Comunicado de Otros Mundos sobre a ratificación de la Declaratoria de Territorio Libre de Minería en Acacoyagua – A 15 de octubre del 2025
Por quinta vez consecutiva el “Frente Popular en Defensa del Soconusco-20 de Junio” (FPDS), quienes en 2020 fueron galardonados con el Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas “Mariano Abarca”, han logrado que el H. Ayuntamiento del Municipio de Acacoyagua, Chiapas, sea declarado libre de minería.
Así, el 15 de agosto de 2025, el gobierno de este ayuntamiento de la costa de Chiapas, presidido por el Presidente Municipal José Antonio Meza, se llevó a cabo una sesión de cabildo exclusiva para realizar un “ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE ESTE HONRABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE REFRENDAR EL COMPROMISO DE NO EXTENDER NINGÚN PERMISO NI LICENCIA PARA LA ACTIVIDAD MINERA EN LO QUE COMPRENDE EL PERIODO DE ESTA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024-2027. Y DECLARA ESTE MUNICIPIO DE ACACOYAGUA, CHIAPAS, LIBRE DE MINERÍA”.
El FPDS, miembros de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), han mantenido su lucha y resistencia para defender sus territorios, los ríos y la Madre Tierra. Desde entonces han logrado que el municipio sea declarado libre de minería en cada administración municipal. El Municipio de Acacoyagua fue el primero a nivel nacional que declaró su territorio libre de la extracción minera que amenazaba ya con impactos sociales y ambientales.
Es por ello que reconocemos el esfuerzo del FPDS, del pueblo de Acacoyagua y de las ultimas cinco administraciones municipales por dar el ejemplo a nivel estatal y nacional de lo que significa defender los ríos, sus territorios, el agua y la salud de su pueblo.
Comunicado de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC – A 10 de octubre del 2025
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) se solidariza con la Unión de Afectados y afectadas por Texaco (UDAPT) organización hermana perteneciente a la Federación Amigos de la Tierra Internacional, y conformada por organizaciones y procesos de renombrada y honesta trayectoria que están siendo atacados por el gobierno de ultraderecha de Noboa que ordenó cerrar las cuentas bancarias de la organización el día 8 de octubre, generando graves perjuicios a su funcionamiento.
UDAPT trabaja hace más de 32 años en la en defensa de los derechos de los pueblos y los derechos humanos de más de 30000 personas afectadas por la contaminación y la impunidad de empresas petroleras transnacionales. Todos los fondos de la organización son lícitos y se utilizan para la misión institucional.
ATALC exige al gobierno del Ecuador detener estas acciones abiertamente antidemocráticas, y llamamos a la comunidad internacional y a las organizaciones y movimientos sociales a expresar su solidaridad y denunciar esta estrategia que busca inhabilitar la acción legítima de las organizaciones y movimientos sociales
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe Octubre 10 de 2025 www.atalc.org
Compartimos la decaratoria final del tercer Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales Reencontrarnos en la Resistencia y en las Alternativas 2025 realizado en Honduras del 25 al 28 de septiembre de este año – A 28 de septiembre del 2025
En la casa de Berta Cáceres, Centro de Encuentros Utopía, nos encontramos en nuestro camino de construcción del proceso de articulación, proyectos políticos, luchas, resistencias y esperanzas; 337 delegados y delegadas de organizaciones sociales y populares de Honduras, México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, y otros pueblos del mundo, en el Tercer Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales.
En tres días de reflexión, debate y construcción colectiva, reafirmamos que el camino del movimiento social mesoamericano debe ser el camino de la unidad. Unidad con base en principios, enraizados en la defensa y liberación de nuestros territorios y nuestros cuerpos, por la construcción y reconstitución de nuestros modelos de democracia popular, comunitaria, solidaria, participativa, anticapitalista, antipatriarcal y antiimperialista. Renovando nuestros horizontes con pluralidad y creatividad, con apertura, pero sin olvidar los errores y aprendizajes del pasado.
Reafirmamos que la imposición del sistema capitalista ha sido la causa estructural de las desigualdades sociales históricas, del despojo y sometimiento de los pueblos, las exclusiones y violencia generalizada, las crisis socio-ambientales y políticas. Reflexionamos en el marco de un contexto de tensión y de arremetida del imperio estadounidense en decadencia, en el marco de una reconfiguración del orden mundial que profundiza la disputa por el control de los bienes comunes estratégicos de nuestros territorios; agudiza la militarización, el resurgimiento del autoritarismo, el racismo, el patriarcado, el odio a los migrantes, el clasismo, el negacionismo de la ciencia del cambio climático, el fundamentalismo religioso como instrumento de dominación y manipulación, asimismo, las trampas mediáticas a través de las redes sociales controladas por las grandes corporaciones tecnológicas.
Denunciamos el hostigamiento bélico de los Estados Unidos en el mar Caribe, que constituye una amenaza real para la paz de la región y sometimiento de los pueblos latinoamericanos para sus intereses imperiales. Las políticas migratorias racistas y clasistas del gobierno estadounidense y la complicidad de gobiernos títeres como el de Bukele al convertir al Salvador en un centro carcelario regional. La continuidad del modelo extractivista, minero, energético, monocultivo, en complicidad de gobiernos y corporaciones nacionales y transnacionales en el marco de una economía criminal capitalista. El hostigamiento, criminalización y asesinatos en contra de defensores y defensoras de los territorios, en particular de los pueblos indígenas del Abya Yala.
Exigimos justicia por Berta Cáceres, Juan López y los mártires del Aguán, por el Padre Marcelo, Daniel Pedro, Bety Cariño, Simón Pedro, Mariano Abarca y para todos y todas las personas quienes han dado su vida por la defensa de los territorios.
Exigimos respeto a las formas de vida, cosmovisiones, libre determinación de los pueblos mesoamericanos, fin del hostigamiento bélico en el Mar del Caribe por parte del gobierno estadounidense. Alto al brutal bloqueo económico en contra de Cuba y Venezuela; que cese la imposición de medidas políticas y económicas coercitivas, en contra de países que con dignidad reclaman respeto a su soberanía, como México, Venezuela, Brasil y Colombia. Fin del genocidio en Gaza y justicia para el pueblo Palestino.
