La palma se expande sin control en la Amazonía ecuatoriana y genera divisiones en pueblos indígenas

Compartimos este reportaje de Mongabay sobre el avance de la palma de aceitera en Ecuador – A 8 de julio de 2024

  • La palma es el segundo cultivo con mayor extensión, después del cacao, en la Amazonía norte de Ecuador. La herramienta MapBiomas calcula que la extensión de los cultivos de palma es cuatro veces más grande que la registrada por el Ministerio de Agricultura.
  • Sólo el 18% de los cultivos de palma aceitera cuentan con una licencia o registro ambiental para funcionar. El monocultivo continúa creciendo de forma desordenada hacia el Parque Nacional Yasuní y la Reserva Faunística del Cuyabeno.
  • La palma ha generado divisiones en comunidades indígenas. La nacionalidad Siekopai tuvo que autorizar en 2016 la siembra de máximo 15 hectáreas de este cultivo por familia, para evitar conflictos internos entre quienes apoyaban y se oponían al ingreso de la palma.

Las palabras reforestación y conservación no existen en picoca, la lengua de los Siekopai. Para esta nacionalidad, que vive en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, en la frontera con Perú, nunca fue necesario sembrar un árbol, porque ya tenían un bosque, ni darle un nombre a una acción que ya era parte de su día a día. Sin embargo, actualmente la conservación es el motivo de su lucha y la reforestación de plantas nativas es su herramienta para demostrar que hay alternativas a la siembra de palma, que se extiende en las provincias amazónicas de Ecuador.

“Estamos rodeados de palmicultores, pozos petroleros e invasores, pero nuestro territorio es una isla que está en pie de resistencia”, decía Yadira Ocoguaje a sus compañeros, mientras sostenía con una mano el micrófono y con la otra levantaba una planta tradicional de Ya´so (Licania apetala), con la que realizan sus artesanías. La mañana del 1 de mayo del 2024, los habitantes de Secoya Remolino, una de las seis comunidades Siekopai en Ecuador, se preparaban para la primera jornada de reforestación de su historia.

Aunque Ocoguaje no podía traducir con una palabra esta actividad, todos ya sabían lo que representaba. Después de la asamblea, los abuelos, jóvenes y niños de la comunidad tomaron las palas y las más de 1000 plantas, y las sembraron a las orillas del río Aguarico.

La mañana del 1 de mayo del 2024 se realizó la primera jornada de reforestación en la historia de la comunidad Secoya Remolino. Se sembraron alrededor de 1.000 plantas nativas para promover la conservación del bosque. Foto: Enrique Avilés.
La mañana del 1 de mayo del 2024 se realizó la primera jornada de reforestación en la historia de la comunidad Secoya Remolino. Se sembraron alrededor de 1.000 plantas nativas para promover la conservación del bosque. Foto: Enrique Avilés.

Hasta esta comunidad solo se puede llegar en bote y, para la lideresa de 29 años, esto es lo que les ha permitido mantener sus 21.000 hectáreas de bosque a salvo. Este territorio se ha declarado abiertamente en resistencia a la palma, a diferencia de las comunidades Siekopai más cercanas a la carretera, donde los cultivos generan curiosidad. La siembra de esta especie ahora es un tema que convoca un análisis profundo dentro de las asambleas de esta nacionalidad indígena.

Los cultivos también se han empezado a extender en los alrededores del Parque Nacional Yasuní y de la Reserva de Fauna Cuyabeno. Sin embargo, no hay cifras oficiales claras sobre la expansión de la palma ni sobre los controles de licencias o registros ambientales. Mientras toda la atención está puesta en los cultivos de palma africana de la costa ecuatoriana, los límites para la siembra son difusos en la Amazonía.

Yadira Ocoguaje es una de las lideresas de la comunidad Secoya Remolino y una de las principales voces opositoras al cultivo de palma en territorio Siekopai de la Amazonía ecuatoriana. Foto: Enrique Avilés.
Yadira Ocoguaje es una de las lideresas de la comunidad Secoya Remolino y una de las principales voces opositoras al cultivo de palma en territorio Siekopai de la Amazonía ecuatoriana. Foto: Enrique Avilés.

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Un cultivo que se expande

Remolino y el resto de territorio Siekopai se encuentran en Sucumbíos que, junto con Orellana, se han convertido en las provincias amazónicas donde se expande la palma aceitera.

Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), este es el segundo cultivo con mayor extensión en la Amazonía ecuatoriana, después del cacao. Sin embargo, las cifras en torno al territorio que abarca son confusas. El MAG, con base en los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), estimó 36 749 hectáreas al 2022. La mayoría en Sucumbíos (25 203) y el resto en Orellana (11 546).

Por otro lado, la plataforma MapBiomas registró cultivos de palma en 121 049 hectáreas de ambas provincias al 2022. Este número es cuatro veces más alto que el indicado por el MAG. De acuerdo con los datos satelitales de esta plataforma, la extensión de estos cultivos en la Amazonía es cinco veces superior a lo que era hace 20 años.

Según los datos de MapBiomas hasta el 2022, los cultivos de palma se extienden por 121.000 hectáreas de Sucumbíos, una de las dos provincias que cultivan esta planta en la Amazonía norte. Foto: Enrique Avilés.
Según los datos de MapBiomas hasta el 2022, los cultivos de palma se extienden por 121.000 hectáreas de Sucumbíos, una de las dos provincias que cultivan esta planta en la Amazonía norte. Foto: Enrique Avilés.

Su crecimiento es evidente al visitar estas provincias y los puntos que se reflejan en el mapa satelital. Durante el trayecto de dos horas desde Lago Agrio, capital de Sucumbíos, hasta el puerto Los Ángeles, donde se toma el bote para llegar a Remolino, los terrenos de palma recién sembrada están a ambos costados de las vías.

Ribaldo Piaguaje, presidente de Remolino, realiza este recorrido cada semana cuando regresa a su comunidad. Por eso, ha visto de cerca el crecimiento que han tenido los cultivos en esta vía, que es la puerta de entrada al territorio Siekopai. En este camino están los nuevos cultivos, de máximo dos años, a diferencia de los que están en la vía Tierras Orientales. Esta última es la carretera que transitan quienes van al Puerto Los Ángeles desde Shushufindi, otra de las principales ciudades de la provincia.

En el camino de Tierras Orientales están las plantaciones de las empresas palmicultoras que llegaron hace más de 40 años a la zona, pero a sus costados también ya empiezan a verse los sembríos nacientes de dos comunidades Siekopai que están al lado de la carretera.

Aunque dentro de las 21 000 hectáreas que pertenecen a Remolino no hay cultivos de palma, lo que ocurre en sus alrededores los tiene en alerta. “Al principio no pensé que iba a ser tan problemático. Pero ha traído deforestación masiva y problemas a la gobernanza comunitaria”, dice el líder de 26 años.

En el trayecto de Lago Agrio al Puerto Los Ángeles, la puerta de entrada a territorio Siekopai, es común ver la recolección de la palma, que después se coloca en camiones. Foto: Enrique Avilés.
En el trayecto de Lago Agrio al Puerto Los Ángeles, la puerta de entrada a territorio Siekopai, es común ver la recolección de la palma, que después se coloca en camiones. Foto: Enrique Avilés.

Las primeras palmicultoras llegaron a Orellana y Sucumbíos en 1978. En ese momento el Estado firmó acuerdos con dos empresas, Palmoriente y Palmeras del Ecuador, y ambas se instalaron en un área de alrededor de 18 500 hectáreas.

“Todo el sitio de cacería fue deforestado, tumbaron los árboles, después pasaron las maquinarias y abrieron con tractores”, recuerda Justino Piaguaje, dirigente de territorio de la nacionalidad Siekopai. Su pueblo no quería participar en este negocio, hasta que en 2000 la idea empezó a discutirse. Uno de los líderes de ese momento planteó autorizar la siembra, pero la asamblea de la nacionalidad se lo negó.

En 2006, después de varios intentos y el poco éxito de actividades productivas sostenibles como el turismo y el cultivo de paiche, la asamblea autorizó que 20 familias probaran el cultivo en 10 hectáreas cada una. Las familias obtuvieron un crédito de la entidad gubernamental Corporación Financiera Nacional (CFN) para sembrar en su territorio, con Palmeras del Ecuador como garante. Sin embargo, en 2008 el Ministerio de Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica) multó con 375 000 dólares a la nacionalidad Siekopai por haber talado bosque nativo. Los indígenas no han pagado la multa pues aseguran que es imposible para ellos obtener ese dinero.

Las primeras palmicultoras se instalaron en Sucumbíos a finales de la década de los años 70. Sus cultivos se extienden en la carretera Shushufindi a Lago Agrio. Foto: Enrique Avilés.
Las primeras palmicultoras se instalaron en Sucumbíos a finales de la década de los años 70. Sus cultivos se extienden en la carretera Shushufindi a Lago Agrio. Foto: Enrique Avilés.

Los cultivos se suspendieron y empezó un proceso de varios años de discusiones y debates internos. Justino Piaguaje, que era Presidente de la nacionalidad en ese momento, recuerda que de repente ya no eran 20 familias, sino 60 las que querían sembrar sin el consentimiento de su pueblo. Algunas se estaban reuniendo con las empresas palmicultoras, sin pasar por el proceso de consulta interna.

“Se retiraron las plantas y semillas que les habían dado y la gente quedó molesta, pero yo dije que es para aprender, porque vivimos en un territorio comunitario y hay una autoridad comunitaria que tiene que respetarse”, cuenta el líder Siekopai. Luego de estas divisiones, decidieron pasar a una etapa de planificación para evitar los conflictos internos y mantener unido a su pueblo. En 2016 autorizaron 15 hectáreas para la siembra de palma por familia.

“No es obligación sembrar, pero las que quieren pueden hacerlo por su propia voluntad, sin el acompañamiento de la nacionalidad”, dice Piaguaje.

Dos familias de Bellavista y San Pablo, las comunidades más cercanas a las plantas extractoras, ya siembran en su territorio. Las más apartadas, como Remolino, todavía se mantienen en resistencia. “La nacionalidad no impulsa la palma como proyecto, pero hubiese sido malo oponerse por completo porque se hubiese causado malestar interno”, recalca Piaguaje.

La comunidad de Secoya Remolino se organiza para potenciar sus actividades turísticas y artesanías para evitar que la palma sea considerada como una alternativa económica en su territorio. Foto: Enrique Avilés.
La comunidad de Secoya Remolino se organiza para potenciar sus actividades turísticas y artesanías para evitar que la palma sea considerada como una alternativa económica en su territorio. Foto: Enrique Avilés.

Mientras tanto, la presencia de las empresas palmicultoras en la Amazonía también ha crecido en comparación con lo que pasaba en los años setenta. Según el Inventario Nacional de Plantaciones de Palma Aceitera 2017, en la Amazonía hay 14 empresas con plantaciones y 2 empresas con extractoras en operación. Existe otra extractora instalada, pero no está operando.

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Transformación y deforestación

A Geovanna Lasso, miembro del Colectivo Agroecológico del Ecuador e investigadora de la Universidad Andina Simón Bolívar, le preocupa que se instalen más extractoras. De acuerdo con los análisis que ha hecho sobre los cultivos de palma desde 2012, una de las principales dinámicas del crecimiento en la Amazonía se asocia con el “encadenamiento productivo”. Es decir, las empresas extractoras ofrecen créditos, asistencia técnica y estrategias que motivan a las personas a transformar su finca y a desplazar los cultivos diversificados.

Para la especialista, la situación es grave, ya que los monocultivos están ganando espacio en las zonas de la Amazonía afectadas por la deforestación.

Un estudio de MapBiomas revela que la Amazonía ecuatoriana perdió 379 000 hectáreas de bosque entre 1985 y 2020. Sucumbíos es la provincia más impactada, con una pérdida de 184 000 hectáreas, seguida por Orellana con 116.000. Por otro lado, el Atlas Amazonía Bajo Presión 2020, de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), muestra que el 84 % de la deforestación amazónica se debe a las actividades agrícolas.

La palma ha reemplazado 33 500 hectáreas de bosque nativo en Sucumbíos y Orellana desde el 2000 hasta el 2022, de acuerdo con el análisis de los datos satelitales de Mapbiomas. Esto equivale a 36 000 canchas de fútbol.

En los mapas de cobertura de la tierra que genera el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) no se identifican específicamente los cultivos de palma africana, pues forman parte de la categoría “mosaico agropecuario”. Sin embargo, con los mapas se determinó que cerca del 71 % de la superficie deforestada en Sucumbíos y Orellana, entre 2014 y 2022, corresponde a zonas de bosque que fueron convertidas en tierras agropecuarias.

Nathalia Bonilla, coordinadora de la campaña de bosques en Acción Ecológica, explica que no sólo es preocupante que los cultivos industriales reemplacen zonas de bosque. Asegura que cuando la palma reemplaza otros cultivos previamente instalados en zonas deforestadas, también se afecta al suelo y al agua con la cantidad de agrotóxicos que, por lo general, son necesarios para mantener a estos árboles libres de plagas.

La palma es el segundo cultivo más extenso después del cacao en la Amazonía ecuatoriana. Palmas nuevas y antiguas están a ambos costados de la vía Shushufindi- Lago Agrio. Foto: Enrique Avilés.
La palma es el segundo cultivo más extenso después del cacao en la Amazonía ecuatoriana. Palmas nuevas y antiguas están a ambos costados de la vía Shushufindi- Lago Agrio. Foto: Enrique Avilés.

Bonilla ha identificado 17 ingredientes activos utilizados en el cultivo de la palma en la costa ecuatoriana. De estos, algunos como el Endosulfán, Carbofurano, Clorpirifos y Paraquat están prohibidos por la Unión Europea, pero en Ecuador se utilizan. Al Paraquat, por ejemplo, se lo relaciona con la enfermedad de Parkinson, y el Clorpirifos ha sido asociado con retraso en el desarrollo neurológico, sobre todo en los niños.

La investigadora teme que la situación de Esmeraldas, la provincia con mayor superficie de palma en el país, se repita en la Amazonía. En esta localidad costera, cuenta Bonilla, ya han experimentado problemas de erosión de suelo por los cultivos y el abuso de químicos. En las provincias amazónicas la situación puede ser más grave, ya que estos terrenos son más frágiles y no son idóneos para cultivos como la palma aceitera.

Jorge León, investigador de la Universidad Estatal Amazónica, explica que la Amazonía se caracteriza por constantes lluvias, por lo que es más probable que los pesticidas y químicos que se le aplican a los cultivos terminen en los ríos. Estos agroquímicos tienen metales pesados que, al llegar a las fuentes de agua, pueden ingresar al organismo de animales y personas.

Por otro lado, el especialista dice que los suelos de la Amazonía no son aptos para los cultivos por sus altos niveles de acidez y pocos minerales. Para adaptar la tierra, se utilizan mayores cantidades de fertilizantes. Los cultivos de palma pueden durar hasta 50 años, lo que se traduce en cinco décadas de plaguicidas que, en opinión del experto, dejarán un suelo inservible. “No se regulariza la actividad en estas tierras y se sigue expendiendo”, añade León.

Los suelos de la Amazonía no son aptos para los cultivos por sus altos niveles de acidez y pocos minerales. Sin embargo, los cultivos se siguen expandiendo en el norte. Foto: Enrique Avilés.
Los suelos de la Amazonía no son aptos para los cultivos por sus altos niveles de acidez y pocos minerales. Sin embargo, los cultivos se siguen expandiendo en el norte. Foto: Enrique Avilés.

La Coordinación General de la Información Nacional Agropecuaria (CGINA) del MAG corrobora lo que dice León. En el mapa de zonificación agroecológica para el establecimiento de cultivo de palma aceitera en la Amazonía, no hay registro de zonas con aptitud óptima. Esta categoría corresponde a las áreas que presentan las mejores características para el establecimiento de un cultivo.

Mongabay Latam pidió una explicación al MAATE, pero respondió que el MAG es el que tiene la competencia sobre las zonas aptas para la siembra de palma. El MAG, por su parte, explica que las restricciones de siembra se aplican en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sin embargo, el problema de sembrar en zonas no óptimas, es que los productores tienen que realizar adecuaciones y prácticas agrícolas adicionales, las cuales incrementarán los costos de producción. En otras palabras, la siembra de palma no está prohibida en suelos no óptimos y son los agricultores los que deciden si quieren asumir los costos extras y sacrificar parte de su rentabilidad.

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Expansión sin control

Los controles a las licencias y registros ambientales son otro eslabón olvidado en la cadena de la palma. El Censo Palmero 2017, el más actual de su tipo, muestra que solo 1437 predios de los 8149 destinados a este cultivo en el país tienen permiso ambiental. Es decir, sólo el 17,6 % están regulados.

En la Amazonía la situación es similar. De acuerdo con información entregada por el MAATE a Mongabay Latam, al 2024, 232 proyectos cuentan con registro ambiental, documento que deben tener los cultivos que ocupan entre 1 y 75 hectáreas. Cuatro proyectos tienen licencia ambiental, que corresponde a los cultivos de más de 75 hectáreas. Estos datos demuestran que, de los 1272 predios dedicados a la palma en las provincias de Orellana y Sucumbíos, sólo el 18 % tiene uno de estos dos permisos ambientales, a pesar de que la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC) del 2023 revela que hay 2939 productores de palma aceitera en las 30 287 hectáreas plantadas hasta ese año en la Amazonía ecuatoriana.

Desde el 2018, el tema de las licencias ya generaba dudas, incluso para entidades gubernamentales. La Contraloría General del Estado, a través de la Delegación Provincial de Sucumbíos, identificó irregularidades en torno a la emisión de licencias ambientales, otorgadas por la Dirección Provincial del Ambiente de Sucumbíos al sector palmicultor entre enero de 2012 y diciembre de 2017. Entre estas encontraron que seis empresas operaban sin autorización ambiental.

Mongabay Latam le preguntó al MAATE sobre las inconsistencias en las licencias ambientales, pero hasta el momento de la publicación de este texto no obtuvo respuestas.

La palma se transporta desde las plantaciones a las empresas extractoras a través de las gabarras. Foto: Enrique Avilés .
La palma se transporta desde las plantaciones a las empresas extractoras a través de las gabarras. Foto: Enrique Avilés.

“La informalidad es grande y grave”, dice Mario Calvopiña, biólogo y consultor independiente en la Amazonía. Para el especialista, hay un abandono por parte de la autoridad ambiental, ya que no hay un control de los planes de manejo ni un estudio formal sobre el impacto de los cultivos de palma en la Amazonía. Él conoce de cerca la situación, ya que hasta 2013 trabajó en el Ministerio del Ambiente.

Uno de los mayores problemas en la actualidad, resalta, es el crecimiento desordenado hacia zonas frágiles como la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno. Mediante el mapeo satelital de MapBiomas se observan pequeños cultivos instalándose muy cerca del área protegida.

El MAATE sostiene que no existen cultivos de palma africana dentro de la Reserva del Cuyabeno y que los sembríos más cercanos se encuentran a 1,5 kilómetros, con extensiones aproximadas de 10 hectáreas. “Con estas consideraciones, la expansión de la palma africana no representa, al momento, una amenaza para la pérdida de bosques dentro del Cuyabeno”, aclara el Ministerio.

También se ha registrado un aumento de los cultivos en la vía Auca, en la provincia de Orellana, cercana al Parque Nacional Yasuní. Adrián Álvarez, de la fundación Alejandro Labaka, cuenta que esta es una amenaza directa para el área protegida y para los pueblos en aislamiento voluntario. Desde hace un año, relata, han llegado personas que compran fincas y las transforman en sembríos de palma.

Según dice, hace cinco años en la vía Auca solo había un cultivo, pero ahora, cientos de árboles de 60 cm son una muestra de que la palma aceitera se está instalando. “Hay plantaciones a sólo seis kilómetros del Yasuní”, destaca.

A pesar de lo que dice Álvarez, el MAG afirma que en zonas aledañas a áreas protegidas, que no tengan cobertura vegetal natural y que sean aptas para la agricultura, cualquier cultivo es permitido.

Los cultivos jóvenes con árboles de menos de 60cm, son comunes en la vía Auca, en la provincia de Orellana. Hace una década estas plantaciones eran escasas en la zona. Foto: Enrique Avilés.
Los cultivos jóvenes con árboles de menos de 60cm, son comunes en la vía Auca, en la provincia de Orellana. Hace una década estas plantaciones eran escasas en la zona. Foto: Enrique Avilés.

Calvopiña explica que uno de los principales impactos para las áreas protegidas no radica en los cultivos en su interior, sino en el drenaje de los pantanos y el desvío de los esteros, que son necesarios para cultivar palma y que pueden terminar por afectar dentro de sitios como Cuyabeno y Yasuní. Esto cambia el ciclo del agua y genera daños en los ecosistemas, comenta.

A pesar de que el MAATE sostiene que “no es posible ni legal rellenar humedales”, el drenaje de los pantanos es común en la Amazonía para adaptar los terrenos. En el pasado, esta práctica era respaldada por los gobiernos provinciales, que proporcionaban su maquinaria.

Desde el 2012 el Gobierno Autónomo Descentralizado de Orellana ya no lo hace, afirma Augusto Córdova, jefe de Calidad Ambiental. “El apoyo a la expansión de los monocultivos ya no es parte de la política de este GAD debido a los impactos ambientales. La palma es un monocultivo que utiliza grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas que afectan a las personas y biodiversidad”. Actualmente, incentivan la siembra de cacao agroforestal.

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Continúan los incentivos para el cultivo

Según el departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en el 2023 Ecuador ocupó el puesto número 12 de la lista de los principales productores de aceite de palma en el mundo y el quinto lugar en América Latina.

El cultivo recibe apoyos del sector financiero ecuatoriano. Entre 2016 y 2023 la banca privada otorgó 3 974 788 dólares para sembrar 730 hectáreas de palma. Por otro lado, entre 2013 y abril 2024, el Estado, a través de BanEcuador y la Corporación Financiera Nacional, entregó 17 808 107 dólares en créditos para el cultivo de palma aceitera en Orellana y Sucumbíos, las dos provincias de la Amazonía norte. Esta cifra representa el 9 % del monto total de créditos que se han entregado en los últimos 10 años al sector agropecuario en esa zona.

Los préstamos se destinaron a 2740 hectáreas de palma, una extensión equivalente a 3300 canchas de fútbol.

El 80% de quienes se dedican a la palma son pequeños productores. El gobierno y el sector privado ofrecen incentivos para el cultivo. Foto: Enrique Avilés.
El 80% de quienes se dedican a la palma son pequeños productores. El gobierno y el sector privado ofrecen incentivos para el cultivo. Foto: Enrique Avilés.

Desde el 2019, BanEcuador abrió una línea de crédito para ayudar a los pequeños productores de palma, “a fin de contribuir al mejoramiento productivo del país”. Santiago Rosero, especialista en producción de palma aceitera, explica que esto se debe a que el 80 % de quienes se dedican a la palma son pequeños productores y generan un 30 % de la producción total. Para Rosero, los créditos para este sector no han crecido de manera agresiva. “La idea es que en las hectáreas existentes se produzca lo necesario para no aumentar la superficie”, dice en relación a las estrategias en las que se deben enfocar los apoyos.

Para la entrega de créditos, Rosero explica que se exige que los productores hayan iniciado el proceso de regularización ambiental y que entreguen un mapa para evidenciar que no se intersecta con áreas de bosque. Sin embargo, en la práctica, hay casos como el de los Siekopai, que recibieron el crédito de la CFN y después fueron multados por otra entidad estatal por sembrar en esa zona.

El tema financiero no sólo incluye los créditos. De enero de 2022 a mayo de 2024 se han aprobado 254 pólizas de seguro agrícola subvencionadas en el cultivo de palma aceitera. Esto implica que se han asegurado 1358 hectáreas y se han entregado 64 755 dólares por las subvenciones.

El 42,52 % de esas pólizas se concentra en Sucumbíos. Allí, 108 productores se beneficiaron con la subvención. Se pidió al MAG una explicación más detallada de los seguros que recibe el sector palmicultor, pero hasta el momento de la publicación de este texto no se recibió respuesta.

La comunidad Secoya Remolino organiza eventos para recordar a los habitantes la importancia de seguir luchando contra amenazas como la palma. En otras comunidades se permite sembrar 15 hectáreas por familia. Foto: Enrique Avilés.
La comunidad Secoya Remolino organiza eventos para recordar a los habitantes la importancia de seguir luchando contra amenazas como la palma. En otras comunidades se permite sembrar 15 hectáreas por familia. Foto: Enrique Avilés.

Mientras tanto, Justino Piaguaje cuenta que la nacionalidad Siekopai continúa en la elaboración de un reglamento del manejo de su territorio. También están estudiando su biodiversidad, identificando sus amenazas y ya declararon un área de más de 10 000 hectáreas como territorio sagrado de los seres no humanos y espirituales.

Guatemala: Poblaciones maya q’eqchi’ alertan amenazas de desalojos contra nueve comunidades en El Estor

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre los impacto de los monocultivos de palma de aceite en la región – A 9 de julio del 2024

PorAldo Santiago

Luego del operativo policiaco que desalojó, en mayo pasado, a 30 familias maya q’eqchi’ miembros de la comunidad de Buena Vista, al norte del Lago de Izabal, Guatemala, actualmente suman nueve comunidades en la misma región del Valle del Polochic las cuales viven con la amenaza de desplazamiento forzado.

Con diversos llamados de alerta, autoridades comunitarias de las poblaciones indígenas han denunciado las intenciones del Ministerio Público (MP) para ejecutar órdenes de desalojo, que comunidades denuncian “son promovidos por funcionarios y propietarios”, productores de aceite de palma que acapararon tierras en la región, contra comunidades tanto del norte y sur del lago.

Reportes de Prensa Comunitaria registraron que, durante el desalojo de las 30 familias, además de los elementos policiacos también estuvieron presentes Luis Fernando Arriaza Migoya y miembros de su equipo de seguridad privada. Arriaza posee monocultivos de palma aceitera que suministran a la empresa Naturaceites, la cual se encarga de procesar y comercializar aceite de palma a trasnacionales.

Desalojo de familias en la comunidad Buena Vista. Fotos: Juan Bautista Col / Prensa Comunitaria.

Acorde a medios locales, durante pláticas entre la población desalojada y la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos de Guatemala, funcionarios notificaron que son nueve las comunidades con riesgo de expulsión en la región: Plan Grande, Agrario El Tunico, Chapin Abajo, Chinebal, Las nubes, Lote 6, Semococh y Qotoxha del municipio de El Estor, Izabal, así como Santa Lucia de Panzós, en el departamento de Alta Verapaz. En total, se contabilizan mas de 1,500 personas amenazadas de desplazamiento forzado.

Las 30 familias ya desalojadas, entre mujeres embarazadas, infancias, ancianos y adultos de la comunidad de Buena Vista, viven en un campamento improvisado debajo de los árboles. 

El refugio, dentro del terreno de la comunidad de Santa Rosita, también se encuentra en peligro, pues ésta última también cuenta con orden judicial cuya ejecución se esperaba ocurrir el pasado 26 de junio, pero que ahora fue reprogramada para el próximo 28 de agosto.

Fotos: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria.

“Es injusto que se sigan cometiendo estos actos violentos, muchos niños y mujeres sufren de problemas de salud. Hoy vemos el resultado de un desalojo donde las familias quedaron abandonadas y los niños sin oportunidad de educación”, comentó Gabriel Pacham, autoridad ancestral de El Estor, sobre los desplazados y la amenazas de desalojo contra otras 30 familias que conforman Santa Rosita.

Entre siete a nueve personas desplazadas tienen órdenes de captura por los delitos de usurpación agravada y atentado contra el patrimonio natural, pues son acusados de tala de árboles. Aunque algunas personas han sido condenadas en estos procesos judiciales, han apelado a la sentencia, con asistencia legal de organizaciones de derechos humanos.

A través de conferencia de prensa en los últimos días de junio, el Consejo de Autoridades ancestrales del pueblo Q’eqchi’ repudió los distintos desalojos realizados en contra de comunidades del Polochic, y demandaron al gobierno de Bernardo Arévalo garantizar la seguridad de las familias de Buena Vista, quienes habitaban las tierras desde que, en 2015, obligados a desplazarse por un desastre natural, se instalaron en la finca Tz’inté, territorio que poblaciones maya q’eqchi’ reclaman como suyo por propiedad ancestral.

Racismo

El Consejo de Autoridades Ancestrales del Pueblo Q’eqchi’ también denunció que autoridades del Estado, la jueza Sandra Nineth Ayala (quien ordenó el desalojo de Buena Vista y promueve otros más), el gobernador de Izabal, Carlos Tenas, y el alcalde municipal de El Estor, Genaro Ico Cholom, se estuvieron reuniendo para acordar los operativos sin la participación de las comunidades, a lo que están obligados por parte del protocolo de desalojo en Guatemala.

“Desconocemos la existencia de un plan. Este extremo pone en grave riesgo nuestra vida, pues únicamente pretenden desplazarnos sin un plan claro de atención humanitaria”, reclamaron las Autoridades Ancestrales mediante rueda de prensa. Además, acusan que esto se debe a “una carga de racismo y discriminación, porque carece de toda sensibilidad humana al señalarnos y argumentar que somos un grupo criminal, ignorando que poseemos todas las cualidades de una comunidad organizada que reproduce la vida de forma organizada”. 

Apenas el pasado jueves (4), familias de Plan Grande reportaron que trabajadores de la finca El Murciélago, propiedad de Miguel Ángel Arriaza Migoya, amenazaron con desalojar a las 38 familias de dicha comunidad

Por esta situación, el Comité de Unidad Campesina (CUC) compartió que las comunidades realizaron la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, EEUU, para solicitar el mecanismo de protección de dicho órgano, a partir de medidas cautelares para brindarles seguridad ante los desalojos. “No queremos más criminalización, persecución, más desalojo”, sostuvo la organización campesina, la cual también promueve una acción de amparo para evitar el desalojo de las familias de Buena Vista y Santa Rosita.

Amenazas

Por su parte, Pedro Cuc, autoridad ancestral de la comunidad de Chapín Abajo, aseguró a Avispa Mídia que cuenta con información sobre un posible desalojo contra su comunidad y la población vecina de Chinebal, a ocurrir durante los próximos días. Pero aún esperan una notificación oficial por parte de las autoridades.

“Si ellos quieren entrar a la fuerza, nosotros tampoco vamos a retroceder, la organización está en alerta”, asevera y asegura que la responsable por promover el desalojo es la empresa Naturaceites S.A., propiedad del empresario de origen suizo-alemán, Juan Maegli Müller.

Ante ello, lamenta que en Guatemala, dado el poder e influencia del agroindustrial, las denuncias de la población maya q’eqchi’ no son atendidas. “Porque el organismo judicial es de las empresas, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad también”, reclamó ante lo que señala como omisión de parte de la Policía Nacional Civil (PNC) y el MP ante las acusaciones de los indígenas por la violencia mediante la cual la familia Maegli Müller acaparó las tierras

Imagen: Familias desplazadas de la comunidad Buena Vista se encuentran albergadas bajo un techo de nylon en la entrada de la carretera que conduce a Santa Rosita, población maya q’eqchi’ que también está en riesgo de desalojo. Foto: Juan Bautista Xol / Prensa Comunitaria

Artículo: El flagelo de la palma de aceite en Ecuador

Compartimos este artículo de nuestras compañeras y compañeros de lucha en Ecuador Acción Ecológica sobre el monocultivo de palma de aceite en aquel país – A Mayo 2024

Nathalia Bonilla de Acción Ecológica

LA MESA DE PALMA SUSTENTABLE (RSPO) LEGITIMA A LAS EMPRESAS DEPREDADORAS

En Ecuador actualmente existen 270 mil hectáreas de palma aceitera sembradas. Esta cifra ha fluctuado a lo largo de los años, viéndose afectada especialmente por la pudrición del cogollo. Por otra parte, sólo cuatro grupos empresariales cuentan con la certificación RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil): Organic Supply S.A, Industrial Danec S.A, Natural Habitats Americans B.V. y el Holding La Fabril S.A.

Este último agrupa a la empresa Energy & Palma, que ha sido denunciada en los últimos años por comunidades del norte de Esmeraldas, donde posee 11 mil hectáreas de plantaciones. Las acusaciones versan sobre contaminación de fuentes de agua, violación de derechos laborales y despojo de territorios comunitarios. Incluso, Energy & Palma ha judicializado a defensores de la Comuna Barranquilla de San Javier con una demanda civil por 350 mil dólares, aduciendo supuestos daños y perjuicios.

El Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, conjuntamente con siete mecanismos especiales, emitió un comunicado conjunto sobre este caso, dirigido a Ecuador, Estados Unidos, Suiza, Nestlé, PepsiCo, La Fabril y a la RSPO manifestando su preocupación por un aparente uso abusivo del sistema penal en contra de defensores de derechos. A pesar de haber recibido este comunicado de manera directa, la Mesa de Palma Sustentable (RSPO) simplemente no respondió a dicho comunicado y continuó certificando a Energy & Palm/La Fabril (https:// spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27475).

Según los principios y criterios de la RSPO, mantener querellas legales contra comuneros o sobre tierras sembradas de palma constituiría un impedimento para otorgar la certificación. Por tanto, estos hechos deberían haber imposibilitado que La Fabril renovara su certificación, a pesar de la queja formal presentada por la comunidad y el comunicado de la ONU. Sin embargo, la recertificación se realizó de manera expedita, en medio de cuestionamientos y preguntas sin respuesta.

El sistema RSPO merece varias observaciones. Si bien afirma garantizar la producción de palma aceitera sustentable que proteja el ambiente, los derechos colectivos de las comunidades y el trabajo rural, fomentando la sostenibilidad y evitando daños, en la práctica esto no se cumple. En realidad, facilita el acceso de grandes empresas al exigente mercado europeo.

Su sitio web, única vía de ingreso para quejas comunitarias, está en inglés y requiere completar un complejo formulario con implicaciones legales, dificultando el acceso a comunidades rurales que carecen de recursos como electricidad, internet y dominio del idioma. Pareciera un sistema diseñado para favorecer a empresas con el respaldo de grandes ONG conservacionistas.

Superando estas adversidades, la Comuna Barranquilla logró presentar su queja en mayo de 2023. Durante este proceso, Energy & Palma continuó su certificación, recibiendo la visita de la auditora brasileña IBD, que se reunió sólo con personas afines a la empresa, excluyendo a la comuna y al sindicato de trabajadores. Incluso, la RSPO negó que tal visita estuviera programada.

Ante las denuncias, los auditores de IBD se vieron forzados a regresar al territorio y recopilar testimonios. Igualmente visitaron los lugares donde la planta procesadora de aceite descarga agua pestilente y turbia directo al río, pero sin tomar muestras de los lugares supuestamente contaminados para análisis de laboratorio. Se acordó con los auditores que compartirían el informe con la comuna. No lo hicieron, pero emitieron la certificación favorable a Energy & Palma sin mayor trámite.

Cabe señalar que en el 2020, a raíz de una queja previa de la Comuna, el Ministerio del Ambiente ecuatoriano visitó la zona, recorrió las instalaciones de la empresa, tomó muestras de agua, pero nunca informó sobre los resultados de esos exámenes.

Esto evidencia no sólo la falta de metodología científica por parte de los auditores de la RSPO, sino también los antecedentes de opacidad de las autoridades ambientales al no transparentar los análisis realizados en la zona, con anterioridad, ante denuncias de contaminación.

Por otro lado, la queja formal de la comuna ante la RSPO sólo ha avanzado un 12%. Contrasta la celeridad en otorgar certificados versus el excesivo tiempo para resolver denuncias comunitarias. La falta de metodología científica, el inadecuado procesamiento de testimonios y la aparente política de ignorar cualquier denuncia evidencian un sistema que pareciera priorizar los intereses empresariales.

Actualmente, el Holding La Fabril ostenta la certificación RSPO, vigente hasta 2030, lo que genera inquietudes sobre la imparcialidad y real funcionalidad de este mecanismo: ¿abrir mercados o garantizar sustentabilidad?.

Súmate: ¡Dile a Nueva York que proteja las selvas tropicales!

Compartimos esta petición de solidaridad con Amigos de la Tierra Estados Unidos para apoyar la iniciativa de ley : Ley TREES de Nueva York para proteger los bosque tropicales – A 3 de junio de 2024

Haciendo un llamamiento tanto a particulares como a organizaciones de las regiones selváticas y los países tropicales: Por favor, firma esta carta de solidaridad para apoyar una importante ley en Nueva York, EE.UU., que ayudará a proteger los bosques tropicales y a sus defensores, llamada New York TREES Act.  

Fecha límite para firmar: Martes 18 de junio 
 
Nuestro objetivo es reunir al menos 100 firmas a tiempo para entregar la carta antes del Día Mundial de los Bosques Tropicales, el 22 de junio. 

¿QUÉ ES?   

La Ley TREES de Nueva York es un texto legislativo diseñado para garantizar que el estado de Nueva York -la décima economía más grande del mundo- utilice su poder adquisitivo gubernamental para 1) prohibir el uso estatal de madera de frondosas tropicales, 2) exigir a todos los contratistas del Estado que lleven a cabo la diligencia debida en la cadena de suministro y verifiquen que los productos que venden a Nueva York no están impulsando la deforestación tropical o abusos asociados de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas (incluido el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado), y 3) proporcionar apoyo financiero a las empresas de Nueva York para que cumplan con los más altos estándares de sostenibilidad de la cadena de suministro.   
 
La Ley TREES ha ganado en la asamblea legislativa del estado de Nueva York y ahora solo falta que el Gobernador del estado la convierta en ley. La Gobernadora de Nueva York se reunió recientemente con el Papa Francisco, donde declaró que «Nueva York es un imán para los migrantes de lugares como África Occidental y Sudamérica que huyen de sus hogares debido a los desastres ambientales, y necesitamos políticas para hacer frente a este problema a nivel mundial.»  
 

¿POR QUÉ FIRMAR ESTA CARTA? 

Aprovechamos esta oportunidad para decirle a la Gobernadora que una de las cosas que puede hacer para ayudar a proteger los países de origen de las personas es firmar la Ley de los ÁRBOLES.  Esta carta es una forma de que la Gobernadora Hochul escuche directamente a aquellos cuyas vidas y medios de subsistencia están en juego, y a las organizaciones de estas regiones que luchan por detener la deforestación.  

LEA AQUÍ LA CARTA COMPLETA 

Por favor, revise la carta y utilice el siguiente formulario para añadir su firma antes del 18 de junio. 

¡En solidaridad!  

Petición: Brasil: paren de fumigar con veneno sobre personas y cultivos

Compartimos esta petición de Salva la selva sobre el uso de agroquimicos en monocultivos- A mayo 2024

Las comunidades campesinas del estado de Maranhão, nordeste de Brasil, sufren ataques de parte de los productores de soja que rocían veneno con aviones y drones sobre sus cuerpos y cultivos familiares. Los gobiernos de Maranhão y Brasil, no hacen ningún esfuerzo significativo para supervisar o prohibir esta práctica.

En el este del estado amazónico de Maranhão se expande el agronegocio para la exportación. Desde hace al menos tres años, hacendados del municipio de Timbiras utilizan el veneno de sus monocultivos como arma química para expulsar a los pequeños campesinos de sus territorios.

Desde aviones y drones vertieron en enero, febrero y marzo, pesticidas que están destruyendo toda la producción de maíz, mandioca, legumbres, verduras y frutas de las comunidades. Los peces no sobreviven a la contaminación de los ríos.

Los miembros de 50 familias campesinas afectadas se encuentran mal de salud por el envenenamiento. Mujeres, hombres, personas mayores y niños sufren llagas en la piel, dolores de cabeza, vómitos, mareos, dificultad respiratoria, tos y otros síntomas de envenenamiento. No tienen acceso a la sanidad pública. No hay hospitales en sus comunidades y en la ciudad, el personal médico les diagnostica sarna o infecciones víricas.

En 2024, los ataques empeoraron. Una lluvia de veneno en marzo acabó con toda la producción de alimentos campesinos y contaminó aún más las fuentes de agua. La inseguridad alimentaria provocada por los hacendados podría llevar a las familias, a corto plazo, a un escenario de hambre y sed.

En Brasil, sólo Ceará, uno de los 26 estados del país, cuenta con una ley que prohíbe la fumigación aérea. En la Unión Europea, esta práctica está prohibida desde 2009 debido a los graves y demostrados riesgos para la salud humana y el medio ambiente.

La región de Maranhão donde suceden las fumigaciones está envenenada. En 2023, la Campaña Nacional en Defensa del Cerrado y la Fundación Oswaldo Cruz sacaron un dossier que confirma, con análisis de laboratorio, la contaminación de las aguas de las comunidades por el veneno lanzado por los sojeros.

En abril de este año, el Consejo de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Maranhão (CEDDH) realizó una inspección in situ de las comunidades atacadas y constató en un informe la grave situación.

Digámosle al gobierno de Maranhão y al gobierno de Brasil que prohíban urgentemente la fumigación aérea con veneno.Más información Carta

Reporter Brasil, 16/6/2023. Depois do CE, dez estados podem proibir aplicação de agrotóxicos por aviões (Después de Ceará, diez estados pueden prohibir la aplicación de pesticidas por avión): https://reporterbrasil.org.br/2023/06/depois-do-ce-dez-estados-podem-proibir-aplicacao-de-agrotoxicos-por-avioes/


Diario Oficial de la Unión Europea, 2009. DIRECTIVA 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de octubre de 2009 por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32009L0128


Lopes, Helena Rodrigues, 2023. VIVIR EN TERRITORIOS CONTAMINADOS: un dossier sobre plaguicidas en las aguas del Cerrado: https://campanhacerrado.org.br/images/biblioteca/dossie-agrotoxicos-aguas-cerrado.pdf


Consejo de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Maranhão, 3.2024. INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA IN LOCO Nº 001/2024: https://drive.google.com/file/d/1w9hzROUtxCXgoaHplHeCGXAOUmDnMdKs/view


Fundación Heinrich Böll, 12/2023. Atlas de los plaguicidas. Datos y cifras sobre el uso de estas sustancias en la agricultura 2023: https://br.boell.org/sites/default/files/2024-01/atlas-do-agrotoxico-2023-revisao2024.pdf


Terra de Direitos, 25/4/2024. Organizaciones latinoamericanas denuncian a Bayer ante la OCDE por violaciones sistemáticas de los derechos humanos: https://terradedireitos.org.br/noticias/noticias/organizacoes-da-america-latina-denunciam-bayer-a-ocde-por-sistematica-violacao-dos-direitos-humanos/24005

Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), 25/4/2024. El modelo de negocio agrícola de Bayer en Sudamérica viola las directrices de la OCDE: https://www.ecchr.eu/en/case/bayers-agricultural-business-model-in-south-america-violates-oecd-guidelines/

Esta petición está disponible en los siguientes idiomas:

Boletín 269 de WRM: La Amazonia: Luchas de las comunidades frente a viejas y nuevas amenazas

Compartimos este boletín del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A febrero 2024

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NUESTRO PUNTO DE VISTA

LA AMAZONIA: LUCHAS DE LAS COMUNIDADES FRENTE A VIEJAS Y NUEVAS AMENAZAS

  • Imagen 27 Febrero 2024Cómo diferentes formas de extractivismo ‘verde’ provocan la destrucción de la selva amazónicaLa región amazónica es una de las últimas fronteras de resistencia a la expansión del capital. Esto se expresa en las luchas de activistas sociales como Chico Mendes, así como por la presencia en la región de la mayoría de los pueblos indígenas del planeta que todavía se mantienen en aislamiento voluntario. Sin embargo, en la actualidad diferentes formas de extractivismo‘verde’ avanzan cada vez más en este territorio.
  • Imagen 26 Febrero 2024La lucha por la tierra en la Amazonía brasileña contra las empresas mineras y de palma aceiteraEn la región del Vale do Acará, en el estado de Pará, los pueblos indígenas Tembé y Turiwara y las comunidades quilombolas y campesinas luchan por recuperar parte de los territorios de vida que han ocupado tradicionalmente. No se trata de una lucha solo por recuperar el territorio, sino para revertir una historia de opresión e injusticia. Hoy denuncian la violencia estructural que sufren y la omisión del Estado.
  • Imagen 26 Febrero 2024Incendios y agronegocios, motores de la deforestación en la Amazonía bolivianaLa expansión de la frontera agrícola para el cultivo de soja o palma aceitera así como la minería y la posible construcción de mega represas avanzan sobre los espacios vitales de comunidades indígenas y campesinas. A fines de 2018, los pueblos se organizaron en una Coordinadora para defender sus territorios y el derecho a una vida digna.
  • Imagen 26 Febrero 2024Perú: Resistencia y organización comunitaria para la defensa de la selvaComunidades indígenas de la Cuenca Amazónica peruana crearon una red para defender sus derechos territoriales y de autoderminación. Su lucha no es sólo contra la deforestación, sino también contra los proyectos conservacionistas y de mercados de carbono -como los proyectos REDD- que generan más injusticia y conflictos internos.
  • Imagen 26 Febrero 2024El Yasuní: Alcances de una victoriaLa decisión del pueblo ecuatoriano de parar la extracción petrolera en el Parque Nacional Yasuní implica ahora nuevos desafíos: cómo recuperar un territorio sacrificado y hacer justicia en las zonas afectadas con la solidaridad del conjunto del país.
  • Imagen 26 Febrero 2024Colombia: La “transición energética” pone en riesgo la cuenca noroccidental AmazónicaMocoa se ubica entre las montañas andinas y la Amazonía colombiana, en medio de una de las cuencas hídricas más importantes del país, territorio donde conviven comunidades indígenas, afrodecendientes, campesinos y colonos. La creciente demanda de minerales para la “descarbonización” en el mundo pone a esta región en serio riesgo, ya que empresas mineras intentan avanzar con la extracción del cobre que hay en el subsuelo.
  • Imagen 26 Febrero 2024Las contradicciones de la conservación: El territorio del pueblo Ka’apor, en la Amazonia brasileñaEl pueblo Ka’apor vive en Alto Turiaçu, en el noroeste del Estado de Maranhão, en Brasil. Es el territorio indígena más grande de la Amazonia Oriental y, también, la porción de selva preservada más grande en esa región. Allí llegaron empresas extranjeras a proponer proyectos REDD, que generan conflictos y el rechazo de una parte de la comunidad, que se organiza para resistirlos.

DE LOS ARCHIVOS DEL BOLETÍN DEL WRM

Voces en resistencia – Palma de aceite en México, Honduras y Ecuador

Con mucha alegría les compartimos el sexto capítulo de Voces en resistencia, es una serie de testimonios de personas que luchan por defender la vida y el territorio de mega proyectos extractivistas.

En este capítulo, les compartimos las experiencias de 4 maravillosas mujeres; Dominga, Bárbara, Dania y Natalia, enfrentando y resistiendo a la palma de aceite desde diferentes puntos de Mesoamerica.

Más capítulos:

Reportaje: Chapín Abajo, la historia de un pueblo que resiste al cultivo industrial de la palma

Les compartimos la siguiente nota de Avispa Midia sobre la resistencia a la palma de aceite en Guatemala – A 15 de noviembre del 2023

Por Renata Bessi

Lago de Izabal, lugar sagrado para el pueblo Maya Q’eqchi’. Las aguas azules obscuras forman un espeso espejo de casi 600 km2, cerca de la costa del Mar Caribe de Guatemala. Alrededor de todo el lago, el más grande del país, han vivido desde siempre las comunidades Maya Q’eqchi’, desde antes de la llegada de los españoles. 

Desde El Estor, núcleo urbano al norte del lago, donde hay una base militar, el equipo de este reportaje siguió una línea recta, hacia el sur del lago, lo que significa aproximadamente dos horas de viaje a bordo de una lancha acondicionada para realizar viajes colectivos de la comunidad. Es la única forma, en época de lluvias, de llegar en estos territorios. Ahí, la bienvenida se recibe de un paisaje monótono verde olivo de extensas plantaciones de palma africana. 

En este lado del lago habitan 16 comunidades Maya Q’eqchi’ que luchan para continuar viviendo en sus territorios y salir del arrinconamiento que les ha sometido las extensas plantaciones de palma de la empresa Naturaceites. Ahí también está un segundo destacamento militar.

A pocos metros del desembarque en esta parte sur del lago está la comunidad Chapín Abajo, que ha sufrido, por lo menos en los últimos tres años, la intensificación de los intentos de desalojo y de incursiones militares violentas por supuestas órdenes de captura a sus miembros. Durante las incursiones, militares del destacamento de la parte norte del lago se mueven en rápidas lanchas para el “combate”.

La abuela Maya Q’eqchi’ que se identificó como Juana recordó con dolor en su lengua materna el último ataque a la comunidad. “Sentía el rugir de las balas por detrás de mis pies, mientras intentaba proteger a los niños. Nos trataron como animales”, cuenta al equipo de Avispa Mídia. Los militares incursionaron violentamente en Chapín Abajo el 6 de diciembre de 2022, supuestamente contaban con 20 órdenes de captura contra comunitarios, “órdenes que nunca nos enseñaron”, agregó la abuela Juana.

Un contingente policial de aproximadamente 5 mil agentes “mezclados con cuadrillas que sabemos que son pagadas por la empresa [Naturaceites]”, cuentan los pobladores, cercaron la comunidad durante horas hasta la madrugada, “nos atacaron”. Antes de estos hechos ya habían atacado dos meses antes, el 26 de octubre de 2022.

https://youtube.com/watch?v=ZDoE5f8-Zp8%3Ffeature%3Doembed

Las mujeres de la comunidad hicieron frente y tomaron las riendas de la situación. Salieron al encuentro del contingente. “A través de un megáfono preguntábamos qué estaba pasando, si acaso éramos narcotraficantes o estábamos haciendo actos ilegales para que fuéramos criminalizados y perseguidos de esta manera. Pues ellos, de igual forma, no respondieron a nada, sino al contrario, ellos ingresaron”, relata para Avispa Mídia, en su lengua Maya Q’eqchi’, Alba María Choc, quien fue agredida y detenida en esta ocasión, junto a su hijo de 14 años. “Ingresaron sarcásticamente accionando sus fusiles y pistolas”, recuerda

Autoridad ancestral Pedro Cuc al lado de su familia. Foto: Aldo Santiago

Como en las películas del viejo oeste, tres fotos de las autoridades ancestrales figuran en carteles que ofrecen 50 mil quetzales a quienes ofrezcan informaciones sobre ellos, por participar de movimientos en defensa del territorio. “El Estado regó carteles con nuestras fotos por todo El Estor ofreciendo recompensa a cambio de informaciones sobre nosotros”, cuenta al equipo de Avispa Mídia Pedro Cuc Pan, una de las tres autoridades ancestrales perseguidas, miembro del Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’ de Chapín Abajo, quien también se ha declarado en resistencia contra la minería y la plantación industrial de palma aceitera, también conocida como palma africana.

Ahora en el territorio se siente una calma tensa. La memoria de la violencia aun está presente y afecta especialmente a los niños y ancianos. La posibilidad de que en cualquier momento se pueden suscitar nuevas incursiones militares es latente. “Siguen las órdenes de captura”, señala Pedro Cuc.

¿De quién es la tierra?

En Chapín Abajo, alrededor de 200 familias viven en cuatro hectáreas. Esta comunidad está cercada por plantaciones de palma de la empresa Naturaceites, la cual se vanagloria de estar certificada al 100% bajo la certificación estándar RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil, en español Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible).

Las familias no tienen espacio suficiente para sus cultivos de subsistencia y tampoco para criar animales. Ya no les queda espacio para construcciones esenciales para la comunidad como una escuela para los niños. 

La zona es controlada por la seguridad de la empresa y por los militares. “Somos vigilados todo el tiempo, incluso por drones”, sostiene Ana Coc.

Naturaceites sostiene que todas las tierras donde tienen plantación son suyas. También dice en sus informes que posee los documentos que le aseguran la propiedad de las tierras. No obstante, las comunidades y organizaciones tienen otra perspectiva de cómo la empresa fue acumulando tierras.

La empresa afirma que posee un total de 11 mil 736 hectáreas propias
y 16 mil 249 hectáreas de productores asociados en los municipios de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz; San Luis, Petén; Panzós, Alta Verapaz y El Estor, Izabal. 

En el Valle de Polochic, donde está Chapín Abajo, según información de la propia empresa, posee 6 mil hectáreas no continuas de plantaciones y una planta de beneficio. Sus marcas comerciales son: Capullo, Cora y Great Taste.

Erwin Tut, de la Fundación Guillermo Toriello, que ofrece asesoría y acompaña no solamente Chapín Abajo, sino que también a otras comunidades afectadas por la palma y la minería en la región, sostiene para Avispa Mídia que gradualmente “las comunidades fueron siendo arrinconadas por la palma”.

La estrategia utilizada por Naturaceites fue apropiarse poco a poco de las tierras y, en muchos casos, fueron registrando “de manera anómala” en su nombre, sostiene Tut. “Hay un acaparamiento enorme de tierras y hay mucha vinculación con el gobierno”, señala.

La Ley de la Oficina de Control de las Reservas Territoriales, por ejemplo, garantiza que las tierras que están a una distancia de hasta 200 metros del lago son del Estado. “Pero ¿qué pasa?, la palma está en toda la orilla del lago. Y si vamos a reclamar, la empresa dice que tiene los títulos de estas tierras. ¿Y cómo lo obtuvieron?”, indaga.

Otro caso que ilustra las formas turbias de cómo Naturaceites fue concentrando las tierras es respecto al proceso del indígena Maya Q’eqchi’ Oswaldo Rey Chub Caal, capturado y acusado por usurpación de tierras, en el desalojo de la comunidad llamada Palestina, en la finca Chabiland, Chinebal, al sur de El Estor, en noviembre de 2021. La acusación es de la empresa Naturaceites, quien alega que las tierras son suyas.

Él permaneció nueve meses en prisión. Al final, la empresa no pudo comprobar las acusaciones contra el indígena y fue puesto en libertad. El indígena Caal, que es de la comunidad de Chapín Abajo y quien, en solidaridad, estuvo presente en el desalojo violento de la comunidad Palestina, fue liberado porque la empresa no logró probar que es propietaria de las tierras. El registro de propiedad que presentó durante el proceso no correspondía a la finca en El Estor, pertenecía a otra jurisdicción, al municipio de Livingston.

Oswaldo Rey Chub Caal. Foto Renata Bessi

Es decir, “¿cómo Caal pudo ser acusado por Naturaceites de usurpar una tierra que no tiene cómo probar que son suyas?”, dijo el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas, Juan Castro, quien defendió el indígena Maya Q’eqchi’ en los tribunales.   

Con base a ese mismo título de propiedad, señala el abogado, existe una serie de otras órdenes de captura en contra de otros comunitarios que estuvieron en el desalojo. 

“Nosotros, las organizaciones, así como las comunidades, no tenemos recursos para hacer un estudio completo de la ocupación de las tierras y de los registros catastrales, es muy caro. El Estado no tiene interés de hacerlo. Pero en estudios que hemos logrado hacer en casos específicos, nos deparamos con esta realidad, con esta misma lógica anómala de apropiación de tierras”, argumenta el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas.

No necesitamos que un documento nos diga que esta tierra es nuestra”

Durante el periodo colonial, explica el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas, Juan Castro, los maya Q’eqchi’s no fueron pueblos que habían desarrollado una titulación de sus territorios, como ocurrió en otras regiones de Guatemala, cuyos títulos se conservan hasta la actualidad.

Tener el registro implicaba comprar sus propias tierras a la Corona española y, como consecuencia, tenían que someterse al régimen de tributación que había en ese entonces. 

Después, con la creación del Registro de la Propiedad, alrededor de 1870, “muchas de estas tierras fueron tituladas a particulares y también como fincas públicas. Sin embargo, las comunidades siguieron permaneciendo ahí, a pesar de no tener títulos”, puntualiza el abogado.

“Son comunidades que no tienen registros de la titulación de esas tierras, pero tienen una posesión histórica y tienen una relación histórica con el territorio”, subraya Castro.

El Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial del municipio de El Estor 2018 – 2032 identifica Chapín Abajo como uno de los lugares con “mayor antigüedad e importancia por su densidad y pertenencia Q’eqchi’ se ubican en el área de la cuenca del lago de Izabal”. Además de Chapín Abajo, mencionan: Nueva Esperanza, Lancetillo, Chinebal, Río Zarquito, Pataxté, Chichipate, Setal y Selempin.“A nosotros no nos pertenece la tierra porque un documento lo diga o porque un ingeniero lo dijo, nos pertenece la tierra porque aquí murieron nuestros antepasados y aquí nacimos nosotros. Entonces la defendemos”, dijo Pedro Cuc.

21 de Septiembre: Una lucha por la tierra y por la vida

Compartimos este pronunciamiento del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A 21 de septiembre del 2023

Este 21 de Septiembre, expresamos una vez más nuestra solidaridad con esta resistencia y compartimos algunos materiales que pueden ayudar a comprender la importancia de estas luchas.

El 21 de septiembre es el Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles. Una fecha en que diversas comunidades reafirman y celebran la resistencia ante las plantaciones industriales de árboles que invaden sus territorios.

En todo el mundo, empresas, gobiernos e instituciones financieras promueven los monocultivos de árboles no sólo para la producción de madera, celulosa, caucho, aceite de palma, combustibles o biomasa, sino también para hacer negocios en los mercados de carbono.

Para las comunidades que viven en los territorios donde se instalan las plantaciones, esta expansión significa destrucción de bosques e invasión de tierras fértiles, agotamiento del agua, despojo, violencia -en especial sobre las mujeres-, y contaminación con agrotóxicos, entre otros graves impactos.

Los monocultivos de árboles reducen y destruyen los espacios que son vitales para las comunidades y, por lo tanto, amenazan su capacidad para producir alimentos y desarrollar sus actividades. Asimismo, la industria de las plantaciones refuerza el racismo y el patriarcado, a la vez que deteriora las relaciones e interacciones colectivas. Como consecuencia, las comunidades pierden autonomía y soberanía sobre sus territorios y cuerpos, al tiempo que aumenta la pobreza, las enfermedades y la desigualdad.

Ante ello, comunidades indígenas, campesinas, quilombolas y muchas otras se organizan y resisten este avance, en una lucha por la tierra y por la vida.

Este 21 de Septiembre, expresamos una vez más nuestra solidaridad con esta resistencia y compartimos algunos materiales que pueden ayudar a comprender la importancia de estas luchas.

¡Basta de plantaciones! ¡NO a los monocultivos!

En solidaridad,

El equipo del WRM

* Las comunidades quilombolas son aquellas formadas por descendientes de personas africanas que fueron sometidas a la esclavitud y escaparon para fundar “quilombos” en el Brasil Colonial e Imperial.


Artículos del boletín del WRM

– Las comunidades quilombolas recuperan tierras y agua, tras 40 años de monocultivo de eucaliptos en Brasil

Recuperar la tierra en Misiones, Argentina: una lucha por la justicia social y una vida digna
 

Podcast

– México: Mujeres de la costa de Chiapas ante la palma aceitera

Testimonios de mujeres afectadas por las plantaciones de SOCFIN, en Sierra Leona
 

Publicaciones

12 respuestas a 12 mentiras sobre las plantaciones industriales de árboles

– Lo que necesitas saber sobre Suzano Papel y Celulosa (Cartilla producida por la Red Alerta contra los Desiertos Verdes, de Brasil)

– Peligro: Árboles transgénicos

– ¿Qué hay de malo en plantar árboles?
 

Encuentra más información y materiales aquí.

Reportaje especial: Agroindustria, turistificación y Tren Maya en Bacalar: afectaciones y resistencias colectivas

Compartimos este reportaje especial publicado por el espacio Jaltun investigación y acción colectiva sobre los avances del modelo extractivo en la comunidad a orillas de la laguna de Bacalar en Quintana Roo – A septiembre del 2023

Agroindustria, turistificación y Tren Maya en Bacalar:

afectaciones y resistencias colectivas

Narrativas de Resistencia

La milpa, la apicultura y el turismo local fueron durante décadas el sustento económico de un territorio orgulloso de su biodiversidad y destacado por el saber de las comunidades mayas que lo habitan. Todo cambió a partir de decisiones políticas y empresariales que colocaron al pueblo en el mapa letal del extractivismo peninsular. Impactos negativos y luchas por el buen vivir.

Hasta hace un par de décadas, Bacalar era un pequeño pueblo maya de puertas abiertas al Caribe y cuya economía se sostenía a través de la milpa, la apicultura y la docencia, en este último caso a partir del funcionamiento del Centro de Educación Normal en Bacalar. En ese apartado del estado de Quintana Roo el turismo mostraba un rasgo regional y los atributos del lugar se transmitían de boca en boca.

Veinte años atrás, los pobladores no imaginaban que con el correr del tiempo el turismo se convertiría en el soporte económico primordial del municipio. Y que, combinada con la agroindustria, la actividad terminaría resquebrajando el paisaje biocultural y los modos de vida locales.

Dos eventos cambiaron la historia de ese Bacalar ajeno al extractivismo turístico, bajo el cual se promovió la Riviera Maya como destino internacional, y de labor agrícola concentrada entre los pobladores históricos del lugar.

El primero de ellos correspondió a la instalación de colonias menonitas que, a inicios del 2000, comenzaron a proliferar a partir de la compra ilegal de tierras ejidales. Nadie en el pueblo y sus alrededores, ni siquiera los mismos ejidatarios, sospecharon que el arribo de los menonitas abriría paso a una explotación que, respaldada mediante programas de impulso agropecuario, corrupción de funcionarios agrarios e intereses de empresas nacionales e internacionales, terminaría lacerando la selva de Bacalar por efecto de una expansión incontenible.

Los datos de esta depredación son contundentes: según un monitoreo de Global Forest Watch, el estado de Quintana Roo perdió, justamente en 20 años, al menos medio millón de hectáreas de monte a manos del desarrollo turístico, la agroindustria ligada al cultivo intensivo de soya, maíz y caña de azúcar, y la expansión inmobiliaria.

El segundo evento tuvo lugar en 2006, cuando el gobierno federal, encabezado entonces por Vicente Fox, declaró “Pueblo Mágico” a Bacalar. La categoría asignada a la comunidad, estatus pensado para acentuar la explotación turística en determinadas zonas de México, disparó el interés de los capitales privados por hacer del sitio otro espacio destinado a captar visitantes y viajeros sobre todo del exterior.

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Cada año, Bacalar recibe un promedio de 180 mil visitantes mientras que su población apenas alcanza los 12 mil 527. De 2005 a la actualidad, la afluencia de turistas creció 750% (INEGI). Fotografía: R. Canul.

Rápidamente se consolidó la idea de comercializar a Bacalar como un paraíso de calma, relajación y aventura basado en las aguas turquesas de su laguna. Ese mismo rótulo es el que terminó por invisibilizar los estragos que fue multiplicando la difusión del pueblo como un espacio, de pronto enfocado, en atraer el turismo masivo.

El aumento de la violencia criminal, la especulación inmobiliaria, el encarecimiento de la tierra, la marginación y la segregación poblacional, la migración, la gentrificación y la folklorización de la identidad maya, fueron algunos de los aspectos que emergieron a partir de la declaración de “Pueblo Mágico”.

Y cuya gravedad resultó invisibilizada tanto por los beneficiarios de los negocios que alentó la categorización como por las autoridades y organismos competentes, interesados también en asegurarse una mayor recaudación económica a partir del cobro de impuestos, regalías y prebendas de ocasión.

Más cercano en el tiempo, el impacto de ambos eventos se vio magnificado a partir de la imposición del Tren Maya, un megaproyecto impulsado por la gestión presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Y que tiene como premisa acentuar la expansión del turismo, la producción agrícola y ganadera a gran escala, y la industria en general en el sureste del país. Con afectación directa de los modos de vida y los medios de sustento de las poblaciones mayas y campesinas que habitan dicho territorio.

La investigación que aquí inicia da cuenta, precisamente, de cómo esta combinación de decisiones e iniciativas impulsadas por actores políticos y del capital privado dio lugar a una transformación de Bacalar que, aún en proceso dramático, tensiona de un modo riesgoso la perduración de las comunidades y sus formas históricas de habitar el municipio.

Expansión agroindustrial menonita

Entre 2001 y 2022, de acuerdo a mediciones de Global Forest Watch, Bacalar perdió casi 130,000 hectáreas de cobertura arbórea. Semejante superficie equivale al 24 por ciento del territorio del municipio, que llega a nuestros días como el más deforestado de todo el estado de Quintana Roo.

En ese lapso, la selva fue rápidamente reemplazada por monocultivos de soya, sorgo y maíz a partir de una agroindustria que ganó tamaño, también, mediante prácticas de compra y renta de tierras ejidales y privadas.

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La deforestación de la selva inicia con la apertura de caminos que permiten la expansión de la frontera agrícola. Fotografía: R. Canul.

El rol de las colonias menonitas ha sido determinante en ese sentido. El inicio de la avanzada de estos grupos tuvo su primer capítulo en el inicio de los años 2000, momento en que integrantes de esa comunidad provenientes de Belice hicieron pie en la selva bacalareña con la fundación de Salamanca. A ese posicionamiento inicial le siguieron los de El Bajío, Paraíso y San Fernando hasta completar 15 ejidos con presencia menonita.

Salamanca nació tras la adquisición de 5,000 hectáreas del ejido de Bacalar. Ya en 2004, y a partir del tamaño y la concentración de colonos ostentada por el asentamiento, Salamanca obtuvo el status de ejido menonita en sí mismo, en lo que fue un proceso inaudito hasta ese momento en Quintana Roo.

Fernando Canul, integrante del Consejo Indígena Maya de Bacalar y Colectivo de Semillas Much’ Kanan I’inaj, se refiere a cómo ocurrió aquel arribo.

“El primer asentamiento de menonitas fue en Salamanca. De allí fueron buscando colocarse en otros ejidos. Llegaron ofreciendo una cantidad de dinero que nunca habíamos visto. Dijeron ‘venimos a trabajar, no a cuidar el monte’”, recuerda.

Ubicado a sólo 7 kilómetros de la laguna de Bacalar, Salamanca es fuente de contaminación de los ecosistemas de la zona a raíz del uso indiscriminado de pesticidas que los menonitas ejecutan en su labor agrícola.

Con el cancerígeno glifosato a la cabeza entre los herbicidas que más resultan aplicados sobre los cultivos de soya que se multiplican en el ejido -también de uso común para combatir las hierbas en lotes de maíz y sorgo-, los productores de Salamanca llevan a cabo fumigaciones intensivas que llegan a los acuíferos del municipio por efecto de la naturaleza kárstica del suelo.

Símbolo de la deforestación y el incremento de la presencia menonita en la zona, Salamanca exhibe hoy un tamaño 11 veces mayor al delimitado por la mancha urbana de la cabecera municipal de Bacalar.

A la par de lo ocurrido con ese asentamiento, los ejidos de El Bajío, Paraíso y San Fernando también acumulan años de depredación agroindustrial por causa de los menonitas. En cada caso, el despliegue de los colonos tomó forma a partir de 2012 siempre mediante la estrategia de comprar lotes.

Una vez avecindados en esos espacios, los menonitas fueron un paso más allá con la adquisición de derechos ejidales. En concreto, esta acción les permitió comenzar a tallar en las decisiones respecto del futuro de las tierras de uso común disponibles en esas mismas áreas.

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En 2022 el Estado mexicano conmemoró los “100 años de la llegada de los Menonitas a México” mediante la emisión de una moneda de 20 pesos. Fotografía: R. Canul.

El posicionamiento de los colonos llegó a un punto tal que, por estos días, se dan situaciones de ejidos en los que más del 50 por ciento del padrón de, justamente, ejidatarios, corresponde a productores menonitas.

“Hasta hoy vamos más o menos bien. Poco a poco estamos comprando tierra en dos ejidos: El Bajío y Paraíso. Entre las dos colonias ya tenemos como cinco mil hectáreas”, detalla al respecto A. Schmitt, ejidatario menonita de El Bajío.

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Salamanca, El Bajío, San Fernando y Paraíso, siempre de acuerdo a Global Forest Watch y el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA), son los ejidos con mayor porcentaje de disminución de cobertura arbórea por superficie ejidal. Pero la merma no se ajusta únicamente a esos espacios: a través de la compra de derechos ejidales y la renta, los menonitas han diseminado la deforestación por otros 16 ejidos aledaños a los ya controlados por los colonos.

En una serie de recorridos llevados a cabo por el equipo de Jaltún, se corroboró que la destrucción de la superficie arbórea en todas esas áreas guarda relación directa con el cambio de uso de suelo para el tipo de agroindustria que desarrollan las comunidades menonitas mencionadas.

Mediante un análisis cartográfico realizado por Jaltún en los ejidos Salamanca, El Bajío, San Fernando y Paraíso, se estableció que la deforestación efectuada en los últimos 20 años implicó la pérdida de más de 11,450 hectáreas de monte. Cifra equivalente a la superficie de la ciudad de Cancún.

Gráfico 1. Porcentaje de disminución de cobertura arbórea por superficie ejidal (2001-2021). Fuente: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, 2022.

“Están destruyendo la vida del campo. Ellos tienen el apoyo del gobierno, toda la maquinaria que ellos sacan tiene ese aval. Si uno como campesino va, no tiene esas garantías”, asegura Fernando Canul.

Lo expuesto por Canul encuentra asidero en las más de cuatro décadas de políticas agropecuarias que han priorizado la producción agroindustrial en la Península. En ese sentido, las colonias menonitas de Bacalar han sido beneficiadas con incentivos y créditos a través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). Esto, con el objetivo de fortalecer la producción de oleaginosas a partir de la disponibilidad de maquinaria agrícola y semillas.

Los gobiernos, garantes de la deforestación

La expansión agroindustrial en Bacalar es la principal causa de deforestación en el municipio. El cambio de uso de suelo sin previa autorización y con complicidad silenciosa de las autoridades ambientales, sobre todo para la producción de monocultivos como la soya transgénica, repercute de manera negativa en el modo de vida campesino y alienta la pérdida del segundo bosque tropical más extenso de América.

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La producción agrícola basada en el uso de agrotóxicos y maquinaria pesada forma parte de la cultura de las colonias menonitas asentadas en la península de Yucatán. Fotografía: R. Canul.

La injerencia de los actores políticos debe entenderse como una variable determinante al momento de explicar cómo este sistema se consolidó con tanta celeridad en Bacalar. En ese sentido, ya en 2012 el municipio quedó dentro del polígono que SAGARPA -hoy SADER, sigla que refiere a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural- otorgó a Monsanto -controlada por la alemana Bayer en la actualidad- para la siembra de soya modificada genéticamente.

La decisión de esa dependencia de gobierno dio inicio a una batalla legal protagonizada por las comunidades mayas de Hopelchén y la misma Bacalar. Los pueblos expusieron a esta acción como una violación al principio precautorio para el derecho a un medio ambiente sano, además de destacar la vulneración del derecho a una consulta libre, previa e informada que fija el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para los pueblos indígenas.

Con el correr de los años, la utilización indiscriminada de agrotóxicos como el glifosato y distintas formulaciones de insecticidas provocó desde la muerte de abejas hasta la pérdida de certificaciones de miel orgánica. La afectación en ascenso motivó que organizaciones de base comunitaria, como la cooperativa apícola Kabi Habin, el Consejo Regional Maya del Poniente de Bacalar y el Colectivo de Semillas Much’Kanan I’naj, se organicen en un frente de defensa para contrarrestar el poderío desbocado del agronegocio.

Precisamente, estas entidades lideraron la batalla legal contra los promotores de la agricultura transgénica y lograron, ya en 2017, la suspensión de la siembra de semillas modificadas de soya en el municipio hasta tanto el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASICA) no realice las consultas pertinentes a las y los habitantes mayas de Bacalar.

Sin embargo, el dictamen legal nunca fue respetado. Y así llegamos a estos días en que, ante la pasividad del mismo SENASICA y la ausencia de controles de uso de suelo y de sanciones tras los actos de contaminación constatados por SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), respectivamente, el cultivo de organismos genéticamente modificados y las pulverizaciones con plaguicidas continúan siendo el sistema de agricultura predominante en el municipio.

En cuanto a la producción de soya transgénica que ocurre en Bacalar, al cierre del año agrícola 2022, la agroindustria reportó una producción de 4,730 toneladas de la oleaginosa. El principal comercializador de lo que genera el cultivo es Jacobo Xacur a través de su firma Proteínas y Oleicos S.A. Su destino industrial comprende desde la elaboración de aceites comestibles hasta la generación de pastas de soya con destino de alimentos para animales, pasando por derivados para la producción de pinturas, barnices y resinas.

A la par de estos procesos también hubo espacio para los artificios alentados desde el ámbito de las autoridades. Así, en agosto de 2021, SEMARNAT presentó como exitosa una serie de diálogos celebrados entre representantes del gobierno federal y las comunidades menonitas de Campeche y Quintana Roo en los que, siempre de forma presunta, los colonos se comprometieron a detener el deterioro de los bosques tropicales. El pacto en cuestión fue publicitado por el organismo bajo la denominación de “Acuerdo histórico con la comunidad menonita para frenar la deforestación”.

Su aplicación no pasó del acto mediático. Isaac Hansen, agricultor menonita de Salamanca, reconoce que las prácticas de los colonos chocan de frente con cualquier idea de freno a la depredación del monte: “Si el gobierno decide apoyarnos con otras formas de trabajo, va a ser difícil por las costumbres que tenemos. Lo veo difícil para nosotros. Necesitaríamos cambiar la forma de trabajo, pero no queremos. Queremos seguir en lo mismo. Sabemos que el mismo México necesita la producción de maíz, soya y frijol. Todo el aceite de cocina, casi todo viene del mismo lugar de donde vendemos la soya”.

Hasta el momento, las autoridades ambientales no han implementado acciones concretas para frenar la deforestación en Bacalar. La última sanción aplicada por esta práctica tuvo lugar en 2018, ocasión en que PROFEPA fijó una multa por algo más de 10.2 millones de pesos a la colonia de El Bajío por carecer de permisos para cambios de uso de suelo.

El turismo de masas da la espalda al pueblo de Bacalar

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La laguna de Bacalar alberga al mayor arrecife de estromatolitos de agua dulce del mundo. La turistificación, la agroindustria y actividades antropogénicas ponen en riesgo a este ecosistema (Tarjeta 2021). Fotografía: R. Canul.

Luego de que, en 2006, el gobierno federal de Fox otorgara el status de “Pueblo Mágico” a Bacalar, lo que siguió fue un sinfín de promesas de desarrollo económico para las familias locales. Lo que nunca se dijo es que las fabulosas ganancias prometidas quedarían en poder de empresarios hoteleros y gastronómicos con la espalda económica suficiente para adquirir amplios terrenos junto a la laguna.

El proceso de turistificación acelerada del municipio que inauguró la categorización de “Pueblo Mágico” asignada a Bacalar hizo del sitio otro integrante del proyecto “Grand Costa Maya” que, sobre todo a nivel internacional, promueve el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y que también incluye a Chetumal y Mahahual.

En un puñado de años, Bacalar dejó de ser un destino turístico de peso en determinado momento vacacional, para consolidarse como un área de visita permanente, con promedios anuales del orden de los 180,000 turistas. En los primeros catorce años de vigente el rótulo de “Pueblo Mágico”, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el flujo de visitantes que recibió el pueblo aumentó 750 por ciento.

Súmate a esta carta Colectiva para pedir cancelación del registro del insecticida clorpirifos en Mexico

Compartimos la siguiente petición de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México – RAPAM – A julio 2023

CARTA PARA COLECTA DE FIRMAS SE HARÁ PÚBLICA EN AGOSTO 

Agosto de 2023

  • Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela, Titular de la Secretaría de Salud
  • M.C. María Luisa Albores González, Titular de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

P R E S E N T E

Estimadas Autoridades:

Este es un llamado para que se tomen acciones frente a la grave amenaza a la salud y al ambiente que representa autorizar el uso de los insecticidas clorpirifos etilo y clorpirifos metilo, lo que vulnera derechos humanos fundamentales de la población en México como son el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible y a una alimentación saludable.

Las razones para solicitar la prohibición en México de estos insecticidas han sido expuestos en detalle en un informe elaborado por la Red de Acción  en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM) A.C. e investigadores de la Universidad Autónoma de Nayarit, mismas que se resumen a continuación y cuyas referencias cientifícas y documentales se pueden encontrar en dicha publicación. [1]

En la literatura científica nacional e internacional se reportan numerosos efectos adversos a la salud asociados a la exposición a clorpirifos. Destaca en primer lugar que se trata de un compuesto neurotóxico pues afecta el sistema nervioso, al inhibir la enzima acetilcolinesterasa (AChE). La exposición de este insecticida en muy bajas dósis provoca alteraciones hormonales, especialmente de la tiroides, que juega un papel importante en el desarrollo neurológico cerebral infantil, lo que vulnera gravemente el derecho de niñas y niños a su pleno desarrollo. Estudios epidemiológicos sugieren que a muy bajos niveles de exposición durante el embarazo puede afectar el desarrollo cerebral de las niñas y niños causando alteraciones en la morfología cerebral, retrasos en las funciones cognitivas (reducción del coeficiente intelectual), funciones motoras y problemas de atención; efectos que pueden manifestarse años después, en la infancia y adolescencia, con un daño permanente. 

Preocupa especialmente la exposicion In útero, durante las primeras semanas de embarazo y la capacidad de clorpirifos de llegar a la leche materna, como lo han comprobado diversos estudios tanto en áreas rurales como urbanas en distintos países. La evidencia científica es contundente, en los niños no hay niveles seguros de exposición a clorpirifos.

En México, se han realizado estudios in vitro sobre el efecto citotóxico del clorpirifos y el daño al ADN en células espermáticas, en la expresión de genes, niveles de proteína y actividad enzimática, así como estudios in vivo en distintas especies animales sobre sus efectos neurotóxicos, efectos multi y transgeneracionales, en el desarrollo embrionario y la disminución de la actividad enzimática (AChE) y motora.

En cuanto a los efectos adversos de clorpirifos sobre el ambiente, se ha documentado una elevada toxicidad en abejas, peces, y otras especies como invertebrados, anfibios, aves y mamíferos. Su degradación ambiental puede tener una vida media de días hasta varios años, dependiendo de la intensidad de su aplicación al ser transportado por las corrientes atmosféricas o por vía acuática en ríos o corrientes oceánicas.

En México, se ha confirmado la presencia de clorpirifos en diferentes matrices ambientales como lagunas y sedimentos, leche comercial pasteurizada, agua de escorrentia, desagues y ríos en distintos estados de la república. Se ha encontrado en alimentos como frutas, vegetales, leche de vaca, maíz, panales de miel y cera.

El clorpirifos etilo y clorpirifos metilo han sido prohibidos o con medidas que equivalen a una prohibición  en 40 y 33 países respectivamente. En la Unión Europea ambos insecticidas están prohibidos: el clorpirifos etilo está prohibido como biocida (2008) y para uso agrícola (2020), y también están prohibidos en Canadá (2021). En Estados Unidos las empresas voluntariamente retiraron el registro de clorpirifos para uso residencial desde 2020, y por orden judicial se prohibió para cultivos agrícolas alimenticios en 2021. En 2020, clorpirifos etilo fue prohibido en Nicaragua. En 2022 ambos insecticidas fueron prohibidos en Chile y Argentina; y en Colombia una sentencia judicial ordena la prohibición del clorpirifos (2022).

El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas recomendó a México en 2015 que prohibiera la importación y el uso de cualquier plaguicida que haya sido prohibido o restringido para su uso en el país exportador (CRC/C/MEXICO/4-5,2015), lo que debería aplicarse al clorpirifos etilo y clorpirifos metilo.

La Unión Europea ha nominado al clorpirifos para que ingrese al Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) para su eliminación mundial, debido a sus características de persistencia, bioacumulación, su capacidad de desplazarse a grandes distancias, y causar efectos adversos en la salud humana y medio ambiente.

Existen alternativas al clorpirifos para uso agrícola, el hecho de que un gran número de países haya prohibido el clorpirifos para más de 50 cultivos indica que hay sustitutos para reemplazarlo, como se ha documentado en el caso de California en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial agrícola. Sin embargo, hay que adoptar un enfoque agroecológico para evitar solo sustituirlo por otro insecticida de menor peligrosidad, y transformar los monocultivos dependientes de insumos agroquímicos a sistemas productivos rentables, más diversificados biológicamente, capaces de asegurar alimentos sanos, mejor adaptados para responder a los cambios climáticos. En este sentido, consideramos que en México hay condiciones políticas y capacidad institucional para impulsar alternativas al clorpirifos. Se cuenta con los programas gubernamentales de Producción para el Bienestar, de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), y el de Sembrando Vida, de la Secretaria de Bienestar, que incluyen el fomento de prácticas agroecológicas en la fertilización del suelo y el manejo de plagas y enfermedades; además, se cuenta con la experiencia de una agricultura orgánica en crecimiento y de un grupo creciente de bioinsumos disponibles en el mercado en nuestro país. Además en México los agroexportadores que deseen seguir entrando al mercado de Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea no lo pueden hacer si continúan usando clorpirifos al estar prohibido en dichos países, como se explicó anteriormente.

Existen también alternativas al clorpirifos para el control de vectores en salud pública que se pueden potenciar si se refuerzan las acciones de un Manejo Integral de Vectores con actividades centradas en la participación comunitaria, las acciones preventivas y el uso de alternativas de control exitosas documentadas en México en el caso del dengue y paludismo.

Por las razones expuestas anteriormente, las organizaciones y académicos firmantes, con fundamento en los artículos 1°, 4°, párrafos tercero, quinto, sexto y noveno, y 8° de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en observancia y aplicación de los principios Pro-persona, Preventivo, Precautorio, y in dubio pro natura, y, sobre todo, velar por el interés superior de la niñez, solicitamos:

  • Cancelar la autorización de clorpirifos etilo en el cuadro de insecticidas permitidos para el control de insectos vectores de enfermedades, otorgada por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) de la Secretaria de Salud, como medida prioritaria de prevención de riesgos y protección a la población más vulnerable, como es la población infantil y mujeres embarazadas. Al igual que fortalecer el Manejo Integral de Vectores con medidas centradas en la prevención y participación comunitaria y una mejor supervisión para evitar el uso de otros plaguicidas altamente peligrosos.
  • Negar las importaciones del clorpirifos etilo y clorpirifos metilo de los países donde está prohibido, por parte de Semarnat, en cumplimiento del art. 144 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) y de la recomendación del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (CRC/C/MEXICO/4-5,2015).
  • Cancelar todos los usos autorizados de los registros de clorpirifos-etilo y clorpirifos-metilo, y negar la autorización de nuevos registros, incluyendo los usos agrícola, pecuario, forestal, doméstico, jardinería, urbano e industrial, por parte de Cofepris.
  • Iniciar por parte de la Secretaria de Salud a nivel federal y por las autoridades sanitarias de los estados de la república una campaña de concientización sobre los riesgos a la salud, especialmente infantil, de la exposición al clorpirifos entre los distintos grupos sociales expuestos: jornaleras y jornaleros agrícolas, productores rurales, comunidades vecinas a campos agrícolas, y consumidores, mientras se cancelan todos los registros y se prohíben las importaciones.
  • Prohibir las compras de clorpirifos etilo o metilo con dinero del presupuesto público por parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales para cualquiera de sus usos: agrícola, forestal, domésticos, jardinería y urbano.
  • Incluir al clorpirifos etilo, como uno de los plaguicidas altamente peligrosos prioritarios a incorporar en el Programa Nacional de Prohibición gradual de Plaguicidas Altamente Peligrosos que se propone crear mediante Reforma a la Ley General de Salud, pendiente de aprobación en el Senado de la República de la LXV Legislatura para turnarse a la Cámara de Diputados.
  • Apoyar y coordinar acciones para documentar las alternativas de menor peligrosidad con un enfoque agroecológico y/o ecosistémicos para sustituir el uso de clorpirifos para uso agrícola y control de vectores por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en colaboración con la Secretaria de Salud (Cofepris-Cenaprece), la Semarnat y la subsecretaria de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).
  • Participar de manera activa como observador en el Comité de Examen de los Contaminantes Orgánicos Persistentes del Convenio de Estocolmo, y proporcionar toda la información necesaria para apoyar su eliminación mundial mediante su inclusión en el Anexo A de este instrumento internacional vinculante, por parte de las autoridades regulatorias competentes en coordinación con la Secretaria de Relaciones Exteriores.

Se indica el siguiente correo electrónico para oír y recibir notificaciones relacionadas a la presente petición: coordinacion@rapam.org

  • Ccp Titular de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)
  • Ccp Titular del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece)
  • Ccp Subsecretario Semarnat
  • Ccp Comisión de Salud y Comisión de Medio Ambiente, Senado de la República
  • Ccp Titular de CONAHCYT

[1] Bejarano F. y Rojas-García, AE (2023). Informe sobre clorpirifos en México. Razones para su prohibición, México. RAPAM, disponible en www.rapam.org y en www.redtoxicologiadeplaguicidas.org

Atentamente 

NOMBRE DE LOS ACADEMICOS Y ORGANIZACIONES FIRMANTES

Dr. Fernando Bejarano González/ Director de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM)

Dra. Aurora Rojas García, Investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit

Publicación: Peligro: Árboles Transgénicos

Compartimos la siguiente publicación de Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) – A mayo 2023

EN ESTA CARTILLA ENCONTRARÁS INFORMACIONES BÁSICAS SOBRE LOS ÁRBOLES TRANSGÉNICOS. EN PARTICULAR, SOBRE DOS EUCALIPTOS APROBADOS EN BRASIL, PRIMER PAÍS QUE AUTORIZÓ SU USO COMERCIAL.

En diferentes partes del mundo, las empresas de celulosa y papel intentan introducir la plantación de especies de árboles transgénicos. Pero ¿qué son los árboles transgénicos, árboles genéticamente modificados o árboles genéticamente manipulados? ¿Y cuáles son los riesgos de su plantación a gran escala?

En esta cartilla presentamos informaciones básicas sobre los árboles transgénicos, en particular sobre dos eucaliptos aprobados en Brasil, primer país que autorizó su uso comercial.

Además, se explica cómo el avance de los árboles transgénicos agravará aún más los problemas y conflictos generados por las plantaciones industriales de árboles, a los que se enfrentan comunidades indígenas, tradicionales y campesinas. Se trata de una razón más para decir ¡NO a los desiertos verdes de eucaliptos y otros monocultivos de árboles!

Disponible también en portugués e inglés

Recomendado: Lo que necesitas saber sobre Suzano

Recomendamos también leer esta cartilla producida por la la Red Alerta contra los Desiertos Verdes [4], de Brasil. Suzano es una multinacional brasileña que produce celulosa y productos de papel a
partir de plantaciones de eucalipto a gran escala. En los últimos años, ha desarrollado al menos dos tipos de eucalipto transgénico cuya comercialización ya fue aprobada en Brasil. La empresa es responsable de graves daños sociales, ambientales y climáticos: deforestación, contaminación y escasez de agua, y destrucción de tierras fértiles, entre otros.

Descargar la cartilla [5]