Les compartimos esta invitación para asistir a este conversatorio donde participaremos l día miércoles 6 de noviembre de 9:30 AM a 3 PM en la unidad de SCLC, Chiapas de la Universidad Autónoma de Chapingo: México-Guatemala los bienes comunes «Territorio, Bosque y Agua»
Les compartimos esta invitación de Prensa Comunitaria para conectarse a este webinar sobre el #CasoTrecsa: Evidencias sobre los actos de corrupción que rodean a la empresa Trecsa – A 30 de julio del 2023
GUATEMALA* *Webinar: TRECSA EN EL CIADI. Corrupción e impunidad*
El caso Trecsa ha estado plagado de corrupción e ilegalidades desde su aprobación y firma de contrato.
Las pruebas las han puesto en evidencia investigadores, operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos.
Hoy, la empresa Trecsa y el Grupo Energía de Bogotá demandan al estado de Guatemala por la suma de 403 millones de dolares, mientras esconden los hechos delictivos que han cometido para establecerse como entidades mercantiles en nuestro país.
Retomamos con la presencia de expertos en el tema y damos a conocer el proceso legal internacional millonario que enfrenta nuestro país en el tribunal de arbitrajes del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones-CIADI.
Escucha de voz de expertos sobre el.origen de la impunidad y despojo que representa esta transnacional. Ponentes: Sochil Acajabon. Defensora de DDHH, educadora y ambientalista. Miembro de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por TRECSA. Guatemala Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate. Miembro fundador del Observatorio de Multinacionales de América Latina-OMAL. Economista e investigador. España Cato Tafur Ocampo. Ambientalista y escritor, miembro de la Veeduría de Defensores del Bosque de Niebla, Colombia defensor del bosque de niebla en Colombia
*Moderadora: Ana Laura Rojas. Comunicadora Social, investigadora y defensora de DDHH. Miembro de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por TRECSA. Guatemala
#FueraTrecsa#ExigimosReparaciones#ExigimosJusticia#Ciadi
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X: https://x.com/PrensaComunitar/status/1818073852053729397?t=AEg1YMiJ0FyAeeuhXECh-A&s=19
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre los impacto de los monocultivos de palma de aceite en la región – A 9 de julio del 2024
Luego del operativo policiaco que desalojó, en mayo pasado, a 30 familias maya q’eqchi’ miembros de la comunidad de Buena Vista, al norte del Lago de Izabal, Guatemala, actualmente suman nueve comunidades en la misma región del Valle del Polochic las cuales viven con la amenaza de desplazamiento forzado.
Con diversos llamados de alerta, autoridades comunitarias de las poblaciones indígenas han denunciado las intenciones del Ministerio Público (MP) para ejecutar órdenes de desalojo, que comunidades denuncian “son promovidos por funcionarios y propietarios”, productores de aceite de palma que acapararon tierras en la región, contra comunidades tanto del norte y sur del lago.
Reportes de Prensa Comunitaria registraron que, durante el desalojo de las 30 familias, además de los elementos policiacos también estuvieron presentes Luis Fernando Arriaza Migoya y miembros de su equipo de seguridad privada. Arriaza posee monocultivos de palma aceitera que suministran a la empresa Naturaceites, la cual se encarga de procesar y comercializar aceite de palma a trasnacionales.
Acorde a medios locales, durante pláticas entre la población desalojada y la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos de Guatemala, funcionarios notificaron que son nueve las comunidades con riesgo de expulsión en la región: Plan Grande, Agrario El Tunico, Chapin Abajo, Chinebal, Las nubes, Lote 6, Semococh y Qotoxha del municipio de El Estor, Izabal, así como Santa Lucia de Panzós, en el departamento de Alta Verapaz. En total, se contabilizan mas de 1,500 personas amenazadas de desplazamiento forzado.
Las 30 familias ya desalojadas, entre mujeres embarazadas, infancias, ancianos y adultos de la comunidad de Buena Vista, viven en un campamento improvisado debajo de los árboles.
El refugio, dentro del terreno de la comunidad de Santa Rosita, también se encuentra en peligro, pues ésta última también cuenta con orden judicial cuya ejecución se esperaba ocurrir el pasado 26 de junio, pero que ahora fue reprogramada para el próximo 28 de agosto.
“Es injusto que se sigan cometiendo estos actos violentos, muchos niños y mujeres sufren de problemas de salud. Hoy vemos el resultado de un desalojo donde las familias quedaron abandonadas y los niños sin oportunidad de educación”, comentó Gabriel Pacham, autoridad ancestral de El Estor, sobre los desplazados y la amenazas de desalojo contra otras 30 familias que conforman Santa Rosita.
Entre siete a nueve personas desplazadas tienen órdenes de captura por los delitos de usurpación agravada y atentado contra el patrimonio natural, pues son acusados de tala de árboles. Aunque algunas personas han sido condenadas en estos procesos judiciales, han apelado a la sentencia, con asistencia legal de organizaciones de derechos humanos.
A través de conferencia de prensa en los últimos días de junio, el Consejo de Autoridades ancestrales del pueblo Q’eqchi’ repudió los distintos desalojos realizados en contra de comunidades del Polochic, y demandaron al gobierno de Bernardo Arévalo garantizar la seguridad de las familias de Buena Vista, quienes habitaban las tierras desde que, en 2015, obligados a desplazarse por un desastre natural, se instalaron en la finca Tz’inté, territorio que poblaciones maya q’eqchi’ reclaman como suyo por propiedad ancestral.
El Consejo de Autoridades Ancestrales del Pueblo Q’eqchi’ también denunció que autoridades del Estado, la jueza Sandra Nineth Ayala (quien ordenó el desalojo de Buena Vista y promueve otros más), el gobernador de Izabal, Carlos Tenas, y el alcalde municipal de El Estor, Genaro Ico Cholom, se estuvieron reuniendo para acordar los operativos sin la participación de las comunidades, a lo que están obligados por parte del protocolo de desalojo en Guatemala.
“Desconocemos la existencia de un plan. Este extremo pone en grave riesgo nuestra vida, pues únicamente pretenden desplazarnos sin un plan claro de atención humanitaria”, reclamaron las Autoridades Ancestrales mediante rueda de prensa. Además, acusan que esto se debe a “una carga de racismo y discriminación, porque carece de toda sensibilidad humana al señalarnos y argumentar que somos un grupo criminal, ignorando que poseemos todas las cualidades de una comunidad organizada que reproduce la vida de forma organizada”.
Apenas el pasado jueves (4), familias de Plan Grande reportaron que trabajadores de la finca El Murciélago, propiedad de Miguel Ángel Arriaza Migoya, amenazaron con desalojar a las 38 familias de dicha comunidad.
Por esta situación, el Comité de Unidad Campesina (CUC) compartió que las comunidades realizaron la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, EEUU, para solicitar el mecanismo de protección de dicho órgano, a partir de medidas cautelares para brindarles seguridad ante los desalojos. “No queremos más criminalización, persecución, más desalojo”, sostuvo la organización campesina, la cual también promueve una acción de amparo para evitar el desalojo de las familias de Buena Vista y Santa Rosita.
Por su parte, Pedro Cuc, autoridad ancestral de la comunidad de Chapín Abajo, aseguró a Avispa Mídia que cuenta con información sobre un posible desalojo contra su comunidad y la población vecina de Chinebal, a ocurrir durante los próximos días. Pero aún esperan una notificación oficial por parte de las autoridades.
“Si ellos quieren entrar a la fuerza, nosotros tampoco vamos a retroceder, la organización está en alerta”, asevera y asegura que la responsable por promover el desalojo es la empresa Naturaceites S.A., propiedad del empresario de origen suizo-alemán, Juan Maegli Müller.
Ante ello, lamenta que en Guatemala, dado el poder e influencia del agroindustrial, las denuncias de la población maya q’eqchi’ no son atendidas. “Porque el organismo judicial es de las empresas, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad también”, reclamó ante lo que señala como omisión de parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y el MP ante las acusaciones de los indígenas por la violencia mediante la cual la familia Maegli Müller acaparó las tierras.
