Les compartimos que el coordinación con el Centro de Derechos Humanos Fray Matías se proyectará de nuevo el emotivo documental Así buscamos, así amamos este miércoles 7 de agosto a las 5 de la tarde en las instlaciones del Centro de Derechos Humanos en Tapachula, Chiapas y se contará con la participación de Juan Carlos Trujillo del Comité de Familiares Desaparecidos “María Herrera” y de la Brigada Nacional de Personas Desaparecidas en México
Compartimos el cuarto capítulo de este podcats de Avispa Midia – A 17 de julio del 2024
Este es un podcast de diez episodios que analizan las soluciones propuestas por Estados y corporaciones ante la crisis climática, como la transición energética, contrastándolas con las experiencias de comunidades latinoamericanas que luchan por la defensa de los bienes comunes.
Bienvenidos al episodio 4 del podcast Atizando el Avispero. Continuamos profundizando el tema de la crisis climática y la transición energética que muchos consideran una posible solución. En esta ocasión veremos que tanto ha avanzado México en el reemplazo de su matriz energética, un país que históricamente ha dependido en gran medida de los combustibles fósiles.
Responderemos a las siguientes preguntas, ¿cómo se está llevando a cabo este cambio en México? ¿Está realmente ocurriendo una transformación significativa hacia nuevas fuentes de energía?
Para abordar estas preguntas, en esta ocasión contamos con las voces de dos expertos en la materia, Isabel Velásquez y Luis Pérez, del Colectivo Geocomunes.
Puedes escuchar el episodio IV en estas plataformas
https://open.spotify.com/embed/episode/5OTykUQzT3ArAdUUyH6oMC?utm_source=generator&t=7
Más información:
El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en este programa estaremos platicando con Gloria González sobre una iniciativa ciudadana en San Cristóbal de Las Casas durante las elecciones 2024 llamada “DIGNA CONCIENCIA”. Acompáñanos este martes 6 de agosto las 6:00 pm por nuestro facebook live.
Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este 6 de agosto a las 6:00 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki
Compartimos este pronunciamiento de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre la represión que vive el pueblo argentino – A 18 de julio del 2024
Amigos de la Tierra Internacional se solidariza con los movimientos socioambientales, feministas, sindicatos, pueblos indígenas en Argentina, quienes sufrieron el último 12 de junio un hecho de represión repudiable que resultó en más de 600 personas heridas y 35 detenidas de manera arbitraria, de los cuales aún 5 continúan presas en cárceles federales de máxima seguridad por ejercer su legítimo derecho a manifestarse.
La manifestación fue el resultado de 6 meses de un gobierno de extrema derecha que ha elevado los índices de pobreza al 55,5% de la población y la indigencia al 17,5%. Mientras sanciona leyes y decretos profundamente regresivos en materia de derechos, intenta otorgar superpoderes al presidente, libera totalmente el accionar de multinacionales extractivas y flexibiliza la legislación laboral, entre otros ataques a las/os trabajadores y la soberanía nacional.
Mediante la aplicación del “Protocolo Antiprotestas” y la generación de disturbios por parte de agentes encubiertos, las fuerzas armadas avanzaron sobre los manifestantes, utilizando camiones hidrantes, balas de goma, gas pimienta y realizando detenciones arbitrarias a personas al azar. Los/as detenidos/as denuncian que en los penales han sido sometidos a abusos, como el uso de gas pimienta, golpes y desnudamientos. Además de quedar procesados, acusados de terrorismo e intento de golpe de Estado. Estas nuevas formas de actuar por parte de la Justicia Federal siembran un grave precedente para futuras movilizaciones: el procesamiento de las y los manifestantes marca una peligrosa profundización en la política de criminalización de la protesta y pone en peligro al sistema democrático.
Si bien la represión en manifestaciones pacíficas es parte del modus operandi del nuevo gobierno nacional, la acusación sobre un plan sedicioso y terrorista, y el intento judicial de convalidar esta hipótesis, marca un punto de inflexión que indica que quienes se movilizan ya no tienen derechos ni garantías. Este hecho pone en evidencia la escalada de violencia económica, simbólica y política que ocurre en Argentina desde hace 6 meses, de manera ininterrumpida y creciente. Los y las detenidas son estudiantes, trabajadores/as y luchadores/as sociales.
Este hecho se suma también a un plan sistemático de estigmatización en los medios de comunicación de los movimientos sociales organizados y la quita de alimentos subsidiados a los comedores comunitarios.
El rechazo a las políticas inhumanas de Javier Milei se multiplica en todo el mundo. Recientemente se realizaron manifestaciones en España y Alemania por su visita a dichos países, donde viaja con dinero del Estado Argentino para apoyar expresiones de derechas.
Los movimientos sociales, ambientales, sindicales, feministas y de la economía popular de Argentina y del mundo nos encontramos en alerta. Llamamos a la comunidad internacional a ejercer la solidaridad internacionalista, exigir la libertad inmediata y el desprocesamiento de todos los detenidos y detenidas. Además, exigimos de inmediato el cese de la violencia del Estado, el respeto por la democracia y el fin de la criminalización de la protesta.
Es con profunda tristeza que nos enteramos del fallecimiento de Silvia Sandoval. En nombre de todo el equipo de Otros Mundos Chiapas, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos en este difícil momento. Silvia será recordada por su calidez, generosidad, fuerza, valentía y espíritu inquebrantable. Sabemos que no hay palabras que puedan aliviar este dolor que sienten, pero esperamos que encuentren consuelo en los recuerdos y el amor compartido.
Nuestros pensamientos y oraciones están con ustedes.
Con cariño y respeto
Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre la lucha del pueblo lenca porque les otorguen titulos de propiedad a sus tierras ancestrales – A 16 de julio del 20224
Más de 500 personas de comunidades Lencas organizadas en el COPINH nos encontramos en el Instituto Nacional Agrario (INA) para exigir el reconocimiento y la titulación de 9728 manzanas de tierra en las que viven 852 familias.
COPINH tiene 10 procesos de demanda de tierra ante el INA y el Instituto de la Propiedad (IP), además una de estas resoluciones se encuentra en manos del Consejo Nacional Agrario (CNA).
Desde hace más de dos años, COPINH ha estado esperando una acción efectiva en respuesta al pliego de peticiones entregado a la presidenta Xiomara Castro que incluye exigencias para el reconocimiento de la posesión de los territorios indígenas y campesinos. Sin embargo, los avances han sido mínimos, lo que evidencia una falta de voluntad política por parte del Estado hondureño para lograr la titulación comunitaria que reconozca la imprescriptibilidad, inembargabilidad e inalienabilidad de los territorios indígenas
Varios de estos procesos han sido conocidos por el INA desde hace más de 15 años años, sin embargo no se ha respetado el derecho de las comunidades que es obligación del Estado según las leyes hondureñas e internacionales. Por eso nos movilizamos para obtener respuestas claras y acciones concretas. No nos iremos hasta obtener una resolución definitiva.
