La Corte Suprema de Justicia de Honduras confirma sentencias de asesinos de Berta Cáceres, pero modifica agravantes en la condena de David Castillo y envía el caso de Sergio Rodríguez al pleno de la Corte Suprema de Justicia

Con mucha alegría les compartimos esta noticia del Consejo Civico de Organizaciones Populares en Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta a 25 de noviembre del 2024

COMUNICADO N°12 2024: La Corte Suprema de Justicia de Honduras confirma sentencias de asesinos de Berta Cáceres, pero modifica agravantes en la condena de David Castillo y envía el caso de Sergio Rodríguez al pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Comunicacion COPINH

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, hace del conocimiento de la comunidad nacional e internacional lo siguiente:

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras ha confirmado las sentencias de siete de los ocho hombres condenados en los juicios de 2018 y 2021 por el crimen contra nuestra compañera Berta Cáceres y el intento de asesinato de Gustavo Castro. Se han ratificado las condenas de David Castillo, empleado principal de la familia Atala; Douglas Bustillo, militar y jefe de seguridad de la empresa de la familia Atala; Mariano Díaz, mayor del ejército de Honduras; Henry Hernández, militar; Elvin Rápalo; Oscar Torres y Edilson Duarte.

Esta decisión confirma una vez más, la existencia de una estructura criminal responsable del asesinato de Berta Cáceres, cuyas cabezas, los miembros de la familia Atala continúan en la impunidad.

La decisión de los magistrados de la Sala Penal ha modificado los agravantes en la sentencia de David Castillo, lo que implica una reducción de su condena, y ha enviado el caso de Sergio Rodríguez al pleno de la Corte Suprema debido a la falta de unanimidad sobre la ratificación. Estas modificaciones son producto de las presiones indebidas al órgano de justicia y demuestra la continuidad de la existencia de la estructura criminal detrás del crimen contra Berta Cáceres.

El derecho al acceso a la justicia se sigue obstaculizando por parte de los intereses económicos y políticos que tienen sus garras dentro del sistema de justicia hondureño y que pretenden beneficiar a la familia Atala y sus aliados criminales.

La decisión de enviar el caso de Sergio Rodríguez al pleno de la Corte Suprema prolonga aún más el proceso judicial y demuestra que el sistema de justicia hondureño continúa favoreciendo la impunidad de quienes actúan en nombre de intereses empresariales por encima de los derechos de las comunidades indígenas.

Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a redoblar esfuerzos en esta etapa crucial para responsabilizar a los autores intelectuales del crimen. Puesto que la lucha por la Justicia para Berta y para los pueblos continúa. No descansaremos hasta que todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, enfrenten las consecuencias de sus crímenes y se profundice la grieta de la justicia en el muro de la impunidad en Honduras.

El COPINH, las comunidades Lencas organizadas, junto a la madre, hijas e hijo de Berta Cáceres, agradecemos profundamente a todas las personas, organizaciones, instituciones y espacios solidarios en Honduras y el mundo por su incansable respaldo en esta lucha por la justicia. Estas sentencias marcan un precedente importante en la historia de Honduras, y son un aliciente para continuar en la lucha por la justicia para los pueblos.

Reafirmamos nuestro compromiso con la justicia social en Honduras y la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas por las que luchó nuestra Berta. 

Dado en La Esperanza, Intibucá, a los 25 días del mes de noviembre de 2024.

“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz.”

Honduras: Finalmente se establecen las condenas para los funcionarios públicos culpables del caso Fraude sobre el Gualcarque

Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre los pasos para llegar a una verdadera #JusticiaParaBerta – A 15 de noviembre del 2024

Condenas en Caso Fraude sobre el Gualcarque

Roberto David Castillo Mejía, Gerente de DESA, y Carolina Lizeth Castillo Argueta, ex-funcionaria de la ENEE, ambos culpables de fraude:

5 años de prisión
Inhabilitación absoluta por el doble de la pena
Multa de 380,000 Lempiras


Raúl Pineda Pineda, ex-alcalde de San Francisco de Ojuera, enfrenta dos delitos:

Delito de falsificación de documentos públicos
: 2 años de prisión + multa de trabajo social
Delito de usurpación de funciones: 1 año y 1 mes de prisión + inhabilitación para cargos municipales por 6 años

Estas sentencias marcan un paso importante hacia la justicia para el pueblo Lenca, el COPINH y la justicia por el asesinato a Berta Cáceres, evidenciando que la concesión del Río Gualcarque fue un fraude en beneficio de la familia Atala, que involucraba corrupción, usurpación y falsificación de documentos por parte de funcionarios públicos
.

Solidaridad Internacional por el asesinato del defensor hondureño Juan López: Carta abierta a Xiomara Castro

Compartimos esta carta abierta dirigida a la presidenta de Honduras con el fin de pedirle que garantice justicia por el asesinato de Juan López, cede a la violencia hacia defensores y defensoras y protección a los derechos humanos – A 27 de septiembre del 2024

CARTA ABIERTA A XIOMARA CASTRO, PRESIDENTA DE HONDURAS, ENVIADA POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN REACCION AL ASESINATO DE JUAN LÓPEZ

27 de septiembre de 2024

Señora Presidenta
Xiomara Castro Sarmiento
Presidenta de la República de Honduras

