instituciones democráticas y que aboga por una reducción drástica del Estado y por un ideario de libre mercado al modelo empresarial. Sus propuestas de carácter ultraliberal incluyen la privatización de las empresas y servicios públicos, la dolarización de la economía y el cierre del Banco Central.
Yendo a contramano de todos los debates y los retos que hemos construido junto a la comunidad internacional frente al desafío que es impuesto por la emergencia climática y socioambiental y, por ende, la necesidad de crear mecanismos de cooperación, Milei se presenta como un negacionista del cambio climático.
En caso de ser electo, ya ha anunciado la salida de Argentina del Mercosur y la ruptura de lazos comerciales con países como Brasil y China por considerarlos bajo la órbita del comunismo. Tras la incorporación de Argentina en el bloque de los BRICS, el mismo candidato apuntó que, en caso de asumir como presidente, no respaldará tal incorporación aludiendo que los países que componen el bloque atentan contra las libertades individuales, el derecho de propiedad y el libre mercado. En contraparte, propone como prioridad de su eventual gobierno, el estrechamiento de vínculos comerciales con Israel y Estados Unidos.
Vemos con preocupación el avance de posturas que plantean la ruptura definitiva del bloque MERCOSUR y proponen mecanismos de libre comercio y absoluta liberalización de los mercados en el país.
El MERCOSUR constituye para Argentina el principal espacio de integración económica regional, que permite disminuir las asimetrías entre nuestras economías y el Norte Global, fortalecer los lazos comerciales entre los países que conforman el bloque a través de mecanismos internos y fortalecer la cooperación y la solidaridad de nuestra región.
La integración de nuestros países en el MERCOSUR constituye un recorrido histórico que construye articulaciones en aspectos comerciales, productivos, sociales y políticos, a través del rol fundamental de los Estados que, a través de su unidad, promueven su autonomía y soberanía en el marco de la subordinación hemisférica que la globalización propone.
Ante el avance de la ultraderecha, llamamos a levantar las voces de unidad de los pueblos latinoamericanos por la defensa de nuestros Estados nacionales, la soberanía política de nuestros países y el resguardo de la integración regional.
Somos solidarios/as con las organizaciones y movimientos sociales en Argentina, acompañando con fuerza al pueblo argentino para que logren enfrentar ese avance y preservar la democracia en el país.
Firman:
Amigas da Terra Brasil
CONTRAF – Confederação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil
FASE – Solidariedade e Educação
Frente Brasileira contra o Acordo UE-Mercosul e EFTA-Mercosul
INESC – Instituto Nacional de Estudos Socioeconômicos
ISP – Internacional dos Serviços Públicos
PAD – Articulação e Diálogo Internacional
REBRIP – Rede Brasileira pela Integração dos Povos
Rede Jubileu Sul Brasil
REDES – Amigos de la Tierra Uruguay
SOBREVIVENCIA – Amigos de la Tierra Paraguay
Tierra Nativa – Amigos de la Tierra Argentina
Otros Mundos Chiapas – Amigos de la Tierra México
ATALC – Amigos de la Tierra América Latina y Caribe
En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,
Otros Mundos A.C.
Invita a su cine-debate:
“BOSQUE DE AGUA”
Martes 15 de agosto de 2023 a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
ENTRADA LIBRE
Estamos muy feliz por presentar esta película que participa en la Muestra Mexicana del XII Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente “Contra el silencio; Todas las voces“
Sinopsis:
La región denominada Bosque de Agua es una de las zonas boscosas con mayor diversidad en flora y fauna de México. Además de que provee la mayor parte del agua que se consume en 3 de las principales urbes del centro del país, dota de múltiples servicios medioambientales a la zona más densamente poblada de México. El deterioro de la calidad del agua, el aire y la tierra ponen en riesgo la supervivencia de miles de especies y ciudadanos que habitan una región con un alarmante estrés hídrico.
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
Ellos creen que eliminando a un hombre, a un político, a un dirigente, el proceso social va a desaparecer. Pero es un error. Podrá demorarse, podrá prolongarse pero, a la postre, no podrán detenerlo. En el caso de Chile, si me asesinan, el pueblo seguirá su ruta, seguirá su camino… Con la diferencia, quizás, que las cosas van a ser mucho más duras y mucho más violentas porque será una lección muy clara, muy objetiva para la masa de que esta gente no se detiene ante nada… Salvador Allende Gossens
El 11 de septiembre pasado se cumplieron 50 años de uno de los más lamentables episodios en la historia reciente de América Latina y de la democracia mundial. En el contexto actual, vale la pena rememorar los fatídicos acontecimientos ocurridos el 11 de septiembre de 1973.
