Informe: Ser mujer, disidencia, defensora del territorio en América Latina

Compartimos con ustedes este informe de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC sobre la complejidad de ser mujer defensora en Latinoamerica – A abril 2022 >>Descargue el Documento completo en PDF<<

Nuestra región es una de las más diversas y a la vez más desiguales del mundo, y también es la región más peligrosa para las personas defensoras del territorio: América Latina es la región más afectada por la violencia hacia defensores/as ambientales. En 2020 se registró el asesinato de 227 personas, equivalente a 4 personas por semana, y 3 de cada 4 ataques tuvieron lugar en nuestro continente (Global Witness, 2020). El mayor número de casos se da en Colombia, Honduras, Brasil y México. Si al número de asesinatos se sumaran las agresiones y amenazas, las cifras serían muchísimo mayores, pero esas cifras son de difícil obtención, ya que muchas agresiones no se denuncian.

Toda amenaza a defensores/as territoriales, puede considerarse un ataque más amplio a toda la sociedad. Estas amenazas suelen producirse en contextos de violencia y desigualdad estructurales, altamente patriarcales y heteronormativos. En estos contextos, existe un continuo acumulo de violencia sobre las mujeres y disidencias, en el marco de un sistema desigual con injusticias de género, clase, ambientales, económicas. El sistema garantiza el proceso de acumulación mediante la división sexual del trabajo, y esta se impone garantizada por la violencia hacia las mujeres y disidencias.

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Imagen: ATALC

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Zacatecas: Alto a la criminalización de Roberto de la Rosa, defensor de la vida en Salaverna

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA sobre la criminalización a defensores de la vida ante la minería en Zacatecas- A 10 de marzo del 2021

Alto a la criminalización de Roberto de la Rosa, defensor de la vida en Salaverna, Zacatecas

“Encerrándonos pretenden destrozar la vida de los que aún resistimos”

En los últimos cinco años, Roberto de la Rosa Dávila y su familia han sido de los únicos habitantes que permanecen en el pueblo de Salaverna, municipio de Mazapil, Zacatecas. Una comunidad con presencia centenaria que antes del viernes 23 de diciembre de 2016, llegó a ser habitada por más de trescientas personas, teniendo escuela, viviendas y una iglesia. Ese día, la comunidad de Salaverna fue desterrada tras iniciarse de manera ilegal, súbita, violenta un desalojo forzado y la destrucción de la comunidad. El operativo, instrumentado por el Estado y a conveniencia de la minera Tayahua, filial de Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim, no fue el primer intento de borrar del mapa este pueblo para, en su lugar, ampliar las operaciones de la mina de cobre a la modalidad de cielo abierto: En 2010 se dio el primer desalojo forzado, justificado por hundimientos que fueron provocados por las operaciones en la mina subterránea Frisco-Tayahua, y que la comunidad señala que fueron intencionales, y siguieron hasta llegar al grotesco desalojo de 2016, cuya violencia e ilegalidad ha sido ampliamente documentado.  Sin embargo, a partir de entonces el asedio a la comunidad ha seguido escalando, particularmente sobre las familias que resistieron ante la reubicación forzada y contra los activistas más visibles. Este es el caso de Don Roberto y de su familia.

En diciembre de 2021, Roberto de la Rosa fue vinculado a un proceso penal por imputársele haber amenazado en abril de 2020 a tres trabajadores de la minera Ocampo Mining Tayahua (filial de Grupo Frisco) que se encontraban cercando la comunidad y electrificando este perímetro. Por esto, el 3 de diciembre la jueza a cargo dictó como medida cautelar el que Don Roberto no pudiera acercarse a los denunciantes, sin embargo, esto le impide acceder a su casa que, además, está ya agrietada por la propia operación minera, como la de todas las viviendas de la comunidad de Salaverna. En la audiencia del 10 de febrero, el juez ordenó la suspensión del proceso judicial, pero mantiene la orden de que Don Roberto de la Rosa y su hijo no deben acercarse a los demandantes por seis meses. El hijo de Don Roberto y otros miembros del pueblo que han buscado regresar a Salaverna han recibido amenazas por parte de las autoridades municipales para evitar que los pobladores habiten el pueblo.

Para la REMA, Salaverna es un ejemplo de la prepotencia e la impunidad con que opera el modelo extractivo y, casos como el de Don Roberto y su familia, ejemplos de la dignidad de los pueblos y de la solidaridad que sólo se sabe tejer entre aquellos que defienden la vida, aún cuando nuestras comunidades hayan sido arrasadas.

No olvidamos, el operativo de 2016 fue ordenado por el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna; operado por policías estatales y ministeriales, y encabezado por protección civil del estado y por el Subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana de ese momento.

Exigimos el fin del asedio a Roberto de la Rosa Dávila y a su hijo Roberto Cuauhtémoc de la Rosa.

Exigimos que frenen el acoso y amenazas contra la comunidad de Salaverna que buscan regresar a sus hogares.

Alto a la criminalización de la defensa de la vida

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Para seguimiento del caso:

Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas (OCMZac)

SinEmbargo.mx

Comisión de Derechos Humanos de Zacatecas (expediente CDHEZ/746/2016)

BAJAR COMUNICADO EN PDF

Imagen: Sol de Zacatecas

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COPINH condena  enérgicamente fallo condenatorio de 6 de 8 compañeros de Guapinol

Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaGuapinol – A 9 de febrero del 2022

El día de hoy los jueces Ricardo Rodriguez Barahona, Henry Geovanny Duarte Zaldívar y Franklin Marvin Araliz Santos han demostrado su confabulación con la empresa “Los Pinares” del señor Lenir Pérez uno de los más grandes empresarios empobrecedores de Honduras al condenar injusta e ilegalmente a 6 de los 8 defensores de los ríos Guapinol y San Pedro.

COPINH como parte de las organizaciones que hacen lucha territorial y que aboga por los derechos de las comunidades ha seguido de cerca el juicio contra los defensores del agua y la vida y es claro que los testigos pagados y confabulados con la empresa “Los Pinares” mintieron y al margen de sus mentiras no lograban identificar a las personas que acusaban puesto que ni siquiera lograban ver su rostro.

Este fallo sin pruebas reafirma que este tribunal, la fiscalía que impulsa el proceso se han  confabulado con los intereses representados por el señor Lenir Pérez que es parte de una estructura que lleva años propiciando la persecución y criminalización de los compañeros y compañeras que defienden los ríos San Pedro y Guapinol para materializar por la fuerza un proyecto que fue concesionado de manera irregular.

Ante esto el COPINH:

  • Exige que se sea cancelada la concesión Minera otorgada a la empresa de Lenir Pérez y sea clausurada la empresa misma.
  • Exige que sean procesados inmediatamente los testigos falsos y pagados por la empresa “Los Pinares” e investigados por actos de corrupción y prevaricato los jueces del tribunal de sentencia de Tocoa, Colón.
  • Hace un llamado a las organizaciones de lucha territorial para juntarnos y detener de una vez por todas la persecución legal de quienes luchamos por nuestros territorios y por el bien común.
  • Brindamos nuestra solidaridad con familiares de los compañeros condenados y con las organizaciones del Aguán que han sostenido con gran esfuerzo y sacrificio la demanda de Libertad y Justicia para los compañeros.
  • Reiteramos nuestro llamamiento al Estado de Honduras y al nuevo gobierno de declarar en fraude de Ley las concesiones dadas en el marco del Golpe de Estado que vulneran la seguridad social y los intereses comunes.
  • Seguiremos luchando para reivindicar los derechos comunes y territoriales frente a la voracidad empresarial que amenaza nuestros territorios.

Nos descansaremos hasta que nuestros compañeros José Daniel Márquez, José Abelino Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Orbin Nahún Hernández, y Profirio Sorto Cedillo sean liberados.

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 9 días de febrero de 2022.


“¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!”

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Zacatecas: Afectados por minera de Carlos Slim en Mazapil sostienen que no dejarán solo al activista Roberto de la Rosa ante citatorio de un juez

Compartimos esta nota de La Jornada sobre el hostigamiento a defensores de la vida en Mazapil, Zacatecas que lucha contra un proyecto minero – A 1 de diciembre del 2021

  • De la Rosa Dávila está citado para el próximo 3 de diciembre por el delito de amenazas contra un trabajador de la mina Ocampo Minning
  • El grupo de personas que lo apoya afirma que también seguirá luchando por la liberación de las tierras que la empresa se ha apropiado de forma ilegítima
  • Las comunidades afectadas son Salaverna, Las Majadas y Santa Olaya, todas pertenecientes al municipio referido

Por: ALEJANDRA FÉLIX •

Dado que el defensor de Salaverna, comunidad perteneciente al municipio de Mazapil, Zacatecas, Roberto de la Rosa Dávila, ha sido citado el próximo 3 de diciembre por un juez penal por el delito de amenazas contra un trabajador de la mina Ocampo Minning (propiedad de Carlos Slim), un grupo de personas que luchan por la misma causa, encabezado por el diputado José Luis Figueroa, declararon que no dejarán solo al activista y seguirán luchando por que se liberen las tierras de las localidades afectadas. – Publicidad –

Los habitantes de las comunidades Salaverna, Las Majadas y Santa Olaya, todas del municipio de Mazapil, tienen ya varios años luchando en contra del despojo de sus tierras que fue perpetrado de manera ilegal por la empresa de Slim, pues no se adquirieron las 3 mil 584 hectáreas de forma legítima, además de que se están adueñando de un total de 4 mil 650 hectáreas, mil 66 más de lo que tenían originalmente.

Roberto de la Rosa Dávila argumentó que los terrenos donde estaban establecidas estas localidades eran terrenos nacionales y, por lo tanto, no deberían haber pasado a manos de Slim a menos que dejaran de serlo, cosa que jamás sucedió. Ante esto, ellos habían interpuesto una denuncia ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), misma que habría fallado a favor de los habitantes de las comunidades, pero el fallo cambió a favor de Slim el 30 de julio de 2018, donde, además, se le otorga el derecho de preferencia de adquirir el título de las tierras, cosa que la empresa minera no había solicitado en primer lugar.

Imagen: ANDRÉS SÁNCHEZ – La Jornada Zacatecas

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Zoques de Esquipulas Guayabal, denuncian ataque armado de tsotsiles que quieren despojarlos de sus tierras

Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre el más reciente ataque a lo pueblo zoque en el norte de Chiapas – A 22 de noviembre del 2021

Indígenas zoques de la comunidad Esquipulas Guayabal, municipio de Chapultenango, denunciaron hoy que fueron atacados y expulsados de sus casas, por un grupo armado de indígenas tsotsiles que les disputan más de 2 mil hectáreas de tierras que les adjudicó un tribunal agrario.

Tras varios años de disputa, el pasado 21 de octubre, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 3 con sede en Tuxtla Gutiérrez, resolvió anular una asamblea de los indígenas tsotsiles que se habían adjudicado unas tierras que habían sido dejadas por zoques tras la erupción del volcán Chichonal en 1982.

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Los pobladores originarios, tras la erupción del volcán el domingo 28 de marzo de 1982 fueron desplazados, cientos de sus moradores desaparecieron y fallecieron enterrados en las cenizas y materiales pétreos que sepultó al pueblo por completo ubicado al pie del Chichonal.

Cuando regresaron a ocupar sus tierras, estas ya estaban ocupadas por tsotsiles, por lo que empezaron una disputa en los tribunales y tras varias décadas, por fin el pasado mes de octubre ganaron el litigio y se adjudicaron las tierras.

Esto no dejó conforme a los tsotsiles, que este domingo 21 de noviembre, a un mes de la resolución, llegaron armados con rifles y machetes para desalojar a los pobladores de Esquipulas Guayabal y expulsaron a los pobladores, hombres, mujeres, ancianos, niñas y niños, que huyeron despavoridos tras el ataque a balazos.

Aunque no se ha precisado el número y los nombres de ellos, señalan que hay muertos y desaparecidos. Los zoques poseen unas dos mil 300 hectáreas de tierras que ahora los indígenas tsotsiles quieren arrebatarles a balazos.

Agregan además que este grupo armado quemó varias casas de los pobladores zoques. Muchos fueron detenidos por este grupo armado y otros más des dispersaron en las montañas de los alrededores.

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La  Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, de la Provincia Franciscana en el Sureste de México y el Centro de Derechos Humanos Rayón, Chiapas denunció “estos lamentables  acontecimientos, sucedidos este 21 de Noviembre del presente, en la comunidad del Ejido Guayabal, en Chapultenango”.

Dijo que “hombres armados llegaron disparando en contra de la población dejando varios heridos, entre ellos niños y mujeres, violentando totalmente sus Derechos Humanos”.

Y que antes estas agresiones, exigieron a las autoridades Federales y Estatales “su intervención inmediata y se realicen  las acciones correspondientes y pertinentes conforme a Derecho”.

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“Exigimos la paz y la seguridad para todas nuestras Comunidades, familias y toda persona ante todo los más vulnerables”, dijo Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación, de la Provincia Franciscana en el Sureste de México y el Centro de Derechos Humanos Rayón.

El grupo señala que estos indígenas tsotsiles armados llegaron desde un pueblo llamado Rincón Chamula, encabezados por algunas personas identificadas como Andrés “N”, Elías López, Alejandro Morales Valencia, Moisés Domínguez Bautista, Fermín Ávila, María Ávila y otros.

Esta domingo, cuando el Centro de Lengua y Cultura Zoque denunció en sus redes sociales el ataque armado, el Secretario de Protección Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, reviró en un comentario: “Deberían reportar primero a la autoridad local antes de la comunidad internacional”.

A lo que ese Centro de Lengua y Cultura Zoque respondió: “El Coordinador Juridico del Ayuntamiento de Chapultenango, Luis Miguel Pérez Recinos tiene conocimiento de los hechos por denuncias directa de la población afectada; asimismo, a las 15:00 se reportó el incidente a la delegación regional de Protección Civil de Pichucalco encontrándonos con la respuesta de que «no tienen ordenes de nada». Se buscó al delegado Francisco Velazco Cantoral, tampoco lo encontramos. ¿algún otro aviso? PD: Por lo visto, en Facebook se atienden mejor los asuntos y son más atentos con la «comunidad internacional»

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A 99 días del asesinato de nuestro hermano y compañero Simón Pedro

Compartimos este comunicado de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal sobre nuestro compañero Simón Pedro – A 11 de octubre del 2021

Hermanas y hermanos:

Estamos a 99 días del cobarde asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López, denunciamos la negligencia y nula voluntad de la Fiscalía General del Estado de Chiapas para investigar y hacer justicia conforme a derecho de dicho crimen.

Da pena ajena cuando el abogado del asesino de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, que exigió la exhumación del mismo para la autopsia de ley, porque asegura que la consecuencia de la muerte de Simón Pedro fue por una enfermedad que él padecía y no por los dos disparos de arma de fuego que recibió en la cabeza. Además, no cree que nuestro compañero y hermano haya sido defensor de la vida y de la Madre Tierra y también por ello solicitó pruebas.

Ante tal circunstancia, la familia de Simón Pedro y la Organización Las Abejas de Acteal, tomamos la decisión de aportar las pruebas necesarias y así mismo accedimos a la exhumación a pesar de ir en contra de nuestra cultura, ya que si no se cumplían con dichos requisitos el sistema de justicia en Chiapas dejaría en libertad al asesino de nuestro compañero y hermano Simón Pedro y eso nunca lo permitiremos.

Nuestros abogadosdel Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C., encargados de llevar el caso de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, junto con la familia de Simón, desde el 13 de agosto presentamos la solicitud para la exhumación y autopsia de Simón Pedro y con lo cual no se ha realizado. Y tampoco se han recabado las otras pruebas que existen para el esclarecimiento de los hechos, ni tampoco se ha seguido la línea de investigación respecto que el asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro, fue por su trabajo en la promoción y defensa de la vida y de la Madre Tierra. Según la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas su pretexto de que no han avanzado en el caso de Simón Pedro, es que su equipo de trabajo se enfermó de Covid, cosa que no lo creemos, porque tenemos experiencia que sus usos y costumbres son las mentiras.

Que entienda la Fiscalía de Justicia del Estado Chiapas, que no es un favor lo que le estamos pidiendo, sino que le exigimos que cumpla con su obligación. Y que no tome ese mismo camino el que tomaron los administradores de justicia ante el Caso Acteal al propiciar la dilación de justicia para las víctimas y familiares de la Masacre de Acteal y así los abogados de los paramilitares tuvieron la oportunidad de encontrar maneras para liberar a los asesinos de niñas y niños y de mujeres embarazadas masacradas en Acteal el 22 de diciembre de 1997.

Ante evidente agravio al derecho de justicia expedita, pronta e imparcial del caso del asesinato cobarde de Simón Pedro, les pedimos a todas las personas de buena voluntad a que exijamos a la Fiscalía y a los tres niveles de gobierno que hagan su trabajo y que no sigan empeñados a encubrir a los asesinos, mientras Chiapas se desangra por la violencia que está aconteciendo día a día.

Y Si la Fiscalía de Justicia del Estado de Chiapas no nos entrega resultados positivos y a tiempo, no descansaremos en actuar hasta que el crimen de Simón Pedro, sea juzgada y no simulada.

Por ahora es todo.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.

Atentamente

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Imagen: Justicia para Simón Pedro

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México: Hostigamiento en contra de periodistas y defensoras y defensores de los derechos de las personas migrantes en Chiapas

Compartimos este comunicado de Front Line Defender, SweFor, IM Defensoras entre otros colectivos y organizaciones sobre la situación de violencia y hostigamiento a periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos en la frontera sur de México – A 21 de septiembre del 2021

Las organizaciones firmantes expresan su profunda preocupación por el reciente aumento de violencia y el persistente clima de hostilidad en contra de las personas migrantes, periodistas, y defensoras y defensores de los derechos de las personas migrantes en el sureste mexicano. Particularmente, en el estado de Chiapas y Tabasco en donde colectivos de defensa de derechos humanos, periodistas y organizaciones se han enfrentado a una nueva oleada de hostigamiento por parte de elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM).

Desde el 28 de agosto de 2021, la Guardia Nacional y el INM han llevado a cabo continuos operativos conjuntos para frenar el tránsito de personas migrantes que desean salir de Chiapas debido al retraso en la resolución de sus trámites de regularización migratoria o de refugio. De acuerdo a reportes de organizaciones como el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSE), los operativos han sido violentos y se han llevado a cabo sin protocolos adecuados que respeten los derechos y la dignidad de las personas migrantes. En este contexto, las personas defensoras de derechos humanos quienes acompañan a las personas migrantes en la exigencia de sus derechos, han experimentado nuevas olas de hostigamientos por parte de las autoridades mexicanas.

El 28 de agosto, partió una caravana migrante de Tapachula, Chiapas junto con periodistas, personas defensoras de derechos humanos y funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En el camino, personas defensoras de derechos humanos e integrantes del COMDHSE se percataron que la caravana estaba siendo vigilada y seguida por personas desconocidas en vehículos con vidrios polarizados. Cerca de las seis de la tarde, elementos de la Guardia Nacional bloquearon el paso de las y los defensores periodistas y funcionarios de la CNDH impidiéndoles realizar su labor de documentación, observación y acompañamiento. El despliegue de elementos desde este día fue desproporcionado, con la presencia de aproximadamente 50 vehículos de elementos del INM, de la Guardia Nacional y del Ejército, además de vehículos con vidrios polarizado con hombres armados vestidos de civiles.

El 2 de septiembre, funcionarios del INM obstruyeron el paso de autos pertenecientes COMDHSE y de periodistas en Mapastepec, quienes estaban ahí para documentar los pasos de la caravana. El 5 de septiembre, el COMDHSE documentó un fuerte operativo conjunto llevado a cabo por elementos antimotines de la Guardia Nacional y por el INM en Huixtla . Durante el operativo que dueró más de ocho horas, se llevaron a cabo múltiples detenciones violentas y arbitrarias en las que las y los defensores también fueron agredidos por elementos de la Guardia Nacional, quienes utilizaron los escudos antimotines para empujarlos.

Las agresiones, hostigamiento y vigilancia en contra de quienes defienden los derechos de las personas migrantes y, en particular, de integrantes del COMDHSE no son nuevas; en julio de 2021 distintas relatorías de las Naciones Unidas expresaron preocupación por los actos de hostigamiento en contra de la red de organizaciones ocurridos durante el primer semestre de Así mismo, en 2019 las organizaciones Front Line Defenders, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos investigaron y denunciaron algunos de los riesgos y amenazas a las que se enfrentan de manera continua quienes defienden los derechos de las personas migrantes, así como las consecuencias que ello tiene en dicha población.


Las organizaciones firmantes recuerdan la obligación del gobierno mexicano de garantizar la integridad personal de todas las personas que transitan el territorio mexicano. Así como su compromiso de salvaguardar los derechos humanos de todas las personas que transitan o residen dentro del país, incluyendo a las y los extranjeros, tal y como ha reconocido en los principios de la Ley de Migración de 2011.


Estas as organizaciones instan a las autoridades mexicanas a que reconozcan y permitan sin obstrucciones la labor de documentación y acompañamiento que realizan las personas defensoras de derechos migrantes y comunicadoras, así como las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la frontera sur de México. Asimismo, hacen un llamado a que se respeten los derechos humanos de todas las personas que transitan el territorio mexicano, recordando que migrar y solicitar refugio es un derecho garantizado en la Constitución Mexicana y en los instrumentos internacionales de los que México es parte.

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Front Line Defenders, Ibero Ciudad de México, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México,

con la Observación Internacional de SweFOR México, con la Observación Internacional de Brigadas Internacionales de
Paz-México

Imagen: Los abusos habrían ocurrido en el contexto de la migración en Chiapas. Foto: Darinel Zacarías

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Miriam Miranda, activista indígena hondureña: “El presidente está impulsando un genocidio contra el pueblo garífuna”

Compartimos esta nota publicada en El Diario sobre la represión y violencia hacia el Pueblo Garifuna en Honduras- A 8 de agosto del 2021

Miranda se ha convertido en una de las caras visibles de la búsqueda de cuatro jóvenes afroindígenas de la comunidad garífuna desaparecidos hace un año. La activista denuncia que el Gobierno de Juan Orlando Hernández no asume su responsabilidad

Ayelén Oliva 8 de agosto de 2021 21:36h

3 @ayelenoliva

Miriam Miranda lleva toda una vida dedicada a la defensa de los derechos humanos y ambientales en Honduras. En especial, a aquellos vinculados a los pueblos indígenas. Desde la ciudad de La Ceiba, en conversación con elDiario.es, denuncia que en su país la defensa de la tierra sigue siendo motivo de persecución y criminalización. Pero también de desapariciones forzadas y asesinatos.

Tal es el caso de Milton Martínez, Suami Mejía, Gerardo Róchez y Sneider Centeno. Un grupo de jóvenes afroindígenas de la comunidad garífuna que, el 18 de julio del año pasado, en lo que parecía un operativo policial, fueron secuestrados en Triunfo de la Cruz, en la costa norte de Honduras, una de la zonas con mayor biodiversidad del país.

Hace un año que no se sabe dónde están y Miranda se ha convertido en una de las caras visibles de esta búsqueda. “El Estado ha venido desplegando una estrategia para negar su responsabilidad y la participación de las fuerzas de seguridad del Estado en el secuestro y la desaparición forzada”.

El caso de la desaparición forzada de los jóvenes de Triunfo de la Cruz se entiende solo en un país atravesado por la persecución a los líderes sociales. El caso más conocido es el de Berta Cáceres, ambientalista hondureña asesinada el 2 de marzo de 2016.

El mes pasado, una histórica sentencia declaró culpable a Roberto David Castillo, directivo de una hidroeléctrica. Para Miranda, la decisión de la Justicia marca un avance en el esclarecimiento de la causa, pero dice que todavía falta mucho camino por recorrer.

¿Tiene expectativas con la investigación por el asesinato de Berta Cáceres?

Por supuesto me llena de esperanza. Pero me preocupa mucho que no lleguen a juicio los verdaderos culpables, aquellos que dieron la orden de asesinar a Berta. En un país como este siempre se buscan chivos expiatorios. Está claro que David Castillo formó parte de esa estructura, pero si no se lleva a juicio a los verdaderos culpables que son los dueños, sería un mal precedente.

¿Por qué cree que se puede frenar la causa?

En este país existe un Estado fallido donde los grupos de poder económico tienen el control y pueden cambiar, de la noche a la mañana, algunas resoluciones. Y eso es lo que nos preocupa. Si no se fortalece el Estado de derecho, vamos a seguir en la misma situación.

Tanto usted como Berta son mujeres que han encarado la defensa de los derechos humanos en Honduras, ¿qué papel juega el género en estas causas?

Recuerdo una vez, cuando me estaba golpeando la policia en la calle, me decían: “tú no tienes que estar en la calle tienes que estar cocinando, atendiendo a tu marido y a tus hijos”. Existe un riesgo mayor inminente para las mujeres. Pero las luchas en América Latina tienen voz y cara de mujer. Hay que reconocer que las mujeres estamos impulsando y sosteniendo procesos para garantizar la perpetuidad y salvar a la humanidad.

Ya pasaron más de un año exigiendo la aparición de los cuatro jóvenes desaparecidos de su comunidad, ¿cuál es la respuesta del presidente Juan Orlando Hernández?

Durante los primeros días del secuestro hizo una campaña basada en la narrativa de que los jóvenes eran parte del crimen organizado, que eran narcotraficantes. Intentó convertir a las víctimas en victimarios. Una estrategia que se les cayó porque no la pueden sostener. El Gobierno dice que no hay prueba de que fuera la Dirección Policial de Investigaciones, sino que fue la lucha entre narcotraficantes. El Estado ha venido desplegando una estrategia para negar su responsabilidad y la participación de las fuerzas de seguridad en el secuestro y la desaparición forzada, pero hay una comunidad completa que fue testigo. Vio que estaban vestidos de policía y cómo fue el operativo. Eso no lo puede negar.

¿Es la primera vez que tienen un caso de desaparición forzada dentro de su comunidad?

Es la primera vez, sí. Pero tenemos antecedentes de asesinatos de líderes, criminalización y judicialización.

¿Cuál es la reacción del órganos públicos competentes a las peticiones internacionales de esclarecimiento del caso?

El Estado estaba obligado a presentar información ante el pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2015 y al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU pero no hay ninguna respuesta que muestre que se está investigando.

¿Este caso lo entiende en el marco de una problemática general de persecución a líderes sociales en su país?

Sin duda. Los informes de los organismos de derechos humanos han demostrado que Honduras es uno de los países más violentos para los defensores y defensoras. No solamente es la desaparición. En lo que va de este año, tenemos 33 personas de una comunidad con órdenes de captura y todos los conflictos tienen que ver con la lucha por la tierra.

Honduras es uno de los países más violentos para los defensores y defensoras de derechos humanos. Y todos los conflictos tienen que ver con la lucha por la tierra.

¿En qué se apoyan para avanzar con las detenciones?

El Gobierno ha venido aprobando leyes para criminalizar a los defensores y defensoras de derechos humanos como sucedió con la reforma del código procesal penal en el cual utilizan la figura legal para el control de las maras y pandillas en las ciudades para judicializar a las defensoras. El argumento es que si tú estás defendiendo la tierra, estás a su vez atacando a terceros privados y obligándolos a desplazarse. Nos acusan de usurpación. Juan Orlando Hernández está impulsando un genocidio contra el pueblo garífuna. Nos están desplazando y obligando a irnos del país cuando nosotros tenemos derecho a vivir aquí.

¿Qué espera que cambie en su país en un futuro inmediato?

Espero que cambie la correlación de fuerzas para restaurar el Estado de derecho en este país, si no es muy poco lo que podemos hacer. Espero que pueda surgir algún inicio de que el Estado va a cumplir la sentencia condenatoria de Triunfo de la Cruz. Espero encontrar a nuestros hermanos vivos, así como se los llevaron. Y saber quién dio la orden de la desaparición.

Pueblos Indígenas en Honduras

Este lunes, como cada 9 de agosto, se conmemora el día internacional de los pueblos indígenas. En Honduras, según un informe publicado por las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, existen nueve comunidades originarias, varias de ellas de origen afrohondureños. En total represental el 7.25% de la población del país.

Los defensores de derechos humanos y ambientales denuncian que desde el 2017, año posterior al asesinato de Berta, se identifica un incremento sustancial de agresiones contra defensoras de tierra y territorio y que no cuentan con políticas especiales ni legislación específica para proteger a estas personas.

Los garífunas son un grupo étnico afroindígena ubicado en la costa atlántica, en 41 comunidades, pero también se encuentra en Belice, Guatemala y Nicaragua. Además, existen una gran cantidad de garífunas que fueron desplazados de sus tierras.

Imagen: Miriam Miranda

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En Acteal, denuncian irregularidades en esclarecimiento del asesinato de Simón Pedro

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre las irregularidades en el proceso jurídico del asesinato del defensor Simón Pedro – A 2 de agosto del 2021

A casi un mes del asesinato de Simón Pedro Pérez López, la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal denuncia la lentitud de las autoridades estatales en el proceso de investigación del crimen.

“Va muy lento como de por sí así es el modo del sistema de justicia del mal gobierno en México. Cuando se trata de un caso de un indígena que es pobre, que es defensor de derechos humanos y de la vida y sobre todo si lucha contra el sistema de mal gobierno y de ricos y poderosos”, enfatiza la organización indígena tzotzil mediante comunicado.

La denuncia fue realizada por Las Abejas durante el marco de una jornada de ayuno y oración por la la paz y la justicia en la zona de Los Altos de Chiapas, región que desde hace años registra un incremento en la violencia armada, lo cual ha derivado en desplazamiento forzado de miles de personas.

En el documento, la organización que aglutina a comunidades tzotziles de tres municipios en la región de Los Altos, remarca la lentitud del sistema de justicia, representado por el actuar de la fiscalía de Chiapas.

También, señalan irregularidades graves, tales como la solicitada por el abogado del presunto asesino, Hugo Rolando “N”, quien solicitó la exhumación del cuerpo de Pérez López para “confirmar” que murió a causa de las heridas por los impactos de arma de fuego.

La organización lamentó la situación que, “ante la presión del sistema de justicia del mal gobierno mexicano”, tuvieron que aceptar los familiares de Simón Pedro, pues de lo contrario las autoridades dejarían en libertad al presunto asesino.

“La fiscalía de Chiapas, permite cuando le conviene, en este caso al abogado del autor material del asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro pedir pruebas absurdas para nuestro modo y cultura tsotsil, por ejemplo; dicha defensa del asesino, argumenta que Simón Pedro se murió de alguna enfermedad grave que padecía antes de ser herido de las balas o porque no le dieron primeros auxilios, a pesar de ahora sabemos y aclaramos que el compañero y hermanos Simón Pedro recibió por lo menos dos disparos de arma de fuego en la cabeza y que el agresor le disparó por la espalda y que lo estuvo siguiendo y vigilando durante el día, antes de dispararle”, puntualiza el documento.

Ante esta situación, Las Abejas de Acteal recordaron “el error vergonzoso como en el Caso de la Masacre de Acteal”, puesto que, en dicho crimen de Estado, aún impune a casi 24 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberó a todos los autores materiales.

Indígenas tzotziles dedicaron una jornada de oración y ayuno los últimos días de julio. Foto de Las Abejas de Acteal

“Ante esta situación, exigimos a los administradores del sistema de justicia del mal gobierno mexicano que hagan justicia de verdad y no simulada por el cobarde asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro”, demandaron Las Abejas.

Desde la Casa de la Memoria y Esperanza en Acteal, la organización tzotzil solicitó solidaridad para exigir justicia y para que, además de dictar sentencia condenatoria para el presunto autor material, también se inicie la investigación para encontrar al autor o autores intelectuales, pues argumentan, el asesinato de Pérez López se debió a su labor en la defensa de derechos humanos.

“Lo dejamos bien claro, que si el sistema de justicia del mal gobierno no cumple con su obligación de aplicar la justicia, solo sembrarán más injusticia y permitirle a los criminales a seguir matándonos como animales”, denuncian Las Abejas.

Foto de Las Abejas de Acteal

Además, señalaron que mantendrán sus labores de acompañamiento y refugio a las familias desplazadas que aún se encuentran en los diferentes campamentos de la región.

Por último, Las Abejas rechazaron la criminalización de Marcelo Pérez, párroco que acompaña la defensa de los derechos humanos, no solo en el conflicto suscitado en Pantelhó, sino también en otros puntos de Chiapas, muchos de los cuales registran actividad de grupos civiles armados contra la población mayoritariamente indígena.

Imagen: Abejas de Acteal

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Claudia Sheinbaum reprime a defensoras y defensores de Xochimilco

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la reciente represión a las y los defensores del humedal en Xochimilco – A 27 de julio del 2021

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) condenamos la violenta represión de la que fueron victimas las y los defensores del territorio de Xochimilco el viernes pasado en la CDMX, por un escuadrón de ganaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que golpearon y maltrataron a las y los defensores.

Esto sucedió mientras la Coordinadora de Pueblos y Barrios de Xochimilco se manifestaban pacíficamente frente al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ubicado en el Boulevard Adolfo López Mateos, para exigir que el Tribunal resuelva dos recursos de revisión que están pendientes para los pueblos de Xochimilco, a causa de la pretensión de construir de forma ilegal el puente vehicular de Cuemanco que afectará gravemente el humedal.

Las y los chinamperos han venido denunciando desde hace más de un año el daño irreparable que traerá el puente para su actividad y para las especies endémicas y migratorias de la zona lacustre. Asimismo, han denunciado que esto traerá graves consecuencias para el abastecimiento de agua a corto plazo.

Desde la REMA exigimos al Décimo Tribunal Colegiado que resuelva los recursos de revisión interpuestos por los pueblos de Xochimilco. Exigimos igualmente a Claudia Sheinbaum un alto total a la represión a las y los defensores del territorio en la CDMX.

¡BASTA DE REPRIMIR A LOS PUEBLOS POR DEFENDER SU TERRITORIO!

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Cuartoscuro

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Petición Alto a la muerte y desplazamiento en comunidades indígenas de Chiapas

Compartimos esta petición de Salva la selva para exigir justicia para Simón Pedro y seguridad para su familia y demás integrantes de las Abejas de Acteal – A 27 de julio del 2021

Petición para firmar y difundir

Estimadas amigas y amigos de Salva la Selva:

>>Firma aquí<<

Ser defensor de la naturaleza y los derechos humanos expuso a Simón Pedro Pérez López al peligro. El 5 de julio, un individuo se le acercó en motocicleta y lo asesinó de un disparo en la cabeza. Sucedió en  en Chiapas, México, concretamente en Simojovel, cuando se encontraba en el mercado con su hijo.

Simón Pedro era defensor de los derechos humanos, y acompañaba a comunidades indígenas Tsotsiles y Tseltales que denuncian proyectos extractivos y la violencia estructural y continuada en la región de los Altos de Chiapas. La situación de emergencia y peligro en la zona persiste para varias comunidades.

El contexto es complejo. Muchas personas se han visto obligadas a desplazarse por la violencia que existe en la región, y por la acción del crimen organizado. De ello se benefician las empresas extractivas que buscan un acceso al territorio para llevar a cabo sus proyectos.

Por favor, solidarízate y firma la petición exigiendo justicia para Simón Pedro, seguridad para sus familiares y personas allegadas y la actuación del Estado mexicano para llevar a cabo la prevención integral de la violencia contra las personas y comunidades indígenas en el estado de Chiapas.

>>Firma aquí<<

Muchas gracias como siempre. Un saludo cordial,

Guadalupe Rodríguez

Fondo defensoras y defensores

Las defensoras y defensores de la selva se activan rápidamente cuando la selva está en peligro. Por eso, necesitamos fondos para prestarles nuestro apoyo directo. Por favor, ayúdanos con una donación para que podamos seguir salvando las selvas y apoyando a sus defensoras y defensores.

>>DONA AQUÍ<<

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Entrevista: El reto de cuidar el medio ambiente de la mano de la tecnología

Compartimos esta entrevista de Código Sur a nuestro compañero Gustavo Castro sobre los retos de cuidar el medio ambiente – A 16 de julio del 2021

El Estado de Chiapas, al sur de México, se caracteriza por su espíritu rebelde. Desde la insurrección del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, Chiapas se posicionó como un punto de referencia a nivel global para quienes estudiaban los efectos de la globalización y las alternativas al sistema neoliberal dominante.

Pero más allá de la pobreza y la desigualdad que inspira el espíritu rebelde de este Estado, Chiapas es una de las regiones más ricas en recursos naturales de todo México. Desde minerales preciados – como el oro y la plata – hasta gas natural y petróleo, la región se ha convertido en el blanco de empresas extractivistas transnacionales, especialmente desde la aprobación del NAFTA.

Es en ese contexto en que la organización Otros Mundos, una asociación civil sin fines de lucro que lucha, desde el 2006, por preservar la naturaleza y apoyar a las comunidades locales afectadas por las dinámicas de explotación en la región.

En este proceso, Otros Mundos se ha sumado a la infraestructura de Código Sur para mejorar los procesos de uso de tecnologías de la organización. Conversamos con Gustavo Castro, fundador y director de Otros Mundos, sobre el rol de la tecnología en su lucha por preservar el medio ambiente en Chiapas.

Código Sur: Desde hace un tiempo, Otros Mundos ha alertado sobre los ataques de grupos paramilitares contra diferentes organizaciones sociales, más recientemente contra CDH Fray Bartolomé de las Casa (Frayba). Estas organizaciones criminales, ¿estarían interviniendo las comunicaciones de los movimientos sociales? Y de ser así, ante la inacción del Estado, ¿qué medidas están tomando para contrarrestar esta amenaza?

Gustavo Castro: Desde hace años los diversos grupos armados han agudizado su violencia en diferentes partes del estado. En Aldama, Chenalhó, Ocosingo, Carranza, Pantelhó, entre otros municipios. Los conflictos por tierras, por el control político, económico, social, territorial. Aunque su capacidad organizativa y la impunidad con la que operan es alta, no consideramos que tengan la capacidad técnica ni financiera para intervenir comunicaciones de los movimientos. Sin embargo, en la medida en que haya grupos armados vinculados con el crimen organizado, es posible que sí tengan éstos últimos dicha capacidad.

CS: Otros Mundos ha lanzado la Escuela Ejidal y Comunal, como parte de sus esfuerzos de formación a personas que luchan por defender el medio ambiente. ¿Cómo se implementan tecnologías seguras y libres en estos procesos formativos y en la articulación con las comunidades para dar seguimiento a los aprendizajes colectivos generados en la escuela?

GC: Este es un punto muy débil en el movimiento. No solo para los participantes en la Escuela Popular Ejidal y Comunal, sino en la Escuela de Justicia Energética y otros procesos y redes sociales locales. Las personas en las comunidades, a lo mucho, cuentan con la herramienta de Whatsapp. No conocen Telegram o Signal, no se conocen otras vías de comunicación, no se conoce el Zoom u otras herramientas. No hay cobertura de internet, en algunos casos las personas utilizan las redes de WiFi públicas de las presidencias municipales, que son redes abiertas e inseguras, porque no hay otra opción. Quienes tienen celular suelen tener equipos básicos, o no cuentan con información necesaria para darle mantenimiento, para ampliar la memoria de los dispositivos. No cuentan con una computadora para bajar sus archivos fotos etc. y simplemente llega un punto en que se saturan sus teléfonos. “No tengo espacio para más,” nos dicen, y claro, mucho menos tendrán espacio para bajar otra aplicación como el Signal, por ejemplo.

CS: Sabemos que Otros Mundos, como organización que promueve la protección del medio ambiente, enfrenta amenazas constantes. ¿Qué medidas de seguridad han tomado como organización para fortalecer su portal digital y sus comunicaciones?

GC: Sumarnos a Código Sur. Usamos Signal para las comunicaciones, usamos respaldos en discos duros seguros. Algunos de nosotros usamos software libre, no todos ya que algunas herramientas de diseño, y de comunicación, a veces resultan incompatibles con otros equipos.

CS: ¿Cómo concibe Otros Mundos la relación entre la protección del medio ambiente y la utilización de software libre?

GC: El principal beneficio del software libre para el medio ambiente es no requiere de compras de programas o equipos de mantenimiento. Esto permite reducir el consumo comercial de software, que a su vez conlleva a una reducción en el consumo de otros insumos conexos al software privativo, que a su vez requieren una actividad extractiva intensa de energía, agua, minería, papel, combustibles fósiles, etc. El software libre desincentiva esta demanda a largo plazo. Por otra parte, también permite extender la vida útil de los dispositivos o hardware; muchos equipos pasan a ser considerados obsoletos al no soportar nuevas actualizaciones de software privativo, cuando en realidad continúan siendo funcionales. El software libre permite aprovechar esos equipos y reducir la basura electrónica.

Imagen: Amigos de la Tierra España