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Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

LA MILITARIZACIÓN DE MÉXICO

Gustavo Castro Soto
Otros Mundos Chiapas
17 de Abril 2024, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

Mucho se debate sobre la “militarización” en México. Se acusa al Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de militarizar el país, lo que él niega rotundamente, por lo que los análisis y las narrativas se encuentran polarizadas. Pero, ¿qué significa militarizar el país? Para responder a la pregunta es necesario definir qué se entiende por militarización y cómo se caracteriza. Cómo ésta se expresa actualmente, cuáles son sus indicadores y a qué realidad está respondiendo. Si la estrategia está acorde a la realidad que se enfrenta y si es eficaz y efectiva. ¿Qué narrativa se construye para justificar su estrategia y cometido?

La ‘militarización’ la podemos definir de muchas maneras. Se puede entender como al aumento de la presencia física de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, con más cuarteles o fuera de ellos con retenes o patrullando caminos; o al aumento excesivo de su presupuesto en detrimento de otras inversiones productivas o del gasto social. También se entiende por la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas no convencionales como en la comercialización, operación o construcción y mantenimiento de infraestructura y otras actividades de desarrollo; e incluso como inversionistas, dueños y gestionadores de empresas.

Otra concepción de la militarización es la participación de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad que competen a las fuerzas policíacas civiles de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal); o su participación como titulares de muchas dependencias gubernamentales de carácter civil, o en la vida política con altos cargos de responsabilidad o de elección popular, incluso como presidentes de una nación, incidiendo en las decisiones fundamentales y en las políticas del país.

Otra manera de entender la militarización es su participación o sustitución de tareas civiles como control de tráfico y carreteras, de migración, de administración de aduanas, de protección civil, de seguridad y vigilancia interna, o de fletes y mudanzas, o hasta la resolución de problemas públicos bajo la lógica militar.

La militarización se puede expresar en la presencia de las Fuerzas Armadas en el sector de la salud repartiendo vacunas, de la educación con actos militares en los planteles educativos, del comercio vendiendo servicios, de las finanzas ofertando servicios bancarios, y en la vida cotidiana en general como parte del paisaje. Algunas de estas formas pueden estar acompañadas de cambios constitucionales o legales para otorgar seguridad jurídica a su presencia y actuar.

Así, por ‘militarización’ se entiende al proceso en el cual la presencia de las Fuerzas Armadas, de manera legal o ilegal, se hacen visibles, necesarias, determinantes y hasta dependiente de ellas en la diversas esferas, en lo político, lo económico y lo social. La concepción más radical de la militarización es un golpe de Estado donde las Fuerzas Armadas toman el poder por la fuerza, violentan los poderes del Estado y destituyen al gobierno en curso para imponer otros intereses o los suyos propios. Es el momento en que un actor poderoso y con armamento rompe su vínculo jerárquico con su Comandante Supremo. Podría también suceder cuando un Presidente viola sistemáticamente el orden democrático, da un maltrato a las Fuerzas Armadas o no se sienten suficientemente consentidas por su Comandante en Jefe.

Quizás sean muy pocos países los que no hayan pasado por algún periodo de militarización, por golpes de Estado, fascismo, dictaduras militares terribles, revoluciones, guerras internas o de sucesión, guerras internacionales o internas, procesos de independencia, etcétera. Sin embargo, no debemos confundir la ‘militarización’ con el ‘militarismo’, entendido éste como las normas, leyes, procedimientos, valores, costumbres o ideales impuestos en la sociedad civil y que crean una cultura militar en torno a la autoridad, los ritos militares, la disciplina, la obediencia ciega y la exaltación del patriotismo. Incluso en la transmisión de esta cultura en la educación formal de las escuelas.

¿Por qué un gobierno elige este camino de la militarización? ¿Cuál es el contexto en que se da? ¿Hay razones y narrativas que puedan justificar la militarización de un país? Por lo pronto podemos apreciar que AMLO ha desarrollado la mayoría de los indicadores arriba expuestos sobre la militarización y descansa su proyecto político en las espaldas de las Fuerzas Armadas, incluidas en ellas al Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y a la Guardia Nacional.

