En el marco de la investigación Empresas Transnacionales en México: Criminales Ambientales les compartimos este folleto que nos cuenta sobre como surgió y la importancia que tiene el Tratado Vinculante.
Compartimos este artículo publicado por el Movimiento Mundial de Bosques Tropicales WRM – A octubre 2025
El Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por su sigla en inglés) será lanzando en la 30a Conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima, que se realizará entre el 10 y el 21 de noviembre próximos en Belém, Brasil. Esta iniciativa es presentada como una “nueva esperanza” para los bosques tropicales en todo el mundo. Sin embargo, está muy lejos de ser así…
El artículo Botín de un colonialismo que no cesa: El Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF), de Larry Lohmann (The Corner House), explica qué es el TFFF y por qué tiene que ser rechazado:
1. El TFFF se financiaría con ganancias derivadas en parte de la destrucción de bosques tropicales.
2. El dinero que el TFFF promete a los gobiernos de países con bosques tropicales es mínimo y sumamente incierto comparado con las ganancias que Wall Street podría obtener del plan. En esencia, el programa está diseñado para transferir riquezas del Sur al Norte.
3. El TFFF aumentaría tanto la deuda financiera del Sur con el Norte como la deuda ecológica del Norte con el Sur.
4. El TFFF está diseñado de tal manera que distrae y desvía la atención de las causas subyacentes de la deforestación. El fondo de inversión en bonos en que se basa fue diseñado por banqueros del Norte con muy poco conocimiento sobre los bosques tropicales y sus pueblos.
5. El TFFF se estructura en torno a una teoría falsa de la deforestación.
6. Si los gobiernos de países con bosques tropicales recibieran algún dinero en el marco del plan, es muy poco probable que transfieran cantidades significativas a las comunidades. De hecho, el TFFF podría terminar reforzando el poder de gobiernos represores de las comunidades que viven en los bosques.
Compartimos esta publicación escrita por Andrés Peñaloza Méndez y publicada por Bia´lii, Asesoría e Investigación, A.C.; Campaña No Más Acuerdo Global/TLCUEM; Centro de Promoción y Educación Profesional “Vasco de Quiroga”; A.C.; Colectivo Ecologista Jalisco, A.C.; Enlace Comunicación y Capacitación, A.C – A octubre 2025
Este texto muestra las asimetrías salariales y laborales existentes entre México y sus socios europeos en el contexto del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación (Acuerdo Global) México-Unión Europea, suscrito en 1997 y en vigor en su parte comercial, desde el año 2000.
La primera parte aporta información sobre el comportamiento del comercio bilateral y las inversiones europeas en México.
Enseguida, se ofrece un análisis de las principales asimetrías de carácter salarial y de ingresos.
Finalmente, a través del estudio del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en la planta de la BMW (Bayerische Motoren Werke), en San Luis Potosí y de la lucha sindical en ContiTech (Continental Industries) ambas empresas de capital alemán, se exhiben los términos, condiciones y políticas laborales seguidas en general por las empresas europeas asentadas en nuestro territorio, reveladoras, con pocas excepciones, de prácticas violatorias de derechos laborales fundamentales.
La lucha en ContiTech, filial de la transnacional alemana Continental, es un caso interesante porque el gobierno aceptó la queja por violaciones a los derechos laborales, acogida ante el Mecanismo de Reparación de Derechos Humanos de la Industria Automotriz Alemana, semejante al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (MLRR del T-MEC), singular programa europeo de derechos humanos y de la ley de Diligencia Debida que obliga a todas las cadenas de suministro de las empresas germanas a respetar los derechos laborales, que permite reclamar el cumplimiento de los derechos humanos en la industria automotriz, en este caso circunscrito a las empresas Mercedes-Benz, BMW y YZF.
En el análisis del CCT de la BMW en San Luis Potosí se da cuenta de las principales clausulas lesivas y notoriamente desventajosas para el respeto de los derechos laborales.
Estimo que, en los acuerdos con potencias del norte global, como la UE, estos deben descansar en un firme compromiso vinculante por la paz, el desarme, los derechos humanos, entre ellos, los laborales (que eviten las asimetrías salariales y de ingresos y el pleno respecto a derechos y conquistas obreras), ambientales y culturales para un desarrollo justo y sustentable.
Más de 50 organizaciones por la justicia comercial, sindicatos y movimientos sociales lanzan campaña contra los acuerdos comerciales tóxicos entre la UE y América Latina.
Hoy, más de 50 organizaciones y movimientos sociales de 17 países de América Latina y la Unión Europea se unen para lanzar una campaña que exige detener los tratados de libre comercio (TLC) entre ambas regiones. La campaña busca visibilizar la destrucción ambiental, la injusticia social, los riesgos para la salud y el aumento de las desigualdades que perpetúan estos acuerdos, y enviar un mensaje claro a quienes toman decisiones: ¡No más TLC! ¡Alto al Comercio Tóxico!
El lanzamiento responde directamente al reciente anuncio de la Comisión Europea de avanzar en la finalización de dos grandes acuerdos comerciales: el acuerdo ampliado UE-México y el acuerdo UE-Mercosur.
Este año marca el 25º aniversario del primer acuerdo comercial entre la UE y América Latina (con México). Las organizaciones que apoyan esta campaña denuncian que, después de más de dos décadas, las promesas de prosperidad y desarrollo mutuo no se han materializado. En cambio, estos acuerdos han profundizado las asimetrías entre Europa y América Latina. Han impulsado modelos económicos insostenibles basados en el extractivismo, la degradación ambiental y la prioridad de las ganancias empresariales por encima de los derechos humanos, la biodiversidad y los medios de vida locales. Ya basta.
La campaña se desarrollará en al menos 17 países y en 6 idiomas a través de múltiples plataformas digitales, con el objetivo de mostrar lo que estos acuerdos han significado para el sector agrícola, la industria, las condiciones laborales, el medio ambiente, la salud y el acceso a los servicios básicos. Resaltará las experiencias vividas y las investigaciones de comunidades directamente afectadas por estos tratados. Desde la deforestación en la Amazonía y la contaminación por operaciones mineras, hasta la pérdida de la agricultura a pequeña escala y la erosión de los derechos laborales: la campaña amplifica voces que durante mucho tiempo han sido ignoradas por los negociadores comerciales.
Los objetivos de la campaña son:
Tras 25 años de promesas incumplidas y creciente control corporativo, nuestro mensaje es claro: Estos acuerdos son tóxicos. Son injustos. Son insostenibles. Desde ambos lados del Atlántico decimos: ¡Alto al Comercio Tóxico!
