Compartimos este boletín de prensa de la RAPAM, MAELA y la Red de Toxicología de Plaguicidas en el marco del Día internacional del no uso de plaquicidas – A 3 de diciembre del 2024
En el Día internacional del no uso de plaguicidas más de 500 firmantes, entre organizaciones, académicos, técnicos agrícolas y ciudadanos, enviamos una carta a diversas autoridades federales pidiendo se establezca una política de Estado que profundice la transformación agroecológica de los sistemas agrícolas, tanto de los pequeños, medianos y grandes productores, con una política rural integral y la reducción del uso y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos, mediante una política intersecretarial con un enfoque de derechos humanos.
En la carta dirigida a los titulares de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y a la Procuraduría Agraria, se plantea una articulación de los organismos mencionados para impulsar una serie de acciones, pues hasta el momento y a pesar de los esfuerzos realizados durante el sexenio, persiste un régimen regulatorio neoliberal y discrecional que prioriza el interés de las empresas que dominan el mercado, afectando los derechos humanos y la salud de la población y de los ecosistemas. Lo anterior debilita la acción de los organismos reguladores en sus obligaciones de proteger el interés público frente a los efectos adversos de los agrotóxicos.
La carta destaca que dicha política de Estado debe establecerse con “objetivos, metas, estrategias y prioridades que sean medibles, evaluables y monitoreables” tal como se plantea en la Recomendación de la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH 82/2018), que fue aceptada por las autoridades federales de Cofepris, Sader y Semarnat al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador. “Se requiere una política de Estado articulada para cumplir con esta recomendación de la CNDH, que aún no se ha cumplido”, afirmó Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (Rapam), y añadió: “El problema va mucho más allá de los esfuerzos gubernamentales efectuados en el sexenio anterior para prohibir el glifosato y documentar las evidencias que demuestran que si hay alternativas”.
En efecto, la carta enfatiza que en México como resultado de políticas neoliberales aún existen 204 plaguicidas altamente peligrosos (PAP) autorizados por Cofepris, con una amplia diversidad de efectos adversos a la salud y al ambiente, graves o irreversibles, como son: toxicidad aguda alta que puede causar la muerte en humanos, organismos acuáticos y abejas, o una toxicidad crónica, asociada con ciertos tipos de cáncer, daños reproductivos, alteraciones hormonales, entre otros problemas de salud pública, además de plaguicidas con una alta persistencia en agua, suelo o sedimientos. Así también existen 151 plaguicidas autorizados por Cofepris que están prohibidos o no autorizados en otras partes del mundo, incluyendo a algunos países con los que tenemos acuerdos comerciales. Cabe advertir que muchos de estos permisos fueron otorgados con una vigencia indeterminada y no se conoce con exactitud si se siguen usando.
“Se debe continuar y profundizar los apoyos a la agoecología con una política rural integral para el mejoramiento de la fertilidad del suelo, el manejo agroecológico de plagas y enfermedades y arvenses, el cuidado y uso eficiente del agua”, apuntó Rocío Romero, coordinadora del Movimiento Agroecológico Latinoamericano (Maela) en Mesoamérica. “Se debe reconocer la capacidad de innovación y experiencia acumulada de las organizaciones de campesinos e indígenas, de la agricultura orgánica y agroecológica, y crear espacios para su participación”, agregó.
En la carta se plantea que se deben generar políticas de prevención y protección a la salud ambiental y a grupos de población en situación más vulnerable: trabajadores agrícolas, niñas y niños, mujeres embarazadas, comunidades rurales expuestas, consumidores, así como el ejercicio del derecho a la información ciudadana y medios de reparación de daños. “Hay una amplia evidencia científica de los daños que causan numerosos plaguicidas altamente peligrosos usados en México que se han documentado en México y en la literatura científica internacional”, aseguró Yael Yvette Bernal Hernández, de la Universidad Autónoma de Nayarit y coordinadora de la Red Temática de Toxicología de Plaguicidas.
La carta detalla las acciones que debería implementarse en esta política de Estado, como: la prohibición del uso de los insecticidas fipronil y de neonicotinoides como imidacloprid, responsables de la muerte masiva de abejas y prohibidos para uso agrícola en la Unión Europea; el cumplimiento del decreto de prohibición gradual del glifosato establecido en el decreto presidencial de 2023; crear un sistema nacional de información y vigilancia integral sobre el uso de plaguicidas, que garantice el derecho público a saber qué plaguicidas se usan, dónde, cuánto y cuándo; asesorar a ejidos y comunidades sobre las consecuencias de permitir el uso de PAP en los contratos de renta de tierras y apoyar las decisiones de las asambleas ejidales y comunales de actualizar sus reglamentos y trabajar con los municipios que impulsen políticas agroecológicas libres de agrotóxicos y transgénicos; fortalecer la capacidad analítica de las instituciones de enseñanza e investigación del sector público; incluir a los PAP en la agenda de cooperación internacional para lograr la reducción de su volumen y uso de acuerdo con metas acordadas en el Convenio de la Biodiversidad; y participar en la Alianza Mundial sobre el Uso de Plaguicidas acordada en otro marco estratégico voluntario sobre productos químicos, y cumplimiento nacional de los acuerdos multilaterales. Una gran parte de estas propuestas se detallan en la Agenda socioambiental 2024: diagnósticos y propuestas, publicada por la UNAM.
Por último, en la carta se hace un exhorto a la Cámara de Diputados para que no se siga reduciendo el presupuesto de las actividades de regulación, vigilancia sanitaria y ambiental de la Cofepris, Semarmat y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como las investigaciones realizadas en este ámbito por universidades y centros de investigación pública, lo que impacta negativamente el cumplimiento de las obligaciones de proteger el interés público, ya de por si debilitadas en los sexenios anteriores.
El Día internacional del no uso de plaguicidas se estableció para conmemorar el accidente ocurrido en Bhopal, India, entre el 1 y el 3 de diciembre de 1984, donde se produjo una fuga al aire libre de miles de toneladas de isocianato de metilo ―un compuesto utilizado para la fabricación de plaguicidas―, en una fábrica propiedad mayoritaria de la trasnacional Union Carbide, donde murieron 10,000 personas en forma inmediata, también ganado y animales doméstico, según el informe de Amnistía Internacional. Posteriormente, murieron más de 22,000 personas y más de 500,000 siguen sufriendo los efectos de la nube tóxica que abarcó varias áreas pobladas. El 6 de febrero de 2001, Union Carbide se convirtió en una filial de la empresa Dow Chemical Company. Hasta hoy esta empresa sigue eludiendo sus responsabilidades en este desastre y en materia de derechos humanos, según este informe.
En el marco del Día internacional del no uso de plaguicidas, sirva para reflexionar sobre el impacto de los agrotóxicos en nuestra salud, nuestros ecosistemas y nuestro futuro. Este día conmemora no sólo la tragedia de la catástrofe de Bhopal en 1984, sino que también nos impulsa a imaginar y construir un mundo donde la producción de alimentos y el manejo de plagas no impliquen sacrificios ambientales ni riesgos para nuestras vidas.
Ver carta completa con la lista de firmantes en: Para mayor información, comunicarse con: Fernando Bejarano coordinacion@rapam.org celular: 5541926483 Rocío Romero maela.mexico@gmail.com Yael Yvette Bernal Hernández rednacionalplaguicidas2015@gmail.com
Les compartimos este informe publicado por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM sobre Economía verde y los bonos de carbono – A septiembre 2024
Este informe brinda un panorama general de la expansión de las plantaciones de árboles destinadas a los mercados de carbono. Cómo son estas plantaciones, dónde están ubicadas, quienes se beneficia de ellas, cuáles han sido los impactos para las comunidades que viven en las tierras que ocupan estos proyectos y qué iniciativas internacionales se están llevando a cabo para impulsar las plantaciones de árboles como forma de compensar las emisiones de carbono.
El negocio de la compensación de emisiones de carbono ha demostrado ser un mecanismo muy eficaz para que las empresas se beneficien del caos climático, ya sea directamente –mediante la venta de créditos de carbono– o indirectamente – permitiendo que las empresas continúen con sus actividades basadas en combustibles fósiles. En la prisa por expandir este negocio, los proyectos de plantación de árboles han atraído a un número creciente de buscadores de ganancias, como los especuladores, consultores del carbono, empresas forestales y compañías petroleras. El resultado ha sido que las plantaciones de árboles destinadas a compensar emisiones de carbono plantean ahora amenazas cada vez mayores para las comunidades que dependen de la tierra.
Después de un impulso inicial alrededor de la década de 2000, presenciamos ahora una nueva ronda de iniciativas de plantaciones de árboles para el mercado de carbono. En los últimos tres años, el número de proyectos de plantaciones para mercados voluntarios de carbono ha aumentado más del doble. Estos proyectos no sólo crecieron en número sino también en escala. Los desarrolladores afirman que sus proyectos de plantación de árboles tienen uno de los índices promedio más altos de absorción/reducción de emisiones en comparación con otros tipos de proyectos.
Este informe brinda un panorama general de la expansión de las plantaciones de árboles destinadas a los mercados de carbono. ¿Cómo son estas plantaciones? ¿Dónde están ubicadas? ¿Quién se beneficia de ellas? ¿Cuáles han sido los impactos para las comunidades que viven en las tierras que ocupan estos proyectos? ¿Y qué iniciativas internacionales se están llevando a cabo para impulsar las plantaciones de árboles como forma de compensar las emisiones de carbono? Éstas son sólo algunas de las preguntas que se exploran en las siguientes páginas.
ÍNDICE
1. Carbono, tierra y árboles 1.1 Compensación de emisiones de carbono y árboles, en pocas palabras 1.2 Creación y comercialización de créditos de carbono 1.3 ¿Por qué la mayoría de los créditos de carbono son emitidos por proyectos basados en el uso de la tierra?
2. Plantaciones de árboles para los mercados de carbono 2.1 ¿Cuántos proyectos de plantación de árboles existen? ¿Qué tan grandes son? 2.2 ¿Dónde están ubicadas las plantaciones de árboles para el mercado de carbono? 2.3 ¿Quién se beneficia de los proyectos de plantación de árboles para el mercado de carbono?
3. ¿Cuáles son los principales tipos de de plantación de árboles para el mercado de carbono? 3.1 Monocultivos de árboles a gran escala para el mercado de carbono en tierras de propiedad privada 3.2 Sistemas con pequeños agricultores 3.3 Arrendamientos de tierras a largo plazo
4. Iniciativas internacionales, regionales y nacionales que promueven plantaciones de árboles para el mercado de carbono 4.1 Iniciativa de Mercados de Carbono de África 4.2 Plataforma Africana de Impacto Forestal 4.3 La iniciativa Trillion Trees (un billón de árboles) 4.4 Iniciativa 20 x 20 4.5 Políticas nacionales
Compartimos el boletín 272 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A octubre del 2024
NUESTRO PUNTO DE VISTA
24 Octubre 2024COP 16 del Convenio para la Diversidad Biológica: Soluciones para las empresas, pérdidas para la biodiversidad y las comunidades Entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre se lleva a cabo en Colombia la COP16 del Convenio para la Diversidad Biológica (CBD), una iniciativa que ha fracasado en su objetivo de detener la alarmante pérdida de biodiversidad. Desde hace 30 años, en lugar de poner fin a la destrucción por parte de las empresas extractivas, las propuestas del CBD empeoran la situación con acciones que socavan la soberanía y permanencia de Pueblos Indígenas y comunidades en los territorios que habitan y protegen.→
COMPENSACIONES Y MONOCULTIVOS: AMENAZAS CRECIENTES SOBRE LOS TERRITORIOS
24 Octubre 2024PODCAST – Indonesia: Mujeres Dayak defienden el bosque de Tambun BungaiEste artículo cuenta la historia de un Podcast lanzado conjuntamente con Solidaritas Perumpuan, una organización feminista de Indonesia. Se trata del tercer episodio de la serie “Luchas de mujeres por la tierra”, producida por el WRM junto a organizaciones de diferentes países. En este episodio se cuenta la resistencia de las mujeres ante las plantaciones de palma aceitera, REDD y un proyecto a gran escala para la producción de alimentos (Food Estate) en tres aldeas en Kalimantan Central.→
Imagen 24 Octubre 2024Gabón: Controversia acerca del proyecto de monocultivo de eucalipto en los Plateaux BatekeLa empresa Sequoia pretende establecer 60.000 hectáreas de monocultivo de eucalipto en la provincia del Haut-Ogooué, en Gabón. Las declaraciones de las comunidades y una encuesta con la participación de más de 1.400 personas de la región impactada subrayaron el total rechazo a este proyecto. Autoridades del actual gobierno y del Parlamento de Gabón también se han expresado en contra de este proyecto.
24 Octubre 2024La República del Congo bajo el impacto de la expansión de las plantaciones de árboles para el mercado del carbono: un negocio opaco y greenwashingEn Congo-Brazzaville, los proyectos de plantación de árboles para los mercados de carbono proliferaron en los cuatro últimos años. Esto supone la implementación a gran escala de monocultivos por parte de empresas petroleras bajo la bandera de la “neutralidad del carbono” y la creación de empleos para las comunidades. Sin embargo, estos anuncios no son ni una solución para la crisis climática ni un beneficio para las comunidades del Congo. →
24 Octubre 2024La ‘política climática’ de Tailandia basada en la compensación de emisiones: mayor caos e injusticia Con el apoyo del Banco Mundial, el gobierno tailandés avanza rápidamente en la implementación de su ‘política climática’ basada en la compensación de emisiones de carbono mediante el uso de las llamadas ‘áreas verdes’. Se prevé que estas áreas cubran no menos de la mitad de la superficie del país. Sin embargo, detrás de este discurso ‘verde’ se esconde una política económica que depende en gran medida del uso continuado de combustibles fósiles.→
24 Octubre 2024Portucel/Navigator y el eucalipto en Mozambique: “Lo que esta empresa deja a la población es cero por ciento”Además de sus impactos directos en la vida de las comunidades, los monocultivos de eucalipto representan una absurda y obscena desigualdad. Un grupo de 45 habitantes de las comunidades con quienes hablamos se quedaron atónitos al saber que tendrían que trabajar durante 2.300 años para recibir, colectivamente, lo que la familia para la que trabajan recibió en un año solo con los títulos de propiedad de una de sus fincas.→
Compartimos esta carta del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM en solidaridad con una comunidad que resiste a la palma de aceite en Indonesia -A 10 de octubre del 2024
Llamamos a grupos, organizaciones y movimientos a apoyar esta carta en solidaridad con las familias campesinas que defienden su territorio frente a los intentos de la empresa Wilmar International de convertir sus arrozales en plantaciones industriales de palma aceitera.
Desde el 4 de octubre, campesinos de la comunidad de Nagari Kapa, en Sumatra Occidental, Indonesia, se enfrentan a violentos ataques y detenciones policiales. Su “delito” es defender su territorio y su dignidad frente a los intentos de la empresa PT PHP I, filial de la transnacional Wilmar International, de convertir los arrozales de la comunidad en plantaciones industriales de palma aceitera.
Con esta carta pública urgente que presentamos a continuación, expresamos nuestra solidaridad con la comunidad de Nagari Kapa. La carta hace un llamado a las instituciones gubernamentales y a la Policía indonesias a que frenen nuevas agresiones y actos de violencia contra los campesinos de Nagari Kapa y aceleren el proceso de reforma agraria en curso.
Otros Mundos A.C, organización ambientalista radicada en San Cristóbal de las Casas, en el marco del Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, denunció que dicha actividad amenaza la vida de las comunidades y los ecosistemas.
La organización denunció la imposición de modelos de explotación que empobrecen la tierra y afectan gravemente el equilibrio ambiental debido a los monocultivos.
Por tanto, reafirmaron su lucha por alternativas que respeten la vida, el agua y la soberanía de los pueblos.
Palma de aceite
En 2021, la Red Mesoamericana Frente a la Palma Aceitera realizó un encuentro en San Cristóbal de las Casas, con el fin de compartir experiencias en torno a las plantaciones de palma de aceite, así como analizar, estudiar y debatir sobre las consecuencias de este monocultivo en los territorios.
Diversas organizaciones, redes, miembros y representantes de colectivos provenientes de Honduras, Guatemala, México, Uruguay y Ecuador señalaron que, la palma de aceite ha llegado a sus territorios bajo un modelo extractivo acelerado, agresivo y depredador.
Indicaron que, los monocultivos de palma provocan la desaparición de las fuentes de agua, como los lugares sagrados de los pueblos originarios vinculados con el vital líquido, y desvían ríos. Asimismo, impactan en las cosmovisiones de estas comunidades.
Resaltaron que, las plantaciones provocan rompimiento de la soberanía alimentaria de los pueblos, acaban con los suelos, aceleran la deforestación, generan pobreza, dependencia y fuertes problemas de salud, provocan sequías e incendios, destruyen el paisaje, despojo y desplazamiento.
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), calcula que México tiene en total 2.5 millones de hectáreas propicias para sembrar Palma Africana, una superficie mayor que el territorio de El Salvador.
La mayor parte de esa superficie propicia para la palmicultura está en el sureste (dos millones de hectáreas, según el gobierno federal), en la que sobresale Chiapas, por las condiciones agroclimáticas para extender las plantaciones de Palma hasta en 400 mil hectáreas.
Compartimos esta invitación del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM a participar en este webinario en el marco del 21 de septiembre Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles
¡ÚNETE AL WEBINARIO! En vísperas del Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, queremos invitarles a participar en el seminario virtual “Plantaciones de Árboles, Mercados de Carbono y Resistencias”.
Viernes 20 de septiembre
7:00hs Ciudad de México, 8:00hs Bogotá, 10 hs Buenos Aires y San Pablo, 14:00hs Yaundé, 15hs Europa Central, 16:00hs Kampala, 18:30hs Nueva Delhi, 20:00hs Yakarta.
Compartimos el primer número de la Revista Crónicas de la Selva producida por Salva la Selva – A 23 de agosto del 2024
La revista digital de Salva la Selva ve la luz por primera vez, con un número centrado en el trabajo que llevan a cabo las mujeres de los países del Sur en defensa de la vida y la naturaleza. Recorrimos para ello desde Indonesia hasta México, pasando por el Ecuador. Este número recorre algunos de los proyectos que apoyamos y presenta el trabajo de algunas de nuestras organizaciones aliadas.
Contamos desde ahora con este nuevo medio que nace básicamente en forma digital. La idea es poder transmitir algunos de los aspectos de nuestro trabajo que no se llegan a reflejar en nuestra página web. Damos a conocer mejor lo que implica la defensa de la selva y de la naturaleza, y el marco en el que se desarrolla nuestro trabajo con muchas organizaciones aliadas en diferentes regiones del mundo.
Gracias a sus donaciones, en 2023 pudimos apoyar el trabajo de más organizaciones que nunca. El objetivo: proteger las selvas, a los pueblos indígenas, la naturaleza y el clima. Y de ello hablamos también en la revista.
Contenido variado
En este número, rendimos un homenaje a las mujeres con las que trabajamos. Para conocerlas más de cerca, recorrimos la isla indonesia de Sulawesi, epicentro mundial de la industria del níquel, en auge debido al impulso que están tomando los vehículos eléctricos, pero con una cara oscura que destruye las selvas y modos de vida de las mujeres y sus comunidades. En Sumatra conocimos mujeres que resisten a la minería de oro. La resistencia a la minería es un fenómeno global, y por eso, también hemos hablado con Georgine Kengne, de la red panafricana WoMin. En este contexto, analizamos cómo las mujeres defienden sus fuentes de sustento, uniendo fuerzas.
Además, estuvimos en Ecuador y en México, con mujeres líderes indígenas que se comprometen con sus territorios y tradiciones. Nos informaron de los impactos que el consumo masivo trae a sus comunidades y lo que podemos hacer. Mucho de lo que las mujeres nos compartieron se refleja en estas Crónicas de la Selva.
Si bien hemos hecho una pequeña tirada en papel para distribuir en algunos eventos presenciales, la idea es compartirlo gratuitamente en formato digital. Esperamos que te guste.
Compartimos este reportaje especial publicado en Mongabay sobre la palma de aceite en América Latina y los diferentes impactos que tiene sobre las poblaciones – A 14 de agosto de 2024
Comunidades rurales de Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras y Panamá no paran de denunciar que los monocultivos de palma de aceite están contaminando sus fuentes de agua. Sin embargo, probarlo no es un asunto sencillo; la carencia de estudios científicos es su principal obstáculo.
Una investigación realizada en la cuenca del río Napo, en Ecuador, es pionera en exponer la contaminación del agua por los pesticidas utilizados por varios sectores productivos, entre ellos la industria palmicultora: entre el 26 % y el 29 % de las especies acuáticas estarían siendo afectadas. Situaciones similares podrían vivirse en otros países de la región.
Los expertos piden un mayor control y vigilancia de las autoridades ambientales. También recomiendan trabajar en un sistema de evaluación de pesticidas para los cultivos más intensivos de la región y crear normas de calidad ambiental para las aguas superficiales de las zonas tropicales.
El aceite de palma que está presente en miles de productos —desde champús, alimentos procesados o maquillajes— ha acumulado innumerables denuncias por daños ambientales en las principales regiones productoras, como el sudeste asiático y América Latina. La mayoría de las denuncias son por la pérdida de bosques tropicales que ha provocado la expansión de la palma aceitera. En los países latinoamericanos, las comunidades que son vecinas de las plantaciones de palma reportan que las fuentes de agua empiezan a reducirse, algunos ríos a secarse —al punto incluso de dejar de ser aptos para pescar o beber— y la contaminación con pesticidas y químicos de las fuentes de agua entra a agravar la situación.
Estas denuncias se escuchan cada vez más en aquellos países latinoamericanos en donde el cultivo de palma de aceite crece en forma discreta.
Cifras del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) indican que en el 2023 la producción mundial fue de 79.53 millones de toneladas, mientras que en el 2022 se ubicó en 77.96 millones de toneladas. Esto representa un incremento del 2 %; una tendencia al alza que se seguirá consolidando en el 2024, ya que las proyecciones de la USDA estiman una producción de 80.19 millones de toneladas. https://projects.mongabay.lat/2024/afectaciones-palma/
Indonesia, Malasia y Tailandia concentraron el 87 % de la producción mundial en el 2023, mientras que los países africanos y latinoamericanos produjeron el 13 % restante. Colombia fue el principal productor por fuera del sudeste asiático (1,9 millones de toneladas), ocupando el puesto 4. En el top 15 también aparecen Guatemala en el puesto 6, Honduras en el 9, Brasil en el 10 y Ecuador en el 12.
Esta tendencia al alza en la producción de aceite de palma, que incluye a los países latinoamericanos, revela también el peligro que representa el incremento de los problemas ambientales, sobre todo si las autoridades no asocian la bonanza económica con la fiscalización de la actividad.
Distribución de la producción de aceite de palma en Colombia. Mapa: Foreign Agricultural Service of the USDA.Distribución de la producción de aceite de palma en Guatemala. Mapa: Foreign Agricultural Service of the USDA.
Algunas de las denuncias más frecuentes en Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras están relacionadas, precisamente, con la contaminación de agua —principalmente con pesticidas y otros agroquímicos— y con el desvío o acaparamiento de esta. Se encontraron 59 procesos sancionatorios: 32 en Colombia, 25 en Guatemala, 2 en Ecuador y ninguno en Honduras, a pesar que las comunidades denuncian lo contrario. Del total de casos, sólo 6 finalizaron con una sanción monetaria contra el infractor, en 3 se pidieron medidas de reparación ambiental y en 2 se hicieron solicitudes de mejora de la actividad productiva. En 5 casos las autoridades no dieron información sobre las sanciones impuestas y en 46 fue imposible determinar en qué estado se encontraba la investigación o proceso sancionatorio (en algunos casos las autoridades impusieron dos o más sanciones).
La falta de información y la entrega de información incompleta son una constante en las respuestas que brindan las autoridades. A eso se suma otro gran problema: la ausencia de estudios técnicos y científicos que analicen la contaminación del agua y que ayuden a determinar la responsabilidad de la industria palmicultora en esa contaminación
“Los países que lideran estudios en temas de evaluación de pesticidas en ecosistemas acuáticos son Brasil y Argentina. En los demás países de Latinoamérica, la información es súper escasa”, asegura Marcela Cabrera, especialista en Gestión Integral del Agua y directora del Laboratorio Nacional de Referencia del Agua en la Universidad Regional Amazónica Ikiam de Ecuador.
Mongabay Latam, Ocote, Radio Progreso y France 24 en español se unieron para documentar lo que padecen comunidades que denuncian la contaminación del agua ocasionada por la producción de aceite de palma en Ecuador, Panamá, Guatemala, Honduras y Colombia. Para estas comunidades tener como vecinas a las plantaciones de palma les ha traído afectaciones a su soberanía alimentaria, su salud y su derecho de acceso al agua.
Distribución de la producción de aceite de palma en Honduras. Mapa: Foreign Agricultural Service of the USDA.Distribución de la producción de aceite de palma en Ecuador. Mapa: Foreign Agricultural Service of the USDA.
Las quejas por contaminación
“Mi bisnieto se metió al agua y ahorita lo están curando porque le comenzaron a salir manchas blancas”, dice Eligia Natalia López, lideresa comunitaria y fundadora de la aldea Nueva Libertad, en Fray Bartolomé de las Casas, Guatemala.
“La contaminación queda en la ropa, a pesar de lavarla”, asegura Wilfredo Ramírez, campesino encargado de cortar los frutos de las palmas aceiteras en el valle del Aguán, en Honduras.
En Ecuador, la comunidad afro de Barranquilla de San Javier, en la provincia de Esmeraldas, ha visto cómo disminuyen los recursos pesqueros: “El barbudo se abre y le salen gusanos. Al sábalo le salen unos tumores, apesta. Al curuco le gusta lamer las peñas, comer de ahí. Entonces, como el agua viene contaminada, todo eso se comen los peces. De lo poco que queda ya no se consume nada. Todo lo demás se ha extinguido”, comenta Samir Mina.
Pablo Espinoza, habitante de la provincia de Chiriquí en el noroccidente de Panamá y en límites con Costa Rica, dice que la contaminación que se vive en la zona es evidente: “Yo he ido a verificar. Hay una parte donde la planta (procesadora de aceite) bota un aceite amarillo y cuando eso se empieza a derramar va a parar al río Chiriquí Viejo. Yo lo he visto, no es que me lo han dicho, hicieron como un canal por donde caen los líquidos de los frutos y caen en el río Chiriquí Viejo”.
Como estos, hay decenas de testimonios que denuncian la contaminación del agua en comunidades cercanas a cultivos de palma de aceite en diversos países de Latinoamérica. A esas voces se suman las de aquellos que no sólo sufren por la contaminación sino por el acaparamiento del agua, como también es el caso de Eligia Natalia López en Guatemala: “Todo el río Sepur se lo tomaron los de la palma. Ahí están los quineles donde ellos guardan el agua (canales que suelen tener compuertas). Ahí está toda el agua, y no sé qué irán a hacer ahora que el río se está secando”.
Las comunidades del Valle del Aguán (Honduras) denuncian poco interés de las autoridades por controlar el manejo de las lagunas de oxidación. Foto. Lesly B. Frazier.
En Colombia, la situación es similar. Duván Caro, líder comunitario del municipio caribeño de María La Baja, relata que, desde 2008, un ojo de agua conocido como Leticia comenzó a secarse y que “desde que llegó la palma hay momentos en que Leticia se seca por completo, como ocurrió en enero de 2024”.
Varias de estas comunidades han recurrido a la justicia para exigir la protección de sus derechos y otras han denunciado ante las autoridades ambientales. Sin embargo, hasta ahora no han tenido una respuesta que solucione su situación. Los Estados no han enviado a funcionarios o expertos a analizar el problema, y no hay datos científicos concluyentes que permitan comprobar sus denuncias.
¿Por qué los Estados no hacen estudios de calidad del agua que permitan conocer los elementos que contaminan ríos, lagos y fuentes subterráneas? Marcela Cabrera lleva varios años estudiando los ecosistemas acuáticos y tiene varias hipótesis como respuesta. La primera es que estos análisis son muy costosos, y aunque los Estados tienen como responsabilidad monitorear las zonas donde han otorgado permisos para la operación de grandes hectáreas de cultivos agrícolas, como ocurre con la palma aceitera, se excusan en los limitados recursos económicos de los que disponen. Esto es grave porque “nuestros ecosistemas acuáticos deberían monitorearse como mínimo una vez al año”, comenta con contundencia.
La segunda hipótesis para la ausencia de estudios es que muchos países de Latinoamérica no tienen la capacidad analítica para realizarlos. “Si no tienes la capacidad de evaluar cuáles pesticidas tienes en tus ecosistemas acuáticos, tampoco tienes la capacidad de regular, porque no sabes qué regular”, dice Cabrera.
Como respuesta a esa falta de capacidad técnica, muchas naciones latinoamericanas han adoptado como referencia las normativas de países de climas templados. “¿Cuál es el problema de que nosotros sigamos tomando referencias de normativas de zonas templadas? Que actualmente hay muchos estudios que muestran que los organismos de las zonas tropicales son más sensibles que los organismos de las zonas templadas. Entonces, por ejemplo, no es correcto aplicar los mismos criterios de Europa en América del Sur”, agrega la científica ecuatoriana.
Estos son algunos de los búfalos que usa la palmicultora Energy & Palma en Ecuador para acarrear el fruto de la palma. Foto: Nathalia Bonilla – Acción Ecológica.
Debido a las falencias de los países latinoamericanos en el manejo y monitoreo de sus ecosistemas acuáticos, el riesgo es que algunas empresas asuman la realización de los estudios de calidad de agua. Andreu Rico, especialista en Ecología acuática y gestión de la calidad del agua, investigador del Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia (España) y del Instituto IMDEA Agua, considera que hay que tener cuidado para que los estudios no caigan en manos de empresas multinacionales, “no porque los estudios estén mal hechos, sino porque pueden carecer de credibilidad si, por ejemplo, la empresa que vende el pesticida es la que, además, hace la evaluación de riesgos de ese pesticida”.
Un estudio pionero pone el tema sobre la mesa
En 2023, Cabrera y Andreu, junto con otros seis investigadores, publicaron en la revista Chemosphere uno de los pocos estudios sobre los efectos de la agricultura intensiva y los riesgos de los plaguicidas en los ecosistemas de agua dulce, centrándose en la Amazonía ecuatoriana.
En el artículo se menciona que esta región de Ecuador ha experimentado un cambio significativo en el uso del suelo, debido al aumento demográfico y a la expansión de la frontera agrícola. Dichos cambios se han asociado a problemas de contaminación del agua y los pesticidas están entre los causantes. Para llegar a esa conclusión, monitorearon 19 parámetros de calidad del agua, 27 pesticidas y la comunidad de macroinvertebrados en 40 sitios de muestreo de la cuenca del río Napo, incluyendo una reserva de conservación natural y sitios en áreas influenciadas por la producción de aceite de palma, la producción de maíz y la cercanía a centros urbanos.
Uno de los hallazgos más importantes de la evaluación de riesgo es que los insecticidas organofosforados (etion, clorpirifos, azinfos-metil, profenofos y protiofos) y el imidacloprid eran los compuestos que presentaban el mayor riesgo ecotoxicológico, con mezclas que podrían afectar entre el 26 % y el 29 % de las especies acuáticas en las zonas muestreadas.
Los resultados del estudio también mencionan que las áreas dominadas por la producción de aceite de palma tienen una influencia significativa en los parámetros de calidad del agua, afectando a las comunidades de macroinvertebrados. En total, para el estudio se recolectaron 2200 individuos pertenecientes a 37 especies de insectos, seis especies de gasterópodos, cuatro especies de hirudineos, una especie de crustáceo y una especie de arácnido.
Aún con la contaminación, las vecinas de Fray Bartolomé de las Casas visitan el río Sepur para lavar su ropa. Foto: Christian Gutiérrez.
“Después de realizar todos estos análisis vimos que hay un deterioro en el hábitat y una disminución en la presencia de macroinvertebrados. En las áreas de cultivo de palma encontramos una sola familia de macroinvertebrados y es una familia resistente a contaminación”, indica Cabrera, y agrega que la biodiversidad acuática no sólo está siendo afectada por los pesticidas, sino que alrededor de los cultivos de palma encontraron deforestación de vegetación ribereña, lo que hace que lleguen más sedimentos y esto afecta la vida en el agua.
La investigadora de la Universidad Ikiam comenta que es común que la gente piense que los pesticidas van a diluirse en el agua y asegura que es probable que eso pase, “el problema es que los pesticidas, principalmente los organofosforados que analizamos en este estudio, tienden a acumularse en los organismos acuáticos y también en el sedimento. Probablemente no se detecten concentraciones altas en el agua, pero estos componentes tenderán a bioacumularse en peces y otros organismos acuáticos”.
Además, el estudio identificó varios compuestos organofosforados en el agua de la cuenca del Napo que son altamente tóxicos y que, por ejemplo, ya han sido prohibidos en países de la Unión Europea.
La investigación no abordó temas como el impacto de los pesticidas en la salud humana y la soberanía alimentaria. De hecho, los científicos aseguran que es necesario realizar estudios enfocados en esos temas. Sin embargo, la experiencia del profesor Rico en análisis de pesticidas en otros cultivos como el banano y la piña le han mostrado que puede existir riesgo para la salud por bañarse o tomar aguas contaminadas.
“Muchas veces las medidas de aplicación de los insecticidas no son las adecuadas”, dice Rico. Este es un punto crítico ya que es muy difícil hacer un seguimiento riguroso para saber si los químicos se están aplicando en las dosis correctas.
El clima y la humedad de los suelos de las Tierras Bajas del Norte de Guatemala favorecen el cultivo de palma. Foto: Christian Gutiérrez.
En cuanto a la soberanía alimentaria de las personas que viven cerca de cultivos de palma, el investigador comenta que la pérdida de biodiversidad de invertebrados puede tener consecuencias para depredadores como peces y reptiles que son el alimento básico de las personas que viven cerca de ríos. “Cualquier impacto sobre las partes más bajas de la cadena trófica puede tener consecuencias”, añade.
De acuerdo con Rico, países como Costa Rica y Brasil ya trabajan en el impacto ambiental de los pesticidas, pero sigue siendo un tema poco estudiado en Latinoamérica.
El artículo resalta que la investigación sobre los impactos ecohidrológicos de las plantaciones de palma de aceite es escasa, “a pesar de que los estudios indican que el desarrollo de la palma de aceite puede remodelar las interacciones entre la tierra y el agua, así como la disponibilidad y el movimiento del agua a diferentes escalas espaciales y temporales”.
La investigación encontró 139 artículos relevantes, entre 1992 y 2021, que abordan diferentes procesos ecohidrológicos relacionados con la palma de aceite, de los cuales 49 (35 %) tienen como objeto de estudio a América Latina. Uno de los hallazgos destacados de la revisión es que sólo 16 artículos abordaban aspectos sociopolíticos y de sostenibilidad de la palma aceitera asociados al agua y, entre esos, sólo cuatro realizaron un análisis exhaustivo de las percepciones de las comunidades sobre cuestiones relacionadas con el agua y este cultivo.
En 2018, poblaciones de tres municipios del departamento colombiano de Bolívar, incluyendo María la Baja, hicieron la Caminata Pacífica de Montes de María. Una de las exigencias era agua potable. Foto: Cortesía de la Corporación Desarrollo Solidario.
Comunidades que exigen ser escuchadas
La ausencia de información científica sobre la calidad del agua cerca a las plantaciones de palma de aceite y los efectos en los ecosistemas acuáticos son una constante en Latinoamérica. El estudio realizado en Ecuador es uno de los pioneros en la región y muchas de las conclusiones podrían repetirse en naciones como Guatemala, Honduras, Panamá y Colombia.
“Hay algunas diferencias en términos de legislación y de inversión de recursos, pero hay muchos pesticidas que son prohibidos en otros países y se siguen aplicando en muchas zonas de Latinoamérica. Hay un control bastante regular en toda la región”, comenta Andreu Rico.
Lo cierto es que las denuncias de las comunidades no paran. Precisamente en Ecuador —pero esta vez en la región Costa, en el Chocó biogeográfico—, la comunidad de Barranquilla de San Javier, en la provincia de Esmeraldas, asegura que los ríos cristalinos que tenían hace unos 20 años hoy están prácticamente muertos, pues reciben los desechos de la minería, la industria de la madera de balsa y los campos de palma aceitera de la empresa Energy & Palma.
Sin un estudio imparcial que pueda determinar qué tanto contamina la palmicultora en la zona, esta comunidad afroecuatoriana se enfrenta a una lucha a ciegas en la que el Estado ha jugado siempre del lado contrario. Varias de las personas que habitan en Barranquilla han sido demandadas por la empresa, pero no desmayan en su esperanza de ser escuchadas.
La situación tampoco es alentadora en Honduras, donde hay 200 000 hectáreas sembradas con palma aceitera. Este país, junto con Colombia y Guatemala, es uno de los mayores productores de aceite en Latinoamérica. En el Valle del Aguán, este monocultivo sobrepasa las 20 000 hectáreas y la Cooperativa Agropecuaria El Tranvío denuncia que la Corporación Dinant mantiene inundadas y contaminadas sus tierras. La población campesina de la zona, además, sostiene una lucha para recuperar los territorios que perdieron en medio de la reforma agraria de los años setenta y que hoy son ocupados por la empresa.
Ada Díaz representa a las voces que están denunciando la presunta contaminación de la Corporación Dinant. Foto: Lesly B. Frazier.
Panamá es un país pequeño y aunque su capacidad de producción de aceite de palma no alcanza los niveles de otras naciones latinoamericanas, este monocultivo domina el paisaje de la provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica. En Barú, el distrito donde se vive el mayor auge de la industria palmicultora, gran parte de la comunidad advierte sobre contaminación a los ríos.
En Guatemala, las denuncias en Fray Bartolomé de las Casas no sólo tienen que ver con la contaminación del agua sino con el acaparamiento del líquido. Lo que solían ser bosques ahora son plantaciones de palma aceitera de la empresa Naturaceites y desde que el cultivo se extendió por la zona, las comunidades aseguran que padecen la contaminación y sequía de sus ríos.
Los habitantes afirman que no pueden utilizar el agua para su consumo y, si se bañan con ella, enseguida presentan lesiones en la piel. En medio de un clima de miedo, la mayoría de los vecinos prefieren no hablar de una empresa que prometió un desarrollo que nunca llegó.
“Es necesario comprender mejor cómo el uso del agua de la palma aceitera ejerce presión sobre el suministro de agua de las comunidades, dadas las altas necesidades del líquido que tienen las palmas aceiteras maduras. Esta comprensión incluye la evaluación de los sistemas de riego y su dinámica durante las estaciones húmedas y secas, en particular en las regiones agrícolas donde la palma aceitera no es el único cultivo”, se lee en el artículo.
Las sequías y las filtraciones contribuyeron a que los niveles de agua de Arroyo Grande fueran bajos en 2019. Foto: Cortesía Usomaríalabaja.
Precisamente, pobladores del municipio de María La Baja, en el Caribe colombiano, se quejan del acaparamiento de agua que la empresa palmicultora Oleoflores ejerce en el sistema de riego, de donde también se benefician otros cultivos como el arroz.
La compañía tiene por lo menos 11 000 de las 12 000 hectáreas de palma que están sembradas en el municipio y, según los últimos datos publicados por la administradora del sistema de riego, la palma consumió el 55 % del agua en 2019. Ninguna autoridad ambiental hace seguimiento al manejo del distrito de riego, mientras que la comunidad se queja por no tener agua potable y que por eso padecen enfermedades.
Los expertos consideran que a todo este panorama de falta de estudios se suma la limitada capacidad de control y seguimiento por parte de los gobiernos. Muchas veces se cuenta con normativas, “pero si no logras hacer un control, las normativas no van a funcionar”, asegura Marcela Cabrera.
Andreu Rico menciona que una vez tuvieron los resultados del estudio que realizaron en la Amazonía ecuatoriana —en el que se reflejaban niveles de pesticidas que excedían lo permitido en las normas— se lo presentaron al gobierno “y nos dijeron que tenían otras prioridades. Este es como un problema de segundo orden para ellos, la justificación va más por ahí, que siempre tienen cosas más alarmantes que resolver”.
Para muchas familias de Barranquilla de San Javier, en Ecuador, el agua turbia de estos ríos es la única opción para cosas tan básicas como cocinar, lavarse o beber. Foto: Alexis Serrano Carmona.
Rico considera que también hace falta más educación por parte de los gobiernos en cómo la gente tiene que utilizar los agroquímicos y hace énfasis en que si hay compuestos que ya fueron prohibidos en países que tienen un sistema de evaluación de riesgos más sofisticado, lo lógico sería prohibirlos o por lo menos restringir mucho su uso, “hasta que se hagan estudios científicos que avalen o rechacen, a nivel local, las conclusiones a las que se llegaron en esos países pioneros”.
El investigador español sugiere que sería valioso hacer una evaluación regional, que incluya a todos los países, para tratar de tener un registro unificado de plaguicidas, como se ha hecho en Europa. “Eso reduciría la necesidad de invertir país por país, sino que se puede hacer una inversión global para crear un sistema de evaluación de pesticidas para los cultivos más intensivos de la región y crear unas normas de calidad ambiental para las aguas superficiales de la zona tropical. Sería muy bueno si eso se pudiera hacer a nivel de continente”.
Les compartimos este folleto elaborado por la La Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México RAPAM sobre los agrotóxicos – A 6 de agosto del 2024
PRESENTACIÓN
Productor, productora, este folleto que tienes en tus manos es una invitación para que nos permitas hacer contigo un recorrido en donde hablemos de lo malo, lo feo y lo bueno de la presencia de las arvenses en tu parcela. Así es, las arvenses (o malezas o monte o malas hierbas) no solo son malas y feas, también tienen algo bueno (más bien mucho) que ofrecer a la fertilidad de tu parcela, si les das la oportunidad de mostrarte este lado (el bueno) que es muy poco conocido.
También, te proporcionaremos más información acerca de los principales daños a la salud y al ambiente causados por el uso del glifosato y otros herbicidas, que han sido estudiados por científicos y que son una llamada de atención sobre los riesgos que corren tú y tu familia, sin saberlo. La mayoría de estos efectos dañinos no vienen indicados en la etiqueta de los productos comerciales.
Finalmente, te hablaremos de las alternativas que hay para el control de las arvenses, a fin de que no se pierdan las cosechas. Estas alternativas son benéficas para el suelo de tu parcela, que a fin de cuentas es el mayor patrimonio para el futuro de tus hijos, quienes también serán beneficiados. Estás alternativas representan sin duda más trabajo tuyo en el campo, sin embargo, también son la oportunidad (casi única) de proteger tu salud, la de tu familia, de las generaciones futuras y del ambiente.
Compartimos este reportaje de Mongabay sobre el avance de la palma de aceitera en Ecuador – A 8 de julio de 2024
Por Isabel Alarcón
La palma es el segundo cultivo con mayor extensión, después del cacao, en la Amazonía norte de Ecuador. La herramienta MapBiomas calcula que la extensión de los cultivos de palma es cuatro veces más grande que la registrada por el Ministerio de Agricultura.
Sólo el 18% de los cultivos de palma aceitera cuentan con una licencia o registro ambiental para funcionar. El monocultivo continúa creciendo de forma desordenada hacia el Parque Nacional Yasuní y la Reserva Faunística del Cuyabeno.
La palma ha generado divisiones en comunidades indígenas. La nacionalidad Siekopai tuvo que autorizar en 2016 la siembra de máximo 15 hectáreas de este cultivo por familia, para evitar conflictos internos entre quienes apoyaban y se oponían al ingreso de la palma.
Las palabras reforestación y conservación no existen en picoca, la lengua de los Siekopai. Para esta nacionalidad, que vive en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, en la frontera con Perú, nunca fue necesario sembrar un árbol, porque ya tenían un bosque, ni darle un nombre a una acción que ya era parte de su día a día. Sin embargo, actualmente la conservación es el motivo de su lucha y la reforestación de plantas nativas es su herramienta para demostrar que hay alternativas a la siembra de palma, que se extiende en las provincias amazónicas de Ecuador.
“Estamos rodeados de palmicultores, pozos petroleros e invasores, pero nuestro territorio es una isla que está en pie de resistencia”, decía Yadira Ocoguaje a sus compañeros, mientras sostenía con una mano el micrófono y con la otra levantaba una planta tradicional de Ya´so (Licania apetala), con la que realizan sus artesanías. La mañana del 1 de mayo del 2024, los habitantes de Secoya Remolino, una de las seis comunidades Siekopai en Ecuador, se preparaban para la primera jornada de reforestación de su historia.
Aunque Ocoguaje no podía traducir con una palabra esta actividad, todos ya sabían lo que representaba. Después de la asamblea, los abuelos, jóvenes y niños de la comunidad tomaron las palas y las más de 1000 plantas, y las sembraron a las orillas del río Aguarico.
La mañana del 1 de mayo del 2024 se realizó la primera jornada de reforestación en la historia de la comunidad Secoya Remolino. Se sembraron alrededor de 1.000 plantas nativas para promover la conservación del bosque. Foto: Enrique Avilés.
Hasta esta comunidad solo se puede llegar en bote y, para la lideresa de 29 años, esto es lo que les ha permitido mantener sus 21.000 hectáreas de bosque a salvo. Este territorio se ha declarado abiertamente en resistencia a la palma, a diferencia de las comunidades Siekopai más cercanas a la carretera, donde los cultivos generan curiosidad. La siembra de esta especie ahora es un tema que convoca un análisis profundo dentro de las asambleas de esta nacionalidad indígena.
Los cultivos también se han empezado a extender en los alrededores del Parque Nacional Yasuní y de la Reserva de Fauna Cuyabeno. Sin embargo, no hay cifras oficiales claras sobre la expansión de la palma ni sobre los controles de licencias o registros ambientales. Mientras toda la atención está puesta en los cultivos de palma africana de la costa ecuatoriana, los límites para la siembra son difusos en la Amazonía.
Yadira Ocoguaje es una de las lideresas de la comunidad Secoya Remolino y una de las principales voces opositoras al cultivo de palma en territorio Siekopai de la Amazonía ecuatoriana. Foto: Enrique Avilés.
Remolino y el resto de territorio Siekopai se encuentran en Sucumbíos que, junto con Orellana, se han convertido en las provincias amazónicas donde se expande la palma aceitera.
Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), este es el segundo cultivo con mayor extensión en la Amazonía ecuatoriana, después del cacao. Sin embargo, las cifras en torno al territorio que abarca son confusas. El MAG, con base en los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), estimó 36 749 hectáreas al 2022. La mayoría en Sucumbíos (25 203) y el resto en Orellana (11 546).
Por otro lado, la plataforma MapBiomas registró cultivos de palma en 121 049 hectáreas de ambas provincias al 2022. Este número es cuatro veces más alto que el indicado por el MAG. De acuerdo con los datos satelitales de esta plataforma, la extensión de estos cultivos en la Amazonía es cinco veces superior a lo que era hace 20 años.
Según los datos de MapBiomas hasta el 2022, los cultivos de palma se extienden por 121.000 hectáreas de Sucumbíos, una de las dos provincias que cultivan esta planta en la Amazonía norte. Foto: Enrique Avilés.
Su crecimiento es evidente al visitar estas provincias y los puntos que se reflejan en el mapa satelital. Durante el trayecto de dos horas desde Lago Agrio, capital de Sucumbíos, hasta el puerto Los Ángeles, donde se toma el bote para llegar a Remolino, los terrenos de palma recién sembrada están a ambos costados de las vías.
Ribaldo Piaguaje, presidente de Remolino, realiza este recorrido cada semana cuando regresa a su comunidad. Por eso, ha visto de cerca el crecimiento que han tenido los cultivos en esta vía, que es la puerta de entrada al territorio Siekopai. En este camino están los nuevos cultivos, de máximo dos años, a diferencia de los que están en la vía Tierras Orientales. Esta última es la carretera que transitan quienes van al Puerto Los Ángeles desde Shushufindi, otra de las principales ciudades de la provincia.
En el camino de Tierras Orientales están las plantaciones de las empresas palmicultoras que llegaron hace más de 40 años a la zona, pero a sus costados también ya empiezan a verse los sembríos nacientes de dos comunidades Siekopai que están al lado de la carretera.
Aunque dentro de las 21 000 hectáreas que pertenecen a Remolino no hay cultivos de palma, lo que ocurre en sus alrededores los tiene en alerta. “Al principio no pensé que iba a ser tan problemático. Pero ha traído deforestación masiva y problemas a la gobernanza comunitaria”, dice el líder de 26 años.
En el trayecto de Lago Agrio al Puerto Los Ángeles, la puerta de entrada a territorio Siekopai, es común ver la recolección de la palma, que después se coloca en camiones. Foto: Enrique Avilés.
Las primeras palmicultoras llegaron a Orellana y Sucumbíos en 1978. En ese momento el Estado firmó acuerdos con dos empresas, Palmoriente y Palmeras del Ecuador, y ambas se instalaron en un área de alrededor de 18 500 hectáreas.
“Todo el sitio de cacería fue deforestado, tumbaron los árboles, después pasaron las maquinarias y abrieron con tractores”, recuerda Justino Piaguaje, dirigente de territorio de la nacionalidad Siekopai. Su pueblo no quería participar en este negocio, hasta que en 2000 la idea empezó a discutirse. Uno de los líderes de ese momento planteó autorizar la siembra, pero la asamblea de la nacionalidad se lo negó.
En 2006, después de varios intentos y el poco éxito de actividades productivas sostenibles como el turismo y el cultivo de paiche, la asamblea autorizó que 20 familias probaran el cultivo en 10 hectáreas cada una. Las familias obtuvieron un crédito de la entidad gubernamental Corporación Financiera Nacional (CFN) para sembrar en su territorio, con Palmeras del Ecuador como garante. Sin embargo, en 2008 el Ministerio de Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica) multó con 375 000 dólares a la nacionalidad Siekopai por haber talado bosque nativo. Los indígenas no han pagado la multa pues aseguran que es imposible para ellos obtener ese dinero.
Las primeras palmicultoras se instalaron en Sucumbíos a finales de la década de los años 70. Sus cultivos se extienden en la carretera Shushufindi a Lago Agrio. Foto: Enrique Avilés.
Los cultivos se suspendieron y empezó un proceso de varios años de discusiones y debates internos. Justino Piaguaje, que era Presidente de la nacionalidad en ese momento, recuerda que de repente ya no eran 20 familias, sino 60 las que querían sembrar sin el consentimiento de su pueblo. Algunas se estaban reuniendo con las empresas palmicultoras, sin pasar por el proceso de consulta interna.
“Se retiraron las plantas y semillas que les habían dado y la gente quedó molesta, pero yo dije que es para aprender, porque vivimos en un territorio comunitario y hay una autoridad comunitaria que tiene que respetarse”, cuenta el líder Siekopai. Luego de estas divisiones, decidieron pasar a una etapa de planificación para evitar los conflictos internos y mantener unido a su pueblo. En 2016 autorizaron 15 hectáreas para la siembra de palma por familia.
“No es obligación sembrar, pero las que quieren pueden hacerlo por su propia voluntad, sin el acompañamiento de la nacionalidad”, dice Piaguaje.
Dos familias de Bellavista y San Pablo, las comunidades más cercanas a las plantas extractoras, ya siembran en su territorio. Las más apartadas, como Remolino, todavía se mantienen en resistencia. “La nacionalidad no impulsa la palma como proyecto, pero hubiese sido malo oponerse por completo porque se hubiese causado malestar interno”, recalca Piaguaje.
La comunidad de Secoya Remolino se organiza para potenciar sus actividades turísticas y artesanías para evitar que la palma sea considerada como una alternativa económica en su territorio. Foto: Enrique Avilés.
Mientras tanto, la presencia de las empresas palmicultoras en la Amazonía también ha crecido en comparación con lo que pasaba en los años setenta. Según el Inventario Nacional de Plantaciones de Palma Aceitera 2017, en la Amazonía hay 14 empresas con plantaciones y 2 empresas con extractoras en operación. Existe otra extractora instalada, pero no está operando.
A Geovanna Lasso, miembro del Colectivo Agroecológico del Ecuador e investigadora de la Universidad Andina Simón Bolívar, le preocupa que se instalen más extractoras. De acuerdo con los análisis que ha hecho sobre los cultivos de palma desde 2012, una de las principales dinámicas del crecimiento en la Amazonía se asocia con el “encadenamiento productivo”. Es decir, las empresas extractoras ofrecen créditos, asistencia técnica y estrategias que motivan a las personas a transformar su finca y a desplazar los cultivos diversificados.
Para la especialista, la situación es grave, ya que los monocultivos están ganando espacio en las zonas de la Amazonía afectadas por la deforestación.
Un estudio de MapBiomas revela que la Amazonía ecuatoriana perdió 379 000 hectáreas de bosque entre 1985 y 2020. Sucumbíos es la provincia más impactada, con una pérdida de 184 000 hectáreas, seguida por Orellana con 116.000. Por otro lado, el Atlas Amazonía Bajo Presión 2020, de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), muestra que el 84 % de la deforestación amazónica se debe a las actividades agrícolas.
La palma ha reemplazado 33 500 hectáreas de bosque nativo en Sucumbíos y Orellana desde el 2000 hasta el 2022, de acuerdo con el análisis de los datos satelitales de Mapbiomas. Esto equivale a 36 000 canchas de fútbol.
En los mapas de cobertura de la tierra que genera el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) no se identifican específicamente los cultivos de palma africana, pues forman parte de la categoría “mosaico agropecuario”. Sin embargo, con los mapas se determinó que cerca del 71 % de la superficie deforestada en Sucumbíos y Orellana, entre 2014 y 2022, corresponde a zonas de bosque que fueron convertidas en tierras agropecuarias.
Nathalia Bonilla, coordinadora de la campaña de bosques en Acción Ecológica, explica que no sólo es preocupante que los cultivos industriales reemplacen zonas de bosque. Asegura que cuando la palma reemplaza otros cultivos previamente instalados en zonas deforestadas, también se afecta al suelo y al agua con la cantidad de agrotóxicos que, por lo general, son necesarios para mantener a estos árboles libres de plagas.
La palma es el segundo cultivo más extenso después del cacao en la Amazonía ecuatoriana. Palmas nuevas y antiguas están a ambos costados de la vía Shushufindi- Lago Agrio. Foto: Enrique Avilés.
Bonilla ha identificado 17 ingredientes activos utilizados en el cultivo de la palma en la costa ecuatoriana. De estos, algunos como el Endosulfán, Carbofurano, Clorpirifos y Paraquat están prohibidos por la Unión Europea, pero en Ecuador se utilizan. Al Paraquat, por ejemplo, se lo relaciona con la enfermedad de Parkinson, y el Clorpirifos ha sido asociado con retraso en el desarrollo neurológico, sobre todo en los niños.
La investigadora teme que la situación de Esmeraldas, la provincia con mayor superficie de palma en el país, se repita en la Amazonía. En esta localidad costera, cuenta Bonilla, ya han experimentado problemas de erosión de suelo por los cultivos y el abuso de químicos. En las provincias amazónicas la situación puede ser más grave, ya que estos terrenos son más frágiles y no son idóneos para cultivos como la palma aceitera.
Jorge León, investigador de la Universidad Estatal Amazónica, explica que la Amazonía se caracteriza por constantes lluvias, por lo que es más probable que los pesticidas y químicos que se le aplican a los cultivos terminen en los ríos. Estos agroquímicos tienen metales pesados que, al llegar a las fuentes de agua, pueden ingresar al organismo de animales y personas.
Por otro lado, el especialista dice que los suelos de la Amazonía no son aptos para los cultivos por sus altos niveles de acidez y pocos minerales. Para adaptar la tierra, se utilizan mayores cantidades de fertilizantes. Los cultivos de palma pueden durar hasta 50 años, lo que se traduce en cinco décadas de plaguicidas que, en opinión del experto, dejarán un suelo inservible. “No se regulariza la actividad en estas tierras y se sigue expendiendo”, añade León.
Los suelos de la Amazonía no son aptos para los cultivos por sus altos niveles de acidez y pocos minerales. Sin embargo, los cultivos se siguen expandiendo en el norte. Foto: Enrique Avilés.
La Coordinación General de la Información Nacional Agropecuaria (CGINA) del MAG corrobora lo que dice León. En el mapa de zonificación agroecológica para el establecimiento de cultivo de palma aceitera en la Amazonía, no hay registro de zonas con aptitud óptima. Esta categoría corresponde a las áreas que presentan las mejores características para el establecimiento de un cultivo.
Mongabay Latam pidió una explicación al MAATE, pero respondió que el MAG es el que tiene la competencia sobre las zonas aptas para la siembra de palma. El MAG, por su parte, explica que las restricciones de siembra se aplican en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sin embargo, el problema de sembrar en zonas no óptimas, es que los productores tienen que realizar adecuaciones y prácticas agrícolas adicionales, las cuales incrementarán los costos de producción. En otras palabras, la siembra de palma no está prohibida en suelos no óptimos y son los agricultores los que deciden si quieren asumir los costos extras y sacrificar parte de su rentabilidad.
Los controles a las licencias y registros ambientales son otro eslabón olvidado en la cadena de la palma. El Censo Palmero 2017, el más actual de su tipo, muestra que solo 1437 predios de los 8149 destinados a este cultivo en el país tienen permiso ambiental. Es decir, sólo el 17,6 % están regulados.
En la Amazonía la situación es similar. De acuerdo con información entregada por el MAATE a Mongabay Latam, al 2024, 232 proyectos cuentan con registro ambiental, documento que deben tener los cultivos que ocupan entre 1 y 75 hectáreas. Cuatro proyectos tienen licencia ambiental, que corresponde a los cultivos de más de 75 hectáreas. Estos datos demuestran que, de los 1272 predios dedicados a la palma en las provincias de Orellana y Sucumbíos, sólo el 18 % tiene uno de estos dos permisos ambientales, a pesar de que la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) del 2023 revela que hay 2939 productores de palma aceitera en las 30 287 hectáreas plantadas hasta ese año en la Amazonía ecuatoriana.
Desde el 2018, el tema de las licencias ya generaba dudas, incluso para entidades gubernamentales. La Contraloría General del Estado, a través de la Delegación Provincial de Sucumbíos, identificó irregularidades en torno a la emisión de licencias ambientales, otorgadas por la Dirección Provincial del Ambiente de Sucumbíos al sector palmicultor entre enero de 2012 y diciembre de 2017. Entre estas encontraron que seis empresas operaban sin autorización ambiental.
Mongabay Latam le preguntó al MAATE sobre las inconsistencias en las licencias ambientales, pero hasta el momento de la publicación de este texto no obtuvo respuestas.
La palma se transporta desde las plantaciones a las empresas extractoras a través de las gabarras. Foto: Enrique Avilés.
“La informalidad es grande y grave”, dice Mario Calvopiña, biólogo y consultor independiente en la Amazonía. Para el especialista, hay un abandono por parte de la autoridad ambiental, ya que no hay un control de los planes de manejo ni un estudio formal sobre el impacto de los cultivos de palma en la Amazonía. Él conoce de cerca la situación, ya que hasta 2013 trabajó en el Ministerio del Ambiente.
Uno de los mayores problemas en la actualidad, resalta, es el crecimiento desordenado hacia zonas frágiles como la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno. Mediante el mapeo satelital de MapBiomas se observan pequeños cultivos instalándose muy cerca del área protegida.
El MAATE sostiene que no existen cultivos de palma africana dentro de la Reserva del Cuyabeno y que los sembríos más cercanos se encuentran a 1,5 kilómetros, con extensiones aproximadas de 10 hectáreas. “Con estas consideraciones, la expansión de la palma africana no representa, al momento, una amenaza para la pérdida de bosques dentro del Cuyabeno”, aclara el Ministerio.
También se ha registrado un aumento de los cultivos en la vía Auca, en la provincia de Orellana, cercana al Parque Nacional Yasuní. Adrián Álvarez, de la fundación Alejandro Labaka, cuenta que esta es una amenaza directa para el área protegida y para los pueblos en aislamiento voluntario. Desde hace un año, relata, han llegado personas que compran fincas y las transforman en sembríos de palma.
Según dice, hace cinco años en la vía Auca solo había un cultivo, pero ahora, cientos de árboles de 60 cm son una muestra de que la palma aceitera se está instalando. “Hay plantaciones a sólo seis kilómetros del Yasuní”, destaca.
A pesar de lo que dice Álvarez, el MAG afirma que en zonas aledañas a áreas protegidas, que no tengan cobertura vegetal natural y que sean aptas para la agricultura, cualquier cultivo es permitido.
Los cultivos jóvenes con árboles de menos de 60cm, son comunes en la vía Auca, en la provincia de Orellana. Hace una década estas plantaciones eran escasas en la zona. Foto: Enrique Avilés.
Calvopiña explica que uno de los principales impactos para las áreas protegidas no radica en los cultivos en su interior, sino en el drenaje de los pantanos y el desvío de los esteros, que son necesarios para cultivar palma y que pueden terminar por afectar dentro de sitios como Cuyabeno y Yasuní. Esto cambia el ciclo del agua y genera daños en los ecosistemas, comenta.
A pesar de que el MAATE sostiene que “no es posible ni legal rellenar humedales”, el drenaje de los pantanos es común en la Amazonía para adaptar los terrenos. En el pasado, esta práctica era respaldada por los gobiernos provinciales, que proporcionaban su maquinaria.
Desde el 2012 el Gobierno Autónomo Descentralizado de Orellana ya no lo hace, afirma Augusto Córdova, jefe de Calidad Ambiental. “El apoyo a la expansión de los monocultivos ya no es parte de la política de este GAD debido a los impactos ambientales. La palma es un monocultivo que utiliza grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas que afectan a las personas y biodiversidad”. Actualmente, incentivan la siembra de cacao agroforestal.
Según el departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en el 2023 Ecuador ocupó el puesto número 12 de la lista de los principales productores de aceite de palma en el mundo y el quinto lugar en América Latina.
El cultivo recibe apoyos del sector financiero ecuatoriano. Entre 2016 y 2023 la banca privada otorgó 3 974 788 dólares para sembrar 730 hectáreas de palma. Por otro lado, entre 2013 y abril 2024, el Estado, a través de BanEcuador y la Corporación Financiera Nacional, entregó 17 808 107 dólares en créditos para el cultivo de palma aceitera en Orellana y Sucumbíos, las dos provincias de la Amazonía norte. Esta cifra representa el 9 % del monto total de créditos que se han entregado en los últimos 10 años al sector agropecuario en esa zona.
Los préstamos se destinaron a 2740 hectáreas de palma, una extensión equivalente a 3300 canchas de fútbol.
El 80% de quienes se dedican a la palma son pequeños productores. El gobierno y el sector privado ofrecen incentivos para el cultivo. Foto: Enrique Avilés.
Desde el 2019, BanEcuador abrió una línea de crédito para ayudar a los pequeños productores de palma, “a fin de contribuir al mejoramiento productivo del país”. Santiago Rosero, especialista en producción de palma aceitera, explica que esto se debe a que el 80 % de quienes se dedican a la palma son pequeños productores y generan un 30 % de la producción total. Para Rosero, los créditos para este sector no han crecido de manera agresiva. “La idea es que en las hectáreas existentes se produzca lo necesario para no aumentar la superficie”, dice en relación a las estrategias en las que se deben enfocar los apoyos.
Para la entrega de créditos, Rosero explica que se exige que los productores hayan iniciado el proceso de regularización ambiental y que entreguen un mapa para evidenciar que no se intersecta con áreas de bosque. Sin embargo, en la práctica, hay casos como el de los Siekopai, que recibieron el crédito de la CFN y después fueron multados por otra entidad estatal por sembrar en esa zona.
El tema financiero no sólo incluye los créditos. De enero de 2022 a mayo de 2024 se han aprobado 254 pólizas de seguro agrícola subvencionadas en el cultivo de palma aceitera. Esto implica que se han asegurado 1358 hectáreas y se han entregado 64 755 dólares por las subvenciones.
El 42,52 % de esas pólizas se concentra en Sucumbíos. Allí, 108 productores se beneficiaron con la subvención. Se pidió al MAG una explicación más detallada de los seguros que recibe el sector palmicultor, pero hasta el momento de la publicación de este texto no se recibió respuesta.
La comunidad Secoya Remolino organiza eventos para recordar a los habitantes la importancia de seguir luchando contra amenazas como la palma. En otras comunidades se permite sembrar 15 hectáreas por familia. Foto: Enrique Avilés.
Mientras tanto, Justino Piaguaje cuenta que la nacionalidad Siekopai continúa en la elaboración de un reglamento del manejo de su territorio. También están estudiando su biodiversidad, identificando sus amenazas y ya declararon un área de más de 10 000 hectáreas como territorio sagrado de los seres no humanos y espirituales.
Luego del operativo policiaco que desalojó, en mayo pasado, a 30 familias maya q’eqchi’ miembros de la comunidad de Buena Vista, al norte del Lago de Izabal, Guatemala, actualmente suman nueve comunidades en la misma región del Valle del Polochic las cuales viven con la amenaza de desplazamiento forzado.
Con diversos llamados de alerta, autoridades comunitarias de las poblaciones indígenas han denunciado las intenciones del Ministerio Público (MP) para ejecutar órdenes de desalojo, que comunidades denuncian “son promovidos por funcionarios y propietarios”, productores de aceite de palma que acapararon tierras en la región, contra comunidades tanto del norte y sur del lago.
Reportes de Prensa Comunitaria registraron que, durante el desalojo de las 30 familias, además de los elementos policiacos también estuvieron presentes Luis Fernando Arriaza Migoya y miembros de su equipo de seguridad privada. Arriaza posee monocultivos de palma aceitera que suministran a la empresa Naturaceites, la cual se encarga de procesar y comercializar aceite de palma a trasnacionales.
Desalojo de familias en la comunidad Buena Vista. Fotos: Juan Bautista Col / Prensa Comunitaria.
Acorde a medios locales, durante pláticas entre la población desalojada y la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos de Guatemala, funcionarios notificaron que son nueve las comunidades con riesgo de expulsión en la región: Plan Grande, Agrario El Tunico, Chapin Abajo, Chinebal, Las nubes, Lote 6, Semococh y Qotoxha del municipio de El Estor, Izabal, así como Santa Lucia de Panzós, en el departamento de Alta Verapaz. En total, se contabilizan mas de 1,500 personas amenazadas de desplazamiento forzado.
Las 30 familias ya desalojadas, entre mujeres embarazadas, infancias, ancianos y adultos de la comunidad de Buena Vista, viven en un campamento improvisado debajo de los árboles.
El refugio, dentro del terreno de la comunidad de Santa Rosita, también se encuentra en peligro, pues ésta última también cuenta con orden judicial cuya ejecución se esperaba ocurrir el pasado 26 de junio, pero que ahora fue reprogramada para el próximo 28 de agosto.
Fotos: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria.
“Es injusto que se sigan cometiendo estos actos violentos, muchos niños y mujeres sufren de problemas de salud. Hoy vemos el resultado de un desalojo donde las familias quedaron abandonadas y los niños sin oportunidad de educación”, comentó Gabriel Pacham, autoridad ancestral de El Estor, sobre los desplazados y la amenazas de desalojo contra otras 30 familias que conforman Santa Rosita.
Entre siete a nueve personas desplazadas tienen órdenes de captura por los delitos de usurpación agravada y atentado contra el patrimonio natural, pues son acusados de tala de árboles. Aunque algunas personas han sido condenadas en estos procesos judiciales, han apelado a la sentencia, con asistencia legal de organizaciones de derechos humanos.
A través de conferencia de prensa en los últimos días de junio, el Consejo de Autoridades ancestrales del pueblo Q’eqchi’ repudió los distintos desalojos realizados en contra de comunidades del Polochic, y demandaron al gobierno de Bernardo Arévalo garantizar la seguridad de las familias de Buena Vista, quienes habitaban las tierras desde que, en 2015, obligados a desplazarse por un desastre natural, se instalaron en la finca Tz’inté, territorio que poblaciones maya q’eqchi’ reclaman como suyo por propiedad ancestral.
Racismo
El Consejo de Autoridades Ancestrales del Pueblo Q’eqchi’ también denunció que autoridades del Estado, la jueza Sandra Nineth Ayala (quien ordenó el desalojo de Buena Vista y promueve otros más), el gobernador de Izabal, Carlos Tenas, y el alcalde municipal de El Estor, Genaro Ico Cholom, se estuvieron reuniendo para acordar los operativos sin la participación de las comunidades, a lo que están obligados por parte del protocolo de desalojo en Guatemala.
“Desconocemos la existencia de un plan. Este extremo pone en grave riesgo nuestra vida, pues únicamente pretenden desplazarnos sin un plan claro de atención humanitaria”, reclamaron las Autoridades Ancestrales mediante rueda de prensa. Además, acusan que esto se debe a “una carga de racismo y discriminación, porque carece de toda sensibilidad humana al señalarnos y argumentar que somos un grupo criminal, ignorando que poseemos todas las cualidades de una comunidad organizada que reproduce la vida de forma organizada”.
Por esta situación, el Comité de Unidad Campesina (CUC) compartió que las comunidades realizaron la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, EEUU, para solicitar el mecanismo de protección de dicho órgano, a partir de medidas cautelares para brindarles seguridad ante los desalojos. “No queremos más criminalización, persecución, más desalojo”, sostuvo la organización campesina, la cual también promueve una acción de amparo para evitar el desalojo de las familias de Buena Vista y Santa Rosita.
Amenazas
Por su parte, Pedro Cuc, autoridad ancestral de la comunidad de Chapín Abajo, aseguró a Avispa Mídia que cuenta con información sobre un posible desalojo contra su comunidad y la población vecina de Chinebal, a ocurrir durante los próximos días. Pero aún esperan una notificación oficial por parte de las autoridades.
“Si ellos quieren entrar a la fuerza, nosotros tampoco vamos a retroceder, la organización está en alerta”, asevera y asegura que la responsable por promover el desalojo es la empresa Naturaceites S.A., propiedad del empresario de origen suizo-alemán, Juan Maegli Müller.
Ante ello, lamenta que en Guatemala, dado el poder e influencia del agroindustrial, las denuncias de la población maya q’eqchi’ no son atendidas. “Porque el organismo judicial es de las empresas, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad también”, reclamó ante lo que señala como omisión de parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y el MP ante las acusaciones de los indígenas por la violencia mediante la cual la familia Maegli Müller acaparó las tierras.
Imagen: Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se encuentran albergadas bajo un techo de nylon en la entrada de la carretera que conduce a Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo. Foto: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria
Compartimos este artículo de nuestras compañeras y compañeros de lucha en Ecuador Acción Ecológica sobre el monocultivo de palma de aceite en aquel país – A Mayo 2024
LA MESA DE PALMA SUSTENTABLE (RSPO) LEGITIMA A LAS EMPRESAS DEPREDADORAS
En Ecuador actualmente existen 270 mil hectáreas de palma aceitera sembradas. Esta cifra ha fluctuado a lo largo de los años, viéndose afectada especialmente por la pudrición del cogollo. Por otra parte, sólo cuatro grupos empresariales cuentan con la certificación RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil): Organic Supply S.A, Industrial Danec S.A, Natural Habitats Americans B.V. y el Holding La Fabril S.A.
Este último agrupa a la empresa Energy & Palma, que ha sido denunciada en los últimos años por comunidades del norte de Esmeraldas, donde posee 11 mil hectáreas de plantaciones. Las acusaciones versan sobre contaminación de fuentes de agua, violación de derechos laborales y despojo de territorios comunitarios. Incluso, Energy & Palma ha judicializado a defensores de la Comuna Barranquilla de San Javier con una demanda civil por 350 mil dólares, aduciendo supuestos daños y perjuicios.
El Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, conjuntamente con siete mecanismos especiales, emitió un comunicado conjunto sobre este caso, dirigido a Ecuador, Estados Unidos, Suiza, Nestlé, PepsiCo, La Fabril y a la RSPO manifestando su preocupación por un aparente uso abusivo del sistema penal en contra de defensores de derechos. A pesar de haber recibido este comunicado de manera directa, la Mesa de Palma Sustentable (RSPO) simplemente no respondió a dicho comunicado y continuó certificando a Energy & Palm/La Fabril (https:// spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27475).
Según los principios y criterios de la RSPO, mantener querellas legales contra comuneros o sobre tierras sembradas de palma constituiría un impedimento para otorgar la certificación. Por tanto, estos hechos deberían haber imposibilitado que La Fabril renovara su certificación, a pesar de la queja formal presentada por la comunidad y el comunicado de la ONU. Sin embargo, la recertificación se realizó de manera expedita, en medio de cuestionamientos y preguntas sin respuesta.
El sistema RSPO merece varias observaciones. Si bien afirma garantizar la producción de palma aceitera sustentable que proteja el ambiente, los derechos colectivos de las comunidades y el trabajo rural, fomentando la sostenibilidad y evitando daños, en la práctica esto no se cumple. En realidad, facilita el acceso de grandes empresas al exigente mercado europeo.
Su sitio web, única vía de ingreso para quejas comunitarias, está en inglés y requiere completar un complejo formulario con implicaciones legales, dificultando el acceso a comunidades rurales que carecen de recursos como electricidad, internet y dominio del idioma. Pareciera un sistema diseñado para favorecer a empresas con el respaldo de grandes ONG conservacionistas.
Superando estas adversidades, la Comuna Barranquilla logró presentar su queja en mayo de 2023. Durante este proceso, Energy & Palma continuó su certificación, recibiendo la visita de la auditora brasileña IBD, que se reunió sólo con personas afines a la empresa, excluyendo a la comuna y al sindicato de trabajadores. Incluso, la RSPO negó que tal visita estuviera programada.
Ante las denuncias, los auditores de IBD se vieron forzados a regresar al territorio y recopilar testimonios. Igualmente visitaron los lugares donde la planta procesadora de aceite descarga agua pestilente y turbia directo al río, pero sin tomar muestras de los lugares supuestamente contaminados para análisis de laboratorio. Se acordó con los auditores que compartirían el informe con la comuna. No lo hicieron, pero emitieron la certificación favorable a Energy & Palma sin mayor trámite.
Cabe señalar que en el 2020, a raíz de una queja previa de la Comuna, el Ministerio del Ambiente ecuatoriano visitó la zona, recorrió las instalaciones de la empresa, tomó muestras de agua, pero nunca informó sobre los resultados de esos exámenes.
Esto evidencia no sólo la falta de metodología científica por parte de los auditores de la RSPO, sino también los antecedentes de opacidad de las autoridades ambientales al no transparentar los análisis realizados en la zona, con anterioridad, ante denuncias de contaminación.
Por otro lado, la queja formal de la comuna ante la RSPO sólo ha avanzado un 12%. Contrasta la celeridad en otorgar certificados versus el excesivo tiempo para resolver denuncias comunitarias. La falta de metodología científica, el inadecuado procesamiento de testimonios y la aparente política de ignorar cualquier denuncia evidencian un sistema que pareciera priorizar los intereses empresariales.
Actualmente, el Holding La Fabril ostenta la certificación RSPO, vigente hasta 2030, lo que genera inquietudes sobre la imparcialidad y real funcionalidad de este mecanismo: ¿abrir mercados o garantizar sustentabilidad?.