Señora Presidenta,

Las organizaciones abajo firmantes, expresamos nuestra profunda preocupación y consternación
por el reciente asesinato de Juan López, defensor ambiental y regidor municipal de Tocoa, ocurrido el pasado 14 de septiembre. Juan López era un líder incansable en la defensa de la montaña de Botaderos, el parque nacional Carlos Escaleras, y los ríos Guapinol y San Pedro. Su labor de defensor ambiental así como su lucha contra la corrupción, eran vitales para la preservación de los derechos humanos y la justicia en Honduras. Lamentablemente, este asesinato refleja un patrón alarmante de violencia contra defensores del medio ambiente en su país. De acuerdo con Global Witness, en 2023 fueron asesinados 18 defensores del ambiente y de los territorios, la tasa más alta de homicidios en el mundo.1

Reconocemos y lamentamos también el rol de Estados Unidos con sus políticas fallidas hacia Honduras (el apoyo tácito al golpe de estado de 2009 y los 12 años siguientes de narco -gobiernos) que contribuyeron a facilitar e incrustar las estructuras del crimen organizado y corrupción que resultaron en el asesinato de Juan López.

Sabemos que Juan López había denunciado amenazas provenientes de actores políticos y económicos, incluyendo el alcalde de Tocoa, Inversiones los Pinares, Grupo EMCO e Inversiones Ecotek. Nos preocupa profundamente que, a pesar de contar con medidas de protección del Mecanismo de Protección para Defensores, Periodistas y Abogados, y las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado de Honduras no haya garantizado la seguridad de Juan López.

Por lo anterior, nos dirigimos a usted para solicitarle que se adopten medidas urgentes para garantizar la protección efectiva de la vida e integridad personal de las personas defensoras de derechos humanos, del ambiente, del agua y de los territorios en Honduras. Ninguna persona debiera perder la vida por luchar por los bienes colectivos que garantizan el bienestar del pueblo hondureño.

Asimismo, nos dirigimos a usted para pedirle que busque el apoyo de instancias internacionales como el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y naciones unidas para poner en marcha una investigación rigurosa, imparcial y eficaz, que permita identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales detrás de este crimen. El asesinato de Juan López no puede quedar en la impunidad, y es esencial que el Estado hondureño tome medidas inmediatas y contundentes para garantizar la protección de los defensores de derechos humanos. Los responsables deben ser procesados y llevados ante la justicia sin demora.

El lento avance y los resultados de investigaciones de asesinatos de defensores de derechos es lo que nos hace pensar en la necesidad de un acompañamiento internacional para la fiscalía y una veeduría en los procesos penales. La lucha contra la impunidad es uno de los mayores desafíos que enfrenta el país.

En este marco también, es imperante aprovechar esta coyuntura para avanzar hacia la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH). La creación de esta comisión representaría un paso decisivo en la lucha contra la corrupción, al tiempo que ofrecería garantías efectivas para la protección de defensores de derechos humanos y ambientales, evitando así que crímenes como el asesinato de Juan López queden en la impunidad.

La violencia contra los defensores del medio ambiente y los derechos humanos es un grave daño para toda la sociedad hondureña. Esperamos que bajo su liderazgo se prioricen acciones que permitan la protección de quienes trabajan en la defensa de los territorios, del ambiente y del agua.

Esperamos su compromiso firme en la protección de los derechos humanos y quedamos a disposición para colaborar en cualquier acción que garantice un cambio real en esta situación.

Atentamente,
Alianza Americas
Sin Fronteras IAP
Unitarian Universalist Service Committee (UUSC)
Clima21
Asociación Pop No’j
Climate Refugees
Caleidoscopio Humano
Vicerrectoría de Proyección Social de la UCA de El Salvador
Centro de Desarrollo Humano. CDH
Centro San Bonifacio
Friends of Swazi Freedom
Center for Gender & Refugee Studies
INVER-SANTA MARTA
CoDevelopment Canada
University of Guelph
Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ERIC-SJ
Red Jesuita con Migrantes Latinoamérica y el Caribe (RJM LAC)
Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y el Caribe – JRS LAC
Utsil Kuxtal (México)
Resistencia Civil de Candelaria
Ciencia social alternativa ac
Kanan’tzonot
Church World Service
EDUCACIÓN, CULTURA Y ECOLOGÍA, A.C.
Albergue Decanal Guadalupano /Oasis Providencial
Comunidades Sin Fronteras CFS – CT INC
Root Causes Initiative – Iniciativa Causas Raíz
COPINH. Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras
Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos CIPRODEH
MAS Movimiento Ambientalista Santabarbarense
Amismaxaj
SITRASEMCA
RED DEPARTAMENTAL DE MUJERES DE SANTA BÁRBARA
FRP- Libre Colón
GRUFIDES
Movimiento ambientalista santabarbarense (MAS)
Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales
Red de Mujeres Santa Bárbara
Comité intersectorial de salud
Massvida
Movimiento de mujeres por la Paz Visitacion Padilla
Red de mujeres Departamental
ADERITAC
COMDECUN
MNI-GR
COPA
Otros Mundos Chiapas
SITRAINA
Comdecun
Red contra la Violencia Antisindical
Sintraho
Red contra la Violencia Antisindical
Colegio de Pedagogos de Honduras
Caja Rural de ahorro y Crédito Vision y Hermandad
Sitrainfop
Ecodesarrollo
Sindicato de Trabajadores de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (SITRAAHAC)
SIEMPE
Sindicato de trabajadores de la empresa Southern Apparel Contractors
Asociación de Mujeres Indígenas de Santa Maria Xalapan Jalapa – amismaxaj
Asociación Feminista Trans AFET
Las Voces de Esperanza/Red de mujeres
Red Feminista Defensora de Derechos de la Mujer del Occidente
Festagro
Sitradahsa
Red contra la violencia antisindical
Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán
Fsar
Defensoras y defensores de la vida y la pachamama cajamarca
Hermanas de la Misericordia en Honduras
Sitraaventh
Latin America Working Group (LAWG)
Plataforma Agraria
APOMUH
ADERITAC
Red Contra la Violencia Antisindical
Sisters of Mercy of the Americas – Justice Team, Washington, DC Office
Asociación de Mujeres Luchadoras Tejiendo Sueños Cajamarca
Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)
Biis Iguana A. C
Sindicato de trabajadores de la empresa southern apparel contractor
Hope Border Institute – Instituto Fronterizo Esperanza
Secours Catholique Caritas France
NISGUA
COPA
Misioneras ICM
Caminata Ecologica
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Defenza del Territorio y el Rio Atenco.
REMA
Otras Voces por la Tierra
EDUCE
Red contra la violencia antisindical
FRP Libre Tocoa y C. J. P. Diosesis de Trujillo.

