El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en este programa estaremos platicando con el Dr. Antonino García sobre sobre la situación en nuestros bosques y selvas con la desforestación y los problemas que ocasiona y la relación con el agua.
Acompáñanos este miércoles 28 de mayo las 6:00 pm por facebook live y nuestro canal de Youtube.
Les compartimos este informe realizado por Ramón Vera Herrera sobre la defensa del maíz nativo y el T-MEC – A abril 2025
El 20 de diciembre de 2024 llegó el fallo del Panel Intergubernamental constituido de acuerdo al Capítulo 32 del Tratado entre México Estados Unidos y Canadá, T-MEC (o USMCA, como le llama el gobierno de Estados Unidos), relacionado con el diferendo sobre la importación del maíz transgénico procedente de Estados Unidos a nuestro país.
Según nota de La Jornada,“El gobierno de México, a través de las secretarías de Economía y Agricultura y Desarrollo Rural, manifestó que ‘no comparte la determinación del Panel’) […] sobre maíz genéticamente modificado, al concluir que las medidas aplicadas para evitar el uso para consumo humano e importación de maíz transgénico en el país, no se basan en evidencia científica”. Sin embargo, des- tacaron que “a pesar de ello, el gobierno de México respetará la determinación, ya que el sistema de solución de controversias del T-MEC es una pieza clave de dicho tratado”.
Ambas dependencias refrendaron su compromiso de “proteger la diversidad genética de los maíces nativos de México” y expresaron su coincidencia con las iniciativas que se discutirán en el Congreso en 2025 para prohibir la siembra de maíz genéticamente modificado en territorio nacional”.
Este fallo —que determinó que México debe aceptar la importación de maíz desde Estados Unidos sea de la naturaleza que sea— no es ninguna sorpresa. Hemos ido comprendiendo lo que entrañan los tratados de libre comercio desde la instalación del primero en los recientes tiempos modernos —el famoso TLCAN cuya puesta en efecto detonó el levantamiento zapatista en 1994 y estableció nuevos candados económicos y políticos mundiales. Años después, entre 2011 y 2014, en México se juzgaron los tratados y sus efectos en un proceso civil internacional con la intervención del Tribunal Permanente de los Pueblos. Tras una movilización desde abajo, de cuidadosa sistematización en más de 22 entidades del país y en cientos de localidades donde se llevaron a cabo talleres, preaudiencias y audiencias, se arribó a una gran audiencia final donde la sistematización llegó a claridades importantes para el futuro que es hoy.
En México, el Tribunal Permanente de los Pueblos llegó a un entendimiento de lo que son los tratados de libre comercio al desnudarlos como instrumentos de desvío de poder utilizados como modo de doblegar a los países que se embarcan en ellos. En la sentencia final, afirman los jurados:
Los tratados de libre comercio forman parte de un entramado jurídico-político de dominación. No hay cruce de caminos entre los derechos humanos y los derechos corporativos; hay una profunda ruptura de la jerarquía y de la pirámide normativa del sistema de protección de los derechos humanos. Es crucial comprender que el TL- CAN y las otras instituciones neoliberales no están diseñadas para promover el bien social […] Son acuerdos que elevan el estatus legal de los grandes inversionistas y simultáneamente vinculan el poder económico del Estado a sus intereses, a la par que erosionan el compromiso y las opciones de los Estados nacionales para proteger a la ciudadanía. Un propósito central de estos tratados comerciales ha sido desarmar a los pueblos despojándolos de las herramientas de identificación, expresión, resistencia y capacidad transformativa que puede brindarles la soberanía nacional y la existencia de un Estado legítimo. En el caso de México, el desarme del Estado frente a los intereses corporativos internacionales ha adquirido características trágicas. La amputación de la soberanía económica comenzó hace mucho, a través de diversos mecanismos.
Comenzamos saliéndonos del camino para dejar sentado el criterio con el que procedemos a entender lo ocurrido en el panel de controversias en torno al maíz que confrontó a México con el lobby de grandes agricultores y funcionarios estadounidenses. No podemos enredarnos en una discusión que se queja del resultado del fallo pero no cuestiona las reglas sesgadas con las que se está entrando a la controversia. Si los tratados de libre comercio son instrumentos de desvío de poder y han jugado con su influencia y sus condicionantes para someter a los gobiernos a su dominio —que le abren margen de maniobra a las corporaciones mientras le cierran caminos jurídicos a la sociedad civil y a los mismos gobiernos para impedir que se defiendan como es debido haciendo uso de sus potestades para ejercer sus propias reglamentaciones, leyes y políticas públicas—, salirnos del camino nos permitió ver desde otros ángulos y otro foco lo que ocurrió en el panel que concluyó el 20 de diciembre. Hace 12 años, el Tribunal Permanente de los Pueblos había afirmado en su sentencia relativa al maíz:
En esta visión, que asumimos, los TLC son matrices de gobierno sustitutas que suplantan la legalidad de los Estados en todos los órdenes de la vida. Acuerdos, que pueden llamarse de cooperación o comercio o culturales o de transferencia tecnológica, pero que en el caso de las actividades agropecuarias, de pesca, pastoreo y producción rural de alimentos, establecen una serie de normas, criterios, requisitos, están- dares, procedimientos, programas, proyectos y asignación de presupuestos, incluida la gestión de vastos segmentos de la actividad gubernamental como lo es la gestión y administración del agua, la sanidad alimentaria, las normas de calidad y sobre todo la competencia de los tribunales para dirimir asuntos cruciales, que implican que la normatividad que prevalece es la derivada de acuerdos comerciales o de cooperación, en detrimento de la legalidad nacional y de los derechos de la población.
En ese contexto cargado de precisiones, un primer punto es que el Panel en cuestión alega que México no presentó evidencias científicas que le confirieran razón a la prohibición de que México importe maíz transgénico.
El contrapunto de esta afirmación es que el 28 de septiembre de 2024, México presentó el Expediente Científico sobre el Maíz Genéticamente Modificado y sus Efectos: Efectos del maíz GM sobre la salud humana, el ambiente y la diversidad biológica, incluida la riqueza biocultural de los maíces nativos en México, que elaboró Conhacyt durante varios años, y que reúne suficientes evidencias científicas para demostrarle a Estados Unidos que no tiene razón. “El estudio en cuestión es sin duda la sistematización más acuciosa y detallada que se ha podido generar y publicar por parte de una instancia oficial como el Conahcyt. Sorprende la profusión de estudios, datos y evidencias, de aspectos técnicos y científicos indispensables para entender los efectos del maíz GM sobre la salud humana y el ambiente. Igualmente sorprende la cantidad de referencias de todo tipo de publicaciones, páginas, journals, que dan cuenta del nivel de detalle que está incluido y considerado en el Expediente”.
Un comentarista de la política mexicana comentó, “éste es un manual, incluso didáctico, para emprender el entendimiento, la crítica y el activismo contra los maíces transgénicos y el glifosato y los agroquímicos en México”.
Este amplio estudio fue realizado ex-profeso para responder debidamente “a una petición de la Subsecretaría de Comercio Exterior como parte de la colaboración del Conahcyt en la atención a la controversia sobre el maíz transgénico en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción I de la Ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación”, como consta en la página 152 del Expediente.
El documento enhebra su fundamentación política haciendo la historia a partir de la aparición de los primeros OGM, cuando prácticamente no aparece evidencia científica “de que los OGM carezcan de efectos negativos para la salud humana, para la integridad del ambiente y la diversidad biológica”. En sentido contrario, la comunidad científica comprometida y preocupada, sigue insistiendo “en los riesgos potenciales y en los daños sobre el futuro del maíz y los daños a las personas”. por- que lo que sí hay es “un corpus científico que ha mostrado que la transgénesis es una tecnología imprecisa con efectos no esperados ni deseados; en especial, se han demostrado los riesgos y daños que implica”.
Sin embargo, el establishment académico ha logrado controlar que no exista un consenso científico sobre la seguridad del consumo humano o animal y de la liberación al ambiente de los cultivos transgénicos, lo que es muy extraño.
Aun cuando en el año 2000, los cultivos GM de maíz Bt y soya HT ya habían dado el salto a ser adoptados en la siembra comercial estadunidense (contabilizada por el porcentaje de hectáreas sembradas de estos cultivos), “todavía no era posible encontrar en la literatura científica estudios realizados por empresas de biotecnología que mostraran la seguridad o ausencia de toxicidad de los transgénicos, accesible a los ojos y escrutinio de la comunidad científica internacional”. El expediente insiste en esta situación y dice:
Tampoco se tenía información sobre los efectos a largo plazo, pero, según un grupo de expertos convocados por la OMS y la FAO, “La evaluación de seguridad previa a la comercialización ya garantiza que el alimento (GM) es tan seguro como su homólogo convencional”. Desde entonces se reportó una falta de transparencia por parte de las autoridades regulatorias en EUA respecto a las evaluaciones de riesgo y las pruebas científicas de inocuidad y seguridad de los OGM.
El documento enfatiza (y deconstruye con casos concretos) las implicaciones de introducir maíz GM en poblaciones y variedades de maíz nativo, y las consecuencias negativas “en los ámbitos ambiental, biocultural, social, económico y político”. Esto lo han demostrado diversas investigaciones científicas, de “personas científicas libres de conflictos de interés”.
El daño ambiental se ha demostrado, pero también el daño “en la salud de animales de laboratorio y de granja, principalmente en los órganos de sus sistemas re- productivo y digestivo; así como reacciones inmunológicas y alérgicas exacerbadas, aumentos en las tasas de mortalidad y desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas, con énfasis en el desarrollo de cáncer”.
Pero el panel de controversias del T-MEC no parece reconocer que el maíz trans- génico está indisolublemente ligado a plaguicidas altamente peligrosos que forman parte del paquete tecnológico asociado a su cultivo. Las personas y animales que consumen alimentos con ingredientes agrotóxicos ligados a este OGM, se exponen a sus perniciosos efectos; “en especial, los del glifosato que ha demostrado, aún a dosis bajas, tener efectos carcinogénicos, por diversas vías; actuar como disruptor endócrino y alterar los sistemas reproductivos”, además de provocar “diversas enfermedades metabólicas y afectaciones en distintos órganos y sistemas”. Sin duda entonces, el Expediente es un dossier científico-técnico y no tiene una fácil lectura porque la revisión dedicada de cada lector o lectora implica horas de seguirle la pista a todas las tramas abiertas. Tal vez podría haberse enriquecido con muchos más aspectos sociales y políticos que las comunidades y los grupos interesados pulsan desde sus regiones o a nivel nacional en defensa del maíz. Esto lo veremos más adelante en otros de los meandros de este caudal.
Porque Estados Unidos va a descalificar como no científico todo lo que no le con- venga. De acuerdo a Raymundo Espinoza, “el mensaje político es muy fuerte, pues prácticamente el Panel le dice a México que en casa puede sembrar lo que guste (maíz no transgénico nativo o no nativo), pero que no puede restringir unilateral- mente las importaciones de maíz transgénico ni acotar su uso final. Más todavía, si bien el fallo no pretende demostrar que el maíz transgénico o el glifosato sean inocuos, lo cierto es que les hace buena propaganda y apología”
Es como le dice Humpty Dumpty a Alicia en A través del espejo: no importa lo que se dice, lo que importa es saber quién manda. Y es claro que EUA ejerce el USMCA para doblegar a México y santificar el tratado de libre comercio: el T-MEC. Ya hace poco más de un año la organización internacional GRAIN cuestionaba al gobierno estadunidense afirmando: “Para Estados Unidos, el decreto de 2020 fue suficiente para activar las alarmas y cuestionar que México prohíba, aun de modo paulatino, la importación de maíz GM y el uso del glifosato. Después de todo, Estados Unidos es la fuente principal de las importaciones mexicana de maíz (y 90% de la producción maicera estadounidense es GM)”. Porque la industria insiste en que el glifosato en particular no es nocivo. GRAIN salía al paso de la postura estadunidense, y del establishment científico en el mundo, por lo que parece una ceguera artificial y sesgada. Decía GRAIN:
Preocupa su insistencia en que México no ha mostrado evidencias de que los OGM ocasionen efectos nocivos a la salud aunque existan archivos inmensos de evidencias que México ha puesto a disposición. El 2, 9, 16 y 23 de mayo de 2023 México convocó a un Foro para evaluar los efectos de los OGM sobre la salud humana con impresionante presencia internacional, pero esto no parece conmover al lobby científico estadounidense y/o mundial. La tecno-ciencia corporativa tiene literalmente controlada a la academia, a las revistas científicas y a los medios que no permiten un debate respetuoso. En México hay fuerzas grandes de su lado, como el entonces secretario de Agricultura mexicano, Víctor Villalobos, antiguo colaborador de Monsanto.
Con mucha claridad, este dossier resulta una sistematización decantada de inmensos archivos de evidencias compendiadas en un documento legible y que cumple los estándares de cualquier tipo de ciencia. Extraña entonces que dicho informe desapareció de la página que lo publicó.
Tras su presentación en Cencalli (La Casa del Maíz, un espacio gubernamental), cuando se hizo público, el documento tardó en subir a la página de la Cibiogem (se subió el 25 de octubre) y fue eliminado de la página el 27 de octubre.
¿Cuál es la razón de eliminar un expediente que a todas luces sistematiza todo eso para lo que, alegan, México no tiene pruebas? Por eso, mientras se aclara la desaparición del documento y se repone en su página original, puede consultarse en biodiversidadla.org .
T-MEC y maíz. Imposición, gesticulaciones y la resistencia de los pueblos se realiza gracias a la solidaridad de Both ENDS, una organización de la sociedad civil holandesa, liderada por sus alianzas en el Sur Global, que apoya a las comunidades locales a tomar decisiones sobre sus vidas y ecosistemas, señalando políticas e inversiones que no favorecen a las personas ni al planeta.
– Para descargar el informe completo (PDF), haga clic en el siguiente enlace:
T-MEC y maíz. Imposición, gesticulaciones y la resistencia de los pueblos
Compartimos este informe de IM-Defensoras sobre la violencia hacia mujeres defensoras en Mesoamérica – A abril 2025
10+ Años de agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Mesoamérica (2012-2024)
Desde 2012, en la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) hemos desarrollado un sistema de registro de agresiones que documenta, cuantifica y permite realizar un análisis de género sobre la violencia ejercida contra la diversidad de mujeres y disidencias sexo-genéricas que defendemos derechos humanos en Mesoamérica.1 La riqueza de este sistema, pionero en el mundo, es que en su interacción con el resto de las estrategias de la Protección Integral Feminista contribuye a la protección de las defensoras identificando las violencias y realidades concretas que vivimos tanto individualmente como en nuestras colectividades.
La presente separata, “LA TIERRA, PARA QUIENES LA TRABAJAN Y LA DEFIENDEN.10+ Años de agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Mesoamérica (2012-2024)”, se enfoca en el análisis particular de los casos de agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente que se integran, de manera general, en nuestro informe “Datos que nos duelen, redes que nos salvan. 10+ Años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica (2012-2023)”, profundizando en los mismos y actualizándolos con datos preliminares de 2024.2
Las defensoras de derechos humanos, con nuestros pueblos, comunidades y organizaciones, nos organizamos en diferentes territorios para resistir ante las violencias que nos acechan, proteger la vida y el bienestar colectivo y construir esperanza y alternativas de vida digna. Nuestra sola existencia como sujetas políticas desafía los mandatos patriarcales que pretenden silenciar el poder de las mujeres y disidencias sexo-genéricas. El mundo por el que luchamos es diametralmente opuesto al que pretenden imponernos y, por ello, nuestra labor pone en riesgo los intereses de los poderosos.
En Mesoamérica vivimos bajo un modelo económico, político y cultural de herencia colonial que se manifiesta en opresiones estructurales y una continuidad histórica de violencias patriarcales, capitalistas y racistas sobre los cuerpos y territorios de las mujeres. En el contexto de crisis global provocada por este modelo, en nuestra región se agravan las desigualdades económicas, la violencia, la pobreza y los impactos del cambio climático. Los poderes que se benefician de este modelo de muerte encuentran en la represión, la violencia y el uso de la fuerza la única forma de contener nuestro poder colectivo.
A lo largo de estos 13 años, como consecuencia directa del capitalismo extractivista que se impone en nuestros territorios, las defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente han representado uno de los colectivos con mayor número de agresiones registradas, tal y como se desprende del hecho que 22,3% del total de las 43,186 agresiones contra defensoras que documentamos entre 2012 y 2024 en Mesoamérica fueron perpetradas contra compañeras que defendían estos derechos (Gráfico 1).
Las defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente defendemos tanto nuestro derecho a permanecer o a retornar a nuestros territorios, como el de salvaguardar la red de la vida, protegiendo y defendiendo los derechos de la naturaleza y velando por el resguardo del agua, los ríos, las montañas, los bosques, las semillas y la diversidad de especies animales. Defender la tierra significa también defender nuestros medios de reproducción de la vida y nuestras cosmovisiones, las cuales, alejándose de la acumulación y explotación capitalista, establecen otros vínculos y formas de relacionarnos con el territorio y la naturaleza. Defendemos también una manera de entender el territorio no como un lugar geográfico y de explotación humana, sino como el lugar donde descansan nuestros ancestros y donde encontramos identidad y arraigo.
La mayoría de defensoras del territorio y el medio ambiente agredidas somos mujeres indígenas, garífunas o afrodescendientes que habitamos en zonas rurales, trabajamos la tierra, realizamos trabajo de base y hemos sido excluidas de la propiedad y las decisiones sobre el futuro de nuestros territorios.1 Ante Estados-nación que perpetuan políticas coloniales de aniquilación de las cosmovisiones, culturas y lenguas de los pueblos originarios y otras comunidades, las defensoras indígenas y afrodescendiente protegemos nuestros saberes, nuestro derecho a la autonomía e identidad cultural, nuestros territorios y los bienes naturales. Las defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente resistimos y denunciamos colectivamente las consecuencias de despojo y muerte que conlleva el capitalismo extractivo porque estamos convencidas de que hacerlo es fundamental para proteger y sostener la vida en todas sus manifestaciones.
Nuestras luchas incansables han dado frutos concretos como la primera ley del mundo que prohibía la minería metálica, aprobada en El Salvador en 20171 —y lamentablemente revertida en diciembre de 2024 [VER CASO SANTA MARTA]; la derogación en 2022, en Honduras, del proyecto de muerte y despojo que representan las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), como respuesta a las demandas de un movimiento social con enorme fuerza popular y feminista;2 la suspensión del proyecto de construcción del Canal Transoceánico en Nicaragua, fruto de la lucha del movimiento campesino y organizaciones ambientalistas del país [VER CASO FRANCISCA RAMÍREZ]; o la cancelación del megaproyecto eólico Gunaa Sicarú en 2022, en México, gracias a la lucha colectiva de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, el cual incluyó un litigio transnacional en tribunales civiles de Paris (Francia) contra la empresa Electricité de France (EDF).3 Sin embargo, enfrentar los intereses económicos detrás de la destrucción y apropiación de nuestras tierras y territorios también ha implicado que vivamos múltiples y dolorosas violencias.
Entre 2012 y 2024 hemos documentado un total de 9,629 agresiones contra defensoras y organizaciones que defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en Mesoamérica. En el mismo periodo, 35 compañeras fueron asesinadas.
En Honduras, 62% del total de agresiones que registramos en el periodo señalado se dirigieron contra defensoras de la tierra, territorio y bienes naturales, erigiéndose así en el tipo de derecho defendido con más agresiones documentadas en este país (6,764). Por su parte, en México, El Salvador y Guatemala las agresiones contra defensoras de tierra y territorio registradas durante estos años representaron 13.4%, 12.7% y 12.3% respectivamente.
Entre 2012 y 2024 también hemos documentado 738 agresiones vinculadas a acciones de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos étnicos de la región, cuyas luchas en ocasiones se entrecruza con la defensa de la tierra y el territorio.
“En todos los territorios donde hay pueblos indígenas y afrodescendiente con los últimos recursos del planeta, las defensoras reciben agresiones directas por la defensa de la tierra y el territorio… tiene que ver con un exterminio ya que para hacer avanzar el modelo extractivo se llevan a quienes lo cuidan y lo protegen.”
Melissa Cardoza, defensora hondureña.
El informe 2023 de Global Witness indica que México, Honduras, Guatemala y Nicaragua están entre los 10 países del mundo con mayor cantidad de asesinatos por defender la tierra y el medioambiente.4 El Estado de la Región registró en el período 1990-2020, en Centroamérica, que 80.2% de los conflictos socioambientales estuvieron relacionados con la extracción de minerales y materiales de construcción, conflictos por el uso de la tierra asociados a actividades como la agricultura, pesquería, ganadería y forestería, gestión del agua, uso de combustibles fósiles y justicia climática/energética.5 El Mapa Mundial de Justicia Ambiental ha documentado 211 casos de conflictos ambientales en México, 31 en Guatemala, 24 en Honduras, 12 en Nicaragua y 7 en El Salvador.6 Gran porcentaje del territorio mesoamericano está concesionado para la explotación minera: 1.6% en Honduras, 4.84% en Guatemala,7 11% en México8 y 23% en Nicaragua.9
En este contexto, en nuestra región destacan las agresiones perpetradas en el marco de acciones colectivas de defensoras y comunidades que mantienen viva sus luchas frente al avance del extractivismo en la agroindustria, la minería y la explotación forestal [VER CASO SANTA MARTA]. El carácter colectivo de estas agresiones se debe a que la defensa de la tierra y los bienes comunes no es individualizable,1 ya que sin comunidad y colectividad no es posible defender el territorio. Así, muchas de las agresiones que registramos, como la militarización de territorios y los desalojos, implican violencia directa y generalizada en contra de comunidades, incluyendo a menores de edad y personas adultas mayores, entre otras poblaciones vulnerables [VER CASO AGUA BLANCA SUR].
El análisis de la evolución de las agresiones contra las defensoras de tierra, el territorio y el medio ambiente entre 2012 y 2024 señala tres puntos de inflexión: el primero en 2017, año siguiente al asesinato de Berta Cáceres; el segundo en 2020, caracterizado por las respuestas autoritarias de los gobiernos ante la sindemia por COVID-19; y el tercero en 2022, marcado por la profundización en las políticas de militarización de los territorios y el aumento de los desalojos.
El asesinato, en marzo de 2016,de nuestra compañera Berta Cáceres, dirigente comunal indígena lenca que resistía contra el proyecto de la presa hidroeléctrica Agua Zarca para proteger el río Gualcarque [VER CASO BERTA CÁCERES], marcó un punto de inflexión, en Honduras y en el resto de la la región, que dio visibilidad tanto al liderazgo que ejercen las mujeres indígenas contra el extractivismo capitalista, como a las diferentes manifestaciones de la violencia y la impunidad a las que se enfrentan. De esta forma, el año siguiente a su asesinato, 2017, presenta un incremento sustancial de las agresiones que está relacionado con las vividas por las compañeras que en Honduras se oponían a megaproyectos y exigían justicia para Berta. A partir de entonces, a través de nuestro sistema de registro, en las formas y mensajes de las agresiones contra las defensoras de la tierra y territorio identificamos tendencias y patrones que buscan, sin éxito, apagar sus luchas.1 Desde el asesinato de Berta Cáceres, en marzo de 2016, hasta diciembre de 2024 fueron asesinadas 22 defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente en Mesoamérica: 6 en México, 3 en Guatemala, 2 en El Salvador, 9 en Honduras y 2 en Nicaragua.
Posteriormente, con el inicio de la sindemia por COVID-19 en 2020, registramos un aumento de agresiones contra las defensoras de tierra y territorio en todos los países de la región. Esto responde a un contexto de crecientes políticas autoritarias donde, con diferentes matices en cada país, se utilizó la emergencia sanitaria como pretexto para imponer medidas represivas, restringir derechos y profundizar procesos de militarización. Así, las restricciones a la movilidad de las personas defensoras de derechos humanos habilitaron el avance de las políticas de despojo contra los territorios y los cuerpos de las mujeres. En centroamérica, los gobiernos se ampararon en la necesidad de salir de la crisis económica tras la sindemia, para ello incrementaron las concesiones mineras y dinamizaron otras industrias extractivas como los monocultivos.2
A partir de 2022 identificamos una nueva escalada regional de agresiones contra defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente. El gráfico 2 muestra como en 2023 las agresiones contra estas defensoras aumentaron significativamente (160% en relación al año precedente, 2022). En este incremento tienen un importante peso las agresiones de carácter colectivo, las cuales pasaron de representar 46% de las registradas en 2020 a 86% en 2024. En los últimos años las agresiones colectivas se han caracterizado por el uso excesivo de la fuerza, con respaldo evidente de autoridades y cuerpos armados, de la mano con la militarización de los territorios y la manipulación de los marcos jurídicos que legalizan la represión y la violencia.
En Honduras, este aumento responde a la agudización de los conflictos territoriales a partir de la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, la cual ha legitimado desalojos masivos [VER CASO AGUA BLANCA SUR] y ha utilizado el derecho penal para criminalizar a quienes luchan por la tierra para favorecer a empresas aceiteras, azucareras y sectores terratenientes [VER CASO MARIA CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ]. Sólo en los últimos 3 años (2022-2024) registramos 4,851 agresiones contra defensoras de tierra y territorio en este país. Un caso paradigmático es el de las agresiones contra el pueblo garífuna, el cual viene enfrentando asesinatos, desaparición forzada, violentos desalojos forzados,3 incendios provocados en sus casas de salud ancestral, detenciones arbitrarias, racismo institucionalizado y agresiones contra su espiritualidad,4 entre otras, en un contexto de intento de despojo de sus tierras ancestrales [VER CASO MIRIAM MIRANDA].
En México, entre 2022 y 2024 documentamos 860 agresiones contra defensoras de tierra, territorio y medio ambiente que se enfrentan a grandes intereses económicos detrás de proyectos extractivos o de infraestructura [VER CASO KENIA HERNÁNDEZ]. Algunas de las agresiones registradas se dieron en el marco de actos de resistencia ante el megaproyecto del tren maya, la mega granja porcina en Yucatán, el corredor interoceánico en Oaxaca, la explotación del agua de la empresa Bonafont en Puebla y diferentes proyectos inmobiliarios a lo largo del país.
Finalmente, en el Salvador, la reciente aprobación en diciembre de 2024 de la Ley de Minería Metálica que revierte la histórica prohibición de esta actividad nociva para el medio ambiente, ha desencadenado un proceso de movilización popular que, bajo la vigencia del Régimen de excepción vigente, unido al precedente de la criminalización de cinco ambientalistas de la Comunidad de Santa Marta y la situación de riesgo y amenaza que enfrenta el conjunto de esta comunidad [VER CASO SANTA MARTA], nos recuerda que nuestros logros pueden ser revertidos y que es necesario no dejar nunca de reivindicarlos y defenderlos, y nos obliga a permanecer alerta ante un posible incremento de las agresiones contra las defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente de este país.
Compartimos este informe de Amigos de la Tierra Internacional ATI en el marco del Día Mundial de la Tierra – A 22 de abril del 2025
El cambio climático está afectando la biodiversidad de múltiples maneras, mientras que la pérdida de biodiversidad, a su vez, está afectando al clima. Este informe explica cómo estas crisis están intrínsecamente vinculadas y cómo se agravan mutuamente. También examina cómo varias políticas climáticas inadecuadas, como las plantaciones de árboles, los agrocombustibles y las compensaciones de emisiones, son en realidad «falsas soluciones» que socavan la protección de la biodiversidad.
Este informe demuestra que detener el cambio climático y la pérdida de biodiversidad requiere un replanteamiento fundamental de nuestro enfoque y un verdadero cambio de sistema, que se centre en las profundas raíces de las causas de estas crisis y proteja a las comunidades y a los Pueblos Indígenas.
¡Descargue el informe en esta página para obtener más información!
22 Abr, 2025
En este Día de la Tierra y con la COP30 de la CMNUCC al final del año, estamos presenciando al mismo tiempo los efectos devastadores y generalizados que tienen las crisis del clima y la biodiversidad. Nuestro nuevo informe “El clima y la biodiversidad en caída libre. Cómo las políticas erradas aceleran la policrisis” demuestra cómo estas crisis están interrelacionadas y como las políticas climáticas socavan aún más la biodiversidad. Lo que necesitamos es un cambio de sistema verdadero que se centre en las causas estructurales subyacentes, ponga en cuestionamiento las relaciones de poder existentes y desmantele todas las formas de opresión y explotación.
Intrínsecamente relacionadas, las crisis del cambio climático y la biodiversidad son el resultado de los mismos sistemas económicos, sociales y políticos que dan prioridad a maximizar las ganancias por encima de los pueblos y el medioambiente y recompensan la explotación, y se exacerban entre sí.
Alrededor de 1 millón de especies vegetales y animales se encuentran en peligro de extinción actualmente según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, y el aumento de las temperaturas y la mayor frecuencia y gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos provocan estragos en los hábitats, los ecosistemas y las comunidades.
Se da en ambas direcciones: la pérdida de biodiversidad también afecta enormemente a la estabilidad del clima. A medida que los ecosistemas pierden biomasa (la suma de todos los organismos vivos), la diversidad entre las especies disminuye. La deforestación y la degradación de los suelos a causa de la agricultura industrial y otras industrias extractivas han reducido drásticamente la cantidad total de carbono almacenado en la biomasa. Por ejemplo, la Amazonia se está acercando rápidamente a un punto de inflexión en el que los bosques pueden pasar de ser sumideros de carbono a convertirse en fuentes de carbono, lo que tendría impactos irreversibles y catastróficos para el clima. Las compensaciones de carbono y biodiversidad no sirven para revertir los agentes de esta pérdida de carbono y biomasa y no podrán ser nunca soluciones para la crisis del clima o la biodiversidad.
Para hacerle frente a estos grandes desafíos es necesario adoptar un enfoque holístico. Sin embargo, las respuestas políticas actuales nos acercan cada vez más a un callejón sin salida.
Las políticas climáticas internacionales que presionan a favor de las falsas soluciones no sirven para hacerle frente a estas crisis y agravan este bucle de retroalimentación negativa. Los agrocombustibles, por ejemplo, que se impulsan como supuesta “solución” para reemplazar a los combustibles fósiles y abastecer la demanda de combustible de los automóviles, han ganado mucha popularidad en los últimos años, aunque plantean grandes inquietudes: su producción genera una competencia feroz por la tierra entre los cultivos para producir energía y los cultivos para producir alimentos, y reduce drásticamente la disponibilidad de tierras cultivables para producir alimentos. Esto a menudo tiene como resultado mayor deforestación y más acaparamientos de tierras, lo que afecta desproporcionadamente a los Pueblos Indígenas y las/os productoras/es de alimentos de pequeña escala, poniendo en riesgo sus vidas y medios de sustento y erradicando sus conocimientos ancestrales.
Las compensaciones de carbono basadas en el carbono almacenado en los bosques, como REDD+ y las soluciones basadas en la naturaleza, también han ganado impulso a pesar de requerir cantidades poco realistas de tierras para supuestamente compensar las emisiones actuales provenientes de los combustibles fósiles. Estas compensaciones se basan en la idea de que evitar destruir la naturaleza, y por lo tanto evitar liberar más carbono a la atmósfera, da el derecho de emitir más en otro lugar. Esto implica perpetuar la cantidad de emisiones evitadas. Y tiene como resultado que esa misma naturaleza se vea amenazada por el cambio climático, en lugar de compensarlo.
Promocionadas como una solución para las crisis del clima y la biodiversidad que podrían ser favorables para las economías de los estados, en realidad no son nada más que falsas soluciones que socavan aún más la biodiversidad y nos ponen en riesgo a todas/os. Retrasan la adopción de medidas urgentes y adecuadas y a su vez tienen consecuencias desastrosas para las comunidades y los ecosistemas, especialmente en el Sur Global. Plantar árboles, principalmente en plantaciones de monocultivos de árboles que son perjudiciales para la biodiversidad, también se ha convertido en una de las técnicas preferidas de maquillaje verde para las grandes empresas que buscan retrasar la adopción de medidas y potenciar su imagen (teniendo en cuenta su papel en la policrisis) para poder seguir obteniendo ganancias a partir de la crisis que generaron. En su lugar, necesitamos medidas que le hagan frente urgentemente a las causas estructurales subyacentes del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
Claramente, las falsas soluciones no serán lo que nos saque de este problema. Por el contrario, las grandes empresas y los países ricos que las respaldan hundirán aún más a la humanidad y al medioambiente. Para hacerle frente realmente a esta policrisis, se necesita un cambio de sistema verdadero que llegue a la raíz del problema, y que desmantele y evite replicar las mismas formas de opresión y explotación.
Al mismo tiempo, es igualmente importante reconocer y empoderar a las mujeres y a los Pueblos Indígenas y Comunidades Locales (PICL), cuyas prácticas y conocimientos científicos, históricos y colectivos tradicionales son invaluables para preservar los ecosistemas de los que dependemos. Las mujeres siempre han sido quienes cuidan los bosques y los ecosistemas. Sus voces deben ser escuchadas y respetadas, al igual que las voces de los Pueblos Indígenas en los procesos de toma de decisiones relativos a sus tierras.
A medida que nos acercamos a la COP30, las crisis interrelacionadas del cambio climático y la pérdida de biodiversidad exigen repensar fundamentalmente nuestro enfoque. Al reconocer las interconexiones, frenar las políticas perjudiciales y apoyar el conocimiento indígena, podemos forjar un camino hacia el cambio de sistema que proteja los ecosistemas de nuestro planeta y proporcione un futuro sustentable para los pueblos y comunidades, especialmente aquellas del Sur Global, que son las más afectadas. Lo que está en juego es más importante que nunca.
Les compartimos la siguiente invitación sobre esta charla que dará nuestro compañera Anita Vázquez Carpizo, acompáñanos este sábado 17 de mayo a las 6 pm en el Espacio Cultural El Paliacate, calle 5 de mayo # 20 en San Cristóbal de Las Casas.
A proposito del las #EleccionesJudiciales les compartimos este video de Fabrizio Mejía: Vota este #1DeJunio por el Poder Judicial en estas elecciones históricas #vota1dejunio
El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en este programa estaremos platicando con el Abogado Federico Anaya Gallardo, candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre el tema: La elección para renovar el Poder Judicial Federal. Un hito inédito en la historia de México.
Acompáñanos este miércoles 14 de mayo a las 6:00 pm por facebook live y nuestro canal de Youtube.
Martes 20 de mayo de 2025 a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
Sinopsis: El “asesino número uno” de México no son los cárteles del narcotráfico: es la diabetes tipo 2. EL SUSTO (“The Shock”) cuenta la historia de cómo valientes defensores de la salud pública en México sacudieron a un gigante, la poderosa industria de bebidas, también conocida como La Gran Industria Refresquera, al tomar acciones para frenar el consumo de las bebidas azucaradas,
con lecciones inspiradoras para el resto del mundo.
Les compartimos el siguiente comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA – A 15 de abril del 2025
Hace unos días, en respuesta al anuncio del presidente de Estados Unidos, D. Trump sobre el alza de aranceles, la presidenta C. Sheinbaum y el secretario de Economía M. Ebrard, presentaron 18 acciones para reforzar el Plan México y el mercado interno mexicano. Dentro de estos puntos destacan iniciativas anunciadas como un “fortalecimiento de la soberanía alimentaria y energética”, así como la expansión de la infraestructura de transportes (trenes de pasajeros, carreteras, ampliación de puertos y aeropuertos), la construcción de vivienda y el fortalecimiento de algunas actividades industriales para el mercado interno (automotriz, semiconductores, baterías, acero y aluminio, farmacéutica, textil, calzado entre otras).
Como ya lo habíamos señalado en un comunicado anterior donde presentamos un análisis sobre el “Extractivismo en el Plan México”, expresamos nuestra preocupación ante las acciones impulsadas por dicho plan, las cuales podrían ampliar y profundizar exponencialmente —de manera directa e indirecta— el modelo extractivo que históricamente ha impactado los territorios en todo el país. Hoy, reiteramos nuestro llamado de alerta sobre dos aspectos específicos de esta política que, desde REMA, consideramos especialmente preocupantes:
“Ampliar la autosuficiencia energética”: El riesgo de reactivación del fracking en México y del incremento en la extracción de minerales
La segunda acción presentada pretende “Ampliar la autosuficiencia energética”, algo que se pretende hacer reduciendo las importaciones de gas natural desde EE. UU., al tiempo que se impulsan nuevos proyectos de centrales eléctricas de la CFE y de actores privados (principalmente centrales de Ciclo Combinado que funcionan con gas metano, así como parques eólicos y/o fotovoltaicos), a la vez que se amplían las redes de transmisión y distribución eléctrica.
La REMA, consideramos que si bien en el contexto geopolítico actual resulta efectivamente importante actuar para reducir la dependencia energética del país, particularmente la subordinación del sistema energético mexicano hacia los intereses estadounidense -recordemos que actualmente México importa de su país vecino el 86% del gas que consume para producir electricidad y abastecer algunas industrias[1]-, la estrategia que plantea el gobierno no es alentadora para los movimientos sociales contra el extractivismo. El discurso oficial argumenta que esta posible reducción de las importaciones de gas metano desde EE.UU. se compensará con un aumento de la producción de gas a nivel nacional a través de “la recuperación sustentable de gas”. Sin embargo, aumentar significativamente la producción de gas metano en México sólo parece técnicamente viable con la reactivación de proyectos de fracturación hidráulica, algo opuesto a cualquier idea de “técnica sustentable” debido a todos los impactos socioambientales que eso implica, y que contraviene las promesas y posturas que durante las campañas C. Sheinbaum y AMLO manifestaron sobre su oposición al fracking y el estar a favor de prohibir esta actividad en México. De la misma forma, la construcción de nuevas centrales eléctricas significa también una expansión del modelo extractivo. Esto porque invariablemente, las nuevas centrales de Ciclo Combinado de la CFE aumentarán la demanda de gas, mientras que, por otro lado, las centrales “renovables” a construir requieren de grandes cantidades de minerales (principalmente hierro, cobre, aluminio y distintas tierras raras para parques eólicos y fotovoltaicos).La ampliación de las redes de transmisión y distribución eléctrica, para conectar al sistema eléctrico nacional todas estas nuevas centrales y también todos los nuevos sitios de consumo (nuevos parques industriales anunciados, nuevas zonas turísticas, centros de carga para coches eléctricos, etc.), requiere a si vez de grandes cantidades de cobre, lo que nos parece bastante preocupante con todo los antecedentes de despojo y de contaminación relacionados con su extracción en México.
Es erróneo proyectar la autosuficiencia energética de México con base en la ampliación de la frontera extractiva del gas, o construyendo más centrales eléctricas para buscar mantener a flote los mismos patrones de producción industrial y de consumo. Una verdadera política de izquierda sería reducir significativamente los grandes consumos energéticos, relacionados principalmente con actividades industriales de gran escala. Mismas que hoy están siendo promovidos como “polos de desarrollo para el bienestar”.
“Fortalecer industrias para el mercado interno”: El riesgo de aumentar la explotación de los bienes naturales y sociales, así como la creación de nuevas zonas de sacrificio
Si bien es importante fortalecer procesos de producción locales y disminuir las importaciones de una gama cada vez más amplia de productos provenientes de territorios cada vez más lejanos, dados los costos ambientales y de sobreexplotación de la fuerza de trabajo que estas cadenas de producción mundial usualmente conllevan, lo que el gobierno llama “sustitución de cadenas de producción global” es un ejercicio que puede ser también bastante peligroso y engañoso. El gobierno anunció el aumento en la producción de la industria petroquímica, farmacéutica, de fertilizantes y textil, lo que implica ineludiblemente una mayor explotación de recursos naturales, principalmente el agua, y un gran aumento de los desechos relacionados con esas industrias, con los problemas de contaminación al agua, la tierra y el aire que eso genera. Algunas de las industrias que se pretenden fortalecer tienen una relación directa con el modelo extractivo minero, como es el caso de la industria del acero y aluminio, en la cual se anuncia inversiones en nuevas plantas. Una de ellas es una planta de transformación de aluminio que se pretende desarrollar en Asunción Ixtaltepec (Oaxaca) en uno de los mal llamados “Polos de desarrollo para el bienestar” del Corredor Interoceánico. También el sector minero resulta fundamental para el objetivo de “fortalecer la producción de semiconductores, baterías y otros componentes relacionados con la industria automotriz”. Eso se relaciona con el Plan Sonora, y la extracción de minerales como litio, silicio, azufre, boro o cadmio, y también con el desarrollo de nuevos parques industriales en la zona norte y centro del país (Bajío).
La ecuación simplista que respalda este modelo de supuesto desarrollo basado en el principio de a más industrias, más trabajo, es una postura que elude la verdadera discusión sobre trabajos con condiciones de vida dignas, así como sobre los costos reales de la industria, que debe incluir una valoración real de todas las implicaciones y los riesgos socioambientales de estas actividades, mismos que generalmente son invisibilizados y “externalizados”. Repetir un modelo basado en el principio de “entre más industria, más empleo”, no permite reconocer las implicaciones ambientales, sociales y políticas de la profundización del modelo maquilador y su expansión hacia nuevos territorios, que se asocian generalmente con un aumento de la violencia y de la presencia de redes de macrocriminalidad, con procesos de explotación de los cuerpos como fuerzas y mercancías laborales lícitas e ilícitas. Si bien esta propuesta de desarrollo y de fortalecimiento del mercado interno puede generar cierto derrame económico y la generación de empleos, está estrechamente asociada con una sobreexplotación de los bienes naturales y sociales que terminará creando nuevas zonas de sacrificio y desplazamientos de poblaciones que, por el agotamiento de sus bienes comunes, se ven forzadas a migrar o a incorporarse como fuerza de trabajo pauperizada en estos sectores.
El contexto geopolítico actual, y la nueva guerra comercial relacionada con los aranceles, pone a los gobiernos del mundo en una encrucijada donde las únicas dos opciones parecen ser: 1. Seguir manteniendo un modelo económico globalizado, que ha traído consigo despojo, desplazamiento forzado, destrucción ambiental y violencia, y ha sido sumamente injusto y depredador a nivel mundial, o 2. Apostar hacia proteccionismos económicos y repliegues nacionalistas, con sus posibles derivas fascistas, sin que eso implique un cuestionamiento o una paulatina salida del modelo extractivo.
Al modelo extractivo no le preocupa mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Le interesa sobre todo el lucro, el usufructo despiadado de los territorios, teniendo como moneda de cambio el brutal empobrecimiento y desgarramiento social y geográfico de las comunidades.
Desde la REMA creemos que, si bien el contexto mundial actual es complejo, existen otras opciones. Otros modelos económicos y de desarrollo que apuestan hacia las necesidades reales de reproducción de los pueblos y no del capital. Eso no pasa por decisiones políticas arbitrarias tomadas desde arriba para “salvar o proteger economías nacionales”, sin cuestionar el modelo económico y de consumo que las sostiene, sino que se construye con debates horizontales y permanentes, sobre los valores de uso necesarios para cada comunidad o localidad, sobre la pluridimensionalidad de la palabra “bienestar” lejos de su sentido extractivo e industrializado. Por redefinir lo esencial desde y para los pueblos.
Para más información:
[1]GeoComunes (2025). ¿Qué impulsa la expansión de plantas de licuefacción de gasmetano (GNL) en México? https://geocomunes.org/Visualizadores/GNL-Mexico
El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en este programa estaremos platicando con el Doctor Marcos Arana Cedeño, Coordinador de Defensoría del Derecho a la Salud. Sobre el tema: Gaza. Genocidio e Impunidad.
Acompáñanos este miércoles 7 de mayo a las 6:00 pm por facebook live y nuestro canal de Youtube.
Compartimos este comunicado a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA – A 14 de abril del 2025
A poco tiempo de otra temporada de lluvias, hacemos un llamado urgente desde la Comunidad Indígena de Cicacalco a PROFEPA y SEMARNAT a cumplir con sus responsabilidades para asegurar el cierre, remediación y abandono adecuados del mal llamado “relleno sanitario”, instalado hace casi seis años en nuestras tierras por el municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, Zacatecas. Urge su actuación a favor de nuestros derechos colectivos al agua, la salud y un medioambiente sano. Para vigilar la actuación del ayuntamiento municipal y para monitorear el agua, el suelo y los sedimentos dado que el sitio que ha tenido un mal manejo desde su inicio en una zona con presencia de agua superficial y subterránea, evidenciado por la numerosa presencia de norias y ojos de agua, importantes en el abasto de agua de la comunidad.
En septiembre de 2020, tras quejas previas por la mala instalación y peor operación del mal llamado «relleno sanitario» en Cicacalco, como comunidad indígena decidimos detener las actividades del mismo que fue colocado sobre el nacimiento del arroyo Los Tecongos, afluente del río Tlaltenango, y a menos de 800 metros de varios ojos de agua que están sobre el cauce de dicho arroyo. Dentro de poco tiempo, empezamos a sufrir una serie de afectaciones al ambiente, a la salud comunitaria y a nuestras actividades agrícolas por el tiradero a cielo abierto, ya que a su interior se mezclaron sin ningún tratamiento desechos urbanos, desechos tóxico infecciosos y múltiples animales muertos. Desde el inicio, ha tirado lixiviados intencionalmente sobre el arroyo Los Tecongos, especialmente en temporada de lluvias. A partir de entonces se iniciaron una serie de procesos (judicialización de la protesta, reuniones, mesas de trabajo, conferencias de prensa, estudios) a través de los cuales las autoridades de todos los niveles intentaron convencer a la comunidad de que todo estaba bien, que eran solo detalles, y que las quejas interpuestas eran mero pretexto de alborotadores manipulados para fines políticos.
En la comunidad indígena no cejamos en el empeño de demostrar a las autoridades el daño ambiental que se estaba produciendo a partir de la operación de la supuesta «joya de la corona», según el decir de un ex presidente municipal cuando se inauguró el Relleno Sanitario en junio de 2019. Documentamos, denunciamos y defendimos nuestro derecho al medio ambiente sano y a la salud, aun contra los mecanismos interpuestos por la autoridad, tales como los amparos, la administración y manejo del conflicto, la deslegitimación y el uso deshonesto de muestreos de agua y lixiviados, que retrasaron muchas de las resoluciones. A pesar de ello, en noviembre de 2022, una vez comprobados los hechos denunciados, la PROFEPA, dictaminó la CLAUSURA TOTAL DEFINITIVA.
Como la clausura del sitio no resuelve el impacto ambiental y a la salud generado a partir de la fuga de los lixiviados y de la mala disposición de los residuos sólidos urbanos en el sitio, iniciamos un nuevo proceso por parte de la comunidad para buscar el cierre y abandono adecuado, con las labores de contención necesarias para evitar que siguiera la dispersión de los contaminantes en nuestro territorio.
Y nos hemos encontrado de todo: normatividad muy flexible, vacíos en los reglamentos ambientales, la falta de capacidad técnica, pero sobre todo, la cerrazón y el abandono de las autoridades que en materia ambiental debieran estar al pendiente del proceso.
Señalamos la ausencia de PROFEPA Y SEMARNAT especialmente desde el cambio de gobierno federal, quienes han dejado que la autoridad municipal lleve a cabo las actividades de cierre del basurero bajo un burdo conjunto de actividades, aplicadas de manera discrecional, sin un plan claro que oriente las medidas de contención, reparación y acciones necesarias para evitar que se incremente el daño ambiental causado a nuestra comunidad.
Hemos solicitado la intervención de la PROFEPA y SEMARNAT a nivel federal mediante los oficios dirigidos a las dos dependencias para que el proceso de cierre sea consistente y debidamente acompañado, sin embargo las dependencias se encuentran mudas y no han dado respuesta a nuestras peticiones en torno al problema que se incrementa con las lluvias.
Por más de seis períodos de temporadas de agua, los escurrimientos de los lixiviados al lecho del arroyo de los Tecongos han afectado los cuerpos hídricos, no sólo de los ojos de agua, sino también del río Tlaltenango. Exigimos por lo tanto que las autoridades en materia ambiental cumplan con su responsabilidad de vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la restauración, preservación y protección de los ecosistemas, a la vez que estimula, fomenta y respeta la participación de nuestra comunidad indígena en la vigilancia y cumplimiento de este proceso en todas sus etapas. Que hagan presencia en nuestra comunidad a fin de concluir de forma cabal con las operaciones de contención, cierre, abandono y monitoreo adecuados del fallido relleno sanitario que irónicamente estuvo clasificado y sólo de palabra “entre los veinte mejores de nuestro país.”
Les compartimos este capítulo del podcast La tierra que arde producido por RGC – Redes de Gestión Cultural donde abordan temas reflexionando en torno a la cultura, el medio ambiente y la emergencia climática en este episodio una entrevista con nuestro compañero Gustavo Castro
En este capítulo de La Tierra Arde, nos trasladamos a Chiapas, México, para conversar con Gustavo Castro Soto, reconocido activista ambiental y fundador de la organización Otros Mundos. Desde hace décadas, Gustavo ha trabajado en la defensa del territorio y de los pueblos indígenas frente a los megaproyectos extractivistas, revelando cómo la minería, las represas y los monocultivos están destruyendo no solo la biodiversidad, sino también los corredores culturales y modos de vida ancestrales.
A través de un relato conmovedor y profundo, Gustavo reflexiona sobre la resistencia comunitaria, la criminalización de los defensores ambientales y la necesidad de construir alternativas locales frente al extractivismo global. Además, comparte su experiencia cercana al asesinato de la líder indígena Berta Cáceres y cómo este suceso evidenció la complejidad de un sistema que combina corrupción, narcoestado y poder empresarial.
🎧 Escuchá el episodio completo en Spotify y miralo en YouTube.📢 Resistir, prevenir y crear alternativas: la lucha por un mundo donde otros modos de vida son posibles.
Podes escucharlo en Spotify: ACÁ
O en youtube:
Un podcast para abordar los vínculos entre cultura, tecnología, democracia y emergencia ambiental. Entrevistas conversacionales a artistas, intelectuales y activistas de Latinoamérica y España. Un espacio para pensar desde la cultura los desafíos de la emergencia ambiental, las crisis de nuestras democracias y las transformaciones que las tecnologías traman en nuestras vidas.
El viaje de La tierra arde fue logrado gracias a María Iribarren, Ángel Mestres y Nicolás Sticotti.
Una coproducción de RGC y Transit Projectes, con apoyo de la Universidad Nacional de Avellaneda.
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