La mañana de ese día, Salvador Allende Gossens, presidente legal y legítimo de Chile desde noviembre de 1970, moría1 en el ataque que un sector de las Fuerzas Armadas dirigió al Palacio de La Moneda, sede del poder ejecutivo chileno. Con el golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet Ugarte2 y auspiciado por el gobierno de Richard Nixon, cayó el primer gobierno socialista en el mundo elegido por sufragio universal. Chile se convertiría en el conejillo de Indias del neoliberalismo en América Latina, engrosando así la lista de naciones devastadas por el humillante intervencionismo de los Estados Unidos.
UN LARGO CAMINO
La carrera de Allende en la política fue ciertamente difícil. Pero la perseverancia y la tenacidad hicieron de él un hombre tenaz que supo esperar su momento.
Poco después del fracaso de Marmaduke Grove Vallejo3, un nuevo instituto político nacía en Chile: el Partido Socialista, fundado en abril de 1933, entre otros, por el mismo Grove Vallejo y por el joven Salvador Allende, quien entonces tenía 25 años.
Tres años después, el movimiento comunista internacional, dominado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), hacía un llamado a todos los partidos afines del mundo para frenar el totalitarismo de los gobiernos fascistas europeos.4 Fue así que surgió el Frente Popular (FP). Sin embargo, a pesar de la radicalidad de algunos de sus miembros, el FP tuvo un carácter más bien reformista que le dio el triunfo en las elecciones presidenciales de 1939. Para 1947 el FP había expulsado a todos los izquierdistas radicales de sus filas. Y Allende ya había ingresado de tiempo completo a la política. Antes de cumplir los 30, fue electo diputado por las ciudades de Valparíso y Quillota, región de Valparaíso. En 1945 fue electo como senador y seguiría siendo legislador hasta 1970.
Por otro lado y a pesar de la solidez de sus instituciones, particularmente el Ejército, la democracia chilena enfrentó, desde principios del siglo XX, una constante: la polarización del electorado, reflejo de una sociedad profundamente dividida entre diversas corrientes de izquierda socialistas y comunistas, un centralismo oportunista y grupos de derecha liberal-conservadora, una de cuyas expresiones más importantes fue el Partido Demócrata Cristiano (PDC). Las elecciones de 1964 fueron un claro ejemplo de esta realidad. Las derechas, unidas en el PDC, presentaron como candidato al conservador de centro Eduardo Frei Montalva,5 mientras que las izquierdas tuvieron en Salvador Allende al candidato de unidad. Se trataba de una elección decisiva en la que se enfrentaron de manera más contundente dos modelos de nación.
Chile estaba en la mira de la comunidad internacional, que se debatía en la bipolaridad de la guerra fría.6 El Frente de Acción Popular (FRAP),7 en boca de Salvador Allende, expresaba su abierto rechazo al capitalismo y al imperialismo estadounidense y la intención de transitar pacíficamente hacia el socialismo. Por su parte, los Estados Unidos tenían un especial interés en impedir que cualquier otro país de América Latina emulara a Cuba.8 De ahí que pusieran en marcha todos los recursos a su alcance para apoyar la candidatura de Frei Montalva, que se presentaba como el gran reformador.
A través de operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA),10 el gobierno estadounidense gastó más de 2,7 millones de dólares en apoyo directo a la campaña de Frei. Varios millones más fueron donados por organizaciones e instituciones contactadas por el gobierno estadounidense en Europa: el Partido Demócrata Cristiano de Italia, el Vaticano, las casas reales de Holanda y Bélgica, la Democracia Cristiana holandesa y la alemana así como la Iglesia católica de los Estados Unidos. Con estas donaciones, se creó un fondo administrado por la CIA para 1) Financiar campaña a favor de Frei y de terror contra Allende; y 2) Convencer a distintas personalidades dentro de Chile opuestas a Frei Montalva para que cambiaran a la intención de su voto a favor de aquél. Se calcula que, a través del gobierno estadounidense, se invirtieron más de 4 millones de dólares para financiar acciones clandestinas en contra del FRAP, como quedó documentado por el Comité Church varios años después.11 Los esfuerzos de las derechas chilenas y de sus aliados estadounidenses y europeos dieron resultados: Frei Montalva ganó las elecciones con un cómodo margen de 56 por ciento de los votos contra 39 por ciento de Allende.