1 https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/missing-voices/#killed

Más información:

COPINH: Justicia para Berta Cáceres y Juan López: No más impunidad para los defensores de los territorios

Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre la exigencia de #JusticiaParaBerta y para el defensor Juan López asesinado el 1 de septiembre – A 23 de septiembre del 2024

Llegamos desde los rincones más profundos de Honduras, porque ya no hay más tiempo.

A más de 8 años del cruel crimen que arrebató la vida de nuestra compañera Berta Cáceres, seguimos viendo la fragilidad y corrupción del sistema de justicia en Honduras. La impunidad en este caso es un recordatorio constante de las injusticias que enfrentan quienes defienden los derechos humanos y los territorios ancestrales.

Hoy, esa misma impunidad amenaza con repetirse con el asesinato de Juan López, un nuevo mártir en la lucha por la defensa de los territorios. Tanto Juan López como Berta Cáceres estaban bajo medidas cautelares de la CIDH, y aun así el Estado de Honduras no fue capaz de proteger sus vidas. Es inaceptable que los defensores sigan siendo asesinados a pesar de las advertencias y amenazas que sufren.

Nos dirigimos a Tegucigalpa con la firme convicción de que la justicia para Berta y para Juan no es negociable, y que su legado sigue vivo en cada corazón que anhela un mundo más justo.. Exigimos que las sentencias contra los ocho hombres condenados por el asesinato de Berta, que representan un paso importante en la lucha contra la impunidad en nuestro país, se confirmen de inmediato. No permitiremos que grupos económicos poderosos frenen el proceso judicial para proteger sus intereses.

Asimismo, demandamos una investigación pronta, transparente y diligente para que el asesinato de Juan López no quede en la impunidad. Es imperativo que las autoridades hondureñas garanticen justicia para Juan y para todos los defensores ambientales que han perdido la vida en la lucha por proteger nuestros territorios.

Exigimos:

  • A la Corte Suprema de Justicia presidida por la magistrada Rebeca Ráquel, y la Sala de lo Penal compuesta por los magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, Mario Rolando Díaz  y Nelson Danilo Mairena Franco, para que confirme la sentencia ya emitida contra los 7 hombres responsables de la autoria material del asesinato de Berta Cáceres y la sentencia contra David Castillo, coautor de este crimen.
  • La captura y enjuiciamiento de todos los miembros de la familia Atala Zablah vinculados con el crimen por parte del Ministerio Público de Honduras.
  • Al Gobierno de Honduras, que actúe de manera decidida y comprometida para proteger la vida de quienes defienden los territorios y los derechos humanos, y que garantice justicia para todos los mártires de la defensa ambiental, como Berta Cáceres y Juan López.

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 23 días del mes de septiembre de 2024.

“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz ”

Honduras: Miembros de Red-DESC presentan carta para solicitar a la Corte Suprema de Justicia que resuelva los recursos en el caso Berta Cáceres y participan del Foro Internacional: “Berta Cáceres y la justicia para los pueblos indígenas

Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta y la visita de la Red-DESC a Honduras – A 21 de agosto del 2024

Durante los días 19 y 20 de agosto de 2024 tres representantes de la RED DESC se movilizaron hacia Tegucigalpa con la finalidad de visibilizar la falta de resolución de los recursos de casación en el caso de Berta Cáceres.

Luego de una conferencia de prensa frente a la Corte Suprema de Justicia de Honduras, presentaron ante la Sala de lo Penal una carta con su preocupación, con el objetivo de señalar la preocupación internacional y la importancia de una acción rápida para garantizar la justicia y cumplir con las obligaciones internacionales de Honduras en materia de derechos humanos en el caso del asesinato de Berta Cáceres.

Pueden conocer la carta presentada en el siguiente enlace: https://bit.ly/46P7vRr 

Compartimos algunas notas web que se han publicado este día en medios nacionales e internacionales:

También contamos con la entrevista a la compañera  Ana Elisa Samayoa en el programa de T.V. de Canal 8 de Honduras “Más temprano que tarde” donde se logró visibilizar la preocupación de la comunidad internacional en la falta de resolución de los recursos de casación de los asesinos de Berta Cáceres.