Nos solidarizamos con todos los pueblos que luchan por la vida y la madre tierra, por la democracia, por los derechos humanos, derechos colectivos y ambientales, que han sido objetos de opresión, represión y criminalización. Nos solidarizamos con Luis Pacheco y Héctor Chaclan, ex autoridades comunitarias de los 48 cantones de Totonicapán, Guatemala encarcelados por el ejercicio de su autonomía y libre determinación; con Rut López, Iván Arévalo y los 5 defensores de Santa Marta, víctimas del régimen dictatorial de El Salvador, con el compañero Mario Quintero de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Oaxaca, quien sufre hostigamiento y difamación, con nuestros hermanos y hermanas migrantes que, en búsqueda de mejores condiciones materiales, exponen sus vidas y son tratados como delincuentes. Nos hermanamos con la lucha por la autodeterminación del pueblo de Kurdo y demandamos la libertad de Abdullah Ocalan, su líder histórico. Nos solidarizamos con el hermano pueblo de Ecuador que sufre la represión del Estado y exige respeto a su proceso de asamblea constituyente. Condenamos el asedio y desplazamiento que sufre el caracol número 8 Dolores Hidalgo del EZLN.
Nos declaramos en guardianes permanentes de nuestros territorios, en el ejercicio pleno de nuestra autonomía y libre determinación, en la recuperación de nuestra identidad histórica, cosmovisiones y espiritualidad como elementos de unidad regional. Luchamos por una sociedad de libertades, libre determinación y autonomía, libre de violencia patriarcal y machista, construida con voz de mujer, de disidencias sexuales y de hombres en deconstrucción.
Seguiremos impulsando nuestras iniciativas locales como la soberanía alimentaria, autonomía energética, gestión comunitaria del agua, bosques y biodiversidad, la economía plural y solidaria, economía feminista, la articulación de los pueblos, la organización popular, la construcción del sujeto político para la liberación y el Buen Vivir.
Declaramos la madre tierra, nuestros ríos como sujetos de derecho, abrazamos la cosmovisión de los pueblos indígenas como garantía para la sustentabilidad de la vida, las luchas solidarias y creativas de las mujeres y de la juventud.
Acordamos profundizar la articulación de los pueblos, desde abajo, desde los territorios originarios, desde las cuencas hidrográficas, desde los diferentes sectores organizados. Nos preparamos para participar con propuesta y fuerza en el Cuarto Encuentro Internacional de Afectados por Represas y Crisis Climática y en la Cumbre de los Pueblos que se realizará en la amazonia brasileña del 6 al 15 de noviembre próximo para denunciar las falsas soluciones que se discuten en la COP.
Nuestra fuerza radica en la unidad dentro de la diversidad, en las experiencias de luchas históricas de nuestros pueblos, en la solidaridad, complementariedad, con base en principios y cosmovisiones, pero, sobre todo, porque no tenemos miedo al opresor, porque somos semillas de libertad que llevamos más de 500 años de lucha y resistencia en contra de este sistema de dominación civilizatoria occidental.
Así como los ríos no nos dividen, sino nos unen; la diversidad no nos dispersa, sino que nos da fuerza.
La Esperanza, Intibucá, Honduras, 28 de septiembre de 2025
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco – A 20 de agosto del 2025
A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES
Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación
Félix Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos, SEGOB
Efraín Morales López, Titular de la CONAGUA
Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la CNDH
Yuriana Helena Hernández Lino, Subdirectora de Área, Subsecretaría de Derechos Humanos del Mecanismo para Defensores de DHH y Periodistas.
David Monreal Ávila, Gobernador de Zacatecas
Rodrigo Reyes Mugüerza, Secretario de Gobierno de Zacatecas
Maricela Dimas Reveles, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
Jan Jarab, Representante de la Oficina Regional ONU-DH
ANTECEDENTES
Las comunidades del municipio de Jiménez del Teúl en Zacatecas llevan 10 años luchando contra el proyecto de la presa Milpillas, que pretende captar 47 Mm3/año de agua, contribuyendo a solucionar el problema de abastecimiento del agua en el estado; pero que fue demostrado por varios estudios no ser viable, agudizando la problemática del agua en la entidad y afectando de manera irreversible a las comunidades donde quedaría instalada dicha presa.
Sandra Miranda Ortega es una de las personas lideresas de la lucha en contra de la presa, una de las fundadoras del Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco que agrupa a los ejidos de Atotonilco, Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales, así como a personas de la cabecera municipal de Jiménez del Teul. Como defensora de derechos humanos se ha destacado por apoyar siempre a la comunidad, a las personas con discapacidad y a personas enfermas, trasladándolas en su camioneta al hospital, dando orientación para trámites ante instituciones. En el período de 2019-2021, fue elegida por la comunidad para ser Delegada. Desde 2018 a la fecha ha defendido el territorio contra la instalación de la presa Milpillas.
HECHOS
El pasado 18 de agosto de 2025, la defensora de derechos humanos, de la tierra y el territorio en Zacatecas, Sandra Miranda Ortega, compareció ante el juez comunitario del municipio de Jiménez del Teul, Zacatecas, en un careo con la C. Liliana Nayeli Herrera Muro, directora de Obras públicas de dicho municipio. Este encuentro tuvo como objetivo esclarecer las declaraciones realizadas por la funcionaria, en las que vincula a la defensora con un presunto acto de compraventa de terrenos que realizaron otras personas sin la participación y consentimiento de la defensora, además, según testimonios esta compraventa se efectuó bajo presiones e intimidaciones, con el argumento de que “la presidenta de México expropiaría los terrenos” en caso de negarse a la venta.
Las declaraciones de la funcionaria pública, y el uso de información personal o familiar como herramienta de agresión o deslegitimación contra la defensora constituye una violación a sus derechos humanos y al derecho fundamental de defender derechos. A estas declaraciones se suman la difusión de un documento y fotografías de las personas implicadas que según la propia Liliana Herrera obtuvo a través de una solicitud de acceso a la información pública, mientras las fotografías le fueron proporcionadas por la titular de la secretaria del Agua y Medio Ambiente del estado de Zacatecas, la Dra. Susana Rodríguez Márquez (SAMA). El documento de transacción y la fotografía se ha divulgado principalmente dentro del Ejido de Atotonilco, acompañado de difamaciones en una franca acción dolosa para armar una campaña de odio contra la defensora Sandra Miranda, quien abiertamente se ha opuesto al proyecto de la presa Milpillas desde hace 10 años.
Durante el careo, la C. Iliana Herrera, incriminó a la defensora bajo la falsa acusación de estar impidiendo que personal de CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) entre a la comunidad a otorgar beneficios; cuando se trata de una decisión de las y los ejidatarios. Este tipo de prácticas no solo pone en riesgo la seguridad de quienes defienden la vida y el territorio, sino que también erosiona el tejido comunitario y debilita los procesos de justicia y resistencia que ellas sostienen.