Más información aquí: https://europeantradejustice.org/stop-toxic-trade-deals-campaign/
Les compartimos este informe realizado por Ramón Vera Herrera sobre la defensa del maíz nativo y el T-MEC – A abril 2025
El 20 de diciembre de 2024 llegó el fallo del Panel Intergubernamental constituido de acuerdo al Capítulo 32 del Tratado entre México Estados Unidos y Canadá, T-MEC (o USMCA, como le llama el gobierno de Estados Unidos), relacionado con el diferendo sobre la importación del maíz transgénico procedente de Estados Unidos a nuestro país.
Según nota de La Jornada,“El gobierno de México, a través de las secretarías de Economía y Agricultura y Desarrollo Rural, manifestó que ‘no comparte la determinación del Panel’) […] sobre maíz genéticamente modificado, al concluir que las medidas aplicadas para evitar el uso para consumo humano e importación de maíz transgénico en el país, no se basan en evidencia científica”. Sin embargo, des- tacaron que “a pesar de ello, el gobierno de México respetará la determinación, ya que el sistema de solución de controversias del T-MEC es una pieza clave de dicho tratado”.
Ambas dependencias refrendaron su compromiso de “proteger la diversidad genética de los maíces nativos de México” y expresaron su coincidencia con las iniciativas que se discutirán en el Congreso en 2025 para prohibir la siembra de maíz genéticamente modificado en territorio nacional”.
Este fallo —que determinó que México debe aceptar la importación de maíz desde Estados Unidos sea de la naturaleza que sea— no es ninguna sorpresa. Hemos ido comprendiendo lo que entrañan los tratados de libre comercio desde la instalación del primero en los recientes tiempos modernos —el famoso TLCAN cuya puesta en efecto detonó el levantamiento zapatista en 1994 y estableció nuevos candados económicos y políticos mundiales. Años después, entre 2011 y 2014, en México se juzgaron los tratados y sus efectos en un proceso civil internacional con la intervención del Tribunal Permanente de los Pueblos. Tras una movilización desde abajo, de cuidadosa sistematización en más de 22 entidades del país y en cientos de localidades donde se llevaron a cabo talleres, preaudiencias y audiencias, se arribó a una gran audiencia final donde la sistematización llegó a claridades importantes para el futuro que es hoy.
En México, el Tribunal Permanente de los Pueblos llegó a un entendimiento de lo que son los tratados de libre comercio al desnudarlos como instrumentos de desvío de poder utilizados como modo de doblegar a los países que se embarcan en ellos. En la sentencia final, afirman los jurados:
Los tratados de libre comercio forman parte de un entramado jurídico-político de dominación. No hay cruce de caminos entre los derechos humanos y los derechos corporativos; hay una profunda ruptura de la jerarquía y de la pirámide normativa del sistema de protección de los derechos humanos. Es crucial comprender que el TL- CAN y las otras instituciones neoliberales no están diseñadas para promover el bien social […] Son acuerdos que elevan el estatus legal de los grandes inversionistas y simultáneamente vinculan el poder económico del Estado a sus intereses, a la par que erosionan el compromiso y las opciones de los Estados nacionales para proteger a la ciudadanía. Un propósito central de estos tratados comerciales ha sido desarmar a los pueblos despojándolos de las herramientas de identificación, expresión, resistencia y capacidad transformativa que puede brindarles la soberanía nacional y la existencia de un Estado legítimo. En el caso de México, el desarme del Estado frente a los intereses corporativos internacionales ha adquirido características trágicas. La amputación de la soberanía económica comenzó hace mucho, a través de diversos mecanismos.
Comenzamos saliéndonos del camino para dejar sentado el criterio con el que procedemos a entender lo ocurrido en el panel de controversias en torno al maíz que confrontó a México con el lobby de grandes agricultores y funcionarios estadounidenses. No podemos enredarnos en una discusión que se queja del resultado del fallo pero no cuestiona las reglas sesgadas con las que se está entrando a la controversia. Si los tratados de libre comercio son instrumentos de desvío de poder y han jugado con su influencia y sus condicionantes para someter a los gobiernos a su dominio —que le abren margen de maniobra a las corporaciones mientras le cierran caminos jurídicos a la sociedad civil y a los mismos gobiernos para impedir que se defiendan como es debido haciendo uso de sus potestades para ejercer sus propias reglamentaciones, leyes y políticas públicas—, salirnos del camino nos permitió ver desde otros ángulos y otro foco lo que ocurrió en el panel que concluyó el 20 de diciembre. Hace 12 años, el Tribunal Permanente de los Pueblos había afirmado en su sentencia relativa al maíz:
En esta visión, que asumimos, los TLC son matrices de gobierno sustitutas que suplantan la legalidad de los Estados en todos los órdenes de la vida. Acuerdos, que pueden llamarse de cooperación o comercio o culturales o de transferencia tecnológica, pero que en el caso de las actividades agropecuarias, de pesca, pastoreo y producción rural de alimentos, establecen una serie de normas, criterios, requisitos, están- dares, procedimientos, programas, proyectos y asignación de presupuestos, incluida la gestión de vastos segmentos de la actividad gubernamental como lo es la gestión y administración del agua, la sanidad alimentaria, las normas de calidad y sobre todo la competencia de los tribunales para dirimir asuntos cruciales, que implican que la normatividad que prevalece es la derivada de acuerdos comerciales o de cooperación, en detrimento de la legalidad nacional y de los derechos de la población.
En ese contexto cargado de precisiones, un primer punto es que el Panel en cuestión alega que México no presentó evidencias científicas que le confirieran razón a la prohibición de que México importe maíz transgénico.
El contrapunto de esta afirmación es que el 28 de septiembre de 2024, México presentó el Expediente Científico sobre el Maíz Genéticamente Modificado y sus Efectos: Efectos del maíz GM sobre la salud humana, el ambiente y la diversidad biológica, incluida la riqueza biocultural de los maíces nativos en México, que elaboró Conhacyt durante varios años, y que reúne suficientes evidencias científicas para demostrarle a Estados Unidos que no tiene razón. “El estudio en cuestión es sin duda la sistematización más acuciosa y detallada que se ha podido generar y publicar por parte de una instancia oficial como el Conahcyt. Sorprende la profusión de estudios, datos y evidencias, de aspectos técnicos y científicos indispensables para entender los efectos del maíz GM sobre la salud humana y el ambiente. Igualmente sorprende la cantidad de referencias de todo tipo de publicaciones, páginas, journals, que dan cuenta del nivel de detalle que está incluido y considerado en el Expediente”.
Un comentarista de la política mexicana comentó, “éste es un manual, incluso didáctico, para emprender el entendimiento, la crítica y el activismo contra los maíces transgénicos y el glifosato y los agroquímicos en México”.
Este amplio estudio fue realizado ex-profeso para responder debidamente “a una petición de la Subsecretaría de Comercio Exterior como parte de la colaboración del Conahcyt en la atención a la controversia sobre el maíz transgénico en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Lo anterior, con fundamento en el artículo 63, fracción I de la Ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación”, como consta en la página 152 del Expediente.
