Compartimos esta petición de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México RAPAM sobre la resolución del amparo a favor de Monsanto – A 22 de julio del 2022
SUMATE A LA PETICION
¡Suma tu firma! Resolución a modo y a favor de los intereses de Bayer-Monsanto, amenaza para la soberanía alimentaria y los derechos humanos en México
Saludos, compañeras, compañeros, compañeres de organizaciones de la sociedad civil, colectivas, grupos de trabajo, que abonan a la construcción de un nuevo modelo agroalimentario agroecológico, sin transgénicos y sin agrotóxicos, desde una perspectiva de derechos humanos, con justicia y dignidad.
Desde la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, publicamos el pasado viernes 15 de julio, un Comunicado expresando un enérgico extrañamiento respecto a la resolución del amparo 313/2021, del pasado martes 12 de julio de 2022, por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, a través de la cual concede la protección de la justicia federal a la empresa transnacional Monsanto, filial de Bayer, contra el Decreto presidencial del 31 de diciembre de 2020, que busca eliminar progresivamente el uso de glifosato hasta enero de 2024, así como revocar y abstenerse de otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado, prohibiendo su siembra en México.
Para fortalecer nuestra respuesta como sociedad civil organizada, buscamos que más actorxs se sumen a este Extrañamiento, en donde además exigimos la impugnación de esta determinación y el reforzamiento de la fundamentación y motivación que sustente de manera contundente los riesgos y repercusiones a la salud y al ambiente derivados del uso del glifosato y el maíz transgénico.
A continuación reproducimos íntegro el texto del Comunicado, el enlace de consulta y un cuestionario breve en donde pueden agregar sus firmas (tanto personales como representantes de organizaciones de la sociedad civil, colectivas, comunidades campesinas e indígenas, académicxs e investigadorxs, etc.).
La fecha límite para recibir firmas es el día lunes 25 de julio del presente año, a las 9:00 am.
Compartimos este comunicado de la campaña Nacional Sin Maíz No Hay País sobre el actual precio del maíz y la crisis alimentaria – A 23 de marzo del 2021
Ciudad de México, 23 de marzo de 2022.
Comunicado de Urgente Resolución
Una de las prioridades de todo gobierno es cubrir las necesidades básicas de alimentación de los y las ciudadanas.
En México, el derecho a una alimentación sana, suficiente y de calidad está consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La tortilla es el principal alimento de los y las mexicanas. Proporciona en promedio cerca de 45 % de las calorías, 40 % de las proteínas y 50 % del calcio que se requiere. En el campo pueden aumentar los porcentajes hasta llegar a 70% de las calorías y 50% del consumo diario de proteínas.
En los últimos años se ha reducido el consumo de tortillas en México, debido al precio y a la mala calidad de los productos que se añaden a la producción de las tortillas. Se les ha sustituido por alimentos chatarra que han provocado una grave epidemia de obesidad y de diabetes. Estas enfermedades tienen altos costos sociales y económicos, no habrá presupuesto de salud que alcance para atenderlas.
Esta situación puede agravarse por el alza injustificada del precio del maíz y la falta de una política que regule el comercio del grano y vigile la normatividad para la producción de la tortilla.
Las comercializadoras están cerrando sus puertas o condicionando la venta del grano.
El maíz supera precios jamás vistos. El mercado de abasto es incierto.
En México hay producción suficiente de maíz blanco para tortillas, pues se cosechan 24 millones de toneladas cada año. El alza de precio es producto de la especulación financiera injustificada que no merecemos las y los mexicanos.
Desde la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, hacemos un enérgico llamado a las autoridades en sus diferentes niveles de gobierno para que ejerzan acciones contundentes de manera pronta y expedita ante la actual crisis de precios.
Manifestamos que:
México produce suficiente maíz blanco para abastecer los 13 millones de toneladas anuales que se requieren para elaborar tortillas de masa de auténtico nixtamal —6.5 millones de toneladas— y para fabricar harina de maíz para tortillas, otras 6.5 millones de toneladas. El maíz que se importa es maíz amarillo, para usos industriales, entre otros, alimentos procesados para aves, ganado y cerdos.
La crisis actual en los aumentos en el precio del maíz no responde a un problema de abasto, sino a una especulación financiera derivada de temas internacionales, que impacta el precio final del maíz; difundir lo contrario representa una acción en contra de la estabilidad económica de nuestro país y de nuestra soberanía alimentaria. No podemos permitir que el maíz para tortillas se emplee en la industria y para el ganado y no en nuestro principal alimento. Tampoco debe tolerarse que los fabricantes de harina para tortillas utilicen maíces amarillos de mala calidad.
Es urgente la creación de un organismo nacional que regule y establezca referentes comerciales nacionales basados en la oferta y demanda interna, tomando como prioridad el consumo humano y por ende nuestra soberanía alimentaria.
Urge que en México se produzca el maíz blanco y maíz amarillo que se requiere para cubrir las prioridades de nuestra alimentación. Es una meta que se puede alcanzar. Sólo así tendremos seguridad, pero sobre todo, soberanía alimentaria.
Contar con tortillas elaboradas con solo maíz de buena calidad, sin agrotóxicos y sin transgénicos, nixtamalizado exclusivamente con cal y agua, es un derecho de las y los mexicanos y un asunto de seguridad nacional. Además privilegia nuestra cultura milenaria y mejora la alimentación, sana, nutritiva y saludable.
Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País
Para más información comunicarse con: Blanca Mejía, celular 55 3899 4304 O al correo electrónico cn.sinmaiznohaypais@gmail.com
Compartimos este informe del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A 18 de marzo del 2022
El vísperas del 21 de marzo, cuando la FAO celebra su Día Internacional de los Bosques, el WRM publica un informe que repasa un proceso liderado por la ONU hace más de 20 años sobre las Causas Subyacentes de la Deforestación. Estas causas, identificadas en 1999, no sólo siguen siendo importantes sino que han sido profundizadas.
Desde 2012, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por su sigla en inglés) promueve el 21 de marzo como el Día Internacional de los Bosques. El tema de este año es “Los bosques y la producción y el consumo sostenibles”.
Surge una pregunta: ¿Qué es lo sostenible en la producción y el consumo cuando cada año se destruyen millones de hectáreas de bosque? Claramente, las numerosas iniciativas y políticas de sostenibilidad relacionadas con los bosques creadas con el apoyo de la FAO y de otros actores internacionales no han logrado detener la devastadora destrucción.
El vísperas del 21 de marzo, cuando la FAO celebra su Día Internacional de la destrucción sostenible de los bosques, el WRM publica un informe que repasa un proceso liderado por la ONU hace más de 20 años sobre las Causas Subyacentes de la Deforestación. Las Causas Subyacentes identificadas en 1999 no solo siguen siendo tan importantes hoy como lo fueron hace más de 20 años sino que incluso han sido reforzadas de variadas maneras.
Las causas subyacentes de la deforestación y la degradación de los bosques, a diferencia de las causas directas más visibles, como la tala, el agronegocio o la minería, tienden a estar ocultas y a ser menos discutidas y mal comprendidas. Están estrechamente ligadas al sistema capitalista-racista-patriarcal, y también relacionadas con el legado colonial. Entre los ejemplos figuran el no reconocimiento de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y de otras comunidades que dependen de los bosques; el control centralizado sobre los bosques que facilita el avance de actividades tanto destructivas como de “conservación de la naturaleza”; y las políticas macroeconómicas, por mencionar algunos.
Al escoger no abordar las causas subyacentes de la feforestación, la FAO y los procesos de políticas internacionales que encabeza seguirán siendo una causa de la deforestación.
Un ejemplo es la definición de bosque de la FAO. Esta definición es un obstáculo de larga data para detener la pérdida de bosques. Considera que una plantación industrial de monocultivos de árboles es un bosque, lo que significa que para la FAO talar un bosque para establecer una plantación de monocultivos de árboles no cuenta como deforestación.
Mas aún, las políticas e iniciativas impulsadas por la FAO en días como el 21 de marzo, que sugieren que la destrucción provocada por las empresas se ha vuelto sostenible y ecológica, son factores clave. Algunos ejemplos son el Consejo de Manejo Forestal (FSC por su sigla en inglés), la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO por su sigla en inglés), la Mesa Redonda para la Soja Sostenible o el Foro de Bienes de Consumo, de 400 miembros, que promueve la “deforestación neta cero” para 2020 en las cadenas de suministro de carne vacuna, soja, aceite de palma, celulosa y papel. Tales iniciativas no están concebidas para interrumpir la dinámica de destrucción de los bosques de la que dependen sus empresas patrocinadoras para obtener ganancias, señalamos en el informe.
El informe advierte que la formulación de políticas y reglamentaciones que simplemente ignoren las causas subyacentes de la deforestación no sólo está condenada al fracaso sino que fomenta aún más la deforestación a gran escala.
Montevideo, 18 de marzo de 2022 Secretariado Internacional del WRM
Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre el glifosato en México – A 15 de agosto de 2020
Por: Silvia Ribeiro *
El glifosato fue diseñado para matar plantas, pero como es un veneno afecta también insectos, animales y humanos. Al igual que otros agrotóxicos, para hacer más digerible su misión biocida, la industria le llama herbicida. El glifosato es el más usado en el mundo, principalmente porque más de 85 por ciento de cultivos transgénicos sembrados fueron diseñados para ser tolerantes a éste, lo que permitió usar grandes volúmenes.
Monsanto lo patentó en 1974 y desde entonces sostuvo que no es muy tóxico y que solamente afecta las hierbas. Pero la empresa sabía desde hace décadas, advertida por sus propios investigadores, que tiene efectos dañinos en humanos y animales, incluso cancerígenos.
Tomó 41 años para que la Organización Mundial de la Salud declarara, a partir del trabajo de un equipo interdisciplinario de 17 expertos en cáncer de 11 países, que efectivamente el glifosato es cancerígeno en animales y probable cancerígeno en humanos. El equipo analizó cientos de estudios científicos y llamó el glifosato probable cancerígeno en humanos porque no es posible hacer pruebas de laboratorio con humanos para confirmar la hipótesis. Se hicieron en células humanas, in vitro. Revisaron gran cantidad de evidencias en países escandinavos, que muestran una relación entre exposición a glifosato y surgimiento de cáncer linfoma no Hodgkin.
Que Monsanto, ahora propiedad de Bayer, sabía de la alta peligrosidad del glifosato se demostró en cortes de Estados Unidos, donde a la fecha hay más de 100 mil juicios contra la compañía iniciados por personas afectadas por cáncer debido al uso de glifosato. Tres cortes sentenciaron cifras multimillonarias a favor de cuatro demandantes –antes de las apelaciones, más de 2 mil millones de dólares. La Corte reconoció una cantidad abrumadora de evidencias de que Monsanto sabía de los daños y lo ocultó intencionalmente para seguir vendiendo el tóxico. Según la primera sentencia a favor de Dewayne Johnson, Monsanto actuó con malicia y negligencia. Todo para seguir obteniendo ganancias a expensas de la salud de la gente y la contaminación de agua, alimentos y naturaleza (https://tinyurl.com/juicio-Monsanto).
Es la misma lógica que defiende el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) en México cuando reclama que se debe seguir usando este tóxico, así como defiende también el uso de otros agrotóxicos altamente peligrosos y prohibidos en otros países, como paraquat. Los afectados por glifosato, en particular los agricultores que lo usan y sus familias, deberían guardar las evidencias de estas declaraciones y las de Bayer-Monsanto y otras compañías que siguen vendiendo el glifosato sin advertir sobre sus altos riesgos. Podrían ser útiles si deciden seguir el camino de más de 100 mil agricultores estadunidenses afectados por cáncer y otras enfermedades causadas por el uso de glifosato bajo falsas advertencias de baja toxicidad.
No es extraño que el CNA defienda el glifosato y el uso de venenos pese a las muchas evidencias que existen sobre sus riesgos y a despecho de la salud de los trabajadores agrícolas y los consumidores. Muchos de sus socios, hacendados y empresarios, rara vez pisan el campo: los fumigados con glifosato y otros agrotóxicos son sus peones y jornaleros, a quienes consideran materia descartable, abundante y remplazable. Además, en su directiva, a través de la Asociación Mexicana de Semilleros, están representadas Bayer-Monsanto y otras trasnacionales de agrotóxicos y semillas transgénicas, que son las que más ganan con la venta de agrotóxicos, controlan casi la totalidad de ese mercado en México y el mundo.
El argumento de que sin glifosato se afectará la autosuficiencia de México es falaz en muchos sentidos. Para empezar, lamentablemente hay muchos otros agrotóxicos en el mercado, también de alta peligrosidad, como documenta Rapam, que también deberían ser prohibidos (https://tinyurl.com/rapam-pap).
Con la prohibición de agrotóxicos y cambio de forma de producción agrícola, lo que más se afectará no son las necesidades alimentarias de la población en México, que sobre todo se atienden desde la producción campesina y en menor escala, sino las ganancias de las trasnacionales que dominan la venta de agrotóxicos y semillas, la producción de forrajes para la gran industria pecuaria y unos pocos productos más de exportación. Como explica Ana de Ita, estas actividades se han convertido en jugoso negocio de unas cuantas empresas que producen para sus propias ganancias y cínicamente le llaman autosuficiencia de México (https://tinyurl.com/autosufi-AnadeIta).
También hay campesinos y agricultores chicos que usan glifosato para desyerbar, en parte por no conocer el alto riesgo en que ponen su vida, familia y comunidad. El cambio en estas parcelas es viable, posible y juega en su favor. Requiere información y apoyo sólido a las formas de agricultura campesina, sin químicos y desde sus propios conocimientos y formas de organización.
Está en juego la salud de todas y todos con modelos de agrolimentación contrapuestos: sistemas campesinos y locales de alimentación sana, que afirman la diversidad cultural, dan trabajo a muchos y cuidan la naturaleza o sistemas industriales para seguir engordando las ganancias de las trasnacionales, a costa de la salud de la gente y el ambiente.
Comunicado de la Campaña Nacional Sin Maíz no hay país sobre una reforma que se pretende realizar a la Ley de Variedades vegetales- A 18 de junio de 2020
Una de las más grandes fortalezas de México ha sido y es la diversidad de sus plantas cultivadas y de sus parientes silvestres. Los antiguos pueblos mexicanos lograron domesticar más de cien plantas; algunas tienen un gran valor para la economía y para la alimentación mundial, como el maíz, el frijol, el chile, el jitomate, la calabaza, el aguacate, el nopal, el cacao y la vainilla por solo nombrar algunas. Esta gran riqueza ha sido amenazada una y otra vez por las grandes empresas que buscan adueñarse de las principales semillas del mundo, de las mejores tierras y del agua que es un bien común para todas y todos.
Estas empresas, apoyadas por legisladores y funcionarios desinformados de la riqueza de este patrimonio, han diseñado una propuesta de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV). Esta propuesta fue presentada en marzo pasado ante comisiones de la Cámara de Diputados por el legislador de Morena y presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, Eraclio Rodríguez Gómez. Entre su articulado, están consideradas costosas multas, penas de cárcel, e incluso la quema de las cosechas, si los campesinos y campesinas intercambian libremente las semillas, las pencas de nopal, los esquejes de plantas que han heredado y diversificado por milenios; sumemos a ello que las empresas transnacionales podrían tener los derechos de propiedad intelectual de las semillas y otras partes de las plantas. Esta privatización abre, además, la puerta a la siembra de semillas transgénicas.
La alimentación tradicional que México tiene, es sana y es parte de nuestra identidad cultural. Por su diversidad de ingredientes, preparaciones y platillos hoy forma parte de la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Las formas de cultivo y el intercambio libre de semillas son parte sustantiva de esta riqueza y ha permitido la autonomía y la autosuficiencia de comunidades indígenas y campesinas. Por ello, el Estado mexicano debe atender las obligaciones constitucionales que tiene en materia de protección de derechos.
Es falso el argumento de que se requieran dichas reformas para atender la entrada en vigor del T-MEC.
Por estas razones, hacemos un llamado a las organizaciones y colectivos de agricultores, campesinos, de pueblos y comunidades indígenas, que se verían afectados, así como a los fitomejoradores honestos, y en general a la sociedad civil, para movilizarnos e impedir que se apruebe en la Cámara de Diputados el proyecto de reformas a la Ley Federal de Variedades Vegetales. La LFVV de 1996, actualmente en vigor, reconoce el intercambio libre de semillas tan esencial para la protección de la riqueza biocultural y la soberanía alimentaria de nuestro país.
Demandamos de manera enérgica a las y los integrantes de la actual legislatura de la Cámara de Diputados no aprobar esta iniciativa de reforma de Ley que traería afectaciones sociales y ambientales irreparables, y que violaría los derechos de toda la población mexicana.
¡Digamos no a la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales! ¡Digamos sí a la autonomía campesina e indígena, al derecho a una alimentación sana, segura, diversa y culturalmente adecuada y a un ambiente sano!
Les compartimos este atlas publicado en Biodiversidad LA y este artículo de opinión publicado en La Jornada sobre los transgénicos, sus impactos en América del sur – A 23 de mayo de 2020
Monocultivos, resistencias y propuestas de los pueblos
La introducción de la soja transgénica en el Cono Sur (y, casi simultáneamente, del maíz transgénico) significó la imposición masiva de monocultivos en un extenso territorio, avanzando a gran velocidad, como nunca antes había ocurrido en la historia de la agricultura. Paralelamente, creció el uso del principal herbicida ligado a estos cultivos: el glifosato. Este crecimiento tuvo consecuencias dramáticas en la salud de lxs pobladorxs de las comunidades cercanas a las producciones, así como en los suelos y en la biodiversidad. En este atlas desarrollamos distintos aspectos de un modelo que implica la concentración de tierras y criminalización de campesinxs, la destrucción de ecosistemas y economías regionales, el control oligopólico del mercado por parte de un puñado de corporaciones, y el impacto del agronegocio sobre los cuerpos de las mujeres.
Abordamos también las resistencias, propuestas y alternativas que surgen de dos modelos en disputa: uno que, a partir de la agricultura industrial, intenta convertir a la agricultura y a nuestros alimentos en una mercancía. Frente a otro, que de la mano de organizaciones campesinas, de pueblos originarios y de agricultorxs familiares, busca recuperar la producción de alimentos saludables para garantizar el derecho a la alimentación, de la mano de un modelo de producción agroecológica de base campesina.
Para saber lo que pasa realmente con los cultivos transgénicos, qué efectos tienen sobre la salud y el ambiente, quién gana y quién pierde, hay que dejar de lado la propaganda de las empresas y aprender de la experiencia real en los países que llevan más de dos décadas plantándolos. Para ello, el Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur, publicado en mayo 2020, es una herramienta imprescindible (http://www.biodiversidadla.org/ Atlas).
Es un trabajo bien documentado, que recoge numerosos textos y material gráfico, compuesto a partir de investigaciones, experiencias y testimonios de primera mano de organizaciones en cada país de la región, en una colaboración entre académicos e investigadores, organizaciones campesinas, ambientalistas y locales. En sus 22 capítulos cubre desde aspectos científicos hasta temas ambientales, de salud y económicos. También presenta alternativas desde las comunidades y organizaciones populares. La coordinación del trabajo estuvo a cargo de Lucía Vicente, Carolina Acevedo y Carlos Vicente, de Acción por la Biodiversidad, Argentina, con el apoyo de Darío Aranda en la sistematización de talleres presenciales realizados en Paraguay en 2019.
Más allá del Cono Sur, es una herramienta de aprendizaje para todas y todos, estemos donde estemos, porque, pese a que casi ha pasado un cuarto de siglo, solamente 11 países concentran 99 por ciento de la siembra de transgénicos en el mundo y cinco naciones de esa región –Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia– están entre ellos. Brasil y Argentina tienen las mayores áreas sembradas a escala global, siguiendo a Estados Unidos, que ocupa el primer puesto.
Más de dos décadas de siembra transgénica han tenido efectos devastadores en la contaminación de aguas y suelos. Hay zonas del río Paraná en las que los lodos de su cauce tienen más glifosato que una plantación de soya. La avalancha de siembras provocó una auténtica epidemia de enfermedades graves en las poblaciones aledañas a las plantaciones, que multiplicaron las cifras de cáncer y abortos espontáneos en zonas rurales y centros periurbanos, pero la contaminación llega incluso a ciudades alejadas de las plantaciones, donde muestras en orina de niñas y niños, así como en leche materna, también mostraron residuos de agrotóxicos.
Los culpables y quienes se beneficiaron son muy pocos. Es ampliamente conocido que las semillas de todos los cultivos transgénicos en el globo están en manos de poquísimas trasnacionales. Actualmente sólo son cuatro, luego de las fusiones en años recientes: Bayer (que compró Monsanto); Syngenta (propiedad de ChemChina); Corteva (fusión de DuPont-Pioneer y Dow Agrisciences) y Basf. Esta última compró parte del negocio transgénico de las anteriores para dejar contentas a las autoridades antimonopolios. Antes eran seis que controlaban todo el mercado global de transgénicos y las autoridades de varios países consideraron, correctamente, que tenían control oligopólico. Condicionaron las fusiones a que vendieran de parte de sus negocios –lo cual favoreció a Basf, que antes tenía menos presencia en transgénicos. Paradójicamente, de seis pasaron a cuatro megaempresas y las autoridades de competencia tan tranquilas.
El Atlas desenreda y revela los nombres locales bajo los que operan estas grandes empresas y cuáles otras trasnacionales completan las cadenas de producción, almacenamiento y exportación, ya que la devastación masiva de salud y naturaleza ha sido principalmente para exportar forraje para cerdos y otros animales en cría industrial en Europa y China. Explica también cómo han ido logrado regulaciones nacionales e internacionales en su favor, incluso infiltrando las propias comisiones de bioseguridad, que nunca los fiscalizaron realmente.
Un aspecto menos conocido que el Atlas muestra en detalle es que la producción transgénica causó una enorme concentración de tierra, con una importante reducción de establecimientos agrícolas, llegando a desaparecer hasta 40 por ciento en algunos rubros y países. El aumento del uso de agrotóxicos creció en forma nunca vista en la historia de la agricultura, Brasil pasó a ser el país con mayor uso de agroquímicos en el planeta. Los promotores de la agricultura industrial suelen decir que el modelo ya existía, y no fue por los transgénicos. Pero el hecho de que más de 90 por ciento de las semillas transgénicas sean tolerantes a agroquímicos permitió dos fenómenos altamente nocivos: aplicar agrotóxicos en grandes volúmenes, porque la semilla sembrada no moría, lo cual creó decenas de diferentes malezas resistentes a los químicos y, por tanto, se aplicó cada vez más veneno. Complementariamente, las empresas rurales buscaron áreas de siembra cada vez más extensas para mecanizar el laboreo y generalizar la fumigación aérea, engullendo o desplazando por la fuerza otras actividades. Asesinatos, represión y persecución a quienes defienden sus territorios y naturaleza marcaron todo el proceso.
El Atlas no sólo documenta el desastre. También recoge y presenta las muchas formas de resistencia y creación, las propuestas y alternativas desde lo legal hasta lo territorial que los pueblos han ido construyendo. Gracias a las y los que han compartido tanta experiencia http://www.biodiversidadla.org/ Atlas
Compartimos esta investigación especial de Mongabay sobre el avance y los impactos de la Palma africana en Chiapas- A 13 de febrero 2020
Las condiciones climáticas del sureste mexicano propician la expansión del cultivo de la palma, provocando la deforestación de la Selva Lacandona, en Chiapas, uno de los territorios emblemáticos para la conservación en México
En Boca de Chajul, una pequeña comunidad del municipio de Marqués de Comillas, en Chiapas, Rafael Lombera ha visto desaparecer grandes extensiones de la selva Lacandona y ha sido principalmente —afirma— por la costumbre de explotar recursos naturales y por la ganadería. Hoy una de las causas es la siembra del cultivo de palma africana.
Cuando se viaja hacia Chajul, y hasta la entrada de este pequeño
poblado, se observa a orillas de la carretera letreros con la leyenda de
“Pago de Servicios Ambientales”, un programa del gobierno de México que
promueve la conservación en propiedades privadas o en ejidos (una
figura legal que da derechos sobre la tierra a campesinos). Los tramos
de selva se disputan así el paisaje con los predios sembrados con palma
africana.
Reserva de la Biósfera Montes Azules en Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
En el municipio de Marqués de Comillas, según un estudio del
Instituto Nacional de Ecología, están los únicos tramos de tierra en
México con selva inundable porque en otros estados, como Tabasco, han
desaparecido.
Las chozas de Rafael Lombera están alzadas por grandes soportes de
madera que permiten el paso de las aguas del río Lacantún cuando sale a
inundar sus inmediaciones. Este rincón selvático es la puerta de entrada
a la Reserva de la Biósfera Montes Azules; ahí todo el año llegan
investigadores de flora y fauna. También es la región donde empezó la
siembra de la palma en México, a mediados del siglo pasado.
1.Cambios en la selva
La mayor parte de la superficie propicia para la palmicultura está en
el sureste de México (dos millones de hectáreas, según el gobierno
federal), una región a la que pertenece Chiapas, que tiene las
condiciones agrícolas y climáticas para extender hasta en 400 mil
hectáreas las plantaciones de palma, cultivo destinado a saciar las
necesidades de los mercados extranjeros y nacionales que demandan
biodiesel y aceites para la industria de los alimentos.
Rafael Lombera, quien vive en esta región desde que era niño, hace
poco más de cuatro décadas, nota cambios en las dinámicas de la selva.
Tiene una opinión clara de cuál es la mayor amenaza para uno de las más
grandes reservas naturales de México: “la selva se está talando para
sembrar la palma africana”.
El cultivo de la palma africana ha sido impulsado tanto por el
gobierno estatal como el federal. Funcionarios estatales aseguran que lo
hacen en predios donde ya no hay selva, que ya se habían utilizado para
la ganadería.
En 2017, las estimaciones de la Secretaría del Campo de Chiapas eran
que existían cerca de 64 000 hectáreas sembradas en el estado; el
objetivo es llegar a 100 000. Para ello el gobierno chiapaneco impulsó
la creación de cuatro viveros de palma que, según el Instituto de
Fomento a la Agricultura Tropical, son los más grandes de América
Latina.
Hasta 2013, el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP) calculaba que el 44 % de la Palma sembrada en Chiapas estaba en
zonas selváticas.
Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
2.Campos sin vida
El investigador León Enrique Ávila, especialista en palma africana y
profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas, aseguró que la
siembra de palma en el estado no incluye un control ambiental efectivo.
Antonio Castellanos, investigador del Centro de Investigaciones
Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, con seis años de
trabajo con los productores de palma en los ejidos, aseguró que una de
las condiciones para recibir el apoyo del gobierno mexicano “es
comprometerse a sembrarla solo como monocultivo”. Donde hay palma
africana, no hay más flora.
Para León Ávila la sensación cuando recorre zonas de palma es la de
estar en un “desierto del silencio donde ya no hay ruido al amanecer”.
Él ha caminado la región durante años y dice haber visto cómo ese
cultivo ha cambiado las dinámicas de la flora, la fauna y de las
comunidades.
Las personas que antes vivían de sus cosechas y los productos que les
ofrecía la selva —explicó el especialista— ahora esperan con ansia la
fecha en que los dueños de las fábricas pagan a los palmicultores y
estos, a su vez, reparten los sueldos entre sus empleados jornaleros.
El investigador coincide con Antonio Castellanos: la principal falla
está en el hecho de que el cultivo ha sido introducido como monocultivo.
Y de acuerdo con la publicación especializada, Gloobal,
“las miles de hectáreas de palma africana implican no solo mantener la
deforestación sino aumentar el CO2 e incrementar la contaminación del
agua con agroquímicos en las regiones de alta biodiversidad, como las
regiones de la biosfera (de Montes Azules) y la selva Lacandona”.
Rafael Lombera, poblador en Boca Chajul, muestra los plantíos de palma africana en el ejido. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
3.Realidad que contradice el discurso
Según el Banco de México, el país importa cerca de 462 000 toneladas
de aceite de palma al año, lo cual equivale al 82 % de la cantidad que
consumen sus industrias. Por lo tanto, se requieren 200 850 hectáreas
produciendo para poder abastecer de aceite al mercado interno.
Las condiciones están puestas para que el cultivo avance porque hay
programas que impulsan la siembra de palma africana en los gobiernos
estatales, en el gobierno federal y en fondos extranjeros.
La investigadora del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), Bárbara
Linares Bravo, conoció a fondo la reconversión productiva con la llegada
de la palma africana al Valle de Tulijá, en el norte de Chiapas. Ella
observa un fuerte cambio que está erradicando las costumbres productivas
y de autoconsumo con la llegada de los apoyos internacionales y
nacionales para propagar el cultivo de palma.
Frutos de Palma Africana. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
“La expansión de este cultivo, paradójicamente, en contraposición al
discurso de desarrollo sustentable que le justifica, incrementa las
contradicciones sociales y ambientales”, señala Linares Bravo.
El avance de los cultivos de la palma africana en la selva de Chiapas
se desarrolla bajo tres compromisos adquiridos por el país con actores
internacionales. Uno de ellos es el Proyecto Mesoamérica, con 10
naciones adheridas (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Panamá y México) y su
Programa Mesoamericano de Biocombustibles, dentro del cual México
estableció su programa de reconversión productiva.
Además, México tiene 10 plantas extractoras de aceite de palma; siete
están en Chiapas y todas son privadas. Alrededor de ellas los
productores se organizan y hacen lo necesario para “limpiar” sus tierras
y pasar de ganar —por ejemplo— 5000 pesos (277 USD) mensuales por el
total de su cosecha de maíz sembrado para venta y consumo, a recibir
hasta 35 000 (1862 USD) cada mes por el monocultivo, según el testimonio
de José Baldovinos, palmicultor de Boca de Chajul.
Jose Baldovinos sostiene que la palma los ayudará a salir de la pobreza. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
4.Deforestación hormiga
Baldovinos ha sembrado con palma africana 27 hectáreas en las
inmediaciones de Boca de Chajul y está listo para sumar otras seis. Este
cultivo permitió enfrentar los gastos médicos que tuvo cuando dos de
sus parientes se enfermaron de gravedad.
Como miles de habitantes de Marqués de Comillas y la región
selvática, Baldovinos llegó desde Michoacán en 1972 en una avioneta que
aterrizó en algún camino rural o simplemente en un claro entre la
vegetación. “Aquí era pura selva, pero ha ido cambiando drásticamente”,
recuerda.
En los setenta, dentro de los ejidos, comenzó la práctica
indiscriminada de la ganadería y el cultivo de la palma africana.
Proliferaron los “acahuales”, que son unos espacios de selva en los que
los ejidatarios talan, esperan un par de años y después inscriben esas
tierras en programas de financiamiento para la palma africana sorteando
así el “obstáculo” de que hay selva. Talan para allanar el camino hacia
el cultivo que les es redituable.
Una fuente del gobierno de Chiapas que pidió el anonimato contó a
Mongabay Latam que actualmente la principal causa de deforestación en la
selva es la tala de madera a manos de “empresas clandestinas” que
trabajan de noche.
Es el avance hormiga de la palma en la región tropical que abarca la
mayor parte del sur de México. De acuerdo con los testimonios recabados
por Mongabay Latam, es así como han crecido los cultivos de la palma en
Veracruz, Quintana Roo, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Chiapas (los estados
con suelos propicios para la palmicultura) en terrenos de ganadería,
pastizales, “acahuales” o sitios selváticos deforestados
clandestinamente.
Plantación
de Palma Africana en Boca Chajul, ubicado en la frontera con Guatemala,
Selva Lacandona, Chiapas. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
5.Salida para pobladores
La palma africana, según el testimonio de Rafael Lombera y de José
Baldovinos, es el cultivo que ofrece la oportunidad de salir de la
pobreza a todos los campesinos dueños de pequeñas porciones de tierra
que están aumentando exponencialmente sus ganancias.
Baldovinos ha sido agricultor más de 65 años y solo hasta ahora logró
la tranquilidad económica. Gana 30 000 pesos al mes sin mayores
esfuerzos cuando el resto de su vida trabajando otros cultivos como
frijol, maíz o chile, lograba una mínima parte con esfuerzo máximo.
La ecuación es simple: en el programa de Pago de Servicios
Ambientales el gobierno mexicano paga 300 pesos al año por hectárea de
selva (en 2017) y una hectárea sembrada de palma en edad productiva
genera una ganancia de 100 000 pesos al año.
Rafael Lombera muestra un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales. Foto: Moysés Zúñiga Santiago.
Rafael Lombera, que es ejidatario en un tramo selvático manejado
entre más personas, asegura que “la gente se está desesperando y está
talando la selva para sembrar palma”.
Es una lógica que recorre la región selvática de Chiapas que se
extiende a lo largo de la frontera con Guatemala, donde se encuentran
predios que suman hasta 4000 hectáreas que surten a la fábrica de la
empresa Aceites Sustentables, según cálculos de los investigadores.
Y en territorio mexicano también hay productores que acaparan hasta
1000 hectáreas o pequeños propietarios que apenas comienzan —como don
José en sus inicios— a acumular sus primeras extensiones de tierra. “Así
se va cambiando de la selva a la palma”, dijo don José Baldovinos,
dueño de una de las casas más amplias del pueblo.
“El futuro es la palma”, lamenta Rafael Lombera, con un juego de lotería en sus manos en el que figuran las fotos de animales y vegetales tomadas por él mismo dentro de esa espesura de selva que se levantaba frente a él del otro lado del río Lacantún.
Compartimos este nota publicada en Sin Embargo sobre la agroindustria de soya en la península y su impacto negativo en la vida de las abejas- A 29 de enero de 2020
Las comunidades mayas, según los datos del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, aportan el 40 por ciento de la producción de miel en México, gracias a técnicas milenarias que ahora están en riesgo por la deforestación y la contaminación de tierras y aguas.
México, 28 ene (EFE).- Los productores locales del sureste de México, territorio indígena maya,
denunciaron este martes las consecuencias que sufren sus comunidades
desde que en 2012 varias empresas multinacionales consiguieran licencia
para plantar soya transgénica en sus territorios.
“Estoy tomando agua contaminada, estoy respirando aire
contaminado. Hay un conflicto social y confrontaciones internas muy
fuertes. Nuestros jóvenes están migrando”, reclamó este martes la
activista maya Leydy Pech, apicultora de Hopelchén, el municipio más
afectado por estas plantaciones en el sureño estado de Campeche.
Pech participó en una conferencia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
(Sader) en la que se trató principalmente el problema que atraviesa la
apicultura en esas zonas, primera actividad afectada por la
deforestación y por uso de pesticidas y plaguicidas a cargo de los
grandes productores de soya.
Las comunidades mayas, según los datos del Colectivo de Comunidades
Mayas de los Chenes, aportan el 40 por ciento de la producción de miel
en México, gracias a técnicas milenarias que ahora están en riesgo por
la deforestación y la contaminación de tierras y aguas.
El apicultor y activista Gustavo Huchín denunciaba
la situación en el documental “¿Qué les pasó a las abejas” (2019), al
señalar que fuerzan a los mayas a vender las tierras, luego las
desforestan y las riegan de pesticidas, lo cual destruye el hábitat de
las abejas y les causa daños que nos les permiten volver a los panales,
cuando no las matan directamente.
Pero las abejas no son las únicas en sufrir los daños, ya que, para evitar inundaciones en las cosechas, los productores industriales construyen pozos de absorción ilegales, con lo que se contaminan el agua y las tierras de toda la zona
Uno de los principales elementos de los pesticidas utilizados es el
glifosato, un componente calificado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”.
Ante esta situación, las denuncias de los productores mayas surgieron
efecto en noviembre de 2015, cuando la Suprema Corte de Justicia de
México suspendió esa licencia para plantar soya y así dar derecho a los
indígenas a ser consultados sobre qué actividades agrícolas deseaban en
sus territorios.
Las consultas fueron encomendadas a la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Intersecretarial de
Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, pero el
proceso sigue sin concluir y la moratoria no se ha respetado, denuncian
los indígenas.
“En 2003 no se sembraba soja en Hopelchén. En 2016, se
sembraron más de 28 mil hectáreas y en 2019 fueron 45 mil hectáreas,
según el grupo de sojeros”, recordó Pech, quien apuntó directamente a
Monsanto, que fue adquirida por la multinacional alemana Bayer en junio
de 2018 por 63 mil millones de dólares.
El Subsecretario de la Sader, Víctor Suárez, aclaró a los medios que
el Gobierno trabaja en la prohibición “a la siembra de soya transgénica,
que está asociada a uso masivo de herbicidas tóxicas”, en un plazo “de
pocos meses”.
El Subsecretario reveló que “una comisión intersecretarial”, con
apoyo de la Sader, de la Secretaría de Medioambiente y de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), trabaja
en establecer los plazos y las formas para llevar a cabo el estudio que
conduzca a la prohibición.
Suárez recordó que el Ejecutivo ya prohibió una lista “amplia” de plaguicidas “altamente peligrosos” por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Imagen: Las comunidades mayas, según los datos del Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes, aportan el 40 por ciento de la producción de miel en México. Foto ilustrativa: Isaac Esquivel, Cuartoscuro.
Compartimos este artículo de opinión publicado en La Jornada – A 4 de enero de 2020
Por Silvia Ribeiro
Estudios de investigadores de la Universidad de Guadalajara (UDG) y Ciesas Occidente han encontrado repetidamente que niñas, niños y adolescentes en varias comunidades rurales de Jalisco tienen residuos en orina de dos o más (¡hasta 12!) agroquímicos altamente peligrosos. Esto se refleja en diversos problemas de salud, que van de dolores de cabeza, vómitos y náuseas a problemas graves, como insuficiencia renal y, potencialmente, cáncer.
El gobierno de Jalisco presenta la entidad como gigante agroalimentario,
pero nada menciona sobre esto. Con casi 12 millones de hectáreas
dedicadas a la agricultura, principalmente industrial, la entidad es
terreno asiduo de las mayores trasnacionales de agroquímicos y semillas,
que son cobijadas por gobiernos locales, estatales y federal. Esta
relación, que no tiene que ver con alimentar a la gente y sí con
aumentar las ganancias empresariales vendiendo veneno, trata de ocultar
una grave realidad: la extendida contaminación con agrotóxicos de suelo,
agua y aire que ha provocado este modelo de producción, que envenena a
los pobladores, especialmente los más vulnerables: niños y niñas.
A principios de 2019 un estudio de Erick Sierra-Díaz, de la UDG;
Humberto González-Chávez, de Ciesas Occidente, y otros investigadores,
publicado en la revista científica international Journal of Environmental Research and Public Health (https://tinyurl.com/rda57tj)
mostró que de 281 muestras de orina tomada a niñas, niños y
adolescentes en las comunidades de Agua Caliente, cerca del lago
Chapala, y Ahuacán, próxima a Autlán, todas tenían residuos de dos o más
plaguicidas.
Seis agrotóxicos fueron recurrentes en 70 por ciento de los casos:
malatión, metoxuron, glifosato, dimetoato, uniconazole y acetoclor. Los
investigadores explican que en ambas comunidades hay exposición a
siembras industriales, pero además, en el caso de la comunidad de Agua
Caliente, el riego y consumo de agua contaminada con químicos del lago
Chapala aumentó el nivel de ciertos tóxicos. La mayor prevalencia fue de
herbicidas, seguida de funguicidas e insecticidas. En Ahuacán, todas
las muestras contenían residuos de glifosato.
El equipo de investigadores de la UDG y del Ciesas Occidente continuó
tomando muestras de orina en niñas y niños escolares y prescolares en
otras zonas de Jalisco en 2019. Una de las áreas seleccionadas, por la
alta frecuencia de enfermedades que allí ocurren, fue El Mentidero,
próxima a Autlán, Jalisco.
Allí, las madres de los alumnos de secundaria les solicitaron que incluyeran en los análisis de orina de sus hijos, explicando que, desde que comienzan los cursos, los jóvenes se sienten mal y sufren constantes dolores de cabeza, vómitos y náuseas. La secundaria está al lado de un campo de siembra, donde fumigan varias veces a la semana, incluso cuando están los alumnos en clase o en el patio. El equipo de investigadores tomó 146 muestras a adolescentes, escolares y prescolares. El 100 por ciento de las muestras arrojó residuos de dos a seis agrotóxicos. Los principales fueron el glifosato y el 2-4 D, ambos inventados por Monsanto y declarados cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud.
Debido al estudio y a la movilización de las madres para detener el
uso de agrotóxicos, o como mínimo que no se aplique cerca de secundarias
y escuelas, las empresas de venta de venenos están en campaña para
desprestigiar los estudios y poder seguir contaminando. La asociación civil
Proccyt, en realidad fachada de la industria trasnacional de
agrotóxicos (sus miembros son Syngenta, Bayer-Monsanto, Corteva, FMC,
Basf y otras), ofreció al gobierno de Jalisco y a autoridades de Autlán
dar talleres de capacitación, especialmente en las áreas donde se
han realizado los estudios que muestran la presencia de agrotóxicos en
la orina de los niños. Las autoridades lo aceptaron e incluso
patrocinaron su estadía. La reportera Mayra Vargas documentó cómo el capacitador
de Proccyt aseguró en esos talleres que solamente si le hubieran dado a
beber Faena (nombre comercial del glifosato) antes de tomar la muestra a
los niños, podrían aparecer residuos en la orina. (11/11/19, Letra Fría, https://tinyurl.com/wn6xlgc).
Los estudios muestran que el Proccyt miente, pero además hay casi 43
mil juicios contra Bayer-Monsanto en Estados Unidos por haber causado
cáncer con glifosato a sabiendas de su peligrosidad. Tres juicios le han
otorgando razón y millones de dólares en indemnización a los
demandantes. Pero en México, las secretarías de Agricultura (estatales y
federal) le abren espacio y pagan gastos a esta burda fachada de las
empresas para atacar con mentiras los estudios científicos de
investigadores de universidades públicas de México y así engañar a los
agricultores y pobladores sobre su inocuidad.
No necesitamos echar veneno a nuestra comida. Hay muchas alternativas
buenas y sanas en la producción local, campesina y agroecológica.
Relata Humberto González que son las madres las que insisten en la
denuncia y están empujando un cambio, las que no tienen miedo y no se
van a dar por vencidas, como no la han hecho en muchos otros temas.
Defienden a sus hijos e hijas y el derecho a la salud de todos. Hay que
apoyarlas.