Durante el careo, la defensora solicitó formalmente que se desvincule su nombre de dicha transacción, recordando que los señalamientos infundados vulneran la integridad de quienes defienden derechos humanos y obstaculizan su importante labor.
Cabe señalar que el 23 de julio del presente, a través de la regidora, Joana Cristina Torres Gallegos, le fue entregado a la CONAGUA un documento del Comisariado Ejidal donde le prohíbe entrar al Ejido Atotonilco sin la solicitud de un permiso. Sin embargo, contraviniendo dicho documento Ejidal, la CONAGUA ha entrado en vehículos particulares acompañados de trabajadoras (servidoras de la nación), violentando la decisión de las y los ejidatarios. Esto en una clara estrategia de coacción con el fin de reventar el tejido social y debilitar la lucha que las y los ejidatarios están dando por defender su territorio.
Denunciamos también que la citada funcionaria de SAMA ha estado hostigando a través de su personal al delegado de la comunidad, Adrián Ramos Torres, insistiendo en concertar reuniones en horarios inapropiados, así como llamadas por la madrugada, hechos que constituyen formas de presión e intimidación.
Estos actos representan los más recientes en contra de las personas defensoras de su territorio que se oponen al proyecto de la presa Milpillas, sin embargo, forman parte de un patrón continuo y sistemático de difamación, desinformación, hostigamiento y criminalización hacia ellas y ellos desde hace 10 años. Hacemos responsable a la Dra. Susana Rodríguez y al Gobierno del Estado de Zacatecas por los daños ocasionados a la privacidad, seguridad y dignidad de las familias afectadas, así como por la exposición pública de información personal que vulnera sus derechos humanos.
A estos hechos se suma la difamación y hostigamiento contra la defensora Sandra Miranda Ortega por parte del presidente municipal de Jiménez del Teul, Daniel Cisneros Esparza, quien el pasado 14 de agosto acudió a la comunidad de Las Bocas para promover el proyecto de la presa Milpillas, utilizando de nueva cuenta la venta realizada por familiares de la defensora como argumento de presión, creando así un ambiente de desconfianza y división con información que no tenía por qué ser divulgada.
Denunciamos:
1. La vulneración a la privacidad y seguridad de las familias afectadas.
2. Las acciones de hostigamiento, persecución y criminalización contra los defensores de derechos humanos Sandra Miran Ortega y Adrián Ramos Torres, por parte de Iliana Nayeli Herrera Muro, directora de Obras Públicas del municipio de Jiménez del Teul, y la Dra. Susana Rodríguez Márquez, titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) del estado de Zacatecas.
3. El uso de intimidaciones, coacción, difamación con dolo, por parte de autoridades federales, estatales y municipales para imponer el proyecto de la presa Milpillas.
Exigimos:
Cesar de manera inmediata los actos de hostigamiento y difamación contra los defensora de derechos humanos Sandra Miranda Ortega y Adrián Ramos Torres, así como a cualquier integrante del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, orquestados por los titulares de las dependencias municipales y estatales.
Garantizar la seguridad e integridad física y moral de Sandra Miranda Ortega, Adrián Ramos Torres y de los demás integrantes del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco.
De manera general, adecuar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por México.
La intervención inmediata de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, del Mecanismo de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y de organismos internacionales de derechos humanos
Finalmente, hacemos un llamado urgente a la presidenta de México para que tenga conocimiento de que los supuestos “permisos” que se presumen obtenidos para la presa Milpillas, se han conseguido mediante coacción, intimidación y violaciones a derechos humanos, lo cual también la responsabiliza a ella por ser la titular del Estado y de la actual administración que promueve la realización del proyecto de la presa Milpillas como parte del Plan Nacional Hídrico.
Atentamente
Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco
Les compartimos esta entrevista que la realizaron a nuestro compañero Gustavo Castro desde la radio comunitaria de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 15 de junio del 2025
Plan de Vida: Un modelo alternativo desde los pueblos
Entrevista con Gustavo Castro – Otros Mundos
Desde las Radios Comunitarias del COPINH
En una entrevista Gustavo Castro, defensor ambiental y miembro de Otros Mundos A.C. de Chiapas, México, compartió con COPINH su mirada sobre los planes de vida alternativos, la autonomía de los pueblos y el legado de lucha de Berta Cáceres.
De la resistencia a la propuesta
Durante décadas, nuestras comunidades han resistido los embates de los megaproyectos extractivos: hidroeléctricas, minería, monocultivos, transnacionales que arrebatan agua, cultura y salud. Pero Gustavo plantea una pregunta clave: “¿Qué sí queremos? ¿Cuál es nuestro proyecto de vida?”
Para responder, propone cinco pilares fundamentales de autonomía:
Agua
Energía
Alimentación
Salud
Comunicación
Estos pilares deben estar sostenidos por una conciencia política clara: “Decir no a la Coca-Cola, a las represas o a la minería no es sólo una decisión técnica o de consumo, es una postura política ante la vida”.
Eco tecnologías con conciencia
Castro enfatiza que las eco tecnologías —como biodigestores, baños secos, paneles solares, estufas ahorradoras y sistemas de captación de agua— no pueden implementarse sin un proceso previo de formación y organización comunitaria. De lo contrario, “se abandonan porque no se entienden como parte de un proyecto político de vida”.
En Chiapas, por ejemplo, comunidades indígenas han creado redes de biodigestores, se han organizado para fabricar estufas, compartir abono natural y almacenar agua de lluvia. “Lo hacen colectivamente, con alegría, en asambleas, con tamalitos y experiencias compartidas”.
No hay autonomía sin territorio
“Sin territorio, no hay posibilidad de autonomía”, recuerda Gustavo, y reafirma la necesidad de seguir resistiendo al despojo mientras construimos alternativas concretas que fortalezcan nuestras raíces.
Una invitación a construir
La entrevista cierra con un llamado lleno de esperanza: “Sí se puede. Hay otras formas de vivir. Podemos organizarnos, capacitarnos, tomar decisiones políticas sobre cómo queremos vivir y con quién. Como decía Berta, tenemos que hacerlo felices, cantando, bailando, celebrando la vida”.