Es por ello que el COPINH demanda lo siguiente:
¡Lempira no es solo un nombre, Lempira es todo un pueblo y viene con nosotros/as desde el final de los olvidos!
¡Defendemos nuestros territorios que son nuestra vida!
Dado en La Esperanza, Intibucá a los 16 días del mes de julio de 2024.
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz ”
Compartimos este reportaje de Mongabay sobre el avance de la palma de aceitera en Ecuador – A 8 de julio de 2024
Las palabras reforestación y conservación no existen en picoca, la lengua de los Siekopai. Para esta nacionalidad, que vive en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, en la frontera con Perú, nunca fue necesario sembrar un árbol, porque ya tenían un bosque, ni darle un nombre a una acción que ya era parte de su día a día. Sin embargo, actualmente la conservación es el motivo de su lucha y la reforestación de plantas nativas es su herramienta para demostrar que hay alternativas a la siembra de palma, que se extiende en las provincias amazónicas de Ecuador.
“Estamos rodeados de palmicultores, pozos petroleros e invasores, pero nuestro territorio es una isla que está en pie de resistencia”, decía Yadira Ocoguaje a sus compañeros, mientras sostenía con una mano el micrófono y con la otra levantaba una planta tradicional de Ya´so (Licania apetala), con la que realizan sus artesanías. La mañana del 1 de mayo del 2024, los habitantes de Secoya Remolino, una de las seis comunidades Siekopai en Ecuador, se preparaban para la primera jornada de reforestación de su historia.
Aunque Ocoguaje no podía traducir con una palabra esta actividad, todos ya sabían lo que representaba. Después de la asamblea, los abuelos, jóvenes y niños de la comunidad tomaron las palas y las más de 1000 plantas, y las sembraron a las orillas del río Aguarico.
Hasta esta comunidad solo se puede llegar en bote y, para la lideresa de 29 años, esto es lo que les ha permitido mantener sus 21.000 hectáreas de bosque a salvo. Este territorio se ha declarado abiertamente en resistencia a la palma, a diferencia de las comunidades Siekopai más cercanas a la carretera, donde los cultivos generan curiosidad. La siembra de esta especie ahora es un tema que convoca un análisis profundo dentro de las asambleas de esta nacionalidad indígena.
Los cultivos también se han empezado a extender en los alrededores del Parque Nacional Yasuní y de la Reserva de Fauna Cuyabeno. Sin embargo, no hay cifras oficiales claras sobre la expansión de la palma ni sobre los controles de licencias o registros ambientales. Mientras toda la atención está puesta en los cultivos de palma africana de la costa ecuatoriana, los límites para la siembra son difusos en la Amazonía.
Remolino y el resto de territorio Siekopai se encuentran en Sucumbíos que, junto con Orellana, se han convertido en las provincias amazónicas donde se expande la palma aceitera.
Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), este es el segundo cultivo con mayor extensión en la Amazonía ecuatoriana, después del cacao. Sin embargo, las cifras en torno al territorio que abarca son confusas. El MAG, con base en los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), estimó 36 749 hectáreas al 2022. La mayoría en Sucumbíos (25 203) y el resto en Orellana (11 546).
Por otro lado, la plataforma MapBiomas registró cultivos de palma en 121 049 hectáreas de ambas provincias al 2022. Este número es cuatro veces más alto que el indicado por el MAG. De acuerdo con los datos satelitales de esta plataforma, la extensión de estos cultivos en la Amazonía es cinco veces superior a lo que era hace 20 años.
Su crecimiento es evidente al visitar estas provincias y los puntos que se reflejan en el mapa satelital. Durante el trayecto de dos horas desde Lago Agrio, capital de Sucumbíos, hasta el puerto Los Ángeles, donde se toma el bote para llegar a Remolino, los terrenos de palma recién sembrada están a ambos costados de las vías.
Ribaldo Piaguaje, presidente de Remolino, realiza este recorrido cada semana cuando regresa a su comunidad. Por eso, ha visto de cerca el crecimiento que han tenido los cultivos en esta vía, que es la puerta de entrada al territorio Siekopai. En este camino están los nuevos cultivos, de máximo dos años, a diferencia de los que están en la vía Tierras Orientales. Esta última es la carretera que transitan quienes van al Puerto Los Ángeles desde Shushufindi, otra de las principales ciudades de la provincia.
En el camino de Tierras Orientales están las plantaciones de las empresas palmicultoras que llegaron hace más de 40 años a la zona, pero a sus costados también ya empiezan a verse los sembríos nacientes de dos comunidades Siekopai que están al lado de la carretera.
Aunque dentro de las 21 000 hectáreas que pertenecen a Remolino no hay cultivos de palma, lo que ocurre en sus alrededores los tiene en alerta. “Al principio no pensé que iba a ser tan problemático. Pero ha traído deforestación masiva y problemas a la gobernanza comunitaria”, dice el líder de 26 años.
Las primeras palmicultoras llegaron a Orellana y Sucumbíos en 1978. En ese momento el Estado firmó acuerdos con dos empresas, Palmoriente y Palmeras del Ecuador, y ambas se instalaron en un área de alrededor de 18 500 hectáreas.
“Todo el sitio de cacería fue deforestado, tumbaron los árboles, después pasaron las maquinarias y abrieron con tractores”, recuerda Justino Piaguaje, dirigente de territorio de la nacionalidad Siekopai. Su pueblo no quería participar en este negocio, hasta que en 2000 la idea empezó a discutirse. Uno de los líderes de ese momento planteó autorizar la siembra, pero la asamblea de la nacionalidad se lo negó.
En 2006, después de varios intentos y el poco éxito de actividades productivas sostenibles como el turismo y el cultivo de paiche, la asamblea autorizó que 20 familias probaran el cultivo en 10 hectáreas cada una. Las familias obtuvieron un crédito de la entidad gubernamental Corporación Financiera Nacional (CFN) para sembrar en su territorio, con Palmeras del Ecuador como garante. Sin embargo, en 2008 el Ministerio de Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica) multó con 375 000 dólares a la nacionalidad Siekopai por haber talado bosque nativo. Los indígenas no han pagado la multa pues aseguran que es imposible para ellos obtener ese dinero.
Los cultivos se suspendieron y empezó un proceso de varios años de discusiones y debates internos. Justino Piaguaje, que era Presidente de la nacionalidad en ese momento, recuerda que de repente ya no eran 20 familias, sino 60 las que querían sembrar sin el consentimiento de su pueblo. Algunas se estaban reuniendo con las empresas palmicultoras, sin pasar por el proceso de consulta interna.