Para cumplir con las grandes expectativas generadas, una vez asumido el cargo, el gobierno de Frei Montalva se concentró en sacar al país de la crisis económica heredada del gobierno de Alessandri. La primera medida tuvo que ver con el principal recurso natural de Chile: el cobre. Gran parte de la sociedad chilena esperaba que el país tuviera mayores beneficios de su explotación. El problema era que la industria estaba en manos de empresas estadounidenses. Como en otros rubros, Frei Montalva ofreció una solución intermedia, que dejó satisfechos a los empresarios extranjeros pero que generó mucho descontento y críticas desde las izquierdas. La idea del presidente chileno era, ante todo, aumentar la producción, las ganancias y apropiarse de parte de la industria. Los resultados fueron, empero, muy magros. Si bien los ingresos por exportación de cobre aumentaron en los siguientes años, esto se debió a un aumento en los precios del metal, no a una mayor producción.
Algo similar ocurrió en el sector agrario y la participación política de las clases populares. Por un lado, los resultados de la prometida reforma agraria de fondo frustraron las aspiraciones de los campesinos chilenos, que llevaban décadas exigiéndola. Por el otro, el impulso que Frey Montalvo dio a la conformación de cooperativas y el comunitarismo, lejos de apaciguar la efervescencia política, fortaleció la conciencia política de sindicalistas, estudiantes, profesionistas. Asimismo, aunque el gobierno de los Estados Unidos, siempre al pendiente de los resultados del gobierno demócrata cristiano de Chile, le otorgó un generoso crédito y gestionó que el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo hicieran lo propio, la situación económica del país fue aun más incierta, pues dichos préstamos terminaron por engrosar sustancialmente la deuda externa. La ‘Revolución en libertad’ ofrecida por Frei Montalvo mostraba sus limitaciones más temprano que tarde. Si bien el PDC consolidó su poder en las elecciones de 1965, en los procesos electorales subsiguientes perdió terreno.
Un año antes de las elecciones presidenciales de 1969, el PDC ya no tenía mayoría legislativa. Ante la imposibilidad de reelección consecutiva que impedía a Frei volver a ser candidato, para 1970, las derechas, cuya unidad les había garantizado el triunfo en 1964, decidieron presentarse por separado. La ultraderecha optó nuevamente por el ex presidente Jorge Alessandri como candidato; la Democracia Cristiana, por Radomiro Tomic; y las izquierdas, esta vez aglutinadas en torno a la Unidad Popular (UP),12 una vez más por Salvador Allende. La fragmentación de las derechas en dos frentes permitió, por fin, el triunfo de las izquierdas. Ante el horror de las derechas y del gobierno de los Estados Unidos, el 4 de septiembre Allende ganaba con un reducido margen que, a pesar de todo, no pudo revertirse.
Es importante mencionar que la UP era un grupo heterogéneo que llevaba la unidad sólo en el nombre. Desde los moderados, como el mismo Allende,13 que buscaban la transformación siempre por la vía legal hasta los más radicales que no descartaban el uso de las armas para tal fin, todos encontraron en la UP el espacio para construir un diálogo que en otras circunstancias quizá no se hubiera dado. Lo cierto es que la frágil y coyuntural alianza entre tan diversos sectores de izquierdas jugó un papel decisivo en los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973.
¡VIVAN LA CHICHA, EL VINO, LA CUECA, LA ZAMBA Y LA DEMOCRACIA!
Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, ¡la Unidad Popular al poder! Himno Venceremos (fragmento)
Con una apretada diferencia, la UP ganó las elecciones del viernes 4 de septiembre de 1970.
Luego de la victoria, el objetivo de la oposición y del gobierno estadounidense fue uno: impedir a toda costa la toma de posesión de Allende. Para ello, se movieron en dos flancos: con el Congreso chileno, que debía ratificar el triunfo dado el apretado margen entre el triunfador y Alessandri (de menos de 2 puntos porcentuales); y con el Ejército, algunos de cuyos altos mandos habían expresado un marcado repudio hacia la UP y en especial, hacia Allende.