Escuchá la entrevista completa a Gustavo Castro y compartila en tu comunidad.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA sobre la lucha por los ríos libres en Zacatecas – A 20 de junio del 2025
El pasado 13 de junio de 2025, ejidatarios de los núcleos agrarios de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales, así como habitantes de comunidades río abajo en Jiménez del Teúl y Sombrerete, Zacatecas, entregaron un oficio dirigido a la Procuraduría Agraria C.C. a la Presidencia de la República. En el documento, recibido oficialmente por la PA, expresan su rechazo firme y colectivo al proyecto de la presa Milpillas, que desde hace más de una década representa una amenaza de despojo, desplazamiento y afectación ambiental para la región.
Las comunidades agradecen la buena voluntad de escucha mostrada por la Procuraduría Agraria y expresan su confianza en que esta institución cumplirá su función de proteger de forma honesta y decidida los derechos de los ejidatarios frente a los intereses que pretenden imponer megaproyectos como la presa Milpillas.
Asimismo, exigen que se respete la libre determinación de sus asambleas, que ya han manifestado su negativa al proyecto, y advierten sobre el uso político e ilegal de instituciones agrarias para imponer una obra fallida e inviable. También denuncian los daños psicosociales, operativos intimidatorios y el acaparamiento del agua por parte de actores empresariales y políticos, entre ellos la familia Monreal.
Compartimos a continuación el oficio entregado y un video en el que las comunidades alzan la voz:
Compartimos este boletín de prensa del Ejido Carrizalillo a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por la vida – A 10 de junio de 2025
Carrizalillo, Mpio. Eduardo Neri, estado de Guerrero a 09 de junio del 2025
Buenos días, les saludamos desde el campamento de Carrizalillo para mantenerles informados sobre los últimos acontecimientos sucedidos dentro del proyecto “Los Filos”, el cual desde el 31 de marzo del 2025 se encuentra en suspensión indefinida, misma que no existe en nuestro marco normativo salvo se determine temporalidad de la suspensión y sobre se pueda acreditar que la suspensión se debe a causas de fuerza mayor, lo cual hasta donde entendemos nosotros en no pagar la renta de las tierras, para nada es cercano a una causa de fuerza mayor.
Como es del conocimiento público, la falta de pericia, la recurrente postura racista y el nulo respeto por parte de los empleados que la empresa destinó para establecer una negociación basada en la buena fe para con nuestro ejido, fueron la causa central para detonar un conflicto, al que también de manera inadecuada se sumó el gobierno estatal y municipal, quienes acabaron violentando el quehacer central de las instituciones públicas del estado las cuales son de orden preferencial para atender y defender a la población y no, como es común, dan prioridad a los intereses empresariales, hecho más que manifiesto durante el foro minero llevado a cabo el 27 de mayo en la ciudad de Chilpancingo, foro en el que prevaleció la gastada y rancia verbena político-popular a favor del sector minero como único tema de locución. Se habla y se festeja sobre la derrama económica empresarial, pero se guarda absoluto silencio sobre los derrames al medio ambiente, los impactos sociales y la violación a los derechos laborales.
Con el propósito de hacer un primer corte de información sobre el que enfrentamos, sin duda la confrontación entre nosotros y la empresa Equinox se ha incrementado.
El diálogo está totalmente cerrado y este no ocurrirá mientras los Sres. Ortega y Vergara sigan en el proyecto Los Filos.
Es razonable que la empresa haya presentado demandas con las que apuesta a los resolutivos en tribunales, mismo que a grosso modo se concentran en la demanda presentada en contra de nuestro ejido, además de sumar 125 demandas individuales para aproximadamente 125 dueños de parcelas. Sobre estas demandas y aunque parezca una broma, la empresa solicitó medidas cautelares para ingresar a nuestras tierras argumentando que nosotros les “despojamos” del territorio, así como medida de compensación depositó una fianza que al ser repartida significaría repartir un peso con cincuenta y ocho centavosmensuales para cada uno de nosotros. Sin embargo, este acto fue exhibido de forma contundente tanto para la empresa como para sus operadores por parte del magistrado del distrito 12, a quienes les señaló que su fianza era una “suma irrisoria y hasta burlesca”, lo cual nos ayuda a reforzar lo que nosotros llevamos años manifestado: la empresa Equinox gold siempre busca operar mezquinamente, esa misma empresa que ante sus accionistas se autoelogia presumiendo actúa con responsabilidad social corporativa.
Al recibir el llamamiento del magistrado, la empresa ingresó un nuevo recurso y en esta ocasión el mismo magistrado les otorgó a favor las medidas cautelares que tanto pretenden pero se las condicionó a que ingresaran una fianza equivalente a la renta que cada ejidatario recibió el año pasado con el motivo del arrendamiento, misma fianza que por supuesto la empresa rechazó y con ello quedaron inhabilitadas las medidas cautelares solicitadas.
A finales de mayo el poderoso equipo jurídico de la empresa, inconformes con los fallos del magistrado del TUA del distrito 12, interpusieron un amparo -número 554/2025 -IV-, ante el Magistrado de Distrito Segundo del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito ubicado en Acapulco Gro., amparo en su primer fase infructuosos porque no les otorgaron la suspensión provisional y, prácticamente de inmediata interpusieron otro recurso de queja por la negativa de la suspensión provisional registrada en el expediente 201/2025 por la Presidencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Hace un par de días la empresa recibió respuesta y se les decretó improcedente, es decir, de nueva cuenta la empresa no logró su cometido.
Nosotros ya iniciamos nuestro proceso para presentar las contrademandas que corresponden y ya veremos si los fallos nos favorecen, pero nos da ánimo saber que hasta ahora loque han hecho simplemente no les ha funcionado, porque es demasiado burda la violación en la que están incurriendo.
Suponemos los operadores de la empresa no están contentos con nosotros por los fallos recibidos en tribunales, pero en este caso nosotros nada tenemos que ver porque son fallos directos de jueces y magistrados quienes, utilizando sus facultades y responsabilidades, han rechazado la argumentación presentada por la empresa.
En otro plano sobre la problemática que tenemos, no en tribunales, sino de procedimientos y controles, ahora le tocará responder y reaccionar a la empresa ante las peticiones que hemos presentado ante diversas instancias del gobierno federal, sobre todo las que por ley están vinculadas con la actividad minera. De estas queremos destacar que nuestras peticiones se orientan sin tanto lío a lo más elemental:
Le corresponde al gobierno federal ratificar o negar el hecho de la legalidad o ilegalidad sobre su auto suspensión indefinida y, si falla en contra de la empresa tendrá varias consecuencias para ellos, pero una que estaría en nuestras manos sería hacer saber en Canadá que se alerten sus accionistas, socios, bancos y en la bolsa de valores, porque deben tener cuidado en invertir en una empresa que actúa ilegalmente, hace trampas y viola leyes, ya que ello pone en riesgo la inversión que en ella realicen.