El documento enhebra su fundamentación política haciendo la historia a partir de la aparición de los primeros OGM, cuando prácticamente no aparece evidencia científica “de que los OGM carezcan de efectos negativos para la salud humana, para la integridad del ambiente y la diversidad biológica”. En sentido contrario, la comunidad científica comprometida y preocupada, sigue insistiendo “en los riesgos potenciales y en los daños sobre el futuro del maíz y los daños a las personas”. por- que lo que sí hay es “un corpus científico que ha mostrado que la transgénesis es una tecnología imprecisa con efectos no esperados ni deseados; en especial, se han demostrado los riesgos y daños que implica”.
Sin embargo, el establishment académico ha logrado controlar que no exista un consenso científico sobre la seguridad del consumo humano o animal y de la liberación al ambiente de los cultivos transgénicos, lo que es muy extraño.
Aun cuando en el año 2000, los cultivos GM de maíz Bt y soya HT ya habían dado el salto a ser adoptados en la siembra comercial estadunidense (contabilizada por el porcentaje de hectáreas sembradas de estos cultivos), “todavía no era posible encontrar en la literatura científica estudios realizados por empresas de biotecnología que mostraran la seguridad o ausencia de toxicidad de los transgénicos, accesible a los ojos y escrutinio de la comunidad científica internacional”. El expediente insiste en esta situación y dice:
Tampoco se tenía información sobre los efectos a largo plazo, pero, según un grupo de expertos convocados por la OMS y la FAO, “La evaluación de seguridad previa a la comercialización ya garantiza que el alimento (GM) es tan seguro como su homólogo convencional”. Desde entonces se reportó una falta de transparencia por parte de las autoridades regulatorias en EUA respecto a las evaluaciones de riesgo y las pruebas científicas de inocuidad y seguridad de los OGM.
El documento enfatiza (y deconstruye con casos concretos) las implicaciones de introducir maíz GM en poblaciones y variedades de maíz nativo, y las consecuencias negativas “en los ámbitos ambiental, biocultural, social, económico y político”. Esto lo han demostrado diversas investigaciones científicas, de “personas científicas libres de conflictos de interés”.
El daño ambiental se ha demostrado, pero también el daño “en la salud de animales de laboratorio y de granja, principalmente en los órganos de sus sistemas re- productivo y digestivo; así como reacciones inmunológicas y alérgicas exacerbadas, aumentos en las tasas de mortalidad y desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas, con énfasis en el desarrollo de cáncer”.
Pero el panel de controversias del T-MEC no parece reconocer que el maíz trans- génico está indisolublemente ligado a plaguicidas altamente peligrosos que forman parte del paquete tecnológico asociado a su cultivo. Las personas y animales que consumen alimentos con ingredientes agrotóxicos ligados a este OGM, se exponen a sus perniciosos efectos; “en especial, los del glifosato que ha demostrado, aún a dosis bajas, tener efectos carcinogénicos, por diversas vías; actuar como disruptor endócrino y alterar los sistemas reproductivos”, además de provocar “diversas enfermedades metabólicas y afectaciones en distintos órganos y sistemas”. Sin duda entonces, el Expediente es un dossier científico-técnico y no tiene una fácil lectura porque la revisión dedicada de cada lector o lectora implica horas de seguirle la pista a todas las tramas abiertas. Tal vez podría haberse enriquecido con muchos más aspectos sociales y políticos que las comunidades y los grupos interesados pulsan desde sus regiones o a nivel nacional en defensa del maíz. Esto lo veremos más adelante en otros de los meandros de este caudal.
Porque Estados Unidos va a descalificar como no científico todo lo que no le con- venga. De acuerdo a Raymundo Espinoza, “el mensaje político es muy fuerte, pues prácticamente el Panel le dice a México que en casa puede sembrar lo que guste (maíz no transgénico nativo o no nativo), pero que no puede restringir unilateral- mente las importaciones de maíz transgénico ni acotar su uso final. Más todavía, si bien el fallo no pretende demostrar que el maíz transgénico o el glifosato sean inocuos, lo cierto es que les hace buena propaganda y apología”
Es como le dice Humpty Dumpty a Alicia en A través del espejo: no importa lo que se dice, lo que importa es saber quién manda. Y es claro que EUA ejerce el USMCA para doblegar a México y santificar el tratado de libre comercio: el T-MEC. Ya hace poco más de un año la organización internacional GRAIN cuestionaba al gobierno estadunidense afirmando: “Para Estados Unidos, el decreto de 2020 fue suficiente para activar las alarmas y cuestionar que México prohíba, aun de modo paulatino, la importación de maíz GM y el uso del glifosato. Después de todo, Estados Unidos es la fuente principal de las importaciones mexicana de maíz (y 90% de la producción maicera estadounidense es GM)”. Porque la industria insiste en que el glifosato en particular no es nocivo. GRAIN salía al paso de la postura estadunidense, y del establishment científico en el mundo, por lo que parece una ceguera artificial y sesgada. Decía GRAIN:
Preocupa su insistencia en que México no ha mostrado evidencias de que los OGM ocasionen efectos nocivos a la salud aunque existan archivos inmensos de evidencias que México ha puesto a disposición. El 2, 9, 16 y 23 de mayo de 2023 México convocó a un Foro para evaluar los efectos de los OGM sobre la salud humana con impresionante presencia internacional, pero esto no parece conmover al lobby científico estadounidense y/o mundial. La tecno-ciencia corporativa tiene literalmente controlada a la academia, a las revistas científicas y a los medios que no permiten un debate respetuoso. En México hay fuerzas grandes de su lado, como el entonces secretario de Agricultura mexicano, Víctor Villalobos, antiguo colaborador de Monsanto.
Con mucha claridad, este dossier resulta una sistematización decantada de inmensos archivos de evidencias compendiadas en un documento legible y que cumple los estándares de cualquier tipo de ciencia. Extraña entonces que dicho informe desapareció de la página que lo publicó.
Tras su presentación en Cencalli (La Casa del Maíz, un espacio gubernamental), cuando se hizo público, el documento tardó en subir a la página de la Cibiogem (se subió el 25 de octubre) y fue eliminado de la página el 27 de octubre.
¿Cuál es la razón de eliminar un expediente que a todas luces sistematiza todo eso para lo que, alegan, México no tiene pruebas? Por eso, mientras se aclara la desaparición del documento y se repone en su página original, puede consultarse en biodiversidadla.org .
T-MEC y maíz. Imposición, gesticulaciones y la resistencia de los pueblos se realiza gracias a la solidaridad de Both ENDS, una organización de la sociedad civil holandesa, liderada por sus alianzas en el Sur Global, que apoya a las comunidades locales a tomar decisiones sobre sus vidas y ecosistemas, señalando políticas e inversiones que no favorecen a las personas ni al planeta.