El martes 20 de agosto realizamos el Foro público Internacional: “Berta Cáceres y la justicia para los pueblos indígenas” donde participaron Ana Elisa Samayoa, abogada experta en DD.HH. Miembro de Due Process of Law Foundation (DPLF); Wyatt Gjullin: abogado de Earth Rights International (ERI); Apolonia Agustín, representante de CPO (Consejo de Pueblos Mayas); Bertha Zúniga, coordinadora General del COPINH e hija de Berta Cáceres. y Pedro Landa, Miembro de la Misión de Observación Calificada de la Causa Berta Cáceres.

Una vez más, la comunidad organizada, demuestra que la lucha por la justicia para Berta Cáceres es un esfuerzo que nos une a todos/as quienes defendemos la vida, los derechos humanos y el futuro de nuestras comunidades. Este es un momento crítico en el que necesitamos alzar nuestras voces y mostrar nuestra fuerza colectiva.

¡Para Berta Toda la verdad y toda la justicia!

¿Por qué asesinaron a Berta Cáceres?

Compartimos esta síntesis del caso #JusticiaParaBerta del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 10 de agosto del 2024

Berta Cáceres, lideresa indígena Lenca y defensora de derechos humanos, fue brutalmente asesinada por su incansable lucha contra el modelo extractivo en Honduras. Su compromiso con la defensa del Río Gualcarque y la comunidad de Río Blanco la llevó a enfrentarse al Proyecto Hidroeléctrico ‘Agua Zarca’, promovido por la poderosa familia Atala Zablah.

El proyecto Agua Zarca, impulsado por la empresa DESA, pretendía explotar el Río Gualcarque bajo el pretexto de vender energía “renovable” al Estado de Honduras. Sin embargo, Berta Cáceres expuso las ilegalidades, la corrupción y la falta de consulta previa a la comunidad, demostrando la complicidad entre los intereses privados, el gobierno hondureño y el Ejército Nacional.

La valentía de Berta le costó caro. A pesar de las múltiples amenazas, persecuciones y un montaje judicial orquestado por el Ejército y DESA, ella continuó su lucha. Fue víctima de una campaña de desprestigio dirigida por David Castillo, empleado principal de la familia Atala, quien contrató a periodistas para difamarla.

El asesinato de Berta Cáceres no solo fue un crimen, sino también un mensaje intimidante para todas las defensoras de derechos humanos en el país. Este acto de violencia de género se entrelazó con la violencia estatal y empresarial, convirtiéndose en un símbolo de la represión que sufren quienes defienden la vida y el medio ambiente.

Hasta la fecha, tres personas han sido condenadas por fraude en el caso “Fraude sobre el Gualcarque”:

  • Roberto David Castillo Mejía: empleado principal de la familia Atala.
  • Carolina Lizeth Castillo Argueta: empleada de la familia Atala.
  • Raúl Pineda Pineda: ex-alcalde de San Francisco de Ojuera.

A pesar de estas condenas, las sentencias de los asesinos de Berta aún están pendientes:

  • David Castillo: actuó como mediador entre los autores intelectuales del crimen y los sicarios.
  • Sergio Rodríguez: identificó a Berta como objetivo y proporcionó la información para el asesinato.
  • Douglas Bustillo: coordinó directamente con los sicarios y con David Castillo para ejecutar el asesinato.
  • Mariano Díaz Chávez: organizó las acciones para llevar a cabo el atentado.

Además, el grupo sicarial bajo el mando de Douglas Bustillo, contratado por directivos de DESA, sigue esperando sentencia:

  • Henry Javier Hernández Rodríguez
  • Elvin Heliberto Rapalo Orellana
  • Edilson Atilio Duarte
  • Óscar Aroldo Torres Velásquez

Es hora de que la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras actúe con celeridad, garantizando la verdad y la reparación. ¡Para Berta, toda la verdad y toda la justicia!

Más información:

Honduras: COPINH toma instalaciones del Instituto Nacional Agrario (INA) por incumplimiento en la titulación de tierras

Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre la lucha del pueblo lenca porque les otorguen titulos de propiedad a sus tierras ancestrales – A 16 de julio del 20224

Más de 500 personas de comunidades Lencas organizadas en el COPINH nos encontramos en el Instituto Nacional Agrario (INA) para exigir el reconocimiento y la titulación de 9728 manzanas de tierra en las que viven 852 familias.

COPINH tiene 10 procesos de demanda de tierra ante el INA y el Instituto de la Propiedad (IP), además una de estas resoluciones se encuentra en manos del Consejo Nacional Agrario (CNA). 

Desde hace más de dos años, COPINH ha estado esperando una acción efectiva en respuesta al pliego de peticiones entregado a la presidenta Xiomara Castro que incluye exigencias para el reconocimiento de la posesión de los territorios indígenas y campesinos. Sin embargo, los avances han sido mínimos, lo que evidencia una falta de voluntad política por parte del Estado hondureño para lograr la titulación comunitaria que reconozca la imprescriptibilidad, inembargabilidad e inalienabilidad de los territorios indígenas

Varios de estos procesos han sido conocidos por el INA desde hace más de 15 años años, sin embargo no se ha respetado el derecho de las comunidades que es obligación del Estado según las leyes hondureñas e internacionales. Por eso nos movilizamos para obtener respuestas claras y acciones concretas. No nos iremos hasta obtener una resolución definitiva.

Es por ello que el COPINH demanda lo siguiente:

  1. El INA debe comprometerse con la entrega integral del predio denominado “El Redondillo”, para beneficio de las comunidades Lencas de Montaña Verde de Gracias, Lempira.
  2. El INA debe emitir de inmediato  los títulos comunitarios de los procesos de La Silencia y de Planes, para beneficio del pueblo Lenca de Montaña Verde que llevan 25 años de estar en litigio.
  3. El Consejo Nacional Agrario y el INA deben emitir resolución favorable para la titulaciónde la comunidad Lenca de El Achiotal de Siguatepeque, Comayagua.
  4. El Instituto de la Propiedad  y el Instituto Nacional Agrario (INA) deben garantizar el reconocimiento de la posesión comunitaria y titulación del territorio Lenca de Río Blanco y El Naranjo en el sector norte de Intibucá.
  5. El INA debe garantizar la titulación en la comunidad Lenca de La Jarcia, Intibucá.
  6. El INA debe emitir pronta resolución de la solicitud de la personería jurídica e informe de levantamientos de perímetro de  la comunidad Lenca “1 de Agosto”, en El Encinal, La Paz.
  7. El Estado de Honduras mediante la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Educación y el Poder Judicial deben cesar la persecución penal de las comunidades Lencas de Nueva Esperanza y El Achiotal acusadas de usurpación de tierras.
  8. El INA debe realizar el saneamiento de los títulos comunitarios de las comunidades Lencas de Pueblo Viejo, Limoncillo y Lajitas, en Colomoncagua, Intibucá y anular los títulos privados dados por el INA en el  área de vocación forestal de la microcuenca “Gualema”
  9. COPINH exige que los títulos emitidos por el INA deben garantizar la inembargabilidad, imprescriptibilidad e inalienabilidad de los territorios indígenas ya que muchos títulos logrados en la lucha del COPINH han sido vulnerados por autoridades locales o nacionales.
  10. En vista de la pérdida de expedientes e información clave para el avance del proceso por funcionarios del INA, exigimos copia íntegra de los expedientes de todos nuestros procesos de demanda de tierra.
  11. Nos pronunciamos en solidaridad con las organizaciones campesinas que demandan el respeto de los títulos de la Reforma Agraria en el Aguán.
  12. Exigimos al Estado que paralelamente a la titulación de las comunidades se instalen los mecanismos de acceso a la justicia que garanticen los derechos como la Comisión Tripartita de Aguán.
  13. Exigimos a la presidenta Xiomara Castro que haga una reforma estructural del Instituto Nacional Agrario que depure de funcionarios negligentes y que se comprometa para el fiel cumplimiento de las demandas de tierra del pueblo Lenca, comunidades campesinas del Aguán, comunidades Garífunas, comunidades Pech, comunidades Miskitas, comunidades Chorties, comunidades Tolupanas, comunidades Tawakas, comunidades Creoles y comunidades Nahuas. 

¡Lempira no es solo un nombre, Lempira es todo un pueblo y viene con nosotros/as desde el final de los olvidos!

¡Defendemos nuestros territorios que son nuestra vida!

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 16 días del mes de julio de 2024.

“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz ”

Llamado a las autoridades hondureñas a hacer justicia en el asesinato de Berta Cáceres

Compartimos este comunicado de Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG), Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Robert F. Kennedy Derechos Humanos (RFKHR), Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) sobre el caso #JusticiaParaBerta – A julio 2024

La justicia en el caso de Berta Cáceres sigue siendo denegada por la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que no ha confirmado las condenas de los ocho individuos responsables de su asesinato. El retraso innecesario de la Corte en asumir el caso perpetúa el ciclo de impunidad por la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos en Honduras y causa a su familia un sufrimiento inconmensurable mientras esperan un resultado definitivo en su caso.

Berta Cáceres, lideresa indígena y activista social hondureña, fue asesinada el 2 de marzo de 2016 tras liderar la oposición a la instalación inconsulta e ilegal de la represa de Agua Zarca. La represa es un proyecto hidroeléctrico de la empresa DESA (Desarrollos Energéticos S.A.), propiedad de la poderosa familia Atala Zablah de Honduras. 

El 29 de noviembre de 2018, el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal dictó sentencia condenatoria por el asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro contra las siguientes personas: Douglas Bustillo (ex militar, jefe de seguridad de DESA), Mariano Díaz (mayor del ejército), Henry Hernández (ex militar, sicario), Sergio Rodríguez (Gerente Ambiental y Social de DESA), Elvin Rápalo (sicario), Óscar Torres (sicario) y Edilson Duarte (sicario). Cada uno de ellos fue condenado a penas de entre 30 y 50 años de prisión el 2 de diciembre de 2019. El 5 de julio de 2021, el Tribunal también emitió una condena contra David Castillo (gerente general de DESA, ex militar) por el asesinato de Berta Cáceres como coautor del crimen. Casi un año después, el 20 de junio de 2022, el Tribunal condenó a Castillo a 22 años y 6 meses de prisión. Los condenados en ambos casos interpusieron recursos contra las sentencias, pero hasta la fecha, la Corte Suprema de Justicia no ha emitido una resolución sobre ninguno de los dos casos.