Una segunda tanda de acciones en contra de la empresa y las cuales ya hemos emprendido es que, al margen de su auto suspensión indefinida ilegal, una vez que la empresa determinó detener la operación minera, la ley y los reglamentos, incluyendo el manifiesto de impacto ambiental escrito por la propia empresa, están obligados a implementar una serie de acciones las cuales por supuesto no han realizado, por lo tanto, la empresa Equinox gold está violentando y violando un sinfín de procedimientos, reglamentos y leyes, de las cuales nos preocupan todas las vinculadas con el programa de cierre y post-cierre de mina.
En ese tema queremos dar a conocer que la semana pasada la Procuraduría de Protección al Ambiente (PROFEPA) ingreso a los terrenos de la operación minera para iniciar una inspección derivada de una denuncia realizada por daño ambiental. Vemos imposible no identificar daños al ambiente, hay una gran gama de incumplimientos a la normativa ambiental, y suponemos se identificarán los riesgos potenciales al ambiente en aquellas áreas que han quedado abandonadas a causa de la ilegal suspensión indefinida. Dentro de esos sitios de alto riego se encontraba “el polvorín”, el cual nos enteramos que durante esa inspección acompañada por elementos militares, se aprovechó para revisar y retirar los materiales e insumos que ahí se guardan para elaborar explosivos. Al margen de ello no dejamos de pensar que la empresa de forma premeditada quizás los dejó para inducir un acto con el uso de esos materiales que habrían sido de muchas repercusiones hacia nosotros en el ejido.
Todavía no tenemos idea sobre lo que les determinará Profepa, pero el gobierno federal simplemente usará el marco legal que le corresponde porque está totalmente dirigido hacia la empresa, a pesar de los gritos o actos en los que la empresa y políticos estales pretenden culparnos como responsables de potenciales daños al ambiente. Esta semana la empresa debe atender las primeras recomendaciones de PROFEPA, pero de no hacerlo, vendrán multas, suspensiones y, por primera vez verán la diferencia entre su famélica suspensión indefinida y una posible y potencial cancelación definitiva.
Durante la semana que acaba de concluir también empezó la acción que solicitamos a la Procuraduría Agraria (PA).
El deslinde agrario de urgente prioridad para tener claridad sobre la ubicación de las tierras de usos común, así como de cada parcela, y hacer los reclamos que correspondan cuando la empresa por ley tenga que romper su letargo y se presente a platicar con nosotros y con la Semarnat el inicio del ya tardío programa de cierre y post-cierre de la mina y enfocarnos en los reclamos técnicos y tecnológicos de rehabilitación y en los reclamos económicos relacionados con compensación de los daños irreversibles.
El deslinde por parte de los peritos de la PA es un primer paso no solamente para recuperar la ubicación real y legítima de nuestras tierras, sino para enviarle un mensaje muy concreto a la empresa: ya llevan por lo menos 8 meses violando procedimientos y leyes porque bien saben que este proceso no inicia con la vigencia de los convenios, porque la ley y el propio convenio establece un procedimiento que haces meses fue violado por la empresa canadiense.
No es menor cuando manifestamos que al día de hoy la empresa Equinox gold, de manera franca y abierta, está vulnerando y violando todos nuestros derechos, por lo tanto, HA PUESTO EN RIESGO LA VIDA DE NUESTRA POBLACIÓN, porque al no tener ingresos ni tierras rehabilitadas para sembrar, estamos expuestos para vivir en marginalidad, el cual sabemos luego lo quieren resolver entregando despensas. Esta demanda ya también la tenemos en marcha y la empresa se sorprenderá hasta dónde hemos sido capaces de llegar para denunciar sus atrocidades.
Cerramos haciendo público que mientras en México la empresa Equinox Gold lagrimea por su baja producción y nos echa la culpa por su inoperancia productiva, acaba de lograr una fusión con otra empresa minera la también canadiense Calibre Mining, fusión con la que aspiran a volverse el segundo mayor productor de oro de Canadá, lo cual sabemos no es cosa menor, sabiendo que en México las empresas canadienses son preponderantes en la extracción de oro por sobre el resto de los países que se dedican a la extracción de ese metal.
Le damos la bienvenida al Sr. Blayne Johnson presidente de Calibre Mining, a quien aprovechamos para decirle que, de vez en cuando le enviaremos mensajes de nuestra parte para exponerle las arbitrariedades que su nuevo socio realiza en México. No está demás decirle que vigile bien la parte de su negocio, porque ya en el reporte financiero más reciente de la empresa Equinox gold también le falló la cantidad de producción proyectada de su mejor mina en Canadá, no sea que ahora le vaya a echar la culpa a usted, tal como lo hace acá con nosotros.
Les compartimos la siguiente petición realizada por el Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio MODEVITE en solidaridad con el rechazo a la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal – A 19 de mayo del 2025
Te invitamos a firmar y difundir este pronunciamiento en respaldo a la Declaratoria de Territorios Libres de Megaproyectos de pueblos y comunidades indígenas de Chiapas, que luchan por la defensa de su territorio y el derecho a la libre determinación
Firma para expresar tu solidaridad con su rechazo a la autopista Palenque–San Cristóbal, un megaproyecto impuesto sin consulta informada que amenaza la vida comunitaria, el medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios.
Tu firma es un apoyo importante para las comunidades en resistencia ante el despojo y la criminalización.
Al Estado y al Gobierno Mexicano Federal, Estatal y Municipal
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
A los Centros de Derechos Humanos locales, nacionales e internacionales
A los Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas, Afrodescendientes y Populares locales, nacionales e internacionales
A la Prensa local, nacional e internacional
Las personas, colectivos y organizaciones abajo firmantes expresamos nuestro más firme respaldo a la Declaratoria de Territorios Libres de Megaproyectos suscrita por los pueblos y comunidades indígenas de Chiapas, parte del Movimiento de Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite). Nos solidarizamos con la lucha de ellos y ellas, así como con la de todos los pueblos que están en pie de lucha en la defensa de su territorio, cultura y sus derechos a la autonomía y la libre determinación.