– Para descargar el informe completo (PDF), haga clic en el siguiente enlace:
T-MEC y maíz. Imposición, gesticulaciones y la resistencia de los pueblos
Les compartimos el siguiente comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA – A 15 de abril del 2025
Hace unos días, en respuesta al anuncio del presidente de Estados Unidos, D. Trump sobre el alza de aranceles, la presidenta C. Sheinbaum y el secretario de Economía M. Ebrard, presentaron 18 acciones para reforzar el Plan México y el mercado interno mexicano. Dentro de estos puntos destacan iniciativas anunciadas como un “fortalecimiento de la soberanía alimentaria y energética”, así como la expansión de la infraestructura de transportes (trenes de pasajeros, carreteras, ampliación de puertos y aeropuertos), la construcción de vivienda y el fortalecimiento de algunas actividades industriales para el mercado interno (automotriz, semiconductores, baterías, acero y aluminio, farmacéutica, textil, calzado entre otras).
Como ya lo habíamos señalado en un comunicado anterior donde presentamos un análisis sobre el “Extractivismo en el Plan México”, expresamos nuestra preocupación ante las acciones impulsadas por dicho plan, las cuales podrían ampliar y profundizar exponencialmente —de manera directa e indirecta— el modelo extractivo que históricamente ha impactado los territorios en todo el país. Hoy, reiteramos nuestro llamado de alerta sobre dos aspectos específicos de esta política que, desde REMA, consideramos especialmente preocupantes:
“Ampliar la autosuficiencia energética”: El riesgo de reactivación del fracking en México y del incremento en la extracción de minerales
La segunda acción presentada pretende “Ampliar la autosuficiencia energética”, algo que se pretende hacer reduciendo las importaciones de gas natural desde EE. UU., al tiempo que se impulsan nuevos proyectos de centrales eléctricas de la CFE y de actores privados (principalmente centrales de Ciclo Combinado que funcionan con gas metano, así como parques eólicos y/o fotovoltaicos), a la vez que se amplían las redes de transmisión y distribución eléctrica.
La REMA, consideramos que si bien en el contexto geopolítico actual resulta efectivamente importante actuar para reducir la dependencia energética del país, particularmente la subordinación del sistema energético mexicano hacia los intereses estadounidense -recordemos que actualmente México importa de su país vecino el 86% del gas que consume para producir electricidad y abastecer algunas industrias[1]-, la estrategia que plantea el gobierno no es alentadora para los movimientos sociales contra el extractivismo. El discurso oficial argumenta que esta posible reducción de las importaciones de gas metano desde EE.UU. se compensará con un aumento de la producción de gas a nivel nacional a través de “la recuperación sustentable de gas”. Sin embargo, aumentar significativamente la producción de gas metano en México sólo parece técnicamente viable con la reactivación de proyectos de fracturación hidráulica, algo opuesto a cualquier idea de “técnica sustentable” debido a todos los impactos socioambientales que eso implica, y que contraviene las promesas y posturas que durante las campañas C. Sheinbaum y AMLO manifestaron sobre su oposición al fracking y el estar a favor de prohibir esta actividad en México. De la misma forma, la construcción de nuevas centrales eléctricas significa también una expansión del modelo extractivo. Esto porque invariablemente, las nuevas centrales de Ciclo Combinado de la CFE aumentarán la demanda de gas, mientras que, por otro lado, las centrales “renovables” a construir requieren de grandes cantidades de minerales (principalmente hierro, cobre, aluminio y distintas tierras raras para parques eólicos y fotovoltaicos).La ampliación de las redes de transmisión y distribución eléctrica, para conectar al sistema eléctrico nacional todas estas nuevas centrales y también todos los nuevos sitios de consumo (nuevos parques industriales anunciados, nuevas zonas turísticas, centros de carga para coches eléctricos, etc.), requiere a si vez de grandes cantidades de cobre, lo que nos parece bastante preocupante con todo los antecedentes de despojo y de contaminación relacionados con su extracción en México.
Es erróneo proyectar la autosuficiencia energética de México con base en la ampliación de la frontera extractiva del gas, o construyendo más centrales eléctricas para buscar mantener a flote los mismos patrones de producción industrial y de consumo. Una verdadera política de izquierda sería reducir significativamente los grandes consumos energéticos, relacionados principalmente con actividades industriales de gran escala. Mismas que hoy están siendo promovidos como “polos de desarrollo para el bienestar”.
“Fortalecer industrias para el mercado interno”: El riesgo de aumentar la explotación de los bienes naturales y sociales, así como la creación de nuevas zonas de sacrificio
Si bien es importante fortalecer procesos de producción locales y disminuir las importaciones de una gama cada vez más amplia de productos provenientes de territorios cada vez más lejanos, dados los costos ambientales y de sobreexplotación de la fuerza de trabajo que estas cadenas de producción mundial usualmente conllevan, lo que el gobierno llama “sustitución de cadenas de producción global” es un ejercicio que puede ser también bastante peligroso y engañoso. El gobierno anunció el aumento en la producción de la industria petroquímica, farmacéutica, de fertilizantes y textil, lo que implica ineludiblemente una mayor explotación de recursos naturales, principalmente el agua, y un gran aumento de los desechos relacionados con esas industrias, con los problemas de contaminación al agua, la tierra y el aire que eso genera. Algunas de las industrias que se pretenden fortalecer tienen una relación directa con el modelo extractivo minero, como es el caso de la industria del acero y aluminio, en la cual se anuncia inversiones en nuevas plantas. Una de ellas es una planta de transformación de aluminio que se pretende desarrollar en Asunción Ixtaltepec (Oaxaca) en uno de los mal llamados “Polos de desarrollo para el bienestar” del Corredor Interoceánico. También el sector minero resulta fundamental para el objetivo de “fortalecer la producción de semiconductores, baterías y otros componentes relacionados con la industria automotriz”. Eso se relaciona con el Plan Sonora, y la extracción de minerales como litio, silicio, azufre, boro o cadmio, y también con el desarrollo de nuevos parques industriales en la zona norte y centro del país (Bajío).