El proceso judicial en el caso de Berta Cáceres sienta un importante precedente en Honduras para acabar con la impunidad, ya que es la primera vez que se juzga y sanciona a miembros de una poderosa empresa por crímenes contra comunidades y organizaciones indígenas en el contexto de la defensa del territorio. Es indispensable que la Corte Suprema de Justicia emita una resolución y confirme las sentencias de las ocho personas ya condenadas por este delito para continuar la lucha contra la impunidad en Honduras. Las organizaciones abajo firmantes hacemos un llamado a las autoridades judiciales hondureñas para que emitan resoluciones que confirmen las sentencias de los responsables mencionados y garanticen justicia por el asesinato de Berta Cáceres. 

Grupo de Trabajo de América Latina (LAWG)

Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Robert F. Kennedy Derechos Humanos (RFKHR)

Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF)

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Continúan sin confirmarse las sentencias contra los responsables del asesinato de Berta Cáceres

Compartimos este comunicado de IM-Defensoras – A 8 de mayo del 2024

A 8 años del asesinato de Berta Cáceres, feminista, defensora del territorio y de los derechos del pueblo Lenca, las sentencias condenatorias en contra de los autores materiales y el coautor del crimen siguen sin ser firmes y el proceso de justicia bajo ataque.

En días recientes, Juan Carlos Sánchez Cantillano y Ritza Antúnez, abogados de David Castillo, condenado como coautor del asesinato de Berta Cáceres por el Tribunal de Sentencia el 5 de julio de 2021, han desarrollado una campaña de falsedades con el interés de afectar el proceso de justicia para Berta Cáceres y la confirmación de las sentencias de los responsables de su muerte.

Este ataque intenta criminalizar a la perito del Ministerio Público y busca entorpecer el deber que tiene la Sala de lo Penal de ratificar la sentencia condenatoria contra David Castillo y los demás asesinos de Berta Cáceres.

Los señalamientos hechos por la defensa de David Castillo pretenden crear duda y confusión, sin embargo, han sido desmentidos a través de comunicados por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y organizaciones que le acompañan. Y ya han sido desestimados en juicio por el Tribunal de Sentencia que condenó a Castillo.

Dichas organizaciones señalaron que las propias comunicaciones de los condenados son la prueba fundamental que corroboran su responsabilidad penal. Además que las extracciones de las comunicaciones de los celulares de los imputados realizadas por el Ministerio Público, coinciden plenamente con las realizadas por el perito de la defensa de Castillo, Sean Bodde. La información extraída de los aparatos telefónicos prueba que David Castillo participó en la planificación, coordinación, ejecución y pago del asesinato de Berta Cáceres.

Cabe destacar que la supuesta denuncia fue presentada ante el Ministerio Público una semana después del nombramiento de Juan Carlos Sánchez Villalobos como director de fiscales del Ministerio Público. Sánchez Villalobos es reconocido por defender a imputados en casos emblemáticos de corrupción. Fue parte de la defensa de Carolina Castillo en el juicio “Fraude sobre el Gualcarque”, caso que evidenció la corrupción en el otorgamiento de licencias inconsultas para la explotación del sagrado río Gualcarque que originó violaciones a los derechos del pueblo indígena Lenca en los departamentos de Intibucá y Santa Barbara.

El pasado 3 de mayo, tanto Carolina Castillo como David Castillo fueron hallados culpables por fraude y Raúl Pineda por usurpación de funciones y falsificación de documentos, sentando un nuevo precedente que demuestra la estructura criminal detrás del proyecto Agua Zarca.

Lo anterior es relevante porque muestra el posible tráfico de influencias para dejar impune este terrible asesinato y porque la causa Berta Cáceres está relacionada con el caso Fraude sobre el Gualcarque.

Paralelamente, acciones por parte de Sergio Ramón Ramírez Orellana, otro condenado por el asesinato de Berta Cáceres, buscan manipular el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todas estas acciones buscan afectar negativamente los resultados que ha ofrecido el sistema penal en este caso, fruto de la exigencia de justicia de la familia, del COPINH y de la lucha contra la impunidad y por la preservación del Estado de Derecho.

Las organizaciones firmantes condenamos estas maniobras que ponen en riesgo el proceso y a las personas que intervienen en él. De igual manera, exigimos a la Corte Suprema de Justicia presidida por la magistrada Rebeca Raquel, y la Sala de lo Penal compuesta por los magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, Mario Rolando Díaz  y Nelson Danilo Mairena Franco, la inmediata confirmación de la sentencia ya emitida contra los 7 hombres responsables de la autoría material del asesinato de Berta Cáceres y la sentencia contra  David Castillo, como coautor de este crimen.

Las defensoras son el sostén de la vida en sus comunidades. Por eso, cada acción contra las defensoras es un atentado contra la comunidad en su conjunto, que muestra un modelo de desarrollo extractivista,  capitalista y depredador, que es profundamente patriarcal y por eso ataca de forma específica y diferenciada a las mujeres.

Nos sumamos al llamado del COPINH para que la comunidad nacional e internacional permanezcamos alertas y vigilantes del funcionamiento del sistema de justicia de Honduras para garantizar al pueblo Lenca el efectivo acceso a la verdad, justicia, reparación y a medidas de no repetición.

ADHESIONES

Organizaciones internacionales: Centre for Civil and Political Rights (CCPR-Centre), Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, Colectivo Caminando Fronteras, Comité de Solidaridad con los Pueblos – Interpueblos, Coordinadora Asturiana de ONGD (CODOPA), Cultural Survival.Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte.Equality Now, FIDH (Federación Internacional por los Derechos Humanos), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Foro Honduras Suiza, Hondurasdelegation, International Service for Human Rights (ISHR), Lisangà culture in movimento Italia, Lumaltik Herriak, MUGARIK GABE, Observatoire International des Avocats en Danger, Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Organización mundial contra la tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Red Ecofeminista, Robert F. Kennedy Human Rights, Soldepaz Pachakuti, Solidarity Economy Association, South Feminist Futures (SFF),Synergía, iniciativas para los derechos humanos, Trocaire (Honduras), Witness for Peace – Solidarity Collective, Zehar-Errefuxiatuekin.