Como lo han manifestado las comunidades y pueblos afectadas, la construcción de la autopista Palenque-San Cristóbal de las Casas, impulsada por el gobierno estatal, está considerada como un megaproyecto que amenaza su vida y su territorio. Además, ha violado sus derechos a la consulta libre, previa e informada, ya que los pueblos no han sido debidamente informados ni consultados. Esta autopista amenaza el derecho a un medio ambiente sano y sustentable, pues su construcción puede generar impactos ambientales negativos como deforestación, contaminación del agua y pérdida de biodiversidad. También afecta el derecho a preservar la cultura, puesto que la autopista afectaría la integridad cultural y sitios sagrados de las comunidades indígenas que han habitado y protegido durante siglos. Finalmente, amenaza su derecho al territorio, ya que implica la pérdida de tierras y territorios ancestrales.
La Declaratoria de Territorios Libres de Megaproyectos de los pueblos indígenas de Chiapas está fundamentada en el Artículo 2° de la Constitución mexicana, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Asimismo, está sustentada en tratados internacionales ratificados por México, como los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establecen en su primer artículo los derechos a la libre determinación y a habitar y decidir sobre sus territorios. Además, se apoya en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece el derecho de los pueblos a mecanismos de consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas sobre proyectos que afecten sus territorios y el derecho a determinar sus propias formas de desarrollo.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas también reconocen el derecho de los pueblos a mantener y fortalecer su propia relación espiritual, cultural y material con la tierra y sus territorios, así como la conservación y protección del medioambiente en que habitan. Por tanto, ante cualquier proyecto de gobierno que afecte la vida comunitaria, los pueblos tienen la última voz sobre estas decisiones. Los territorios indígenas en México han enfrentado históricamente amenazas por parte de intereses gubernamentales y privados que priorizan la rentabilidad sobre el bienestar colectivo.
Ante esta situación, respaldamos plenamente las acciones y mecanismos de los pueblos de Chiapas para proteger lo que les pertenece. Asimismo, apoyamos las decisiones colectivas que determinen para garantizar una vida digna y la continuidad de su cultura.
Preocupadas y preocupados por el destino de la Madre Tierra y de los Pueblos y Comunidades Indígenas, exigimos a las autoridades locales, al gobierno de Chiapas y al Estado mexicano:
– Reconocer y respetar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a decidir libremente sobre su territorio y sus formas de desarrollo, incluyendo las carreteras y vías terrestres que crucen sus territorios y tierras.
– Respetar y proteger los derechos de los Pueblos Indígenas garantizando una consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas sobre proyectos que afecten sus territorios y derechos.
-Garantizar y proteger el respeto al patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos indígenas.
– Garantizar la protección del medio ambiente y la biodiversidad en los territorios indígenas.
– Poner fin a la violencia y la criminalización de los defensores y defensoras del territorio y los derechos humanos.
¡Respeto a la Autonomía y Libre Determinación de los Pueblos Indígenas!
¡Justicia para la Madre Tierra y para los Pueblos Indígenas!
¡Alto a la violencia y la criminalización de los y las defensoras de la Madre Tierra!
Desde 2012, en la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) hemos desarrollado un sistema de registro de agresiones que documenta, cuantifica y permite realizar un análisis de género sobre la violencia ejercida contra la diversidad de mujeres y disidencias sexo-genéricas que defendemos derechos humanos en Mesoamérica.1 La riqueza de este sistema, pionero en el mundo, es que en su interacción con el resto de las estrategias de la Protección Integral Feminista contribuye a la protección de las defensoras identificando las violencias y realidades concretas que vivimos tanto individualmente como en nuestras colectividades.
La presente separata, “LA TIERRA, PARA QUIENES LA TRABAJAN Y LA DEFIENDEN.10+ Años de agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Mesoamérica (2012-2024)”, se enfoca en el análisis particular de los casos de agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente que se integran, de manera general, en nuestro informe “Datos que nos duelen, redes que nos salvan. 10+ Años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica (2012-2023)”, profundizando en los mismos y actualizándolos con datos preliminares de 2024.2
En la IM-defensoras llamamos agresiones a las acciones violentas que atentan contra la dignidad e integridad de una o varias defensoras o de sus organizaciones en un determinado periodo de tiempo, pudiendo ser físicas, emocionales, espirituales y psicológicas, directas o indirectas.
Para 2023 y 2024 no contamos con datos referentes a Guatemala.
Las defensoras de derechos humanos, con nuestros pueblos, comunidades y organizaciones, nos organizamos en diferentes territorios para resistir ante las violencias que nos acechan, proteger la vida y el bienestar colectivo y construir esperanza y alternativas de vida digna. Nuestra sola existencia como sujetas políticas desafía los mandatos patriarcales que pretenden silenciar el poder de las mujeres y disidencias sexo-genéricas. El mundo por el que luchamos es diametralmente opuesto al que pretenden imponernos y, por ello, nuestra labor pone en riesgo los intereses de los poderosos.
En Mesoamérica vivimos bajo un modelo económico, político y cultural de herencia colonial que se manifiesta en opresiones estructurales y una continuidad histórica de violencias patriarcales, capitalistas y racistas sobre los cuerpos y territorios de las mujeres. En el contexto de crisis global provocada por este modelo, en nuestra región se agravan las desigualdades económicas, la violencia, la pobreza y los impactos del cambio climático. Los poderes que se benefician de este modelo de muerte encuentran en la represión, la violencia y el uso de la fuerza la única forma de contener nuestro poder colectivo.
A lo largo de estos 13 años, como consecuencia directa del capitalismo extractivista que se impone en nuestros territorios, las defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente han representado uno de los colectivos con mayor número de agresiones registradas, tal y como se desprende del hecho que 22,3% del total de las 43,186 agresiones contra defensoras que documentamos entre 2012 y 2024 en Mesoamérica fueron perpetradas contra compañeras que defendían estos derechos (Gráfico 1).
¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS, LAS DEFENSORAS DE LA TIERRA, EL TERRITORIO Y EL MEDIO AMBIENTE?
Las defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente defendemos tanto nuestro derecho a permanecer o a retornar a nuestros territorios, como el de salvaguardar la red de la vida, protegiendo y defendiendo los derechos de la naturaleza y velando por el resguardo del agua, los ríos, las montañas, los bosques, las semillas y la diversidad de especies animales. Defender la tierra significa también defender nuestros medios de reproducción de la vida y nuestras cosmovisiones, las cuales, alejándose de la acumulación y explotación capitalista, establecen otros vínculos y formas de relacionarnos con el territorio y la naturaleza. Defendemos también una manera de entender el territorio no como un lugar geográfico y de explotación humana, sino como el lugar donde descansan nuestros ancestros y donde encontramos identidad y arraigo.