La ecuación simplista que respalda este modelo de supuesto desarrollo basado en el principio de a más industrias, más trabajo, es una postura que elude la verdadera discusión sobre trabajos con condiciones de vida dignas, así como sobre los costos reales de la industria, que debe incluir una valoración real de todas las implicaciones y los riesgos socioambientales de estas actividades, mismos que generalmente son invisibilizados y “externalizados”. Repetir un modelo basado en el principio de “entre más industria, más empleo”, no permite reconocer las implicaciones ambientales, sociales y políticas de la profundización del modelo maquilador y su expansión hacia nuevos territorios, que se asocian generalmente con un aumento de la violencia y de la presencia de redes de macrocriminalidad, con procesos de explotación de los cuerpos como fuerzas y mercancías laborales lícitas e ilícitas. Si bien esta propuesta de desarrollo y de fortalecimiento del mercado interno puede generar cierto derrame económico y la generación de empleos, está estrechamente asociada con una sobreexplotación de los bienes naturales y sociales que terminará creando nuevas zonas de sacrificio y desplazamientos de poblaciones que, por el agotamiento de sus bienes comunes, se ven forzadas a migrar o a incorporarse como fuerza de trabajo pauperizada en estos sectores.
El contexto geopolítico actual, y la nueva guerra comercial relacionada con los aranceles, pone a los gobiernos del mundo en una encrucijada donde las únicas dos opciones parecen ser: 1. Seguir manteniendo un modelo económico globalizado, que ha traído consigo despojo, desplazamiento forzado, destrucción ambiental y violencia, y ha sido sumamente injusto y depredador a nivel mundial, o 2. Apostar hacia proteccionismos económicos y repliegues nacionalistas, con sus posibles derivas fascistas, sin que eso implique un cuestionamiento o una paulatina salida del modelo extractivo.
Al modelo extractivo no le preocupa mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Le interesa sobre todo el lucro, el usufructo despiadado de los territorios, teniendo como moneda de cambio el brutal empobrecimiento y desgarramiento social y geográfico de las comunidades.
Desde la REMA creemos que, si bien el contexto mundial actual es complejo, existen otras opciones. Otros modelos económicos y de desarrollo que apuestan hacia las necesidades reales de reproducción de los pueblos y no del capital. Eso no pasa por decisiones políticas arbitrarias tomadas desde arriba para “salvar o proteger economías nacionales”, sin cuestionar el modelo económico y de consumo que las sostiene, sino que se construye con debates horizontales y permanentes, sobre los valores de uso necesarios para cada comunidad o localidad, sobre la pluridimensionalidad de la palabra “bienestar” lejos de su sentido extractivo e industrializado. Por redefinir lo esencial desde y para los pueblos.
Para más información:
[1]GeoComunes (2025). ¿Qué impulsa la expansión de plantas de licuefacción de gasmetano (GNL) en México? https://geocomunes.org/Visualizadores/GNL-Mexico
Compartimos este documental publicado en el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A febrero 2025
Realizado por iniciativa de comunidades indígenas de la Amazonia, el documental reúne experiencias, reflexiones y testimonios de Pueblos Indígenas y comunidades tradicionales que decidieron decir NO a REDD y otros proyectos de carbono, a los que identifican como una amenaza para sus territorios y culturas.
Realizado en 2024 por la iniciativa de comunidades indígenas de la Amazonia, el documental reúne experiencias, reflexiones y testimonios de Pueblos Indígenas y comunidades tradicionales que decidieron decir NO a REDD y otros proyectos de carbono, a los que identifican como una amenaza para sus territorios y culturas.
Asimismo, cuestiona la lógica capitalista, racista y colonial de estos proyectos, que buscan utilizar los bosques históricamente protegidos por las comunidades para lavar la imagen de empresas contaminantes y generar ganancias.
Disponible en portugués. Próximante, en inglés, francés e indonesio.
Compartimos este comunicado de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre el T-MEC y su impacto en la agricultura de México en especial sobre la producción de Maíz – A 3 de febrero del 2025
Washington D.C. – Mientras México responde hoy al fallo del panel de disputas comerciales de que sus restricciones al maíz transgénico violan el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC, por sus siglas en español), una declaración respaldada internacionalmente y firmada por 10,268 individuos y 698 organizaciones apoya a México en su defensa de la soberanía alimentaria, la salud pública, la integridad ambiental y los derechos indígenas.
Como Amigos de la Tierra Estados Unidos demostró en sus comentarios científicos formales al tribunal comercial del T-MEC, México tiene amplias razones para preocuparse por la inocuidad del maíz transgénico dado el gran consumo diario de la población de productos de maíz mínimamente procesados como las tortillas. Los riesgos para la salud relacionados con el maíz transgénico y los herbicidas que resiste incluyen daños reproductivos, del desarrollo, neurológicos, metabólicos, del microbioma y del tracto gastrointestinal. La petición afirma que el gobierno democráticamente elegido de México debería tener derecho a tomar medidas para proteger a su población, a los agricultores locales, el desarrollo económico y el medio ambiente de los riesgos que plantea el maíz transgénico importado de Estados Unidos.
El tribunal no rechazó ni refutó esas pruebas y, en cambio, se centró en tecnicismos: reprochó a México por no haber seguido los procedimientos adecuados al realizar una evaluación previa de riesgos en consulta con los socios comerciales. En cambio, los aranceles del presidente Trump -que entraron en vigor el 1 de febrero- son medidas comerciales mucho más perjudiciales económicamente aplicadas sin ningún tipo de consulta previa. El mundo está pendiente de esta hipocresía.
La coalición mexicana Sin Maíz No Hay País afirma: “Un panel comercial no tiene legitimidad ni capacidad para evaluar las medidas adoptadas por un país para proteger la salud de su población, preservar su riqueza biocultural y salvaguardar el reservorio genético de un cultivo que, por su volumen de producción y diversidad de usos, es el más importante del mundo. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia un acuerdo comercial puede estar por encima de la soberanía de México”.
Consulte la declaración completa y la lista de organizaciones firmantes de EE.UU., Canadá, México y otros países aquí.
Contacto: Kendra Klein, Amigos de la Tierra EE.UU, kklein@foe.org
Compartimos esta petición lanzada por Amigos de la Tierra sobre el T-Mec y su impacto en el maíz transgénico fecha limite para firmar 30 de enero – A 15 de enero de 2024
Declaración abierta: fecha límite para firmas de organizaciones o personas: 30 de enero
Estados Unidos y Canadá no deben obligar a los mexicanos a comer tortillas transgénicas
A la luz del fallo del 20 de diciembre del tribunal del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) a favor de Estados Unidos y Canadá y en contra de México en la disputa sobre el maíz genéticamente modificado, las personas y organizaciones que figuran a continuación expresamos nuestra indignación.
La decisión socava la soberanía alimentaria de México. El gobierno democráticamente elegido de México debería tener derecho a tomar medidas para proteger a su pueblo, a los agricultores locales, el desarrollo económico y el medio ambiente de los riesgos que plantea el maíz transgénico importado de Estados Unidos. No se debe permitir que Estados Unidos utilice el acuerdo comercial T-MEC como arma para socavar las políticas nacionales, especialmente cuando tienen poco impacto en el comercio.
Al fallar a favor de Estados Unidos, el panel ignoró las numerosas pruebas científicas presentadas por México y otros países sobre los riesgos para la salud pública, el medio ambiente y las culturas indígenas que plantea el maíz transgénico
● Los residuos de plaguicidas y los compuestos insecticidas genéticamente modificados del maíz transgénico se han relacionado con una amplia gama de graves consecuencias para la salud, como daños en el tracto gastrointestinal humano, alteración de la función renal, desencadenamiento de respuestas inmunitarias y posiblemente nuevas alergias alimentarias, y aceleración de tendencias ya preocupantes en la frecuencia de sobrepeso, obesidad, enfermedades renales y diabetes;
● EE.UU. y Canadá no aportaron pruebas de que el maíz transgénico que EE.UU. exporta a México sea inocuo para el consumo en niveles elevados;
● Los niveles de exposición de la población mexicana serían órdenes de magnitud superiores a los de EE.UU., dado que los alimentos a base de maíz representan aproximadamente el 60% de la ingesta calórica diaria en México;
● El maíz transgénico podría contaminar el rico acervo de variedades autóctonas de maíz, fundamentales para la dieta, la cultura, el paisaje y la cosmovisión de los mexicanos.
Al fallar a favor de EE.UU., el panel de disputas comerciales pone de relieve la ilegitimidad del propio acuerdo comercial, redactado, y ahora adjudicado, para servir a los intereses corporativos por encima de los derechos de la población de Norteamérica a un suministro de alimentos seguros y saludables, un medio ambiente limpio y la soberanía alimentaria.
Estamos con México en su defensa de la soberanía alimentaria, la salud pública, la integridad medioambiental y los derechos indígenas. Rechazamos el uso ilegítimo de un acuerdo comercial para socavar esos objetivos. Como afirma la coalición mexicana Sin Maíz No Hay País:
«Un panel comercial no tiene legitimidad ni capacidad para evaluar las medidas adoptadas por un país para proteger la salud de su población, preservar su riqueza biocultural y salvaguardar el reservorio genético de un cultivo que, por su volumen de producción y diversidad de usos, es el más importante del mundo. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia un acuerdo comercial puede estar por encima de la soberanía de México.»
Contexto: https://shorturl.at/yfjv7
Organizaciones firmados:
(MEXICO): Campaña Sin Maiz No Hay País, Poder del Consumidor, Alianza por la Salud Alimentaria, Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM) A.C., (Pesticide Action Network, Mexico), Fundación Semillas de Vida, Via Organica, Asociación de Consumidores Orgánicos, Red de Maíz, Alianza por nuestra tortilla, Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), COMCAUSA AC, Mercado Alternativo, Colectivo Zacahuitzco, Alianza por la Salud Alimentaria, Grupo de Estudios Ambientales (GEA), Grupo Vicente Guerrero, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), FIAN Mexico, (CANADA): Trade Justice Group of the Northumberland Chapter of the Council of Canadians, Canadian Biotechnology Action Network (CBAN), National Farmers Union, (USA): Alianza Nacional de Campesinas, Center for Food Safety, Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), Friends of the Earth U.S.
Les compartimos el nuevo informe de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo sobre las instituciones financieras que invierten en proyecto que contribuyen a la represión y violación de derechos humanos – A 4 de diciembre del 2024
En todo el mundo, las instituciones financieras de desarrollo (IFD) están invirtiendo mucho en contextos muy represivos, donde la gente no puede expresar públicamente sus preocupaciones y los grupos de la sociedad civil no pueden actuar libremente. «Financiar la represión: Por qué los bancos de desarrollo deben replantearse la financiación en países que bloquean las libertades cívicas» combina análisis cuantitativos de las inversiones de las IFD y estudios de casos para
4 de diciembre de Este mes, el Banco Mundial está listo para votar un proyecto potencialmente catastrófica que implica desplazar a unas 60.000 personas, en uno de los países más represivos del mundo. La represa Rogun en Tayikistán es uno de los ejemplos más flagrantes de cómo los bancos de desarrollo a menudo dan prioridad a sus propios intereses estratégicos sobre los derechos humanos, ignorando severas restricciones a las libertades cívicas en sus países de operaciones. Lamentablemente, sin embargo, este caso dista mucho de ser único.
De acuerdo con el informe – Represión de Financiamiento – publicado por la Coalición para los , el Sistema de Alerta Temprana (EWS) y el Proyecto de Rendición Internacional de Rendición (IAP) – Los bancos de desarrollo están financiando proyectos multimillonarios en contextos altamente represivos, donde la gente no puede expresar públicamente sus preocupaciones y los grupos de la sociedad civil no pueden operar libremente.
En el documento, las consultas con las comunidades afectadas son un requisito clave para los proyectos financiados con bancos de desarrollo. Pero cómo pueden los bancos garantizar la participación pública, en los países donde la opinión equivocada puede llevarte a la cárcel o donde la gente ni siquiera se atreve a hablar, ya que tienen demasiado miedo de hacerlo, dice Mark Fodor, Coordinador de la campaña de Defensores en el Desarrollo.
Financing Repression. utiliza datos de la base de datos dirigida por la sociedad civil Sistema de Alerta Temprana para analizar las inversiones de los bancos de desarrollo en países marcados como con espacio cívico cerrado (según datos de CIVICUS Monitor).
Algunos hallazgos clave incluyen:
Los datos revelados en este informe son extremadamente preocupantes, dice Ryan Schlief, director ejecutivo de IAP. Los millones están siendo canalizados a los países más represivos del mundo, y esto es sólo la punta del iceberg. Afortunadamente, a menudo falta transparencia y se detallan todos los detalles sobre la cantidad invertida y el uso específico de los fondos proporcionados sigue sin estar disponible.
El informe incluye cinco estudios de casos (Azerbaiyán, Egipto, Tayikistán, Uzbekistán y Vietnam), que ilustran cómo las restricciones del espacio cívico plantean graves riesgos para los defensores de los derechos humanos y las comunidades que hablan sobre proyectos de desarrollo.
En estos contextos, cuando los proyectos de desarrollo en estados autoritarios no se alinean con las necesidades de las comunidades locales o cuando conducen a impactos dañinos, hay poco espacio para que las personas afectadas hagan oír su voz, dice Umida Niyazova, del Foro uzbeko de Derechos Humanos.
Entre los grupos de la sociedad civil, hay diferentes perspectivas sobre si las instituciones financieras y las instituciones financieras internacionales deben invertir en tales contextos o no, y en qué condiciones. Sin embargo, todos apuntan a la necesidad de que los bancos de desarrollo extremen la precaución extrema.
Los bancos de
– Reasentamiento adicional de 50.000 personas para construir la represa Rogun en Tayikistán, un país con un historial muy problemático en materia de derechos humanos – contradice directamente las políticas de salvaguardia de la mayoría de las instituciones de financiación del desarrollo. Opciones alternativas, como la construcción de una presa más baja y la rápida instalación de paneles solares, podrían servir mejor a las necesidades de Tayikistán y evitar reasentamientos adicionales. Sin embargo, a favor de la actual propuesta de proyecto, el Banco Mundial y los demás financiistas están estimulando una silenciosa crisis humanitaria, en un país donde la gente ni siquiera se atreve a hablar. (Eugene Simonov, Coordinación de los Ríos sin Coalición Internacional de Límites)
Cuando los proyectos de desarrollo en estados autoritarios no se alinean con las necesidades de las comunidades locales o cuando conducen a impactos dañinos, hay poco espacio para que las personas afectadas hagan oír su voz. Los bancos carecen de mecanismos eficaces (tanto durante el diseño como en las etapas de aplicación) para colaborar significativamente con las partes interesadas, en contextos en los que las libertades de asociación y expresión están tan restringidas que las personas tienen demasiado miedo de expresar sus preocupaciones. Además, los bancos han demostrado que están mal equipados para responder a las represalias contra los trabajadores y los monitores, dejando un vacío de información en el que los derechos pueden ser violados con impunidad. (Umida Niyazova, Foro de Uzbekistán sobre Derechos Humanos)
El informe será presentado durante un seminario web el 4 de diciembre (más información e inscripción aquí). Entre los panelistas tendremos:
Para más información, póngase en contacto con Lorena Cotza (Comunications Lead, Coalition for Human Rights in Development) – lcotza.rightsindevelopment.org (39 3285761056)
El informe ha sido aprobado por 37 organizaciones de todo el mundo. El informe es una iniciativa colectiva de la Campaña de Defensores para el Desarrollo (proyecto auspiciada por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo), que se dedica al fomento de la capacidad y la acción colectiva para asegurar que las comunidades y los grupos marginados tengan la información, los recursos, la protección y el poder para dar forma, participar o oponerse a las actividades de desarrollo, y responsabilizar a los financiadores del desarrollo.
Los coautores principales son:
Compartimos esta declaración donde nos sumamos sobre el tratado comercial UE-Mercosur – A 28 de noviembre del 2024
A solo una semana de un posible anuncio de un nuevo acuerdo político sobre el tratado comercial UE-Mercosur, +400 organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, centros de pensamiento y otros grupos sociales de América Latina y la Unión Europea, representando a millones de personas de los dos lados del Atlántico, exigen el fin de las negociaciones del acuerdo comercial UE-Mercosur. Lo califican como un “acuerdo tóxico” que sacrifica a las personas, la democracia y el planeta por los beneficios corporativos.
Falta de democracia y transparencia
Negociado a puertas cerradas durante más de dos décadas, el acuerdo UE-Mercosur ha excluido la participación pública y la supervisión democrática, con la falta de transparencia de la Comisión Europea recibiendo condenas generalizadas, incluso de su propio Defensor del Pueblo. El protocolo adicional propuesto por el acuerdo no aborda las cuestiones ambientales y de desarrollo sostenible destacadas en una resolución del Parlamento Europeo en 2020.
«Los esfuerzos de la Comisión Europea por ‘dividir’ el acuerdo no son más que una toma de poder antidemocrática. Ignoraría intencionadamente los vetos de países individuales y las preocupaciones expresadas públicamente por quienes se ven más afectados: trabajadores, pequeños agricultores, comunidades indígenas y mujeres», afirma Julie Zalcman de Amigos de la Tierra.
El acuerdo socava la protección ambiental y los derechos humanos
El acuerdo perpetúa estructuras comerciales explotadoras, promoviendo prácticas agrícolas dañinas que amenazan el acceso a alimentos saludables, locales y justos, y desplazan a los agricultores locales y a las comunidades indígenas.
«El acuerdo UE-Mercosur es un veneno para la biodiversidad y las comunidades rurales en el Mercosur. Impulsará las exportaciones de pesticidas tóxicos desde Europa a los países del Mercosur, incluidos productos químicos prohibidos en la propia UE. Este acuerdo agrava las desigualdades sociales y ambientales, fomentará la deforestación, acelerará la crisis climática y violará los derechos humanos», afirma Francisco Vladimir Silva, de Jubileo Sur Brasil y la Frente Brasileña contra el acuerdo UE-Mercosur.
Sin acuerdo con líderes como Milei
En su declaración, las organizaciones firmantes también destacan el peligro de negociar con líderes y gobiernos en Argentina y Paraguay que niegan la crisis climática, mientras Brasil enfrenta sequías sin precedentes y los incendios forestales devastan los bosques de toda la región. En Argentina, las políticas económicas del actual presidente, Javier Milei, han sumido a millones en la pobreza, con derechos básicos restringidos y servicios públicos desmantelados.
Aunque los líderes de la UE dudaron en firmar un acuerdo con el expresidente brasileño Bolsonaro, parecen menos escépticos respecto al igualmente peligroso Milei, quien amenaza con abandonar el Acuerdo de París. En su declaración, las ONGs advierten:
“La combinación de las políticas desastrosas de Milei con este acuerdo comercial obsoleto es una receta para el desastre.”
Las organizaciones que suscribimos esta declaración de América Latina y la Unión Europea, nos unimos en el rechazo del acuerdo de asociación y comercio entre la UE y el Mercosur. Hacemos un llamado a los responsables políticos de ambos lados del Atlántico para que finalmente detengan este acuerdo comercial tóxico.
Negociado a puerta cerrada, este acuerdo carece de participación pública o escrutinio. Incluso el Defensor del Pueblo Europeo ha criticado la falta de transparencia de la Comisión Europea. Ahora, la Comisión está considerando cambiar el proceso de votación a través de
la “división” del acuerdo, lo que permitiría eludir los vetos de los países individuales. Cientos de organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios han condenado esta maniobra como un ataque a los procesos democráticos. Peor aún, los grupos más afectados, como los trabajadores, los pequeños agricultores, las comunidades indígenas y las mujeres, han sido excluidos de las negociaciones de este acuerdo, y, sin embargo, sufrirán sus peores efectos.
Un acuerdo tóxico para los pueblos y el planeta
Este acuerdo agravará el intercambio desigual entre el Sur y el Norte Global, perpetuando las estructuras comerciales neocoloniales. Promueve modelos agrícolas destructivos que desplazan a pequeños/as agricultores y comunidades indígenas, al tiempo que impulsan las exportaciones de agroquímicos tóxicos, incluido aquellos prohibidos en la UE. Estas prácticas agrícolas insostenibles, incluyendo la ganadería industrial, amenazan la soberanía alimentaria y el bienestar animal en ambas regiones.
Los y las trabajadores/as en los países del Mercosur sufrirán la pérdida de empleos y el empeoramiento de las condiciones laborales. Las mujeres perderán aún más en este sentido, ya que también son las más afectadas por la privatización de los servicios públicos promovida a través de los tratados de libre comercio (TLC). Los estudios muestran que el acuerdo representa graves riesgos económicos, profundizando aún más la desigualdad e impidiendo el desarrollo sostenible y la (re) industrialización en los países del Mercosur.
El ambiente también sufrirá. Ningún anexo ambiental puede mitigar el daño a largo plazo que causará este acuerdo; es un simple lavado verde. El acuerdo entre la UE y el Mercosur impulsará la deforestación, agravará la crisis climática y alejará a nuestras regiones de la justicia climática.
No más acuerdos con presidentes de extrema derecha que niegan la crisis climática
Este acuerdo se está negociando con gobiernos liderados por negacionistas de la crisis climática en Argentina y Paraguay, mientras que los bosques vírgenes -como resultado de la deforestación masiva para la agroindustria- arden, y Brasil sufre sequías sin precedentes.
En Argentina, el autoproclamado anarcocapitalista Javier Milei, quien es un miembro activo del movimiento global de extrema derecha, ha sumido al país en la miseria. La pobreza ha alcanzado niveles sin precedentes, y los derechos básicos están siendo aplastados. Las protestas por la justicia social son violentamente reprimidas, mientras que más del 60% de los niños argentinos pasan hambre y los servicios esenciales como la educación y la salud están siendo desmantelados. La combinación de las desastrosas políticas de Milei y este acuerdo comercial obsoleto es una receta para el desastre.
La geopolítica no se arregla con acuerdos comerciales neocoloniales
Los/as políticos/as que promueven este acuerdo para contrarrestar la influencia de China en la región del Mercosur están atrapados en una ideología de libre comercio que prioriza las ganancias corporativas sobre los pueblos y el planeta. Fortalecer los lazos, si bien es innegablemente necesario, requiere solidaridad, igualdad, cooperación, sostenibilidad y democracia, no profundizar las asimetrías comerciales. Esto es también cierto para la “modernización” de los tratados de libre comercio entre la UE y México, y la UE y Chile, ambos igualmente problemáticos.
La solución es clara:
Los responsables políticos de ambos lados del Atlántico deben cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos, sociales, climáticos y ambientales y detener estas negociaciones comerciales tóxicas de inmediato.
¡Otro comercio es posible, basado en la solidaridad, la democracia, la cooperación mutua y la igualdad!
¡Detengan el acuerdo UE-Mercosur AHORA!
La declaración completa y todos los firmantes se pueden encontrar aquí: https://europeantradejustice.org/eu-mercosur-nov2024/
Para más información, contactar a:
Francisco Vladimir Silva, Jubileo Sur Brasil y miembro del comité directivo de la Frente Brasileña contra el acuerdo UE-Mercosur // articulacao@jubileusul.org.br, +55 85 997036769 (PT, ES, EN)
Gaëlle Cau, Comunicación, Amigos de la Tierra Europa // gaelle.cau@foeeurope.org, +32 (0) 489 333 517 (EN, FR)
Julie Zalcman, Campaña de Comercio, Amigos de la Tierra Europa // julie.zalcman@foeeurope.org (EN, FR, ES)
Les compartimos este informe publicado por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM sobre Economía verde y los bonos de carbono – A septiembre 2024
Este informe brinda un panorama general de la expansión de las plantaciones de árboles destinadas a los mercados de carbono. Cómo son estas plantaciones, dónde están ubicadas, quienes se beneficia de ellas, cuáles han sido los impactos para las comunidades que viven en las tierras que ocupan estos proyectos y qué iniciativas internacionales se están llevando a cabo para impulsar las plantaciones de árboles como forma de compensar las emisiones de carbono.
Idiomas: English Español Français Português
El negocio de la compensación de emisiones de carbono ha demostrado ser un mecanismo muy eficaz para que las empresas se beneficien del caos climático, ya sea directamente –mediante la venta de créditos de carbono– o indirectamente – permitiendo que las empresas continúen con sus actividades basadas en combustibles fósiles. En la prisa por expandir este negocio, los proyectos de plantación de árboles han atraído a un número creciente de buscadores de ganancias, como los especuladores, consultores del carbono, empresas forestales y compañías petroleras. El resultado ha sido que las plantaciones de árboles destinadas a compensar emisiones de carbono plantean ahora amenazas cada vez mayores para las comunidades que dependen de la tierra.
Después de un impulso inicial alrededor de la década de 2000, presenciamos ahora una nueva ronda de iniciativas de plantaciones de árboles para el mercado de carbono. En los últimos tres años, el número de proyectos de plantaciones para mercados voluntarios de carbono ha aumentado más del doble. Estos proyectos no sólo crecieron en número sino también en escala. Los desarrolladores afirman que sus proyectos de plantación de árboles tienen uno de los índices promedio más altos de absorción/reducción de emisiones en comparación con otros tipos de proyectos.
Este informe brinda un panorama general de la expansión de las plantaciones de árboles destinadas a los mercados de carbono. ¿Cómo son estas plantaciones? ¿Dónde están ubicadas? ¿Quién se beneficia de ellas? ¿Cuáles han sido los impactos para las comunidades que viven en las tierras que ocupan estos proyectos? ¿Y qué iniciativas internacionales se están llevando a cabo para impulsar las plantaciones de árboles como forma de compensar las emisiones de carbono? Éstas son sólo algunas de las preguntas que se exploran en las siguientes páginas.
ÍNDICE
1. Carbono, tierra y árboles
1.1 Compensación de emisiones de carbono y árboles, en pocas palabras
1.2 Creación y comercialización de créditos de carbono
1.3 ¿Por qué la mayoría de los créditos de carbono son emitidos por proyectos basados en el uso de la tierra?
2. Plantaciones de árboles para los mercados de carbono
2.1 ¿Cuántos proyectos de plantación de árboles existen? ¿Qué tan grandes son?
2.2 ¿Dónde están ubicadas las plantaciones de árboles para el mercado de carbono?
2.3 ¿Quién se beneficia de los proyectos de plantación de árboles para el mercado de
carbono?
3. ¿Cuáles son los principales tipos de de plantación de árboles para el mercado de carbono?
3.1 Monocultivos de árboles a gran escala para el mercado de carbono en tierras de propiedad privada
3.2 Sistemas con pequeños agricultores
3.3 Arrendamientos de tierras a largo plazo
4. Iniciativas internacionales, regionales y nacionales que promueven plantaciones de árboles para el mercado de carbono
4.1 Iniciativa de Mercados de Carbono de África
4.2 Plataforma Africana de Impacto Forestal
4.3 La iniciativa Trillion Trees (un billón de árboles)
4.4 Iniciativa 20 x 20
4.5 Políticas nacionales
5. Referencias
6. Anexo