“Se retiraron las plantas y semillas que les habían dado y la gente quedó molesta, pero yo dije que es para aprender, porque vivimos en un territorio comunitario y hay una autoridad comunitaria que tiene que respetarse”, cuenta el líder Siekopai. Luego de estas divisiones, decidieron pasar a una etapa de planificación para evitar los conflictos internos y mantener unido a su pueblo. En 2016 autorizaron 15 hectáreas para la siembra de palma por familia.
“No es obligación sembrar, pero las que quieren pueden hacerlo por su propia voluntad, sin el acompañamiento de la nacionalidad”, dice Piaguaje.
Dos familias de Bellavista y San Pablo, las comunidades más cercanas a las plantas extractoras, ya siembran en su territorio. Las más apartadas, como Remolino, todavía se mantienen en resistencia. “La nacionalidad no impulsa la palma como proyecto, pero hubiese sido malo oponerse por completo porque se hubiese causado malestar interno”, recalca Piaguaje.
Mientras tanto, la presencia de las empresas palmicultoras en la Amazonía también ha crecido en comparación con lo que pasaba en los años setenta. Según el Inventario Nacional de Plantaciones de Palma Aceitera 2017, en la Amazonía hay 14 empresas con plantaciones y 2 empresas con extractoras en operación. Existe otra extractora instalada, pero no está operando.
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A Geovanna Lasso, miembro del Colectivo Agroecológico del Ecuador e investigadora de la Universidad Andina Simón Bolívar, le preocupa que se instalen más extractoras. De acuerdo con los análisis que ha hecho sobre los cultivos de palma desde 2012, una de las principales dinámicas del crecimiento en la Amazonía se asocia con el “encadenamiento productivo”. Es decir, las empresas extractoras ofrecen créditos, asistencia técnica y estrategias que motivan a las personas a transformar su finca y a desplazar los cultivos diversificados.
Para la especialista, la situación es grave, ya que los monocultivos están ganando espacio en las zonas de la Amazonía afectadas por la deforestación.
Un estudio de MapBiomas revela que la Amazonía ecuatoriana perdió 379 000 hectáreas de bosque entre 1985 y 2020. Sucumbíos es la provincia más impactada, con una pérdida de 184 000 hectáreas, seguida por Orellana con 116.000. Por otro lado, el Atlas Amazonía Bajo Presión 2020, de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), muestra que el 84 % de la deforestación amazónica se debe a las actividades agrícolas.
La palma ha reemplazado 33 500 hectáreas de bosque nativo en Sucumbíos y Orellana desde el 2000 hasta el 2022, de acuerdo con el análisis de los datos satelitales de Mapbiomas. Esto equivale a 36 000 canchas de fútbol.
En los mapas de cobertura de la tierra que genera el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) no se identifican específicamente los cultivos de palma africana, pues forman parte de la categoría “mosaico agropecuario”. Sin embargo, con los mapas se determinó que cerca del 71 % de la superficie deforestada en Sucumbíos y Orellana, entre 2014 y 2022, corresponde a zonas de bosque que fueron convertidas en tierras agropecuarias.
Nathalia Bonilla, coordinadora de la campaña de bosques en Acción Ecológica, explica que no sólo es preocupante que los cultivos industriales reemplacen zonas de bosque. Asegura que cuando la palma reemplaza otros cultivos previamente instalados en zonas deforestadas, también se afecta al suelo y al agua con la cantidad de agrotóxicos que, por lo general, son necesarios para mantener a estos árboles libres de plagas.
Bonilla ha identificado 17 ingredientes activos utilizados en el cultivo de la palma en la costa ecuatoriana. De estos, algunos como el Endosulfán, Carbofurano, Clorpirifos y Paraquat están prohibidos por la Unión Europea, pero en Ecuador se utilizan. Al Paraquat, por ejemplo, se lo relaciona con la enfermedad de Parkinson, y el Clorpirifos ha sido asociado con retraso en el desarrollo neurológico, sobre todo en los niños.
La investigadora teme que la situación de Esmeraldas, la provincia con mayor superficie de palma en el país, se repita en la Amazonía. En esta localidad costera, cuenta Bonilla, ya han experimentado problemas de erosión de suelo por los cultivos y el abuso de químicos. En las provincias amazónicas la situación puede ser más grave, ya que estos terrenos son más frágiles y no son idóneos para cultivos como la palma aceitera.
Jorge León, investigador de la Universidad Estatal Amazónica, explica que la Amazonía se caracteriza por constantes lluvias, por lo que es más probable que los pesticidas y químicos que se le aplican a los cultivos terminen en los ríos. Estos agroquímicos tienen metales pesados que, al llegar a las fuentes de agua, pueden ingresar al organismo de animales y personas.
Por otro lado, el especialista dice que los suelos de la Amazonía no son aptos para los cultivos por sus altos niveles de acidez y pocos minerales. Para adaptar la tierra, se utilizan mayores cantidades de fertilizantes. Los cultivos de palma pueden durar hasta 50 años, lo que se traduce en cinco décadas de plaguicidas que, en opinión del experto, dejarán un suelo inservible. “No se regulariza la actividad en estas tierras y se sigue expendiendo”, añade León.
La Coordinación General de la Información Nacional Agropecuaria (CGINA) del MAG corrobora lo que dice León. En el mapa de zonificación agroecológica para el establecimiento de cultivo de palma aceitera en la Amazonía, no hay registro de zonas con aptitud óptima. Esta categoría corresponde a las áreas que presentan las mejores características para el establecimiento de un cultivo.
Mongabay Latam pidió una explicación al MAATE, pero respondió que el MAG es el que tiene la competencia sobre las zonas aptas para la siembra de palma. El MAG, por su parte, explica que las restricciones de siembra se aplican en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sin embargo, el problema de sembrar en zonas no óptimas, es que los productores tienen que realizar adecuaciones y prácticas agrícolas adicionales, las cuales incrementarán los costos de producción. En otras palabras, la siembra de palma no está prohibida en suelos no óptimos y son los agricultores los que deciden si quieren asumir los costos extras y sacrificar parte de su rentabilidad.
Los controles a las licencias y registros ambientales son otro eslabón olvidado en la cadena de la palma. El Censo Palmero 2017, el más actual de su tipo, muestra que solo 1437 predios de los 8149 destinados a este cultivo en el país tienen permiso ambiental. Es decir, sólo el 17,6 % están regulados.
En la Amazonía la situación es similar. De acuerdo con información entregada por el MAATE a Mongabay Latam, al 2024, 232 proyectos cuentan con registro ambiental, documento que deben tener los cultivos que ocupan entre 1 y 75 hectáreas. Cuatro proyectos tienen licencia ambiental, que corresponde a los cultivos de más de 75 hectáreas. Estos datos demuestran que, de los 1272 predios dedicados a la palma en las provincias de Orellana y Sucumbíos, sólo el 18 % tiene uno de estos dos permisos ambientales, a pesar de que la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) del 2023 revela que hay 2939 productores de palma aceitera en las 30 287 hectáreas plantadas hasta ese año en la Amazonía ecuatoriana.
