Compartimos esta invitación al panel en el marco de la conmemoración al décimo aniversario de la siembra de Berta, donde estará participando nuestro compañero Gustavo
Acompañanos este viernes 27 de marzo a partir de las 9 de la mañana en el campus de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 12 de marzo de 2026
Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), condenamos enérgicamente el cobarde atentado que sufrió el día de ayer 11 de marzo, el compañero Erik Saracho, defensor ambiental y del territorio, en la comunidad de San Francisco (San Pancho), Nayarit.
Erick Saracho, desde hace muchos años ha dedicado su vida a la defensa del Jaguar y su hábitat. Es presidente de la Asociación Civil Alianza Jaguar, desde donde hace trabajo en la selva protegiendo a esta especie. También lleva a cabo arduo trabajo de educación ambiental y defensa del territorio contra proyectos turísticos e inmobiliarios que afectan gravemente los ecosistemas costeros y las actividades productivas de la comunidad de San Pancho.
Alianza Jaguar forma parte de la Red Medio Ambiente y Sustentabilidad (Red MAS), desde hace tiempo, Alianza Jaguar y en particular Erick Saracho, se habían visto agredidos en medios de comunicación por empresarios y desarrolladores que han armado una campaña de odio contra él, difundiendo que estaba frenando el desarrollo en San Pancho y oponiéndose al progreso: El mismo argumento de siempre de las grandes corporaciones y aún del gobierno, para deslegitimar la lucha por la vida.
Exigimos a las autoridades se investigue este hecho y se castigue a los responsables. Solicitamos al Mecanismo de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que intervenga eficazmente para salvaguardar la vida de Erick Saracho.
Desde la REMA, respaldamos la lucha de la Asociación Civil Alianza Jaguar y enviamos un abrazo solidario al compañero Erick, deseando su pronta recuperación.
Participa en el II Encuentro Agua, Tierra y Vida
Del 20 al 22 de marzo de Acasico, Palmarejo, Tamacapulin, Jalisco
Información al 3312166100 y 3335029786
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
Gustavo Castro Soto
Otros Mundos Chiapas
17 de Marzo 2026 San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/
Chiapas es uno de los pulmones más importantes de México. Si embargo, la tala ilegal de madera en el estado representa un problema enorme en términos ambientales, sociales y productivos desde hace muchas décadas y que se agudiza con los años. Esta tala ilegal profundiza la deforestación de selvas y bosques, la pérdida de los ecosistemas, de la biodiversidad de flora y fauna, y más aún la que está en peligro de extinción. Por si fuera poco, esto se agrava por las consecuencias que acarrea sobre los ríos, los azolves, la erosión de los suelos y los cambios climáticos en la región.
Mientras que se calcula que el 50% de la madera que se comercializa en México es ilegal1, en el estado de Chiapas llega al 90%.2 Esto es escandaloso.
Según la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la deforestación en Chiapas alcanzó 359,789.18 hectáreas entre 2001 y 2021, lo que significa una tasa de pérdida de 17,989.5 hectáreas cada año.
El Biólogo Raúl Fernando Álvarez Narca, director de Protección Forestal de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN) del estado de Chiapas, afirmó que anualmente el estado pierde alrededor del 2.4% de sus bosques en gran parte por la tala ilegal clandestina principalmente de pino, pero también de caoba, cedro, roble, tzalam, guanacastle, entre otras especies tropicales, lo que equivale a 45 mil hectáreas de bosques y selva.3
Jorge León Cortés, investigador en el departamento de conservación de la biodiversidad en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), afirma que en Chiapas se ha perdido en los últimos 50 años el 43% de bosques y que solo el 18% de la cobertura vegetal puede considerarse natural.4 Mientras, Nature Conservancy afirma que cada diez años Chiapas ha perdido 10% de sus bosques y que en las últimas cinco décadas se han perdido más del 50% por ciento de bosques nativos.5
Por su lado, el Mapa para la Resiliencia manifiesta que ante el Cambio Climático, Chiapas es el segundo estado con mayor deforestación, ya que entre los años 2002 y 2014 se perdieron 2,300.85 km2 de bosques y selvas primarios. Y es que la entidad es un importante productor de ganado en el país.6
Pese a los trabajos de prevención y vigilancia que realiza la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), se calcula que se ha perdido ya el 30% de la superficie forestal del Parque Nacional Cañón de Sumidero por la mancha urbana que avanza de manera acelerada deforestando el Parque que contaba con 20 mil hectáreas de zona natural protegida.7
Los funcionarios estatales advierten que “la pérdida de cubierta forestal afecta a más de 500 especies de vertebrados, altera patrones de lluvia y reduce la disponibilidad de agua, impactando la agricultura y la vida rural”.8
Así, la deforestación avanza por la tala ilegal pese a que la Fiscalía General del Estado de Chiapas haya realizado 92 operativos tan solo en el primer semestre de 2024 con el fin de prevenir los delitos ambientales. Se asegura que se han detenido a muchos traficantes de madera y que se han recuperado miles de piezas de madera que se transportan de manera ilegal, y sin embargo no se informa de su paradero. Aunque la Guardia Nacional, la SEMANH y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) luchan contra el tráfico ilegal de madera, no es suficiente para detener la deforestación de los bosques y selvas que continúa en aumento.9
En mayo de 2025 la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, el Ejército y PROFEPA realizaron un gran operativo en el municipio de Altamirano, considerado el más grande contra la tala ilegal en Chiapas, donde se aseguraron 12 aserraderos clandestinos y se clausuraron 14 centros de almacenamiento. En el municipio de Ocosingo se detuvo a un conductor de tráiler que transportaba cerca de 4,687 piezas de madera sin documentación. En Chiapas, de acuerdo con el artículo 419 del Código Penal Federal, este delito se castiga con hasta 6 años de prisión y multas de hasta 20 mil días cuando se trata de madera extraída de áreas naturales protegidas.
Pese a todos estos esfuerzos, en el estado de Chiapas es común observar en las comunidades, en los caminos y carreteras, a los camiones cargados de madera. Incluso puntos de venta de madera ilícita en las cabeceras municipales con bodegas llenas de tablones, leña, carbón y otros subproductos de madera para la construcción. Los aserraderos y carpinterías están a la mano en cualquier ciudad o comunidad. Las motosierras no dejan de escucharse a lo lejos. Entonces pareciera que las autoridades no están presentes para combatir este crimen ambiental. Los bosques van desapareciendo y se observan cada vez más los cerros pelones y kilómetros de selvas sin selvas, ganado intensivo o plantaciones de palma de aceite que no son bosques ni selvas.
La demanda de madera para el uso del carbón, para la construcción, ebanistería, muebles finos, etc., entran al mercado negro a un precio más bajo y evitan costos económicos por trámites, pero también evitan instalar programas de manejo forestal, registros, cumplimientos fiscales, pagar asesorías y otros gastos que implica el mercado legalizado de la madera.
En el municipio de San Cristóbal de las Casas se registran muchos puntos de venta de madera ilegal provenientes de pinos de hasta 15 o 20 metros de altura talados clandestinamente en la región de Los Altos. Se calcula que al menos 50 aserraderos clandestinos operan deforestando día y noche los bosques de la región para luego llevarlos al mercado negro de madera en diversos puntos de la Ciudad de San Cristóbal de las Casas.11 12
Para las comunidades la venta ilegal de madera implica un ingreso económico relativamente fácil frente a las dificultades de generar otro tipo de ingreso. Por ello, no sólo es trabajo de las autoridades la vigilancia, la persecusion del delito y la prevención, sino también de las comunidades y otros actores para buscar alternativas que eviten el avance de la tala que, de seguir la misma tendencia, en 10 o 20 años más la deforestación podrá acarrear pérdidas ecosistémicas irreparables e irreversibles.
Frente a la deforestación galopante en Chiapas, la perdida de biodiversidad que genera así como la degradación de los suelos y la falta de acceso al agua, en muchas comunidades y ejidos han prohibido
talar árboles para el consumo de leña en los hogares. Esto provocó que algunas familias buscaran comprar gas LP con altos costos, o comprar carbón o leña de hasta 4 mil pesos la “camionada” en otras comunidades o ejidos aledaños.
Es por ello que apareció la BIORED, la Red de Biodigestores de Chiapas. Hasta la fecha se han instalado más de 50 biodigestores y 14 sistemas de captación pluvial con geotanques de 7,800 litros de capacidad. Con esto fortalecen la autonomía energética. Estos sistemas eliminan el 100% de consumo de gas LP (en cilindros) y un 50% de la quema de leña; evita la compra de fertilizantes químicos gracias al uso de biofertilizante que genera el biodigestor diariamente, y se logra la mejora de las condiciones de vida inmediata de las familias sobre todo en mujeres, niñas y niños.
Con el biodigestor se construye una alternativas frente al Cambio Climático. Cada sistema tiene la capacidad de capturar hasta 10 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2eq), esto es igual a
2.4 m3 de biogás al día equivalentes a 3 horas de estufa de dos quemadores prendidas, y 150 litros de
biofertilizante que podrá fertilizar hasta 4.5 hectáreas de cultivo anualmente por biodigestor instalado.
Así, con este sistema de biodigestores, hasta la fecha se han fertilizado más de 225 hectáreas con biofertilizante y se han beneficiado directamente más de 250 personas. Anualmente se ha logrado la captura de 500 Ton de CO2eq, se dejó de consumir 15,000 kg de gas LP, y se han salvado más de 200 árboles al no ser talados por el uso de energía renovable como lo es el biogás.
Sin embargo, existen otras alternativas creciendo y enfrentando la deforestación, tal es el proyecto de“El Carbonerito” para al producción de carbón ecológico, con el mismo costo que el tradicional carbón y con mejor rendimiento.
Es hora de las alternativas de autonomía, descentralizadas y en manos de los pueblos!
La actividad humana en el Planeta genera que millones de hectáreas de bosques desaparezcan aceleradamente. Por ello es importante solidarizarnos con las luchas que se dan en cada rincón del mundo donde los pueblos originarios, pero también campesinos y pueblos urbanos, luchan por defender la Madre Tierra. Invitamos a apoyar las Peticiones que Salva la Selva promueve en todo el mundo:
https://www.salvalaselva.org/peticion
Te invitamos a registre la actividad que realizaras con tu colectivo en cualquier parte que te encuentres y unir nuestras acciones por los ríos libres
El sábado únete a nosotros para celebrar nuestros ríos en este 29º día internacional de Acción por los Ríos
Registra tu acción usando este enlace- https://intlrv.rs/DoA2026inscribirse
Por favor, únanse a las y los protectores y defensores de los ríos de todo el mundo en el Día Internacional de Acción por los Ríos. Seamos parte de este momento global de solidaridad con los ríos y las comunidades que los defienden.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco – A 27 de febrero de 2026
El pasado 3 de febrero, se envió una carta a Claudia Sheimbaum y diferentes autoridades involucradas en el Plan Nacional Hídrico, firmada por 79 organizaciones, nacionales e internacionales, que solicitan la cancelación del proyecto de la presa Milpillas en los Municipios de Jiménez del Teúl y Sombrerete en el Estado de Zacatecas[1].
La firma de las organizaciones reconoce la lucha por la defensa del río que ha sido sostenida por más de 10 años por el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco integrado por los Ejidos de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales, además de integrantes de la cabecera municipal de Jiménez del Teul.
Frente a este respaldo amplio, el gobierno del Estado de Zacatecas respondió que “la REMA ha sido opositora a varias presas, me parece irracional”[2] sugiriendo así que por encima de las 79 organizaciones firmantes, es la REMA quien no quiere la presa Milpillas . Con esta declaración intentan minimizar el amplio respaldo y la fuerza de las comunidades que reiterada y claramente han rechazado el proyecto en un acto de ejercicio legítimo a la autodeterminación.
La oposición a la presa nace en las asambleas ejidales, nace de las y los habitantes que han cuidado históricamente el Río Atenco y que comprenden con absoluta legitimidad lo que está en juego: su agua, su tierra, su forma de vida y su derecho a decidir sobre su futuro.
El Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, es miembro de la REMA, por lo tanto, cuando se refieren a la REMA, también se refieren al Movimiento que está siendo acompañado por muchas otras organizaciones nacionales e internacionales. Es un proceso organizativo comunitario que es autónomo, la labor de las organizaciones aliadas ha sido documentar, visibilizar y respaldar la defensa del territorio frente a un proyecto que carece de sustento técnico, ambiental y social.
El proyecto Presa Milpillas presenta inconsistencias graves que han sido señaladas por múltiples actores:
Pretender reducir la oposición social a la influencia de una organización es, con dolo y mala fe, desconocer deliberadamente las múltiples asambleas ejidales en las que se ha rechazado el proyecto, así como las actas y posicionamientos públicos que documentan esa decisión colectiva por más de 10 años, también.
Otra cuestión que es importante señalar es que la imposición del proyecto de la presa, eso que el titular del gobierno del estado y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno llaman “socialización del proyecto”, ha significado violencia para las personas defensoras del territorio a través del hostigamiento, la estigmatización pública, los intentos de división comunitaria, las presiones políticas y las descalificaciones desde el poder. En este entendido, la narrativa oficial que culpa a terceros y deslegitima la organización comunitaria, se suma a los factores que incrementan el riesgo para quienes ejercen el derecho humano a defender los derechos humanos, contraviniendo así los acuerdos internacionales ratificados por el Gobierno de México, que lo obligan a garantizar la participación pública en asuntos ambientales y la protección de personas defensoras.
La defensa del Río Atenco no es un capricho ni una manipulación externa, es el ejercicio legítimo del derecho a la libre determinación, al territorio, al agua y a un medio ambiente sano. En lugar de descalificar el proceso de defensa, el gobierno del estado debería responder con información pública verificable, estudios técnicos independientes y mecanismos reales de participación. Si el proyecto fuese viable y tuviera el respaldo social, sus promoventes no necesitarían desacreditar a quienes lo cuestionan.
Desde la REMA reconocemos la valiente y digna lucha del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco y a las comunidades que han decidido, de manera soberana, defender su cuenca.
La discusión no debe centrarse en señalar culpables externos, sino en responder a una pregunta fundamental: ¿por qué, si el proyecto es tan benéfico como se afirma, las comunidades directamente afectadas lo rechazan de manera contundente?
Un patrón histórico en la imposición de las presasen México, en la construcción de grandes presas ha seguido un patrón reiterado que ha sido ampliamente documentado. El Dictamen de la “Pre-audiencia Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad” del Tribunal Permanente de los Pueblos, concluyó que existe un proceso sistemático de violaciones a derechos humanos antes, durante y después de la construcción de presas, acompañado por desinformación, falta de respeto al consentimiento de las comunidades acerca de los proyectos y criminalización de la protesta.
La respuesta no está en la REMA.
Está en el territorio.
[1] REMA (febrero 2026). Carta a autoridades | Organizaciones y comunidades alertan sobre violaciones a derechos humanos y exigen la cancelación del proyecto Presa Milpillas.
[2] Ver entrevista en Sizart Noticias: https://www.facebook.com/reel/1622997692466336
[3] REMA (febrero 2026). Vidéo Exigimos no se apruebe la MIA Milpillas
Revisa la carta completa en: https://www.remamx.org/2025/11/especialistas-y-comunidades-del-rio-atenco-llaman-a-firmar-carta-a-semarnat-sobre-la-mia-2025-de-la-presa-milpillas/
Imagen: Río Atenco Libre Foto: Adolfo Vladimir
Compartimos esta mapeo de economías solidarias donde participa el Túmin y la BIORED – A febrero 2026
PRESENTACIÓN
Según estudios del Banco Mundial, los pueblos indígenas del mundo representan el
6% de la población mundial, pero protegen el 80% de la biodiversidad del planeta. Y
también están entre las poblaciones más afectadas por conflictos socioambientales
contra proyectos extractivos.
María del Mar Parra (eldesconcierto.cl)
Nuestro planeta parece sufrir una enfermedad autoinmune, en la cual el sistema de autocuidado
y protección acaba atacando al propio organismo hasta el límite de poner en jaque su supervivencia.
Los anticuerpos que se han visto alterados y que andan confundidos agrediendo a aquello que les
da la vida somos, sin duda, muchos de los seres humanos que habitamos este cuerpoTierra.
Vivimos bajo unas lógicas y estructuras que nos llevan a situaciones tan absurdas como las presentadas en la cita que encabeza este texto, generando conflictos, dificultades y menosprecio hacia aquellas células (personas, pueblos) que todavía no han perdido su propósito original: ser guardianas de ese cuerpo mayor que los ampara y los abastece.
El economista ecólogo chileno Manfred Max Neff dice que más que una crisis ambiental, social o económica estamos ante una crisis creativa. Y el sabio Albert Einstein, a parte de unas cuantas revolucionarias teorías, nos dejó frasestesoro para la evolución humana, como esta: “no se puede solucionar un problema desde el mismo nivel de conciencia o el mismo prisma desde el cual se creó”. Hay muchos desequilibrios en el mundo actual que nos piden atención urgente, pero es preciso, ante todos ellos, hacer un ejercicio profundo de liberación de las cadenas psíquicas que han encarcelado a nuestra imaginación. Y para eso hay que atrevernos a hacer las cosas con otras lógicas.
La deconstrucción de la mente colonial no es tarea fácil, y como todo, se aprende con la práctica y con el error. En ese sentido, este Mapeo Latinoamericano de proyectos de Economía Social y Solidaria en contextos extractivistas, ha querido desafiar algunos de los supuestos hegemónicos.
Por un lado, se ha generado a través de un proceso de ritmos lentos y orgánicos, retando las prisas, la impaciencia y el productivismo occidental. Por otro lado, se ha priorizado el cuidado hacia las realidades del/la otro/a o hacia la calidad y creatividad del contenido, dejando atrás la ambición cuantitativa del resultado. Esta es una investigación social pero tiene más de lenguaje poético que de lenguaje académico, tiene más de filosofía que de ciencia, pues no pretendemos traer verdades absolutas sino preguntas, vivencias, tejidos y sentires.
Es por todo ello que presentamos este mapeo social a través de una metáfora, compartiendo una radiografía de un cuerpo enfermo en busca de sus potenciales y de posibles terapias de rehabilitación.
La metáfora no es solo un recurso literario, sino que funciona como lenguaje psíquico y universal que puede romper barreras generadas por la desigualdad social, puede expresar procesos mentales profundos, como defiende Freud desde el psicoanálisis, crear nuevas perspectivas y revelar aspectos de la realidad que de otro modo no se perciben, como relata Paul Ricoeur desde la filosofía, o ser una herramienta cognitiva esencial para estructurar nuestro sistema conceptual, como afirman Lakoff y Johnson desde la lingüística cognitiva.
Hablar de los territorios como cuerpos, no solo nos ayuda a recordar que efectivamente estos son organismos vivos con ecosistemas interconectados e interdependientes, también nos permite identificarnos y recordar que somos Naturaleza, que nuestros cuerpos funcionan con las mismas lógicas, que lo que nos cuida, cuida a la Tierra, y lo que la envenena, también lo hacecon nosotras/os. Esta metáfora, además, está inspirada en una de las grandes aportaciones latinoamericanas al pensamiento contemporáneo: el concepto Cuerpo-Territorio que emerge del Feminismo Comunitario como una forma de explicar las analogías existentes entre las violencias que reciben los cuerpos de las mujeres y la Naturaleza, sugiriendo al Patriarcado como origen común de ambas. Una visión que también encontramos dentro del Ecofeminismo.
Vamos entonces a hacer un poco de (1) historia clínica del cuerpo latinoamericano, a modo de contexto y justificación de este mapeo, siguiendo con una (2) radiografía que nos permita presentar de forma sintética las realidades de los países explorados y las características principales de los proyectos de economía social y solidaria mapeados en ellos; un (3) diagnóstico del estado de este sistema inmunológico a través de los estudios de caso de las cinco iniciativas en las cuales hemos profundizado; y, por último, una propuesta de (4) terapia de rehabilitación en la que incluimos algunas sugerencias de cómo podría seguir expandiéndose y siendo útil este Mapeo.
Compartimos este comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH en el marco del décimo aniversario de la siembre de nuestra querida Berta Cáceres – A 2 de marzo de 2026
El Consejo cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) al cumplirse el décimo aniversario de la muerte de la compañera y fundadora, Berta Cáceres, alza su voz ante el pueblo hondureño y el mundo:
Berta triunfa sobre la muerte.
A diez años de su partida física, Berta Cáceres sigue siendo luz. Berta logró vencer a quienes intentaron silenciarla y hoy su voz sigue más viva en las luchas del pueblo Lenca y de los pueblos del mundo. Berta nos enseña, y exige, a hacer frente a la guerra, desigualdad y opresión con esperanza, valentía y claridad política.
Sí es posible vencer los intereses mezquinos del gran capital nacional e internacional, su ejemplo lo demuestra.
La verdad es irrefutable, la justicia es necesaria.
Hoy no queda ninguna duda. El crimen contra Berta se cometió bajo las órdenes del poder económico de Jacobo Atala, José Eduardo Atala, Pedro Atala, Daniel Atala Midence, y con la complicidad del Estado de Honduras y el financiamiento de los bancos FMO de Holanda y BCIE.
La verdad ha sido esclarecida por expertos internacionales y solo queda el inexorable camino de la justicia.
Berta nos convoca a la unidad.
El legado de Berta es un llamado a la unidad bajo la bandera de la dignidad. Es un llamado honesto a la organización comunitaria, al despertar del pueblo Lenca y a la entrega por la vida. Es un llamado a la unidad, a la superación de nuestras propias conductas incorrectas y a la autocrítica constructiva.
Berta nos convoca en estos momentos de guerras, desesperanza y retrocesos, a juntarnos en alegría y a crear el mundo y la sociedad en la que queremos vivir, de respeto de los bienes comunes, de construcción colectiva y de alternativas al capitalismo, al racismo y al patriarcado.
Por la memoria de nuestra compañera y la defensa de nuestros territorios, el COPINH:
¡Berta Vive, la Lucha Sigue!
¡Berta Vive, COPINH Sigue!
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz.”
Dado en la ciudad de La Esperanza, Intibucá, al 1ro de marzo de 2026.
Compartimos este informe publicado por Amigos de la Tierra Internacional ATI– A febrero 2026
El trigo es uno de los granos más cultivados en el mundo. Es rico en valor nutricional y constituye un alimento básico en la dieta de las personas a nivel global, presente en productos como el pan, la pasta, las tortillas, los cereales y muchos otros.
El cultivo de trigo es una fuente esencial de ingresos para numerosos agricultores. En Estados Unidos, es el tercer cultivo más producido, después del maíz y la soya, y representa aproximadamente 47 millones de acres de producción.1
En 2024, el gobierno de Estados Unidos aprobó una nueva variedad de trigo genéticamente modificado (OGM), lo que ha generado serias preocupaciones sobre la salud de la población estadounidense, los medios de subsistencia de los agricultores y el medio ambiente.
Este trigo OGM, denominado HB4, incrementaría el uso de un herbicida tóxico llamado glufosinato, una sustancia química prohibida en la Unión Europea debido a que presenta riesgos inaceptables para la salud humana — incluidos efectos tóxicos reproductivos, del desarrollo y neurológicos — así como riesgos para el suelo, las aves, las abejas y otras especies silvestres.
HB4 también amenazaría la capacidad de los agricultores estadounidenses para comercializar su trigo en mercados internacionales, ya que países importadores clave rechazan el trigo OGM. Incluso si los agricultores no cultivan HB4, su trigo podría contaminarse con genes OGM provenientes del HB4 o mediante la mezcla de trigo OGM y no OGM a lo largo de la cadena de suministro.
El trigo OGM ha sido rechazado de manera efectiva en múltiples ocasiones en Estados Unidos debido a la oposición pública, las preocupaciones del mercado y los riesgos comerciales. Ahora, consumidores, agricultores y empresas alimentarias deben dejar claro nuevamente que no hay lugar para el trigo OGM en Estados Unidos.
Compartimos esta nota de El País sobre el informe del GIEI sobre el asesinato de Berta Cáceres – A enero 2026
Por Pablo FerriCarlos S. Maldonado
A casi diez años del asesinato de la activista Berta Cáceres en Honduras, la luz penetra poco a poco en los entresijos de la trama que urdió el ataque, por el que hasta ahora hay ocho condenados. En los últimos meses, un equipo de analistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha investigado a fondo la pata financiera del complot, entre otras, tratando de entender su profundidad y alcance. La conclusión es que la dirigencia del conglomerado empresarial del que nació la trama asesina, ligada a la muy pudiente familia Atala Zablah, parece mucho más implicada en el ataque de lo que se ha podido comprobar.
El equipo de la CIDH, conocido como GIEI, mecanismo que la comisión ha usado en otros países como México o Nicaragua, ilumina ahora la madeja financiera detrás del asesinato de la activista, de la que no se sabía demasiado. En su informe de labores, que se presenta este lunes, y al que EL PAÍS ha tenido acceso estos días, los investigadores señalan que la trama criminal empleó fondos de bancos de crédito al desarrollo, de Europa y Centroamérica, para pagar a los sicarios que mataron a Cáceres. El GIEI detalla los caminos del dinero, los meandros y túneles que dispuso la trama para disimular su origen, hasta su cobro en tres cheques, por más de medio millón de lempiras, unos 25.000 dólares, y su reparto final entre los sicarios, hoy presos.
Los investigadores ponen el ojo en la familia Atala Zablah. Casi desde el principio, la sospecha apuntaba a este clan de empresarios, uno de los más ricos de Centroamérica, con intereses en bancos y otros rubros. Pero la justicia hondureña nunca ha llegado a ellos, ni siquiera a Daniel Atala, gerente financiero de Desa, la empresa cuya implicación en la trama está probada judicialmente: su presidente ejecutivo, David Castillo, fue condenado por el asesinato de Cáceres en 2021. Ahora, el GIEI dibuja a detalle la actuación y comunicaciones de Daniel y otros integrantes de la familia Atala Zablah, en los días y meses anteriores y posteriores al ataque.
Desde finales de la década de 2000, Desa, participada por el holding empresarial de los Atala Zablah, Inversiones Las Jacarandas, y por una firma de Castillo, Pemsa, impulsó la construcción de una presa en el occidente de Honduras, con el objetivo de producir energía hidroeléctrica. Pero el proyecto, conocido como Agua Zarca, chocó desde el principio con la oposición de la comunidad lenca en la zona, a la que pertenecía Cáceres, que denunciaba las afectaciones a su hábitat natural, la futura contaminación del río sobre el que se iba a erigir la presa, la destrucción, en fin, de su estilo de vida.
Madre de cuatro hijos, Cáceres encabezó este movimiento. Entre 2013 y en 2014, ella y los suyos lograron que el Banco Mundial y la empresa estatal china Sinohydro, una de las más grandes constructoras mundiales, que habían apoyado al principio el proyecto de Agua Zarca, finalmente se apartaran. La capacidad organizativa de la comunidad fue clave. Los esfuerzos de resistencia confluyeron alrededor de su organización, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copihn), fundada en 1993 por la misma Cáceres. Ya entonces, el pueblo lenca y otros vivían amenazados por la expansión de proyectos madereros, mineros e hidroeléctricos, que amenazaban ríos y tierras que las comunidades consideraban vitales para su vida.
Pese a la retirada de sus primeros patrocinadores, Agua Zarca siguió adelante. El proyecto demandaba la inversión de decenas de millones de dólares, así que Desa empujó y empujó. La empresa, detalla el GIEI, contaba con el apoyo del Estado. Es más, recuerda el equipo de expertos, “los expedientes judiciales revelan la convergencia entre estructuras empresariales y agencias estatales, los vínculos de cuatro personas imputadas por el asesinato con las Fuerzas Armadas y la creación de Desa por parte de un oficial de inteligencia militar que, al mismo tiempo, ocupaba un cargo estratégico en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica”.
Las hostilidades hacia Copihn y la figura de Cáceres crecieron con el tiempo, siempre con los Atala Zablah pendientes de la activista y sus colegas. Parecían dos mundos distintos. Por un lado, la resistencia del pueblo lenca contra Agua Zarca, que dejó varias víctimas, además de Cáceres, a lo largo de los años; por otro, los movimientos de Desa y sus dirigentes para atraer financiación al proyecto, asegurando que los que protestaban eran cuatro gatos, carentes de razón. Los últimos se salieron con la suya y llegaron a sumar a su causa a un banco holandés de créditos al desarrollo, FMO, y a otro centroamericano, el BCIE. Era tanto lo que había en juego, que Pedro Atala, uno de los principales accionistas de Las Jacarandas, llegó a decir, cinco meses antes del asesinato de Cáceres: “O ellos o nosotros”.
En esa lógica se fraguó el ataque fatal contra la activista. El GIEI Honduras detalla cómo el asesinato de Cáceres ocurrió en un contexto de máximo acoso al Copihn y su lideresa, entre finales de 2015 y principios de 2016. “Integrantes de la familia Atala”, señala el informe, “participaron directa o indirectamente en espacios de coordinación orientados a la gestión del conflicto territorial, incluyendo el grupo [de WhatsApp] denominado ‘Seguridad PHAZ’, en el que se desarrollaron acciones sistemáticas de vigilancia, recolección de información y seguimiento contra Berta Cáceres y el Copihn”. Así, la trama criminal organizó hasta cinco incursiones a La Esperanza, donde vivía la activista, para preparar el atentado. Incluso, en una de las incursiones, trataron de acabar con ella, fallidamente.
Finalmente, a la sexta la mataron. Fue en la noche del 2 de marzo de 2016. Los sicarios entraron a su casa y dispararon contra ella, hasta matarla. El activista mexicano Gustavo Castro, que estaba de visita, resultó herido y tuvo que fingir su propia muerte para salvar la vida. El GIEI recuerda que una actuación óptima de las autoridades de investigación hondureñas podría haber desbaratado los planes de la trama antes del ataque. En un caso paralelo en que investigaba una red de narcotráfico, la Fiscalía monitoreaba las comunicaciones de uno de los ahora condenados, hablando de un futuro asesinato, el de Berta Cáceres. Si los investigadores hubieran indagado en las conversaciones monitoreadas, es más que probable que los responsables habrían sido detenidos.
Pero eso no ocurrió, Cáceres murió asesinada y el escándalo creció y creció, hasta el punto de que la Fiscalía hondureña no tuvo más remedio que emplearse a fondo y escalar en la cadena de responsabilidades del ataque. EL GIEI recuerda cómo en los primeros días, la trama criminal alentó teorías conspirativas sobre el asesinato, incluso el versión de que se había tratado de un crimen pasional. Pero la presión internacional obligó a que los investigadores se fijaran en la evidencia, lo que les condujo al presidente ejecutivo de Desa, David Castillo, y su cadena operativa, compuesta por un militar en activo, exmilitares y sicarios contratados.
Los problemas han aparecido después, a la hora de dar el siguiente paso en la cadena de responsabilidades. El GIEI señala “la posible existencia de un nivel de mayor jerarquía [en la organización del asesinato], con posibles responsabilidades en la toma de decisiones de diversa índole, insertas en un plan de naturaleza empresarial”. Y añade que “tanto David Castillo como Daniel Atala habrían desempeñado funciones de enlace entre los distintos niveles de la estructura, conectando el nivel operativo o gerencial de Desa con los accionistas responsables de canalizar recursos financieros asociados al proyecto”.
En este asunto, la investigación financiera del GIEI resulta fundamental. El grupo indica sin lugar a duda que al menos una parte del dinero empleado para pagar a los sicarios, 25.000 dólares, “se originaron en fondos girados por los bancos FMO y BCIE, de conformidad con una orden de pago emitida en el marco del préstamo extendido por esas instituciones”. Lo cual, por cierto, resultaba algo habitual para Desa y el proyecto Agua Zarca. Según el GIEI, más de 12 millones de dólares de los 18 ejecutados en el proyecto fueron objeto de desvíos y/o manejos irregulares.
En su informe, el grupo detalla cómo la trama trianguló el dinero para los sicarios en cuentas de diferentes empresas, vinculadas a Desa. Finalmente, el dinero salió de las cuentas de las compañías en tres cheques, cobrados por dos personas de confianza de Castillo, entre el 3 y el 4 de marzo, los días posteriores al asesinato. En esos días, Castillo mantuvo comunicación constante con integrantes de la familia Atala Zablah. El 4 de marzo, por ejemplo, Castillo habló con Pedro, Daniel y Jacobo Atala en varias ocasiones. Jacobo y Pedro eran tíos de Daniel, principales accionistas de Las Jacarandas, el holding familiar. “La frecuencia y modalidad de interacción de las comunicaciones permiten presumir que, en ese lapso, se estaban coordinando acciones cruciales relacionadas con el hecho crimina”, señala el GIEl.
Aunque parezca lo contrario, por las condenas de los autores materiales y parte de los intelectuales, el caso Berta Cáceres está lejos de resolverse. El GIEI pide que se investiguen precisamente las comunicaciones de los Atala con los ejecutores del asesinato y el resto de funcionarios de Desa. Además de Castillo, de momento solo hay otro ejecutivo de la empresa condenado, Sergio Rodríguez. También pide que se investigue las relaciones de Desa con el Ministerio de Seguridad. “Documentos y mensajes develan una relación sostenida entre directivos y accionistas de Desa con el entonces ministro de Seguridad, así como con elementos policiales, antes, durante y después del homicidio”, señala el grupo, que apunta de ejemplo la “coordinación” de Daniel y Pedro Atala con el ministro de Seguridad, y con el comisionado general de la policía.
Compartimos este pronunciamiento de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 16 de febrero 2026
El 4 de febrero, se anunció que los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron trabajar en un Plan de acción conjunta sobre minerales críticos[1], a través del cual el gobierno mexicano se compromete a realizar, en los siguientes 60 días, acciones para “desarrollar un nuevo paradigma para el comercio preferencial de minerales críticos, respaldado por precios mínimos y otras medidas”.
La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) consideramos que este Plan claramente profundiza la subordinación de nuestro país a la política belicista estadounidense, y sostiene el avance facista del capitalismo voraz representado por Donald Trump. Es un acto de gobierno extremadamente irresponsable con los pueblos, por lo que denunciamos enérgicamente que, de llevarse a cabo, provocará la consolidación de territorios sumergidos en zonas de sacrificio.
Este Plan de Acción se nombra como “un nuevo paradigma”, significando un nuevo instrumento de subordinación política
El documento publicado por el gobierno de México apenas supera una página de extensión, y señala que detrás de este acuerdo está, sobre todo, la preocupación del gobierno de Estados Unidos por mantener su hegemonía mundial y geoestratégica frente a la competencia actual con China, asegurando el acceso y el control de distintos recursos estratégicos, como los minerales mal llamados“críticos”, el gas y el petróleo, fortaleciendo así cadenas de suministro que considera vulnerables.
Este Plan, como han señalado distintos analistas, es un ejemplo de los acuerdos diplomáticos intervencionistas que impone Estados Unidos a México y a otros países que considera dentro de su órbita de poder (como Australia o Canadá[2]). Estos acuerdos ocurren en un contexto de amenaza explícita de intervencionismo bélico (que ya ha sido llevada adelante reciente en Irán, Venezuela, Ucrania, y que ha llegado a escalar en otros casos, como Groenlandia), y enmedio de los esfuerzos activos de Estados Unidos para ahogar a los pueblos de Cuba, y de Gaza.
Con este Plan, el gobierno estadounidense aprovecha la profunda integración dependiente de la economía mexicana para imponer un nuevo instrumento de subordinación[3]. Como sabemos, los acuerdos de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá siempre se han dado en condición de amplia desigualdad. Como ejemplo tenemos el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), renombrado el T-MEC (sujeto a revisión en junio de este año).
Así como los acuerdos anteriores, este nuevo Plan binacional, que está encaminado a convertirse en parte de un acuerdo plurilateral sobre comercio de minerales críticos, representa un instrumento mediante el cual Estados Unidos busca reconfigurar el orden global para sostener los intereses de su élite. Desde esta óptica, el Plan puede leerse como “algo más de lo mismo”, sin embargo, el contexto en el que ocurre, marcado por mayores niveles de violencia, agresividad y cinismo en la imposición del interés extractivista imperial y colonial, obliga a prestarle atención más crítica y rigurosa.
Sobre los “Minerales críticos” o la trampa del concepto de minerales críticos
Como REMA insistimos en afirmar que la invención, uso y difusión del concepto de “minerales críticos” constituye una trampa discursiva con la que se legitima e impone una supuesta necesidad y urgencia colectiva para potenciar el extractivismo minero. Hoy observamos que este discurso está cada vez menos vinculado a la transición energética corporativa y, ahora, cada vez más abiertamente para servir al complejo militar-industrial y al sector de la economía tecno feudal (encabezada por la también mal llamada “Inteligencia Artificial”). Su utilización no sólo conlleva a la legitimación de undiscurso: se trata de una acción que refuerza el poder de los actores hegemónicos en el extractivismo minero: nos referimos a las empresas y al Estado extractivista que lo respalda.
Así, con la frase de “minerales críticos” se señala la construcción de un escenario de excepción, de urgencia bajo coacción de los Estados Unidos, con un escenario en México ya habilitado para proyectos que designados estratégicos o en el interés nacional, tal como ya ha sucedido con el Tren Maya, o el litio, mediante agilización de trámites, flexibilización normativa, expropiaciones, militarización. Lo que el Plan citado deja ahora evidenciado, es que el gobierno mexicano no tiene empacho en dejar atrás el discurso de la transición energética,como sentido legitimador supuestamente ‘verde’ de este impulso extractivista, para de forma velada brindar apoyo al discurso belicista que su par estadounidense evoca.
Otro aspecto que debe siempre alertarnos del uso de la noción “minerales críticos”, es su amplísima ambigüedad, ya que éstos se definen según criterios políticos, no técnicos. ¿Quién decide cuáles son esos minerales críticos? ¿Quién define en qué se ocuparán?[4] En los Estados Unidos, la última lista de minerales críticos de noviembre de 2025 abarca 60 minerales, que van mucho más allá de los minerales para la transición energética corporativa para abarcar todo lo que la economía belicista considere necesaria para sostener su hegemonía. Marcelo Ebrard mencionó en su video difundido en X, que no hay una lista definida de cuáles son los minerales críticos para el caso de México.
Principales preocupaciones que nos genera este Plan de acción
El breve Plan menciona que México y Estados Unidos “identificarán proyectos específicos de minería y manufactura de interés mutuo para priorizar su financiamiento y apoyo de política pública”. Este punto nos parece sumamente preocupante, ya que puede significar que, en caso de que se identifiquen proyectos prioritarios de explotación de esta amplia lista de “minerales críticos”, si seguimos el ejemplo de los Estados Unidos, de manera conjunta, los estados desplegarían todo su aparato económico y político de coacción para la imposición de estos proyectos, y particularmente en contra de las comunidades que viven en esos territorios y que se oponen a ellos.
No cabe duda de que esto implicaría la profundización de la militarización en nuestro país, y la empeora al formalizar la injerencia estadounidense (aunque esto tampoco es tan novedoso, dado la experiencia que tiene México con la injerencia canadiense en el sector). Esto apunta a un incremento en la criminalización de los defensores del territorio y a la agudización de la violencia en esos territorios de disputa.
El Plan menciona también un eje de “transparencia geológica” que consistirá en la compartición de información técnica detallada sobre la ubicación de yacimientos, coordinando esfuerzos entre el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Servicio Geológico Mexicano (SGM). Eso significaría mayores capacidades financieras y técnicas para trabajos de prospección y exploración en México, permitiendo la expansión del modelo extractivo hacia nuevos territorios y fomentando los procesos especulativos y los impactos socio territoriales relacionados con esas actividades de exploración. Además, el breve documento alcanza a mencionar que se intenta avanzar hacia un “Acopio coordinado de reservas”, lo cual anuncia el avance de actividades de prospección y exploración a lo ancho y largo del territorio.
Por invocar la “cooperación regulatoria”, el plan de acción apunta a más homogeneización del marco regulatorio entre México y los Estados Unidos, o – en otras palabras – el levantamiento de barreras regulatorias para facilitar mayor extractivismo minero. Hay que tener claro que la cooperación regulatoria significa una mayor colaboración entre reguladores con el único propósito de favorecer el comercio una demanda que, desde hace muchos años, han impulsado empresas transnacionales con cadenas de suministro emplazadas en dos o más países, tal como destaca el investigador Stuart Trew del Centro Canadiense para Políticas Alternativas.[5] El concepto de “cooperación regulatoria” ya existe en el Capítulo 28 del T-MEC pero ahora, al aplicar este concepto específicamente a los “minerales críticos”, este plan pone en riesgo la aplicación del principio precautorio para proteger cuencas hidrográficas, bosques, la salud, y la propiedad social ante esta embestida extractivista.
Como resultado, este Plan representa una nueva escala en la imposición del modelo extractivo en nuestro país, queriendo imponer una falsa justificación al llamarlo esencial para las economías y seguridad nacional de México, pero sobre todo para el interés y seguridad de las élites que gobiernan los EEUU.
Las venas abiertas de nuestro país, de América Latina y de los territorios indígenas alrededor del mundo, nos ha enseñado de lo que son capaces los gobiernos colonialistas e imperialistas para garantizar su economía y su seguridad nacional, sin importar la vida. Tal como ocurre con el gobierno estadounidense hoy en día.
El discurso mediático que esconde las cifras extractivistas en México
En el marco del anuncio del Plan de Acción resulta indispensable cuestionar las declaraciones realizadas por la presidenta C. Sheinbaum durante la conferencia matutina el 9 de febrero, en donde señaló: “no hay nada firmado”.
Así mismo, declaró que tiene “muy claro que los recursos naturales no se entregan” y la “soberanía”. Sin embargo, está declaración debe revisarse a la luz de políticas, reformas y proyectos de infraestructura recientes, que más allá del discurso, mantienen intacta la explotación del territorio. El re-etiquetamiento del fracking, ahora llamado “nuevos esquemas de extracción” en “yacimientos de geología compleja”, o llamar a los nuevos parques industriales previstos dentro del Plan México como “Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar”, ola aprobación de una Nueva ley de aguas sin mecanismos para revertir el poder de sectores que la han acaparado, son ejemplos que nos muestran que la lógica estructural neoliberal sigue vigente, e incluso reforzada, para la entrega y explotación de los bienes naturales y de las personas.
La afirmación de que “No vamos a iniciar un proceso de apertura de minas”, también merece una comprobación, pues contradice los discursos y hechos de funcionarios e instituciones relacionadas con el tema minero en este sexenio. A partir del monitoreo que en la REMA realizamos con datos oficiales, como la Gaceta Ecológica de Semarnat, sabemos que en el año 2025 la Semarnat aprobó 16 Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs), de modalidad regional o particular, para trabajos de exploración minera, mientras que sólo negó 3 durante el mismo periodo. Paralelamente, el Secretario de Economía M. Ebrard, ha tenido varias encuentros de negociaciones con empresas afiliadas a la Cámara Minera de México (CAMIMEX) y durante la Convención Internacional de Minería en noviembre del 2025 se comprometió a “reanudar la exploración a mayor escala en México y otras medidas para acelerar los permisos pendientes, así como acortar tiempos y facilitar la inversión”[6]. El propio informe anual del 2025 de la CAMIMEX anuncia, sobre el extractivismo de oro: 4 expansiones de minas y 15 proyectos nuevos (con fecha de apertura entre 2025 y 2029); en materia de plata señala 3 expansiones de minas y 11 proyectos nuevos; con relación al cobre son 2 expansiones y 7 nuevos proyectos. Por lo tanto ¿de qué sirve que la Secretaría de Economía “recupere” 200 concesiones cuando representa el 0.89% de las 22,583 concesiones mineras que siguen vigentes en 2025? Con esto reafirmamos que, a las empresas mineras, les siguen sobrando permisos y apoyos por parte del gobierno mexicano para seguir saqueando nuestros territorios.
En conclusión, reiteramos que los minerales no son ni críticos ni estratégicos. Son insumos para mantener a flote un modelo energético e industrial sumamente desigual. Insumos que alimentan modos de consumo en el norte global que desbordan los límites planetarios, a costa del saqueo de los bienes naturales y de los territorios indígenas en todos lados, aunque especialmente en el sur global. Insumos para una “transición energética” corporativa que no implica ningún cambio de modelo económico, ni de matriz energética, sino que repite las mismas estructuras coloniales y de acumulación de capital. Insumos para la industria del armamento y el desarrollo de nuevas tecnologías militares. En síntesis, insumos para el despojo, la guerra y la explotación de los bienes comunes y de las personas.
Lo crítico de todo esto, no son los minerales, sino la situación hídrica de nuestro país, el aumento de la violencia sistémica vinculada a las redes de macrocriminalidad, que tiene, entre otros, el objetivo de infundir miedo en la población para ejercer control social y territorial en beneficio de diversos intereses empresariales. Lo crítico es el fortalecimiento de discursos y políticas anti derechos y fascistas. Lo crítico son tantos problemas sociales y ambientales que este nuevo acuerdo terminará fomentando.
Para quienes defendemos nuestros territorios, esos minerales críticos no existen por sí solos, son parte de nuestros cerros, subsuelos, ríos, territorios y cosmovisiones. Son parte de la vida de nuestras comunidades que seguiremos defendiendo a través del ejercicio de nuestros derechos de autodeterminación.
Por todo lo anterior, es primordial impedir que México continúe las negociaciones con los Estados Unidos con este Plan de acción sobre los minerales “críticos”, ya que plantea profundizar la dependencia de nuestro país sobre el tirano del norte y avecina consecuencias terribles para los territorios.
[1] Gobierno de México. Plan de Acción Estados Unidos – México sobre minerales críticos, 2026.
[2] Ver sus respectivos acuerdos sobre minerales
[3] Ver https://rebelion.org/mexico-no-esta-negociando-esta-obedeciendo-acepto-un-lugar-en-la-cocina-no-en-la-mesa/,
https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/mexico-fuerte-en-9-minerales-criticos )
[4] Ver sobre esto, el video con el que Marcelo Ebrard anunció este Plan (5 de febrero de 2026)
[5] Ver https://corporateeurope.org/sites/default/files/en_from-nafta-to-ceta_k2-1_final.pdf
[6] Secretaría de Economía (19 de noviembre del 2025). Inaugura Marcelo Ebrard la XXXVI Convención Internacional de Minería; participan más de 300 empresas y autoridades. https://www.gob.mx/se/prensa/inaugura-marcelo-ebrard-la-xxxvi-convencion-internacional-de-mineria-participan-mas-de-300-empresas-y-autoridades?idiom=es-MX
Imagen: Mina Los Filos, Guerrero. Foto: Adolfo Vladimir
Compartimos este comunicado de diversas organización y publicado por Front Line Defenders sobre los resultados del informe de GIEI sobre el caso de Berta Cáceres- A 6 de febrero de 2026
El Informe Final del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) sobre el asesinato de Berta Cáceres confirma que la violencia contra las mujeres que defienden la tierra y el agua no es un hecho aislado. Estos crímenes son estructurales y responden a intereses económicos, modelos de desarrollo extractivos y a la complicidad entre las empresas y el Estado.
Con motivo de la presentación del Informe Final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), realizada el 12 de enero en Tegucigalpa, desde la Red-DESC expresamos nuestra solidaridad firme e inquebrantable con la familia de Berta Cáceres; con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), miembro de la Red; con la comunidad lenca de Río Blanco; y con Gustavo Castro, líder comunitario y sobreviviente del atentado en el que fue asesinada Berta Cáceres. Honramos su memoria y reafirmamos nuestro compromiso con su lucha y la de su pueblo en defensa de la vida, el territorio y los derechos colectivos.
Reconocemos y respaldamos el acompañamiento jurídico sostenido del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), también miembro de la Red, cuyo trabajo ha sido fundamental para avanzar en la búsqueda de la verdad, la justicia integral y la reparación, así como para confrontar los patrones estructurales de impunidad que persisten en este caso. Desde la Red-DESC instamos al Estado hondureño a cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, garantizar justicia para Berta Cáceres y el COPINH, y adoptar garantías efectivas de no repetición, incluyendo el cese de la criminalización y la violencia contra quienes defienden los derechos humanos y los territorios.
El Informe Final del GIEI establece que el asesinato de Berta Cáceres no fue un hecho aislado, sino el resultado de una operación criminal deliberadamente planificada y ejecutada, inscrita en un contexto más amplio de violencia patriarcal estructural, militarización, corrupción e impunidad. La investigación confirma que el crimen estuvo directamente vinculado a la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y a los intereses económicos de la familia Atala Zablah y su entramado corporativo, e identifica la participación de directivos empresariales, sicarios, miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, así como el uso de estructuras financieras complejas para canalizar y ocultar recursos asociados al crimen.
Tal como recoge InSight Crime en su artículo «Informe coloca a bancos internacionales y élites de Honduras en el centro del asesinato de Berta Cáceres», los procesos judiciales derivados del crimen han resultado en la condena de ocho personas por su participación directa. Entre ellas se encuentra Roberto David Castillo Mejía, quien se desempeñaba como director ejecutivo de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), la empresa a cargo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y vinculada al grupo empresarial Atala Zablah. También fue condenado el entonces jefe de seguridad de la compañía por su papel en la planificación y facilitación del asesinato. Sin embargo, la respuesta estatal del caso ha sido objeto de fuertes cuestionamientos, debido a la falta de avances sustantivos en la investigación y sanción de quienes habrían actuado como autores intelectuales del crimen.
Información incorporada a los expedientes judiciales en años posteriores, incluyendo el análisis de comunicaciones privadas, reveló la existencia de coordinaciones entre el grupo ejecutor del crimen y altos niveles de la estructura directiva de DESA. Estas comunicaciones involucraron a Roberto David Castillo Mejía, a Daniel Atala Midence, director financiero de la empresa, así como a miembros de su junta directiva, José Eduardo Atala Zablah y Pedro Atala Zablah. A la fecha, Castillo Mejía es la única persona de este nivel jerárquico que ha sido condenada.
Como respuesta a la entrega del informe, desde la Red-DESC reunimos las voces de miembros y aliados que han acompañado de manera sostenida el caso y que continúan analizando críticamente sus avances y desafíos.
Como señaló Gerald Staberock, Secretario General de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), «el horrendo asesinato de Berta Cáceres en 2016 conmocionó al mundo y puso de manifiesto el fracaso del Estado hondureño a la hora de prevenir el crimen, salvaguardar su vida y crear un entorno seguro para las personas defensoras de derechos humanos. El caso sigue exigiendo verdad, justicia y plena rendición de cuentas, así como un cambio real de políticas para proteger los derechos y a quienes los defienden».
Para Alexis Deswaef, Presidente de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), «las conclusiones del informe del GIEI confirman que este asesinato no fue fortuito, sino que formó parte de una estructura criminal en la que estuvieron involucradas autoridades hondureñas. Es fundamental continuar las investigaciones para esclarecer por completo este grave asesinato. Instamos al nuevo Gobierno hondureño a adoptar las recomendaciones del informe destinadas a luchar contra la impunidad y garantizar las condiciones para el ejercicio de la defensa de derechos humanos en Honduras».
El informe documenta que autoridades estatales tenían conocimiento previo del plan meses antes del asesinato, no adoptaron medidas preventivas pese a contar con alertas claras y oportunas, y posteriormente incurrieron en acciones y omisiones que obstaculizaron el acceso a la justicia. Estas conductas constituyen no solo graves violaciones a las obligaciones de debida diligencia del Estado, sino también formas de violencia institucional y de género, al exponer de manera desproporcionada a las mujeres defensoras a riesgos extremos y normalizar los ataques contra quienes desafían el poder corporativo y patriarcal.
Asimismo, establece que fondos provenientes de instituciones financieras internacionales y bancos públicos de desarrollo incluidos, el Banco de Desarrollo Empresarial de los Países Bajos (FMO) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), fueron desviados sistemáticamente y convertidos en efectivo para financiar vigilancia ilegal, intimidaciones, operaciones armadas contra el pueblo Lenca y, finalmente, el asesinato de Berta Cáceres. El GIEI establece que por el asesinato de Berta se hizo un pago en efectivo de por lo menos 500 mil lempiras ($19,000 USD) mediante 3 cheques que fueron originados de la estructura de malversación de fondos de la empresa de la familia Atala Zablah.
Además, el GIEI establece que dentro del grupo empresarial Inversiones Las Jacarandas, Jacobo Atala y José Eduardo Atala fueron designados específicamente para dar seguimiento directo y asumir la responsabilidad del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca y de la inversión asociada. Asimismo, Daniel Atala, hijo de José Eduardo, fue encomendado como responsable de la gestión financiera del proyecto y de la empresa. Este involucramiento directo demuestra que la familia Atala tuvo conocimiento previo, control operativo y responsabilidad en las decisiones empresariales vinculadas al proyecto que terminaron en el asesinato de Berta.
Estos hallazgos evidencian un patrón grave de complicidad empresarial, financiera y estatal, y confirman cómo la captura corporativa de instituciones públicas y financieras facilita violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. Además, este caso constituye una expresión de lo que miembros de la Red-DESC han descrito como la Economía Política de la Violencia (EPV): un entramado estructural en el que intereses corporativos, elites políticas, instituciones financieras, fuerzas de seguridad del Estado y actores criminales convergen para imponer proyectos extractivos a costa de los derechos colectivos, el territorio y el derecho a la vida.
Para Sandra Patargo, Coordinadora de Protección para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe en Front Line Defenders, el caso de Berta Cáceres es quizás el más emblemático y representativo de la crisis de violencia ligada a los intereses corporativos y estatales hacia las comunidades y personas que defienden la vida en la región.
«La justicia impuesta a todos los responsables e implicados, la reparación integral y la cancelación permanente del Proyecto Agua Zarca no pueden ser negociables. Solo con la justicia para Berta podremos imaginar justicia para los pueblos violentados y saqueados. Las organizaciones que hemos caminado cerca del COPINH todos estos años lo seguiremos haciendo hasta que haya justicia para Berta», dice Patargo.
El carácter estructural de esta violencia queda aún más claro en las palabras de Francisco Morales, de la coordinación del Consejo del Pueblo Maya (CPO): «El informe confirma el carácter criminal del modelo económico extractivista neoliberal, que privilegia los intereses corporativos por encima de los derechos colectivos de los pueblos y la vida de las personas. Este modelo se impone en complicidad con el Estado que, en lugar de proteger a la ciudadanía, se convierte en operador delincuencial de las empresas. Se pudo evitar el asesinato de nuestra hermana Berta, pero el Estado lo permitió.»
A casi una década del crimen, persisten las condiciones estructurales que lo hicieron posible: la falta de reconocimiento pleno y de titulación del territorio colectivo lenca de Río Blanco; la vigencia de la concesión del proyecto Agua Zarca; la ausencia de rendición de cuentas de todos los autores intelectuales, materiales y financieros; y la falta de reparaciones integrales, colectivas y transformadoras.
La justicia para Berta Cáceres es inseparable de la justicia para las mujeres indígenas, las defensoras del territorio y las comunidades que continúan enfrentando violencia por defender la vida. Por ello, las reparaciones y las garantías de no repetición deben ser interseccionales y centradas en las comunidades, abordando no solo el daño individual, sino también los impactos colectivos, de género e intergeneracionales de la violencia.
Desde la Red-DESC respaldamos plenamente los hallazgos y recomendaciones del GIEI. Exhortamos al Estado de Honduras a implementarlos de manera urgente e integral, incluyendo:
El legado de Berta Cáceres vive en la lucha colectiva por la tierra, el agua, la dignidad y la autodeterminación de los pueblos. Nos sumamos al COPINH y a la familia de Berta Cáceres en la exigencia de verdad, justicia, reparación integral y transformaciones estructurales.
*Front Line Defenders es parte de la Red-DESC, una iniciativa colectiva conformada por organizaciones y personas de distintas regiones del mundo que trabajan por la justicia económica y social desde un enfoque de derechos humanos, con especial énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales y en su plena exigibilidad, protección y realización efectiva.
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