BREVE CONTEXTO NACIONAL, MARCO DEL ANÁLISIS

La experiencia en México nos indica que la presencia física de los militares en las comunidades principalmente de carácter rural genera descomposición familiar y social. Su presencia física provoca el aumento de los costos de los productos básicos, de la prostitución, del consumo de drogas y de alcohol, entre otros efectos. Según los contextos las narrativas oscilan en los extremos. Para algunos la presencia permanente de militares en estas regiones genera confianza y seguridad, mientras que para otros son aliados de los carteles. Lo que sí es cierto es que la sociedad civil ha sido víctima de asesinatos y torturas por parte de las Fuerzas Armadas. En México, el Ejército y la Marina han sido señaladas durante décadas como uno de los principales violadores de los derechos humanos. Algunos dirán que son daños colaterales e inevitables.

No podemos dudar que la corrupción y los intereses de los carteles de la droga se fueron incrustando paulatinamente en las estructuras políticas e institucionales del estado mexicano, en todos los territorios, en las infraestructuras, en los tres poderes de la Unión y en los tres niveles de gobierno con más fuerza a partir de 1988 con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Los carteles usaron el sistema financiero para sus transacciones y lavado de dinero. Lograron no solo adueñarse de tierras y territorios, sino que fueron capaces de presionar, comprar o corromper a jueces, magistrados, policías, profesionistas, abogados, altos funcionarios y de muchas dependencias del estado; a diputados y senadores acusados también de tener vínculos con el narcotráfico. Pusieron de rodillas a algunas empresas. Corrompieron a los militares. Todo esto tampoco es nuevo y mucho menos el hecho de que militares, funcionarios de gobierno y narcotraficantes han pisado las cárceles del país.

En México los carteles han logrado controlar muchos aeropuertos por medio de la corrupción a funcionarios aeroportuarios, sus policías, trabajadores e incluso altos mandos del Ejército y de la Marina presentes en ellos. Del mismo modo lograron controlar los puertos marítimos y las aduanas por donde se trafica no solo drogas y armas sino también dinero en efectivo y otros productos. Si en Alemania de los millones de contenedores que llegan a sus puertos solo el 2% logran revisar, en México el sistema de control y verificación de los contenedores que se exportan o importan es bastante más ineficiente. Esto pasa en todos lados.

Los carteles lograron robar gasolina de los ductos y hasta hidrocarburos de las plataformas marinas. Construyeron túneles fronterizos y pistas de aterrizaje para las avionetas cargadas de droga y dinero. Todo esto fue incrustándose en el país especialmente durante los últimos cuarenta años, con una dinámica y lógica propia, como una bola de nieve que va creciendo rápido y con mucha fuerza. Los carteles se convirtieron en un actor con tal presencia y poder que es imposible no reconocerlo. Cualquier gobierno que genuinamente desee combatir esto se preguntará por la mejor estrategia para lograrlo. Y cuando eso suceda quizás sea demasiado tarde. ¿Cómo desterrar la corrupción y los intereses del narcotráfico y sus carteles del territorio y de las estructuras del estado? ¿Cómo sacarlos del poder político, económico, social, territorial, incluso en las mismas Fuerzas Armadas?.

No debe extrañar que algún gobierno se vea obligado a negociar con este actor que logró fundirse en la clase política y empresarial. Los políticos que se convirtieron en empresarios, y éstos en narcos; los narcos que se convirtieron en políticos y grandes empresarios. Y los empresarios que llegan al poder político y luego se convierten en narcos. Por supuesto, aunque esto es real, un gobierno podría aceptarlo en lo privado, pero no en lo público. No aceptar públicamente lo que es evidente para la gente tampoco tiene que asustarnos. Aceptar públicamente esta realidad conlleva repercusiones políticas y económicas de gravedad para un país. Otros lo harán para justificar precisamente la militarización.

Es necesario insistir que la dinámica y la lógica propia interna de este proceso de fortalecimiento de un Narco-Estado ha llevado su tiempo en desarrollarse, y en la medida de su crecimiento más es su fuerza de imposición. Detenerlo y luego desmantelarlo no será tarea fácil no sólo para los gobiernos de América Latina, sino de otros países incluyendo Europa ya controlada por los carteles de la droga. El mismo AMLO ha manifestado que había un Narco-Estado en México. Ingenuo sería pensar que en un sexenio se desmantelaría algo tan complejo. Pero, ¿Cómo disputarle a los carteles de la droga el territorio que ya han conquistado? Y que, por cierto, nadie logra esta conquista si no se compran las voluntades con muchos millones de dólares. La corrupción es la llave que abre puertas a la creación del Narco-Estado. ¿Se tendrá que negociar irremediablemente con ellos? Eso ya se hace en Colombia. ¿Se les enfrenta directamente en el terreno de la guerra armada? Eso ya lo hizo México. ¿Cuál será la mejor estrategia?

Hay que recordar que el mayor consumo de droga desde la clase empresarial y política hasta la gente de la calle, se da en Estados Unidos y en Europa. Este consumo no se puede entender sin la entrada ilegal de la droga a sus países con el contubernio de autoridades en cada país, en sus autoridades aduanales, policías, jueces y otros actores, y en el caso de los Estados Unidos con el contubernio de la Administración de Control de Drogas (DEA, sigla en inglés). Por ello, los carteles tienen en jaque a muchos países, entre ellos a Estados Unidos, Italia, Alemania, Holanda, Suecia, Noruega, España, Francia, Reino Unido, entre otros.

En AL el crimen organizado de los carteles de la droga inunda el Continente y se incrusta en las estructuras del estado desde hace décadas. Cada gobierno latinoamericano ha desarrollado su estrategia para enfrentar el Narco-Estado, pero los gobiernos siguen sin saber cómo erradicarlo. Declaran mano dura contra el narco y apuestan por estrategias de militarización en diversas formas y niveles. Por ejemplo, Argentina declara la guerra al narco y una lucha sin cuartel en todos los niveles de gobierno aunque la ley prohíbe que el ejército lleve a cabo acciones de seguridad interna, ya que las heridas de la dictadura militar del General Videla están presentes en la sociedad argentina. El gobierno lanza entonces una ‘ley anti bandas’ al mismo tiempo que se ve envuelta en una reacción violenta del narco, lo que justifica el anuncio de más compras de equipo militar y le entrega a Estados Unidos una base en la Patagonia.

El Ecuador califica a los narcos como terroristas, les declara la guerra y afirma que no negociará con ellos. Decreta mano dura contra el narco e impone el Estado de Excepción y toques de queda y le otorga todo el poder al Ejército para su accionar. El gobierno ecuatoriano mantiene el control de los poderes e instituciones del país y hasta con el atrevimiento de invadir con sus Fuerzas Armadas la Embajada de México.

El Salvador lanza la persecución contra las pandillas y construye su mega cárcel, estrategia que algunos gobiernos quieren copiar. Con Estado de Excepción permanente, con el control de los tres poderes del país, con los militares en la calle persiguiendo a las pandillas y con múltiples acusaciones de violaciones a los derechos humanos, la opinión sobre esta estrategia de militarización se polariza.

Honduras es otro caso paradigmático de Narco-Estado cuyo ex presidente se encuentra preso en los Estados Unidos, aunque su carcelero fue quien lo engendró. El gobierno hondureño define también un Estado de Excepción e invade las funciones de seguridad pública. En Guatemala, país incondicional a Israel, los militares son parte del paisaje y de la memoria de los guatemaltecos que han sufrido la guerra. Siguen presentes en el territorio nacional que es paso obligado de los carteles de la droga.

Colombia ha probado de todo para el supuesto combate al narcotráfico incrustado en todas las estructuras del estado, desde la aplicación del Plan Colombia hasta verse obligado a negociar con los delincuentes. Costa Rica vive el peor momento de violencia por la presencia de más de 300 organizaciones criminales, cuyo ministro de Seguridad, Mario Zamora, admite que las organizaciones criminales locales asociadas a bandas extranjeras generan una fuerza que “rebasa el modelo policial vigente, la administración de Justicia y las leyes”. Por su lado, Panamá se mantiene como puente del narcotráfico hacia muchos países del mundo incluso a Sudamérica.

Uruguay pide ayuda a la DEA para combatir el tráfico de droga. En Paraguay se advierte un proceso de ‘cocainización’ y de narco-política. Brasil está rebasado por su gigantesco territorio y la invasión de los carteles de la droga. Venezuela convive y vive del problema. En Chile la presencia del narcotráfico aumenta y todavía no llega a las estrategias militarizadas como el resto de los países de la región. En Perú la siembra y tráfico aumenta mientras que su gobierno plantea la salida militar para enfrentarlo. Bolivia se convierte en los principales productores de cocaína y se advierte un Narco-Estado sin capacidad operativa para enfrentarlo.

Por tanto, al parecer no hay país que no se salve de los carteles y de la tentación de militarizar su territorio como único modo de enfrentar el problema.