Desde el 2018, el tema de las licencias ya generaba dudas, incluso para entidades gubernamentales. La Contraloría General del Estado, a través de la Delegación Provincial de Sucumbíos, identificó irregularidades en torno a la emisión de licencias ambientales, otorgadas por la Dirección Provincial del Ambiente de Sucumbíos al sector palmicultor entre enero de 2012 y diciembre de 2017. Entre estas encontraron que seis empresas operaban sin autorización ambiental.
Mongabay Latam le preguntó al MAATE sobre las inconsistencias en las licencias ambientales, pero hasta el momento de la publicación de este texto no obtuvo respuestas.
“La informalidad es grande y grave”, dice Mario Calvopiña, biólogo y consultor independiente en la Amazonía. Para el especialista, hay un abandono por parte de la autoridad ambiental, ya que no hay un control de los planes de manejo ni un estudio formal sobre el impacto de los cultivos de palma en la Amazonía. Él conoce de cerca la situación, ya que hasta 2013 trabajó en el Ministerio del Ambiente.
Uno de los mayores problemas en la actualidad, resalta, es el crecimiento desordenado hacia zonas frágiles como la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno. Mediante el mapeo satelital de MapBiomas se observan pequeños cultivos instalándose muy cerca del área protegida.
El MAATE sostiene que no existen cultivos de palma africana dentro de la Reserva del Cuyabeno y que los sembríos más cercanos se encuentran a 1,5 kilómetros, con extensiones aproximadas de 10 hectáreas. “Con estas consideraciones, la expansión de la palma africana no representa, al momento, una amenaza para la pérdida de bosques dentro del Cuyabeno”, aclara el Ministerio.
También se ha registrado un aumento de los cultivos en la vía Auca, en la provincia de Orellana, cercana al Parque Nacional Yasuní. Adrián Álvarez, de la fundación Alejandro Labaka, cuenta que esta es una amenaza directa para el área protegida y para los pueblos en aislamiento voluntario. Desde hace un año, relata, han llegado personas que compran fincas y las transforman en sembríos de palma.
Según dice, hace cinco años en la vía Auca solo había un cultivo, pero ahora, cientos de árboles de 60 cm son una muestra de que la palma aceitera se está instalando. “Hay plantaciones a sólo seis kilómetros del Yasuní”, destaca.
A pesar de lo que dice Álvarez, el MAG afirma que en zonas aledañas a áreas protegidas, que no tengan cobertura vegetal natural y que sean aptas para la agricultura, cualquier cultivo es permitido.
Calvopiña explica que uno de los principales impactos para las áreas protegidas no radica en los cultivos en su interior, sino en el drenaje de los pantanos y el desvío de los esteros, que son necesarios para cultivar palma y que pueden terminar por afectar dentro de sitios como Cuyabeno y Yasuní. Esto cambia el ciclo del agua y genera daños en los ecosistemas, comenta.
A pesar de que el MAATE sostiene que “no es posible ni legal rellenar humedales”, el drenaje de los pantanos es común en la Amazonía para adaptar los terrenos. En el pasado, esta práctica era respaldada por los gobiernos provinciales, que proporcionaban su maquinaria.
Desde el 2012 el Gobierno Autónomo Descentralizado de Orellana ya no lo hace, afirma Augusto Córdova, jefe de Calidad Ambiental. “El apoyo a la expansión de los monocultivos ya no es parte de la política de este GAD debido a los impactos ambientales. La palma es un monocultivo que utiliza grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas que afectan a las personas y biodiversidad”. Actualmente, incentivan la siembra de cacao agroforestal.
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Según el departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en el 2023 Ecuador ocupó el puesto número 12 de la lista de los principales productores de aceite de palma en el mundo y el quinto lugar en América Latina.
El cultivo recibe apoyos del sector financiero ecuatoriano. Entre 2016 y 2023 la banca privada otorgó 3 974 788 dólares para sembrar 730 hectáreas de palma. Por otro lado, entre 2013 y abril 2024, el Estado, a través de BanEcuador y la Corporación Financiera Nacional, entregó 17 808 107 dólares en créditos para el cultivo de palma aceitera en Orellana y Sucumbíos, las dos provincias de la Amazonía norte. Esta cifra representa el 9 % del monto total de créditos que se han entregado en los últimos 10 años al sector agropecuario en esa zona.
Los préstamos se destinaron a 2740 hectáreas de palma, una extensión equivalente a 3300 canchas de fútbol.
Desde el 2019, BanEcuador abrió una línea de crédito para ayudar a los pequeños productores de palma, “a fin de contribuir al mejoramiento productivo del país”. Santiago Rosero, especialista en producción de palma aceitera, explica que esto se debe a que el 80 % de quienes se dedican a la palma son pequeños productores y generan un 30 % de la producción total. Para Rosero, los créditos para este sector no han crecido de manera agresiva. “La idea es que en las hectáreas existentes se produzca lo necesario para no aumentar la superficie”, dice en relación a las estrategias en las que se deben enfocar los apoyos.
Para la entrega de créditos, Rosero explica que se exige que los productores hayan iniciado el proceso de regularización ambiental y que entreguen un mapa para evidenciar que no se intersecta con áreas de bosque. Sin embargo, en la práctica, hay casos como el de los Siekopai, que recibieron el crédito de la CFN y después fueron multados por otra entidad estatal por sembrar en esa zona.
El tema financiero no sólo incluye los créditos. De enero de 2022 a mayo de 2024 se han aprobado 254 pólizas de seguro agrícola subvencionadas en el cultivo de palma aceitera. Esto implica que se han asegurado 1358 hectáreas y se han entregado 64 755 dólares por las subvenciones.
El 42,52 % de esas pólizas se concentra en Sucumbíos. Allí, 108 productores se beneficiaron con la subvención. Se pidió al MAG una explicación más detallada de los seguros que recibe el sector palmicultor, pero hasta el momento de la publicación de este texto no se recibió respuesta.
Mientras tanto, Justino Piaguaje cuenta que la nacionalidad Siekopai continúa en la elaboración de un reglamento del manejo de su territorio. También están estudiando su biodiversidad, identificando sus amenazas y ya declararon un área de más de 10 000 hectáreas como territorio sagrado de los seres no humanos y espirituales.
Les compartimos nuestra pronunciamiento a las y los integrantes de Somos la Maya, a las y los vecinos de la Colonia Maya y a la población en general sobre la noticia que dieron hoy en su conferencia de prensa las y los integrantes de Somos la maya – A 15 de julio del 2024
Estimadas vecinas y vecinos de la Colonia Maya,
Todo el equipo de Otros Mundos Chiapas expresamos nuestra más sincera felicitación a las y los integrantes del Colectivo Somos la Maya y a todas y todos los vecinos de la Colonia Maya en este día tan especial. Su comunidad es un ejemplo de convivencia, solidaridad y esfuerzo colectivo, y hoy celebramos todos los logros y la unidad que han construido juntos.
Compartimos con ustedes la tranquilidad del reciente retiro de las órdenes de aprehensión que pesaban sobre algunos de ustedes por defender valientemente su territorio. Esta noticia es un testimonio de la resistencia y el compromiso de la comunidad de la Colonia Maya y de que el caminar colectivo siempre cosecha frutos.
Es un privilegio ser testigos de cómo cada una, uno y une de ustedes contribuye a hacer de nuestra comunidad un lugar mejor para todos. Sus esfuerzos diarios no pasan desapercibidos y son verdaderamente inspiradores. Por eso fueron conmemorados con el 4to Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas Mariano Abarca en el año 2022, siendo el primer colectivo urbano es recibir este reconocimiento.
¡Felicidades nuevamente a toda la comunidad de la Colonia Maya! Que este día esté lleno de alegría y momentos memorables junto a sus seres queridos.
¡¡Viva la Colonia Maya!!
#LaMayaExistePorqueResiste #LaLuchaEsPorLaVida #ProtestarNoEsUnDelito
Atentamente,
Otros Mundos Chiapas
Más información:
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre los impacto de los monocultivos de palma de aceite en la región – A 9 de julio del 2024
Luego del operativo policiaco que desalojó, en mayo pasado, a 30 familias maya q’eqchi’ miembros de la comunidad de Buena Vista, al norte del Lago de Izabal, Guatemala, actualmente suman nueve comunidades en la misma región del Valle del Polochic las cuales viven con la amenaza de desplazamiento forzado.
Con diversos llamados de alerta, autoridades comunitarias de las poblaciones indígenas han denunciado las intenciones del Ministerio Público (MP) para ejecutar órdenes de desalojo, que comunidades denuncian “son promovidos por funcionarios y propietarios”, productores de aceite de palma que acapararon tierras en la región, contra comunidades tanto del norte y sur del lago.
Reportes de Prensa Comunitaria registraron que, durante el desalojo de las 30 familias, además de los elementos policiacos también estuvieron presentes Luis Fernando Arriaza Migoya y miembros de su equipo de seguridad privada. Arriaza posee monocultivos de palma aceitera que suministran a la empresa Naturaceites, la cual se encarga de procesar y comercializar aceite de palma a trasnacionales.
Acorde a medios locales, durante pláticas entre la población desalojada y la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos de Guatemala, funcionarios notificaron que son nueve las comunidades con riesgo de expulsión en la región: Plan Grande, Agrario El Tunico, Chapin Abajo, Chinebal, Las nubes, Lote 6, Semococh y Qotoxha del municipio de El Estor, Izabal, así como Santa Lucia de Panzós, en el departamento de Alta Verapaz. En total, se contabilizan mas de 1,500 personas amenazadas de desplazamiento forzado.
Las 30 familias ya desalojadas, entre mujeres embarazadas, infancias, ancianos y adultos de la comunidad de Buena Vista, viven en un campamento improvisado debajo de los árboles.
El refugio, dentro del terreno de la comunidad de Santa Rosita, también se encuentra en peligro, pues ésta última también cuenta con orden judicial cuya ejecución se esperaba ocurrir el pasado 26 de junio, pero que ahora fue reprogramada para el próximo 28 de agosto.
“Es injusto que se sigan cometiendo estos actos violentos, muchos niños y mujeres sufren de problemas de salud. Hoy vemos el resultado de un desalojo donde las familias quedaron abandonadas y los niños sin oportunidad de educación”, comentó Gabriel Pacham, autoridad ancestral de El Estor, sobre los desplazados y la amenazas de desalojo contra otras 30 familias que conforman Santa Rosita.
Entre siete a nueve personas desplazadas tienen órdenes de captura por los delitos de usurpación agravada y atentado contra el patrimonio natural, pues son acusados de tala de árboles. Aunque algunas personas han sido condenadas en estos procesos judiciales, han apelado a la sentencia, con asistencia legal de organizaciones de derechos humanos.
A través de conferencia de prensa en los últimos días de junio, el Consejo de Autoridades ancestrales del pueblo Q’eqchi’ repudió los distintos desalojos realizados en contra de comunidades del Polochic, y demandaron al gobierno de Bernardo Arévalo garantizar la seguridad de las familias de Buena Vista, quienes habitaban las tierras desde que, en 2015, obligados a desplazarse por un desastre natural, se instalaron en la finca Tz’inté, territorio que poblaciones maya q’eqchi’ reclaman como suyo por propiedad ancestral.
El Consejo de Autoridades Ancestrales del Pueblo Q’eqchi’ también denunció que autoridades del Estado, la jueza Sandra Nineth Ayala (quien ordenó el desalojo de Buena Vista y promueve otros más), el gobernador de Izabal, Carlos Tenas, y el alcalde municipal de El Estor, Genaro Ico Cholom, se estuvieron reuniendo para acordar los operativos sin la participación de las comunidades, a lo que están obligados por parte del protocolo de desalojo en Guatemala.
“Desconocemos la existencia de un plan. Este extremo pone en grave riesgo nuestra vida, pues únicamente pretenden desplazarnos sin un plan claro de atención humanitaria”, reclamaron las Autoridades Ancestrales mediante rueda de prensa. Además, acusan que esto se debe a “una carga de racismo y discriminación, porque carece de toda sensibilidad humana al señalarnos y argumentar que somos un grupo criminal, ignorando que poseemos todas las cualidades de una comunidad organizada que reproduce la vida de forma organizada”.
Apenas el pasado jueves (4), familias de Plan Grande reportaron que trabajadores de la finca El Murciélago, propiedad de Miguel Ángel Arriaza Migoya, amenazaron con desalojar a las 38 familias de dicha comunidad.
Por esta situación, el Comité de Unidad Campesina (CUC) compartió que las comunidades realizaron la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, EEUU, para solicitar el mecanismo de protección de dicho órgano, a partir de medidas cautelares para brindarles seguridad ante los desalojos. “No queremos más criminalización, persecución, más desalojo”, sostuvo la organización campesina, la cual también promueve una acción de amparo para evitar el desalojo de las familias de Buena Vista y Santa Rosita.
Por su parte, Pedro Cuc, autoridad ancestral de la comunidad de Chapín Abajo, aseguró a Avispa Mídia que cuenta con información sobre un posible desalojo contra su comunidad y la población vecina de Chinebal, a ocurrir durante los próximos días. Pero aún esperan una notificación oficial por parte de las autoridades.
“Si ellos quieren entrar a la fuerza, nosotros tampoco vamos a retroceder, la organización está en alerta”, asevera y asegura que la responsable por promover el desalojo es la empresa Naturaceites S.A., propiedad del empresario de origen suizo-alemán, Juan Maegli Müller.
Ante ello, lamenta que en Guatemala, dado el poder e influencia del agroindustrial, las denuncias de la población maya q’eqchi’ no son atendidas. “Porque el organismo judicial es de las empresas, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad también”, reclamó ante lo que señala como omisión de parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y el MP ante las acusaciones de los indígenas por la violencia mediante la cual la familia Maegli Müller acaparó las tierras.
Imagen: Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se encuentran albergadas bajo un techo de nylon en la entrada de la carretera que conduce a Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo. Foto: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria
Compartimos este informe de Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos IM DEFENSORAS sobre las agresiones hacia mujeres defensoras de derechos humanos en Mesoamérica – A Abril 2024
Por más de 10 años, en la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) hemos desarrollado un sistema de registro de agresiones1 que documenta, cuantifica y permite realizar un análisis de género sobre la violencia ejercida contra la diversidad de mujeres y disidencias sexo-genéricas que defendemos derechos humanos en Mesoamérica. La riqueza de este sistema, pionero en el mundo, es que en su interacción con el resto de las estrategias de la Protección Integral Feminista2 contribuye a la protección de las defensoras identificando las violencias y realidades concretas que vivimos tanto individualmente como en nuestras colectividades.
Este informe no sólo presenta un análisis de los datos numéricos registrados, a partir de un vínculo cercano y comprometido con los territorios, por decenas de compañeras encargadas del registro y la documentación en las diferentes redes nacionales de defensoras que, a nivel regional, se articulan en nuestra estrategia de registro,3 sino que también contiene la compilación de los análisis y reflexiones que hemos construido colectivamente a lo largo de estos más de diez años.
Las defensoras de derechos humanos, con nuestros pueblos, comunidades y organizaciones, nos organizamos en diferentes territorios para resistir ante las violencias que nos acechan, proteger la vida y el bienestar colectivo y construir esperanza y alternativas de vida digna. Nuestra sola existencia como sujetas políticas desafía los mandatos patriarcales que pretenden silenciar el poder de las mujeres y disidencias sexo-genéricas. El mundo por el que luchamos es diametralmente opuesto al que pretenden imponernos y, por ello, nuestra labor pone en riesgo los intereses de los poderosos.
En Mesoamérica vivimos bajo un modelo económico, político y cultural de herencia colonial que se manifiesta en opresiones estructurales y una continuidad histórica de violencias patriarcales, capitalistas y racistas sobre los cuerpos y territorios de las mujeres. En el contexto de crisis global provocada por este modelo, en nuestra región se agravan las desigualdades económicas, la violencia, la pobreza y los impactos del cambio climático. Desde sus respectivas particularidades, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua se han caracterizado en la última década por la agudización del autoritarismo, la corrupción, el cierre de los espacios de participación social y política, la militarización, el extractivismo, la penetración o profundización de la presencia del crimen organizado, el feminicidio/femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres y las disidencias sexo-genéricas, así como por una crisis migratoria sin precedentes. Incluso en países en los que se han generado cambios electorales de signo progresista no se han podido superar las violencias y desigualdades estructurales.
Los poderes que se benefician de este modelo de muerte encuentran en la represión, la violencia y el uso de la fuerza la única forma de contener nuestro poder colectivo.
Entre 2012 y 2023 hemos documentado 35,077 agresiones contra 8,926 defensoras y 953 organizaciones de defensoras que trabajan en la defensa de derechos humanos en Mesoamérica.1
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En el mismo período, 200 compañeras defensoras fueron asesinadas. A esta cifra se suman los 228 intentos de asesinato registrados, esto significa que de haberse materializado la intención de los perpetradores, en la actualidad estaríamos hablando de 428 compañeras aniquiladas por luchar por un mundo mejor.
Es importante destacar que de los 58 asesinatos de defensoras documentados entre 2020 y 2022, 40% fueron contra defensoras trans, con un total de 23 transfemicidios/transfeminicidios que se caracterizaron por la tortura y saña con que fueron cometidos.
LA SINDEMIA: UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN LA VIOLENCIA CONTRA LAS DEFENSORAS
En 2020 y 2021, en el marco de la sindemia por COVID-19, se dio un incremento exacerbado en el registro de agresiones que realizamos en la IM-Defensoras.En 2020 registramos 4,745 agresiones, cifra que representa el doble de agresiones que el año precedente. Mientras que en 2021 documentamos 6,943 agresiones, lo cual supone 46% más que en 2020. Muchas de estas agresiones están vinculadas de forma directa o indirecta con medidas autoritarias de control social que los gobiernos en sus diferentes niveles (nacionales/federales, estatales/departamentales o locales/municipales) implementaron durante la emergencia sanitaria.
Hoy la sindemia parece ser un tema del pasado, sin embargo, el avance de las medidas de control y restricción de la movilización por parte de los Estados de la región no se ha revertido. Por el contrario, durante la sindemia se sentaron las bases para implementar estrategias de control que se mantienen hasta ahora y que se han consolidado como la verdadera nueva normalidad.
Como protectoras de la vida, las defensoras mesoamericanas defendemos una diversidad de derechos de forma simultánea. A continuación detallamos los principales derechos que, a nivel regional, estábamos defendiendo en el momento de ser agredidas, según los datos recabados en nuestro registro entre 2012 y 2022.1
En Mesoamérica, casi la mitad (45%) de nuestros agresores entre 2012 y 2022 fueron actores vinculados al Estado, incluyendo cuerpos policiales (22.9%), autoridades municipales, departamentales, provinciales, estatales, nacionales o federales (17.2%) o fuerzas militares (4.9%). Las instituciones gubernamentales están cooptadas y protegen a las élites económicas nacionales y transnacionales y a otros poderes fácticos (corporativos, crimen organizado, jerarquías religiosas, monopolios de la comunicación, etc.).
El modelo capitalista, patriarcal y racista que impera en nuestros países se apoya en un sistema de (in)justicia en el cual el poder judicial se ha convertido en un instrumento que nos agrede y que promueve y garantiza la impunidad de nuestros agresores. De esta forma, el mismo sistema judicial que se utiliza para criminalizar y judicializar la defensa de derechos humanos o despojar a las comunidades de sus bienes y territorios, también se usa para obstaculizar el acceso a la justicia a las defensoras, garantizando la impunidad de quienes nos agreden, sosteniendo el poder de las fuerzas militares y policiales y protegiendo a actores no estatales como empresas privadas, crimen organizado y otros poderes fácticos.
Nuestro acceso a la justicia ante las agresiones que vivimos como defensoras de derechos humanos se ve mermado por los altos niveles de impunidad, la falta de confianza en el sistema de justicia estatal y el miedo a que poner una denuncia pueda generar nuevas agresiones en contra de nuestra integridad personal o la de nuestras familias. En búsqueda de seguridad, las defensoras acudimos a mecanismos nacionales, regionales o internacionales de protección. Sin embargo, en muchos casos estos mecanismos no son efectivos: 19.2% de las agresiones documentadas en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua entre 2012 y 2022 fueron contra defensoras que contaban previamente con medidas de protección.
Además del rol preponderante del Estado como agresor directo, otros perpetradores relevantes son:
Casi la mitad (46.3%) de las agresiones contra defensoras registradas en la región entre 2012 y 2022 son parte de una serie de eventos de violencia previos. Este porcentaje varía en cada país, oscilando entre el 31.6% de El Salvador y el 58% de Honduras.El carácter sistemático de las agresiones evidencia que estas violencias no son casos puntuales y aislados, sino que responden a una estrategia continua que tiende a escalar en la gravedad del tipo de agresión con el objetivo de desgastarnos y detener nuestra labor de defensa.
Entre 2020 y 2022, en el marco de agresiones colectivas registramos 1,292 hostigamientos y 1,241 casos de violencia psicológica, verbal y/o física; así como 1152 campañas de desprestigio o puesta en duda de la credibilidad de las integrantes de una organización o movimiento. Estas agresiones violentan principalmente el derecho a la integridad personal de las defensoras que participan en las acciones colectivas (37,2%), a la libertad de expresión, reunión y asociación (11,8%), a la imagen pública y la vida privada y familiar (11,6%), al acceso a la justicia (11%) y a la libertad personal y seguridad (10,9%).
Destacan especialmente las agresiones contra organizaciones o grupos en Nicaragua, donde se ha dado la cancelación masiva de la personería jurídica, cierre y confiscación de organizaciones. Entre 2018 y diciembre de 2022, se cancelaron en Nicaragua 233 organizaciones que trabajan los derechos de las mujeres, niñas y juventud.5
Entre 2020 y 2022 identificamos que más de la mitad (52,2%) de las agresiones contra organizaciones o grupos limitan el derecho de libertad de asociación, reunión y expresión. Los principales métodos de agresión a nivel regional implican el uso de la legislación y procesos de control fiscal y administrativo para limitar la acción de las organizaciones, ya sea para impedir u obstaculizar la identidad jurídica de las mismas (222), la libertad de asociarse (217) o el acceso o utilización de recursos financieros (178).
Entre las 28,863 agresiones contra defensoras y organizaciones o grupos de defensoras documentadas destacan por su frecuencia los hostigamientos, campañas de desprestigio, amenazas, la violencia física, verbal y psicológica,6 la vigilancia a las prácticas de nuestra vida cotidiana7 y el uso excesivo de la fuerza. Todas estas formas de violencia se pueden presentar en nuestras vidas de forma simultánea y van escalando de gravedad en contextos de impunidad o con débiles mecanismos de protección a nuestra labor.
Es un hecho preocupante que las agresiones sistemáticas que enfrentamos con frecuencia son parte de un proceso más amplio y complejo de criminalización de la defensa de derechos humanos. Entre 2012 y 2022 registramos un total de 849 detenciones arbitrarias y 858 inicios de procesos judiciales penales o administrativos que no corresponden a los hechos o que claramente descansan en hechos falsos. Como proceso sistemático, la criminalización busca no sólo silenciar liderazgos que cuestionan a poderosos actores privados y estatales, sino también deslegitimar el trabajo de defensa de derechos humanos ante la comunidad y la sociedad en su conjunto.8 Además, reconocemos que en los procesos de criminalización, la defensa de derechos humanos se presenta como un delito que se castiga de forma diferenciada cuando es cometido por mujeres o disidencias sexo-genéricas rurales, indígenas o afrodescendientes. En el caso de las mujeres defensoras, las agresiones tienen un mensaje aleccionador en contra de nosotras y nuestros movimientos sociales que busca disciplinar y controlar a otras compañeras, preservando los mandatos patriarcales de género a través de la imposición de nuevas barreras para la participación política de mujeres y disidencias sexo-genéricas.
Adicionalmente, una de las manifestaciones más evidentes del patriarcado es el uso de la violencia sexual9 para transmitir mensajes de control, poder y soberanía sobre nuestros cuerpos. Entre 2012 y 2022 registramos un total de 475 agresiones de carácter sexual contra defensoras de derechos humanos. Tan sólo entre 2020 y 2022 registramos 12 casos de violación sexual, 60 de acoso sexual y 155 de abuso sexual.10
La violencia contra las mujeres en su diversidad, la violencia racista y xenófoba, la violencia transfóbica, entre otras, constituyen instrumentos efectivos de control social, profundización de la desigualdad y destrucción del tejido social. En este sentido, la violencia sociopolítica contra defensoras descrita en este informe se manifiesta en nuestros cuerpos como parte de un continuum de violencias patriarcales, clasistas y racistas.
Pese al desafío que supone la normalización social y cultural de la violencia machista, lo que provoca que no siempre la reconozcamos y denunciemos, logramos documentar situaciones específicas de discriminación basada en género en 39% de las agresiones.Este porcentaje oscila significativamente en cada país, representando el 22.4% en Nicaragua y el 76.3% en El Salvador.
Algunas de las situaciones registradas entre 2020 y 2022 fueron:
Los datos registrados durante el período 2020-2022 también ponen de manifiesto los impactos de las agresiones que sufrimos sobre nuestro trabajo y nuestras vidas. Estos impactos se agravan cuando somos agredidas de forma sistemática.
El sometimiento a situaciones continuas de violencia e injusticia, tanto por los casos y contextos con los que nos relacionamos en el marco de nuestra labor por los derechos humanos como por las agresiones que enfrentamos a causa de ella, nos hace estar en constante cercanía con el horror, la muerte y la desesperanza. No obstante, las defensoras y nuestras organizaciones y comunidades seguimos resistiendo, multiplicándonos y defendiendo la esperanza, fortalecidas por nuestras ancestras y por la energía de las juventudes diversas que se suman a las luchas por la vida. Nos mantenemos en pie porque nos acuerpan nuestras redes y nuestras estrategias de protección colectiva, porque tenemos poder y experiencia para sobrevivir a las violencias y continuar con nuestras luchas. Esta convicción en el poder personal y colectivo que las mujeres defensoras tenemos para defendernos y protegernos es lo que hace más de trece años, a través del “pacto de cuidarnos”, nos articuló en la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos.1 Desde entonces hacemos de la Protección Integral Feminista nuestra guía para cuidar nuestras vidas y nuestras luchas.
En 2023 registramos 6,214 agresiones contra al menos 1,188 defensoras de derechos humanos1 y 73 organizaciones o grupos de El Salvador, Honduras, México y Nicaragua.2 En relación al año 2022, esto representa un incremento de 13% en las agresiones a defensoras y organizaciones o grupos. Siguiendo con la tendencia histórica de nuestro registro regional, durante 2023 las agresiones fueron principalmente perpetradas por actores vinculados al Estado (47,8%).
Diez compañeras fueron asesinadas durante 2023, entre ellas: tres mujeres trans que defendían el derecho a transgredir el orden de género en México y Honduras, y tres defensoras que buscaban a personas de su familia desaparecidas en diversos estados de México. Otras 47 compañeras fueron objeto de intentos de asesinato que, afortunadamente, no se consumaron.
En El Salvador y Honduras identificamos una continuidad en la militarización de los territorios y las agresiones a defensoras en el marco de la suspensión de derechos y libertades fundamentales que habilitan los estados de excepción. En Nicaragua, se mantuvo el cierre absoluto de todos los espacios de participación y la criminalización y desprotección legal de las defensoras, mientras se fortalecieron nuevas estrategias represivas como destierro, despojo de ciudadanía o permiso de residencia. En México, durante 2023 continuó aumentando el porcentaje y la gravedad de las agresiones contra defensoras de la verdad, justicia y reparación (21%); entre éstas destacan el seguimiento, amenaza y vigilancia a madres buscadoras y las agresiones perpetradas por policías estatales en el marco de manifestaciones en exigencia de la localización con vida de personas desaparecidas.
Destacamos con preocupación que durante el 2023 hubo un aumento de nuestros registros de desplazamientos forzados y agresiones digitales. Documentamos 240 agresiones relativas a desplazamientos forzados internos y externos, cuadriplicando las registradas en 2022. Las defensoras desplazadas son mayoritariamente de Honduras (168) y Nicaragua (69). En el caso de Honduras los desplazamientos de defensoras se dieron principalmente a lo interno del país de forma colectiva ante los desalojos masivos impulsados por la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la tierra. Por su parte, el 2023 fue el año con mayor cantidad de desplazamiento fuera del país de defensoras nicaragüenses desde el inicio de la represión Estatal en 2018.
Por otro lado, en 2023 identificamos un total de 1,222 agresiones digitales en contra de defensoras y organizaciones o grupos de defensoras mesoamericanas, lo que representa 20% del total de agresiones documentadas. Este porcentaje aumenta significativamente en el caso de El Salvador (78,7%), donde el gobierno mantiene control y vigilancia del entorno digital. Las agresiones en el entorno digital son parte del continuum de violencias que viven las defensoras y, por lo general, se vinculan con otras agresiones en el ámbito físico.
Estos datos históricos, recabados a lo largo de de más de una década, muestran como a las defensoras mesoamericanas nos agreden de forma sistemática para silenciar nuestras voces y debilitar nuestra resistencia colectiva, generando entornos de terror que dejan mensajes aleccionadores para nosotras y nuestras comunidades. Esta violencia, lejos de ser consecuencia de Estados fallidos, se relaciona con opresiones históricas y estructurales que utilizan a los sistemas de justicia y a las fuerzas públicas de seguridad, entre otros actores, para sostener el capitalismo racista y patriarcal.
El análisis de los patrones de agresión nos permite identificar cómo la violencia sigue escalando y cómo a partir de la sindemia por COVID-19 se sentaron las bases para consolidar estrategias de control que se mantienen hasta ahora. También nos permite reconocer cómo la construcción social de género se manifiesta en las formas y contenidos de los hostigamientos, las campañas de desprestigio, la criminalización y la violencia física, psicológica y sexual que vivimos las mujeres y las disidencias sexo-genéricas que defendemos derechos humanos en la región.
A pesar de ello, las defensoras continuamos apostando por la vida y construyendo esperanza. Para protegernos de las violencias que buscan silenciar nuestras luchas, desde la IM-Defensoras llevamos más de trece años impulsando la Protección Integral Feminista (PIF). La PIF es el pacto de cuidarnos entre defensoras de diferentes movimientos sociales, identidades y territorios para enfrentar juntas las violencias que nos afectan. Lo hacemos a través de la articulación en redes nacionales, una alianza regional y diversas estrategias de seguridad, autocuidado, cuidado colectivo y sanación.
Nuestras luchas por la conquista plena de los derechos humanos ameritan la garantía de nuestro derecho a defenderlos.
Por este motivo, demandamos:
Martes 16 de julio de 2024 a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Sinopsis: La ilusión de la abundancia es un documental que se centra en la lucha y resistencia de Carolina, Bertha y Máxima contra algunas corporaciones en un juego profundamente desequilibrado. A pesar del desequilibro de poder, estas tres mujeres comparten un objetivo común: liderar hoy la lucha contra los conquistadores modernos.
En un entorno en el que los gobiernos y las corporaciones, atrapados en una carrera global hacia el crecimiento ilimitado, necesitan obtener las materias primas más baratas, Bertha, Carolina y Máxima narran una historia de coraje incansable: ¿cómo seguir luchando para proteger la naturaleza cuando sus vidas están en riesgo? ¿y cómo hacerlo, siendo la represión policial, el acoso empresarial, las lesiones o incluso las amenazas de muerte parte de su rutina cotidiana?
LA ILUSIÓN DE LA ABUNDANCIA no trata sólo sobre las personas que pagan el alto precio del ‘desarrollo’ y el ‘progreso’, es más que nada una película acerca de la globalización de su resistencia ambiental y su inquebrantable esfuerzo por cazar a las corporaciones transnacionales transgresoras, dondequiera que se encuentren.
Este cinco de julio se cumplen tres años del vil asesinato del compañero y hermano Simón Pedro Pérez López, integrante de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Para todo el equipo de Otros Mundos Chiapas, su pérdida sigue llenando nuestros corazones de indignación y tristeza. Con Simón Pedro recorrimos muchos caminos en la búsqueda de una vida digna para los pueblos, y aunque seguimos sin él, su fuerza y espíritu nos acompañan.
Nos sumamos a las exigencias de verdadera justicia y un debido proceso en la búsqueda de la verdad. Tres años después, seguimos sin justicia para su muerte. Basta de seguir criminalizando y hostigando a quienes luchan por un buen vivir. Exigimos a las autoridades federales y estatales que se pongan a trabajar para esclarecer este vil asesinato y que se encuentren a los autores materiales e intelectuales.
¡JUSTICIA PARA SIMÓN PEDRO!
¡ALTO A LA VIOLENCIA CONTRA DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LA VIDA!