La mayoría de defensoras del territorio y el medio ambiente agredidas somos mujeres indígenas, garífunas o afrodescendientes que habitamos en zonas rurales, trabajamos la tierra, realizamos trabajo de base y hemos sido excluidas de la propiedad y las decisiones sobre el futuro de nuestros territorios.1 Ante Estados-nación que perpetuan políticas coloniales de aniquilación de las cosmovisiones, culturas y lenguas de los pueblos originarios y otras comunidades, las defensoras indígenas y afrodescendiente protegemos nuestros saberes, nuestro derecho a la autonomía e identidad cultural, nuestros territorios y los bienes naturales. Las defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente resistimos y denunciamos colectivamente las consecuencias de despojo y muerte que conlleva el capitalismo extractivo porque estamos convencidas de que hacerlo es fundamental para proteger y sostener la vida en todas sus manifestaciones.
Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas: Situación de las Defensoras de derechos humanos. Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos. 2019.
Nuestras luchas incansables han dado frutos concretos como la primera ley del mundo que prohibía la minería metálica, aprobada en El Salvador en 20171 —y lamentablemente revertida en diciembre de 2024 [VER CASO SANTA MARTA]; la derogación en 2022, en Honduras, del proyecto de muerte y despojo que representan las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), como respuesta a las demandas de un movimiento social con enorme fuerza popular y feminista;2 la suspensión del proyecto de construcción del Canal Transoceánico en Nicaragua, fruto de la lucha del movimiento campesino y organizaciones ambientalistas del país [VER CASO FRANCISCA RAMÍREZ]; o la cancelación del megaproyecto eólico Gunaa Sicarú en 2022, en México, gracias a la lucha colectiva de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, el cual incluyó un litigio transnacional en tribunales civiles de Paris (Francia) contra la empresa Electricité de France (EDF).3 Sin embargo, enfrentar los intereses económicos detrás de la destrucción y apropiación de nuestras tierras y territorios también ha implicado que vivamos múltiples y dolorosas violencias.
Entre 2012 y 2024 hemos documentado un total de 9,629 agresiones contra defensoras y organizaciones que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en Mesoamérica. En el mismo periodo, 35 compañeras fueron asesinadas.
En Honduras, 62% del total de agresiones que registramos en el periodo señalado se dirigieron contra defensoras de la tierra, territorio y bienes naturales, erigiéndose así en el tipo de derecho defendido con más agresiones documentadas en este país (6,764). Por su parte, en México, El Salvador y Guatemala las agresiones contra defensoras de tierra y territorio registradas durante estos años representaron 13.4%, 12.7% y 12.3% respectivamente.
Entre 2012 y 2024 también hemos documentado 738 agresiones vinculadas a acciones de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos de la región, cuyas luchas en ocasiones se entrecruza con la defensa de la tierra y el territorio.
“En todos los territorios donde hay pueblos indígenas y afrodescendiente con los últimos recursos del planeta, las defensoras reciben agresiones directas por la defensa de la tierra y el territorio… tiene que ver con un exterminio ya que para hacer avanzar el modelo extractivo se llevan a quienes lo cuidan y lo protegen.”
Melissa Cardoza, defensora hondureña.
El informe 2023 de Global Witness indica que México, Honduras, Guatemala y Nicaragua están entre los 10 países del mundo con mayor cantidad de asesinatos por defender la tierra y el medioambiente.4 El Estado de la Región registró en el período 1990-2020, en Centroamérica, que 80.2% de los conflictos socioambientales estuvieron relacionados con la extracción de minerales y materiales de construcción, conflictos por el uso de la tierra asociados a actividades como la agricultura, pesquería, ganadería y forestería, gestión del agua, uso de combustibles fósiles y justicia climática/energética.5 El Mapa Mundial de Justicia Ambiental ha documentado 211 casos de conflictos ambientales en México, 31 en Guatemala, 24 en Honduras, 12 en Nicaragua y 7 en El Salvador.6 Gran porcentaje del territorio mesoamericano está concesionado para la explotación minera: 1.6% en Honduras, 4.84% en Guatemala,7 11% en México8 y 23% en Nicaragua.9
Martínez Espinoza, M.I., 2017. El extractivismo minero en América Latina: planteamientos, paralelismos y presunciones desde el caso de Guatemala. En Perfiles Latinoamericanos, 27 (53). https://doi.org/10.18504/pl2753-001-2019
En este contexto, en nuestra región destacan las agresiones perpetradas en el marco de acciones colectivas de defensoras y comunidades que mantienen viva sus luchas frente al avance del extractivismo en la agroindustria, la minería y la explotación forestal [VER CASO SANTA MARTA]. El carácter colectivo de estas agresiones se debe a que la defensa de la tierra y los bienes comunes no es individualizable,1 ya que sin comunidad y colectividad no es posible defender el territorio. Así, muchas de las agresiones que registramos, como la militarización de territorios y los desalojos, implican violencia directa y generalizada en contra de comunidades, incluyendo a menores de edad y personas adultas mayores, entre otras poblaciones vulnerables [VER CASO AGUA BLANCA SUR].
Vázquez, E. 2019. ¿Defensoras o comunidades en resistencia? Los procesos colectivos de defensa territorial frente a la individualización del “defensor/a ambiental”. En Informe de la Ruta por la verdad y la justicia para la naturaleza y los pueblos. Acción Ecológica.
El análisis de la evolución de las agresiones contra las defensoras de tierra, el territorio y el medio ambiente entre 2012 y 2024 señala tres puntos de inflexión: el primero en 2017, año siguiente al asesinato de Berta Cáceres; el segundo en 2020, caracterizado por las respuestas autoritarias de los gobiernos ante la sindemia por COVID-19; y el tercero en 2022, marcado por la profundización en las políticas de militarización de los territorios y el aumento de los desalojos.