Imagen: Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se encuentran albergadas bajo un techo de nylon en la entrada de la carretera que conduce a Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo. Foto: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria
Les compartimos esta invitación:
Domingo, 5/05 – 18 horas Brasília, 15 horas en México
DIÁLOGOS EM MOVIMIENTO
Ríos Mayas: integración cultural México/Guatemala
El territorio fronterizo entre México y Guatemala se caracteriza históricamente por un alto intercambio cultural y comercial, pero también por múltiples conflictos y situaciones violentas.
¿Cual es el simbolismo de los Ríos Mayas para las comunidades, las culturas y las artes? A partir de la preservacion de los ríos y desde de la construcción de alternativas comunitárias, algunas organizaciones han desarrollado propuestas para la agroforestería, agroecología, baños secos, bioconstrucción, captación de agua de lluvia, biofiltros, tecnologías apropiadas, acciones de soberanía alimentaria, turismo solidario y economía comunitaria etc, cómo forma de contribuir para crear un territorio más pacífico y sustentable.
Invitados:
Marco von Borstel. Activista, escritor, comunicólogo y educador popular mexicano, y Francisco Rocael (Chico), dirigente del Consejo de Pueblo Maya, desde Guatemala
Mediación: Dennise Gálvez (Bolívia) e Paulo Santos (Brasil).
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Compartimos este comunicado de Consejo del Pueblo Maya CPO y el Consejo de Pueblos Wuxhtaj – A 15 de abril del 2024
CONDENAMOS ENERGICAMENTE LA DETENCION DEL COMUNITARIO TOMAS DOMINGO MATEO ¡
Reactivan persecución legal y política en contra de líderes defensores de los ríos en Huehuetenango
En la ciudad de Huehuetenango fue detenido por parte del Policía Civil el líder comunitario Tomás Domingo Mateo, actual presidente del Comité de Energía Eléctrica de Pojom, San Mateo Ixtatan, Huehuetenango.
Esta detención tiene relación directa con la persecución legal y política de la que han sido víctimas líderes y lideresas defensoras de los ríos en el marco de la imposición de proyectos hidroeléctricos privados en el norte de Huehuetenango. El compañero Tomas Domingo Mateo, fue denunciado arbitrariamente por operadores de la empresa Proyecto de Desarrollo Hídrico -PDHSA- desde el 2016 cuando fungía como autoridad comunitaria.
Esta detención forma parte de una serie de desestabilización que se está dando a nivel nacional y la reactivación de la persecución legal y política en contra de los defensores de los derechos humanos en el país.
Exigimos la liberación inmediata de Tomas Domingo, porque es víctima de un montaje judicial como lo han sido los casos de defensores de los ríos que han sido declarados inocentes en diferentes tribunales.
Huehuetenango, 15 de abril de 2024
Consejo de Pueblos Wuxhtaj
Miembros del Consejo del Pueblo Maya CPO
Les compartimos la siguiente nota de Avispa Midia sobre la resistencia a la palma de aceite en Guatemala – A 15 de noviembre del 2023
Por Renata Bessi
Lago de Izabal, lugar sagrado para el pueblo Maya Q’eqchi’. Las aguas azules obscuras forman un espeso espejo de casi 600 km2, cerca de la costa del Mar Caribe de Guatemala. Alrededor de todo el lago, el más grande del país, han vivido desde siempre las comunidades Maya Q’eqchi’, desde antes de la llegada de los españoles.
Desde El Estor, núcleo urbano al norte del lago, donde hay una base militar, el equipo de este reportaje siguió una línea recta, hacia el sur del lago, lo que significa aproximadamente dos horas de viaje a bordo de una lancha acondicionada para realizar viajes colectivos de la comunidad. Es la única forma, en época de lluvias, de llegar en estos territorios. Ahí, la bienvenida se recibe de un paisaje monótono verde olivo de extensas plantaciones de palma africana.
En este lado del lago habitan 16 comunidades Maya Q’eqchi’ que luchan para continuar viviendo en sus territorios y salir del arrinconamiento que les ha sometido las extensas plantaciones de palma de la empresa Naturaceites. Ahí también está un segundo destacamento militar.
A pocos metros del desembarque en esta parte sur del lago está la comunidad Chapín Abajo, que ha sufrido, por lo menos en los últimos tres años, la intensificación de los intentos de desalojo y de incursiones militares violentas por supuestas órdenes de captura a sus miembros. Durante las incursiones, militares del destacamento de la parte norte del lago se mueven en rápidas lanchas para el “combate”.
La abuela Maya Q’eqchi’ que se identificó como Juana recordó con dolor en su lengua materna el último ataque a la comunidad. “Sentía el rugir de las balas por detrás de mis pies, mientras intentaba proteger a los niños. Nos trataron como animales”, cuenta al equipo de Avispa Mídia. Los militares incursionaron violentamente en Chapín Abajo el 6 de diciembre de 2022, supuestamente contaban con 20 órdenes de captura contra comunitarios, “órdenes que nunca nos enseñaron”, agregó la abuela Juana.
Un contingente policial de aproximadamente 5 mil agentes “mezclados con cuadrillas que sabemos que son pagadas por la empresa [Naturaceites]”, cuentan los pobladores, cercaron la comunidad durante horas hasta la madrugada, “nos atacaron”. Antes de estos hechos ya habían atacado dos meses antes, el 26 de octubre de 2022.
Las mujeres de la comunidad hicieron frente y tomaron las riendas de la situación. Salieron al encuentro del contingente. “A través de un megáfono preguntábamos qué estaba pasando, si acaso éramos narcotraficantes o estábamos haciendo actos ilegales para que fuéramos criminalizados y perseguidos de esta manera. Pues ellos, de igual forma, no respondieron a nada, sino al contrario, ellos ingresaron”, relata para Avispa Mídia, en su lengua Maya Q’eqchi’, Alba María Choc, quien fue agredida y detenida en esta ocasión, junto a su hijo de 14 años. “Ingresaron sarcásticamente accionando sus fusiles y pistolas”, recuerda
Autoridad ancestral Pedro Cuc al lado de su familia. Foto: Aldo Santiago
Como en las películas del viejo oeste, tres fotos de las autoridades ancestrales figuran en carteles que ofrecen 50 mil quetzales a quienes ofrezcan informaciones sobre ellos, por participar de movimientos en defensa del territorio. “El Estado regó carteles con nuestras fotos por todo El Estor ofreciendo recompensa a cambio de informaciones sobre nosotros”, cuenta al equipo de Avispa Mídia Pedro Cuc Pan, una de las tres autoridades ancestrales perseguidas, miembro del Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’ de Chapín Abajo, quien también se ha declarado en resistencia contra la minería y la plantación industrial de palma aceitera, también conocida como palma africana.
Ahora en el territorio se siente una calma tensa. La memoria de la violencia aun está presente y afecta especialmente a los niños y ancianos. La posibilidad de que en cualquier momento se pueden suscitar nuevas incursiones militares es latente. “Siguen las órdenes de captura”, señala Pedro Cuc.
En Chapín Abajo, alrededor de 200 familias viven en cuatro hectáreas. Esta comunidad está cercada por plantaciones de palma de la empresa Naturaceites, la cual se vanagloria de estar certificada al 100% bajo la certificación estándar RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil, en español Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible).
Las familias no tienen espacio suficiente para sus cultivos de subsistencia y tampoco para criar animales. Ya no les queda espacio para construcciones esenciales para la comunidad como una escuela para los niños.
La zona es controlada por la seguridad de la empresa y por los militares. “Somos vigilados todo el tiempo, incluso por drones”, sostiene Ana Coc.
Naturaceites sostiene que todas las tierras donde tienen plantación son suyas. También dice en sus informes que posee los documentos que le aseguran la propiedad de las tierras. No obstante, las comunidades y organizaciones tienen otra perspectiva de cómo la empresa fue acumulando tierras.
La empresa afirma que posee un total de 11 mil 736 hectáreas propias
y 16 mil 249 hectáreas de productores asociados en los municipios de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz; San Luis, Petén; Panzós, Alta Verapaz y El Estor, Izabal.
En el Valle de Polochic, donde está Chapín Abajo, según información de la propia empresa, posee 6 mil hectáreas no continuas de plantaciones y una planta de beneficio. Sus marcas comerciales son: Capullo, Cora y Great Taste.
Erwin Tut, de la Fundación Guillermo Toriello, que ofrece asesoría y acompaña no solamente Chapín Abajo, sino que también a otras comunidades afectadas por la palma y la minería en la región, sostiene para Avispa Mídia que gradualmente “las comunidades fueron siendo arrinconadas por la palma”.