En cuanto al Congreso, la ultraderecha pensaba presionar a los legisladores para que, violentando el estado de derecho, no reconocieran el triunfo de Allende y, con sus votos y los de la DC, ungieran a Alessandri como presidente. Con el fin de lograr la legitimidad mínima necesaria para gobernar, la idea era que Alessandri convocara a nuevas elecciones renunciando al cargo inmediatamente después. Los democratacristianos rechazaron esta posibilidad y se inclinaron para la propuesta del ex candidato Tomic: nombrar a Allende presidente de Chile a cambio de un Estatuto de Garantías, lo que finalmente ocurrió.14
Quedaba entonces el Ejército, tan institucional como conservador…
Compartimos la siguiente petición hecha por el Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta – A 6 de septiembre del 2023
Hoy nos unimos como voz colectiva, firme y decidida, para exigir justicia y rendición de cuentas en el caso del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, una valiente defensora de los derechos humanos y el medio ambiente. Berta fue cruelmente asesinada debido a su inquebrantable lucha en defensa del pueblo Lenca y de nuestros preciosos recursos naturales. A pesar de que algunos autores materiales han sido enjuiciados, los responsables intelectuales aún permanecen impunes, incluyendo a la familia Atala Zablah. Hace 3 años que esperamos la sentencia de los siete hombres condenados por su crimen y aún no hay justicia. Y desde 2022 esperamos que se confirme la sentencia de David Castilo.
Han transcurrido 7 años desde que perdimos a Berta, y seguimos exigiendo que se haga justicia. Nuestro objetivo es presionar a las autoridades estatales de Honduras para que avancen en la búsqueda de justicia por Berta Cáceres y asegurar que los responsables intelectuales sean llevados ante la justicia. También exigimos que sean confirmadas las sentencias de los condenados por su crimen y de David Castillo.
El asesinato de Berta no fue solamente un crimen, sino también un feminicidio político que resalta la urgente necesidad de justicia para quienes defienden nuestros territorios ancestrales. La búsqueda de justicia para Berta es una lucha que trasciende su persona, es una lucha por nuestros territorios y por el respeto a nuestras comunidades indígenas.
Las comunidades indígenas son la evidencia viva de que los proyectos extractivistas financiados por bancos internacionales no equivale a desarrollo, sino un saqueo de nuestros territorios. La impunidad no puede ser una opción: Berta fue una incansable defensora de los derechos humanos y del medio ambiente; su lucha continúa en su memoria.
Por lo tanto hacemos un llamado a las instituciones del Estado a actuar de manera urgente:
A la Corte Suprema de Justicia presidida por la magistrada Rebeca Ráquel, para que confirme las sentencias ya emitidas. Al Ministerio Público (Fiscalía) para que realice las capturas y enjuiciamiento de todas las personas responsables. Al Congreso Nacional, presidido por Luis Redondo, y al poder ejecutivo, presidido por Xiomara Castro, para que realicen los cambios normativos y de política pública para que se garantice la justicia, reparación, verdad y garantías de no repetición para todas las víctimas, comunidades indígenas y personas defensoras de los territorios, por los crímenes cometidos. Firma la petición y únete a nosotros/as en la búsqueda incansable de justicia y en la preservación del legado de Berta Cáceres.
Gracias por tu apoyo.
“Justicia para Berta, es un grito que no se apaga y una lucha que nos descansa”
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
CHIAPAS Y LOS GRUPOS DE ‘AUTODEFENSA’ Y el manoseo conceptual…
Gustavo Castro Otros Mundos Chiapas 7 de Septiembre 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México https://otrosmundoschiapas.org/
Diversos analistas, centros de derechos humanos, iglesias, periodistas e incluso organizaciones sociales tanto urbanas como rurales, entre otros actores, usan de manera indiscriminada y como les da la gana los conceptos de ‘paramilitares’ y ‘autodefensas’ con el fin de adaptarlos a sus narrativas favorables en sus diagnósticos coyunturales. Por tanto, se cae en contradicciones. Y es que para un análisis o ‘informe’ adecuados, al menos enmarcar el concepto de lo que se entiende por cada uno de estos términos, es de rigor. (Este artículo está en continuidad con El Escaramunjo 114 , 115 y 116).
¿LOS GRUPOS DE ‘AUTODEFENSA’?
Como hemos mencionado reiteradamente, en otras entidades del país se han visto acciones violentas descomunales y alarmantes: decapitados, fosas clandestinas, cuerpos calcinados o ahorcados bajo los puentes, asesinatos de periodistas y de funcionarios públicos o hasta de presidentes municipales.
También se registra el uso de bombas, drones, quema de instalaciones policíacas, retenes falsos o camuflados, balaceras en diversos establecimientos, siembra y consumo de drogas escandalosos, desplazamientos masivos de comunidades enteras, extorsiones y levantones de mujeres, reclutamientos forzados, entre otros muchos indicadores, que han provocado en algunos lugares el levantamiento armado de ciertos sectores de la población con el objetivo de ‘defenderse’ y expulsar a los cárteles de sus territorios.