El asesinato, en marzo de 2016,de nuestra compañera Berta Cáceres, dirigente comunal indígena lenca que resistía contra el proyecto de la presa hidroeléctrica Agua Zarca para proteger el río Gualcarque [VER CASO BERTA CÁCERES], marcó un punto de inflexión, en Honduras y en el resto de la la región, que dio visibilidad tanto al liderazgo que ejercen las mujeres indígenas contra el extractivismo capitalista, como a las diferentes manifestaciones de la violencia y la impunidad a las que se enfrentan. De esta forma, el año siguiente a su asesinato, 2017, presenta un incremento sustancial de las agresiones que está relacionado con las vividas por las compañeras que en Honduras se oponían a megaproyectos y exigían justicia para Berta. A partir de entonces, a través de nuestro sistema de registro, en las formas y mensajes de las agresiones contra las defensoras de la tierra y territorio identificamos tendencias y patrones que buscan, sin éxito, apagar sus luchas.1Desde el asesinato de Berta Cáceres, en marzo de 2016, hasta diciembre de 2024 fueron asesinadas 22 defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Mesoamérica: 6 en México, 3 en Guatemala, 2 en El Salvador, 9 en Honduras y 2 en Nicaragua.
Posteriormente, con el inicio de la sindemia por COVID-19 en 2020, registramos un aumento de agresiones contra las defensoras de tierra y territorio en todos los países de la región. Esto responde a un contexto de crecientes políticas autoritarias donde, con diferentes matices en cada país, se utilizó la emergencia sanitaria como pretexto para imponer medidas represivas, restringir derechos y profundizar procesos de militarización. Así, las restricciones a la movilidad de las personas defensoras de derechos humanos habilitaron el avance de las políticas de despojo contra los territorios y los cuerpos de las mujeres. En centroamérica, los gobiernos se ampararon en la necesidad de salir de la crisis económica tras la sindemia, para ello incrementaron las concesiones mineras y dinamizaron otras industrias extractivas como los monocultivos.2
A partir de 2022 identificamos una nueva escalada regional de agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. El gráfico 2 muestra como en 2023 las agresiones contra estas defensoras aumentaron significativamente (160% en relación al año precedente, 2022). En este incremento tienen un importante peso las agresiones de carácter colectivo, las cuales pasaron de representar 46% de las registradas en 2020 a 86% en 2024. En los últimos años las agresiones colectivas se han caracterizado por el uso excesivo de la fuerza, con respaldo evidente de autoridades y cuerpos armados, de la mano con la militarización de los territorios y la manipulación de los marcos jurídicos que legalizan la represión y la violencia.
En Honduras, este aumento responde a la agudización de los conflictos territoriales a partir de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, la cual ha legitimado desalojos masivos [VER CASO AGUA BLANCA SUR] y ha utilizado el derecho penal para criminalizar a quienes luchan por la tierra para favorecer a empresas aceiteras, azucareras y sectores terratenientes [VER CASO MARIA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ]. Sólo en los últimos 3 años (2022-2024) registramos 4,851 agresiones contra defensoras de tierra y territorio en este país. Un caso paradigmático es el de las agresiones contra el pueblo garífuna, el cual viene enfrentando asesinatos, desaparición forzada, violentos desalojos forzados,3 incendios provocados en sus casas de salud ancestral, detenciones arbitrarias, racismo institucionalizado y agresiones contra su espiritualidad,4 entre otras, en un contexto de intento de despojo de sus tierras ancestrales [VER CASO MIRIAM MIRANDA].
En México, entre 2022 y 2024 documentamos 860 agresiones contra defensoras de tierra, territorio y medio ambiente que se enfrentan a grandes intereses económicos detrás de proyectos extractivos o de infraestructura [VER CASO KENIA HERNÁNDEZ]. Algunas de las agresiones registradas se dieron en el marco de actos de resistencia ante el megaproyecto del tren maya, la mega granja porcina en Yucatán, el corredor interoceánico en Oaxaca, la explotación del agua de la empresa Bonafont en Puebla y diferentes proyectos inmobiliarios a lo largo del país.
Finalmente, en el Salvador, la reciente aprobación en diciembre de 2024 de la Ley de Minería Metálica que revierte la histórica prohibición de esta actividad nociva para el medio ambiente, ha desencadenado un proceso de movilización popular que, bajo la vigencia del Régimen de excepción vigente, unido al precedente de la criminalización de cinco ambientalistas de la Comunidad de Santa Marta y la situación de riesgo y amenaza que enfrenta el conjunto de esta comunidad [VER CASO SANTA MARTA], nos recuerda que nuestros logros pueden ser revertidos y que es necesario no dejar nunca de reivindicarlos y defenderlos, y nos obliga a permanecer alerta ante un posible incremento de las agresiones contra las defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente de este país.
Les compartimos este capítulo del podcast La tierra que arde producido porRGC – Redes de Gestión Cultural donde abordan temas reflexionando en torno a la cultura, el medio ambiente y la emergencia climática en este episodio una entrevista con nuestro compañero Gustavo Castro
En este capítulo de La Tierra Arde, nos trasladamos a Chiapas, México, para conversar con Gustavo Castro Soto, reconocido activista ambiental y fundador de la organización Otros Mundos. Desde hace décadas, Gustavo ha trabajado en la defensa del territorio y de los pueblos indígenas frente a los megaproyectos extractivistas, revelando cómo la minería, las represas y los monocultivos están destruyendo no solo la biodiversidad, sino también los corredores culturales y modos de vida ancestrales.
A través de un relato conmovedor y profundo, Gustavo reflexiona sobre la resistencia comunitaria, la criminalización de los defensores ambientales y la necesidad de construir alternativas locales frente al extractivismo global. Además, comparte su experiencia cercana al asesinato de la líder indígena Berta Cáceres y cómo este suceso evidenció la complejidad de un sistema que combina corrupción, narcoestado y poder empresarial.
🎧 Escuchá el episodio completo en Spotify y miralo en YouTube.📢 Resistir, prevenir y crear alternativas: la lucha por un mundo donde otros modos de vida son posibles.
Un podcast para abordar los vínculos entre cultura, tecnología, democracia y emergencia ambiental. Entrevistas conversacionales a artistas, intelectuales y activistas de Latinoamérica y España. Un espacio para pensar desde la cultura los desafíos de la emergencia ambiental, las crisis de nuestras democracias y las transformaciones que las tecnologías traman en nuestras vidas.
El viaje de La tierra arde fue logrado gracias a María Iribarren, Ángel Mestres y Nicolás Sticotti.
Una coproducción de RGC y Transit Projectes, con apoyo de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Les compartimos la convocatoria al III Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales Reencontrarnos en la Resistencia a realizarse en Honduras este septiembre – A 22 de abril de 2025
Les compartimos la invitación a la presentación del libro: Totik Marcelo, Profeta y Martir por la Paz de nuestro Pueblo este lunes 28 de abril a las 5 pm en el Seminario Conciliar de San Cristóbal de Las Casas, Calle Julio M Corzo #16, Barrio de Santa Lucia