Organizaciones regionales: ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Fundación para Estudio e investigación de la Mujer (FEIM), Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras), Instituto Las Segovias, Jamaa Resource Initiatives, Latin America Working Group (LAWG), Latinas en Poder, MENA Fem Movement For Economic, Development And Ecological Justice, MIRA: feminismos y democracias, Protection International, Oficina para Mesoamérica, Red de Solidaridad para la transformación social (REDS), Red Europea de Comités Oscar Romero (SICSAL-Europa), Rights Action.

Organizaciones nacionales y locales: Alemania: Oficina Ecuménica por La Paz y la Justicia.

Argentina: Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir (RDBV) de la región de la Patagonia, Unidos por Nuestras Acequias de la región Paravachasca en Córdoba, Red Disidente Santiagueña de Santiago del Estero, VICAM: Vicuñas, camélidos y ambiente, Nómadas Comunicación Feminista de la región de la Patagonia.

Bolivia: Comunidad de Derechos Humanos, Red Nacional Alianza Libres sin Violencia.

Colombia: Tamboras Insurrectas Colectiva Feminista,Colectivo de Abogados y Abogadas «José Alvear Restrepo» (CAJAR), Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (SINDHEP), Comunidad Guaguas Guaneñas, Catedra de Paz Alfredo Molano Bravo (CEPAZ), Juntanza feminista de mujeres y disidencias sexuales de Cali, Fundación Tejiendo Cultura Caribe, Asociación Nacional de Mujeres Colombianas (ASONAM), Corporación para el Desarrollo Regional (CDR) de Cali, Fundación Grupo de Teatro La Mascara de Cali, Escuela Política Travesía por la Paz y la Equidad de Género.

 Costa Rica: Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica.

 Ecuador: Organización del pueblo kichwa Saraguro SAKIAT.

 El Salvador: Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Asociación por el Respeto de los Derechos de la Mujer Salvadoreña (ARDEMUSA), Centro Cultural Casa Bruja, Colectiva Amorales, Colectiva Feminista por el Desarrollo Local, Colectivo Alejandría, COSAL, Red Salvadoreña Defensoras de Derechos Humanos (RSDDH).

Estado Español: Ecologistas en Acción, Grup Suport Con Vos, SOS Ribagorza, Araba Bizirik de Euskal Herria, AHTrik EZ Arabako Haranak de Euskal Herria.

Estados Unidos: Madre Tierra, Organización de Mujeres Latinas Inmigrantes en Washington, DC, Virginia & Maryland.

Guatemala: Asociación Pop No’j, Convergencia por los Derechos Humanos de Guatemala, Consejo del Pueblo Maya (CPO), Organización de Mujeres Tierra Viva.

Honduras: ACI PARTICIPA, Bufete Justicia para los Pueblos, Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Equipo Jurídico por los Derechos Humanos, Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Red Nacional Defensoras de Derechos Humanos en Honduras.

Kirguistán: Bir Duino Human Rights Movement.

Liberia: Green Advocates International.

México: Alianza Sierra Madre en Chihuahua (ASMAC), Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura (CPOOEM), Otros Mundos Chiapas A.C., Consorcio Oaxaca, Colectivo del periódico El Zenzontle, Comunidad Teo Tepahkale en Ciudad de México, El Puente SC. en Chiapas, Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM),Taller Integral para el Desarrollo Comunitario TAIDECO A.C., Tamaulipas Diversidad Vihda Trans A.C, Sí hay mujeres en Durango A.C., Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo (AMAP), Comunidad Casas de Medicina y Partería Tradicional en México,Servicios y Asesoría para la Paz A.C.  (SERAPAZ), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), Secretariado Social Mexicano (SSM), Tlalij, yolojtli uan nemililistlij de San Luis Potosí, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC).

Mongolia: Oyu Tolgoi Watch.

Nicaragua: Agenda Propia Nicaragua, Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer (APADEIM), Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Morada Feminista Nicaragua-UK, Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua (MAM), Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Unión Democrática Renovadora (Unamos).

Perú: Demus Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Paz y Esperanza.

Uganda: Women Human Rights Defenders Network Uganda.

Venezuela: Acción Solidaria,Vicaría de Derechos Humanos de Caracas.

COPINH: ¡Exigimos justicia en el Caso Fraude sobre el Gualcarque!

Compartimos este comunicado con Consejo Cívico de Organizaciones Populares en Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso del Fraude del Río Gualcarque – A 29 de abril del 2024

El Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada y Corrupción ha convocado a audiencia de fallo para el viernes 3 de mayo, momento clave en la búsqueda de justicia en el caso del Fraude sobre el Gualcarque.

En marzo del 2023, concluyó la fase del juicio que expuso una red de corrupción que afectó a la comunidad Lenca de Río Blanco y resultaron en el vil asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. Durante el proceso, se presentaron decenas de medios de prueba, entre testimonios, documentos y pericias que demostraron la responsabilidad penal de los seis imputados en delitos graves como fraude, violación de deberes de los funcionarios, falsificación de documentos y usurpación de funciones.