La estrategia utilizada por Naturaceites fue apropiarse poco a poco de las tierras y, en muchos casos, fueron registrando “de manera anómala” en su nombre, sostiene Tut. “Hay un acaparamiento enorme de tierras y hay mucha vinculación con el gobierno”, señala.
La Ley de la Oficina de Control de las Reservas Territoriales, por ejemplo, garantiza que las tierras que están a una distancia de hasta 200 metros del lago son del Estado. “Pero ¿qué pasa?, la palma está en toda la orilla del lago. Y si vamos a reclamar, la empresa dice que tiene los títulos de estas tierras. ¿Y cómo lo obtuvieron?”, indaga.
Otro caso que ilustra las formas turbias de cómo Naturaceites fue concentrando las tierras es respecto al proceso del indígena Maya Q’eqchi’ Oswaldo Rey Chub Caal, capturado y acusado por usurpación de tierras, en el desalojo de la comunidad llamada Palestina, en la finca Chabiland, Chinebal, al sur de El Estor, en noviembre de 2021. La acusación es de la empresa Naturaceites, quien alega que las tierras son suyas.
Él permaneció nueve meses en prisión. Al final, la empresa no pudo comprobar las acusaciones contra el indígena y fue puesto en libertad. El indígena Caal, que es de la comunidad de Chapín Abajo y quien, en solidaridad, estuvo presente en el desalojo violento de la comunidad Palestina, fue liberado porque la empresa no logró probar que es propietaria de las tierras. El registro de propiedad que presentó durante el proceso no correspondía a la finca en El Estor, pertenecía a otra jurisdicción, al municipio de Livingston.
Oswaldo Rey Chub Caal. Foto Renata Bessi
Es decir, “¿cómo Caal pudo ser acusado por Naturaceites de usurpar una tierra que no tiene cómo probar que son suyas?”, dijo el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas, Juan Castro, quien defendió el indígena Maya Q’eqchi’ en los tribunales.
Con base a ese mismo título de propiedad, señala el abogado, existe una serie de otras órdenes de captura en contra de otros comunitarios que estuvieron en el desalojo.
“Nosotros, las organizaciones, así como las comunidades, no tenemos recursos para hacer un estudio completo de la ocupación de las tierras y de los registros catastrales, es muy caro. El Estado no tiene interés de hacerlo. Pero en estudios que hemos logrado hacer en casos específicos, nos deparamos con esta realidad, con esta misma lógica anómala de apropiación de tierras”, argumenta el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas.
Durante el periodo colonial, explica el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas, Juan Castro, los maya Q’eqchi’s no fueron pueblos que habían desarrollado una titulación de sus territorios, como ocurrió en otras regiones de Guatemala, cuyos títulos se conservan hasta la actualidad.
Tener el registro implicaba comprar sus propias tierras a la Corona española y, como consecuencia, tenían que someterse al régimen de tributación que había en ese entonces.
Después, con la creación del Registro de la Propiedad, alrededor de 1870, “muchas de estas tierras fueron tituladas a particulares y también como fincas públicas. Sin embargo, las comunidades siguieron permaneciendo ahí, a pesar de no tener títulos”, puntualiza el abogado.
“Son comunidades que no tienen registros de la titulación de esas tierras, pero tienen una posesión histórica y tienen una relación histórica con el territorio”, subraya Castro.
El Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial del municipio de El Estor 2018 – 2032 identifica Chapín Abajo como uno de los lugares con “mayor antigüedad e importancia por su densidad y pertenencia Q’eqchi’ se ubican en el área de la cuenca del lago de Izabal”. Además de Chapín Abajo, mencionan: Nueva Esperanza, Lancetillo, Chinebal, Río Zarquito, Pataxté, Chichipate, Setal y Selempin.“A nosotros no nos pertenece la tierra porque un documento lo diga o porque un ingeniero lo dijo, nos pertenece la tierra porque aquí murieron nuestros antepasados y aquí nacimos nosotros. Entonces la defendemos”, dijo Pedro Cuc.
Compartimos esta carta de solidaridad lanzada por el Insituto de Estudios Politico IPS, te invitamos a difundirla y firmarla
Este hecho criminal sucede en un contexto de violencia, amenazas y alto riesgo para las y los defensoras/es de los territorios en Guatemala, inclusive específicamente en el territorio Xinka, en donde el pueblo ha sostenido una lucha amplia y permanente desde los departamentos de Jutiapa, Santa Rosa y Jalapa por la salud, el agua, los bosques, las tierras y el territorio del pueblo.
November 6, 2023
El sábado 28 de octubre del 2023, fue asesinado el líder comunitario Xinka, Noé Gómez Barrera, de 69 años de edad, en el departamento de Jutiapa, Guatemala. Don Noé, muy querido y respetado por la comunidad, era un integrante de las autoridades ancestrales del Parlamento del Pueblo Xinka, y desde el 2002 ha sido parte de la defensa de los derechos del pueblo Xinka en Jutiapa contra la empresa Alternativa de Energía Renovable. En estas últimas semanas, participó activamente en el Paro Nacional Indefinido en Guatemala por la democracia frente a los intentos del “Pacto de los Corruptos” de mantenerse en el poder después de la elección de Bernardo Arévalo quien debe asumir la presidencia el 14 de enero de 2024 y quien se ha comprometido frenar la corrupción en el país.
Este hecho criminal sucede en un contexto de violencia, amenazas y alto riesgo para las y los defensoras/es de los territorios en Guatemala, inclusive específicamente en el territorio Xinka, en donde el pueblo ha sostenido una lucha amplia y permanente desde los departamentos de Jutiapa, Santa Rosa y Jalapa por la salud, el agua, los bosques, las tierras y el territorio del pueblo frente a megaproyectos como los de la empresa Alternativa de Energía Renovable, así también como la mina Escobal que pertenece a la empresa minera canadiense Pan American Silver y que es sujeto actualmente de un proceso de consulta. Por su trabajo comprometido con la defensa de sus derechos colectivos, el pueblo Xinka ha enfrentado intimidación, difamación, criminalización, ataques y asesinatos, tal como nuevamente y trágicamente sucede.
En septiembre de este año, una carta enviada por la Representante Cori Bush y 12 otros congresistas de los Estados Unidos al Departamento de Estado expresó preocupación profunda por la seguridad de miembros del pueblo Xinka, exigiendo que tome un rol activo para asegurar una respuesta efectiva ante cualquier represión del pueblo Xinka al futuro. Además, desde mediados de octubre, las Autoridades Ancestrales Indígenas de toda Guatemala han solicitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se les otorguen medidas cautelares por el riesgo del que son objeto al exigir sus derechos.
Tras el vil asesinato del compañero Noé, el Parlamento del Pueblo Xinka exige a las autoridades del Ministerio Público que tomen acción e investiguen el hecho, por lo que replicamos y compartimos su consigna: “no más criminalización, ni violencia en contra de líderes Xinkas, y defensores de derechos humanos”.
Nos solidarizamos con el Parlamento Xinka de Guatemala y las personas defensoras de derechos humanos de la Resistencia Pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa que ejercen y trabajan por el cumplimiento y el respeto de sus derechos colectivos e individuales fundamentales.
Exigimos a:
Las autoridades guatemaltecas que investiguen y juzguen a los responsables de este acto violento y atroz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgue de manera inmediata medidas cautelares para proteger a las Autoridades Ancestrales que encabezan el Paro Nacional en Guatemala.
El Departamento del Estado de los EEUU en coordinación con la Embajada en Guatemala abogar por la investigación inmediata sobre este asesinato y llevar a los autores ante la justicia; la pronta implementación de medidas cautelares para las Autoridades Ancestrales quienes están en riesgo por sus acciones legitimas de manifestación pacífica, así como por los cinco líderes Xinkas quienes solicitaron medidas cautelares de la CIDH en el 2021, además de denunciar públicamente la violencia contra las autoridades ancestrales y reafirmar la importancia de la protección a la manifestación pacífica y los derechos a la autodeterminación y el consentimiento libre, previa e informada.
El Gobierno de Canadá en coordinación con la embajada en Guatemala, a que presten especial atención a la situación de riesgo en la que se encuentran la Autoridades Ancestrales en especial del Pueblo Xinka que se manifiestan pacíficamente en defensa de la vida y la democracia. Además, pedimos que siga tomando una posición pública sobre la preocupante situación en Guatemala para que se respete el sistema democrático de gobierno.
Compartimos la declaración de este bello encuentro de Reencontrarnos en la Resistencia en el Peten Guatemala- A 9 de agosto del 2023
Los días 4 y 5 de agosto del año 2023 los pueblos de Mesoamérica, desde Panamá a México y organizaciones de otros países aliados, nos convocamos en la Comunidad La Técnica, Las Cruces, Departamento de El Petén, Guatemala, con el fin de analizar el contexto actual de nuestra región en el marco del avance de los proyectos extractivos, la militarización y otros elementos que caracterizan al capitalismo depredador.
Las más de 60 organizaciones, movimientos, redes y colectivos convocantes dialogamos en torno a una veintena de temas y problemáticas para compartir reflexiones y saberes así como estrategias conjuntas de acción, relanzamiento de alianzas y búsqueda de esperanzas colectivas por la vida en Mesoamérica.
Durante estos días dialogamos sobre el impacto del modelo extractivo, que acapara grandes extensiones de territorio, contamina los ríos y otras fuentes de agua, desplaza población y provoca oleadas de migración forzada, aniquila bosques y selvas, anula la soberanía alimentaria y la autogestión de los pueblos, provoca la apropiación de los bienes comunes naturales y culturales por parte de las grandes corporaciones trasnacionales e incide dramáticamente en el calentamiento global. Todo ello a través de megaproyectos como la minería, las represas, los monocultivos (por ejemplo, palma de aceite, teca, pino; piña, caña de azúcar), la construcción de aeropuertos, oleoductos y gaseoductos, supercarreteras, trenes, infraestructura para turismo de élite y pozos petroleros, entre otros, en un entorno de militarización, criminalización de la lucha social y represión crecientes. En este sentido, es especialmente ilustrativo el caso de encarcelamiento de tres mujeres activistas comunitarias y la emisión de más de mil órdenes de captura para otras defensoras de la vida en el territorio Q’eqchi’ de Guatemala. Aprovechamos este espacio para exigir la liberación inmediata de las tres compañeras, a quienes expresamos nuestra total solidaridad, y la anulación de dichas órdenes de aprehensión.
Pese a que nuestras luchas frente a este sistema capitalista depredador son altamente criminalizadas, los movimientos seguimos vivos y en resistencia, caminando y proponiendo alternativas de vida nueva para los pueblos, defendiendo nuestros territorios rurales y urbanos.
Estamos decididos y decididas a continuar la resistencia y construir un modelo energético desde los pueblos y para los pueblos; a defender los bosques, las selvas, los ríos, que son fuente de vida y base para una existencia digna.
En este mismo sentido y frente a la apropiación de territorios de los pueblos originarios, la construcción de gobiernos autónomos es fundamental para preservar la integridad cultural, social y humana de nuestras comunidades.
Para ello es indispensable continuar fortaleciendo la soberanía alimentaria, generar modelos comunitarios de manejo de bosques y construir nuestros propios mecanismos de comunicación frente a los medios convencionales, en su mayoría cómplices del gran capital.
En esta defensa integral del buen vivir, las mujeres jugamos un papel fundamental. Sostenemos la vida desde diferentes ámbitos, somos las cuidadoras dentro y fuera de nuestras casas y protegemos los bienes naturales que nos brinda la Madre Tierra. Las mujeres debemos enfrentar la discriminación, el racismo y machismo, para dar voz y formar parte de las decisiones colectivas sobre la preservación de nuestros territorios y bienes.
Creemos en la importancia del cuidado de nuestro primer territorio, que es nuestro cuerpo, para desde ahí crear estrategias colectivas, formarnos políticamente y continuar en la defensa de nuestros territorios y recursos naturales y culturales. No podemos quedar excluidas de estas luchas, que con nuestra participación se enriquecen y fortalecen.
Asimismo, rechazamos categóricamente los monocultivos y el modelo extractivista. Defendemos los modelos comunitarios de manejo de bosques, que permiten la autonomía de los pueblos y la continuidad de la vida.
Reconocemos como estratégico el conocimiento de marcos legales institucionales que ayuden a la protección o restauración de bosques, tanto en áreas rurales como en contextos urbanos. Ratificamos el derecho a la defensa de la tierra y el modo de vida y organización tradicionales como base de garantía del buen vivir. Nos comprometemos a buscar formas de involucrar a las futuras generaciones para que continúen la defensa de nuestros bienes naturales y culturales. Por todo lo anterior, declaramos el 5 de agosto como Día del Hermanamiento de Bosques a nivel nacional y mesoamericano.
Sobre los sistemas alimentarios ancestrales, la soberanía alimentaria y las semillas nativas de los pueblos en Mesoamérica y América Latina están enfrentando grandes desafíos y amenazas. Empresas semilleristas transnacionales como Bayer/Monsanto y Syngenta, entre otras, están imponiendo sus intereses por encima del derecho humano a la alimentación y la protección de la Madre Tierra. En ese sentido, valoramos las resistencias y luchas que se oponen a la mercantilización de los alimentos; condenamos la privatización de las semillas nativas ancestrales y milenarias, el saqueo y despojo de los conocimientos ancestrales, y exigimos la aplicación de los derechos campesinos. Consideramos a la agroecología como el sistema ideal para superar la crisis alimentaria, combatir el cambio climático y revalorar el aporte de los pueblos originarios en la producción de alimentos, sobre todo el trabajo de las mujeres, que es fundamental e incalculable. Rechazamos rotundamente la privatización de nuestras semillas, así como el despojo de los conocimientos ancestrales sobre medicinas y alimentos. Exigimos sistemas alimentarios y semillas libres para los pueblos, y que las decisiones sobre los sistemas alimentarios sean consultadas y consentidas por los pueblos indígenas, por campesinos y campesinas previa y libremente informados, pues son ellos y ellas quienes generan un gran aporte a la alimentación de la humanidad.
Hay diferentes visiones y formas de nombrar los territorios ancestrales y compartidos, es decir, los territorios hidro-sociales que incluyen la tierra, el agua, los árboles, los bienes comunes, el subsuelo y la Madre Tierra como unidad. La afectación al agua se manifiesta en el acaparamiento de su uso, en la contaminación e incluso en la captura y desaparición de ríos. El aniquilamiento de nuestras fuentes de agua está en manos de las grandes trasnacionales, que logran además infiltrarse en las cúpulas de gobierno y de poder, generando la colusión de la institucionalidad con los proyectos extractivistas y sin control de estas compañías. Ante esta realidad, las diversas etnias indígenas y comunidades locales que defendemos la Madre Tierra exigimos a los Estados nacionales la garantía y el respeto del ejercicio de la libre determinación de los pueblos mesoamericanos.
Estamos absolutamente en contra de las “grandes soluciones” que, disfrazadas de propuestas para el desarrollo, imponen las empresas transnacionales y los gobiernos cómplices para incrementar su poder económico y político. En este esquema de depredación y destrucción, resalta la industria aeroportuaria. Considerando que la aviación es el medio de transporte que más contamina, el que, por su alto costo a los usuarios, menos población moviliza pero que, paradójicamente, es el que recibe más subsidios, expresamos nuestro firme rechazo a proyectos encaminados a acrecentar la infraestructura aeroportuaria, una vez más en detrimento de la integridad territorial de nuestros pueblos y bajo tramposos mecanismos de simulación como lo son los bonos de carbón y el llamado lavado verde.
Por último, vemos con profunda preocupación la creciente y criminal complicidad del narcotráfico con los proyectos extractivos. Esta realidad se ve reflejada en el aumento exponencial de la violencia brutal contra la población y el consecuente desplazamiento forzado, las desapariciones y asesinatos.
Pese a todo lo anteriormente descrito, los pueblos mantenemos nuestra resistencia, nuestra fortaleza, nuestra creatividad y esperanza en la construcción de nuevas realidades de vida, de dignidad, de oportunidades.
¡VIVA LA RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS EN MESOAMÉRICA!
¡VIVA EL REENCUENTRO DE LOS PUEBLOS Y MOVIMIENTOS MESOAMERICANOS!
Galería de fotografías del Encuentro
Compartimos esta petición de Salva la Selva sobre el desplazamiento formado en Guatemala para plantaciones de palma de aceite – A 16 de diciembre del 2022
Acción violenta y expolio en el municipio de El Estor, departamento Izabal. Habrían usado gases lacrimógenos y armas de alto calibre para allanar viviendas en la comunidad Chapín Abajo. La resistencia comunitaria es doble: a la empresa de aceite de palma africana NaturAceite y a un proyecto minero. Firma la petición.Petición
Para: Presidente de Guatemala Alejandro Giammattei; Diputados; Ministerio Público; Juzgado de Paz; Empresas multinacionales Nestlé y Unilever
“Respeten los derechos del pueblo indígena Maya Q’eqchi y garanticen su seguridad. Cesen los allanamientos, desalojos y toda la violencia.”
Con motivo, comunidades Maya Q’eqchi’ se oponen al avance de la palma aceitera que invade sus tierras ancestrales. Son algunas de las comunidades más abandonadas por el Estado que, por si fuera poco, las persigue y reprime.
Dicho y hecho. En los pasados días, un gran contingente policial antimotines avanzó amenazadoramente entre la plantación de palma con la intención de llevar a cabo allanamientos, portando armas. Una persona habría recibido impacto de bala y resultado asesinada y al menos dos personas heridas. Intoxicadas, mujeres golpeadas, robo de pertenencias, hasta detenciones arbitrarias de unas cinco personas, incluidas dos menores. El Consejo del Pueblo Maya CPO pide un alto a las agresiones y que se esclarezcan los hechos.
Algunas empresas se estarían beneficiando de la situación, según las autoridades indígenas. Mencionan a NaturAceites, empresa que vende aceite en Guatemala, pero que también figura en las cadenas de abastecimiento internacionales de empresas como Nestlé y Unilever. De parte de estas empresas se exige un pronunciamiento sobre los hechos. También de parte del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, Policía Nacional Civil PNC y Procuraduría de Derechos humanos PDH.
Indignación y profundo dolor, según expresaron mujeres de la comunidad al explicar lo sucedido: «tiraron las bombas para que empezáramos a huir y abandonáramos los hogares».
Previamente, los últimos días de noviembre, las comunidades protestaron para prevenir este y otros allanamientos y desalojos que se venían anunciando. Existen unas 20 órdenes de captura en contra de miembros de la comunidad, algunos parte del Consejo se Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’. Reciben amenazas y se ofrecería una recompensa de 50 mil quetzales por la captura.
Algunos testimonios: «Avanzan como si fuéramos terroristas. No lo somos. Somos pobres indígenas que ni maíz, ni frijól, ni chile tenemos». «Defiendo la vida de mis seres queridos y mi territorio».
Vigilaremos los acontecimientos subsiguientes, en solidaridad con las comunidades afectadas. Súmate a esta acción firmando la petición.
Para: Presidente de Guatemala Alejandro Giammattei; Diputados; Ministerio Público; Juzgado de Paz; Empresas multinacionales Nestlé y Unilever
Estimado Sr. Presidente Giammatei y autoridades:
Realmente escandalosa es la información y las imágenes que están alcanzando a la opinión pública interancional, acerca de la violenta acción de un gran contingente policial en la comunidad del Chapín Alto, en El Estor, Izabal. La situación de los derechos humanos en su país parece estar necesitando una revisión urgente que le exigimos atienda sin demora.
Organizaciones sociales, campesinas y territoriales han denunciado los abusos de autoridad implícitos en las actuaciones de la policía durante el operativo conjunto del Ministerio Público MP y la Policía Nacional Civil PNC, el 6 de diciembre 2022.
En solidaridad con las comunidades Maya Qéqchi, nos dirigimos a usted para exigirle que:
-Respeten los derechos como pueblos indígenas Maya Q’eqchi y garanticen su seguridad.
-En consonancia, inicie una investigación de la actuación los agentes de la Policía Nacional Civil PNC que participaron en el operativo violento contra las familias en Chapín Abajo.
-Cesen estos allanamientos y la violencia.
-Dejen inmediatamente de hostigar, criminalizar, intimidar y detengan las persecuciones, las órdenes de captura de miembros de la comunidad
-Retiren las órdenes de desalojo de comunidades como Chapín Alto, Santa Rosita o Buena Vista, entre otras.
-Proporcione una explicación exhaustiva acerca de lo que se pretende con estas acciones que atentan contra la integridad, la dignidad y los derechos de las comunidades indígenas.
-Legalice las comunidades y asegure el acceso a la tierra con títulos comunitarios y ocúpese como corresponde del desarrollo comunitario, la salud, la integración, el respeto de la forma de organizarse, la educación, prevención de la contaminación y protección de los recursos naturales.
Tampoco la actuación de los gobiernos municipal y departamental parecen estar a la altura en este contexto. El mundo está mirando el desarrollo de estos acontecimientos lamentables y esperando su declaración al respecto.
A la espera de la misma y de su muy pronta respuesta a esta comunicación, le saludamos atentamente,
Se pondrá en conocimiento de este escrito y acción a las empresas Unilever y Nestlé, para pedir su declaración al respecto.
Compartimos este reportaje especial publicado por Red Latinas Sin Frontera sobre la defensa de la vida y el territorio en Guatemala – A 5 de diciembre del 2022
Los resistentes locales piden un modelo económico diferente, uno que priorice el agua y el suelo limpios, comunidades saludables, paz, dignidad y autodeterminación.
Por Ana Sandoval (*)
Una empresa minera con sede en Nevada está demandando a Guatemala por más de $400 millones, la primera demanda de este tipo para el empobrecido país centroamericano.
La empresa se queja de que el gobierno guatemalteco no hizo lo suficiente para proteger sus inversiones en el país. Pero esa es una noticia para mi comunidad y para otros que enfrentaron una represión policial violenta cuando nos manifestamos de manera no violenta para evitar que estas operaciones mineras envenenen nuestra salud y agua.
La firma, Kappes, Cassiday & Associates (KCA), presentó su caso en una sucursal poco conocida del Banco Mundial llamada Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana, que Guatemala suscribió con Estados Unidos en 2006, permite a las corporaciones estadounidenses demandar a los gobiernos en este foro no solo por la supuesta pérdida de inversiones de la empresa, sino también por la pérdida de supuestas ganancias futuras. Alrededor del 80 por ciento de los 400 millones de dólares que KCA afirma haber perdido se basa en estimaciones de ganancias futuras de actividades de exploración que nunca llevó a cabo.
Mi análisis de este caso publicado recientemente expone cómo los casos de arbitraje supranacional como este, que están disponibles únicamente para las empresas transnacionales a través de acuerdos comerciales y de inversión, ignoran la resistencia de la comunidad y la violencia que enfrentamos.
La opción de simplemente demandar a los gobiernos proporciona un desincentivo perverso para que las empresas respeten la ley y alienta la especulación salvaje sobre la pérdida de ganancias en el futuro, incluso cuando las inversiones fracasan. Si la demanda prospera, también privará a los guatemaltecos de millones de dólares en escasos fondos que podrían ser mucho mejor utilizados para atender las necesidades básicas de la población, los desastres provocados por la crisis climática y frenar el flujo de emigración forzada.
Estas demandas no muestran consideración por las preocupaciones de las personas más directamente afectadas por las operaciones de la empresa.
Nuestro movimiento en La Puya ha presentado amplia evidencia a lo largo de los años de cómo el proyecto de oro de KCA conduciría al agotamiento del agua y la contaminación poniendo en riesgo nuestra salud. Desde el principio, la mina enfrentó una dura oposición de nuestras comunidades que viven cerca del proyecto, justo al norte de la Ciudad de Guatemala. Desde entonces, nuestras comunidades han mantenido un campamento de protesta las 24 horas frente a la carretera que lleva a la mina durante más de 10 años.
Como resultado, hemos enfrentado amenazas, violencia dirigida, persecución legal, represión policial y actos de intimidación. De hecho, el proyecto solo pudo operar después de que la dura represión policial contra el movimiento despejara el paso de equipos en varias ocasiones, llegando incluso a lesionar a personas. Sin embargo, la mina de oro solo operó durante dos años, hasta que los tribunales suspendieron el proyecto a fines de 2015 por no consultarnos adecuadamente.
En respuesta al reclamo de KCA, el gobierno guatemalteco ha argumentado que la empresa se basó en los favores del gobierno para obtener su licencia ambiental. Cita comunicaciones entre el presidente de la KCA, Daniel Kappes, y el entonces director general de Minería, Selvyn Morales, en 2011, en las que Kappes escribió: “Me siento mucho más cómodo de que participe y pueda ayudarnos a que el proceso de obtención de permisos avance para que podamos los permisos antes de que la política se entrometa demasiado”. Poco después de este intercambio, Morales dejó el gobierno para trabajar en una empresa de servicios mineros, que KCA contrató de inmediato.
Guatemala construyó gran parte de su defensa legal sobre la documentación, argumentos y estudios que desarrollamos durante años de lucha con el apoyo de técnicos, abogados y organizaciones aliadas. Por ejemplo, la defensa legal de Guatemala señala el lamentablemente deficiente estudio de impacto ambiental de KCA que incluso el gobierno reconoce que nunca debería haber sido aprobado. También destaca la violación de las normas ambientales por parte de la empresa y su falta de obtención de una licencia de construcción para construir la mina.
Los abogados del gobierno incluso llamaron a los miembros de la comunidad a declarar ante el tribunal de arbitraje.
La industria minera pensó que podía aplastar a la oposición local. Pero el gobierno no es mucho mejor.
La defensa del gobierno legitima efectivamente las razones que sustentan nuestra lucha de una década. Sin embargo, si bien utiliza nuestros argumentos y evidencias para tratar de evitar el pago a la empresa, aún no se ha mostrado dispuesto a respetar nuestro derecho a decidir sobre un proyecto que afecta tan profundamente nuestra tierra y nuestra vida.
En junio de este año se inició el proceso de consulta ordenado por la Corte Constitucional bajo la dirección del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Hasta ahora, el gobierno ha demostrado poco interés en involucrar a las comunidades más directamente afectadas que viven en las inmediaciones de la mina.
Las acciones del ministerio son contrarias a los propios argumentos del gobierno presentados ante el tribunal de arbitraje, en los que subraya el descontento local por el proyecto. Critica a las KCA por haber logrado solo un 6 por ciento de credibilidad entre la población a partir de 2014, cuando entró en funcionamiento, según una encuesta encargada por la KCA.
En lugar de buscar consultar a nuestras comunidades, el gobierno guatemalteco alega en el procedimiento de arbitraje que la empresa trató de sobornar a personas clave para afianzarse localmente: “Hicieron pagos directos a líderes comunitarios y municipales” y “pagaron a personas para que participaran en sesiones de desarrollo de capacidades”, dice el gobierno.
Además, las autoridades guatemaltecas critican la afirmación de KCA de que «consultó» con las comunidades a través de entrevistas con consejos públicos municipales y de aldea, que no se puede presumir que sean representativos de los pueblos indígenas.
No obstante, el Ministerio de Energía y Minas ahora está repitiendo algunas tácticas similares para excluir de la consulta a la población indígena más cercana a la mina al enfocarse en las comunidades ubicadas más lejos del sitio. Tal como lo hizo KCA antes, el gobierno está favoreciendo la participación de las agencias públicas y los consejos municipales en lugar de las personas directamente afectadas.
El arbitraje alienta tanto a los estados como a las corporaciones a marginar a la oposición. Necesitamos un nuevo modelo.
Esto demuestra aún más lo absurdo del sistema de arbitraje supranacional: las empresas y los gobiernos pueden argumentar lo que quieran en los procedimientos de arbitraje, independientemente de los hechos sobre el terreno.
KCA actuó con impunidad para obtener permisos y nunca demostró ninguna intención de respetar la ley guatemalteca. El gobierno, por su parte, se basó en los argumentos de las comunidades para construir su defensa y ahora parece estar dándole la espalda nuevamente a los residentes locales.
Mientras tanto, son nuestras comunidades y el pueblo guatemalteco en general los que pagarán un precio tremendo si el tribunal de arbitraje ordena a Guatemala que pague a KCA incluso una parte de su reclamo o si la consulta es manipulada para reiniciar su proyecto.
Guatemala no necesita proyectos mineros ni acuerdos internacionales que defiendan la impunidad y la codicia empresarial. Más bien, debemos abordar la noción falsa de que Guatemala se desarrollará a través de la extracción de recursos naturales, lo que afecta negativamente el tejido social de las comunidades y contribuye a nuestro mayor empobrecimiento.
La Resistencia Pacífica La Puya, junto con otras comunidades organizadas en Guatemala, ha reiterado durante más de 10 años que lo que se necesita es un modelo económico diferente, uno que priorice agua y suelo limpios, comunidades saludables, paz, dignidad y autodeterminación.
fuente: https://www.bilaterals.org/?a-mining-lawsuit-in-guatemala&lang=es
Compartimos esta nota de Olca – A 7 de diciembre del 2022
(Prensa Latina) Autoridades de los Cuatro Consejos Ancestrales Maya Q’eqchi’ de Guatemala confirmaron hoy graves violaciones de los derechos humanos en la comunidad Chapín Abajo, Izabal, tras un desalojo violento.
La comisión llegó al área sur de El Estor, después de que en la madrugada de este martes un numeroso grupo de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público ingresara a Chapín Abajo con 25 órdenes de allanamiento contra sus líderes.
En un primer informe de los hechos de violencia -que incluyeron el uso de gases lacrimógenos-, se contabilizaron tres heridos de bala, un niño de 17 años, quien fue trasladado en busca de atención médica, y dos hombres.
La delegación dio cuenta, asimismo, de varias mujeres y niños intoxicados por los gases, lo cual comprobó la prensa independiente que acompañó a las autoridades.
Según la narración de los hechos por las familias, además de las fuerzas de seguridad, intervinieron paramilitares posiblemente contratados por la empresa NaturAceites.
Ellos entraron a las viviendas y robaron alimentos y otros bienes de las familias, confirmó el reporte de las autoridades q’eqchi’.
También constataron la detención de Alba María Choc, esposa del dirigente de Chapín Abajo, Pedro Cuc, junto a sus dos hijos menores de edad, con el propósito de presionar su entrega.
Las autoridades ancestrales pidieron la presencia del Procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdova, y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con el fin de verificar la grave situación y el riesgo a la vida de cientos de personas de la comunidad, especialmente por falta de atención médica.
La PNC, por su parte, informó que tres agentes resultaron heridos en los enfrentamientos.
El medio alternativo Prensa Comunitaria recordó que esta es la cuarta ocasión en que fuerzas de seguridad ingresan a Chapín Abajo para desalojar a familias que reclaman las tierras hoy en poder de NaturAceites, dedicada al monocultivo de la palma africana en el área sur de El Estor, Izabal.
La empresa considera esos terrenos como propios y criminaliza a Cuc y otros dirigentes por su resistencia contra la explotación de palma y la minería.
En enero de este año, el líder comunitario aseguró que lo más grave de la problemática agraria en El Estor son las invasiones de tierra de las empresas para sembrar y producir aceite de palma y los desalojos promovidos por terratenientes vinculados a este tipo de monocultivos, compañías mineras y otras.
rgh/mmc
Compartimos este artículo publicado en Prensa Comunitaria sobre la lucha por a vida y la resistencia a mega proyectos en Guatemala – A 7 de marzo de 2021
Por Carmen Reina*
Este artículo aborda las principales dinámicas de concentración de tierras y despojo/desposesión por acumulación (como señala David Harvey) que impulsa en El Estor la industria extractiva, en forma de minería a cielo abierto y la palma aceitera. También se analizan las resistencias comunitarias por la defensa del territorio, en un contexto tan adverso como el aumento de la militarización y represión, como se observó en el reciente Estado de Sitio a finales del año 2021. Esto lleva al proceso de consulta y la manera en que el Ministerio de Energía y Minas -MEM- lo tergiversa con el fin de comprar y convencer a representantes nombrados a dedo, para favorecer las operaciones de la mina y otorgarle nuevamente el derecho de operaciones.
Estamos ante una lucha como la que, según el Popol Vuh, libro sagrado de los K´iche’, entablaron los jóvenes Hunahpú e Ixbalanqué contra los Señores del Xibalbá –que generaban torturas y castigos a las almas de los muertos- venciéndolos a base de astucia e ingeniosos retos. Por eso, a nivel de colofón se plantearán los desafíos para las comunidades Q´eqchi´ y algunas propuestas que a nivel internacional pueden impulsarse para acuerpar la defensa del territorio de este pueblo.
La historia de Guatemala como país y Estado está configurada por un proceso histórico de despojos de tierras de los pueblos originarios. Previo a la invasión colonial, las tierras eran de propiedad comunal, a partir de los linajes de los pueblos mayas. A partir de la conquista y colonización, se puede hablar de cinco ciclos de despojo histórico de tierras, que se han recrudecido en la región del Polochic y en El Estor:
Después de los despojos en la Colonia, la acumulación y concentración de tierras para la introducción del café a partir de la Reforma Liberal de 1871 y la reconcentración de tierras para la bananera norteamericana en los años 1930 a 1940, en Guatemala se vive otro ciclo de despojo con la contrarreforma agraria desde 1954 y la imposición de proyectos militares que se vincularon a intereses extractivos en los años 1970 a 1980. Finalmente, en la actualidad se impulsa un nuevo ciclo de despojo, que se vincula a la lógica de la “acumulación por desposesión” a la cual hace referencia David Harvey (2005), a partir de la forma vigente del capital. Se trata del despojo de tierras de pueblos indígenas para la explotación minera, hidroeléctricas, el monocultivo de palma aceitera, caña de azúcar, y la infraestructura requerida para el transporte de estas mercancías. En esta etapa se articulan formas represivas estatales para normalizar y legalizar las dinámicas de desposesión a favor de empresas trasnacionales.
Como resultado de todo ello, Guatemala es un país en el que existe una gran concentración de tierra cultivable en pocas manos, ya que el 57% de la tierra cultivable la tiene el 2% de los propietarios, con tierras de 32 a 50 caballerías. El último censo agropecuario establece que la mayoría de población campesina apenas posee entre 1 y 10 manzanas de tierra. En Guatemala, la contradicción fundamental de la tenencia de la tierra es entre el latifundio y el minifundio.
En el caso del territorio del Polochic y El Estor, esta desigualdad es aún mayor, ya que ha sido históricamente botín de despojo, con la llegada de los alemanes y belgas para la siembra del café, luego ganado; la implantación del azúcar con el Ingenio Chawil Utzaj (ya cerrado) y en la actualidad, con la extensión de la palma aceitera, licencias mineras, ganado, explotación petrolera y la presencia del crimen organizado.
Otro elemento sustantivo de señalar es la exclusión histórica de tierras para las mujeres a causa del patriarcado. Ellas han sido quienes se han relacionado con el cuidado de las semillas criollas, el cultivo de huertos de traspatio y ganado menor, además de las tareas domésticas. La inequidad atraviesa a madres solas, a mujeres que se quedan al cuidado de la familia cuando los esposos migran; las mujeres conservan la tierra mucho más frente a las ofertas o presiones de las empresas extractivas.
Históricamente la región del Polochic y de El Estor han sido parte de las disputas de los diferentes ciclos de capital en Guatemala, especialmente en la forma de extractivismo pues han existido ciclos y procesos específicos de invasión y despojo de tierras. Durante años lo central fue el enclave de alemanes y otros extranjeros en torno a concentrar las tierras y despojarlas a los indígenas para el cultivo de café. Luego, ya en los años de 1970, con el impulso del proyecto contrainsurgente y de la megacarretera de la Franja Transversal del Norte, surgen otro tipo de intereses de capital que pasamos a ver.
Con la definición de áreas protegidas de ciertas zonas consideradas como reserva de bosques y otros bienes naturales, diversos territorios han sido privatizados y concesionados a ONG o entidades. Las declaraciones como áreas protegidas se dieron en los años de 1990, cuando ya existían previamente decenas de comunidades asentadas en estas zonas, lo cual significó básicamente, que fueran expulsadas y despojadas. Un ejemplo son las alrededor de 62 comunidades que estaban asentadas en lo que ahora es la Sierra de las Minas. Estas comunidades se ubicaron ahí luego de ser desalojadas por los finqueros cafetaleros, los militares y por la represión del Conflicto Armado Interno. Han trabajado la tierra, pero no tienen la opción de regularizar su tenencia en esta zona. Han sido criminalizadas, ya que además de intereses de ONG, también existe la industria extractiva de jade (Hurtado, 2008). La recuperación de las tierras ancestrales en Sierra de Santa Cruz, a partir de un litigio estratégico, es un caso excepcional. [1]
Además, los abundantes ríos de la región del Polochic han sido presa de hidroeléctricas privadas, que venden la electricidad al Estado, no para surtir energía rural, sino para el sistema nacional e incluso para la exportación. Para impulsarlas han provocado desalojos violentos y criminalización de campesinos, tal como es el caso de las hidroeléctricas Renace II sobre el Río Cahabón, entre Cobán y Lanquín; Oxec I y II en el Río Cahabón y Tres Ríos en Lanquín, Hidro Esmeralda en Tucurú, entre otras.
Guatemala se está convirtiendo en un gran productor de palma aceitera, un monocultivo altamente contaminante. En particular, Naturaceites de la familia Maegli Novella, del Grupo Tecun, se ha extendido por todo el Valle del Polochic y por el Estor. Los métodos de “compra” de tierras para la palma pasan por la presión, extorsión, hasta amenazas como: “si no vendés, negociamos con la viuda”.[2]
A esto se suman las concesiones petroleras en el área del Valle del Polochic y en Izabal, las cuales se encuentran en fase de exploración.
La historia de la minería de Níquel tiene una sombra permanente de abusos, desalojos y despojos de la población, en contubernio con los Gobiernos de turno. Se remonta a la década de 1970, cuando se crea la empresa “Exploraciones y Explotaciones Mineras de Izabal -EXMIBAL-”, en el contexto de un proyecto militar en la zona y en una presidencia que favoreció la reducción de impuestos a la actividad minera. EXMIBAL se retira en 1983 por diversas razones, que incluyeron la caída de precios del níquel y la presencia de acción guerrillera en la zona. El Ejército custodiaba las instalaciones. Pero había algo perverso detrás: la mina ocupaba tierras de una finca nacional que se le otorgó luego de desalojar a decenas de comunidades Q´eqchi´, que históricamente habitaban la zona en municipios de El Estor, Izabal y Panzós, Alta Verapaz (OIEG, 2021). La población continuó luchando por la recuperación de sus tierras en ciclos de ocupaciones, amenazas y desalojos violentos. Muchas tierras fueron recuperadas por el derecho ancestral, como es el caso de Sierra Santa Cruz.[3] La empresa afronta 29 conflictos de tierras de comunidades desalojadas a favor de la mina.
Desde el Gobierno de Álvaro Arzú (1996-1999) se reformó la ley de minería y esta permite a las mineras que únicamente reditúen el 1% de regalías al Estado. Con esto se favoreció la inversión minera trasnacional en el país. La Compañía Guatemalteca de Níquel S.A. -CGN- y sus componentes: el Proyecto Fénix y la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A., funcionan desde el año 2004, con una licencia otorgada en un área de 259.2065 km2 dentro de los municipios de Panzós, Senahú, Cahabón y El Estor. En octubre del año 2005 fue solicitada (SEXT-049-05) la licencia de explotación “Fénix” de níquel, hierro, cobalto, cromo y magnesio inicialmente para un área de 168.8315 km2.
En el 2006, durante el gobierno de Óscar Berger, el Ministerio de Energía renovó la licencia de explotación minera para 248 kilómetros cuadrados de tierra y montañas, bajo el nombre de Extracción Minera Fénix, número LEXT-049-05. El polígono otorgado abarca tres cuencas hidrográficas -Río Cahabón, Izabal-Río Dulce y Polochic- y es de 12 veces más el tamaño máximo para una licencia de explotación (20 km2), según el artículo 29 de la Ley de Minería. El polígono otorgado (OIEG, 2021).
En el 2011, la trasnacional suiza de capital ruso Solway Investment Group, adquirió el proyecto Fénix por US$170 millones a través de la subsidiaria CGN. Solway es un grupo privado de inversión internacional que se especializa en proyectos en los campos minero y metalúrgico y su casa matriz está en Malta, al sur de Italia, con proyectos mineros en Guatemala, Argentina, Congo, Indonesia, Macedonia, Rusia y Ucrania.
Durante su funcionamiento, el Proyecto Fénix y CGN han provocado graves conflictos agrarios, desalojos violentos, división y compra de liderazgo comunitario con el fin de ampliar el territorio de la explotación minera. El resultado ha sido de varias personas capturadas, desalojadas y muertas. El Estado ha favorecido la explotación minera imponiendo varios Estados de Sitio.
La mina tuvo que suspender operaciones a causa de un fallo de la Corte de Constitucionalidad -CC- en el 2019, quien amparó a la Asociación de Pescadores y a las Comunidades Indígenas de El Estor por la falta de realización de la Consulta de Buena Fe, previa, libre e informada. La CC le planteó al Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, la realización de una consulta “de buena fe” hacia los pueblos indígenas y esto se tergiversó en el año 2021, como se describe a continuación.
Antes de partir al exilio, el ahora ex jefe de la Fiscalía Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, señaló que investigaba el caso que originó su destitución: el soborno de empresarios rusos al presidente, Alejandro Giammattei, a través del uso de dinero escondido en una alfombra que fue entregada en una reunión. Los rusos buscaban que se otorgara a la empresa Solway la concesión por 20 años de una porción de por lo menos 120 mil metros cuadrados terreno en el Puerto Santo Tomás, donde construir una terminal para transbordar hasta 4 millones de toneladas de graneles sólidos por año. Los mineros querían contar con un puerto privado para la exportación de los diferentes minerales que explotan en la zona. El proyecto fue rechazado finalmente por presiones del sindicato de la portuaria y ante el escándalo público por la revelación del caso de “la alfombra rusa” hacia el presidente. Dentro de los participantes en la negociación se identificó a Julián Shocron, un argentino-israelí que se presenta como representante de Mayaniquel (Solano, 2021: 28).
Los oscuros intereses de Giammattei en los negocios con los empresarios rusos han sido evidentes además con el lesivo contrato de compra de las vacunas a ese mismo país, a un oneroso precio y las cuales no terminan de ser entregadas. Según se conoció del último convenio, tienen plazo hasta el 2023 para finalizar la entrega de los dos componentes de los inoculantes.
Uno de los actos más perversos cometidos en este proceso en El Estor ha sido el uso de mañas y trucos para tergiversar y simular una “consulta de buena fe”, con el propósito de que la mina continúe en operaciones, a costa de los derechos de los pueblos indígenas de la región.
En el año 2017, la Corte Suprema de Justicia -CSJ- amparó a las comunidades indígenas de El Estor por la falta de consulta y ordenó el cese de operaciones de la mina. Esta decisión no se respetó y por eso, en 2018, la Defensoría Q´eqchi´ presentó un amparo contra la CGN y pidió aclaraciones a la Corte de Constitucionalidad ante la violación la sentencia de las y los jueces de la CSJ. En el 2020, la CC dio lugar a un amparo presentado por las comunidades y por la Gremial de Pescadores Artesanales -GPA- porque se violó el derecho de consulta a las comunidades y ordenó un cronograma para realizar la misma, solicitando a la CSJ ser garante del proceso. En el 2021, se da la resolución final de la CC a favor de las comunidades. [4]
La manipulación del proceso comenzó cuando la Municipalidad y el Ministerio de Energía y Minas excluyeron a las comunidades indígenas y representantes del liderazgo comunitario del proceso de consulta. Las comunidades enviaron actas de su asamblea, nombrando delegados/as y los rechazaron, pero la Municipalidad dio un listado de un grupo pequeño, delegado por ellos.
Al ser excluidas de la consulta, las autoridades indígenas, ya inscritas como comunidades indígenas, representantes de los Cuatro Consejos de Pueblos de El Estor, iniciaron un proceso de resistencia. El 4 de octubre comenzaron un plantón para no dejar circular los camiones que abastecían a la mina y que salían de ahí. La respuesta represiva fue brutal. Además de los ataques a la población, se impuso un Estado de Sitio y un Estado de Prevención que duraron casi dos meses. Se aplicó una política de terror, como en el conflicto armado interno: allanamientos en las casas de las autoridades, capturas ilegales, violencia contra mujeres. La resistencia se desarticuló con el terror militar.
Mientras tanto, la consulta amañada siguió su rumbo. Oscar Pérez, viceministro de Desarrollo Sostenible del MEM, fue el encargado de dirigirla y decidió a dedo quiénes eran las autoridades ancestrales. Se hicieron cuatro eventos de la consulta, todo fue manipulado, en clara violación al mandato de la CC y del Convenio 169 de la OIT. El primero, fue en el lujoso hotel Amatique Bay en Puerto Barrios, cabecera del departamento, lejos de El Estor, llevaron a 20 supuestos representantes comunitarios, junto a diputados de Izabal, alcaldes y el gobernador. El segundo fue en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, lejos de la zona de influencia de la mina y de las comunidades afectadas. El tercero en el Hotel Santa Cruz, en Río Hondo, Zacapa, también totalmente alejado de las comunidades, de sus representantes y de sus formas y procedimientos. Ahí movilizaron a supuestos representantes comunitarios. Finalmente, el último se dio en el Hotel Mansión del Rio, en el turístico Castillo de San Felipe, Lago de Izabal. Mientras duró el Estado de Sitio, en El Estor fue vedado el derecho de reunión, de manifestación, de emisión del pensamiento y se persiguió al liderazgo comunitario.
En enero de 2022, el ministro Alberto Pimentel del MEM, indicó que cerró la “consulta” y los resultados fueron a favor de la minería, con lo cual se otorgó a la CGN, nuevamente, el derecho a seguir operando sin ninguna consideración a los daños ambientales y a la violación a los derechos de los pueblos. Se impuso el poder del extractivismo con terror, con el uso perverso de la fuerza y la simulación de una consulta, que a todas luces fue amañada. La Defensoría Q´eqchi´ de El Estor presentó una denuncia al Ministerio Público y una querella a la CSJ por lo viciado del proceso, pero, con la actual cooptación del sistema de justicia en Guatemala, no hubo respuesta.
Para el pueblo Q´eqchi´ de El Estor, la lucha por la defensa de su territorio ancestral y por la Madre Tierra se ha tornado tan compleja como la batalla que Hunahpú e Ixbalanqué libraron contra los señores del Xibalbá. Las empresas trasnacionales compran a los gobernantes de turno, utilizan el poder militar para generar terror y desalojar a la población de sus comunidades, con tal de generar la extracción minera.
El poder dominante se impone y en El Estor el gobierno corrupto de Alejandro Giammattei ha inaugurado una nueva estrategia para tergiversar los procesos de consulta comunitaria basadas en el Convenio 169 de la OIT. Con el uso del terror, compra de voluntades y artimañas legales y de participación, los gobiernos títeres del interés trasnacional imponen la continuidad del extractivismo.
Esto plantea un desafío mayúsculo de resistencia de los pueblos. El reto no es sólo del pueblo Q´eqchi´, sino de la humanidad completa: demandar el cese de proyectos extractivos a cielo abierto sobre los derechos de pueblos indígenas y construir un modelo de desarrollo acorde con el buen vivir. Urge la solidaridad internacional, el control de convencionalidad y la exigencia de responsabilidad social empresarial de las mineras.
Por la dignidad de los pueblos y la vida del Planeta, se reitera…¡No a la minería!
[1] La Corte de Constitucionalidad (CC) en el año 2015 amparó de forma definitiva a la autoridad ancestral y pobladores de comunidades q’eqchi’ de La Sierra Santa Cruz ubicada en El Estor y Livingston, Izabal, que reclaman la recuperación de tres fincas que les fueron despojadas al ser inscritas a nombre de particulares de manera irregular.
[2] Testimonios de población afectada por la palma, entrevistados por la autora en el 2017, para una investigación sobre la aplicación de las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tierra, Pesca y Bosque de FAO.
[3] En el año 2015 la Corte de Constitucionalidad resuelve a favor de comunidades Q´eqchi´ de tres fincas de Sierra Santa Cruz, entre El Estor y Livingston, Izabal, que fueron despojadas al ser inscritas de forma anómala por particulares.
[4] Entrevista personal con Robin Macloni, coordinador de la Defensoría Q´eqchi´ de El Estor, 18 de enero del 2021
Imagen: Prensa Comunitaria
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