Categoría: Tratados de Libre Comercio

(Actualización) Radiografia del poder transnacional: el régimen de protección de inversiones y sus consecuencias

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Compartimos esta infografía e informe de una investigación de ISDS América Latina donde participamos sobre el poder corporativo y las demandas de transnacionales a países – A mayo 2024 – Actualización septiembre 2024

En 2023 México fue el país que más demandas de arbitraje de inversión recibió en el marco de tratados de protección de inversiones a nivel mundial. Con 53 casos en total, México se encuentra hoy entre los países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros ante tribunales de arbitraje internacional, y es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe. Cada vez más dinero público está en riesgo para tener que pagar a los inversionistas las cantidades multimillonarias resultantes de los arbitrajes. A pesar de ello, México sigue firmando nuevos tratados de protección de inversiones que incluyen el recurso a los tribunales arbitrales internacionales como principal mecanismo de resolución de conflictos entre inversionistas y Estado (también conocido como ISDS, por sus siglas en inglés). En los últimos años, México ratificó el CPTPP; renegoció el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN 2.0/T-MEC), manteniendo entre México y EEUU el sistema de solución de disputas inversionista-Estado; y cerró la renegociación “en principio” del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM) que incluye un nuevo capítulo de protección de inversiones. Además, en 2018 se convirtió en miembro pleno del Convenio del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. En este informe vamos a mirar al régimen de protección de inversiones de México y develar sus principales consecuencias para el país.

Informe ejecutivo actualizado a septiembre 2024

Consultar y descargar aquí

(publicado en Mayo 2024)

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¿Qué es el mecanismo de solución de controversias entre Estado e inversionista?

El mecanismo de solución de disputas inversionista-Estado, conocido como ISDS por sus siglas en inglés (Investor-State Dispute Settlement) permite a los inversionistas extranjeros, principalmente grandes empresas transnacionales y fondos de inversión, demandar a Estados ante tribunales de arbitraje internacionales si consideran que las leyes, las regulaciones, las decisiones judiciales u otras medidas tomadas por el Estado violan las protecciones que tienen bajo un tratado. Los casos son normalmente decididos por tres árbitros, frecuentemente abogados/as, que ejercen la profesión desde el sector privado y con un fuerte sesgo proinversionista.
ISDS ha generado numerosas críticas desde el ámbito académico, profesional y de la sociedad civil, entre las que destacan:
• La falta de transparencia en los procedimientos arbitrales.
• La ausencia de imparcialidad y de independencia de los árbitros.
• Los laudos pueden ser ejecutados en cualquier parte del mundo.
• El costo de un arbitraje inversionista-Estado es mayor que un juicio en cortes nacionales.
• Es un sistema unilateral: el inversionista es el único que puede iniciar una demanda.
• Las víctimas de los abusos de las empresas transnacionales no disponen de ningún mecanismo como este para
acceder a la justicia.

El universo de tratados de protección de inversiones de México

México cuenta con 31 Acuerdos para la Promoción Recíproca de Inversiones (APRI), o Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) vigentes, la mayoría de ellos con países europeos (18). Todos (excepto tres) entraron en vigor a partir del año 2000. De los 31 TBI con México, 22 podrían ser terminados, pues pasaron la fase inicial de 10 años que estipula el tratado para su vigencia, con lo cual México tiene la oportunidad de revisar y/o salirse de más del 70% de todos sus TBI. Sin embargo, la postura de los gobiernos mexicanos ha sido de continuar firmando tratados de protección de inversiones. En los últimos años, México firmó varios TBI de los cuales la mayoría ya entró en vigor, excepto el TBI con Haití, firmado en 2015.

Principales claúsulas de los Tratados de Protección de Inversiones para demandar a los Estados

1) Compensación por “Expropiación Indirecta” (del lucro cesante)

Si bien el término expropiación en el pasado se aplicaba a la confiscación física de la propiedad, las reglas actuales también protegen a los inversionistas contra la expropiación “indirecta”, que se interpreta como las reglamentaciones y otras acciones del gobierno que reducen significativamente el valor de una inversión extranjera o impiden una ganancia esperada. Por eso, ahora las compañías pueden entablar juicio contra el Estado, demandando indemnización por normas y leyes ambientales, de salud u otras de interés público que son adoptadas a través de un proceso democrático. Si bien los tribunales no pueden obligar a un gobierno a revocar esas normas y leyes, la amenaza de ser condenado a pagar grandes sumas de dinero por daños y perjuicios puede tener un “efecto paralizante” (chilling effect, como se le conoce en inglés) en la formulación de políticas nacionales responsables.

2) Norma subjetiva de “Trato Justo y Equitativo” a la empresa extranjera

Esta cláusula no tiene significado definible y es inherentemente subjetivo, lo que permite que los árbitros en tribunales supranacionales la apliquen con sus propias interpretaciones a acciones de gobiernos de países que tienen historias, culturas y sistemas de valores diversos. Cualquier accionar del gobierno que afecta negativamente el negocio del inversionista puede ser interpretado como un acto “discriminatorio” y por ende un incumplimiento del trato justo y equitativo.

3) Trato Nacional y Trato de Nación Más Favorecida

Los gobiernos deben tratar a los inversionistas extranjeros y sus inversiones al menos tan favorablemente como a los inversionistas nacionales (trato nacional) y a aquellos de cualquier tercer país (trato de nación más favorecida). Aunque se le pregona como un principio básico de justicia, esto en realidad despoja a los gobiernos de la posibilidad de impulsar estrategias de desarrollo nacional, utilizadas en el pasado prácticamente por todas las economías exitosas. Es más, una medida reglamentaria que se aplique a todas las compañías, pero tenga un impacto desproporcionado en un inversionista extranjero, podría ser demandada como una violación al trato nacional.

4) Prohibición de los Controles de Movimientos de Capitales

Se prohíbe a los gobiernos aplicar restricciones a los flujos de capital, a pesar de que muchos gobiernos han utilizado estos controles para prevenir y mitigar de manera efectiva la volatilidad y las burbujas financieras. Incluso el mismo FMI reconoce hoy en día que los controles de capital constituyen herramientas de políticas públicas importantes en algunas circunstancias.

5) Prohibición a establecer Requisitos de Desempeño a la Inversión

Los gobiernos tienen que renunciar al ejercicio de su autoridad y abstenerse de exigir que los inversionistas extranjeros usen un cierto porcentaje de insumos locales en la producción, que transfieran tecnología y otros requisitos que en el pasado constituyeron herramientas de políticas de desarrollo económico responsables.

6) Estándar de Plena Protección y Seguridad

Este estándar abarca los daños y perjuicios tanto físicos como legales que afecten a las inversiones, supuestamente provocadas por el Estado o por terceros (por ejemplo, la sociedad civil o comunidades en defensa de sus recursos naturales y territoriales). Hasta hace poco, este componente no se destacaba en los tratados de inversión, pero cada vez los inversionistas se están sirviendo de él con mayor frecuencia. Este estándar obliga, por ejemplo, al uso de la fuerza del Estado u otros medios para garantizar la protección de los inversionistas ante protestas de comunidades contra sus proyectos.

Además de los 31 TBI, México tiene 11 Tratados de Libre Comercio en vigor que cuentan con un capítulo de inversiones y permiten el recurso al arbitraje de inversiones como principal mecanismo de solución de controversias inversionista – Estado.

El T-MEC (TLCAN 2.0)

México, Estados Unidos y Canadá terminaron de renegociar el TLCAN en 2020. Este tratado, que estuvo vigente más de 20 años, no sólo le ha generado consecuencias económicas, sociales y ambientales adversas, también es responsable de 38 de las 53 demandas de inversionistas contra México en el sistema de arbitraje, o sea más de 2/3 partes de las demandas. El 1 de octubre de 2018, los tres gobiernos acordaron el TLCAN 2.0, ahora denominado Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, o USMCA por sus siglas en inglés). El tratado entró en vigor el 1 de Julio de 2020. El T-MEC modifica al capítulo 11 del TLCAN que permitía la resolución de controversias inversionista-Estado. El nuevo tratado elimina por completo la posibilidad de demandas inversionista-Estado entre los Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, a pesar de algunas restricciones, deja abierta la puerta a demandas de inversionistas estadounidenses contra México ymviceversa (aunque esta opción es menos probable). Bajo el T-MEC, los inversionistas sólo podrán demandar en caso de la vulneración de las cláusulas de “nación más favorecida” y “trato nacional” o en el caso de expropiación directa (no indirecta) y en algunos sectores como petróleo y gas, generación de electricidad, transporte, telecomunicación u otra infraestructura. Además, el capítulo 11 de protección de inversiones del TLCAN quedó en vigencia tres años más para los tres países (hasta junio de 2023), bajo la llamada “cláusula de legado”.

A pesar de las restricciones a demandas que supuestamente impone el T-MEC, en solo dos años se ha vuelto el segundo tratado de inversión más nocivo para México, ya que en 15 de las demandas contra México se invoca este tratado (en paralelo al TLCAN). Esto demuestra que no basta con reformar acuerdos, si no se impide el uso de ISDS por completo, inversionistas siempre encontrarán una forma de demandar a Estados en el sistema de arbitraje.

MÉXICO EXPANDE PRIVILEGIOS A LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS

A pesar de ser uno de los países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros, el gobierno de México ha optado por seguir concediendo derechos de protección.

CPTPP-11: México es el primero en ratificar, y el primero en recibir una demanda bajo este tratado

El 8 de marzo de 2018, en Santiago de Chile, 11 países -Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Chile, Singapur y Vietnam- firmaron la versión revisada del Tratado Transpacífico (TPP), sin Estados Unidos, después de que Donald Trump retirara a su país de las negociaciones. El tratado lleva el nombre de Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP, por sus siglas en inglés), también conocido como TPP-11. Tras la salida de Estados Unidos, las negociaciones se aceleraron y concluyeron en apenas 5 meses. El 30 de diciembre de 2018, después de haber sido ratificado por seis países, el CPTPP entró en vigor. El Congreso mexicano fue el primero en ratificar el TPP-11, a sólo un mes y medio de haber sido firmado.
El CPTPP cuenta con un capítulo de protección de inversiones que otorga protecciones especiales para los inversionistas, como es el recurso al arbitraje de inversiones. Nueva Zelanda acordó con Australia no aplicar las cláusulas de disputas inversionista-Estado, y ha pedido a los otros miembros del CPTPP firmar acuerdos similares. México podría haber hecho lo mismo, y sin embargo, eligió mantener la cláusula de solución de controversias inversionista – Estado intacta.

México es el primer país en recibir una demanda ISDS bajo el CPTPP. Se trata del caso de las empresa de electricidad canadienses Caisse de Dépôt et Placement du Québec y CDP Groupe Infrastructures Inc. v. United Mexican States (ICSID Case No. ARB/23/53).6 Y también ha recibido una Notificación de Intención de demanda bajo el CCTPP de la empresa minera canadiense Almadex and Almaden.

El 28 de abril de 2020, en medio de la crisis de la COVID-19, México y la Unión Europea anunciaron el final de la negociación de la modernización de su TLC (TLCUEM), vigente desde el 2000 y firmaron un “acuerdo en principio”. Un punto clave de la modernización es la inclusión de un capítulo de inversiones, que el viejo TLCUEM no tenía. Con este nuevo capítulo las privatizaciones y reformas pro-empresariales en el sector petrolero y gasífero de México quedarán blindadas, y en el caso de querer revertirlas el inversionista puede usar el tratado para demandar a México. Los defensores de la modernización argumentan que el mecanismo de solución de controversias propuesto en el acuerdo, ahora llamado Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS, por sus siglas en inglés), es una versión mejorada del antiguo sistema ISDS. Lejos de ser verdad, lo único que mejora el ICS son los procedimientos administrativos, pero no cambia el principal problema del sistema: los inversionistas extranjeros pueden seguir demandando a México por cualquier medida legislativa que afecte sus ganancias, aunque estas sean medidas sanitarias o de lucha contra el cambio climático.

Para terminar, México está negociando otros tratados de libre comercio que podrían contener cláusulas de protección de inversiones. Se trata del TLC con Turquía, Ecuador y una renovación de su tratado con Chile, entre otros.

El ingreso al CIADI

En julio de 2018, México se convirtió en el miembro número 154 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo de arbitraje internacional del Banco Mundial. Según indican fuentes cercanas al gobierno mexicano, la decisión está directamente relacionada con la posición incierta de EE.UU frente al futuro del capítulo de inversiones en el T-MEC. Para México, firmar la entrada al CIADI fue una señal fuerte hacia los inversionistas extranjeros de que sus emprendimientos estarán protegidos en México, independientemente de la postura del próximo gobierno al respecto. Esta medida del gobierno mexicano fue aplaudida por la comunidad de abogados de inversiones, quienes opinaron que, “Al ratificar las Convenciones del CIADI y de Nueva York y promover la permanencia del mecanismo de resolución inversionista-Estado (ISDS) en el TLCAN, el país [México] ha hecho mucho para combatir la imagen de que está en contra del arbitraje.” Esta afirmación es uno de los pilares ideológicos de la economía global de los años noventa, que vaticinaba que la llegada de capital extranjero sólo se garantiza otorgando seguridad jurídica a dichos capitales. Sin embargo, cada vez hay más organismos internacionales (OCDE, UNCTAD), académicos/as, abogados/as y organizaciones de la sociedad civil que ponen en duda las supuestas bondades del sistema, entre otros de los acuerdos de libre comercio y de inversión. Con la entrada en el CIADI, México perdió la oportunidad de ser uno de los países en la vanguardia para repensar su política de comercio y de inversiones.

MÉXICO – TERCER PAÍS MÁS DEMANDADO DE LA REGIÓN

México es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe y el cuarto país más demandado a nivel mundial con 53 demandas inversionista-Estado conocidas hasta el 31 de marzo 2024. Casi todas las demandas han sido llevadas al CIADI, solo en tres demandas hubo tribunales ad-hoc y en un caso no se conoce la institución administradora elegida. Desde su entrada al CIADI, a mediados de 2018, se empezaron a usar las reglas arbitrales de esta institución (21 demandas), mientras que en las demandas previas a 2019, se usaron principalmente las reglas de la facilidad adicional del CIADI (19 demandas) o de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) (13 demandas).

Los inversionistas que demandan

El 58% de los inversionistas que demandan a México provienen de los Estados Unidos. Si sumamos los inversionistas de América del Norte y de Europa, constatamos que el 93% de las demandas fueron iniciadas por inversionistas de estas dos regiones. Resulta interesante que además son países norteamericanos y europeos que más árbitros tienen en el CIADI. Por otro lado, solo existen siete demandas por parte de empresas mexicanas contra otros países, dos contra España y Estados Unidos y una contra Colombia, Perú y Honduras respectivamente.

El número de demandas por año

México recibió la primera demanda de arbitraje de inversiones en 1997 por parte de la empresa estadounidense Metalclad, a raíz de que esta empresa quería construir un confinamiento de residuos cancerígenos (asbestos) en acuíferos subterráneos en un área que luego fue declarada reserva natural por el gobierno municipal de Guadalcazar, en el estado de San Luis Potosí. Desde entonces, México ha recibido demandas casi todos los años. Desde 2015 no ha pasado un año sin que México haya recibido una demanda por parte de inversionistas extranjeros. Esta avalancha de demandas ha visto su culminación en 2023 con 11 demandas, más que ningún otro país a nivel mundial en este año. A esto se suman por lo menos tres amenazas de demandas que se podrían convertir en demandas concretas en 2024; entre ellas la demanda de la empresa china Ganfeng en relación a “la cancelación de nueve concesiones de litio tras el impulso y la normativa que ha promovido la creación de una empresa pública de litio mexicana” y de la minera canadiense arriba citada Almadex y Almaden.

El resultado de las demandas

Hay 53 demandas en contra de México, 12 han beneficiado al inversionista sea por laudo o por acuerdo entre partes, y en 12 demandas el tribunal decidió rechazar la demanda del inversionista. Además, seis demandas fueron discontinuadas, mientras que 23 aún siguen pendientes.

Los costos de las demandas

Hasta ahora México ha sido condenado a pagar casi 296,6 millones de dólares en 11 casos por concepto de indemnización a los inversionistas. Esta cifra representa 3 veces el presupuesto de la Secretaría de Cultura en 2024, y es aún mayor al presupuesto total que México preve en 2024 para la búsqueda de personas desaparecidas, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desapareción Forzada y la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura juntas. Datos muy preocupantes teniendo en cuenta la situación grave de derechos humanos y el número creciente de desaparecidos/as en México.
Considerando solo las 23 demandas pendientes, la cantidad total que reclaman los inversionistas asciende a 13,325 millones de dólares, aunque en realidad el monto es aún mayor, ya que en ocho de las 23 demandas pendientes no se conoce el monto reclamado por el inversionista. Con este dinero se podría financiar durante tres años el trabajo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo presupuesto en 2024 es de 4,300 millones de dólares y durante 82 años al programa de Salud Materna Sexual y Reproductiva.

México y el Boom de las Demandas de Empresas Mineras

De los 13,000 millones de dólares por los que México está siendo demandado, más de la mitad, 6,438 millones de dólares, corresponden a demandas de empresas mineras.

Solo en 2023, México recibió cuatro demandas con relación a proyectos mineros, aunque las más espectaculares de estas demandas son de 2019. En septiembre de 2018, poco después de que se hiciera público el texto renegociado del T-MEC, la minera estadounidense Legacy Vulcan LLC y su subsidiaria mexicana Calizas Industriales del Carmen (Calica), notificaron su intención de someter una demanda en contra de México en el marco del TLCAN. La demanda tiene su origen en una controversia ambiental sobre la extracción de piedra caliza en el estado de Quintana Roo. La empresa está en disputa con el municipio de Solidaridad, cuyo Programa de Ordenamiento Ecológico Local y Programa de Desarrollo Urbano ha impedido que la empresa explote dos predios. La empresa efectivamente interpuso la demanda de arbitraje el 3 de enero de 2019 en el CIADI, por un monto de alrededor de 1,900 millones de dólares. El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hecho un llamado a llegar a un acuerdo con Legacy Vulcan LLC, ofreciéndole facilidades para desarrollar, en vez de la mina, un desarrollo turístico. y hasta ofreciendole a la empresa de comprar el predio de extracción por más de 389 millones de dólares.

En seguida de esta demanda, a inicios de 2019, la también estadounidense Odyssey Marine Exploration Inc. entabló una notificación de intención de demandar a México bajo el TLCAN por no haber aprobado los permisos ambientales para su proyecto de minería de fosfato en subsuelos marinos cerca de las costas de Baja California Sur, por la enorme cantidad de “cuando menos 3,540 millones de dólares”, por oposición de grupos pescadores.

“Las concesiones pesqueras de la Sociedad cooperativa de Producción pesquera de Puerto Chale cubren parte del fondo marino que la empresa quiere dragar. La cooperativa se ha opuesto al proyecto desde sus inicios y depositó una solicitud de autorización para presentar sus preocupaciones al tribunal del TLCAN en octubre 2021, con la ayuda del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL por sus siglas en inglés). Ambas organizaciones buscaban dar testimonio de los impactos que el proyecto podría tener en sus vidas y en el medio ambiente, y explicar porqué la decisión de la entidad reguladora ambiental de México de negarle a esta empresa el permiso de explotación minera del fondo marino era acertada y conforme al principio de precaución reconocido en el derecho nacional e internacional. Como ha sido recurrente en este sistema de arbitraje diseñado para favorecer a las empresas transnacionales, el tribunal del TLCAN se negó recientemente a recibir su solicitud”.

Odyssey, una empresa exploradora de tesoros convertida en empresa minera con escasos ingresos propios, consiguió financiación de un tercero para poder llevar adelante la demanda; el bufete de abogados Poplar Falls, especializado en litigios de EE. UU.

Al reclamo total de los inversionistas hay que sumar otros millones de dólares más por los costos propios del arbitraje de inversionista-Estado, esto incluye los honorarios de los abogados y de los árbitros, los gastos administrativos del centro de arreglo de las disputas (como puede ser el CIADI) y otros gastos del tribunal. En algunos casos el Estado no solo paga sus propios costos de defensa, sino el fallo en contra puede obligarle a también asumir la parte del demandante. Por ejemplo, en el caso Cargill v. México, el Estado tuvo que pagar la mitad de los costos de los abogados del inversionista. Por este caso México tuvo que abonar en total como gastos del arbitraje 3,3 millones de dólares. En el caso Lion México Consolidated v. México, el país tuvo que pagarle 2,25 millones de dólares al inversionista por sus gastos del arbitraje, y en el caso Gemplus v. México el monto llegó a 5,4 millones de dólares. A diferencia de la mayoría de los países, México ha usado, en muchas ocasiones, su propio equipo de abogados para la defensa. En los casos en que se contrató a un bufete de abogados, el Estado optó por Pillsbury Winthrop Shaw Pittman y Thomas & Partners; y más adelante por Tereposky & DeRose y en pocas ocasiones también por Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle.

Sectores de las demandas

México cuenta con una economía ciertamente diversificada. No sorprende entonces que las 53 demandas contra el país afecten a una gran variedad de rubros, aunque el sector más afectado ha sido el de minería e hidrocarburos con nueve demandas. Le sigue suministro de agua y manejo de residuos con siete demandas, información y comunicación,  manufactura y transporte con cinco demandas respectivamente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La estrategia económica de México de abrir el país a inversionistas extranjeros, concediéndoles cada vez más privilegios a través de tratados de protección de inversiones, le ha costado caro. Año tras año el país recibe más demandas de inversionistas y amenazas que debilitan la función básica del Estado: su potestad legislativa y ejecutiva. La simple amenaza de una demanda podría ser suficiente para echar atrás una importante medida, como ha sido el caso de Talos Energy vs México, que no se llegó a registrar. La empresa solo envió la Notificación de Intención, lo que forzó al gobierno de AMLO a negociar y dar una mayor participación a Talos en un proyecto petrolero de Pemex. Es un un caso importante de llamado “efecto congelador “ (o chilling effect, como se le conoce en inglés) y de cómo se ha usado por primera vez el Anexo 14-D del T-MEC para amenazar efectivamente a México. Afrontar los nuevos retos, como la crisis climática o la crisis sanitaria requieren medidas innovadoras y flexibles que sean capaces de adaptarse a las necesidades del momento. En cambio, los tratados de protección de inversiones pueden poner freno a estas iniciativas, pues podrían suponer nuevas demandas millonarias, si nuevas medidas o regulaciones gubernamentales van en contra de los intereses corporativos. Una política soberana, enfocada en el bienestar de la población, la protección del medio ambiente, del clima y la promoción de empresas de la economía local es irreconciliable con los derechos que los tratados de protección de inversiones les otorgan a los inversionistas. Si México quiere salir del círculo vicioso de recibir demandas ISDS cada vez que quiere adaptar sus políticas y regulaciones, tiene que revisar su régimen de protección de inversiones. La única manera que México puede evitar nuevos arbitrajes de inversión es denunciando los tratados y acuerdos de comercio e inversión ya firmados y renunciando a renovarlos o firmar otros nuevos, ya que posibilitan la interposición de otras demandas. Por este camino ya han optado Bolivia y Ecuador en la región.

Para ello, recomendamos:
• Realizar una auditoría de todos los tratados de protección de inversiones (APRI o TBI o bajo TLC) y sus impactos para la economía y sociedad mexicana.
• Suspender la posibilidad del uso de demandas inversionista–Estado por parte de empresas extranjeras mientras dura la auditoría y tomar los pasos necesarios una vez terminada ésta.
• Salir del CIADI y promover opciones nacionales y regionales (por ejemplo crear un mecanismo bajo la CELAC), para la resolución de disputas entre inversionistas y Estado.
• No firmar nuevos tratados con cláusula de protección de inversiones, sino
›› dar primacia a la protección de los derechos humanos y ambientales, los recursos naturales y ecosistemas.
›› garantizar los sectores básicos para la población: energía, alimentación, servicios públicos, resguardando su soberanía ante las reglas internacionales de inversión.
›› posibilitar la participación de las poblaciones afectadas por proyectos con empresas extranjeras de acuerdo al consentimiento previo, libre e informado, el monitoreo y evaluación de su desarrollo.
›› dotar al Estado el espacio para elaborar políticas e implementar medidas para el fomento de las MYPME y el desarrollo regional, sectores específicos, e imponer a inversionistas ciertos requisitos de desempeño.
›› exigir responsabilidad de las empresas transnacionales inversionistas en términos laborales, sociales, ambientales, en coherencia con las mismas regulaciones que tienen en sus países de origen.
›› apoyar la creación un Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos al nivel de la ONU.

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Este reporte fue preparado y publicado por Publicado por Transnational Institute, Institute for Policy Studies, Colectivo Ecologista Jalisco, A.C, Comisión de Derechos Humanos del Valle de Tehuacán, A.C., EDUCA Servicios para una Educación Alternativa, A.C., Enlace Comunicación y Capacitación, A.C., Otros Mundos Chiapas, A.C., Proyecto sobre Organización y Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)

Informe: Desenmascarados; Los derechos corporativos en el renovado TLC México-Unión Europea

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Les compartimos de nuevo este informe publicado por Transnational Institute e Institute for Policy Studies sobre el poder corporativo en Junio de 2016

Descargar el informe aquí

AUTORES: Cecilia Olivet y Manuel Pérez-Rocha

Resumen ejecutivo

México y la Unión Europea pondrán pronto en marcha una “modernización” del tratado de libre comercio
(TLCUEM) que ambas partes firmaron hace 15 años. Aunque el TLCUEM fue el primer acuerdo global de
comercio entre la UE y un país latinoamericano, el nivel de liberalización comercial y de protección de las
inversiones en acuerdos posteriores de la UE es mucho mayor. El TLC “renovado” con México pretende ir
mucho más allá que su predecesor.

Informes independientes han determinado que el actual TLCUEM ha tenido consecuencias negativas
en términos de diversificación del comercio exterior, mayores inversiones en desarrollo y creación de
empleo, y la protección de los derechos humanos. Lejos de abordar estas deficiencias, el “modernizar”
este acuerdo no es más que un eufemismo para ampliar e incrementar los derechos de protección de los
inversionistas. Uno de los principales puntos de la “modernización” consiste en incluir un capítulo sobre la
protección de las inversionistas y un mecanismo inversionista – Estado para la solución de controversias.

En caso de aprobarse, el TLC “modernizado”, con todo un capítulo específico para la protección de las
inversiones:

1-Permitirá a los inversionistas extranjeros impugnar legislaciones de interés público en México
y en Europa

La actual propuesta de la UE para la protección de las inversiones —ya incluida en los acuerdos entre la UE y Vietnam, entre la UE y Canadá, y negociándose con los Estados Unidos― se integrará en todos los futuros acuerdos comerciales de la UE, como el adoptado con México.

Con esta propuesta, las empresas conservarán los derechos que les permiten interponer demandas
de arbitraje multimillonarias contra el gobierno mexicano por la adopción de medidas concebidas para proteger a las personas y el medio ambiente. A diferencia de lo que afirma la UE, el Sistema de Tribunales de Inversiones que propone la Comisión Europea (CE) no protege el derecho de los gobiernos a legislar.
El texto del modelo de inversiones de la UE no incluye ningún elemento que pueda impedir que las
empresas impugnen decisiones de interés público ni que los árbitros fallen a favor de los inversionistas, condenando a los Estados a pagar miles de millones de dinero de los contribuyentes por concepto deindemnización por la implementación de medidas públicas legítimas. La CE prevé para los inversionistas una serie de derechos vagamente definidos, como el trato justo y equitativo; y la expropiación indirecta. De hecho, los gobiernos deberán defender que las medidas de interés público son “necesarias” y sirven a objetivos “legítimos” frente a los ataques de los inversionistas. Los casos serán resueltos por abogados muy bien pagados ―ahora renombrados por la CE como “jueces”― que seguirían teniendo un fuerte in- centivo económico para interpretar la ley a favor de los inversores. Sus honorarios proceden de las partes litigantes, y ascienden a 3,000 dólares diarios.

2-Blindará las privatizaciones y las reformas pro-empresariales en el sector del petróleo y el gas
en México

En diciembre de 2013, el gobierno mexicano abrió, después de décadas, la explotación de la industria del
gas y el petróleo a compañías extranjeras. Empresas del sector de la energía de la UE, como Shell, BP y Total tienen un importante interés en el mercado petrolero mexicano. El fortalecimiento de la protección de las inversiones en el marco del nuevo TLCUEM blindará estas reformas. Será muy difícil para los futuros gobiernos mexicanos el revertir estas políticas sin correr en riesgo de ser demandados ante tribunales internacionales de inversión.

El peligro de ser objeto de demandas por parte de empresas petroleras es real, ya que un gran porcentaje
de los casos de arbitraje internacional relativos a inversiones se origina en el sector de la energía, y muchos de ellos afectan a países que han impulsado reformas energéticas. Empresas de petróleo y gas han iniciado 57 controversias relativas a inversiones conocidas, de las cuales el 80% han sido en los últimos 10 años. Los países de América Latina y el Caribe son el principal objetivo.

3. Dificultará en gran medida que México y países individuales de la UE se retiren de este acuerdo

México tiene Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) con 16 de los 28 Estados miembros de la UE. La mayoría de ellos se podrían rescindir en cualquier momento o de aquí a 2019, lo cual concedería al gobierno mexicano una gran discreción para evaluar si mantener o no estos acuerdos. No obstante, si México sustituye los TBI vigentes con un capítulo sobre protección de inversiones en el TLC con la UE, a su gobierno le resultará prácticamente imposible retirar los nuevos derechos otorgados a los inversionistas extranjeros. La única forma de hacerlo pasaría por rescindir todo el acuerdo. Por otro lado, si un Estado individual miembro de la UE deseara revisar los derechos reservados a los inversionistas mexicanos, debería abandonar la Unión Europea para renunciar a sus compromisos.

4. Situará a México en una posición de riesgo de ser objeto de una nueva oleada de demandas de inversión por parte de inversionistas europeos

México, que ya ha enfrentado 23 casos de arbitraje amparados en tratados de inversión, es el séptimo país más demandado del mundo. A raíz de estas demandas, ya se ha visto obligado a pagar 246 millones de dólares, más intereses, en concepto de “daños y perjuicios” a nueve empresas distintas. Hasta la fecha, la mayor parte de las demandas de arbitraje relativas a inversiones han sido presentadas por inversionistas estadounidenses, pero en los últimos años varias empresas españolas también han interpuesto demandas contra el gobierno mexicano. Telefónica, por ejemplo, está reclamando una indemnización que supera la astronómica cifra de mil millones de dólares debido a los cambios normativos adoptados por México en el sector de las telecomunicaciones, una medida que había recomendado la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Al firmar un acuerdo de protección de las inversiones con la UE, el gobierno mexicano se expondrá a nuevas demandas por parte de inversionistas europeos, que podrían suponer el desembolso de millones de dólares del erario público. Los inversionistas de la UE son los principales usuarios del mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS), ya que han iniciado el 53% de todos los casos ISDS conocidos en el mundo. De estos, los de los Países Bajos, el Reino Unido y Alemania son los más activos. Casualmente, los inversionistas de estos países son también los que están invirtiendo más en estos momentos en México. El riesgo de que se incrementen las demandas se ve también exacerbado por el hecho de que, desde 2000, los flujos de inversión extranjera directa de la UE en México se han triplicado. Las inversiones europeas se han canalizado principalmente hacia el sector de los servicios financieros, el turismo y las telecomunicaciones. Las inversiones en estos sectores son especialmente susceptibles de dar lugar a controversias relativas a inversiones. Más de la mitad de las demandas interpuestas por empresas europeas en todo el mundo han estado relacionadas con la industria de los servicios, como los servicios financieros y las telecomunicaciones.

5. Incrementará las probabilidades de que los gobiernos de la UE sean blanco de demandas de multinacionales mexicanas

Las compañías transnacionales mexicanas están invirtiendo cada vez más en Europa, y en España en parti-
cular. En 2014, las inversiones mexicanas en España alcanzaron una cifra récord. Todas estas inversiones y
adquisiciones harían que los países europeos pudieran ser blanco de demandas de arbitraje de inversión
por parte de empresas mexicanas al amparo de un nuevo capítulo sobre la protección de las inversiones.
Aunque durante mucho tiempo los Estados miembros occidentales de la UE habían sido inmunes a las demandas de arbitraje, en los últimos años los Estados más ricos de la UE han sido objeto de 43 casos
amparados en tratados de inversión, de los cuales 29 han sido contra contra España.

6- Permitirá que las empresas europeas sigan violando impunemente los derechos humanos en
México

Las empresas europeas tienen una larga trayectoria de violaciones de derechos humanos y ambientales
en México con una impunidad prácticamente total. El proyecto del capítulo sobre inversiones desarrollado por la UE no incluye ningún elemento que aborde esta situación. Al contrario, acentuará aún más el desequilibrio entre la legislación vinculante para las grandes empresas y las directrices meramente voluntarias en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos. La propuesta de la UE no prevé obligaciones para los inversionistas; solo derechos.

Este hecho no es sorprendente. El actual TLCUEM dispone de una cláusula sobre derechos humanos
y democracia que podría haber propiciado la suspensión del acuerdo por las violaciones de derechos
humanos. Sin embargo, en los 15 años que han transcurrido desde que entró en vigor este tratado, la UE
ha ignorado esas violaciones, convirtiendo la cláusula en un elemento meramente decorativo.

Si México y la UE desean modernizar su relación, debería ser con el objetivo de corregir el desequilibrio a
favor de las transnacionales observados durante los 15 años en que ha estado en vigor el TLCUEM, y no
ampliando la protección de las inversionistas otorgando a los inversionistas extranjeros amplios derechos
corporativos.

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Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País: ¡alto a la injerencia de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá! En México, la soberanía nacional y alimentaria no se negocian

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Compartimos con ustedes el siguiente pronunciamiento de la Campaña Nacional Sin Maíz No hay País sobre la presión de Estados Unidos y Canada sobre el maíz transgenico y el maíz nativo en México- A 25 de agosto del 2023

POSICIONAMIENTO de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País ante la solicitud de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, de un panel de controversia en relación con el maíz en México

Ciudad de México, viernes 25 de agosto de 2023

Desde la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País decimos ¡alto a la injerencia de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá! En México, la soberanía nacional y alimentaria no se negocian.
Rechazamos los tratados comerciales que permiten a países extranjeros enajenar nuestra soberanía nacional y alimentaria.

El decreto presidencial que ordena la sustitución progresiva del uso del herbicida glifosato y la prohibición del maíz genéticamente modificado (GM), publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de diciembre de 2020, inició la oportunidad histórica de materializar cambios profundos ante el modelo neoliberal y ante la llamada “Revolución Verde”.

Las presiones del gobierno de Estados Unidos y de las corporaciones agroalimentarias a las que representa, iniciaron tan pronto apareció el primer decreto, y desembocaron en una petición de consultas técnicas en junio de 2023, cuestionando las bases científicas en que se sustenta dicho decreto.

A partir de entonces se han presentado las pruebas necesarias y el gobierno mexicano ha propuesto incluso realizar una investigación conjunta con el propósito de analizar los daños ocasionados por el glifosato y los maíces transgénicos a la salud humana.

La respuesta del gobierno estadounidense ha sido: NO. Esta negativa muestra que no existe voluntad de avanzar de manera constructiva, ya que el solo hecho de aceptarlo pondría en duda lo que el gobierno de Estados Unidos y las transnacionales han buscado imponer como verdad absoluta: que el paquete tecnológico glifosato/maíz GM no conlleva daños a la salud.

Pretenden ignorar que amplios sectores de la población en Estados Unidos y Canadá rechazan el uso de esta dupla, debido a las evidencias acumuladas de daños a la salud, que se muestran, por ejemplo, en las demandas ganadas por personas estadounidenses que enfermaron de cáncer debido al uso de glifosato. Las empresas prefieren pagar las demandas antes que perder el negocio multimillonario que representa este herbicida.

Enfrentamos lo que se anunciaba desde la firma del TLCAN (hoy T-MEC): la imposición de decisiones que beneficien a Estados Unidos y Canadá a través de la extracción de bienes comunes y de modelos que responden a sus intereses económicos sin respetar las necesidades y decisiones de México. Se trata de estar por encima de la autonomía esencial de una nación, de su soberanía.

Desde la firma del TLCAN, en México se modificó el modelo agroalimentario, lo que ha tenido graves consecuencias como una mayor migración, epidemias de obesidad, diabetes y otras enfermedades vinculadas al consumo masivo de alimentos chatarra producidos por industrias que sólo buscan ganancias, así como una fuerte crisis en el campo que nos vuelve dependientes de las importaciones de productos básicos como el maíz amarillo, provenientes de una elite de productores beneficiados con subsidios millonarios por parte del gobierno de Estados Unidos.

Y lo peor, productos transgénicos plagados de glifosato que contaminan la tierra, el agua,
matan insectos polinizadores y afectan la salud de quienes siembran y consumen esos
alimentos.

Lo que se pretende a través del T-MEC -ahora evidenciado con la petición de este panel de controversia- es imponernos un modelo agroalimentario y enajenar nuestro derecho soberano a decidir qué comer, cómo producir nuestros alimentos y qué importar.

Resulta irónico lo expresado por la representante de Estados Unidos, Katherine Tai, quien afirma que es “fundamental que México elimine sus medidas biotecnológicas incompatibles con el T-MEC para que los agricultores estadounidenses puedan continuar accediendo al mercado mexicano y utilizar herramientas innovadoras para responder a los desafíos climáticos y de seguridad alimentaria”, cuando son esas “herramientas innovadoras” las que tienen al planeta al borde del colapso ambiental.

Frente a ello, los datos evidencian que la mayor parte de los alimentos son producidos por la agricultura campesina de pequeña y mediana escala. Y que, mediante políticas públicas adecuadas, esta agricultura puede convertirse en la verdadera alternativa para la producción de alimentos, para el arraigo de las comunidades en sus territorios, y para la protección de la biodiversidad y de la salud ambiental y humana.

Ante esta situación es indispensable apoyar la posición del gobierno mexicano, justamente porque se basa en el derecho inalienable a la salud, así como los derechos a un ambiente sano y a la biodiversidad de los maíces nativos de México, en el país que es centro de origen y diversidad constante de este grano. También se basa en la defensa de la riqueza biocultural de las comunidades campesinas y del patrimonio gastronómico de México clasificado como Patrimonio Intangible de la Humanidad, por la UNESCO.

Es el momento de unir voces y esfuerzos para un cambio profundo en la manera de
relacionarnos con la naturaleza y de producir nuestros alimentos.

Es el momento de unirnos para superar la pandemia de obesidad y diabetes, cuyos costos sociales y económicos afectan de manera evidente a nuestro país.

No permitamos que un país extranjero a través de un tratado comercial imponga condiciones que ponen en riesgo nuestro derecho a un ambiente sano, a la salud, a la vida, a un trabajo digno libre de tóxicos, y a preservar nuestro extraordinario patrimonio cultural y nuestra biodiversidad.

México es hoy una voz que se une a la de millones de personas que en el mundo demandan alternativas para recuperar la dignidad, el derecho a decidir qué comer, el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano y sustentable, el derecho a la información, en suma, el derecho a la vida.

La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País reitera su posición: NO a tratados comerciales que sirvan como pretexto a países extranjeros para enajenar nuestra soberanía. NO a un modelo agroalimentario depredador.

SÍ al trabajo campesino digno y bien remunerado. SÍ a políticas públicas integrales para el campo y una alimentación adecuada. SÍ a la milpa y a los maíces nativos. SÍ a una tortilla hecha con buen maíz, sana, nutritiva y libre de agrotóxicos. SÍ a una agricultura regenerativa.

Sin campesinas y campesinos, sin soberanía, no hay país.

Y sin frijol y maíz, no hay país.

Atentamente

Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País

Imagen: Abril Dalila Sanchéz

Seis razones para NO ratificar el Acuerdo Global Unión Europea – México (TLCUEM)

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Compartimos esta carta firmada por más de 100 organizaciones civiles mexicanas y europeas pidiendo a legisladores/as y funcionarios correspondientes no ratificar el Acuerdo Global/TLCUEM – A 4 de julio de 2022

Las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, defensores/as de derechos humanos, de bienestar animal y del medio ambiente que firmamos la presente carta nos dirigimos a las y los responsables políticas/os de México y de la Unión Europea (UE) para pedir que no ratifiquen el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) “modernizado”. El texto se negoció a espaldas de la ciudadanía sin debate ni consulta pública, y se finalizó en abril de 2020, en medio de una de las peores crisis sanitarias, sociales y económicas del mundo, desencadenada por la pandemia de COVID19. Recordamos que el TLCUEM lleva vigente desde hace veinte años y lejos de cumplir las promesas no ha hecho más que generar graves impactos sociales, económicos y ambientales, ante todo para México. El acuerdo “modernizado” no hará sino profundizar los problemas del TLCUEM por las siguientes razones:

1. Solo protege a inversores extranjeros y pone en riesgo cambios urgentes a favor del clima, del medio ambiente y de los pueblos

El nuevo acuerdo tendrá un capítulo nuevo sobre inversiones que pretende consolidar el recurso al arbitraje internacional como mecanismo de resolución de disputas entre inversores y Estados. Lo preocupante es que el Sistema de Corte de Inversiones (ICS) propuesto no soluciona las peores partes del clásico mecanismo de solución de controversias entre inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés). Esto quiere decir que los inversores de la UE van a poder demandar a México (y viceversa) en un sistema de justicia paralela dando prioridad a sus intereses privados, mientras que regulaciones ambientales, sociales y del bien común general pasan a un segundo plano. En los últimos años muchas de estas demandas las han iniciado inversores transnacionales para atacar medidas y legislaciones ambientales. Por ejemplo, en 2010-2013 la transnacional española ABENGOA-COFIDES, demandó a México después de negarse a cumplir la normatividad ambiental, y obtuvo 48 millones de dólares por concepto de “indemnizaciones y ganancias perdidas”. Con las recientes reformas en México, sobre electricidad y minería de litio, confirmadas por la Suprema Corte de Justicia, algunas trasnacionales europeas, entre ellas Iberdrola, ya amenazaron a México con usar el mecanismo de ISDS. Europa también ha recibido varias demandas de este tipo por aprobar políticas climáticas, como es el gigante energético alemán RWE contra los Países Bajos por sus planes de eliminación del carbón para 2030. Firmar el TLCUEM va a generar más demandas de este tipo a los dos lados del Atlántico, comprometiendo a los presupuestos nacionales y atrasando cambios necesarios en favor del clima, del medio ambiente y del bienestar de las poblaciones y de los animales. 

2. Permitirá que las empresas europeas sigan violando impunemente los derechos humanos en México

Las empresas europeas tienen una larga trayectoria de violaciones a los derechos humanos y ambientales en México con una impunidad prácticamente total, que será reforzada con el TLCUEM modernizado ya que sigue sin plantear mecanismos efectivos de regulación. Algunos ejemplos se encuentran en: los abusos tarifarios y la violación al derecho de acceso a la luz, en el marco de un control monopólico por parte de Iberdrola, Naturgy, Acciona Energía, Fisterra; o bien la vulneración del derecho de acceso al agua, y la arbitrariedad tarifaria de Agsal-Suez (hoy Veolia) en Coahuila, Veracruz, Cd de México y Cancún. En los casos de las empresas embotelladoras de agua, está el despojo y devastación que está dejando Bonafont/Danone en la Zona Choluteca, donde la resistencia de los Pueblos Unidos está siendo criminalizada y reprimida. El nuevo tratado también profundizará la impunidad de las empresas europeas que participan en la construcción de megaproyectos con graves impactos socioambientales sobre el territorio, como el Proyecto Integral Morelos (PIM), los megaparques eólicos, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, o el Tren Maya, entre otros. En estos casos o bien se ha vulnerado directamente el derecho a la consulta y el consentimiento o negativa previa, libre e informada, y culturalmente adecuada, o bien su implementación no apegada a estándares internacionales está generando grandes divisiones y conflictos entre las comunidades. El “Acuerdo en Principio” del TLCUEM “modernizado” no incluye cláusulas vinculantes que reflejen voluntad alguna para que estas empresas respeten los derechos humanos, ni permite a las y los afectados disponer de mecanismos efectivos para acceder a la justicia, a la reparación de daños y a la no repetición. La cláusula de derechos humanos en el Acuerdo Global entre México y la Unión Europea (que contiene el TLCUEM) nunca se ha activado, a pesar de propuestas para tal fin por parte de organizaciones de la sociedad civil y en el propio Parlamento Europeo. 

3. No permite avanzar en los derechos de las mujeres y en la equidad de género 

El proyecto de TLCUEM modernizado refuerza los patrones patriarcales arraigados en la sociedad mexicana y en las europeas. El tratado no prevé ningún mecanismo para poner fin a la discriminación de las mujeres y el colectivo LGBTIQ ni incluye un lenguaje de “género” inclusivo. En este sentido, el acuerdo no habla sobre la necesidad de modernizar y cuestionar los roles masculino y femenino y sus diferentes tareas sociales. Además, se han eliminado las pocas cláusulas explícitas sobre mujeres que existían en la antigua versión del tratado, en concreto el art. 36 que mencionaba a las mujeres de bajos ingresos y el art. 37 sobre el rol de la mujer en procesos productivos. Ahora sólo se menciona la promoción de igualdad de oportunidades cuando se refiere a los estándares laborales aprobados por la OIT, sin mecanismos que puedan ser monitoreados. Los diferentes capítulos del tratado castigarán a la mayoría de las mujeres que son pobres por partida doble. Como trabajadoras, campesinas o em-presarias corren el riesgo de ser sacadas del mercado por la competencia desigual de las empresas europeas, sobre todo en las industrias de lácteos y carnes. Por otro lado, el capítulo ampliado de con-tratación pública o el de protección a la propiedad intelectual fomenta un modelo económico que enca-rece los servicios públicos como la salud o acceso a medicinas abordables. La precarización previsi-ble por la reprimarización del modelo económico no hará más que reforzar un modelo patriarcal que aumentará el ya sinnúmero de víctimas por la violencia por razones de género. 

4. Atenta contra la agricultura campesina y erosiona la soberanía alimentaria

Los acuerdos de libre comercio como el TLCUEM se articulan directamente con el sistema agroindustrial global que tiene un impacto devastador sobre el derecho a una agricultura y un comercio independiente, el derecho a la alimentación y la salud, además de ser uno de los principales responsables de la crisis climática. En este marco, el ataque a la agricultura campesina privatizando y acaparando la tierra, expulsa personas, dispara la migración, mientras se subvencionan monocultivos agroexportadores altamente dependientes de OGM, agrotóxicos, energía, agua y mano de obra prácticamente esclava, y megagranjas que han estado al origen de pandemias como la gripe A/H1N1.Con el TLCUEM serán las corporaciones agroindustriales mexicanas y europeas las mayores beneficiadas. Actualmente, las transnacionales alemanas como Bayer-Monsanto continúan la importación de OGM y los agrotóxicos encabezados por el glifosato. Con esto reproducen los daños a la salud que afectan al 99% de los franceses. Por otra parte, la Unión Europea presiona a México para que firme la versión 91 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). La mera aceptación de todo el sistema UPOV, en cualquiera de sus versiones, legitima la privatización de las semillas y atenta directamente contra la agricultura campesina independiente, es decir, contra el pilar de la soberanía alimentaria. Las productoras y los productores en Europa también se verán sufrirán afectaciones por el incremento de importaciones desde México.

5. Impide el avance de un sistema energético más sostenible, descentralizado y democrático

La incorporación en el TLCUEM de un capítulo sobre energía busca blindar la privatización del sector, que se consolidó con la reforma constitucional energética de 2013. Esta privatización ha tenido impactos directos en la población como la subida de precios de la electricidad.  Además, ha consolidado el modelo de grandes megaproyectos (tanto en APP, como de iniciativa privada) para la generación eléctrica conllevando a la privatización de tierras comunales, represión y agresiones a poblaciones afectadas, impactos ambientales y corrupción. Muchas megaempresas energéticas europeas, y en particular españolas tienen un gran interés en México y son las mayores promotoras de este tratado. Algunas empresas que ya invierten en este sector son entre otras, Ibedrola, Naturgy and Acciona de España, Enel de Italia y Engie de Francia.

6. La contratación y los servicios públicos en peligro

El TLCUEM “modernizado” abre por primera vez la contratación pública a empresas europeas en México y viceversa. Esto significa que se pondrá por delante los intereses privados sobre los públicos, a partir del supuesto de que lo que conviene a los inversionistas, conviene a las sociedades. Tal supuesto desdeña los impactos de los intereses corporativos sobre la polarización del ingreso y de la riqueza, el deterioro ambiental y la degradación social, la mercantilización de la cultura y la historia. También afecta al propio desarrollo empresarial, en contra de los micro y pequeños productores y en beneficio de los grandes capitales trasnacionales, tanto europeos como mexicanos. Daña, finalmente, las prácticas sociales y solidarias bicontinentales, en beneficio de los grandes capitales, mismos que no tienen banderas. El desarrollo, tanto europeo como mexicano, requiere privilegiar las condiciones y aspiraciones legítimas de sus sociedades y no las utilidades.

Para terminar, queremos recordar que México se ha convertido en uno de los principales paraísos industriales a nivel planetario, es decir, uno de los laboratorios más avanzados para el libre comercio y la desregulación. El resultado ha sido una devastación económica, social y ambiental sin precedentes, y una multiplicidad de “zonas de sacrificio” o “infiernos ambientales”, que siguen cobrando miles de vidas cada año. No hay que olvidar que muchas de estas empresas también son las principales responsables de décadas de privatizaciones y expolio de lo público en Europa poniendo en riesgo derechos fundamentales como el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al agua o el derecho a la energía. 

Consideramos que el TLCUEM es el triunfo del capital transnacional tanto europeo como mexicano a costa de las condiciones de vida de las poblaciones de los dos lados del Atlántico y del medio ambiente. 

En base a lo aquí explicado, nos preocupa que se aproveche el contexto de la guerra en Europa como excusa para acelerar la ratificación del acuerdo con las graves implicaciones que esto tendría sobre la población mexicana y europea. Para que el futuro sea viable y sostenible, el modelo de políticas comerciales del siglo XXI tiene que poner por delante el bienestar de las comunidades, los pueblos y de los bienes ambientales. 

Por eso, desde las organizaciones de la sociedad civil europea y mexicana decimos ¡NO al tratado de comercio e inversión entre la UE-México! Y exigimos a nuestros responsables políticos oponerse a su ratificación.

Firman

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Entrevista: Transnacionales en México: descampesinización y walmartización

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Compartimos esta entrevista de Radio Mundo Real a nuestra compañera Tania Gonzáles sobre las políticas públicas y normativas abrieron paso a las grandes empresas transnacionales y cerraron puertas a los pueblos en México – A 24 de mayo del 2022

El diagnóstico mexicano sobre las políticas gubernamentales que han permitido e impulsado el avance de las empresas transnacionales, producido por Otros Mundos Chiapas – Amigos de la Tierra México, está centrado en el sector agroalimentario y coincide con el resto de los países de la región en un momento bisagra: los años 90, las políticas neoliberales y los Tratados de Libre Comercio (TLC).

En el caso específico de México el quiebre puede referenciarse con la firma y puesta en marcha del TLC de América del Norte (TLCAN). Entrevistada por Radio Mundo Real, la activista de Otros Mundos Chiapas, Tania González, explicó que esta apertura comercial, con Estados Unidos como principal socio, provocó un giro en las políticas agroalimentarias del país y concibió una perspectiva agroexportadora. Esto debilitó a instituciones y apoyos que impulsaban un desarrollo rural con los/as trabajadores/as y pobladores/as del campo como centro.

“Las transnacionales agroalimentarias están jugando un rol protagónico en la dinámica de producción y consumo de nuestro país, tanto a nivel interno como externo. Están impactando en las decisiones sobre la tierra y la tenencia, absolutamente en todo lo que tiene que ver con fertilizantes, agroquímicos y semillas. También controlan la cadena de comercialización, exportación y logística. Además, están en el comercio minorista, en la industria de los alimentos y la bebida. Es un panorama preocupante”, dijo González.

Dentro de las políticas específicas que habilitaron la concentración de poder de las empresas transnacionales, González destacó la modificación al artículo 27 de la Constitución mexicana, que permitió el arrendamiento de tierras de propiedad social. “Esto llevó a la descampesinización y disminuyó la superficie de nuestro principal cultivo, el corazón de nuestro país, el maíz”. Además, la activista contó que el cierre de la Productora Nacional de Semillas (PRONASE), por falta de apoyo y fomento, permitió la entrada a las transnacionales de semillas, ya que la producción nacional se vio desabastecida.

Por otro lado, las políticas alimentarias de México tienen como principales proveedores a empresas transnacionales y los programas apuntados al campo incluyen paquetes tecnológicos con semillas mejoradas, fertilizantes y plaguicidas. El informe diagnóstico de México también cuestiona las políticas de subsidio del agro orientada a la exportación. “Se les dan subsidios a grandes productores que trabajan con empresas transnacionales, incluso Cargill ha recibido subsidio”, contó González.

Las empresas acaparan y controlan toda la cadena agroalimentaria, incluso la comercialización minorista. El informe recoge un término utilizado por la investigadora Silvia Ribeiro, del Grupo ETC: la Walmartización. González explicó: “es un cambio de relaciones personales y cotidianas en base a la alimentación y la salud. Son modelos de relaciones estandarizadas y mercantiles, no sabemos quién produce ni de dónde viene. Hoy en una sola tienda compramos medicamentos, ropa y comida. Es peligroso porque es un modelo que controla toda la cadena y reduce la posibilidad de competencia de los pequeños productores y minoristas”.

Las consecuencias directas de todas estas políticas recaen sobre campesinos/as, indígenas y pequeños/as comerciantes. Y doblemente sobre las mujeres de estos sectores. González lo analizó desde dos puntos. Uno es que las políticas de subsidios para mujeres en México “refuerzan roles convencionales de género y la división sexual del trabajo, además aumenta la carga de trabajo de las mujeres”, quienes terminan por ser el sustento del hogar, pero sin los derechos a la propiedad de la tierra y por lo tanto sin lugar para la toma de decisiones en el territorio.

El otro punto es que, unido a la descampesinización, se dan los procesos de migración que tienen impactos negativos sobre las mujeres. “Trabajan en la agroindustria hortícola, con condiciones laborales precarias, salarios más bajos, pagos por hora y temporales”, explicó González.

Ante el avance transnacional motivado desde la esfera pública y legal, Otros Mundos Chiapas propone acciones de incidencia social y prevención en territorios. Aún con el cambio constitucional, en México la forma de propiedad social de la tierra representa más del 50 por ciento del territorio nacional. Esto es una oportunidad, ya que según explicó González, “no existen proyectos de ninguna índole donde no tengan que intervenir el municipio y la asamblea de los núcleos agrarios; las empresas tienen que negociar y confrontar sí o sí a las comunidades”.

*A fines de 2021 Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) realizó una publicación donde recopila informes diagnósticos de ocho países de la región referidos al aumento del poder de las empresas transnacionales en los sectores agropecuario y energético. Además, profundiza en las políticas públicas y cambios normativos que han impulsado esta concentración de poder.
El informe Resistencia al aumento del poder de las transnacionales en América Latina y el Caribe recoge relatorías de México, Honduras, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador y Costa Rica, realizadas por los grupos de base de Amigos de la Tierra en cada país.
En este compilado se observan tendencias generales, actuales e históricas en la región, que han permitido el avance de las transnacionales. Entre ellas se encuentran: escenarios antidemocráticos, de militarización y criminalización de la lucha social, lobby y presión política por parte de las empresas, liberalización del comercio y las inversiones, afectaciones directas sobre las mujeres, procesos de despojo y desplazamientos forzados.
Radio Mundo Real propone un repaso por los diagnósticos de cada país a través de entrevistas a los/as referentes de las organizaciones de ATALC involucradas.

(CC) 2022 Radio Mundo Real

Entrevista: Tratados de Libre Comercio

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Les compartimos una entreviste hecha por Voces en Lucha a nuestro compañero Gustavo Castro sobre los Tratados de Libre Comercio

Semilla de la entrevista al sociólogo mexicano y defensor del territorio y los derechos de los pueblos, Gustavo Castro, coordinador de Otros Mundos. Quien fue testigo del asesinato de la gran luchadora hondureña Berta Cáceres, icono de la defensa del territorio y la vida digna nos habla sobre la historia de los Tratados de Libre Comercio en América Latina.

Entrevista realizada en Ciudad de México en febrero de 2020

Más información:

T-MEC y Corredor Transístmico, partes de política expansionista de Estados Unidos: APIIDTT

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Compartimos este pronunciamiento de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) publicado en la web de Educa Oaxaca sobre el T-MEC – A 1 de julio de 2020

En el marco de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hoy 1 de julio, la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) expresa su “preocupación ante la ola de violencia que azota nuestra región vinculada a la imposición de los megaproyectos y las poĺiticas extractivistas del gobierno mexicano”. Han reflexionado sobre la imposición de corredores multimodales en el mundo y “vemos con mucho peligro el hoy llamado Corredor-Tren Transistmico/Interoceánico, proyecto histórico que desde mediados del siglo XIX planteo utilizar la posición geoestratégica del Istmo Mexicano como nodo comercial para el comercio global, esto como parte del proyecto expansionista de EEUU”. Con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), teniendo en cuenta otros tratados importantes vigentes que se han modernizado este 2020. como el Tratado de Integración Progresista de Asociación TransPacífico y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea “cimientan los marcos jurídicos para usar la fuerza por derecho en la imposición de los megaproyectos en México”, advierte APIIDTT. Por su parte, la Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal con el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) invita a la “Jornada de Lucha contra el T-MEC y los megaproyectos, Tren Maya y Corredor Interoceánico”.

Boletín de la APIIDTT aquí.

Imagen: Educa Oaxaca

Más información:

Con el T-MEC se profundiza el modelo extractivo minero

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Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 7 de julio de 2020

El primero de julio de 2020 entró en vigor el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC). Este tratado representa la cereza del pastel que le da continuidad y consolida a la política de apertura comercial que bajo el enfoque neoliberal inició bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hoy refrendada y fortalecida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Cabe recordar que el marco normativo y la política minera que asolan desde hace más de dos décadas y media el territorio nacional, con más de 2 mil proyectos de devastación y muerte -entre proyectos vigentes y cerrados-, reciben su actual configuración desde 1992, a partir de la promulgación de la Ley Minera aún vigente. Esta ley, en conjunto con la reforma constitucional al Artículo 27, con una clara tendencia a dañar la propiedad social de la tierra, y fomentar una nueva legislación sobre la gestión pública del agua, representaron adecuaciones hechas por parte del gobierno de Carlos Salinas de Gortari para establecer las bases para destrabar las negociaciones condicionadas por EU que dieron origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

La actual política extractiva minera deriva de la política comercial y de inversiones impuestas por el TLCAN y, que ahora, en el TMEC son reforzadas a favor del despojo. Estas normas y políticas públicas favorecen y protegen desmesuradamente al inversor minero, anula los derechos de poblaciones habitantes y dueñas de los territorios afectados en forma permanente por estas actividades y, las poblaciones supuestamente beneficiarias y dependientes de los servicios ambientales prestados por estos territorios, así como de los propios trabajadores que, por necesidad económica o por coacción o por sometimiento  por parte de grupos armados que operan en el contexto de las empresas mineras, participan en las actividades de extracción, mientras progresivamente son despojados del valor de su territorio, trabajo, salud, su vida comunitaria y sus bienes naturales.

En el apartado sobre Medio Ambiente, el TMEC establece:

“24.2.5.- Las Partes además reconocen que es inapropiado establecer o utilizar sus leyes ambientales u otras medidas de manera que constituya una restricción encubierta al comercio o a la inversión entre las Partes.” (Capítulo 24, Artículo 2, fracción 5).

“24.6.3.- (Con respecto procedimientos administrativos, cuasi-judiciales o judiciales que busquen resolver disputas en materia ambiental) (…) Las partes reconocen que esos procedimientos no deberían ser innecesariamente complicados ni poner cuotas o límites de tiempo irrazonables.” (capítulo 24, Artículo 6, fracción 3)

Con ello nuevamente se subordinan las normas y política ambientales de México a los intereses de las grandes compañías mineras canadienses y estadounidenses. Por otro lado, buscan desahogar con celeridad procesos derivados de conflictos que generen una inconveniencia para quien ha invertido financiamiento en territorio mexicano. Poco importa que la materia en disputa puede ser la propia defensa del derecho fundamental a vivir, existir y tomar decisiones sobre el territorio propio.

Para las empresas mineras en el TMEC sólo reconocen la existencia de esquemas de simulación filantrópica a partir de “… adoptar e implementar mejores prácticas voluntarias de responsabilidad social corporativa que estén relacionadas con el medio ambiente” (Artículos 14.17 y 24.13.2) y “…el uso de mecanismos flexibles y voluntarios para proteger el medio ambiente y los recursos naturales…” (artículo 24.14.2.a). En ese mismo contexto, “Las partes también reconocen que esos mecanismos deberían ser diseñados de manera que maximicen sus beneficios ambientales y eviten la creación de barreras innecesarias al comercio.” (Artículo 24.14.2)

Un punto particularmente pernicioso es el Resolución de Controversias.En este punto, es importante tomar en cuenta que México no ha firmado solamente este Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. y Canadá, sino también tiene vigente otros diez tratados de libre comercio y 29 acuerdos de inversión bilateral. Estos tratados dan recurso a que las empresas pueden demandar por millones o miles de millones de dólares al gobierno de México en tribunales supranacionales, pero no al revés, en caso de que consideren afectadas sus inversiones, como pueden ser a partir de restricciones ambientales, las expropiaciones directas o indirectas, la anulación de concesiones, la imposición de aranceles a algunos minerales estipulados en la lista la eliminación de barreras no arancelarias, entre otros elementos. En el caso de T-MEC, queda disponible este recurso para las empresas estadounidenses, mientras se lo quita para las empresas canadienses. Sin embargo, en el caso canadiense, las empresas mineras pueden recurrir al arbitraje bajo el paraguas del Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica

(CPTPP) que entró en vigencia el 31 de diciembre de 2018. México ha tenido en su contra 34 demandas de transnacionales en el marco de los Tratados de Libre Comercio – 21 demandas concluidas y las otras 13 pendientes – y ocupa el 6o. lugar mundial y el 3o. en América Latina por ser el más demandado. Estados Unidos y Canadá han sido los que más han demandado a México por violentar sus derechos como inversores. El 30 de agosto de 2000, el tribunal de arbitraje del TLCAN obligó a México a pagar a la empresa estadounidense Metalclad Corporation una compensación por $16,685,000 USD por haber cerrado el confinamiento de residuos peligrosos de la empresa en el estado de San Luis Potosí ante los peligros para la salud pública. Hasta la fecha, México ha sido ordenado de pagar una suma de por lo menos $242.94 millones de dólares estadounidenses en un total de 12 casos que favorecieron a las empresas. En septiembre de 2013, Lone Pine Resources demandó a Canadá por la decisión de la provincia de Quebec de prohibir el fracking en su territorio. Logró obtener una compensación por $250 millones de dólares. Actualmente, hay tres demandas pendientes por empresas mineras, inclusive una por $3,54 miles de millones de dólares que está siendo llevada por la empresa minera estadounidense Odyssey Mineral Exploration en contra de México por no haber otorgado una licencia ambiental para una mina de fosfato en el fondo del mar en el Golfo de Ulloa, en la costa de Baja  California Sur,  en donde este  proyecto tendrá un impacto   devastador sobre la biodiversidad,   la

pesca y los pueblos que dependen de todo ello. Así que, la intención del gobierno de México de estatizar la producción de litio, se ve endeble porque, en las circunstancias actuales, podría ser un eje de demandas en los tribunales internacionales del TMEC.

Se puede mencionar también a la demanda presentada en Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en enero del 2019 por Vulcan Materials Company[1], la principal empresa productora de materiales agregados para construcción en los EEUU, reclamando 500 millones de dolores al Estado Mexicano por no autorizar la ampliación de su mina Calica en Playa del Carmen que ha devastado 1200 ha de selva en los últimos 30 años[2]. Cabe mencionar los estrechos lazos entre esta empresa y el gobierno de Donald Trump por el medio de Elaine Chaoc actual Secretaría de Transporte de los EEUU, que fue parte de la junta directiva de Vulcan Materials Company en 2016 y 2017. Después de su entrada en el gobierno Elaine Chao mantuvo  acciones de 300 mil dólares en la empresa lo que representa un claro conflicto de interés[3]. 

Por todo lo expuesto, desde la REMA denunciamos la continuidad, propiciada por el gobierno de la Cuarta Transformación, del modelo de despojo impuesto a partir de tratados de comercio e inversiones impuestos sobre los pueblos de los tres países del continente norteamericano.

¡En defensa del territorio y la vida exigimos un fin al modelo extractivo de despojo y muerte!

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

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VIDEOS: La Cumbre de los Pueblos #FueraOMC Construyendo Soberanía en Buenos Aires

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Del 11 al 13 de diciembre, cientos de hombres y mujeres de todo el mundo reunidos dentro de la Confluencia «Fuera OMC» levaron a cabo la Cumbre de los Pueblos «Fuera OMC-Construyendo Soberanía» en Buenos Aires, en paralelo a la XI Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) recibida por el presidente Mauricio Macri en la capital argentina.

«Creemos que es muy importante esta confluencia que venimos organizando desde hace varios meses con muchísimas organizaciones sociales, ambientales, sindicales, docentes y de todo tipo, porque ante la apertura neoliberal que está sufriendo nuestro país, es necesario que nos organicemos. Creeemos que la venida de la OMC a Argentina es una muestra del rumbo que va a tomar en los proximos años, especialmente conociendo que el proximos años recibiremos el G20″, explica Natalia Salvático, integrante de Amigos de la Tierra Argentina, en un video publicado hoy por la Confluencia.

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En la víspera de su apertura oficial, la Cumbre organizó el festival «Fuera OMC – Por los Derechos y la Vida» el 10 de diciembre, primer día de la Reunión Ministerial. Los participantes, reunidos en la Plaza de los Congresos, leyeron la Declaración de la Confluencia, firmada en junio 2017 por más de 250 organizaciones y personalidades incluyendo Otros Mundos A.C.: «Veinte años de tratados de ‘libre’ comercio (TLC) en la región muestran los efectos nefastos de la desregulación y del avance de los privilegios corporativos sobre nuestros pueblos y el medio ambiente. Frente a esto, es hora de avanzar en las alternativas sociales, políticas, económicas, feministas y ambientalistas que pongan fin a la impunidad corporativa, den primacía a los derechos humanos y garanticen la armonía con el medio ambiente.»

La Cumbre fue un espacio de formación políticia intensa y de contra-propuestas ante las decisiones neoliberales tomadas en la Reunión Ministerial. Se organizaron decenas de ponencias y debates en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en una serie de foros y seminarios paralelos, como el Foro «Soberanía Sanitaria: El impacto del Neoliberalismo sobre el Derecho a la Salud», el Foro Feminista Frente al Libre Comercio, el Foro «Derechos y Soberanía frente al Libre Comercio, la Deuda y el Poder corporativo» o el Foro «Bienes Comunes, Justicia Climática y Soberanía Energética», entre otros. (Ver el programa completo aquí)

«Para nosotros la Cumbre Fuera OMC es muy importante porque la OMC forma parte de la arquitectura que está asegurando la impunidad de las empresas transnacionales», explicó Monica Vargas, miembro de la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad, en otro video realizado por la Confluencia.

«Estamos creando un movimiento de solidaridad transnacional para enfrenter el poder transnacional», agregó la activista, cuya Campaña estuvo presente en octubre en Ginebra, Suiza, para presionar a los países miembros de la ONU durante su tercera ronda de negociaciones hacia un Tratado Vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. La Campaña había presentando su propia propuesta de texto, que incluía entre otro la creación de una «Corte Internacional sobre las Empresas Transnacionales y sus Directivos» y un «Centro Internacional de Monitoreo de las Empresas Transnacionales», y espera será tomada en cuenta durante la próxima ronda de negociaciones en marzo 2018. (Leer la propuesta completa aquí)

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El 12 de diciembre en la tarde, la Confluencia organizó una gran marcha pacífica en las calles de Buenos Aires desde la Plaza de los Congresos. «Nuestra movilización fue masiva y diversa expresando voces que surgen desde la sociedad civil y no acuerdan con las políticas económicas que busca constantemente instalar organizaciones como la OM», declaró la Conflluencia en su página Facebook después de la marcha.

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La Confluencia denunció que la Policía intervinó, reprimió y detuvo a manifestantes. El 13 de diciembre, seguían detenidas tres personas: «lxs detenidxs son un docente de SUTEBA Escobar, una integrante de la Defensoría de Géneroa y un hombre en situación de calle», informó la Confluencia. «La otra novedad del estado de excepción del macrismo fue bloquear el paso a las abogadas e intentar impedirnos el ingreso a la comisaría para atender a nuestrxs defendidxs. Aflojaron ante la amenaza de denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público y por negar el derecho a la defensa», agregó la Confluencia.

Fotos de la marcha y la represión policial del 12 de diciembre en Buenos Aires (Crédito: Cobertura colaborativa Fuera OMC)

Más lectura:

Reunión de la OMC en Buenos Aires: Porqué los pueblos dicen «¡Fuera OMC!»

I Was Banned From The WTO For Defending People’s Rights (Alberto Villareal)

Declaración final de la Cumbre de los Pueblos «#FueraOMC – Construyendo soberanía»

 

Declaración final de la Cumbre de los Pueblos «#FueraOMC – Construyendo soberanía»

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Compartimos esta declaración de la Cumbre de los Pueblos «Fuera OMC – construyendo soberanía» – Buenos Aires, Argentina, a 13 de diciembre 2017

La Cumbre de los Pueblos «Fuera OMC, construyendo soberanía» se reunió los días 11, 12 y 13 de diciembre en Buenos Aires, Argentina, frente a la realización de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio en esta ciudad.

Las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, de pueblos originarios, de mujeres, territoriales, anti-extractivistas, de derechos humanos, entre otras, de todo el planeta que conformamos la Cumbre de los Pueblos reafirmamos nuestro rechazo a las políticas de libre comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La OMC refleja los intereses del capital transnacional más concentrado que pretende eliminar barreras a la libre circulación de mercancías, servicios y capitales. Se trata de una organización que sólo toma en cuenta las necesidades del capital, ayudando a reproducir las relaciones capitalistas de explotación y saqueo. Estas políticas afectan derechos históricamente conquistados por la lucha de los pueblos del mundo.

Las transnacionales actúan bajo el amparo de la Arquitectura de la Impunidad, la cual incluye al sistema de la Deuda, los Tratados de Libre Comercio (TLC) y de protección de inversiones y organismos multilaterales como la OMC. Estos generan una globalización en función de su afán de lucro. En este contexto, la Deuda pública se ha configurado en una herramienta privilegiada de la expansión capitalista de concentración, desigualdad y opresión. Subordina el modelo productivo y de consumo a la necesidad de pagar los intereses cada vez mayores. Nos comprometemos a trabajar para develar las repercusiones que la Deuda conlleva en las múltiples resistencias, denunciando su carácter ilegítimo, evidenciando quién realmente debe a quién y construyendo un horizonte de transformación y esperanza, asumiéndonos como Pueblos Acreedores de deudas no únicamente económicas, sino también sociales, históricas, ecológicas, democráticas, de género, entre otras. Necesitamos seguir construyendo desde las luchas de los pueblos para avanzar en este proceso, incluyendo acciones como las auditorías integrales y ciudadanas de la Deuda, tribunales éticos y consultas populares, entre otras estrategias.

Frente al poder corporativo, que protagoniza el despojo por parte de las transnacionales en los territorios, nos comprometemos a globalizar las luchas y seguir fortaleciendo los lazos y articulaciones. Debemos seguir peleando por lograr un tratado internacional que vincule las empresas transnacionales al respeto de los derechos humanos. Debemos disputar el espacio legislativo y judicial, denunciando cómo las leyes se violan, se tuercen, se malinterpretan y adaptan ante el interés de las transnacionales. Debemos mantener la autonomía de los movimientos sociales en relación a los gobiernos, señalando nuestra solidaridad con Pueblos, comunidades y organizaciones perseguidas y reprimidas.

La liberalización de los flujos comerciales y financieros impacta en forma diferencial la vida cotidiana de las mujeres y profundiza las desigualdades y la pobreza, ampliando el desempleo, la informalidad y financierizando compulsivamente nuestras vidas, profundizando así todas las formas de violencias patriarcales. Las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, gays, no binaries, afroargentinas, afrodescendientes, migrantes, desplazadas, refugiadas, indígenas, negras, campesinas, trabajadoras autogestionadas reunidas en el foro y gran Asamblea Feminista frente al libre comercio estamos afirmando nuestra lucha antipatriarcal, antirracista y anticapitalista.

Por ello expresamos nuestro rechazo a la Declaración de la OMC sobre Libre Comercio y Empoderamiento Económico de las Mujeres, por estar basada en afirmaciones falsas y en una visión reduccionista del empoderamiento económico de las mujeres. La evidencia proporcionada desde la Economía Feminista muestra que los procesos de liberalización comercial han resultado perjudiciales para la mayoría de las mujeres. Las reglas comerciales que promueve la OMC amenazan los medios de vida de las mujeres urbanas, campesinas, indígenas, afro y quilombolas, favorecen la desposesión de sus territorios, restringen el acceso de las mujeres a políticas públicas de acceso al agua, salud, educación y un largo etcétera, limitan el acceso a bienes básicos esenciales como los medicamentos, y promueven formas productivas basadas en la carrera hacia la baja de todos los estándares laborales, salariales y de protección social, lo que nos afecta especialmente. Repudiamos el uso político de nuestras luchas y reivindicaciones para salvar una cumbre fracasada.

¡No en nuestro nombre!

Los acuerdos de la OMC impiden el acceso a los derechos de los y las migrantes trabajadores y sus familias. La excluyente prioridad de valorizar el capital fomenta la explotación laboral de los y las migrantes. La búsqueda de más inversión extranjera da pie a la firma de tratados comerciales que impulsan la globalización y los flujos de capitales, mientras que se criminaliza y se pone en tela de juicio la movilidad de las personas en el mundo.

El reconocimiento de la migración como un derecho humano (nacional, regional y global), abre el espacio para debatir la libertad de transitar los territorios y la construcción de una ciudadanía universal. Para que este derecho se cumpla, es importante fomentar la participación política y de economías sustentables, solidarias e independientes que conlleven al desarrollo local y regional de las comunidades migrantes.

La OMC y los TLC avanzan en la conversión de nuestros alimentos en mercancías. Esto ha provocado la mayor crisis alimentaria que haya sufrido la humanidad. Actualmente más del 50% de los habitantes del mundo sufren hambre, malnutrición o son parte de la epidemia de obesidad y sobre peso que enfrentamos. Al mismo tiempo estas políticas apoyan la destrucción, acaparamiento y contaminación de nuestros territorios y expulsan a comunidades indígenas y campesinos de los mismos, poniendo en riesgo la continuidad cultural. El agronegocio, junto con la extracción indiscriminada de combustibles fósiles, son los principales responsables de las dos crisis socioambientales más importantes que vivimos hoy: la crisis climática y la extinción masiva de la biodiversidad.

Frente a esta situación, impulsamos la Soberanía Alimentaria que va de la mano de la producción agroecológica campesina, donde las semillas son entendidas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. Proponemos reformas agrarias integrales y populares, mercados locales y fundamentalmente la voz de las campesinas y campesinos como protagonistas de las políticas que se impulsen.

La OMC y los TLC se esconden detrás de la máscara de «alternativas verdes», pero en definitiva solo sostienen el modelo extractivista, con énfasis en la minería y en la extracción de combustibles fósiles. En esta lógica, el agua es considerada una mercancía y no un Derecho Humano. Sabemos que no hay alternativa para la vida en el planeta dentro del capitalismo, que no solo nos explota sino también contamina y mata. Para poder superar estas contradicciones promovemos las alternativas populares, como el «buen vivir» propuesto por distintos pueblos indígenas; el eco-feminismo; el eco-socialismo; y prácticas concretas como la soberanía energética, la agroecología y la permacultura que pueden transformarse en alternativas sistémicas al capitalismo si son aplicadas no de manera individual, sino como una política general.

Estas experiencias enmarcadas en la economía popular, la social y la autogestiva son manifestaciones de la supervivencia de los pueblos pero al mismo tiempo son resistencia a los designios de la racionalidad capitalista. Utilizando los medios de producción a disposición de los trabajadores y trabajadoras, y a su vez reclamando por nuestros derechos es que podemos pensar en construir espacios de poder para disputar el modelo hegemónico. Desde esta perspectiva es que entendemos el rol de las experiencias productivas sin patrones, desde la marginalidad y desde una profunda identificación de clase para construir las alternativas. Depende de nosotras y nosotros continuar en una economía capitalista de pobres o avanzar en la construcción de un proyecto alternativo. No solo se trata de luchar por el poder para conseguir la sociedad que queremos sino también de ir construyendo los caminos que nos acerquen a ella. Reclamando al Estado lo que es nuestro mientras que consolidamos un poder alternativo basado en una economía desde y para los pueblos.

El libre comercio atenta contra el derecho a la salud y precariza los sistemas de salud públicos, provocando graves consecuencias sobre la vida de las personas. La salud y los medicamentos no deberían ser materia regulada por la OMC, ya que la salud es un derecho humano, no un negocio; y los medicamentos son un bien social y no una mercancía. Los acuerdos comerciales de la OMC nunca responderán a las necesidades de salud pública. Este énfasis en los intereses del mercado y en detrimento de la salud pública favorece a los capitales trasnacionales, quienes a través de precios extorsivos e injustificados impuestos por las grandes compañías farmacéuticas desembocan en enfermedad, desesperanza y muerte para los pueblos.

Por ello la soberanía sanitaria implica sostener modelos de salud pública que garanticen la primacía del interés público y la justicia social. En ese sentido, exigimos la suspensión del Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio (ADPIC) de la OMC para tecnologías de salud; rechazamos toda disposición de acuerdo comercial que afecte negativamente el acceso a medicamentos, como el Tratado entre Unión Europea-Mercosur; discutimos nuevos modelos de I+D (Investigación y Desarrollo) que promuevan tecnologías libres y accesibles para todos los pueblos, independientemente en qué país o región vivan, cuyos resultados (datos, procesos y productos) sean considerados bienes comunes.

El libre comercio y la OMC promueven un conjunto de iniciativas que intentan convertir a la educación en un bien comercializable, permeado por diferentes lógicas mercantiles y privatizadoras que presentan mayores o menores grados de visibilidad. Así, los derechos sociales y educativos son amenazados por la lógica del mercado, los derechos de propiedad y del capital y, de este modo, la educación pasa a constituirse en un servicio comercializable.

En cambio, la soberanía educativa constituye el derecho que tenemos como pueblos a la autodeterminación de cómo nos queremos educar, con qué valores, de qué manera. En medio de la crisis civilizatoria que atravesamos, proponemos formatos educativos alternativos, formas de participación más horizontales, contenidos y valores que expresan alternativas políticas y sociales.

Las políticas de libre comercio no serían posibles sin un fuerte aparato de seguridad y represión que acompaña la implementación de las políticas de austeridad. El aumento de bases militares a nivel global refleja esta situación, así como el uso de la fuerza policial al interior de los Estados nacionales. La militarización implica el genocidio y silenciamiento de pueblos enteros en pos de las necesidades del gran capital. Exigimos el retiro de las tropas de Haití. Exigimos la liberación y descolonización de Palestina, el fin del régimen de Apartheid, adherimos al Movimiento Boicot, Desinversión y Sanción y manifestamos nuestro más enérgico repudio ante la decisión unilateral de los EEUU de reconocer a Jerusalén como capital del Estado sionista de Israel.

La alternativa al militarismo y la guerra perpetua que es el imperialismo en todas sus formas, especialmente en su forma de sionismo, es la resistencia en creciente unidad de los pueblos y los Estados. El imperialismo es una de las principales causas de las guerras del mundo, de la carrera armamentista, del genocidio, la tortura, la mentira de masas, la acción psicológica terrorista, los asesinatos selectivos y las masacres de población civil, la formación y actuación de fuerzas paramilitares terroristas como ISIS.

Hacia el 2018, la Cumbre de los Pueblos hace un llamamiento a todos los pueblos del mundo a movilizase contra la Cumbre Presidencial del G-20 que tendrá lugar en Buenos Aires en 2018. El G-20, al igual que la OMC y todos los TLC, sólo refleja la sed de lucro de las empresas y no las necesidades de los pueblos. No es casual que tanto la OMC como el G-20 se realicen en Argentina: este país quiere mostrarse como un líder regional en la liberalización comercial. Por ello, la movilización de nuestros pueblos es crucial. Somos nosotras y nosotros quienes debemos alzar la voz y hacer que nuestras propuestas alternativas a la crisis climática y civilizatoria sean escuchadas.

Asimismo, llamamos a construir un paro internacional de mujeres para el próximo 8 de Marzo desde una visión amplia del trabajo que tenga en cuenta nuestras realidades heterogéneas. No habría capitalismo sin el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres.

Las organizaciones y movimientos de la Cumbre de los Pueblos Fuera OMC convocamos a la continuidad de las luchas de resistencia a la presente ofensiva del capital internacional contra los derechos de los pueblos, en la construcción colectiva de la edición del Foro Social Mundial 2018, en Salvador, Bahía, Brasil, del 13 al 17 de marzo. ¡Resistir es crear, resistir es transformar!

La resistencia global se ha hecho ver y escuchar en Buenos Aires. Una vez más, adonde vayan los grandes foros globales, los esperará la resistencia de los pueblos en pie y luchando por sus derechos.

¡Fuera OMC! ¡Fuera G-20!

FIRMA:

Asamblea de los Pueblos

Cumbre de los Pueblos «Fuera OMC, construyendo soberanía»

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Reunión de la OMC en Buenos Aires: Porqué los pueblos dicen «¡Fuera OMC!»

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En junio 2017, Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra firmamos la Declaración «Los pueblos nos ponemos de pie frente a la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC) en Buenos Aires» en el marco del Encuentro Nacional contra la OMC organizado en la capital argentina. LLamábamos a relizar una Cumbre de los Pueblos en Buenos Aires en paralelo a la XI Reunión Ministerial de la OMC que está teniendo lugar ahora (10-13 de diciembre) en dicha ciudad, para fortalecer «la articulación de la resistencia contra el llamado ‘libre comercio’ que sólo genera políticas de explotación y expoliación de nuestros pueblos y de la naturaleza», «visibilizar y discutir las alternativas a este sistema productivo y comercial».

Hoy, segundo día de la Conferencia y primer día de la Cumbre de los Pueblos «Fuera OMC – Construyendo Soberanía», les compartimos un artículo de Leandro Morgenfel, co-coordinador del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) de Estudios sobre Estados Unidos y miembro de la Confluencia «Fuera OMC», para entender la situación:

¿Por qué decimos NO a la OMC?

Por primera vez, la Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio se hace en América del Sur. Las grandes corporaciones trasnacionales van a intentar imponer sus intereses. En paralelo, organizaciones sociales y políticas de todo el mundo nos movilizamos en Buenos Aires para rechazar la agenda de la OMC y debatir sobre las alternativas.

¿Qué es la OMC?

Al final de la Segunda Guerra Mundial surgieron nuevas instituciones multilaterales. En 1948, se estableció el Acuerdo General de Comercio y Tarifas (GATT por sus siglas en inglés), que funcionó hasta 1994. Sus sucesivas rondas de negociación promovieron reglas para liberalizar el comercio de manufacturas, pero no el de bienes agrícolas y servicios. En efecto, se disminuyeron progresivamente las tarifas y barreras comerciales a escala global. En la Ronda Uruguay (1986-1994), corporaciones farmacéuticas y agropecuarias, entre otras, presionaron para incorporar nuevos temas comerciales. Se creó una nueva institución, la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Surgida en el particular contexto de la posguerra fría, la OMC fue el marco para garantizar que el proceso de acumulación del capital, tras el derrumbe del llamado «mundo socialista», operara a escala planetaria. Paralelamente, estos temas se fueron incorporando en los nuevos acuerdos de libre comercio, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y en los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Hoy, la OMC está compuesta por 164 de los cerca de 200 países existentes. Su actual director general es un brasilero, Roberto Azevedo, pero la máxima autoridad del organismo es la Reunión Ministerial que se realiza cada dos años.

La XI Reunión Ministerial se realiza en Buenos Aires, Argentina, entre el 10 y el 13 de diciembre de 2017. Allí, las grandes corporaciones de los países centrales pretenderán relanzar esta institución, luego de la parálisis de los mega-acuerdos regionales, generada, en parte, tras el Brexit y la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Intentarán que se dé por clausurada la Ronda de Doha, conocida como Ronda del Desarrollo, que se inició en 2001; también procurarán introducir nuevos temas en la agenda.

Más allá de estos objetivos, en la cumbre de la OMC se expondrán las contradicciones internas: por un lado, las críticas de Trump, que prefiere los acuerdos bilaterales y expresó su desdén hacia la OMC y otros organismos multilaterales; por el otro, las demandas de los países menos desarrollados, que no quieren dar por muerta la Ronda del Desarrollo; y, frente a ellas, las de las organizaciones sociales y políticas que proponen agendas alternativas.

A la vez que las corporaciones trasnacionales promovieron sus intereses en esta institución global, emergieron resistencias. En noviembre de 1999 se produjo la famosa «Batalla de Seattle», más de 40 mil manifestantes bloquearon la reunión ministerial, iniciando el movimiento por la alter-globalización. Cuatro años más tarde, en Cancún, hubo enormes protestas de organizaciones sindicales, ecologistas y campesinas, lideradas por La Vía Campesina, que lograron que colapsara la ministerial. Allí, los gobiernos de países no centrales, muchos de ellos perjudicados por los subsidios agrícolas de Estados Unidos, Europa y Japón, entendieron que antes que conseguir un mal acuerdo era mejor que no hubiera ninguno.

Ante la parálisis de las negociaciones multilaterales, las potencias impulsaron los tratados mega-regionales, que incorporan nuevos temas como la llamada «coherencia regulatoria»: ningún país miembro podría establecer una nueva regulación sin acordarla con los demás, afectando así la capacidad de los estados de desplegar políticas públicas, ya sea en materia laboral, medioambiental, de salud o educación.

En la XI Reunión Ministerial de la OMC, uno de los tópicos centrales será el de comercio electrónico. Como bien señalan Francisco Cantamutto y Mariano Treacy en un reciente artículo, «… la OMC busca abrir una nueva frontera de negocios como salida -siempre precaria- a la crisis global». De la mano de la revolución tecnológica en curso, las grandes multinacionales pretenden que la OMC en Buenos Aires sea sede de una globalización «recargada» donde se consolide la regulación de los «nuevos temas» como el comercio de servicios o la propiedad intelectual. En este sentido, uno de los puntos más peligrosos en curso es que se busca lograr una suerte de desregulación preventiva del comercio electrónico y del tráfico de datos.

Deborah James, coordinadora de la red Nuestro mundo no está en venta, explicó en un detallado análisis de la Ministerial de Buenos Aires de qué manera la agenda que intentan imponer los países ricos en la OMC refuerza las asimetrías a nivel global, en detrimento de los países menos desarrollados, a la vez que limita la posibilidad de que estos últimos, a través de políticas regulatorias, reduzcan esas diferencias. En su artículo «Malestar en el libro comercio», Clara Weinhardt y Fabian Bohnenberger explican las crecientes impugnaciones a la liberalización que promueve la OMC, «…la oposición pública frente a la liberalización del comercio en muchas sociedades occidentales se alimenta de la preocupación por su efecto en el proceso democrático de formulación de leyes, en especial si los acuerdos comerciales conducen a una erosión de las ‘regulaciones sociales’ tales como la protección al consumidor y los estándares laborales y medioambientales. Mientras tanto, en muchas regiones de países en desarrollo –como América Latina–, la preocupación por la privatización y la desregulación ya había conducido previamente a una crítica de la agenda de globalización neoliberal en respuesta al desempleo creciente».

La resistencia en Buenos Aires

Este año se conformó en la Argentina la Confluencia Fuera OMC, integrada por organizaciones y redes sociales, sindicales, de derechos humanos, territoriales, estudiantiles, de mujeres, políticas, campesinas y anti-extractivistas que hace años rechazamos los acuerdos de libre comercio. Lo hicimos con el ALCA, hasta su derrota en 2005, y con los que se vienen negociando en los últimos años: Mercosur-Unión Europea, Transatlántico (TTIP), Transpacífico (TTP) y de Servicios (TISA).

El 24 de junio de 2017, se realizó en Buenos Aires el primer Encuentro Nacional para promover la Semana de Acción Global contra el libre comercio, que está teniendo lugar ahora mismo en la capital argentina, en forma paralela a la ministerial de la OMC. En julio, se dio a conocer nuestra primera Declaración, a la cual adhirieron numerosas organizaciones y redes de diversos países:

«Llamamos a los pueblos del mundo a movilizarse en el marco de la XI Reunión Ministerial de la OMC, que tendrá lugar en Argentina entre los días 10 y 13 de diciembre de 2017. Para ello, convocamos a realizar una Cumbre de los Pueblos en la ciudad de Buenos Aires que colabore en la articulación de la resistencia contra el llamado ‘libre comercio’ que sólo genera políticas de explotación y expoliación de nuestros pueblos y de la naturaleza, y que avance en visibilizar y discutir las alternativas a este sistema productivo y comercial.

Entendemos que la lucha contra la OMC es global y lleva una rica historia de movilizaciones y articulaciones, ya que esta institución representa los intereses de las empresas transnacionales y no los derechos ni las necesidades de los pueblos. Un hito en el proceso de descrédito ha sido la movilización de las organizaciones sociales que en 1999 pusieron en evidencia los impactos negativos del proyecto de liberalización comercial durante la reunión de la OMC en Seattle, Estados Unidos, y que inspiró a un amplio movimiento de resistencias anticapitalistas en todo el planeta. Cuatro años después, la gran movilización popular durante la Reunión Ministerial de la OMC en Cancún también significó un avance en la resistencia contra la agenda del gran capital transnacional.

Pretendemos, asimismo, que la lucha contra la OMC adopte un fuerte carácter regional, sumándose en la recuperación de nuestra valiosa historia de organización social y política contra las múltiples formas de dominio que fue adquiriendo el capital en los últimos años. 
La lucha contra el ALCA fue un proceso destacado de articulación continental, y la Cumbre de los Pueblos de Mar del Plata, en 2005, habilitó avances importantes en la discusión de alternativas de integración. Más de diez años después, es necesario que volvamos a juntar nuestras luchas para movilizarnos contra la libertad corporativa y los privilegios de los inversionistas en la región. La libertad debe ser para las personas: la libertad de movilidad para los trabajadores, y no para los empresarios e inversionistas que especulan con nuestras riquezas sociales y naturales. En este contexto debemos discutir nuevamente la cuestión de las alternativas populares y la urgente necesidad de avanzar en proyectos que construyan nuevas formas de relaciones entre nuestros pueblos, que sean solidarias y complementarias» (..)

El 30 de septiembre se hizo un segundo encuentro y se lanzó la Confluencia Fuera OMC, que organiza ahora el Encuentro de los Pueblos contra el libre comercio y por las alternativas (11 y el 13 de diciembre) en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, e impulsa las movilizaciones que se realizarán durante esos días en la ciudad.

Recogiendo las mejores tradiciones de coordinación de las luchas globales, la Campaña está llamando a recuperar el espíritu de Mar del Plata, y de anteriores batallas, como la de Seattle y Cancún. Aquella lucha contra el proyecto hegemónico con el cual Estados Unidos pretendía consolidar su dominio continental, se ganó hace casi 12años.

>> Programa <<

Domingo 10 de diciembre. Norita Cortiñas, madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, tomó la palabra durante el Festival «Fuera OMC – Por los Derechos y la Vida» en la Plaza de los Congresos, Buenos Aires (Crédito: Cobertura colaborativa Fuera OMC)

Lunes 11 de diciembre. Cecilia Olivet, de Transnational Institute (TNI), durante el Foro «Derechos y soberanía frente al libre comercio, la deuda y el poder corporativo» en el marco de la Cumbre de los Pueblos «Fuera OMC-Construyendo Soberanía»

Frente a la OMC y al G20: Foro Mundial del Pensamiento Crítico

La lucha contra la ministerial de la OMC atraerá la atención mundial hacia Buenos Aires; la Cumbre Presidencial del G20, que el presidente argentino Mauricio Macri insistió en que se realizara en la Argentina, también.

En 2016, se repudió la visita de Obama a la Argentina, que coincidió con el 40 aniversario del golpe de estado del 24 de marzo de 1976. Más allá de las masivas movilizaciones promovidas por los organismos de derechos humanos, hubo que soportar el enorme embelesamiento de la prensa hegemónica local con la familia Obama. Con Trump, la situación no será igual: si sobrevive a las iniciativas para realizarle un juicio político y todavía es presidente a mediados de 2018, visitará la Argentina para asistir a la Cumbre Presidencial del G20. Allí va a enfrentar en las calles concentraciones similares a las que se produjeron en Mar del Plata, durante la IV Cumbre de las Américas, en noviembre del 2005, con las consignas No al ALCA y Fuera Bush de Argentina y América Latina.

Enfrentamos grandes desafíos. Tanto los defensores de la globalización neoliberal como los nuevos líderes xenófobos de las potencias centrales defienden a los intereses de las grandes corporaciones. La llegada de Trump a la Casa Blanca es un gran peligro. Sus iniciativas misóginas, xenófobas, anti-obreras, plutocráticas, militaristas, injerencistas y contra cualquier protección del medio ambiente son una amenaza para el mundo entero, pero a la vez una oportunidad, por el rechazo que genera, para retomar el debate sobre nuevas agendas y estrategias, con una perspectiva antiimperialista y anticapitalista. También, para ampliar la coordinación y cooperación políticas, confluyendo con las organizaciones populares que lo enfrentan en Estados Unidos.

Trump expresa descarnadamente el afán de dominio imperial de Estados Unidos sobre Nuestra América. Y eso puede incrementar aún más el rechazo a la subordinación claudicante que proponen las derechas regionales como único camino posible. Pero esto, de ninguna manera, debe llevarnos a abrazar la estrategia neoliberal que, en contra del discurso de Trump, edulcora y promociona una agenda corporativa que sólo beneficia al 1% que concentra cada vez más riquezas a expensas del resto de la sociedad y de la depredación de los bienes comunes de la tierra. Más “libre comercio” no equivale a más desarrollo, ni a menos pobreza ni a menor desigualdad. Las opciones que nos ofrecen los defensores de la OMC y los críticos como Trump son en realidad funcionales a distintas fracciones de las clases dominantes de los países centrales. Frente a ese escenario, la salida no es optar por esa falsa disyuntiva, ni limitarse a aceptar meras reformas cosméticas de la OMC, sino avanzar en la construcción de un orden social menos desigual y depredatorio.

El gran desafío para las izquierdas, los movimientos populares y las fuerzas progresistas, es articular las luchas globales, regionales y nacionales –»pensar global y actual local»-, y ofrecer una alternativa favorable a nuestros pueblos y a la preservación de los bienes comunes de la tierra. La lucha contra los mega-acuerdos de libre comercio y la agenda pro corporaciones que promueven las potencias en la OMC y el G20 es una oportunidad para coordinar con las organizaciones sociales, sindicales, ecologistas, de mujeres, migrantes, LGBT y de derechos humanos que resisten en todo el mundo.

En noviembre de 2018 se realizará también en Buenos Aires el Primer Foro Mundial del Pensamiento Crítico, impulsado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Esa cita, sin lugar a dudas, será un acontecimiento histórico, no sólo para enfrentar la ofensiva del capital contra el trabajo a escala global sino para avanzar en la construcción de nuestras agendas alternativas.

Más información:

La página web de la Confluencia «Fuera OMC»

Argentina: Carta a Macri tras su decisión de excluir a activistas y expertos de la Conferencia de la OMC en Buenos Aires

Nuestra América XXI, Desafíos y Alternativas – con artículos sobre la OMC en Argentina

Trump llega a México para renegociar el TLCAN con un programa ambiental xenófobo y vacío

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Boletín de prensa conjunto de Amigos de la Tierra Estados Unidos y Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México – A 1º de septiembre 2017

WASHINGTON, D.C. – La segunda ronda de negociaciones secretas hacia un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) abre hoy, primero de septiembre, en la Ciudad de México.

Pueden consultar también nuestro artículo «Las diez maneras en las que el nuevo TLCAN de Trump amenaza a la gente y al planeta»

Gustavo Castro, coordinador de Otros Mundos A.C./Amigos de la Tierra México, hizo el siguiente pronunciamiento:

El TLCAN ha sido un desastre para el planeta. Y también para toda la gente de América del Norte, en particular para los Mexicanos. Pero no podemos confiar en Donald Trump para renegociar el TLCAN por dos razones. La primera es que Donald Trump es el más indignante negador del cambio climático y difamador de defensores del medio ambiente en el mundo. La segunda es que por sus vergonzosos prejuicios xenófobos hacia los Mexicanos, no es moralmente apto y es incapaz de negociar un tratado justo.

Donald Trump se ha referido a los inmigrantes Mexicanos en Estados Unidos como «bad hombre», o «hombres malos». Quiere construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, considerado como un «monumento racista», y con razón, por muchos Mexicanos, incluso por el expresidente conservador Vicente Fox. Y Trump quiere que México pague por dicho muro. Además, Trump ha prometido castigar financieramente las ciudades santuarios como Los Angeles,  Denver y Austin que buscan proteger a los inmigrantes de México y otros países de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos que encarcelaron y deportaron cruelmente a madres que tienen sus hijos viviendo legalmente en el país, a mujeres que habían sido víctimas de violencia doméstica, a niños supuestamente protegidos por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), entre otras víctimas. La lista de sus políticas y declaraciones xenófobas sigue y sigue.

Michelle Chan, vice-presidenta de Amigos de la Tierra Estados Unidos, hizo el siguiente pronunciamiento:

Donald Trump es incapaz de negociar un nuevo TLCAN basado en la justicia ambiental para los pueblos sin distinción de raza, color, o nacionalidad. Necesitamos un nuevo TLCAN que corrija sus reglas injustas que favorecen las industrias contaminantes las gigantes corporaciones multinacionales por encima de los pueblos y el planeta. Pero no lograremos tal acuerdo hasta que tengamos un nuevo presidente de Estados Unidos quien crea en la igualdad racial y en la necesidad de una acción pronta y eficiente para contrarrestar el cambio climático y otras amenazas ambientales inminentes.

Contactos:
Expertos:  Gustavo Castro, guscastro@otrosmundoschiapas.org; Bill Waren, (202) 222-0746, wwaren@foe.org
Comunicación: Erin Jensen, (202) 222-0722, ejensen@foe.org

— ENGLISH VERSION —

Trump brings a xenophobic, flat Earth agenda to Mexico City NAFTA talks

WASHINGTON, D.C. – The second round of secret negotiations on a new North American Free Trade Agreement (NAFTA) opens in Mexico City today, September 1.

For more information, please see Friends of the Earth’s blog on how Trump’s new NAFTA threatens people and the planet.

Gustavo Castro, Coordinator of Otros Mundos AC/Friends of the Earth Mexico, issued the following statement in response:

NAFTA has been a disaster for the planet.  It also has been a disaster for all the people of North America and the Mexican people in particular. Donald Trump, however, cannot be trusted to renegotiate NAFTA for two reasons. First, Trump is the world’s most egregious climate change denier and traducer of environmentalists. Second, Trump’s shameful and xenophobic prejudice against Mexicans makes him morally unfit and incapable of concluding a fair deal.

Donald Trump has referred to Mexican immigrants as «bad hombres.» He wants to build a border wall between the U.S. and Mexico which many Mexicans even including the reactionary former Mexican president Vicente Fox have appropriately called a «racist monument.» And, Trump wants Mexico to pay for it. Trump also has promised to financially punish sanctuary cities like Los Angeles, Denver, and Austin which seek to protect Mexican and other immigrants to the U.S. from his ICE police who have been cruelly jailing and deporting mothers with legal children, women who have been subject to domestic abuse, and  children who are supposed to be protected by the DACA program, among other victims. The list of his xenophobic policies and statements goes on.

Additionally, Michelle Chan, Vice President of Friends of the Earth, U.S, issued the following statement in response:

Donald Trump is incapable of negotiating a new NAFTA deal based on the principle of environmental justice for people regardless of race, color, or national origin.  We need a new NAFTA that corrects its unfair provisions that favor polluting industries and giant multi-national corporations over people and the planet. But, we will only get that deal when we have a new President of the United States who believes in racial equality and the need for swift and effective action to counter climate change and other imminent environmental threats.

Expert contact: Bill Waren, (202) 222-0746, wwaren@foe.org
Communications contact: Erin Jensen, (202) 222-0722, ejensen@foe.org