La evidencia presentada reveló como una red criminal entre funcionarios del Estado operaba en favor de la empresa DESA, violando los derechos de la comunidad Lenca de Río Blanco. Estos actos de corrupción, ocurridos entre 2009 y 2012, condujeron ilegalmente a la concesión del Río Gualcarque a la empresa DESA, en fraude al Estado de Honduras y a la comunidad Lenca de Río Blanco.

Este caso presenta una oportunidad para avanzar en la lucha contra la corrupción en Honduras y sentar precedentes judiciales sobre la lucha anticorrupción y por los derechos humanos en el país. No solo se trata de la afectación de los derechos a la tierra y al agua de la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, sino también de la estrecha relación entre la denuncia pública de la corrupción y el asesinato en 2016 de nuestra compañera Berta Cáceres.

Por todo lo anterior el COPINH demanda:

  1. Que el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada y Corrupción, integrado por Karla María Arita, Nilser Jasmin Ramirez Carvajal y Fernando Gabriel Morazán, cumpla con su deber y emita un fallo coherente con las pruebas y que sancione enérgicamente los actos corruptos de Roberto David Castillo Mejía, Roberto Martínez Lozano, Carolina Castillo Argueta, Raúl Pineda Pineda, Luis Espinoza Mejía y José Carbajal Flores en el otorgamiento ilegal de la concesión sobre el Río Gualcarque.
  2. Que la fiscalía especial UFERCO continúe la investigación y enjuiciamiento de todas las personas involucradas en los delitos de corrupción en favor de la empresa de la familia Atala Zablah y que llevaron al asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

Es momento de que la justicia hondureña cumpla con su deber de garantizar una justicia integral y así avanzar hacia la construcción de una sociedad basada en el respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos humanos.

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 29 días del mes de abril de 2024.

“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz ”

COPINH: ¡Basta de dilatar las sentencias de los culpables del asesinato de Berta Cáceres!

Comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre los retardos de justicia en el caso de #BertaCáceres – A 10 de abril del 2024

El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras – COPINH, ante las declaraciones públicas de Juan Carlos Sánchez y Ritza Antúnez, abogados de David Castillo, coautor del asesinato de Berta Cáceres, días después de que Juan Carlos Sánchez Villalobos, quien fue parte de la defensa de Carolina Castillo en el juicio “Fraude sobre el Gualcarque”, fue nombrado como director de fiscales,

DECLARA:

  1. El ataque contra la perito Brenda Barahona, es una acción cobarde y condenable en virtud de que la prueba fundamental del juicio no fue el análisis que ella realizó, sino la información extraída de los aparatos telefónicos, por los peritos, incluyendo la realizada por el perito Sean Bodden, propuesto por los defensores de David castillo, Juan Carlos Sánchez y Ritza Antúnez.
  2. La información extraída de los aparatos telefónicos prueban que David Castillo participó en la planificación, coordinación, ejecución y pago del asesinato de Berta Cáceres, motivo por el cual, fue declarado culpable como coautor del asesinato de Berta Caceres por el Tribunal de Sentencia el 5 de julio de 2021.
  3. Las declaraciones de los abogados de David Castillo ponen en evidencia el uso del tráfico de influencias con las recientes designaciones del Fiscal Adjunto y Director Fiscales, lo cual, pone en riesgo la seguridad jurídica, la lucha contra la impunidad y la preservación del Estado de Derecho.

Por ello desde el COPINH exigimos:

  1. Al Fiscal General de Honduras, Johel Antonio Zelaya Alvarez, a detener los intentos de criminalización sin fundamentos a peritos y fiscales, así como actuar, de manera decidida para evitar el tráfico de influencias dentro del Ministerio Público; así como, solicitar a la Corte Suprema de Justicia que emita pronta resolución del recurso de casación y permitir la garantía efectiva de los derechos de las víctimas.
  2. A la Corte Suprema de Justicia presidida por la magistrada Rebeca Ráquel, y la Sala de lo Penal compuesta por los magistrados Walter Raúl Miranda Sabio, Mario Rolando Díaz  y Nelson Danilo Mairena Franco, para que confirme la sentencia ya emitida contra los 7 hombres responsables de la autoria material del asesinato de Berta Cáceres y la sentencia contra David Castillo, coautor de este crimen.
  3. A la sociedad hondureña y comunidad internacional a continuar auditando el funcionamiento del sistema de justicia para garantizar a las víctimas los derechos de verdad, justicia, reparación y medidas de no repetición.

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 10 días del mes de abril de 2024.


“¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz!”

COPINH: Entrevista a Gustavo Castro Soto en Radio Guarajambala

Les compartimos esta entrevista que realizo el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH en el marco del 8vo Aniversario de la siembra de Berta Cáceres – A 12 de marzo de 2024

En el marco del 8vo aniversario de la siembra de Berta Cáceres contamos con la participación especial de Gustavo Castro Soto, de Otros Mundos Chiapas.

Gustavo fue el único testigo del crimen de Berta, y en esta entrevista en Radio Guarajambala nos cuenta sobre aquel día, pero también sobre los sueños que lo llevaron aquel dos de marzo a Honduras.

También nos comparte algunas historias que nos permiten conocer más a Berta Cáceres, su lucha y su manera incansable de buscar un mundo mejor.

Escucha la entrevista completa aqui:

https://archive.org/embed/entrevista-a-gustavo-cs-8-abc-2024

Más información: