Informe: La lucha por lo esencial

Compartimos con ustedes este boletin de prensa y el informe de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la minería y el covid durante la pandemia en el 2020- A 24 de mayo del 2022 >>Descargar informe en pdf aquí <<

“La Pandemia Minera en Tiempos de COVID-19”

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Informe REMA: La Lucha por lo Esencial

Sobre cómo la minería se benefició de las restricciones sociales durante la contingencia de Covid-19 y la necesidad de fortalecer la defensa territorial

El día de hoy, la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería presentamos el informe La Lucha por Lo
Esencial: la Pandemia Minera en México en Tiempos de COVID-19, en el que reflexionamos sobre las
vivencias de las comunidades en los últimos dos años de pandemia y cómo los grandes capitales
mineros han podido beneficiarse de las restricciones sociales impuestas en nombre de nuestra salud y
seguridad para posicionarse con más fuerza en los territorios. En este informe visibilizamos la asimetría
que durante esta pandemia se profundizó entre los actores que promueven lo que llamamos Modelo
Extractivo Minero y las comunidades que se oponen a éste. A dos años de la pandemia, los territorios
en resistencia a la minería se recuperan y es importante volver plantear lo que consideramos realmente
como esencial ante los tremendos impactos que este sistema capitalista depredador genera en el
bienestar de los pueblos y la salud colectiva.

¿Cómo es que la minería se benefició con la pandemia? Documentamos la forma en que la minería en
México logró una posición privilegiada al ser incluida dentro de las actividades “esenciales”, echando
mano de su poder político y jurídico ya instalado y reforzado con la entrada en vigor, en julio del 2020,
del renegociado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora llamado Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Durante el poco tiempo que la industria minera quedó fuera
de la lista de las actividades esenciales, las empresas mineras no pudieron contar con el trámite de
nuevos permisos. Sin embargo, una vez que lograron esta categorización privilegiada, las ventanillas
institucionales les fueron abiertas nuevamente.

A pesar de la insistencia de la administración actual de no seguir otorgando concesiones mineras, en
los trámites para permisos ambientales para la exploración y explotación minera, hubo solamente una
breve pausa de dos meses en 2020. Así, desde junio 2020 a diciembre 2021, la SEMARNAT ha
autorizado docenas de permisos ambientales para actividades mineras en, por lo menos, 14
entidades de la República.

Además, la incertidumbre y el cierre económico que se generó por la pandemia, favoreció el aumento
de los precios de metales como el oro y plata en el mercado internacional. Luego, con la reactivación
económica, también hubo un importante aumento en el precio de cobre y, en paralelo, con la
especulación alrededor del “oro blanco” – el litio – en el contexto de la transición energética. Este
crecimiento acelerado de precios permitió que -pese a la crisis- el sector minero se recompusiera
rápidamente, hasta obtener ganancias históricas en varios casos.2

Asimismo, las medidas de contingencia decididas por los gobiernos privilegiaron a las grandes
empresas y lograron, al mismo tiempo, obstaculizar los esfuerzos comunitarios tan necesarios para
la salud, la alimentación y el medio ambiente. El encierro, la generación de miedo a enfermarse y la
imposición del distanciamiento social, medidas impulsadas para prevenir los contagios a través de la
campaña de la “Sana distancia” y “Quédate en casa”, generaron condiciones aún más asimétricas para
defender la salud comunitaria y el territorio, mientras las empresas continuaban operando.
Especialmente, durante el primer año de la pandemia, mientras las familias atendían las urgencias
económicas y de cuidados de la salud, muchas comunidades y organizaciones no pudieron acceder a
información sobre los proyectos mineros, realizar reuniones de discusión o hacer gestiones con las
autoridades para detener los proyectos y atender sus afectaciones.

Las experiencias de comunidades donde ya hay minas impuestas en operación como Zimapán en
Hidalgo y el Valle de Ocotlán en Oaxaca, recopiladas para este informe, narran cómo estas empresas
siguieron operando con impunidad y generando daños a la salud y a los territorios. En donde aún no
han logrado establecerse, como Epazoyucan en Hidalgo, la Cuenca de la Independencia en Guanajuato
y Acacoyagua en Chiapas, se documenta cómo las empresas buscaron permisos u otras oportunidades
para ganar más apoyo o avanzar sus proyectos.

Por otra parte, en muchas partes del país, como el Ejido El Bajío, en Sonora, el aumento de violencia
tuvo graves repercusiones y actores armados fortalecieron su control del territorio. En este contexto,
el gobierno federal justificó la creación de la Policía Minera en el contexto de la reactivación
económica y, a la vez, aumentó la militarización del país con un enorme despliegue de la Guardia
Nacional, mientras el crimen organizado se fortaleció en muchos lugares, trastocando la vida y la
resistencia de las comunidades.

Es así que después de que la actividad minera fuera declarada como esencial y necesaria para reactivar
la economía, no hubo tregua. No se cuestionaron los paradigmas de libre comercio al servicio de los
mercados internacionales e intereses privados, la sobreexplotación de nuestros cuerpos y bienes
comunes, o el consumo más allá de los límites del planeta. Tampoco se movió un dedo para romper
la impunidad de que gozan las empresas y los gobernantes para responsabilizar quienes han generado
tantos daños al agua, a la tierra, a la salud y a la vida en los territorios afectados por la minería u otros
megaproyectos.

El informe de la REMA se enmarca en el contexto de una investigación colaborativa regional y global
por la Coalición contra la Pandemia Minera, lo cual lanza hoy su informe Sin Tregua: Resistencias por
la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera. Éste informe abarca 16 casos de
estudios de 9 países de América Latina que demuestran la profundización de las asimetrías de poder
económicas y políticas, junto con el aumento de militarización, represión, criminalización y violencia en
contra de las comunidades organizadas.

A pesar de estas condiciones adversas, en México como en toda América Latina, las organizaciones y
las comunidades siguieron y siguen luchando, buscando la forma de cuidarse y no perder su territorio.3

Desde la REMA, tenemos más claro que nunca la importancia de prevenir el acceso de las empresas
mineras a los territorios, de informar a las comunidades, de dialogar, de documentar los daños y desmitificar las mentiras del modelo minero. Para la construcción de un futuro digno es indispensable prevenir y evitar los daños que generan los proyectos extractivos, al mismo tiempo que se promueven alternativas de vida al sistema capitalista -desde la agroecología hasta los sistemas de energía comunitarios-. Las acciones para el ejercicio de los derechos colectivos y la defensa de la salud comunitaria, del medio ambiente, del agua y de la soberanía alimentaria, entre otras, son imprescindibles en los territorios. Esto es lo verdaderamente esencial.

La minería no es una salida a la crisis, es su profundización

¡Territorios libres de minería!
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería

Informe: La lucha por lo esencial

“La Pandemia Minera en Tiempos de COVID-19”

INTRODUCCIÓN

A dos años del inicio de la pandemia del COVID-19, hemos visto cómo los grandes capitales han podido beneficiarse de las restricciones sociales impuestas en nombre de nuestra salud y seguridad para posicionarse con más fuerza ahora y en el futuro. Sin embargo, no ha sido solamente el sector farmacéutico el que está generando ganancias históricas con nuestra desgracia sanitaria,1 sino que ésta también parece ser una pandemia hecha a modo para el sector minero.2

Pero ¿cómo es que la minería se benefició con la pandemia? En este informe documentamos la forma en que en México la minería logró una posición privilegiada al ser incluida dentro de las actividades “esenciales”. Se lo hizo echando mano de su poder político y jurídico ya instalado y reforzado con la entrada de vigencia en julio del 2020 del renegociado Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC y, poco después, por el anuncio de la creación de la Policía Minera.

Además, la misma incertidumbre generada por la pandemia y el cierre económico que se dio al inicio, favoreció el aumento de los precios de los metales como oro y plata. Luego, con la reactivación económica, también hubo un importante aumento en el precio de cobre y, en paralelo, con la especulación alrededor del “oro blanco” – el litio – en el contexto de la transición energética. Y a pesar de la insistencia de la administración actual de no seguir otorgando concesiones mineras, hubo solamente una breve pausa de dos meses en 2020 en los trámites de permisos ambientales para la exploración y explotación minera.

A pesar de que rápidamente a inicios de la pandemia surgieron reflexiones acerca de que la pandemia develaba las consecuencias más nefastas de la depredación del capitalismo, y que resultaba más urgente que nunca el trabajo en defensa del territorio y la naturaleza, las medidas de contingencia decididas por los gobiernos privilegiaron a las grandes empresas, logrando obstaculizar estos esfuerzos comunitarios tan necesarios para la salud, la alimentación y el medio ambiente. El encierro, la generación de miedo a enfermarse y la imposición del distanciamiento social, medidas impulsadas para prevenir los contagios a través de la campaña de la “Sana distancia” y “Quédate en casa”, generaron condiciones aun más asimétricas para defender la salud comunitaria y el territorio, mientras las empresas continuaban operando.

Protesta El Bajio en CDMX

Especialmente durante el primer año de la pandemia, mientras las familias atendían las urgencias económicas y de cuidados de la salud, muchas comunidades y organizaciones no pudieron acceder a información sobre los proyectos mineros, realizar reuniones de discusión o hacer gestiones con las autoridades para detener los proyectos y atender sus grandes daños. Los testimonios de comunidades donde ya hay minas impuestas en operación como Zimapán en Hidalgo y el valle de Ocotlán en Oaxaca, recopilados para este informe, narran cómo estas empresas siguieron operando con impunidad y generando daños a la salud y a los territorios. En donde aún no han logrado establecerse, como Epazoyucan en Hidalgo, la Cuenca de la Independencia en Guanajuato y Acacoyagua en Chiapas, se documenta cómo las empresas buscaron permisos u otras oportunidades para ganar más apoyo o avanzar sus proyectos.

Por otra parte, en muchas partes del país, como el ejido El Bajío, en Sonora, el aumento de violencia tuvo repercusiones graves y actores armados fortalecieron su control del territorio. En este contexto, el estado federal justificó la creación de la Policía Minera en el contexto de la reactivación económica y, a la vez, se aumentó la militarización del país con un gran despliegue de la Guardia Nacional, a la vez que el crimen organizado se fortaleció en muchos lugares, trastocando la vida y la resistencia de las comunidades, tal como describimos en más detalle en adelante.

Con este documento queremos visibilizar la profundización de la asimetría que durante esta pandemia hubo entre los actores que promueven lo que llamamos Modelo Extractivo Minero y a las comunidades que se oponen a éste. También buscamos volver a plantear lo que debe ser considerado realmente esencial ante los tremendos impactos que este sistema capitalista depredador genera en el bienestar de los pueblos y la salud colectiva.

Una producción de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería
(REMA), http://www.remamx.org/
Texto y compilación de testimonios: Libertad Díaz, Jen Moore y Miguel Mijangos.
Revisión: Ángeles Mariscal e Isabel Velásquez.
Diseño: Otros Mundos, A.C./REMA Chiapas. https://otrosmundoschiapas.org/
Foto Portada: FPDS Chiapas. Agradecemos a los miembros de la Rema de las entidades participantes por la donación de sus fotografías para este informe.
Agradecemos por su participación a: Comunidades Unidas de Zimapán, Hidalgo; Ejido El Bajío, Sonora; Articulación por la Vida contra la Minería del Valle de Ocotlán, Oaxaca; Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan, A.C., Epazoyucan, Hidalgo; Acción Colectiva Socioambiental, A.C., Guanajuato; Frente Popular en Defensa del Soconusco ‘20 de Junio’, Acacoyagua, Chiapas.
Este informe forma parte de una iniciativa de documentación a nivel global coordinada por la Coalición en Contra de la Pandemia Minera, https://miningpandemic.org/es/.
Impresión gracias al apoyo de Salva la Selva,
https://www.salvalaselva.org/
México, Mayo 202

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Informe: Fragmentos de la desaparición

Compartimos este informe especial publicado en Quinto Elemento Lab sobre la desaparición forzada en México- A mayo 2022

Por Marcela Turati, Efraín Tzuc y Thelma Gómez Durán

México acaba de rebasar la deshonrosa cifra de 100 mil personas desaparecidas.

Cien mil personas faltan en sus propias vidas, le faltan a sus familias, le faltan a su comunidad, le faltan a la sociedad. 

Los números otorgan una dimensión a esta epidemia de violencia: de cada 100 personas que han sido desaparecidas, 75 son hombres y 25 son mujeres.

Los números le dan dimensión al desastre humano en que el país se ha sumido: de cada 100 personas desaparecidas, 17 son menores de edad; y de éstos, cuatro aún no han cumplido 12 años. 

Toda desaparición es una catástrofe. Es una mamá que deja su propia vida para dedicarse a buscar a la hija o hijo ausentes. Es un maestro que no vuelve a dar clases. Son varios hermanos que abandonan los estudios porque les arrebataron al papá. Es una casa con un cuarto vacío, intacto, transformado en memorial. Es una milpa sin arar. Es una familia condenada a la tortura de buscar, y acosada por las enfermedades que se alimentan de la incertidumbre y la impunidad. 

Las desapariciones son el miedo que se cuela como niebla y carcome el tejido social.

Habitación de Milynali Piña Pérez desaparecida a los 13 años de edad el 14 de agosto del 2012 en Tamaulipas. Su madre, Graciela Pérez, se ha dedicado a buscarla desde entonces. Foto: Mónica González 

En México, el crimen de la desaparición no es nuevo, pero se aceleró y se convirtió en una crisis humanitaria a partir de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa lanzó su “guerra contra las drogas”. Desde ese año y hasta mayo de 2022, las cifras de personas desaparecidas tuvieron un incremento de 4,086%.

Estos casos son sólo de los que se tienen registro. Hay un número incalculable de personas desaparecidas que nunca llegaron a las estadísticas. 

Las cifras han cambiado y el ritmo en que se producen también. Cada uno de los días en que Felipe Calderón gobernó al país, un promedio diario de ocho personas fueron desaparecidas. Con Enrique Peña Nieto, el número se duplicó y saltó a 16. La vorágine no ha parado. En los tres años y medio de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cifra escaló a 25. 

Y no se detiene.

La maquinaria de las desapariciones mantiene un ritmo imparable: cada día entre el 1 de diciembre de 2006 y el 3 de mayo de 2022, cada uno de esos días, un promedio de 15 personas han desaparecido de manera inevitable. 

La huella de las ausencias se ha extendido por todas partes. En la lista total de 100 mil personas desaparecidas, el 63% de los municipios del país han sido alcanzados por la mancha de la desaparición: en 1 mil 574 municipios, al menos una persona fue reportada como desaparecida y sigue sin ser localizada. 

Cinco son los municipios más golpeados al tener más de dos mil registros: Guadalajara y Zapopan, en Jalisco, así como Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, en Tamaulipas.

De la “guerra sucia” a la llamada “guerra contra las drogas” 

En México, la acción violenta de desaparecer gente tiene una larga historia. 

Si miramos al pasado, el registro oficial arrancó con el caso de un joven, de entre 15 y 19 años, desaparecido en marzo de 1964, en el municipio de General Bravo, en Nuevo León. 

Desde entonces y hasta 1990, Guerrero fue el epicentro de las desapariciones. De esa entidad era la mitad de las 920 víctimas que están registradas en ese periodo conocido como “guerra sucia”, cuando el Estado mexicano usó la desaparición como método represivo para combatir a quienes consideraba opositores y “corregir” a la población.

Contingente que el 30 de agosto de 1978 acompañó al Comité ¡Eureka! a la Cámara de Diputados, para entregar el proyecto de Ley de Amnistía para los presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos. Foto: Archivo General de la Nación.

En el país nunca han dejado de desaparecer personas. En la década de los 90 se reportó la ausencia de 250. La transición política vivida en el año 2000 no llevó a que cesara esta práctica y tampoco terminó con la impunidad de la que goza este delito. En el sexenio de Vicente Fox se sumaron 819 más. 

Así que antes del 2006 se acumularon, al menos, mil 989 personas de las que, hasta ahora, no se sabe dónde están. 

La desaparición se instaló como una práctica cotidiana, masiva y sistemática de violencia a partir de la militarización de la seguridad pública. Durante los 15 años que lleva instalada la llamada “guerra contra las drogas”, México se convirtió en un hoyo negro. Un mapa marcado por ausencias. Una vergüenza que lesiona a toda la humanidad.

¿Qué sabemos sobre las personas ausentes y los territorios que habitaban? 

En Quinto Elemento Lab nos propusimos buscar las pocas pistas que arroja el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB). 

 Con apoyo de la iniciativa MORLAN, se realizaron miles de descargas automatizadas de la plataforma de consulta de ese registro para intentar reconstruir con diversos fragmentos una parte de la base de datos, ya que ésta no es pública. Así pudimos descubrir los días y semanas en que ocurrieron más desapariciones y cómo esta crisis se ha extendido en cada municipio a lo largo del tiempo.

También exploramos la última base de datos disponible que realizó el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que integra registros de personas desaparecidas que van de 1964 a junio de 2018 e incluye información sobre personas localizadas con vida o fallecidas. 

La información compilada es un caleidoscopio que muestra distintos fragmentos de la desaparición en México. Para este análisis, decidimos enfocarnos en el periodo de enero del 2006 a mayo de 2022. En ese lapso de poco más de 15 años ocurrieron ocho de cada 10 desapariciones que ha registrado México.

Madres con hijos desaparecidos protestan en el Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en México en Saltillo, Coahuila, en junio del 2013. En 2009 comenzó la “epidemia” de las desapariciones en esa entidad. Foto: Mónica González.

Hay estados y municipios del país que sobresalen por ser tierra de ausencias. 

Hay lugares en donde la desaparición ya forma parte del paisaje.

En algunos es más abrumador: cinco estados concentran casi el 50% de las desapariciones.

En el 2006 sólo un municipio, Guadalajara, registró 20 personas desaparecidas, el número más alto en todo el país en ese momento. A partir de ese año, este crimen comenzó a propagarse en el norte, en especial en Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila. 

Para 2007, en Ciudad Juárez el número de personas desaparecidas saltó de 13 a 68 casos. Lo ocurrido en esa frontera se replicó en otras regiones. Ese año, Culiacán y Torreón se asomaron en el mapa de personas desaparecidas con 41 y 34 registros, respectivamente. 

A partir de ese momento, Torreón se instaló como lugar de peligro. Durante cinco años, ese municipio de La Laguna permaneció entre los diez con más casos. Para 2009, con sus 182 registros alcanzó niveles alarmantes.

En ese 2009, el noreste del país —Nuevo Laredo, Monterrey, Matamoros, Reynosa y Piedras Negras— comenzó a concentrar los números más altos de desapariciones. Ciudad Juárez, entonces la ciudad más mortífera del continente, mantuvo también esa tendencia.

En otras geografías, ese mismo año, Guadalajara —metrópoli que entonces tenía poco más de millón y medio de habitantes— sumó 60 personas desaparecidas, sólo un caso más que los contabilizados en Matamoros, ciudad fronteriza con la tercera parte de la población que tenía la capital de Jalisco. 

En el mapa del 2009, también destacó el poco habitado municipio de Ciudad Cuauhtémoc, en Chihuahua, con 39 registros, el mismo número que presentó el municipio de Puebla, en el centro del país.

El año de la pesadilla: 2010

El 2010 marcó el parteaguas de la violencia en México. Ese año se rompieron los límites de lo imaginable. Su estela de muerte y destrucción dejó una herida difícil de remontar. 

La ruptura entre antiguos aliados, los cárteles de los Zetas y del Golfo, y la disputa por territorio, rutas y control de la población, tuvo un alto costo social: poblaciones enteras pagaron por ello.

Si un año antes ningún municipio registró más de 200 desapariciones, para 2010 hubo lugares en los que se documentaron cifras récord: esa saña se notó en Matamoros (con 397 personas que faltan) o Monterrey (con 372).

 En el fragmento de 2010, entre los diez municipios con más casos apareció, por primera vez, el municipio de Durango, que registró 145.

Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha.

En 2009, los diez municipios con más personas desaparecidas fueron: Torreón (182), Piedras Negras (39), Culiacán (32), Coahuila; Nuevo Laredo (75), Matamoros (59), Reynosa (50), Tamaulipas; Monterrey (69), Nuevo León; Guadalajara, Jalisco (60); Juárez (57), Cuauhtémoc (39), Chihuahua; y Puebla (39), Puebla. En 2010, los municipios que sufrieron más este crimen fueron: Matamoros (397), Reynosa (164), Nuevo Laredo (135), Tamaulipas; Monterrey (372), Guadalupe (61), Nuevo León; Torreón (182), Saltillo (108), Piedras Negras (76), Coahuila; Durango (145), Durango; Culiacán (92) y Mazatlán (65), Sinaloa.

La dinámica de la desaparición no observa siempre patrones predecibles. Los años siguientes el número de personas desaparecidas se estacionó, especialmente en el noreste del país. En otras regiones se empezaron a prender las alertas poco a poco. Así, se desplazó desde el norte, cruzó por el centro y se dirigió al occidente del país.

Hoy sabemos que no sólo había disputas territoriales entre organizaciones criminales; la estrategia de militarización de la seguridad pública fragmentó a los grupos armados, pulverizó equilibrios estatales y municipales, y, muchas veces, abrió camino y empoderó a nuevos grupos. Hoy se siguen pagando esas consecuencias.

La espiral de violencia adquiriría nuevas formas en 2011: las fosas clandestinas comenzaron a plagar todo el país, de manera explosiva y violenta se libró una de las disputas más sangrientas entre grupos armados en Reynosa, Nuevo Laredo y Tampico, en Tamaulipas; además de Monterrey, Nuevo León; Saltillo, Torreón y Piedras Negras, Coahuila. El efecto se resintió casi de inmediato en esas ciudades: las atrocidades se reflejaron también en los números de desapariciones, con niveles que no se habían visto antes.

La lista de diez municipios con más ausencias incluyó también a Guadalajara (113 casos) y Ciudad Cuauhtémoc (con 89).

El cierre del sexenio de Felipe Calderón mostraba las consecuencias de la política de seguridad a cargo de militares: 16 mil personas desaparecidas al concluir 2012. Ese año un municipio ocupó el primer lugar con 214 víctimas: Nuevo Laredo. Anclado en uno de los epicentros de la violencia, el calderonismo significó para este municipio una tragedia: 989 personas que, hasta ahora, no han vuelto a casa.

La crisis de desapariciones ya no se puede ocultar

Enrique Peña Nieto llegó al poder, pero la desaparición no se alejó del noreste, y si bien se mantuvo en altas cuotas, ya no lo hizo con la misma fuerza que en años previos. 

En cambio, este crimen de arrebatar personas de sus propias vidas se comenzó a generalizar en el centro y sur del país. En el Estado de México, por ejemplo, se contabilizaron un total de 332 desapariciones en 2013, aunque en 253 los datos no permiten conocer en qué municipios ocurrieron. Ese estado sobresalió a nivel nacional por su opacidad: del total de sus reportes, el 42% no especifica siquiera la fecha de los hechos.

Como si fuera un anuncio de lo que sucedió un año después, en 2013, el municipio de Iguala, en Guerrero, apareció entre los 10 con más casos reconocidos, se registraron 79 personas ausentes. Ese año también destacó Chilpancingo, con 61. Así como lo fue en las décadas de los 60 y 70.

Guerrero revivió con dolor su historia, la de las décadas de la “guerra sucia” de los años 60 y 70, cuando se convirtió en un territorio marcado por las vidas arrebatadas.

Protesta encabezada por los alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, por la desaparición en Guerrero de sus 43 compañeros. Foto: Mayolo López Gutiérrez/Obturador MX.

En 2014, la tormenta de ausencias ya fue imposible de contener y ocultar. La noche del 26 de septiembre de ese año 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa les fueron arrebatados al país, cuando un grupo de criminales y miembros de todas las corporaciones y fuerzas armadas se los llevaron y aún no regresan a casa. 

A los estudiantes se sumaron mujeres y hombres que se sumieron en la oscuridad de Iguala: el año concluyó con 124 víctimas de desaparición en ese municipio. Pero no fue el único que resintió la ola de violencia. En Acapulco se registraron 107 desapariciones, una señal de que la disputa territorial entre diferentes grupos armados, entre ellos el Ejército, se trasladó a ese estado del Pacífico.

La violencia encuentra una lógica siniestra: cuando la desaparición de personas toca a un sitio, no lo suelta. Las pérdidas se repiten.

Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha.

En 2014, entre los municipios con más desapariciones fueron: Reynosa (139), Matamoros (110), Tampico (107), Nuevo Laredo (99), Victoria (99), Tamaulipas; Iguala (124), Acapulco (107), Guerrero; Guadalajara (112), Jalisco; Culiacán, Sinaloa (76), Juárez, Chihuahua (76) y Xalapa (74), Veracruz. En 2015, los municipios con más personas desaparecidas fueron: Culiacán (124), Mazatlán (92), Sinaloa; Nuevo Laredo (101), Matamoros (64), Reynosa (60), Tamaulipas; Zapopan (96), Guadalajara (83), Lagos de Moreno (69), Jalisco; Hermosillo (93), Sonora; Juárez (75), Chihuahua y Acapulco (68), Guerrero.

Las instantáneas de las desapariciones permanecieron casi intactas de 2015 a 2016: las tres ciudades fronterizas de Tamaulipas mantuvieron números altos. Y la metástasis en Jalisco era evidente: Guadalajara, Lagos de Moreno, Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga registraron anualmente entre 69 y 108 nuevos casos. Además, lugares como el municipio de Puebla; Ahome, Sinaloa; Ciudad Juárez, Chihuahua, y Hermosillo, Sonora, registraron más de 90.

2017. Del noroeste al centro

El país registró 23 mil 79 homicidios en 2017. Una cifra que rebasó en 31% a los que se contabilizaron un año antes. Ese incremento en la violencia también se notó en las desapariciones. Ese año terminó al menos con 7 mil 900 personas ausentes, casi 2 mil más que las contabilizadas en 2016. 

El 2017 se vivió un pico de violencia. Municipios tamaulipecos —como Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros— registraron entre 152 y 362 desapariciones. También destacó Hermosillo con 263; y la capital de Puebla con 242. 

Y aunque este crimen siguió arrebatando a personas en el norte del país, en lugares como el puerto de Veracruz, donde la dinámica también se hizo inocultable: ahí 143 personas fueron desaparecidas en 2018. 

Veracruz es uno de los casos que resulta complejo abordar. Sus dinámicas violentas aparecen poco en este análisis porque uno de cada tres de los registros de desapariciones carecen de la fecha en que sucedieron. De ese tamaño era el desdén oficial.

 La crisis en Jalisco se potencializó. La entidad vivió los efectos ya conocidos en el noreste. La disputa de grupos criminales por el territorio se intensificó y durante 2019 y 2020 los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara se ubicaron entre los diez con más desapariciones en todo el país. Las más de 280 personas desaparecidas cada año en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco —este último con menos de 200 mil habitantes— lo entronizaron como un estado-problema.

Nuevos sitios golpeados por la desaparición

Terminó el 2018 y el acumulado histórico de personas desaparecidas en el país era de 54 mil 500; esta cifra no incluye aquellas denuncias en las que las autoridades no registraron las fechas de la desaparición. 

A finales de ese 2018, la presidencia del país cambió de partido con Andrés Manuel López Obrador. Las desapariciones continuaron: en el 2019 se sumaron, por lo menos, 9 mil 200 personas más. 

En 2020, la lista de 10 municipios con más desapariciones incluyó otra vez lugares del Área Metropolitana de Guadalajara, pero también tocó a municipios con ciudades capitales: Hermosillo, Culiacán, y Monterrey. Cada uno aportó más de 120 personas. En esa estadística de terror aparecieron dos alcaldías de la Ciudad de México: Gustavo A. Madero e Iztapalapa, cada una con poco más de un centenar de registros de desapariciones recién perpetradas.

En el caleidoscopio de fragmentos se observa que hubo lugares en los que, de un año a otro, la desaparición dejó de ser un delito aislado para transformarse en un terremoto con distintos epicentros. Eso sucedió en el estado de Zacatecas durante 2021. Ese año, Fresnillo registró 163 casos; y eso que desde un año antes, con 46 personas ausentes, las cifras ya eran preocupantes. 

Zacatecas es hoy la nueva meca de la desgracia.

Imagen del rostro de Sergio Orlando Beltrán Martínez, desaparecido el 7 de junio del 2017 en el centro histórico de Zacatecas a los 19 años. Foto: Adolfo V. Valtierra.

Entre los municipios que han tenido ese tipo de repuntes en casos de personas sin localizar destaca Ecatepec, en el Estado de México. En 2019 tuvo seis desapariciones. En 2020 el número se elevó a 69 y en 2021 alcanzó las 137; de éstas 51 son mujeres. 

El fragmento de los dos primeros meses de 2022 recuerda, una vez más, que la Ciudad de México no es territorio aislado de lo que pasa en el resto del país: Iztapalapa y la Gustavo A. Madero son las alcaldías que más casos registraron en ese lapso, con 29 y 27 casos, respectivamente. 

Otras geografías destacan en lo que va de 2022. Cuernavaca, Morelos, en donde este delito ya era un problema (como se reflejó en 2016 con el descubrimiento de las fosas de Tetelcingo, cavadas por el propio gobierno), otra vez comenzó a tomar vuelo: hasta el corte acumuló 29 desapariciones. 

Lo mismo sucede con el municipio de Benito Juárez, donde está Cancún, en los dos primeros meses del 2022, al menos 33 personas ingresaron a las listas de la vergüenza nacional.

Un delito que toma fuerza 

El caleidoscopio del registro oficial permite conocer otros municipios donde, de un año a otro, las denuncias llegaban como por goteo hasta convertirse en un tsunami. Entre esos casos están Mazatlán (2009-2010); Tijuana (2015-2016); Lagos de Moreno (2014-2015); y las alcaldías Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo e Iztapalapa (2018–2019).

Tepic es un caso que muestra el oscuro panorama que deja la unión entre las estructuras políticas y criminales. De seis desapariciones que ese municipio registró en 2016 aumentó casi a 100 en 2017, lo que representa casi mil 533% en un año.

El repunte en la capital de Nayarit ocurrió en este contexto: en febrero de 2017, Juan Francisco Patrón Sánchez, conocido como el H2 y vinculado al Cártel de Los Beltrán Leyva, fue asesinado durante un enfrentamiento con la Marina. Un mes después, el Fiscal del Estado, Édgar Veytia fue detenido en San Diego, Estados Unidos, acusado de pertenecer a una red de tráfico de drogas. Y en junio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenecía el gobernador Roberto Sandoval —detenido en julio de 2021 por operaciones con recursos de procedencia ilícita—, perdió las elecciones a la gubernatura del estado.

¿Dónde se concentró la desolación?

Pobladores de lugares como Matamoros están entre los que han padecido por más largas e intensas temporadas las desapariciones: durante 13 años consecutivos el municipio que habitan se ubicó dentro los diez primeros con más víctimas. En 2010, por ejemplo, 70 personas desaparecieron por cada 100 mil personas. Y cada año llegó con su propia intensidad.


Fue justo en ese 2010 cuando este crimen se ensañó con la población de varias regiones tamaulipecas que no figuran en el gran mapa nacional porque tienen menor población, pero que sobresalen cuando se hace un acercamiento. Ciudad Mier, por ejemplo, rompió un récord hasta ahora no superado de 413 habitantes desaparecidos por cada 100 mil. De igual manera otros rincones de México han quedado invisibilizados en la estadística nacional aunque padecieron mucho.

Aumenta la desaparición de mujeres

Para observar las diferencias entre los mapas es necesario deslizar las flechas de izquierda a derecha

La primera desaparición registrada de una mujer ocurrió en agosto de 1968, en el municipio de Texcalyacac, Estado de México. Tenía 60 años. En las cinco décadas transcurridas desde entonces, 24 mil 750 mujeres más engrosaron la lista de desaparecidas.

Desde los años 70 hasta la actualidad, el panorama para las mujeres ha empeorado y se ha acentuado en las jóvenes: una cuarta parte de las desaparecidas entre 2006 y 2022 tienen entre 15 y 19 años.

El Estado de México es la entidad más peligrosa para las mujeres; con sus más de 2 mil 600 casos concentra el 14% del total de las que son buscadas a nivel nacional. A diferencia del resto del país, las desapariciones de mujeres ahí casi se equiparan a las de los hombres: de cada 10 víctimas, cuatro son mujeres. 

En Tamaulipas, Nuevo León y Jalisco, respectivamente, hay más de mil 500 mujeres reportadas con paradero desconocido.

Los datos y el mapa muestran que son más los hombres desaparecidos, pero si se mira cómo ha evolucionado el fenómeno criminal es evidente que para ellas se ha incrementado el peligro: en 2006 la lista de víctimas contaba con 71, para febrero de 2022 llegó a 19 mil 813.

El 2017 destacó por su violencia con 2 mil mujeres desaparecidas. 

A partir del año de la pandemia, 2020, la desaparición de mujeres no ha dado tregua. 

En 2021, en promedio, siete mujeres desaparecieron por día.

En la geografía de la desaparición femenina destacan municipios como Puebla, Hermosillo y Zapopan.

Algunos de los lugares donde la cifra de víctimas tuvo un abrupto incremento de un año a otro —lo cual tendría que prender todas las alarmas— son: el municipio de Puebla (se reflejó en 2016); Ecatepec (en 2017); Hermosillo (en 2017); Iztapalapa (en 2020) Zacatecas y Tepic (en 2021).

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Una vez más la Comunidad indígena de Zacualpan triunfa en su lucha contra la minería

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre los dos amparos ganados en la lucha contra la minería y por la vida en Colima – A 11 de mayo del 2022

La Comunidad Indígena de Zacualpan, Municipio de Comala, Colima, hace unos días volvió a atinar un duro golpe al modelo extractivo minero, al ganar un amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en la ciudad de Colima, y dejar sin efecto dos concesiones mineras que la Secretaría de Economía había otorgado (una de ellas desde 1995) para la extracción de minerales dentro de su territorio.

La lucha de Zacualpan comenzó en 2013 cuando el empresario minero, Rigoberto Verduzco Rodríguez, de la empresa Gabfer, S.A. de C.V. y la entonces Delegada de la Procuraduría Agraria en Colima, María Elena Díaz Rivera, se acercaron a la Comunidad de Zacualpan, uno a comprar y la otra a presionar, al comisariado comunal representado por Carlos Guzmán Teodoro con el fin de que él convenciera a los comuneros para que otorgaran el permiso para la explotación de oro, plata y manganeso de los lotes Heliotropo y Tigrilla con número de concesión 201872 y 227572. La oferta era de 15 a 17 mil pesos por voto y la promesa de poner una farmacia en la Comunidad.

Nunca pensaron que esa comunidad indígena les fuera a dar tantos dolores de cabeza y que tantas/os funcionarios iban a ver afectados sus intereses y algunas/os otras/otros iban a ser incluso destituidos de su cargo. En 2013 se constituyó el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y, por esta organización, fue que en 2014 el primer funcionario cayó. Se trató de de Carlos Guzmán Teodoro, que fue destituido por la fuerza de la Asamblea Comunal, autoridad máxima, que nombró un nuevo comisariado y que por primera vez en la historia de Zacualpan contaba con dos mujeres, Epitacia Zamora Teodoro y Olivia Teodoro Arandas, secretaria y tesorera respectivamente. En esa misma Asamblea se decidió declarar a Zacualpan como “Territorio Libre de Minería”.

Ante esto, el gobierno del estado de Colima se negó a reconocer al nuevo comisariado. La Comunidad, en respuesta, paró las bombas de agua que distribuyen agua a Colima y Villa de Álvarez. Esto era una acción también simbólica, pues se sabía que el manantial que Zacualpan había cuidado por generaciones, sería uno de los primeros en contaminarse con la operación de una mina. Rogelio Rueda, en ese momento Secretario de Gobierno, reprimió de manera brutal a las y los indígenas que se encontraban exigiendo ser atendidas/os. Con más de 200 granaderos y una tanqueta obligó, violentamente, al contingente a retirarse del sitio. Esto sería la causa de que el funcionario perdiera su candidatura a gobernador, más adelante.

Por otro lado, Díaz Rivera, la Delegada de la Procuraduría Agraria, asesoró a Carlos Guzmán para que interpusiera un juicio de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 38, juicio que resolvió el Magistrado Antonio Luis Betancourt, el 3 de julio de 2014. No sólo no le dio el triunfo a Carlos Guzmán reconociendo al nuevo comisariado sino que, por primera vez en México, se reconocía a un Territorio Libre de Minería por un Tribunal Agrario. Esto, por supuesto también le costó a este Magistrado su destitución y por muchos años ese Distrito estuvo sin nombramiento.

Por su lado, Díaz Rivera insistía en que el nuevo comisariado no era legítimo y su soberbia la llevó a extralimitarse en sus funciones y comenzó a cometer incontables violaciones a los derechos de la Comunidad Indígena de Zacualpan, llegando al extremo de usar un helicóptero del gobierno del Estado para poder llegar a la Comunidad y realizar una Asamblea en 9 minutos, donde pretendía destituir al nuevo comisariado ya ratificado por el Tribunal Unitario Agrario.

Este cúmulo de acciones violentas e ilegales contra la comunidad indígena de Zacualpan llevaron a la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) y a Bios Iguana A.C., que habían estado apoyando desde un principio a la Comunidad Indígena, a organizar una Misión de Observación donde participaron más de 20 organizaciones nacionales e internacionales en marzo de 2015, unos días después de que la principal líder indígena de Zacualpan, la muy querida Epitacia Zamora Teodoro, muriera a causa de presiones y amenazas que agravaron su salud. En esos meses fueron interpuestas denuncias ante el Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria en contra de María Elena Díaz Rivera por intimidación y abuso de autoridad.

La REMA, en ese mismo mes de marzo de 2015, junto con otras organizaciones nacionales y como parte de una estrategia nacional para lograr la inconstitucionalidad de la Ley Minera, apoyó a la Comunidad Indígena de Zacualpan para interponer un amparo contra las concesiones mineras que se habían otorgado en su territorio.

(https://www.e-consulta.com/nota/2015-04-14/medio-ambiente/frenan-actividad-minera-en-cuetzalan-e-ixtacamaxtitlan)

A principios de 2016 finalmente fue destituida la Delegada de la Procuraduría Agraria, Maria Elena Díaz Rivera, por orden del Órgano Interno de Control de la misma Procuraduría Agraria.

Cuántas angustias, violencia física, violencia psicológica, división, criminalización, estigmatización, acoso policiaco, amenazas de muerte, cuánta sangre corrió, cuántas familias divididas, cuantas tristezas, cuanto acoso tuvieron que soportar mujeres y hombres de la Comunidad Indígena de Zacualpan hasta que ahora, finalmente, a 7 años de interpuesto ese amparo, el Juez Federal, Jorge Damián González Villaseñor, Titular del Juzgado Segundo Distrito le da la razón a la Comunidad indígena y deja sin efecto esas concesiones.

Desde la REMA le decimos a la Comunidad Indígena de Zacualpan y al Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan, miembro de la REMA, que recibimos con gran alegría la noticia de este triunfo, que no es más que de ustedes. Que las y los vemos como un gran ejemplo de lucha y tenacidad, que nos alienta a seguir en este camino. Que su lucha también nos ha fortalecido y nos ha enseñado senderos nuevos que hemos compartido con otras luchas, para que no cometan los mismos errores, para que estén claras/os de que la lucha es larga pero con fuerza firmeza y tenacidad se logra ganar a este modelo extractivo que nos carcome la vida.

¡TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA!

Imagen: No a la mina

Más información:

14 de mayo: 40º aniversario de las masacres de la presa Chixoy/Río Negro en Guatemala

Compartimos esta información de Rights Action – A 14 de mayo del 2022

El régimen guatemalteco llevó a cabo cinco masacres para dar paso al proyecto de la presa hidroeléctrica Chixoy del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo
Por Grahame Russell, Rights Action
https://mailchi.mp/rightsaction/40-aniversario-de-masacres-de-la-presa-chixoyro-negro

En 1981-1982, los regímenes genocidas guatemaltecos, respaldados por Estados Unidos, llevaron a cabo cinco masacres a gran escala contra el pueblo maya achí de la aldea de Río Negro, para dar paso a la presa hidroeléctrica de Chixoy del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un proyecto de inversión en energía que fue financieramente rentable para ambos bancos de “desarrollo” y que dio lugar a una muerte masiva y a la devastación de Río Negro, y de docenas de pueblos mayas a lo largo del río Chixoy.
 
Impunidad desde lo nacional al internacional
Hasta hoy dia, los gobiernos de Guatemala no han cumplido con las reparaciones y condiciones ordenadas como parte de la Sentencia de Corte Inter-Americana de DDHH (2012), ni con las reparaciones ordenadas como parte del Decreto #378-2014, “la Política Pública de Reparaciones para las Comunidades Afectadas por la Construcción del Proyecto de la Presa Hidroeléctrica de Chixoy”.
 
Hasta hoy dia, no el Banco Mundial ni el BID han aceptado responsabilidad algunas por las massacres, destruccion y desalojos violentos e ilegales vinculados con la construccion de la presa Chixpy.  Los dos bancos de ‘desarrollo’ profitaron de sus inversiones en este proyecto genocida de desarollo.

14 de mayo – Masacres de Los Encuentros
Ahora, bajo las aguas de la presa, Los Encuentros era un punto de encuentro río abajo de la remota aldea de Río Negro, que había estado enclavada a lo largo del río Chixoy (también conocido como Río Negro) en el centro de Guatemala durante siglos, hasta la construcción violenta e ilegal de la presa de Chixoy del Banco Mundial y el BID (1975-1985).

Representación de las masacres de la presa de Chixoy/Río Negro, utilizada en un trabajo de educación popular del Centro Historico de la aldea de Rio Negro  
Salvajismo
Fue ese dia, ahi en Los Encuentros, que los patrulleros y soldados llevaron a cabo el cuarto de los 5 masacres de la presa Chixoy/Rio Negro. En total, más de 440 niñas y niños, bebés y ancianos, hombres y mujeres de Río Negro fueron asesinados sin miramientos.

Es difícil comprender el salvajismo de estas matanzas. Los aldeanos fueron asesinados a golpes de machete, estrangulamiento y disparos; las mujeres fueron violadas y golpeadas hasta la muerte; los niños pequeños y los bebés fueron golpeados contra las piedras.

Las masacres y la destrucción fueron llevadas a cabo por los militares guatemaltecos y los patrulleros de la defensa civil (PAC), y por los guardias de seguridad que trabajaban para el proyecto de la presa de Chixoy.

Tras la última masacre de la presa de Río Negro/Chixoy (en la aldea de Agua Fría, el 14 de septiembre de 1982), algunos supervivientes perecieron de hambre y enfermedad, mientras se escondían en cuevas y barrancos de las montañas circundantes. Incluso después de la erradicación de Río Negro y de la mayoría de sus habitantes, los soldados y las PAC patrullaron a pie la zona de la cuenca del río Chixoy, matando a cualquiera que encontraran sobreviviendo allí.

“Plan de reubicación” del Banco Mundial/BID
La matanza de los habitantes de Río Negro y la erradicación de la aldea sirvieron para la “reubicación” del proyecto, para dar paso al llenado de la cuenca de la presa. En total, más de 30 comunidades mayas fueron desalojadas por la fuerza, total o parcialmente, río arriba y río abajo del muro de la presa. Ninguna comunidad sufrió más que Río Negro.

En su libro “Chixoy dam, displacement and development: Perspectivas de Río Negro, Guatemala”, Nate Einbinder escribió: “No hay forma de cuantificar lo que se perdió en Río Negro” (https://www.springer.com/la/book/9783319515106).

Nate tiene razón. Es difícil exagerar la amplitud y la enormidad de la criminalidad y la violencia del Banco Mundial y el BID, en asociación directa con los regímenes genocidas guatemaltecos de los generales Lucas García y Ríos Montt.

Daños intergeneracionales
Los impactos de las masacres de la presa de Chixoy/Río Negro y los desalojos forzosos continúan hoy en día de múltiples maneras. La mayoria de los supervivientes de las masacres y desplazamientos, sus hijos y nietos, llevan hoy vidas de subsistencia, en condiciones de pobreza crónica. Muchos se han visto obligados a huir de su casa y de su país y a intentar buscarse la vida en México o en Estados Unidos.

Impunidad intergeneracional
También es imposible exagerar la profundidad de la corrupción y la impunidad del Banco Mundial, el BID y los sucesivos regímenes respaldados por Estados Unidos en Guatemala, que fueron directamente responsables de las masacres y los desplazamientos forzados de la presa de Chixoy/Río Negro.

Han pasado casi cuatro décadas y todavía no se ha hecho justicia contra los autores intelectuales, beneficiarios y aprovechados de este proyecto de inversión de “desarrollo internacional”.

Supervivencia / Verdad / Justicia y Reparación
Una reflexión sobre las masacres de la presa de Chixoy/Río Negro, 40 años después, puede entenderse mejor en términos de la supervivencia de los supervivientes y su trabajo y lucha continuos para contar la verdad y buscar justicia y reparación.

Supervivencia
La mayoría de los sobrevivientes de Río Negro viven hoy en día -con hijos y nietos nacidos desde los crímenes de la presa de Chixoy- en el antiguo campo de concentración militar de Pacux, donde fueron obligados a vivir, y fueron “reubicados” desde Río Negro. Algunos han regresado para ganarse la vida a duras penas, en lo alto de la ladera seca de la montaña, donde la comunidad original se encuentra ahora bajo unos 100 metros de acumulación de limo y agua de la presa de Chixoy.

Sebastián Iboy Osorio, superviviente y testigo presencial (cuando tenía 16 años) de la masacre del 13 de marzo de 1982, en la que fue asesinada la mayor parte de su familia, camina por Río Negro, por encima del lodo y el limo que han llenado la cuenca del río Chixoy desde que se represó en 1983, tras la última masacre. La comunidad original de Río Negro se encuentra debajo del lodo.  
Sus condiciones de vida actuales de pobreza y trauma intergeneracional son complicadas y tóxicas, y son un resultado directo de las masacres, los desplazamientos y los daños de la presa de Chixoy. Sin embargo, sobreviven y siguen reconstruyendo sus vidas para sus hijos y nietos, y siguen contando la verdad y exigiendo justicia y reparaciones.

Se podría decir que es un milagro, pero no lo es. Es un testimonio de la valentía, la dignidad y la fuerza espiritual de los supervivientes de Río Negro (en concreto) y de los pueblos mayas (en general), arraigados en sus antepasados, sus tierras y la Madre Tierra, sus dioses y sus ceremonias.

La verdad
Desde la primera exhumación de las víctimas de las masacres de la presa de Chixoy/Río Negro, llevada a cabo en 1993-94 por el EAFG (Equipo de Antropología Forense de Guatemala), precursor de la FAFG (Fundación Guatemalteca de Antropología Forense – https://fafg.org/home/), en el lugar conocido como “Pak-o-shom” en las montañas por encima de la aldea original de Río Negro, los supervivientes han estado diciendo la verdad para que todos la escuchen.

Desde esta primera exhumación de la fosa común vinculada a la presa de Chixoy, los sobrevivientes han apoyado otras exhumaciones y han impulsado los esfuerzos para buscar justicia en Guatemala y a nivel internacional.

Los sobrevivientes de la masacre y los testigos presenciales -como Jesús Tecu Osorio y Carlos Chen Osorio- han escrito libros testimoniales. Se han realizado películas documentales. Se han escrito artículos y reportajes. Los activistas supervivientes han viajado por todo el mundo dando testimonios en conferencias y protestando en las reuniones del Banco Mundial y el BID.

Justicia
A pesar de la amplia documentación sobre los crímenes de la presa de Chixoy, no se ha conseguido justicia contra ninguna institución (BID, Banco Mundial) o gobierno (Guatemala, Estados Unidos) por su papel como autores intelectuales y materiales de la muerte y destrucción de la presa de Chixoy.

Tribunales nacionales
Hay una excepción parcial a esta última afirmación. Desde 1994, los sobrevivientes de Río Negro han presionado al corrupto y comprometido sistema legal guatemalteco para que juzgue, declare culpables y envíe a la cárcel a nueve ex patrulleros de la defensa civil y comisionados militares, principalmente de la aldea vecina de Xococ, que participaron en las matanzas de Río Negro bajo las órdenes y el control de los militares guatemaltecos.

Este es un logro importante. En el corrupto sistema jurídico de Guatemala, los juicios por crímenes de lesa humanidad son escasos, y las condenas, menos. Sin embargo, el encarcelamiento de nueve de los “actores materiales” de menor rango de los crímenes de la presa de Chixoy también sirve como prueba de la impunidad con la que actuaron los “autores intelectuales” de los crímenes.

Ni un solo militar de la cadena de mando, que ordenó y llevó a cabo las masacres de la presa de Chixoy, fue capturado, juzgado y condenado.

Ni un solo funcionario o responsable de programas del Banco Mundial y del BID fue sometido a ninguna investigación sobre el papel de los bancos en la asociación con los regímenes genocidas de Guatemala en la planificación y ejecución de todos los aspectos del proyecto, incluyendo el despojo ilegal de tierras, las masacres y los desplazamientos forzados.

Corte Interamericana de Derechos Humanos
Dado que sólo los “actores materiales” de bajo rango fueron declarados culpables de los crímenes de la presa de Chixoy, los supervivientes de Río Negro presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alegando impunidad y falta de acceso a la justicia.

Tras años de retrasos, manipulaciones por parte del gobierno guatemalteco y amenazas a los supervivientes de Río Negro que lideraban esta lucha por la justicia, el 20 de octubre de 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al gobierno guatemalteco responsable de las masacres de la presa de Río Negro/Chixoy y le ordenó que

  • investigar legalmente las masacres;
  • enjuiciar a todos los autores materiales e intelectuales
  • continuar la búsqueda de los desaparecidos
  • realizar exhumaciones e identificar a las víctimas;
  • reconocer públicamente su responsabilidad;
  • construir infraestructuras y servicios básicos para los supervivientes de Río Negro en Pacux
  • implementar proyectos de rescate de la cultura del pueblo Maya Achí
  • proporcionar tratamiento médico y psicológico a las víctimas; y
  • pagar una indemnización a las familias supervivientes por los daños materiales e inmateriales sufridos.

Si bien esta sentencia de la Corte Interamericana es un importante logro de justicia parcial, la Corte no individualizó la responsabilidad: la sentencia no tuvo impacto en los autores intelectuales de los crímenes de la presa de Chixoy.

Además, la Corte Interamericana se negó a investigar las funciones y responsabilidades del BID y del Banco Mundial, reforzando su corrupción e impunidad.

Recién en 2019 el gobierno de Guatemala realizó los primeros pagos parciales a algunos de los miembros sobrevivientes de la familia de Río Negro, mientras que no cumplió con los demás términos de la sentencia de la Corte. Desde entonces, el gobierno se ha negado a pagar más fondos de reparación o a cumplir con cualquier otro requisito.

Campaña de reparación de la presa de Chixoy
Aunque no se trata de un proceso legal formal, la campaña de reparación de la presa de Chixoy es un logro importante, aunque inacabado. Tras años de exhumaciones y otros trabajos de búsqueda de la verdad, los supervivientes de Río Negro se unieron en 2004 a los demás pueblos desplazados por la fuerza y perjudicados por la violencia y los desplazamientos forzados de la presa de Chixoy para exigir una reparación integral.
  Aclaración: la sentencia de la Corte Interamericana se refiere a las masacres de Río Negro directamente relacionadas con el proyecto de la presa de Chixoy; la Campaña de Reparaciones se refiere a otras pérdidas y destrucciones causadas por el proyecto.  
Al igual que con el caso de la Corte Interamericana, sólo después de años de retrasos, manipulaciones y amenazas a los supervivientes que lideran esta lucha, el 8 de noviembre de 2014 el entonces presidente y ex general del ejército Otto Pérez Molina (ahora encarcelado por cargos de corrupción) se disculpó en nombre del régimen guatemalteco por las violaciones de los derechos humanos y los sufrimientos causados por el proyecto de la presa de Chixoy, y firmó el Decreto #378-2014, “la Política Pública de Reparaciones para las Comunidades Afectadas por la Construcción del Proyecto de la Presa Hidroeléctrica de Chixoy”.

A partir de 2022, el gobierno de Guatemala sólo ha realizado pagos parciales del monto total a pagar en compensación familiar y proyectos de reconstrucción para las comunidades perjudicadas y destruidas por el proyecto.

Una vez más, el Banco Mundial y el BID resistieron todas las presiones para ser incluidos en la investigación de la Campaña de Reparaciones. La impunidad y la corrupción de la “comunidad internacional” se reforzaron de nuevo.

Valor, dignidad y fuerza
40 años después, sólo se ha pagado una pequeña cantidad de reparaciones a algunas de las víctimas de la presa de Chixoy. No se ha hecho justicia a las funciones y responsabilidades de los autores intelectuales de los gobiernos, el Banco Mundial y el BID que promovieron, diseñaron, ejecutaron y se beneficiaron económicamente del proyecto.

Señalar la impunidad y la corrupción de los autores intelectuales y aprovechados de los crímenes del proyecto de la presa de Chixoy pone de manifiesto la enormidad de este problema humano global.

Hoy en día, en todo el planeta, los gobiernos, los llamados bancos de “desarrollo”, las empresas y otros inversores siguen adelante con proyectos de inversión, desplazando violentamente a las poblaciones y destruyendo los hábitats, violando una amplia gama de derechos individuales y colectivos, y devastando la Madre Tierra.

La presa de Chixoy fue uno de esos proyectos, quizá más mortífero, violento y destructivo que la mayoría.

TESTIMONIO: Canadian Mining in the Aftermath of Genocides in Guatemala
(La minería canadiense tras los genocidios en Guatemala)
En nuestro libro TESTIMONIO, incluimos artículos de Cyril Mychalejko y Nate Einbinder sobre las masacres de la presa de Chixoy/Río Negro, haciendo las conexiones directas entre la creación de esta fuente masiva de energía hidroeléctrica en los años genocidas de los 70 y 80, y la nueva ola de inversiones mineras lideradas por Canadá que comenzó en los 90 y principios de los 2000.

El Banco Mundial fue también -no es una sorpresa- uno de los primeros inversores más influyentes en la operación minera de lixiviación con cianuro a cielo abierto de Goldcorp Inc, una de las cuatro minas a gran escala documentadas en TESTIMONIO.
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Señalar la enormidad de la impunidad y la corrupción de los autores y aprovechados de los crímenes de la presa de Chixoy no lleva a nada, y de hecho pone de relieve el valor y la dignidad, la fuerza y la visión de los supervivientes de Río Negro.

Desde que conocí a Carlos, Jesús, Antonia, Bruna, Teodora, Cristóbal y otros supervivientes de Río Negro en 1994, me asombra su fuerza espiritual y su dignidad, su compromiso para reconstruir vidas, familias y comunidades, y su valiente e incesante lucha por la verdad y la justicia.

Desde 1994, Rights Action ha apoyado varios de los procesos de verdad, memoria y justicia, y proyectos de desarrollo y reconstrucción de la comunidad iniciados por los sobrevivientes de Río Negro. Nos comprometemos a seguir haciéndolo, y … a seguir exigiendo que el Banco Mundial y el BID rindan cuentas plenamente algún día, en algún tribunal, en algún país o universo que realmente crea en la justicia y la rendición de cuentas.
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Más información

Archivos – Masacres de la presa de Chixoy/Rio Negro
https://rightsaction.org/chixoydam-archives

TESTIMONIO: Canadian Mining in the Aftermath of Genocides in Guatemala
Editado por Catherine Nolin (Catherine.Nolin@unbc.ca) y Grahame Russell (grahame@rightsaction.org)

Corredor Interoceánico: contaminación y acaparamiento de agua por industria

Compartimos este reportaje de Avispa Midia sobre – A 8 de mayo del 2022

En la primera publicación se analizaron los procesos de presión, privatización y especulación de tierras que comienza a ser visible sobre la propiedad social por el despliegue del componente industrial del Corredor Interoceánico del Istmo, elementos llamados Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS). En esta entrega analizaremos otro bien común que sería directamente impactado por la conformación de corredores industriales: el agua.


En lugares donde el agua es, de por sí, un elemento escaso, la instalación de corredores industriales afecta directamente este bien de dos formas: Por un lado, incrementa de forma inmediata la presión sobre el agua y, por otro lado, a corto y mediano plazo también constituye una de las principales fuentes de su contaminación.

En términos generales, Greenpeace, en su estudio “Ríos Tóxicos” considera que la industria es una de las tres fuentes de contaminación de los recursos hídricos en México y, este daño y su relación con la industria, ha sido ampliamente documentado por la sociedad civil e investigadores.

Armando Luis, dirigente de la comunidad de pescadores en Boca Uxpanapa quienes denuncian la contaminación en el río Coatzacoalcos. Falleció en octubre de 2020 por cáncer. Foto: Martín Álvarez Mullally, OPSur

Es el caso de río Santiago, en Jalisco, o del río Coatzacoalcos en la parte norte del Istmo de Tehuantepec, considerado el más contaminado de México y cuya contaminación es causada por la industria petroquímica. También de otros ríos cercanos a la región como el Río Atoyac, en Puebla, contaminado por industrias del ramo textil, refresquero, metalúrgico, automotriz, médico y de alimentos, así como la cuenca de Tehuacán, donde se vierten aguas residuales de la industria textil, y agroalimentaria, principalmente.

Ahora, en el caso de los proyectos de industrialización asociados al Corredor Interoceánico, ¿qué efectos socio hídricos podemos prever?

El siguiente análisis se realizó a partir de la revisión de los volúmenes de agua concesionados existentes en los 79 municipios del Corredor Interoceánico y fue elaborado a partir de datos del Registro Público de Derechos del Agua (REPDA), obtenidos con corte de septiembre del 2021.

Así mismo, se hizo la revisión del acceso al agua en las viviendas de estos municipios, elaborado a partir de los datos obtenidos en el Censo Nacional 2020, realizado a viviendas particulares habitadas y de las estimaciones sobre demanda de agua y descarga de aguas residuales publicadas en documentos oficiales del organismo público descentralizado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

La concentración actual del agua en pocas manos podría agudizarse

Actualmente, existen 24 mil 325 registros de concesiones de agua en esos municipios, con un volumen total de 624.8 millones de metros cúbicos de agua concesionada anualmente. El 65% de este volumen total proviene de fuentes superficiales (ríos) y el 35% de fuentes subterráneas que utilizan pozos.

En la región, seis municipios concentran la mitad del agua concesionada: Coatzacoalcos, Hueyapan De Ocampo, San Pedro Tapanatepec, Mecayapan, Isla y Chinameca y, de éstos, tan sólo el municipio de Coatzacoalcos concentra el 20% del volumen total de agua concesionada en el Istmo.

Los principales sectores de consumo de agua son la industria química (particularmente petroquímica) y la agroindustria. Para dimensionarlo, sirve notar que tan sólo la industria química consume un tercio de toda el agua concesionada en el Istmo mientras que el consumo total de toda la población (consumo urbano) sólo representa un cuarto del volumen total.

Volumen de agua superficial y subterránea concesionada en los 79 municipios por tipo de uso (m3/año). Fuente: GeoComunes a partir de los datos del REPDA (septiembre, 2021)

Sorprende saber que tan sólo 15 titulares concentran la mitad de toda el agua superficial y subterránea concesionada en los 79 municipios del Istmo de Tehuantepec.  Ejemplo de esto es Pemex, empresa que posee el 20% de toda el agua concesionada en el istmo. 

Titulares con mayores volúmenes de agua concesionada en los 79 municipios del Istmo de Tehuantepec. Fuente: GeoComunes a partir de los datos del REPDA (septiembre, 2021)

Tomando en cuenta que la actividad química y agroindustrial están dentro de los sectores más mencionados para dinamizar los nuevos parques industriales previstos a lo largo del Istmo, es posible prever que la construcción del proyecto de Corredor Interoceánico va a reforzar aún más el proceso de acaparamiento del agua en manos de algunos de estos sectores e, incluso, de algunos de los concesionarios que, ya hoy, acaparan este recurso.

Además de esto, podemos prever que el despliegue de este proyecto atraiga a más empresas con altos consumos hídricos y que, en consecuencia, se agudice la actual concentración de concesiones de agua a nivel sectorial y por titular de la concesión.

Un ejemplo más concreto de esto se puede ver con el caso de la empresa cervecera Constellation Brands, quien ya avizora llevar la planta que tenía prevista construir en Mexicali (cancelada por la fuerte movilización social en contra de su instalación), hacia la región del Istmo, en concreto, en el Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI) previsto en Texistepec, en el estado de Veracruz, al lado del río Papaloapan.

Según el documento Resumen Ejecutivo Plan Estratégico y Plan Maestro Conceptual del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec el gobierno estima que, para 2040 la demanda de agua para los parques industriales previstos será de 324 millones de m3 / año. Eso representa más de la mitad de toda el agua actualmente concesionada en los 79 municipios del istmo (625 millones de m3 / año) para el conjunto de usos (industrial, agrícola, público-urbano, etc.). Esos parques industriales consumirán en conjunto dos veces más agua que lo que consume actualmente el conjunto de la población istmeña (148 millones de m3 / año).

Las estimaciones de demanda de agua para el parque industrial previsto en el Barrio de la Soledad dan una idea del acaparamiento y de la grave desigualdad en el acceso al agua que podrían generar la instalación de esos parques industriales. Para este parque industrial se estima una demanda de agua de 11 millones de m3 / año. Es cuatro veces más que el consumo total de agua en este municipio (2,8 millones de m3 / año) que se debe en gran parte al gran consumo de la cementera Cruz Azul (1.2 millones de m3 / año). El parque industrial consumirá 16 veces más agua que lo que consume actualmente el conjunto de la población de este municipio.

Fuente: realización GeoComunes a partir de datos del REPDA (diciembre del 2022) y de documentos oficiales del CIIT

El tema preocupante es que, por ahora, no hay ninguna información oficial sobre cómo se obtendrán los volúmenes de agua previstos para abastecer a los parques industriales. Si provendrán de fuentes superficiales (captación de ríos o presas existentes y abastecimiento a los parques por medio de acueductos) o subterráneas (perforación de pozos en los predios de los parques industriales o a los alrededores).

El siguiente mapa muestra la disponibilidad de los acuíferos en la región, y visibiliza el riesgo que representan los parques industriales en caso que éstos se abastezcan de agua por medio de la perforación de pozos. Llama particularmente la atención el caso del acuífero Cuenca Río Papaloapan en Veracruz, que está ya en una situación de déficit de 19 hm3/año y donde están previstos instalarse tres parques industriales.

Así mismo, la situación en el acuífero Río Los Perros se podría volver crítica, ya que actualmente tiene una disponibilidad de solo 0.3 hm3/año, y ahí están previstos cinco parques industriales de la zona primaria, y otros cuatro de la zona marginal. Eso pone en grave riesgo los pozos actuales, destinados al consumo doméstico o agrícola y que son de baja profundidad, comparados con los pozos que generalmente se perforan para usos industriales, quedando en riesgo de secarse con la perforación de los pozos industriales.

Fuente: GeoComunes a partir de los datos de disponibilidad de los acuíferos de la Conagua para el año 2020. Los números en el mapa precisan la disponibilidad en hm3 / año para cada acuífero.

No existe tampoco un plan hídrico para dimensionar los posibles impactos a nivel regional a escala de cuencas o de acuíferos. Hasta el momento sólo se habla de estudios de prefactibilidad, pero no hay ningún documento de acceso público que pueda ser analizado por expertos en temas hídricos o utilizado para informar a la población posiblemente afectada.

La única información oficial existente es relativa al abastecimiento del parque industrial (PODEBI) Coatzacoalcos I (en el predio 5 de Mayo) que se pretende realizar por medio de la construcción de un acueducto para traer agua desde la presa “La Cangrejera” que abastece actualmente en agua los distintos polígonos industriales de Coatzacoalcos.

Una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) denominada “Elaboración de estudio de preinversión para la construcción de los sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento del Polo de Desarrollo para elBienestar (pdb) de Coatzacoalcos I, VER. (primera fase) ha sido presentada en diciembre del 2021 por el Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pero la evaluación de dicha MIA por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), está actualmente “suspendida por información adicional”.

¿Qué pasará en los otros sitios donde se ha proyectado la construcción de parques industriales? ¿Habrá suficiente agua en la región para responder a este fuerte aumento de la demanda (para abastecer a todos esos parques, pero también al crecimiento poblacional que provocarán)? Y, si no es el caso, ¿quién tendría preferencia en el acceso al agua entre actividades industriales de empresas multinacionales y actividades domésticas y campesinas de la población local?

El volumen de aguas residuales vertidas en la región se incrementará, agudizando la contaminación del agua provocada por las actividades industriales

Como mencionamos arriba, un segundo elemento del problema socio hídrico a evaluar es el proceso de contaminación del agua que genera la industria. Según datos del REPDA, el volumen anual de descargas de aguas residuales de la región es de 204 millones de metros cúbicos. Sólo 5 municipios (Coatzacoalcos, San Pedro Tapanatepec, Minatitlán, Cosoleacaque y Salina Cruz) representan el 90% del volumen total de descarga de aguas residuales de la región y, tan sólo Coatzacoalcos, representa el 50% del volumen total de descargas de todo el Istmo.

En toda la región, sólo cuatro empresas realizan el 61% del volumen de descargas de aguas residuales en el Istmo: dos relacionadas con actividades petroquímicas (Pemex e Innophos Holdings), y dos otras con granjas camaroneras (Acuicultores Rinconjuarences SC de RL de CV y Sociedad Cooperativa Oceanova SCS). No sorprende saber que, en materia de descargas de aguas residuales, nuevamente es Pemex quien realiza la mayor parte de éstas: 78 millones de m3 / año, lo que constituye el 38% de todas las descargas residuales en la región.

La concentración geográfica y sectorial de la descarga de aguas residuales ayuda a entender la grave situación de contaminación en la cual se encuentra el agua en la región, particularmente el río Coatzacoalcos, considerado por un reporte de la CDNH del 2018 como el más contaminado del país, pero también otros ríos del Istmo sur como el río Tehuantepec o el río Los Perros.

La instalación de nuevas actividades industriales en la zona y el crecimiento urbano asociado a ellas agudizará la grave situación de sequía y contaminación en la cual se encuentran muchos de los ríos de la región. Ejemplo de esto es el caso de cuatro parques industriales (PODEBI) previstos en Oaxaca que se encuentran dentro de la cuenca del río Los Perros, ya que afluentes del río cruzan las zonas de los parques industriales previstos y podrían provocar una mayor contaminación de este río y del macrosistema lagunar asociado.

Fuente: Realización GeoComunes.

Según el documento Resumen Ejecutivo Plan Estratégico y Plan Maestro Conceptual del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec el gobierno estima que, para 2023, los 10 parques industriales proyectados tengan una generación de 197 millones de m3 de aguas residuales, lo que constituirá tener casi el doble de descargas residuales actuales en todo el Istmo (204 millones de m3 / año). Duplicar la emisión de aguas residuales en el Istmo, pero concentrado en las zonas cercanas a los PODEBIS, podría generar un grave aumento de las contaminaciones de los ríos, acuíferos, lagunas, manglares y de los océanos. 

Un ejemplo más que permite visibilizar este cambio lo encontramos analizando de nuevo los datos del parque industrial previsto en el Barrio La Soledad, en Oaxaca, que estima una generación de aguas residuales de 8.8 millones de m3 / año cuando actualmente el volumen de aguas residuales registrados en el REPDA para este municipio es de 1.2 millones de m3 / año, un volumen de aguas residuales alto que se explica por la presencia de la cementera de la Cruz Azul. El parque industrial previsto en este municipio proyecta descargar siete veces más aguas residuales que lo que hace actualmente la cementera, lo que genera serias dudas sobre la capacidad de tratamiento de estas aguas a lo largo del tiempo.

Si bien el discurso oficial ha sido que este tema iba a ser controlado por la construcción de plantas potabilizadoras, no existe actualmente ningún estudio científico o proyecto avanzado sobre esas plantas (dónde se ubicarán, cuál será su capacidad de tratamiento, quién estará a cargo del mantenimiento de esas plantas, etc.) y resulta grave que los parques industriales comiencen a operar sin tener esto medianamente claro.

¿Qué garantiza que, a lo largo de los años, el volumen de aguas residuales no rebase las capacidades de las plantas de tratamiento previstas? ¿Qué nos garantizaría que, más pronto que tarde, empiecen a denunciarse descargas de aguas negras o de aguas no suficientemente tratadas, ya sea por falta de capacidad, mantenimiento de las plantas, por corrupción o por descargas clandestinas de empresas, que pudieran optar por esto para ahorrarse los costos de tratamiento, como han ocurrido en tantos otros corredores industriales a lo largo del país?  Hace unas semanas el propio director de la CONAGUA Germán Martínez, reconoció que, “salvo contadas excepciones, el tratamiento y saneamiento del agua en México enfrenta un problema estructural.

¿Qué impactos acumulativos tendrán este gran aumento de aguas residuales y el riesgo de derrames de productos tóxicos y descargas no controladas de aguas negras sobre la región del Istmo norte que ya sufre desde muchos años graves problema de salud ligados a la contaminación del río Coatzacoalcos, y que ha sido reconocido por autoridades federales como la Semarnat como un “infierno ambiental” y una región que requiere de un plan de atención y recuperación ecológica?

¿Qué planes de recuperación ecológica pueden ser realistas y viables instalando cinco nuevos parques industriales con industrias altamente contaminantes y grandes volúmenes de aguas residuales previstas?

¿Que tipo de cambios esos volúmenes previstos generarán en el Istmo sur y sobre un ecosistema frágil, complejo y de vital importancia cultural y económica para los pueblos aledaños como lo es el macrosistema lagunar?

La concentración del agua y su contaminación agudizará los problemas de acceso al agua en la región

Sabemos que en México el acceso al agua de buena calidad y al saneamiento es motivo de conflictos a lo largo y ancho del país, pero ¿qué tanto lo es en esta región? y ¿cómo este acceso podría verse aún más comprometido con el despliegue de los distintos componentes del proyecto del Corredor Interoceánico y, particularmente, de la industria llamada “polos de desarrollo”?

Es claro que los procesos que hemos mencionado (el emplazamiento de actividades económicas con alto consumo de agua, la concentración de las concesiones y el aumento en el volumen de aguas residuales) agudizarán las condiciones de acceso al agua en la región. Sin embargo, este proceso será especialmente grave en lugares donde, de por sí, el acceso al agua actualmente ya es un problema.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, si bien la disponibilidad de drenaje y agua entubada en las viviendas ha venido incrementándose en las últimas décadas, para el año 2020 aún el 4.53% de las viviendas a nivel nacional no tenían drenaje, el 2.6% no contaban con agua entubada y, además, el 1.93% de las viviendas a nivel nacional no disponían de sanitario.

Al revisar estas estadísticas, además, hay que recordar que estos datos no consideran los días de disponibilidad (tandeo), el número de horas de disponibilidad, el volumen o presión a la que el agua llega, la calidad del agua e, incluso, si los habitantes de una vivienda “tiene acceso al agua entubada” aunque, para ello, los habitantes deban extraerla de pozos comunitarios o particulares, solicitarla a pipas o incluso traerla de otras viviendas. Estas estadísticas, si bien no son muy precisas para conocer la situación real de acceso al agua, puede ayudarnos a visualizar las comunidades y los sectores sociales que más padecerán la agudización de la disputa por el agua.