Estos grupos se han autodenominado entonces como grupos de “autodefensas”, como una reacción frente a las agresiones y que se organizan con un solo objetivo: expulsar al cártel. Es una acción ‘pasiva’ más que ‘activa’.
Por tanto, entenderemos como grupo de ‘Autodefensa’ a un grupo personas, en el ámbito rural o urbano, que se organizan de manera ‘espontánea’, por decirlo de alguna manera, originado por el hartazgo y que de forma armada quieren defenderse de las agresiones del narco. No reivindica ninguna ideología específica, no están en función de construir un proyecto político, no pretende derrocar al gobierno, no busca ampliar su zona de influencia más allá del propio territorio que le están amenazando. No es una guerra continua, permanente, sino de acción-reacción y mecanismos de protección. No se declaran en ‘guerra’ contra los cárteles.
Los grupos de ‘autodefensa’ actúan ante la ‘pasividad’ del estado, la impunidad y la ausencia de las instituciones. No son parte de la estructura del Ejército ni de la policía, ni éstos los entrenan o arman, pero para defenderse lo hacen pese a ellos. Connotan legitimidad y acción positiva por el hecho de defender su vida y hacerle frente a la violencia. Por eso hasta los ‘malos’ usan el concepto.
Los grupos de autodefensa pueden estar conformados por ganaderos, transportistas, productores, generadores de servicios, profesionistas, ex guerrilleros, colonos, organizaciones campesinas, indígenas o urbanas, el ciudadano de a pie, líderes comunitarios, organizaciones gremiales, vecinos y todo aquél que se suma para defender el territorio amenazado por el narco que viola mujeres, roba bienes muebles e inmuebles, cobra piso, extorsiona, entre otras acciones violentas que ya hemos descrito anteriormente. A mayores expresiones de autodefensa más indica que el estado está rebasado, que es parte o cómplice de la violencia o que sus estrategias para garantizar la seguridad no son eficaces.
Consideramos que pocas expresiones de “autodefensa” han sobrevivido. Más temprano que tarde han colapsado y ante la pérdida de rumbo navegan según ciertos intereses. Puede ser que también hayan sido cooptados por el Ejército, la policía o el mismo narco, ya que no tienen un proyecto alternativo a largo plazo qué defender y sucumben en un corto tiempo.
Los grupos de autodefensa no cuentan con financiamiento, aunque algunos que se cuelgan el mote controlen las remesas para la compra de armas, municiones o droga. Las autodefensas no les une más que el hecho de defenderse, no tienen proyectos o cosas en común más que el hartazgo. Pese a ello, nunca a nadie se le ocurrió decir que en algún rincón del país se está al borde de una “guerra civil”, como algunos grupos afirman que sucede en Chiapas y en Guerrero quieren adoptarlo. A nadie se le ha ocurrido decir que el gobierno federal esté armando grupos de autodefensa en la lógica de la contrainsurgencia, como lo fueron las Patrullas de Autodefensa Civil en Guatemala.
Una de las ambigüedades estriba en que cualquiera que se auto defiende de un enemigo se les llama o se autodenominan ‘autodefensa’, ya sea narco, civiles desarmados o ‘paramilitares’. O sea, todos se defienden del otro, ya sea el ‘bueno’ o el ‘malo’. Y como es legítima la autodefensa a cualquiera le sirve de justificación para bañarse de ‘bueno’. Ello significa que no es ‘guerra’, sino ‘autodefensa’, asociada a lo legítimo y positivo. Veamos algunos ejemplos.
En Guatemala, el gobierno y su ejército crearon las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) a principios de la década de 1980 como una fuerza paramilitar contrainsurgente. Al llamarles ‘autodefensa’ y ‘civil’, se pretendió también darle una connotación e imagen positiva. Las PAC provocaron tanta violencia y dolor al pueblo guatemalteco cuando se implementó la política de ‘tierra arrasada’ que exterminó a mucha población por medio de terribles masacres y persecuciones. Se le llamó ‘tierra arrasada’ y ‘exterminio’ y no ‘guerra’, quizás porque las comunidades indígenas violentadas huyeron a México sin enfrentarse de forma armada contra el Ejército y sus PAC’s.
Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se les identificó como una organización paramilitar, narcotraficante y contrainsurgente de extrema derecha que operó durante el ‘conflicto armado interno’, que no se identificó como ‘guerra civil’, entre 1997 y el 2006. Luego revivieron y se les denominó grupos ‘neo paramilitares’, entre ellos las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Clan del Golfo), siempre ligados al narcotráfico.
En El Salvador surge en 2015 un grupo de ‘autodefensa’ en el Departamento de San Vicente integrado por ex combatientes de la ‘guerra civil’ librada entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la dictadura entre los años 1979 y 1992. Este grupo pretendió el reconocimiento oficial para combatir a pandilleros, maras, narcotráfico y asesinatos. En el siguiente Escaramujo hablaremos del concepto de la ‘guerra’ y ‘guerra civil’.
En Panamá, desde 1997 se identificaba a las “Autodefensas Campesinas” y “Brigadas de Autodefensa” como grupos paramilitares muy violentos ligados a los cárteles de la droga, quienes asesinaban, violaban y pretendían el control del paso del Darien.
O sea, los conceptos ‘autodefensa’ como ‘paramilitar’ se usan indiscriminadamente y cada quien a su favor y según convenga. No existe una definición consensuada, lo que no implica el rigor de caracterizarlo a la hora de elaborar los propios análisis e informes sobre la situación en Chiapas.
En México, las ‘policías comunitarias’ fueron legales desde el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934- 1940). Sin embargo, fue hasta poco antes, durante y posterior a la ‘guerra sucia’ de la década de 1970, que la falta de procuración de justicia, la impunidad hacia los pueblos indígenas y con total ausencia del Estado de Derecho, agudizó la inseguridad y el incremento de los delitos en la Región de la Montaña-Costa Chica del estado de Guerrero.
En las masacres en Guerrero siempre han estado vinculados el Ejército Mexicano y fuerzas policíacas. Desde la primera matanza ocurrida durante el proceso electoral en 1952, luego la matanza de estudiantes en 1960 que exigían respeto a la autonomía universitaria, y otra matanza más en 1962 contra la Asociación Cívica Guerrerense (ACG) quienes fueron víctimas de persecución, detenciones, allanamientos y más asesinatos.
En 1967 el Ejército masacra a padres de familia en Atoyac de Álvarez que protestaban frente a la escuela y fue cuando Lucio Cabañas huye a la sierra y funda el Partido de los Pobres. Es asesinado posteriormente en 1972. En ese mismo año, el conflicto en el sector coprero termina en una masacre en Acapulco ordenada por Gobernador del estado.
No podemos olvidar la masacre de Aguas Blancas en 1995. En 1988 el Ejército rodea la escuela en Ayutla de los Libres, donde descansaban autoridades indígenas ñuu savi, y los masacra. En 2014 la terrible desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa presidido de muchos casos de desaparecidos y asesinados.
El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, estaremos platicando con socias y socios tumista asistentes a la Asamblea Nacional de Túmin platicando sobre esta moneda comunitaria y alternativa económica en todo el país e incluso en otros países. Acompáñanos este martes 12 de septiembre a las 6 pm por nuestro facebook live.
Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este martes 12 de septiembre a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki
Les compartimos este informe publicado y coordinado por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo sobre el impacto y poder de los Bancos Mundial de Desarrollo sobre la vida, los pueblos y las y los defensores de derechos humanos; donde Otros Mundos participa con un capítulo de análisis – A 5 de septiembre del 2023
DESMITIFICANDO LA FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO
CÓMO AFECTAN LOS BANCOS PÚBLICOS DE DESARROLLO A LOS PUEBLOS Y AL PLANETA
Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, septiembre de 2023 Este informe ha sido redactado colectivamente por miembros y socios de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo. Este documento está publicado bajo una licencia Creative Commons (CC-BY-SA). El texto puede utilizarse gratuitamente para fines de incidencia, campañas, educación e investigación, siempre que se cite íntegramente la fuente. Este informe está concebido como un documento vivo: todo o parte del material puede ser duplicado, modificado, traducido o adaptado para apoyar su labor de incidencia colectiva, pero rogamos que se mencione debidamente, que no se utilice el material con fines comerciales y que se nos mantenga informados de cómo piensan modificar y utilizar este informe.
Para más información: rightsindevelopment.org/PDBs contact@rightsindevelopment.org
RESUMEN
Los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) constituyen uno de los actores más poderosos de la economía mundial. Los fondos que movilizan y sus prioridades políticas pueden influir –directa o indirectamente— en nuestras vidas y en el bienestar del planeta. Los BPD financian proyectos, proporcionan apoyo presupuestario general y préstamos a gobiernos y empresas, promueven reformas políticas, establecen normas mundiales y sirven como herramientas geopolíticas para los gobiernos que los poseen. Su considerable influencia les permite actuar como gobiernos en la sombra dentro de la arquitectura financiera mundial, y dentro de los países y regiones del Sur Global.
Desde la fundación del Banco Mundial en 1944, el número de estas instituciones y el papel que desempeñan han crecido exponencialmente. En los últimos años, especialmente tras el azote de la pandemia de Covid-19, los BPD han abogado por un papel aún mayor y más fondos para responder a la crisis climática y prevenir futuras pandemias.
Pero, ¿se corresponde su narrativa con la realidad sobre el terreno? ¿Abordan realmente los BPD las causas profundas de la actual policrisis mundial, promueven el desarrollo sostenible y luchan contra la pobreza, la desigualdad y el cambio climático?
Este análisis colectivo analiza algunos de los desafíos clave del actual enfoque de desarrollo impulsado por los BPD en sus proyectos, políticas y prácticas. A través de estudios de caso y una visión general de las principales tendencias en la financiación pública del desarrollo, muestra cómo –con demasiada frecuencia— los BPD acaban exacerbando la policrisis en lugar de abordar sus causas profundas. Algunos efectos de las inversiones de los BPD, como las repercusiones sociales y medioambientales de sus megaproyectos, son más visibles. Otros, como la privatización de los servicios sociales o la creciente deuda de los países del Sur Global, pueden permanecer más ocultos. En cualquier caso, el análisis de estos impactos muestra cómo los BPD socavan las vías y prioridades de desarrollo de los pueblos, comunidades y países del Sur Global, reforzando los desequilibrios de poder y un enfoque de arriba hacia abajo del desarrollo.
Como se explica en la sección de metodología, este documento se ha elaborado en colaboración y consulta con organizaciones y activistas que trabajan en todo el mundo sobre diversos temas, desde los derechos humanos, hasta la deuda y el cambio climático. No se trata de un análisis a profundidad, sino más bien de una visión general sobre los BPD, las tendencias clave en sus inversiones y prioridades, y algunos de los impactos más críticos que causan o a los que contribuyen.
ACERCA DE ESTE INFORME
A pesar del papel crucial que desempeñan y de la importancia de sus repercusiones, pocas personas saben qué son los bancos de desarrollo. Este análisis, elaborado de forma colectiva, pretende crear una base común de evidencia y conocimientos para comunidades, movimientos, personas defensoras de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y otros aliados sobre qué son los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) y cuál es su impacto en el mundo. En el proceso de construcción de una narrativa de la sociedad civil sobre los efectos y acciones de los BPD, el documento también desafía la narrativa sobre lo que éstos dicen ser.
El informe comienza con una breve descripción de lo que son los BPD, su historia, por qué son importantes, sus motivos subyacentes y las tendencias de sus inversiones. A continuación, analiza sus salvaguardias medioambientales y sociales y su marco de rendición de cuentas, incluidos sus puntos fuertes y sus limitaciones. Por último, profundiza en los impactos visibles y ocultos de las actividades apoyadas por los BPD.
La mayoría de los ejemplos de este informe viene de los grandes bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial, y de bancos multilaterales regionales, como el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD). También prestamos atención a los bancos multilaterales de desarrollo nacionales, sobre todo de China y Europa, que conceden préstamos internacionales, incluidas las agencias nacionales de crédito a la exportación. Sin embargo, prestamos muy poca atención a las repercusiones de los BPD nacionales que prestan a nivel nacional en sus propios países, ya que los colaboradores de este informe tienen más experiencia en inversiones internacionales. Tampoco se analizan los efectos diferenciados de los bancos de desarrollo en las distintas regiones y países.
Cualquier generalización que se haga en el informe debe leerse con la advertencia de que los BPD son increíblemente diversos en cuanto a sus estructuras y actividades. Dado que se trata de un documento vivo, agradecemos las sugerencias y críticas de nuestros lectores y lectoras para desarrollar futuros análisis sobre estas tendencias y repercusiones específicas, incluso a escala nacional y regional.
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el gran proyecto turístico que hay en la rivera maya y los impactos del Tren Maya – A 31 de agosto del 2023
Habitantes del municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, lanzaron un llamado urgente para detener las obras del proyecto “Puerta al mar”, cuyo trazo pretende crear un camino desde dicho municipio hasta el puerto de Vigía Chico, atravesando y afectando la biodiversidad que alberga la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.
El pasado martes (29), la gobernadora del estado, Mara Lezama, dio el banderazo de inicio para las obras. El evento estuvo acompañada por ingenieros militares, entre ellos Barux Hernández Chavarría, capitán primero constructor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que tendrá a su cargo la construcción.
También se contó con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno y se difundió que será un camino de 55 kilómetros, desde Felipe Carrillo Puerto hasta Vigía Chico. De este trazo, se planea construir un camino artesanal, con cinco metros de ancho, a lo largo de 33 km que atravesarán la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, ubicada en el litoral central de Quintana Roo, en el mar caribe.
Dentro de la selva protegida dentro de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an se observa el trabajo de maquinaria pesada removiendo vegetación
Mediante comunicado difundido ayer (30), habitantes de Felipe Carrillo Puerto se manifestaron en contra de la imposición del proyecto debido a que, argumentan, las obras ponen en grave peligro su seguridad, tranquilidad y libertad de hacer uso de su territorio de acuerdo a sus necesidades.
En la denuncia, argumentan que el proyecto está basado en un modelo de turismo que, además de modificar y apropiarse del territorio de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’aan, acrecentará los problemas ambientales, la desigualdad; además de aumentar la presión para satisfacer de servicios básicos como el agua, transporte y vivienda en la región.
“Desaprobamos la forma en la que se ha puesto en marcha este proyecto sin los estudios adecuados ni información pertinente y accesible para toda la comunidad”, acusan en el comunicado, el cual acompañaron con imágenes de la deforestación que ya están generando las obras.
La denuncia titulada ¿Reservada para quienes?, señala que el proyecto turístico servirá para perpetuar la acumulación de tierras, dinero y poder en beneficio de la industria turística e inmobiliaria, en lugar de cubrir las necesidades básicas de la población como son la falta de servicios de salud, vialidades, inseguridad, entre otros problemas que viven las y los habitantes de Felipe Carrilo Puerto.
“Es por eso que se hace un llamado e invitación a cualquier otro, seamos pocos o muchos para cuestionar, defender, reconocer, sumarse y proteger este camino que nos pertenece, que habitamos y nos aporta tanta riqueza que apenas estamos empezando a conocer y no se puede valuar monetariamente”, invitan en el comunicado.
Afectaciones
Puerta del cielo, como se conoce en español, fue la primera gran área tropical protegida de México y fue declarada dentro de esta categoría desde 1987 con una extensión mayor a 528 mil hectáreas.
Como parte de la reserva, frente a la costa del mar Caribe, se ubica lo que se considera como el segundo mayor complejo de arrecifes coralinos en el mundo con una longitud de 110 km, solo después de la Gran Barrera de Arrecifes, al oriente de la costa de Australia.
La reserva de Sian Ka’aan también alberga otros ecosistemas marinos de alto valor en biodiversidad como manglares y humedales. En la reserva habitan más de 2,580 especies de plantas y animales de las cuales 158 se encuentra dentro de alguna categoría de riesgo. Entre las especies en peligro de extinción se encuentran el tucán pico de canoa, el halcón peregrino, la cigüeña americana, el mono aullador, jaguar, ocelote, manatí y el tapir. En cuanto a la zona de arrecifes habitan más de 315 especies de plantas y animales de las cuales 37 se encuentra dentro de alguna categoría de riesgo.
Acorde a la información difundida esta semana, las proyecciones para concluir las obras de “puerta al mar” deberán concluir en diciembre y cuentan con una inversión de 570 millones de pesos. Funcionarios anunciaron que en la zona de Vigía Chico se planea la construcción de un parque con estacionamiento; además se proyecta la instalación de restaurantes, miradores y mas infraestructura turística.
Según el encargado de la obra, Hernández Chavarría, “para la construcción se están siguiendo todos los protocolos de cuidado en el Área Natural Protegida, para la protección del suelo, flora y fauna”.
La gobernadora de Quintana Roo junto a ingenieros militares durante el inicio de las obras.
Por su parte, habitantes de Felipe Carrillo Puerto aseguraron que la obra impacta y afecta sus formas de vida, la relación que mantienen con el lugar y las dinámicas físicas y biológicas de su territorio. Por ello, señalaron que “no permaneceremos en silencio observando pasivamente ante proyectos que poco a poco se apropian de nuestro territorio y nos despojan de la vida que nos rodea; en los más de 78km de camino que han sido hasta ahora la selva más conservada de nuestros alrededores”.