En términos generales, los municipios considerados dentro del proyecto del Interocéanico tienen un promedio más bajo de acceso al agua entubada que la que, a nivel estatal, presenta Oaxaca y Veracruz (ver gráfica). Además, si observamos con mayor detenimiento este supuesto acceso al agua, veremos que las formas en que los habitantes de estas viviendas obtienen el suministro, los hacen susceptibles a verse afectados por la presión que de las fuentes de agua pueda hacer la industria e, incluso, por la contaminación de los cuerpos de agua que pueda resultar.

Fuente: realización GeoComunes a partir de datos Censo de Población 2020.

El 9.82% de las viviendas de los 79 municipios que conforman el proyecto del Corredor Interoceánico no tienen acceso al agua entubada.

Fuente: realización GeoComunes a partir de datos Censo de Población 2020.

Preocupa el caso de los nueve municipios donde se proyectan desarrollar los parques industriales ya mencionados, ya que en éstos existen 9 mil 589 viviendas sin acceso a agua entubada (ver tabla). Además, actualmente, el abasto de agua en una buena parte de estas viviendas depende de fuentes superficiales o de pozos, mismos que podrían verse gravemente afectados por las descargas residuales y por la presión sobre los mantos freáticos que provoque la industria.

Tan sólo en Coatzacoalcos (el municipio con más del 20% de toda el agua concesionada en la región) hay 2 mil 585 viviendas habitadas sin acceso al agua potable y, de éstas, casi dos mil viviendas obtienen su agua al acarrearla de ríos, pozos o llaves comunitarias.

Fuente: realización GeoComunes a partir de datos Censo de Población 2020.

En los otros 13 municipios con más volumen de agua concesionada (cada uno con más de 9.5 millones de agua concesionada al año) suman 16 mil 254 viviendas sin acceso a agua entubada. Se trata de Minatitlán, Cosoleacaque, Santo Domingo Tehuantepec, Chinameca, Nanchital de Lázaro Cárdenas, Hueyapan de Ocampo, Ixhuatlán del Sureste, Angel R. Cabada, San Andrés Tuxtla, Juan Rodríguez Clara, Isla y San Pedro Tapanatepec. Todos éstos, junto con Coatzacoalcos, los podemos ver en el azul más intenso en el mapa de abajo.

Fuente: realización GeoComunes a partir de datos del REPDA (diciembre del 2022), Censo de Población 2020 y de documentos oficiales del CIIT.

Por otro lado, considerando ya no sólo el tema de la posible agudización del acaparamiento de agua y la falta de acceso a la misma, sino el tema de su probable contaminación por las descargas residuales industriales, sirve notar que los PODEBIS arriba mencionados se proyectan en municipios donde, actualmente, el acceso al agua entubada de 13 mil 683 viviendas depende de pozos. Mismos que podrían ser más susceptibles de contaminación.  Así mismo existe el riesgo de que estas viviendas puedan ver su acceso limitado por la disminución del nivel de los mantos freáticos, o por la propia contaminación.

Fuente: realización GeoComunes a partir de datos Censo de Población 2020.

Actualmente, en los ocho municipios con permisos de descargas de aguas residuales mayores a 3.5 millones de metros cúbicos (cada uno), existen 40 mil 649 viviendas ocupadas cuyo consumo de agua (entubada o sin entubar) depende de pozos y cuerpos de agua superficiales. Se trata de los municipios de Cosoleacaque, Minatitlán, Salina Cruz, Nanchital de Lázaro Cárdenas, San Pedro Tapanatepec, Ixhuatlán del Sureste, Juchitán de Zaragoza y Coatzacoalcos, municipios que en el mapa de abajo vemos en color negro.

Fuente: realización GeoComunes a partir de datos del REPDA (diciembre del 2022), Censo de Población 2020 y de documentos oficiales del CIIT.

Este artículo plantea más preguntas que respuestas sobre un tema vital para la población istmeña: el tema del agua. A pesar de la importancia de este tema, y de las consecuencias que podrían traer en la vida cotidiana de la gente, en sus costumbres y en la posibilidad de mantener actividades tradicionales de la región, como la agricultura, hasta ahora ha habido muy poca información sobre los mecanismos de abasto hídrico para los proyectos industriales del Corredor Interocéanico.

Resulta importante abrir la discusión, realizar análisis y responder a cuestionamientos básicos (y fundamentales) para la población, como ¿qué pasará con el agua? ¿Cómo se va a garantizar el acceso humano a este recurso por sobre el acceso industrial? ¿Cómo se va a garantizar que no se deteriore el estado de este recurso, de por sí escaso en la región? Nada de esto ha sido presentado de manera seria y precisa en las reuniones informativas y consultas realizadas para la venta de los predios para los parques industriales, a pesar de haber sido una de las principales inquietudes de la población local.


En la próxima y última publicación, enfocada en el tema energético, constatamos la misma tendencia relativa a la falta de información clara y precisa sobre el despliegue de nuevas infraestructuras energéticas que serán necesarias para abastecer a esos nuevos parques industriales y los impactos que eso podría generar en una región que ha sufrido, desde décadas, los impactos negativos de la instalación de infraestructura energética, así como de industrias extractivistas, en particular la relativa a la explotación de hidrocarburos y la expansión de parques eólicos.

Imagen: Por ColectivoGeocomunes-Pescadores de Playa Vicente-Foto: Santiago Navarro F.

Más información:

#JusticiaParaBerta este18 de mayo será la Lectura de Sentencia contra David Castillo

Compartimos esta información del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso #JusticiaParaBerta y la próxima lectura de sentencia para David Castillo en la busqueda de verdadera justicia

Meses después del fallo contra David Castillo, luego de haberse pospuesto la audiencia, por fin se dará lectura a la sentencia del coautor del asesinato de nuestra compañera #BertaCáceres.

05 de julio de 2021.
La Sala I del Tribunal Sentencia Nacional de Honduras dio lectura del fallo en la causa instruida para David Castillo Mejía, a quien se le encontró culpable del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

Después de cuatro meses del inicio del juicio oral, se conoció el fallo el lunes 5 de julio, ante la expectativa de la prensa nacional e internacional que siguieron de cerca la audiencia transmitida por las plataformas digitales del Poder Judicial.

“De la prueba evacuada en el debate, durante dos meses, la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional consideró que la extracción y vaciado de información en dispositivos celulares del imputado y otros involucrados fue lo suficientemente reveladora para establecer que Castillo ordenó la muerte de Cáceres”.

MP demuestra la culpabilidad del presidente de DESA en el asesinato de Berta Cáceres [1]

      [2]

11 Meses después del fallo contra David Castillo, por fin se dará lectura a la sentencia del coautor del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.

La sentencia debe ser coherente con lo demostrado en juicio y no debe dejar oportunidad para la impunidad.

Acompañemos este momento de exigencia de justicia y de búsqueda de castigo a los autores intelectuales.

📆 Miércoles 18 de mayo
📌 Tribunal de Sentencia en materia Penal de Tegucigalpa
⏰ 01:30 p.m.

🌿¡Justicia para Berta, no más impunidad en Honduras!🌿

      Vea aquí quienes son los máximos responsables del asesinato de

Berta Cáceres. [3]

📌 La documentación de DESA muestra que su junta comprende a miembros de las elites empresariales y políticas con mayores conexiones de Honduras, la familia Atala.
Se ha demostrado una estructura criminal que involucra a los directivos de la empresa DESA, la familia Atala Zablah y en la que se ven involucrados entes estatales y gubernamentales que realizaron acciones para favorecer el proyecto “Agua Zarca”.

David Castillo fue instrumentalizado por la familia Atala para coordinar el asesinato de Berta Cáceres, las pruebas que lo vinculan son contundentes.

A más de 6 años de impunidad, aun no hay completa justicia para Berta, hasta que se haya capturado a los máximos responsables de su asesinato, la familia Atala.

Acompáñanos utilizando los #FaltanLosAtala #NoMásImpunidad en las redes sociales etiquetando las cuentas del Poder Judicial, Ministerio Publico, Secretaria de Justicia y la Presidenta de la República.

Y juntos exijamos #JusticiaParaBerta

Imagen: COPINH

Más información:

Informe: Common Destination

Reframing aviation to ensure a safe landing and lay the tracks towards a fair planet

Compartimos con ustedes este informe de Stay Grounded sobre el cambio climatico y la aviación – A 13 de mayo del 2022

How to use this guide

This is a guide to reframe how we think, talk and write about the aviation industry and its impact on people and the planet.

* Throughout the guide we talk about ‘mobility’ rather than transport, to highlight that transport is not an end in itself but a tool to satisfy needs.

Chapter One, the Introduction, describes the objectives and approach of this report and the aims of the larger project it is part of. Start here if you want to explore the concepts this reframing project is grounded in. If you want to know why it is so important to campaign for a reduction of air traffic, what its climate and social impacts are, and how public opinion is evolving, read Chapter Two: The Urgency of the Climate Crisis and Aviation’s Role. It’s also a good place to start if you are new to campaigning against aviation, as it provides facts and figures on why an expanding aviation industry is incompatible with a thriving planet and makes a case about why, to be successful, it matters to use the lens of climate justice. If you are looking for inspiration to broaden your climate campaigning, delve into the new narratives and associated stories in Chapter Three: New Narratives to Reframe Aviation and the Economy. This chapter illustrates what a new economy based on wellbeing, care and a sustainable mobility system* could look like. It also provides five new narratives that make up the core part of this guide. And finally, if you are ready to take action and help others imagine a new way of living, working and being together, Chapter Four: How to Use Communicate the New Narratives outlines useful tools and practical advice for reframing aviation and making the case for why we must now lay the tracks towards a fair wellbeing economy.

Narratives and how to find them

The core of this report is our five narratives about the problems with the aviation industry and the way to a better mobility. You can find them in Chapter Three.

>>Sigue leyendo aquí<<

El Escaramujo en la Radio Martes 20 de mayo 6:30pm – Radiografía de SAPAM II

El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, tendremos la segunda emisión especial para platicar sobre la situación actual del agua en San Cristóbal de Las Casas, nos acompañara el Ingeniero Jesús Carmona, del Colegio de la Frontera Sur con quien vamos a charlar sobre el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, así que acompáñanos este martes 20 de mayo a las 6:30 pm.

Acompáñanos este martes 20 de mayo a las 6:30 pm en el programa de radio “El Escaramujo” en que abordaremos la segunda parte del tema “Radiografía de SAPAM parte II, Desmenuzando el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal”. Charlaremos acerca del agua, los manos freáticos, los manantiales y demás temas relacionados al agua en San Cristóbal de Las Casas. Nos acompañará el Ingeniero Jesús Carmona, investigador del Colegio de la Frontera Sur.

Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este martes 20 de mayo a las 6:30 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki

Martes 17 de mayo, 6 pm, Cine-debate: Peleamos algo de nuestro pueblo…”, mujeres chiapanecas en resistencia

En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,

Otros Mundos A.C.

Invita a su cine-debate:

“Peleamos algo de nuestro pueblo…”,

mujeres chiapanecas en resistencia”

Martes 17 de mayo de 2022, a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

ENTRADA LIBRE

En nuestra emisión del mayo del cine debate proyectaremos 3 relatos digitales basados en la técnica del “digital Storytelling”; son relatos testimoniales creados a partir de la experiencia compartida de las mujeres chicomuselenses que aceptaron participar en el proyecto de investigación “Excavando territorios: geografía y trayectorias emocionales de mujeres mexicanas en resistencia a las empresas mineras canadienses” que tuvo lugar entre enero 2020-enero 2022, realizada por Linamae Campos. Acompáñanos este martes 17 de mayo 6 pm en Kinoki San Cristóbal

Sipnosis: Tres compañeras de lucha de Mariano Abarca Roblero, líder del movimiento opositor a la extracción de barita en Chicomuselo por parte de la minera canadiense BlackFire Ltd., comparten sus experiencias y las razones que las motivaron a participar en la defensa de sus espacios y el medio ambiente.

Les recordamos que la entra el libre, sin embargo hay que pasar a la taquilla de Kinoki por sus boletos ya que debido a la pandemia se controla el número de asistentes a las salas. Recuerden también seguir todas las medidas y usar correctamente el cubrebocas dentro de la sala

Las Abejas de Acteal Conmemoraran el 1er Aniversario del Asesinato de Simón Pedro

El próximo 5 de julio se cumple un año del asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López, en su memoria La Sociedad Civil Las Abejas de Acteal conmemoraran su memoria con la celebración de la eucaristia recordando el valiosos caminar y el trabajo de Simon Pedro por la defensa de los derechos humanos, tierra, territorio y también para pedir paz y tranquilidad en el municipio de Pantelhó. Durante esta conmemoración también se exigirá #JusticiaParaSimónPedro y que se lleve un proceso justo y transparente.

La conmemoración se realizará en su natal Ejido Nuevo Israelita, municipio de Simojovel, el martes 5 de julio del año presente, 2022.

Desde donde se encuentren les pedimos que se sumen a las exigencias de #JusticiaParaSimónPedro✊ Exijamos un debido proceso y justicia verdadera

En breve mas información de la conmemoración

Más información de caso:

Colima: Zacualpan gana un amparo contra dos concesiones mineras

Compartimos esta nota publicada en Tlanesi sobre la lucha por la vida y la resistencia anti minera en Colima – A 5 de mayo del 2021

Escrito por Pedro Zamora Briseño

En su lucha contra la minería, la comunidad indígena de Zacualpan se anotó una victoria judicial al obtener un amparo contra el procedimiento mediante el que fueron otorgados los dos títulos de concesión minera que afectaban su territorio.
Tras considerar que antes de la entrega de los permisos debió ser consultada la comunidad conforme a sus usos y costumbres, el juez federal Jorge Damián González Villaseñor, titular del Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Colima, dejó sin efecto las concesiones y estableció una serie de medidas para proceder frente a las solicitudes para la exploración y explotación minera en territorios indígenas.
Los títulos de concesión revocados son los 227572 y 201872, correspondientes a los lotes Tigrilla y Heliotropo, con superficies de 90.448 hectáreas y 100 hectáreas, a nombre de Mario Carlos Moncada Cantú y Adolfo Pineda Martínez, respectivamente. En el primer caso, la concesión fue otorgada en 2006 y en el segundo en 1995, ambas con una vigencia de 50 años.
En su sentencia relativa al juicio de amparo 458/2015, el juez ordenó a las autoridades federales de la materia dejar sin efecto los referidos títulos de concesión minera, pues para emitirlos “en ningún momento consideraron los usos y costumbres de dicha comunidad”, ignorando su especial situación de vulnerabilidad al ser integrante del grupo indígena nahua.
Advirtió que tampoco les fueron proporcionados los informes y documentación que los concesionarios debieron aportar para obtención de los títulos mineros, lo cual “hace evidente que no se permitió la participación de la comunidad de Zacualpan en las decisiones que derivaron en la expedición de las citadas concesiones”.
Antes de emitir una determinación en torno a la solicitud de los interesados en la exploración y explotación de los recursos minerales que pudieran existir en los lotes Tigrilla y Heliotropo, añadió la sentencia, “se deberá efectuar una evaluación de impacto social y ambiental, elaborada por un organismo independiente a las partes en este juicio, con capacidad técnica para realizar los estudios indicados”.
Posteriormente, determinó, “deberán proceder a la consulta a los integrantes de la comunidad indígena de Zacualpan, que pudieran verse afectados con los títulos de concesión, conforme a sus costumbres y tradiciones, considerando en todo momento los métodos tradicionales que utilizan en la toma de sus decisiones”.
Lo anterior, de acuerdo con la instancia jurisdiccional, “repercute en una afectación a su entorno, costumbres y actividades económicas que han sido transmitidas y realizadas de generación en generación en la comunidad quejosa”.
El juicio de amparo fue promovido en marzo de 2015 por los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y representantes del pueblo indígena electos en asamblea por usos y costumbres, con la asesoría jurídica de Guadalupe Espinoza Sauceda y Claudia Gómez Godoy.
En su demanda, los quejosos argumentaron que la emisión de las concesiones vulneraba los derechos al territorio indígena, a la protección especial de las tierras indígenas, a la consulta, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica.
Los representantes del pueblo indígena de Zacualpan hicieron notar que ambas concesiones se entregaron a personas ajenas a la comunidad y de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Minera “otorgan el derecho a la exploración, explotación, disposición de minerales, disposición de los terrenos e incluso el derecho a obtener la expropiación de nuestro territorio, violentando con ello la protección especial que las tierras y territorios indígenas tienen tanto a nivel nacional como internacional”.
Citaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que cuando la propiedad de los minerales sea del Estado, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.
En ese mismo sentido, sustentaron su reclamo en el artículo 6º de ese convenio y en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se refieren también a la obligación de consultar a los pueblos antes de cualquier medida que los afecte.
En su sentencia, notificada a la comunidad este 3 de mayo, el juez citó los requisitos indispensables previstos por la Corte interamericana de Derechos Humanos para garantizar el derecho a la consulta indígena:
“Asegurar la participación efectiva de los pobladores de la comunidad materia del conflicto, garantizar que los miembros de la comunidad indígena se beneficien razonablemente del plan de desarrollo a implementar en su territorio y el Estado debe garantizar que no se emita ninguna afectación al territorio hasta que entidades independientes y técnicamente capaces realicen un estudio previo de impacto social y ambiental”.
La resolución del juicio de amparo estipuló que, en su caso, la consulta indígena debería efectuarse en las primeras etapas del procedimiento de concesión, respecto al plan de desarrollo o inversión, y no cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad indígena, para que se cuente con un lapso de tiempo adecuado para la discusión interna.
“También, se hará del conocimiento a la comunidad quejosa los posibles riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que se manifiesten de manera informada respecto de la concesión que en su momento pueda efectuarse a favor de los aquí terceros interesados”, determinó el juez.
Asimismo, “el procedimiento aquí decretado debe celebrarse de buena fe, sin que exista cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de particulares que actúen con su autorización” y “las decisiones que la comunidad indígena de Zacualpan tome, de acuerdo con el ejercicio de sus usos y costumbres, deben ser respetadas en todo momento”.

En su lucha contra la minería, la comunidad indígena de Zacualpan se anotó una victoria judicial al obtener un amparo contra el procedimiento mediante el que fueron otorgados los dos títulos de concesión minera que afectaban su territorio.
Tras considerar que antes de la entrega de los permisos debió ser consultada la comunidad conforme a sus usos y costumbres, el juez federal Jorge Damián González Villaseñor, titular del Juzgado Segundo de Distrito con sede en la ciudad de Colima, dejó sin efecto las concesiones y estableció una serie de medidas para proceder frente a las solicitudes para la exploración y explotación minera en territorios indígenas.
Los títulos de concesión revocados son los 227572 y 201872, correspondientes a los lotes Tigrilla y Heliotropo, con superficies de 90.448 hectáreas y 100 hectáreas, a nombre de Mario Carlos Moncada Cantú y Adolfo Pineda Martínez, respectivamente. En el primer caso, la concesión fue otorgada en 2006 y en el segundo en 1995, ambas con una vigencia de 50 años.
En su sentencia relativa al juicio de amparo 458/2015, el juez ordenó a las autoridades federales de la materia dejar sin efecto los referidos títulos de concesión minera, pues para emitirlos “en ningún momento consideraron los usos y costumbres de dicha comunidad”, ignorando su especial situación de vulnerabilidad al ser integrante del grupo indígena nahua.
Advirtió que tampoco les fueron proporcionados los informes y documentación que los concesionarios debieron aportar para obtención de los títulos mineros, lo cual “hace evidente que no se permitió la participación de la comunidad de Zacualpan en las decisiones que derivaron en la expedición de las citadas concesiones”.
Antes de emitir una determinación en torno a la solicitud de los interesados en la exploración y explotación de los recursos minerales que pudieran existir en los lotes Tigrilla y Heliotropo, añadió la sentencia, “se deberá efectuar una evaluación de impacto social y ambiental, elaborada por un organismo independiente a las partes en este juicio, con capacidad técnica para realizar los estudios indicados”.
Posteriormente, determinó, “deberán proceder a la consulta a los integrantes de la comunidad indígena de Zacualpan, que pudieran verse afectados con los títulos de concesión, conforme a sus costumbres y tradiciones, considerando en todo momento los métodos tradicionales que utilizan en la toma de sus decisiones”.
Lo anterior, de acuerdo con la instancia jurisdiccional, “repercute en una afectación a su entorno, costumbres y actividades económicas que han sido transmitidas y realizadas de generación en generación en la comunidad quejosa”.
El juicio de amparo fue promovido en marzo de 2015 por los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan y representantes del pueblo indígena electos en asamblea por usos y costumbres, con la asesoría jurídica de Guadalupe Espinoza Sauceda y Claudia Gómez Godoy.
En su demanda, los quejosos argumentaron que la emisión de las concesiones vulneraba los derechos al territorio indígena, a la protección especial de las tierras indígenas, a la consulta, así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica.
Los representantes del pueblo indígena de Zacualpan hicieron notar que ambas concesiones se entregaron a personas ajenas a la comunidad y de acuerdo con el artículo 19 de la Ley Minera “otorgan el derecho a la exploración, explotación, disposición de minerales, disposición de los terrenos e incluso el derecho a obtener la expropiación de nuestro territorio, violentando con ello la protección especial que las tierras y territorios indígenas tienen tanto a nivel nacional como internacional”.
Citaron el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señala que cuando la propiedad de los minerales sea del Estado, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras.
En ese mismo sentido, sustentaron su reclamo en el artículo 6º de ese convenio y en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se refieren también a la obligación de consultar a los pueblos antes de cualquier medida que los afecte.
En su sentencia, notificada a la comunidad este 3 de mayo, el juez citó los requisitos indispensables previstos por la Corte interamericana de Derechos Humanos para garantizar el derecho a la consulta indígena:
“Asegurar la participación efectiva de los pobladores de la comunidad materia del conflicto, garantizar que los miembros de la comunidad indígena se beneficien razonablemente del plan de desarrollo a implementar en su territorio y el Estado debe garantizar que no se emita ninguna afectación al territorio hasta que entidades independientes y técnicamente capaces realicen un estudio previo de impacto social y ambiental”.
La resolución del juicio de amparo estipuló que, en su caso, la consulta indígena debería efectuarse en las primeras etapas del procedimiento de concesión, respecto al plan de desarrollo o inversión, y no cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad indígena, para que se cuente con un lapso de tiempo adecuado para la discusión interna.
“También, se hará del conocimiento a la comunidad quejosa los posibles riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que se manifiesten de manera informada respecto de la concesión que en su momento pueda efectuarse a favor de los aquí terceros interesados”, determinó el juez.
Asimismo, “el procedimiento aquí decretado debe celebrarse de buena fe, sin que exista cualquier tipo de coerción por parte del Estado o de particulares que actúen con su autorización” y “las decisiones que la comunidad indígena de Zacualpan tome, de acuerdo con el ejercicio de sus usos y costumbres, deben ser respetadas en todo momento”.

Imagen :Epitacia Zamora Teodoro, iniciadora de la lucha contra la minería en Zacualpan. Foto: Pedro Zamora Briseño/ Archivo Tlanesi

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El Escaramujo en la Radio Martes 10 de mayo 6pm – Radiografía de SAPAM I

El orograma de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, tendremos una emisión especial para platicar sobre la situación actual del agua en San Cristóbal de Las Casas, nos acompañara el Ingeniero Jesús Carmona, del Colegio de la Frontera Sur con quien vamos a charlar sobre el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, así que acompáñanos este martes 10 de mayo a las 6 pm.

Acompáñanos este martes105 de abril a las 6 pm en el programa de radio “El Escaramujo” en que abordaremos el tema “Radiografía de SAPAM parte I, Desmenuzando el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal”. Charlaremos acerca del agua, los manos freáticos, los manantiales y demás temas relacionados al agua en San Cristóbal de Las Casas. Nos acompañará el Ingeniero Jesús Carmona, investigador del Colegio de la Frontera Sur.

Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este martes 10 de mayo a las 6 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki