Les compartimos el siguiente comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA – A 15 de abril del 2025
Hace unos días, en respuesta al anuncio del presidente de Estados Unidos, D. Trump sobre el alza de aranceles, la presidenta C. Sheinbaum y el secretario de Economía M. Ebrard, presentaron 18 acciones para reforzar el Plan México y el mercado interno mexicano. Dentro de estos puntos destacan iniciativas anunciadas como un “fortalecimiento de la soberanía alimentaria y energética”, así como la expansión de la infraestructura de transportes (trenes de pasajeros, carreteras, ampliación de puertos y aeropuertos), la construcción de vivienda y el fortalecimiento de algunas actividades industriales para el mercado interno (automotriz, semiconductores, baterías, acero y aluminio, farmacéutica, textil, calzado entre otras).
Como ya lo habíamos señalado en un comunicado anterior donde presentamos un análisis sobre el “Extractivismo en el Plan México”, expresamos nuestra preocupación ante las acciones impulsadas por dicho plan, las cuales podrían ampliar y profundizar exponencialmente —de manera directa e indirecta— el modelo extractivo que históricamente ha impactado los territorios en todo el país. Hoy, reiteramos nuestro llamado de alerta sobre dos aspectos específicos de esta política que, desde REMA, consideramos especialmente preocupantes:
“Ampliar la autosuficiencia energética”: El riesgo de reactivación del fracking en México y del incremento en la extracción de minerales
La segunda acción presentada pretende “Ampliar la autosuficiencia energética”, algo que se pretende hacer reduciendo las importaciones de gas natural desde EE. UU., al tiempo que se impulsan nuevos proyectos de centrales eléctricas de la CFE y de actores privados (principalmente centrales de Ciclo Combinado que funcionan con gas metano, así como parques eólicos y/o fotovoltaicos), a la vez que se amplían las redes de transmisión y distribución eléctrica.
La REMA, consideramos que si bien en el contexto geopolítico actual resulta efectivamente importante actuar para reducir la dependencia energética del país, particularmente la subordinación del sistema energético mexicano hacia los intereses estadounidense -recordemos que actualmente México importa de su país vecino el 86% del gas que consume para producir electricidad y abastecer algunas industrias[1]-, la estrategia que plantea el gobierno no es alentadora para los movimientos sociales contra el extractivismo. El discurso oficial argumenta que esta posible reducción de las importaciones de gas metano desde EE.UU. se compensará con un aumento de la producción de gas a nivel nacional a través de “la recuperación sustentable de gas”. Sin embargo, aumentar significativamente la producción de gas metano en México sólo parece técnicamente viable con la reactivación de proyectos de fracturación hidráulica, algo opuesto a cualquier idea de “técnica sustentable” debido a todos los impactos socioambientales que eso implica, y que contraviene las promesas y posturas que durante las campañas C. Sheinbaum y AMLO manifestaron sobre su oposición al fracking y el estar a favor de prohibir esta actividad en México. De la misma forma, la construcción de nuevas centrales eléctricas significa también una expansión del modelo extractivo. Esto porque invariablemente, las nuevas centrales de Ciclo Combinado de la CFE aumentarán la demanda de gas, mientras que, por otro lado, las centrales “renovables” a construir requieren de grandes cantidades de minerales (principalmente hierro, cobre, aluminio y distintas tierras raras para parques eólicos y fotovoltaicos).La ampliación de las redes de transmisión y distribución eléctrica, para conectar al sistema eléctrico nacional todas estas nuevas centrales y también todos los nuevos sitios de consumo (nuevos parques industriales anunciados, nuevas zonas turísticas, centros de carga para coches eléctricos, etc.), requiere a si vez de grandes cantidades de cobre, lo que nos parece bastante preocupante con todo los antecedentes de despojo y de contaminación relacionados con su extracción en México.
Es erróneo proyectar la autosuficiencia energética de México con base en la ampliación de la frontera extractiva del gas, o construyendo más centrales eléctricas para buscar mantener a flote los mismos patrones de producción industrial y de consumo. Una verdadera política de izquierda sería reducir significativamente los grandes consumos energéticos, relacionados principalmente con actividades industriales de gran escala. Mismas que hoy están siendo promovidos como “polos de desarrollo para el bienestar”.
“Fortalecer industrias para el mercado interno”: El riesgo de aumentar la explotación de los bienes naturales y sociales, así como la creación de nuevas zonas de sacrificio
Si bien es importante fortalecer procesos de producción locales y disminuir las importaciones de una gama cada vez más amplia de productos provenientes de territorios cada vez más lejanos, dados los costos ambientales y de sobreexplotación de la fuerza de trabajo que estas cadenas de producción mundial usualmente conllevan, lo que el gobierno llama “sustitución de cadenas de producción global” es un ejercicio que puede ser también bastante peligroso y engañoso. El gobierno anunció el aumento en la producción de la industria petroquímica, farmacéutica, de fertilizantes y textil, lo que implica ineludiblemente una mayor explotación de recursos naturales, principalmente el agua, y un gran aumento de los desechos relacionados con esas industrias, con los problemas de contaminación al agua, la tierra y el aire que eso genera. Algunas de las industrias que se pretenden fortalecer tienen una relación directa con el modelo extractivo minero, como es el caso de la industria del acero y aluminio, en la cual se anuncia inversiones en nuevas plantas. Una de ellas es una planta de transformación de aluminio que se pretende desarrollar en Asunción Ixtaltepec (Oaxaca) en uno de los mal llamados “Polos de desarrollo para el bienestar” del Corredor Interoceánico. También el sector minero resulta fundamental para el objetivo de “fortalecer la producción de semiconductores, baterías y otros componentes relacionados con la industria automotriz”. Eso se relaciona con el Plan Sonora, y la extracción de minerales como litio, silicio, azufre, boro o cadmio, y también con el desarrollo de nuevos parques industriales en la zona norte y centro del país (Bajío).
La ecuación simplista que respalda este modelo de supuesto desarrollo basado en el principio de a más industrias, más trabajo, es una postura que elude la verdadera discusión sobre trabajos con condiciones de vida dignas, así como sobre los costos reales de la industria, que debe incluir una valoración real de todas las implicaciones y los riesgos socioambientales de estas actividades, mismos que generalmente son invisibilizados y “externalizados”. Repetir un modelo basado en el principio de “entre más industria, más empleo”, no permite reconocer las implicaciones ambientales, sociales y políticas de la profundización del modelo maquilador y su expansión hacia nuevos territorios, que se asocian generalmente con un aumento de la violencia y de la presencia de redes de macrocriminalidad, con procesos de explotación de los cuerpos como fuerzas y mercancías laborales lícitas e ilícitas. Si bien esta propuesta de desarrollo y de fortalecimiento del mercado interno puede generar cierto derrame económico y la generación de empleos, está estrechamente asociada con una sobreexplotación de los bienes naturales y sociales que terminará creando nuevas zonas de sacrificio y desplazamientos de poblaciones que, por el agotamiento de sus bienes comunes, se ven forzadas a migrar o a incorporarse como fuerza de trabajo pauperizada en estos sectores.
El contexto geopolítico actual, y la nueva guerra comercial relacionada con los aranceles, pone a los gobiernos del mundo en una encrucijada donde las únicas dos opciones parecen ser: 1. Seguir manteniendo un modelo económico globalizado, que ha traído consigo despojo, desplazamiento forzado, destrucción ambiental y violencia, y ha sido sumamente injusto y depredador a nivel mundial, o 2. Apostar hacia proteccionismos económicos y repliegues nacionalistas, con sus posibles derivas fascistas, sin que eso implique un cuestionamiento o una paulatina salida del modelo extractivo.
Al modelo extractivo no le preocupa mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Le interesa sobre todo el lucro, el usufructo despiadado de los territorios, teniendo como moneda de cambio el brutal empobrecimiento y desgarramiento social y geográfico de las comunidades.
Desde la REMA creemos que, si bien el contexto mundial actual es complejo, existen otras opciones. Otros modelos económicos y de desarrollo que apuestan hacia las necesidades reales de reproducción de los pueblos y no del capital. Eso no pasa por decisiones políticas arbitrarias tomadas desde arriba para “salvar o proteger economías nacionales”, sin cuestionar el modelo económico y de consumo que las sostiene, sino que se construye con debates horizontales y permanentes, sobre los valores de uso necesarios para cada comunidad o localidad, sobre la pluridimensionalidad de la palabra “bienestar” lejos de su sentido extractivo e industrializado. Por redefinir lo esencial desde y para los pueblos.
Compartimos este documental publicado en el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A febrero 2025
Realizado por iniciativa de comunidades indígenas de la Amazonia, el documental reúne experiencias, reflexiones y testimonios de Pueblos Indígenas y comunidades tradicionales que decidieron decir NO a REDD y otros proyectos de carbono, a los que identifican como una amenaza para sus territorios y culturas.
Realizado en 2024 por la iniciativa de comunidades indígenas de la Amazonia, el documental reúne experiencias, reflexiones y testimonios de Pueblos Indígenas y comunidades tradicionales que decidieron decir NO a REDD y otros proyectos de carbono, a los que identifican como una amenaza para sus territorios y culturas.
Asimismo, cuestiona la lógica capitalista, racista y colonial de estos proyectos, que buscan utilizar los bosques históricamente protegidos por las comunidades para lavar la imagen de empresas contaminantes y generar ganancias.
Compartimos este comunicado de Amigos de la Tierra Internacional ATI sobre el T-MEC y su impacto en la agricultura de México en especial sobre la producción de Maíz – A 3 de febrero del 2025
El tribunal del USMCA socava la autoridad de México para proteger la salud y el medio ambiente
Washington D.C. – Mientras México responde hoy al fallo del panel de disputas comerciales de que sus restricciones al maíz transgénico violan el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC, por sus siglas en español), una declaración respaldada internacionalmente y firmada por 10,268 individuos y 698 organizaciones apoya a México en su defensa de la soberanía alimentaria, la salud pública, la integridad ambiental y los derechos indígenas.
Como Amigos de la Tierra Estados Unidos demostró en sus comentarios científicos formales al tribunal comercial del T-MEC, México tiene amplias razones para preocuparse por la inocuidad del maíz transgénico dado el gran consumo diario de la población de productos de maíz mínimamente procesados como las tortillas. Los riesgos para la salud relacionados con el maíz transgénico y los herbicidas que resiste incluyen daños reproductivos, del desarrollo, neurológicos, metabólicos, del microbioma y del tracto gastrointestinal. La petición afirma que el gobierno democráticamente elegido de México debería tener derecho a tomar medidas para proteger a su población, a los agricultores locales, el desarrollo económico y el medio ambiente de los riesgos que plantea el maíz transgénico importado de Estados Unidos.
El tribunal no rechazó ni refutó esas pruebas y, en cambio, se centró en tecnicismos: reprochó a México por no haber seguido los procedimientos adecuados al realizar una evaluación previa de riesgos en consulta con los socios comerciales. En cambio, los aranceles del presidente Trump -que entraron en vigor el 1 de febrero- son medidas comerciales mucho más perjudiciales económicamente aplicadas sin ningún tipo de consulta previa. El mundo está pendiente de esta hipocresía.
La coalición mexicana Sin Maíz No Hay País afirma: “Un panel comercial no tiene legitimidad ni capacidad para evaluar las medidas adoptadas por un país para proteger la salud de su población, preservar su riqueza biocultural y salvaguardar el reservorio genético de un cultivo que, por su volumen de producción y diversidad de usos, es el más importante del mundo. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia un acuerdo comercial puede estar por encima de la soberanía de México”.
Consulte la declaración completa y la lista de organizaciones firmantes de EE.UU., Canadá, México y otros países aquí.
Contacto: Kendra Klein, Amigos de la Tierra EE.UU, kklein@foe.org
Compartimos esta petición lanzada por Amigos de la Tierra sobre el T-Mec y su impacto en el maíz transgénico fecha limite para firmar 30 de enero – A 15 de enero de 2024
Declaración abierta: fecha límite para firmas de organizaciones o personas: 30 de enero
Estados Unidos y Canadá no deben obligar a los mexicanos a comer tortillas transgénicas
A la luz del fallo del 20 de diciembre del tribunal del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) a favor de Estados Unidos y Canadá y en contra de México en la disputa sobre el maíz genéticamente modificado, las personas y organizaciones que figuran a continuación expresamos nuestra indignación.
La decisión socava la soberanía alimentaria de México. El gobierno democráticamente elegido de México debería tener derecho a tomar medidas para proteger a su pueblo, a los agricultores locales, el desarrollo económico y el medio ambiente de los riesgos que plantea el maíz transgénico importado de Estados Unidos. No se debe permitir que Estados Unidos utilice el acuerdo comercial T-MEC como arma para socavar las políticas nacionales, especialmente cuando tienen poco impacto en el comercio.
Al fallar a favor de Estados Unidos, el panel ignoró las numerosas pruebas científicas presentadas por México y otros países sobre los riesgos para la salud pública, el medio ambiente y las culturas indígenas que plantea el maíz transgénico
● Los residuos de plaguicidas y los compuestos insecticidas genéticamente modificados del maíz transgénico se han relacionado con una amplia gama de graves consecuencias para la salud, como daños en el tracto gastrointestinal humano, alteración de la función renal, desencadenamiento de respuestas inmunitarias y posiblemente nuevas alergias alimentarias, y aceleración de tendencias ya preocupantes en la frecuencia de sobrepeso, obesidad, enfermedades renales y diabetes;
● EE.UU. y Canadá no aportaron pruebas de que el maíz transgénico que EE.UU. exporta a México sea inocuo para el consumo en niveles elevados;
● Los niveles de exposición de la población mexicana serían órdenes de magnitud superiores a los de EE.UU., dado que los alimentos a base de maíz representan aproximadamente el 60% de la ingesta calórica diaria en México;
● El maíz transgénico podría contaminar el rico acervo de variedades autóctonas de maíz, fundamentales para la dieta, la cultura, el paisaje y la cosmovisión de los mexicanos.
Al fallar a favor de EE.UU., el panel de disputas comerciales pone de relieve la ilegitimidad del propio acuerdo comercial, redactado, y ahora adjudicado, para servir a los intereses corporativos por encima de los derechos de la población de Norteamérica a un suministro de alimentos seguros y saludables, un medio ambiente limpio y la soberanía alimentaria.
Estamos con México en su defensa de la soberanía alimentaria, la salud pública, la integridad medioambiental y los derechos indígenas. Rechazamos el uso ilegítimo de un acuerdo comercial para socavar esos objetivos. Como afirma la coalición mexicana Sin Maíz No Hay País:
«Un panel comercial no tiene legitimidad ni capacidad para evaluar las medidas adoptadas por un país para proteger la salud de su población, preservar su riqueza biocultural y salvaguardar el reservorio genético de un cultivo que, por su volumen de producción y diversidad de usos, es el más importante del mundo. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia un acuerdo comercial puede estar por encima de la soberanía de México.»
(MEXICO): Campaña Sin Maiz No Hay País, Poder del Consumidor, Alianza por la Salud Alimentaria, Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM) A.C., (Pesticide Action Network, Mexico), Fundación Semillas de Vida, Via Organica, Asociación de Consumidores Orgánicos, Red de Maíz, Alianza por nuestra tortilla, Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC), COMCAUSA AC, Mercado Alternativo, Colectivo Zacahuitzco, Alianza por la Salud Alimentaria, Grupo de Estudios Ambientales (GEA), Grupo Vicente Guerrero, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), FIAN Mexico, (CANADA): Trade Justice Group of the Northumberland Chapter of the Council of Canadians, Canadian Biotechnology Action Network (CBAN), National Farmers Union, (USA): Alianza Nacional de Campesinas, Center for Food Safety, Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), Friends of the Earth U.S.
Les compartimos el nuevo informe de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo sobre las instituciones financieras que invierten en proyecto que contribuyen a la represión y violación de derechos humanos – A 4 de diciembre del 2024
En todo el mundo, las instituciones financieras de desarrollo (IFD) están invirtiendo mucho en contextos muy represivos, donde la gente no puede expresar públicamente sus preocupaciones y los grupos de la sociedad civil no pueden actuar libremente. «Financiar la represión: Por qué los bancos de desarrollo deben replantearse la financiación en países que bloquean las libertades cívicas» combina análisis cuantitativos de las inversiones de las IFD y estudios de casos para
revelar hasta qué punto los bancos de desarrollo financian proyectos en países con un espacio cívico cerrado;
explicar por qué las restricciones del espacio cívico deberían ser una preocupación crítica para los bancos de desarrollo
esbozar una serie de recomendaciones que los bancos de desarrollo deberían seguir antes de aprobar proyectos en tales contextos.
Los bancos de desarrollo alimentan la represión al invertir fuertemente en paísesque restringen las libertades cívicas
4 de diciembre de Este mes, el Banco Mundial está listo para votar un proyecto potencialmente catastrófica que implica desplazar a unas 60.000 personas, en uno de los países más represivos del mundo. La represa Rogun en Tayikistán es uno de los ejemplos más flagrantes de cómo los bancos de desarrollo a menudo dan prioridad a sus propios intereses estratégicos sobre los derechos humanos, ignorando severas restricciones a las libertades cívicas en sus países de operaciones. Lamentablemente, sin embargo, este caso dista mucho de ser único.
De acuerdo con el informe – Represión de Financiamiento – publicado por la Coalición para los , el Sistema de Alerta Temprana (EWS) y el Proyecto de Rendición Internacional de Rendición (IAP) – Los bancos de desarrollo están financiando proyectos multimillonarios en contextos altamente represivos, donde la gente no puede expresar públicamente sus preocupaciones y los grupos de la sociedad civil no pueden operar libremente.
En el documento, las consultas con las comunidades afectadas son un requisito clave para los proyectos financiados con bancos de desarrollo. Pero cómo pueden los bancos garantizar la participación pública, en los países donde la opinión equivocada puede llevarte a la cárcel o donde la gente ni siquiera se atreve a hablar, ya que tienen demasiado miedo de hacerlo, dice Mark Fodor, Coordinador de la campaña de Defensores en el Desarrollo.
Financing Repression. utiliza datos de la base de datos dirigida por la sociedad civil Sistema de Alerta Temprana para analizar las inversiones de los bancos de desarrollo en países marcados como con espacio cívico cerrado (según datos de CIVICUS Monitor).
Algunos hallazgos clave incluyen:
De 2019 a 2023, 13 bancos de desarrollo invirtió al menos 88.000 millones de dólares a 1058 proyectos en 18 países con espacio cívico cerrado.
Los bancos que más están invirtiendo son: Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo (ADB), Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB), Corporación Financiera Internacional (CFI) y Banco Europeo de Inversiones (BEI).
China, Egipto, Uzbekistán y Vietnam recibieron casi el 90% del total de las inversiones.
En 2023, Uzbekistán, Laos, Djibouti y Egipto tuvieron las inversiones per cápita más altas.
En los 18 países con espacio cívico cerrado, los sectores más financiados son las finanzas (13,6%), la energía (12,7%), el transporte (11,8%), la ley y el Gobierno (10,2%) y la infraestructura (9,2%).
Los datos revelados en este informe son extremadamente preocupantes, dice Ryan Schlief, director ejecutivo de IAP. Los millones están siendo canalizados a los países más represivos del mundo, y esto es sólo la punta del iceberg. Afortunadamente, a menudo falta transparencia y se detallan todos los detalles sobre la cantidad invertida y el uso específico de los fondos proporcionados sigue sin estar disponible.
El informe incluye cinco estudios de casos (Azerbaiyán, Egipto, Tayikistán, Uzbekistán y Vietnam), que ilustran cómo las restricciones del espacio cívico plantean graves riesgos para los defensores de los derechos humanos y las comunidades que hablan sobre proyectos de desarrollo.
En estos contextos, cuando los proyectos de desarrollo en estados autoritarios no se alinean con las necesidades de las comunidades locales o cuando conducen a impactos dañinos, hay poco espacio para que las personas afectadas hagan oír su voz, dice Umida Niyazova, del Foro uzbeko de Derechos Humanos.
Azerbaiyán : A pesar de haber acogido la COP29 el mes pasado, los defensores de derechos humanos que exponen la corrupción o exigen responsabilidades en el sector energético son criminalizados rutinariamente. En los últimos cinco años, los bancos de desarrollo han invertido 267 millones de dólares en proyectos energéticos, pero no han utilizado su apalancamiento para exigir libertad para activistas anticorrupción como Gubad Ibadoghlu (quien actualmente está bajo arresto domiciliario).
Egipto : El miedo a la represión ha llevado a una autocensura generalizada, impidiendo que los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y cualquier persona den voz segura a sus preocupaciones sobre los proyectos de desarrollo, mientras que los bancos de desarrollo y la Unión Europea (UE) siguen comprometiendo miles de millones para financiar el régimen.
Tayikistán : los principales bancos de desarrollo en el marco de un plan orquestado por el Banco Mundial están financiando el controvertido proyecto hidroeléctrico de Rogun. Si se completa, esta se convertirá en la presa más alta del mundo. Este proyecto corre el riesgo de causar importantes impactos ambientales, sociales y financieros en Tayikistán y otros países aguas abajo, y se espera que unas 60.000 personas sean desplazadas. Pero en un contexto tan represivo, sus preocupaciones corren el riesgo de permanecer inaudita.
Uzbekistán : el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), la CFI y el BAsD están financiando la empresa de algodón Indorama Agro, a pesar de las represalias perpetradas por la empresa, funcionarios del gobierno y servicios de seguridad contra trabajadores, miembros del sindicato y defensores de los derechos humanos.
Vietnam: mientras negociaba y lanzaba un acuerdo internacional sobre la transición energética justamente con varios bancos de desarrollo y gobiernos occidentales, el gobierno vietnamita ha estado criminalizando a los líderes ambientales y climáticos bajo falsas acusaciones.
Entre los grupos de la sociedad civil, hay diferentes perspectivas sobre si las instituciones financieras y las instituciones financieras internacionales deben invertir en tales contextos o no, y en qué condiciones. Sin embargo, todos apuntan a la necesidad de que los bancos de desarrollo extremen la precaución extrema.
Los bancos de
Citas adicionales
– Reasentamiento adicional de 50.000 personas para construir la represa Rogun en Tayikistán, un país con un historial muy problemático en materia de derechos humanos – contradice directamente las políticas de salvaguardia de la mayoría de las instituciones de financiación del desarrollo. Opciones alternativas, como la construcción de una presa más baja y la rápida instalación de paneles solares, podrían servir mejor a las necesidades de Tayikistán y evitar reasentamientos adicionales. Sin embargo, a favor de la actual propuesta de proyecto, el Banco Mundial y los demás financiistas están estimulando una silenciosa crisis humanitaria, en un país donde la gente ni siquiera se atreve a hablar. (Eugene Simonov, Coordinación de los Ríos sin Coalición Internacional de Límites)
Cuando los proyectos de desarrollo en estados autoritarios no se alinean con las necesidades de las comunidades locales o cuando conducen a impactos dañinos, hay poco espacio para que las personas afectadas hagan oír su voz. Los bancos carecen de mecanismos eficaces (tanto durante el diseño como en las etapas de aplicación) para colaborar significativamente con las partes interesadas, en contextos en los que las libertades de asociación y expresión están tan restringidas que las personas tienen demasiado miedo de expresar sus preocupaciones. Además, los bancos han demostrado que están mal equipados para responder a las represalias contra los trabajadores y los monitores, dejando un vacío de información en el que los derechos pueden ser violados con impunidad. (Umida Niyazova, Foro de Uzbekistán sobre Derechos Humanos)
El informe será presentado durante un seminario web el 4 de diciembre (más información e inscripciónaquí). Entre los panelistas tendremos:
Mary Lawlor – Relatora Especial de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos
Umida Niyazova – Foro uzbeko para los Derechos Humanos
Jewher Ilham – Consorcio de Derechos de los Trabajadores, hija del encarcelado defensor de los derechos humanos uigur Ilham Toti
Zhala Bayramova . Abogado en Derechos Humanos e hija de Gubad Ibadoghlu, defensora de los derechos humanos (Azerbaiyán)
Ryan Schlief – Proyecto de Responsabilidad Internacional
Dalile Antúnez – Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo
Para más información, póngase en contacto con Lorena Cotza (Comunications Lead, Coalition for Human Rights in Development) –lcotza.rightsindevelopment.org (39 3285761056)
Acerca de los autores
El informe ha sido aprobado por 37 organizaciones de todo el mundo. El informe es una iniciativa colectiva de la Campaña de Defensores para el Desarrollo (proyecto auspiciada por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo), que se dedica al fomento de la capacidad y la acción colectiva para asegurar que las comunidades y los grupos marginados tengan la información, los recursos, la protección y el poder para dar forma, participar o oponerse a las actividades de desarrollo, y responsabilizar a los financiadores del desarrollo.
Los coautores principales son:
LaCoalición por los Derechos Humanos en el Desarrolloes una coalición global-sur de más de 100 movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y grupos de base. Trabajamos juntos para promover el desarrollo basado en los derechos y para hacer que las instituciones de financiación del desarrollo, los gobiernos, las corporaciones y otros actores rinda cuentas de sus impactos en las personas y el planeta.
International Accountability Project (IAP)es una organización internacional que aboga por el cambio de políticas, impulsa los esfuerzos locales de promoción y apoya a los activistas y comunidades locales para que accedan e intercambien información sobre el desarrollo que les afecta. A través del Sistema de Alerta Temprana (EWS), IAP contribuyó al informe de la Represión de la Financiamiento, que rastrea las inversiones de los bancos de desarrollo en 18 países con espacios cívicos cerrados durante 2019-2023. La base de datos EWS es la primera iniciativa dirigida por la sociedad civil basada en la web para organizar, resumir y normalizar proyectos de 15 instituciones de financiación del desarrollo, con actualizaciones diarias.
Compartimos esta declaración donde nos sumamos sobre el tratado comercial UE-Mercosur – A 28 de noviembre del 2024
A solo una semana de un posible anuncio de un nuevo acuerdo político sobre el tratado comercial UE-Mercosur, +400 organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, centros de pensamiento y otros grupos sociales de América Latina y la Unión Europea, representando a millones de personas de los dos lados del Atlántico, exigen el fin de las negociaciones del acuerdo comercial UE-Mercosur. Lo califican como un “acuerdo tóxico” que sacrifica a las personas, la democracia y el planeta por los beneficios corporativos.
Falta de democracia y transparencia Negociado a puertas cerradas durante más de dos décadas, el acuerdo UE-Mercosur ha excluido la participación pública y la supervisión democrática, con la falta de transparencia de la Comisión Europea recibiendo condenas generalizadas, incluso de su propio Defensor del Pueblo. El protocolo adicional propuesto por el acuerdo no aborda las cuestiones ambientales y de desarrollo sostenible destacadas en una resolución del Parlamento Europeo en 2020. «Los esfuerzos de la Comisión Europea por ‘dividir’ el acuerdo no son más que una toma de poder antidemocrática. Ignoraría intencionadamente los vetos de países individuales y las preocupaciones expresadas públicamente por quienes se ven más afectados: trabajadores, pequeños agricultores, comunidades indígenas y mujeres», afirma Julie Zalcman de Amigos de la Tierra.
El acuerdo socava la protección ambiental y los derechos humanos El acuerdo perpetúa estructuras comerciales explotadoras, promoviendo prácticas agrícolas dañinas que amenazan el acceso a alimentos saludables, locales y justos, y desplazan a los agricultores locales y a las comunidades indígenas. «El acuerdo UE-Mercosur es un veneno para la biodiversidad y las comunidades rurales en el Mercosur. Impulsará las exportaciones de pesticidas tóxicos desde Europa a los países del Mercosur, incluidos productos químicos prohibidos en la propia UE. Este acuerdo agrava las desigualdades sociales y ambientales, fomentará la deforestación, acelerará la crisis climática y violará los derechos humanos», afirma Francisco Vladimir Silva, de Jubileo Sur Brasil y la Frente Brasileña contra el acuerdo UE-Mercosur.
Sin acuerdo con líderes como Milei En su declaración, las organizaciones firmantes también destacan el peligro de negociar con líderes y gobiernos en Argentina y Paraguay que niegan la crisis climática, mientras Brasil enfrenta sequías sin precedentes y los incendios forestales devastan los bosques de toda la región. En Argentina, las políticas económicas del actual presidente, Javier Milei, han sumido a millones en la pobreza, con derechos básicos restringidos y servicios públicos desmantelados. Aunque los líderes de la UE dudaron en firmar un acuerdo con el expresidente brasileño Bolsonaro, parecen menos escépticos respecto al igualmente peligroso Milei, quien amenaza con abandonar el Acuerdo de París. En su declaración, las ONGs advierten: “La combinación de las políticas desastrosas de Milei con este acuerdo comercial obsoleto es una receta para el desastre.”
Declaración:
¡No más acuerdos comerciales tóxicos entre la UE y los países de América Latina! – ¡El acuerdo comercial entre la UE y Mercosur debe detenerse AHORA!
Las organizaciones que suscribimos esta declaración de América Latina y la Unión Europea, nos unimos en el rechazo del acuerdo de asociación y comercio entre la UE y el Mercosur. Hacemos un llamado a los responsables políticos de ambos lados del Atlántico para que finalmente detengan este acuerdo comercial tóxico.
Negociado a puerta cerrada, este acuerdo carece de participación pública o escrutinio. Incluso el Defensor del Pueblo Europeo ha criticado la falta de transparencia de la Comisión Europea. Ahora, la Comisión está considerando cambiar el proceso de votación a través de
la “división” del acuerdo, lo que permitiría eludir los vetos de los países individuales. Cientos de organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios han condenado esta maniobra como un ataque a los procesos democráticos. Peor aún, los grupos más afectados, como los trabajadores, los pequeños agricultores, las comunidades indígenas y las mujeres, han sido excluidos de las negociaciones de este acuerdo, y, sin embargo, sufrirán sus peores efectos.
Un acuerdo tóxico para los pueblos y el planeta
Este acuerdo agravará el intercambio desigual entre el Sur y el Norte Global, perpetuando las estructuras comerciales neocoloniales. Promueve modelos agrícolas destructivos que desplazan a pequeños/as agricultores y comunidades indígenas, al tiempo que impulsan las exportaciones de agroquímicos tóxicos, incluido aquellos prohibidos en la UE. Estas prácticas agrícolas insostenibles, incluyendo la ganadería industrial, amenazan la soberanía alimentaria y el bienestar animal en ambas regiones.
Los y las trabajadores/as en los países del Mercosur sufrirán la pérdida de empleos y el empeoramiento de las condiciones laborales. Las mujeres perderán aún más en este sentido, ya que también son las más afectadas por la privatización de los servicios públicos promovida a través de los tratados de libre comercio (TLC). Los estudiosmuestran que el acuerdo representa graves riesgos económicos, profundizando aún más la desigualdad e impidiendo el desarrollo sostenible y la (re) industrialización en los países del Mercosur.
El ambiente también sufrirá. Ningún anexo ambiental puede mitigar el daño a largo plazo que causará este acuerdo; es un simple lavado verde. El acuerdo entre la UE y el Mercosur impulsará la deforestación, agravará la crisis climática y alejará a nuestras regiones de la justicia climática.
No más acuerdos con presidentes de extrema derecha que niegan la crisis climática
Este acuerdo se está negociando con gobiernos liderados por negacionistas de la crisis climática en Argentina y Paraguay, mientras que los bosques vírgenes -como resultado de la deforestación masiva para la agroindustria- arden, y Brasil sufre sequías sin precedentes.
En Argentina, el autoproclamado anarcocapitalista Javier Milei, quien es un miembro activo del movimiento global de extrema derecha, ha sumido al país en la miseria. La pobreza ha alcanzado niveles sin precedentes, y los derechos básicos están siendo aplastados. Las protestas por la justicia social son violentamente reprimidas, mientras que más del 60% de los niños argentinos pasan hambre y los servicios esenciales como la educación y la salud están siendo desmantelados. La combinación de las desastrosas políticas de Milei y este acuerdo comercial obsoleto es una receta para el desastre.
La geopolítica no se arregla con acuerdos comerciales neocoloniales
Los/as políticos/as que promueven este acuerdo para contrarrestar la influencia de China en la región del Mercosur están atrapados en una ideología de libre comercio que prioriza las ganancias corporativas sobre los pueblos y el planeta. Fortalecer los lazos, si bien es innegablemente necesario, requiere solidaridad, igualdad, cooperación, sostenibilidad y democracia, no profundizar las asimetrías comerciales. Esto es también cierto para la “modernización” de los tratados de libre comercio entre la UE y México, y la UE y Chile, ambos igualmente problemáticos.
La solución es clara:
Los responsables políticos de ambos lados del Atlántico deben cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos, sociales, climáticos y ambientales y detener estas negociaciones comerciales tóxicas de inmediato.
¡Otro comercio es posible, basado en la solidaridad, la democracia, la cooperación mutua y la igualdad!
Francisco Vladimir Silva, Jubileo Sur Brasil y miembro del comité directivo de la Frente Brasileña contra el acuerdo UE-Mercosur // articulacao@jubileusul.org.br, +55 85 997036769 (PT, ES, EN)
Gaëlle Cau, Comunicación, Amigos de la Tierra Europa // gaelle.cau@foeeurope.org, +32 (0) 489 333 517 (EN, FR)
Julie Zalcman, Campaña de Comercio, Amigos de la Tierra Europa // julie.zalcman@foeeurope.org (EN, FR, ES)
Les compartimos este informe publicado por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM sobre Economía verde y los bonos de carbono – A septiembre 2024
Este informe brinda un panorama general de la expansión de las plantaciones de árboles destinadas a los mercados de carbono. Cómo son estas plantaciones, dónde están ubicadas, quienes se beneficia de ellas, cuáles han sido los impactos para las comunidades que viven en las tierras que ocupan estos proyectos y qué iniciativas internacionales se están llevando a cabo para impulsar las plantaciones de árboles como forma de compensar las emisiones de carbono.
El negocio de la compensación de emisiones de carbono ha demostrado ser un mecanismo muy eficaz para que las empresas se beneficien del caos climático, ya sea directamente –mediante la venta de créditos de carbono– o indirectamente – permitiendo que las empresas continúen con sus actividades basadas en combustibles fósiles. En la prisa por expandir este negocio, los proyectos de plantación de árboles han atraído a un número creciente de buscadores de ganancias, como los especuladores, consultores del carbono, empresas forestales y compañías petroleras. El resultado ha sido que las plantaciones de árboles destinadas a compensar emisiones de carbono plantean ahora amenazas cada vez mayores para las comunidades que dependen de la tierra.
Después de un impulso inicial alrededor de la década de 2000, presenciamos ahora una nueva ronda de iniciativas de plantaciones de árboles para el mercado de carbono. En los últimos tres años, el número de proyectos de plantaciones para mercados voluntarios de carbono ha aumentado más del doble. Estos proyectos no sólo crecieron en número sino también en escala. Los desarrolladores afirman que sus proyectos de plantación de árboles tienen uno de los índices promedio más altos de absorción/reducción de emisiones en comparación con otros tipos de proyectos.
Este informe brinda un panorama general de la expansión de las plantaciones de árboles destinadas a los mercados de carbono. ¿Cómo son estas plantaciones? ¿Dónde están ubicadas? ¿Quién se beneficia de ellas? ¿Cuáles han sido los impactos para las comunidades que viven en las tierras que ocupan estos proyectos? ¿Y qué iniciativas internacionales se están llevando a cabo para impulsar las plantaciones de árboles como forma de compensar las emisiones de carbono? Éstas son sólo algunas de las preguntas que se exploran en las siguientes páginas.
ÍNDICE
1. Carbono, tierra y árboles 1.1 Compensación de emisiones de carbono y árboles, en pocas palabras 1.2 Creación y comercialización de créditos de carbono 1.3 ¿Por qué la mayoría de los créditos de carbono son emitidos por proyectos basados en el uso de la tierra?
2. Plantaciones de árboles para los mercados de carbono 2.1 ¿Cuántos proyectos de plantación de árboles existen? ¿Qué tan grandes son? 2.2 ¿Dónde están ubicadas las plantaciones de árboles para el mercado de carbono? 2.3 ¿Quién se beneficia de los proyectos de plantación de árboles para el mercado de carbono?
3. ¿Cuáles son los principales tipos de de plantación de árboles para el mercado de carbono? 3.1 Monocultivos de árboles a gran escala para el mercado de carbono en tierras de propiedad privada 3.2 Sistemas con pequeños agricultores 3.3 Arrendamientos de tierras a largo plazo
4. Iniciativas internacionales, regionales y nacionales que promueven plantaciones de árboles para el mercado de carbono 4.1 Iniciativa de Mercados de Carbono de África 4.2 Plataforma Africana de Impacto Forestal 4.3 La iniciativa Trillion Trees (un billón de árboles) 4.4 Iniciativa 20 x 20 4.5 Políticas nacionales
Compartimos esta infografía e informe de una investigación de ISDS América Latina donde participamos sobre el poder corporativo y las demandas de transnacionales a países – A mayo 2024 – Actualización septiembre 2024
En 2023 México fue el país que más demandas de arbitraje de inversión recibió en el marco de tratados de protección de inversiones a nivel mundial. Con 53 casos en total, México se encuentra hoy entre los países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros ante tribunales de arbitraje internacional, y es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe. Cada vez más dinero público está en riesgo para tener que pagar a los inversionistas las cantidades multimillonarias resultantes de los arbitrajes. A pesar de ello, México sigue firmando nuevos tratados de protección de inversiones que incluyen el recurso a los tribunales arbitrales internacionales como principal mecanismo de resolución de conflictos entre inversionistas y Estado (también conocido como ISDS, por sus siglas en inglés). En los últimos años, México ratificó el CPTPP; renegoció el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN 2.0/T-MEC), manteniendo entre México y EEUU el sistema de solución de disputas inversionista-Estado; y cerró la renegociación “en principio” del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM) que incluye un nuevo capítulo de protección de inversiones. Además, en 2018 se convirtió en miembro pleno del Convenio del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. En este informe vamos a mirar al régimen de protección de inversiones de México y develar sus principales consecuencias para el país.
¿Qué es el mecanismo de solución de controversias entre Estado e inversionista?
El mecanismo de solución de disputas inversionista-Estado, conocido como ISDS por sus siglas en inglés (Investor-State Dispute Settlement) permite a los inversionistas extranjeros, principalmente grandes empresas transnacionales y fondos de inversión, demandar a Estados ante tribunales de arbitraje internacionales si consideran que las leyes, las regulaciones, las decisiones judiciales u otras medidas tomadas por el Estado violan las protecciones que tienen bajo un tratado. Los casos son normalmente decididos por tres árbitros, frecuentemente abogados/as, que ejercen la profesión desde el sector privado y con un fuerte sesgo proinversionista. ISDS ha generado numerosas críticas desde el ámbito académico, profesional y de la sociedad civil, entre las que destacan: • La falta de transparencia en los procedimientos arbitrales. • La ausencia de imparcialidad y de independencia de los árbitros. • Los laudos pueden ser ejecutados en cualquier parte del mundo. • El costo de un arbitraje inversionista-Estado es mayor que un juicio en cortes nacionales. • Es un sistema unilateral: el inversionista es el único que puede iniciar una demanda. • Las víctimas de los abusos de las empresas transnacionales no disponen de ningún mecanismo como este para acceder a la justicia.
El universo de tratados de protección de inversiones de México
México cuenta con 31 Acuerdos para la Promoción Recíproca de Inversiones (APRI), o Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) vigentes, la mayoría de ellos con países europeos (18). Todos (excepto tres) entraron en vigor a partir del año 2000. De los 31 TBI con México, 22 podrían ser terminados, pues pasaron la fase inicial de 10 años que estipula el tratado para su vigencia, con lo cual México tiene la oportunidad de revisar y/o salirse de más del 70% de todos sus TBI. Sin embargo, la postura de los gobiernos mexicanos ha sido de continuar firmando tratados de protección de inversiones. En los últimos años, México firmó varios TBI de los cuales la mayoría ya entró en vigor, excepto el TBI con Haití, firmado en 2015.
Principales claúsulas de los Tratados de Protección de Inversiones para demandar a los Estados
1) Compensación por “Expropiación Indirecta” (del lucro cesante)
Si bien el término expropiación en el pasado se aplicaba a la confiscación física de la propiedad, las reglas actuales también protegen a los inversionistas contra la expropiación “indirecta”, que se interpreta como las reglamentaciones y otras acciones del gobierno que reducen significativamente el valor de una inversión extranjera o impiden una ganancia esperada. Por eso, ahora las compañías pueden entablar juicio contra el Estado, demandando indemnización por normas y leyes ambientales, de salud u otras de interés público que son adoptadas a través de un proceso democrático. Si bien los tribunales no pueden obligar a un gobierno a revocar esas normas y leyes, la amenaza de ser condenado a pagar grandes sumas de dinero por daños y perjuicios puede tener un “efecto paralizante” (chilling effect, como se le conoce en inglés) en la formulación de políticas nacionales responsables.
2) Norma subjetiva de “Trato Justo y Equitativo” a la empresa extranjera
Esta cláusula no tiene significado definible y es inherentemente subjetivo, lo que permite que los árbitros en tribunales supranacionales la apliquen con sus propias interpretaciones a acciones de gobiernos de países que tienen historias, culturas y sistemas de valores diversos. Cualquier accionar del gobierno que afecta negativamente el negocio del inversionista puede ser interpretado como un acto “discriminatorio” y por ende un incumplimiento del trato justo y equitativo.
3) Trato Nacional y Trato de Nación Más Favorecida
Los gobiernos deben tratar a los inversionistas extranjeros y sus inversiones al menos tan favorablemente como a los inversionistas nacionales (trato nacional) y a aquellos de cualquier tercer país (trato de nación más favorecida). Aunque se le pregona como un principio básico de justicia, esto en realidad despoja a los gobiernos de la posibilidad de impulsar estrategias de desarrollo nacional, utilizadas en el pasado prácticamente por todas las economías exitosas. Es más, una medida reglamentaria que se aplique a todas las compañías, pero tenga un impacto desproporcionado en un inversionista extranjero, podría ser demandada como una violación al trato nacional.
4) Prohibición de los Controles de Movimientos de Capitales
Se prohíbe a los gobiernos aplicar restricciones a los flujos de capital, a pesar de que muchos gobiernos han utilizado estos controles para prevenir y mitigar de manera efectiva la volatilidad y las burbujas financieras. Incluso el mismo FMI reconoce hoy en día que los controles de capital constituyen herramientas de políticas públicas importantes en algunas circunstancias.
5) Prohibición a establecer Requisitos de Desempeño a la Inversión
Los gobiernos tienen que renunciar al ejercicio de su autoridad y abstenerse de exigir que los inversionistas extranjeros usen un cierto porcentaje de insumos locales en la producción, que transfieran tecnología y otros requisitos que en el pasado constituyeron herramientas de políticas de desarrollo económico responsables.
6) Estándar de Plena Protección y Seguridad
Este estándar abarca los daños y perjuicios tanto físicos como legales que afecten a las inversiones, supuestamente provocadas por el Estado o por terceros (por ejemplo, la sociedad civil o comunidades en defensa de sus recursos naturales y territoriales). Hasta hace poco, este componente no se destacaba en los tratados de inversión, pero cada vez los inversionistas se están sirviendo de él con mayor frecuencia. Este estándar obliga, por ejemplo, al uso de la fuerza del Estado u otros medios para garantizar la protección de los inversionistas ante protestas de comunidades contra sus proyectos.
Además de los 31 TBI, México tiene 11 Tratados de Libre Comercio en vigor que cuentan con un capítulo de inversiones y permiten el recurso al arbitraje de inversiones como principal mecanismo de solución de controversias inversionista – Estado.
El T-MEC (TLCAN 2.0)
México, Estados Unidos y Canadá terminaron de renegociar el TLCAN en 2020. Este tratado, que estuvo vigente más de 20 años, no sólo le ha generado consecuencias económicas, sociales y ambientales adversas, también es responsable de 38 de las 53 demandas de inversionistas contra México en el sistema de arbitraje, o sea más de 2/3 partes de las demandas. El 1 de octubre de 2018, los tres gobiernos acordaron el TLCAN 2.0, ahora denominado Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, o USMCA por sus siglas en inglés). El tratado entró en vigor el 1 de Julio de 2020. El T-MEC modifica al capítulo 11 del TLCAN que permitía la resolución de controversias inversionista-Estado. El nuevo tratado elimina por completo la posibilidad de demandas inversionista-Estado entre los Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, a pesar de algunas restricciones, deja abierta la puerta a demandas de inversionistas estadounidenses contra México ymviceversa (aunque esta opción es menos probable). Bajo el T-MEC, los inversionistas sólo podrán demandar en caso de la vulneración de las cláusulas de “nación más favorecida” y “trato nacional” o en el caso de expropiación directa (no indirecta) y en algunos sectores como petróleo y gas, generación de electricidad, transporte, telecomunicación u otra infraestructura. Además, el capítulo 11 de protección de inversiones del TLCAN quedó en vigencia tres años más para los tres países (hasta junio de 2023), bajo la llamada “cláusula de legado”.
A pesar de las restricciones a demandas que supuestamente impone el T-MEC, en solo dos años se ha vuelto el segundo tratado de inversión más nocivo para México, ya que en 15 de las demandas contra México se invoca este tratado (en paralelo al TLCAN). Esto demuestra que no basta con reformar acuerdos, si no se impide el uso de ISDS por completo, inversionistas siempre encontrarán una forma de demandar a Estados en el sistema de arbitraje.
MÉXICO EXPANDE PRIVILEGIOS A LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS
A pesar de ser uno de los países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros, el gobierno de México ha optado por seguir concediendo derechos de protección.
CPTPP-11: México es el primero en ratificar, y el primero en recibir una demanda bajo este tratado
El 8 de marzo de 2018, en Santiago de Chile, 11 países -Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Chile, Singapur y Vietnam- firmaron la versión revisada del Tratado Transpacífico (TPP), sin Estados Unidos, después de que Donald Trump retirara a su país de las negociaciones. El tratado lleva el nombre de Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP, por sus siglas en inglés), también conocido como TPP-11. Tras la salida de Estados Unidos, las negociaciones se aceleraron y concluyeron en apenas 5 meses. El 30 de diciembre de 2018, después de haber sido ratificado por seis países, el CPTPP entró en vigor. El Congreso mexicano fue el primero en ratificar el TPP-11, a sólo un mes y medio de haber sido firmado. El CPTPP cuenta con un capítulo de protección de inversiones que otorga protecciones especiales para los inversionistas, como es el recurso al arbitraje de inversiones. Nueva Zelanda acordó con Australia no aplicar las cláusulas de disputas inversionista-Estado, y ha pedido a los otros miembros del CPTPP firmar acuerdos similares. México podría haber hecho lo mismo, y sin embargo, eligió mantener la cláusula de solución de controversias inversionista – Estado intacta.
México es el primer país en recibir una demanda ISDS bajo el CPTPP. Se trata del caso de las empresa de electricidad canadienses Caisse de Dépôt et Placement du Québec y CDP Groupe Infrastructures Inc. v. United Mexican States (ICSID Case No. ARB/23/53).6 Y también ha recibido una Notificación de Intención de demanda bajo el CCTPP de la empresa minera canadiense Almadex and Almaden.
El 28 de abril de 2020, en medio de la crisis de la COVID-19, México y la Unión Europea anunciaron el final de la negociación de la modernización de su TLC (TLCUEM), vigente desde el 2000 y firmaron un “acuerdo en principio”. Un punto clave de la modernización es la inclusión de un capítulo de inversiones, que el viejo TLCUEM no tenía. Con este nuevo capítulo las privatizaciones y reformas pro-empresariales en el sector petrolero y gasífero de México quedarán blindadas, y en el caso de querer revertirlas el inversionista puede usar el tratado para demandar a México. Los defensores de la modernización argumentan que el mecanismo de solución de controversias propuesto en el acuerdo, ahora llamado Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS, por sus siglas en inglés), es una versión mejorada del antiguo sistema ISDS. Lejos de ser verdad, lo único que mejora el ICS son los procedimientos administrativos, pero no cambia el principal problema del sistema: los inversionistas extranjeros pueden seguir demandando a México por cualquier medida legislativa que afecte sus ganancias, aunque estas sean medidas sanitarias o de lucha contra el cambio climático.
Para terminar, México está negociando otros tratados de libre comercio que podrían contener cláusulas de protección de inversiones. Se trata del TLC con Turquía, Ecuador y una renovación de su tratado con Chile, entre otros.
El ingreso al CIADI
En julio de 2018, México se convirtió en el miembro número 154 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo de arbitraje internacional del Banco Mundial. Según indican fuentes cercanas al gobierno mexicano, la decisión está directamente relacionada con la posición incierta de EE.UU frente al futuro del capítulo de inversiones en el T-MEC. Para México, firmar la entrada al CIADI fue una señal fuerte hacia los inversionistas extranjeros de que sus emprendimientos estarán protegidos en México, independientemente de la postura del próximo gobierno al respecto. Esta medida del gobierno mexicano fue aplaudida por la comunidad de abogados de inversiones, quienes opinaron que, “Al ratificar las Convenciones del CIADI y de Nueva York y promover la permanencia del mecanismo de resolución inversionista-Estado (ISDS) en el TLCAN, el país [México] ha hecho mucho para combatir la imagen de que está en contra del arbitraje.” Esta afirmación es uno de los pilares ideológicos de la economía global de los años noventa, que vaticinaba que la llegada de capital extranjero sólo se garantiza otorgando seguridad jurídica a dichos capitales. Sin embargo, cada vez hay más organismos internacionales (OCDE, UNCTAD), académicos/as, abogados/as y organizaciones de la sociedad civil que ponen en duda las supuestas bondades del sistema, entre otros de los acuerdos de libre comercio y de inversión. Con la entrada en el CIADI, México perdió la oportunidad de ser uno de los países en la vanguardia para repensar su política de comercio y de inversiones.
MÉXICO – TERCER PAÍS MÁS DEMANDADO DE LA REGIÓN
México es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe y el cuarto país más demandado a nivel mundial con 53 demandas inversionista-Estado conocidas hasta el 31 de marzo 2024. Casi todas las demandas han sido llevadas al CIADI, solo en tres demandas hubo tribunales ad-hoc y en un caso no se conoce la institución administradora elegida. Desde su entrada al CIADI, a mediados de 2018, se empezaron a usar las reglas arbitrales de esta institución (21 demandas), mientras que en las demandas previas a 2019, se usaron principalmente las reglas de la facilidad adicional del CIADI (19 demandas) o de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) (13 demandas).
Los inversionistas que demandan
El 58% de los inversionistas que demandan a México provienen de los Estados Unidos. Si sumamos los inversionistas de América del Norte y de Europa, constatamos que el 93% de las demandas fueron iniciadas por inversionistas de estas dos regiones. Resulta interesante que además son países norteamericanos y europeos que más árbitros tienen en el CIADI. Por otro lado, solo existen siete demandas por parte de empresas mexicanas contra otros países, dos contra España y Estados Unidos y una contra Colombia, Perú y Honduras respectivamente.
El número de demandas por año
México recibió la primera demanda de arbitraje de inversiones en 1997 por parte de la empresa estadounidense Metalclad, a raíz de que esta empresa quería construir un confinamiento de residuos cancerígenos (asbestos) en acuíferos subterráneos en un área que luego fue declarada reserva natural por el gobierno municipal de Guadalcazar, en el estado de San Luis Potosí. Desde entonces, México ha recibido demandas casi todos los años. Desde 2015 no ha pasado un año sin que México haya recibido una demanda por parte de inversionistas extranjeros. Esta avalancha de demandas ha visto su culminación en 2023 con 11 demandas, más que ningún otro país a nivel mundial en este año. A esto se suman por lo menos tres amenazas de demandas que se podrían convertir en demandas concretas en 2024; entre ellas la demanda de la empresa china Ganfeng en relación a “la cancelación de nueve concesiones de litio tras el impulso y la normativa que ha promovido la creación de una empresa pública de litio mexicana” y de la minera canadiense arriba citada Almadex y Almaden.
El resultado de las demandas
Hay 53 demandas en contra de México, 12 han beneficiado al inversionista sea por laudo o por acuerdo entre partes, y en 12 demandas el tribunal decidió rechazar la demanda del inversionista. Además, seis demandas fueron discontinuadas, mientras que 23 aún siguen pendientes.
Los costos de las demandas
Hasta ahora México ha sido condenado a pagar casi 296,6 millones de dólares en 11 casos por concepto de indemnización a los inversionistas. Esta cifra representa 3 veces el presupuesto de la Secretaría de Cultura en 2024, y es aún mayor al presupuesto total que México preve en 2024 para la búsqueda de personas desaparecidas, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desapareción Forzada y la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura juntas. Datos muy preocupantes teniendo en cuenta la situación grave de derechos humanos y el número creciente de desaparecidos/as en México. Considerando solo las 23 demandas pendientes, la cantidad total que reclaman los inversionistas asciende a 13,325 millones de dólares, aunque en realidad el monto es aún mayor, ya que en ocho de las 23 demandas pendientes no se conoce el monto reclamado por el inversionista. Con este dinero se podría financiar durante tres años el trabajo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo presupuesto en 2024 es de 4,300 millones de dólares y durante 82 años al programa de Salud Materna Sexual y Reproductiva.
México y el Boom de las Demandas de Empresas Mineras
De los 13,000 millones de dólares por los que México está siendo demandado, más de la mitad, 6,438 millones de dólares, corresponden a demandas de empresas mineras.
Solo en 2023, México recibió cuatro demandas con relación a proyectos mineros, aunque las más espectaculares de estas demandas son de 2019. En septiembre de 2018, poco después de que se hiciera público el texto renegociado del T-MEC, la minera estadounidense Legacy Vulcan LLC y su subsidiaria mexicana Calizas Industriales del Carmen (Calica), notificaron su intención de someter una demanda en contra de México en el marco del TLCAN. La demanda tiene su origen en una controversia ambiental sobre la extracción de piedra caliza en el estado de Quintana Roo. La empresa está en disputa con el municipio de Solidaridad, cuyo Programa de Ordenamiento Ecológico Local y Programa de Desarrollo Urbano ha impedido que la empresa explote dos predios. La empresa efectivamente interpuso la demanda de arbitraje el 3 de enero de 2019 en el CIADI, por un monto de alrededor de 1,900 millones de dólares. El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hecho un llamado a llegar a un acuerdo con Legacy Vulcan LLC, ofreciéndole facilidades para desarrollar, en vez de la mina, un desarrollo turístico. y hasta ofreciendole a la empresa de comprar el predio de extracción por más de 389 millones de dólares.
En seguida de esta demanda, a inicios de 2019, la también estadounidense Odyssey Marine Exploration Inc. entabló una notificación de intención de demandar a México bajo el TLCAN por no haber aprobado los permisos ambientales para su proyecto de minería de fosfato en subsuelos marinos cerca de las costas de Baja California Sur, por la enorme cantidad de “cuando menos 3,540 millones de dólares”, por oposición de grupos pescadores.
“Las concesiones pesqueras de la Sociedad cooperativa de Producción pesquera de Puerto Chale cubren parte del fondo marino que la empresa quiere dragar. La cooperativa se ha opuesto al proyecto desde sus inicios y depositó una solicitud de autorización para presentar sus preocupaciones al tribunal del TLCAN en octubre 2021, con la ayuda del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL por sus siglas en inglés). Ambas organizaciones buscaban dar testimonio de los impactos que el proyecto podría tener en sus vidas y en el medio ambiente, y explicar porqué la decisión de la entidad reguladora ambiental de México de negarle a esta empresa el permiso de explotación minera del fondo marino era acertada y conforme al principio de precaución reconocido en el derecho nacional e internacional. Como ha sido recurrente en este sistema de arbitraje diseñado para favorecer a las empresas transnacionales, el tribunal del TLCAN se negó recientemente a recibir su solicitud”.
Odyssey, una empresa exploradora de tesoros convertida en empresa minera con escasos ingresos propios, consiguió financiación de un tercero para poder llevar adelante la demanda; el bufete de abogados Poplar Falls, especializado en litigios de EE. UU.
Al reclamo total de los inversionistas hay que sumar otros millones de dólares más por los costos propios del arbitraje de inversionista-Estado, esto incluye los honorarios de los abogados y de los árbitros, los gastos administrativos del centro de arreglo de las disputas (como puede ser el CIADI) y otros gastos del tribunal. En algunos casos el Estado no solo paga sus propios costos de defensa, sino el fallo en contra puede obligarle a también asumir la parte del demandante. Por ejemplo, en el caso Cargill v. México, el Estado tuvo que pagar la mitad de los costos de los abogados del inversionista. Por este caso México tuvo que abonar en total como gastos del arbitraje 3,3 millones de dólares. En el caso Lion México Consolidated v. México, el país tuvo que pagarle 2,25 millones de dólares al inversionista por sus gastos del arbitraje, y en el caso Gemplus v. México el monto llegó a 5,4 millones de dólares. A diferencia de la mayoría de los países, México ha usado, en muchas ocasiones, su propio equipo de abogados para la defensa. En los casos en que se contrató a un bufete de abogados, el Estado optó por Pillsbury Winthrop Shaw Pittman y Thomas & Partners; y más adelante por Tereposky & DeRose y en pocas ocasiones también por Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle.
Sectores de las demandas
México cuenta con una economía ciertamente diversificada. No sorprende entonces que las 53 demandas contra el país afecten a una gran variedad de rubros, aunque el sector más afectado ha sido el de minería e hidrocarburos con nueve demandas. Le sigue suministro de agua y manejo de residuos con siete demandas, información y comunicación, manufactura y transporte con cinco demandas respectivamente.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La estrategia económica de México de abrir el país a inversionistas extranjeros, concediéndoles cada vez más privilegios a través de tratados de protección de inversiones, le ha costado caro. Año tras año el país recibe más demandas de inversionistas y amenazas que debilitan la función básica del Estado: su potestad legislativa y ejecutiva. La simple amenaza de una demanda podría ser suficiente para echar atrás una importante medida, como ha sido el caso de Talos Energy vs México, que no se llegó a registrar. La empresa solo envió la Notificación de Intención, lo que forzó al gobierno de AMLO a negociar y dar una mayor participación a Talos en un proyecto petrolero de Pemex. Es un un caso importante de llamado “efecto congelador “ (o chilling effect, como se le conoce en inglés) y de cómo se ha usado por primera vez el Anexo 14-D del T-MEC para amenazar efectivamente a México. Afrontar los nuevos retos, como la crisis climática o la crisis sanitaria requieren medidas innovadoras y flexibles que sean capaces de adaptarse a las necesidades del momento. En cambio, los tratados de protección de inversiones pueden poner freno a estas iniciativas, pues podrían suponer nuevas demandas millonarias, si nuevas medidas o regulaciones gubernamentales van en contra de los intereses corporativos. Una política soberana, enfocada en el bienestar de la población, la protección del medio ambiente, del clima y la promoción de empresas de la economía local es irreconciliable con los derechos que los tratados de protección de inversiones les otorgan a los inversionistas. Si México quiere salir del círculo vicioso de recibir demandas ISDS cada vez que quiere adaptar sus políticas y regulaciones, tiene que revisar su régimen de protección de inversiones. La única manera que México puede evitar nuevos arbitrajes de inversión es denunciando los tratados y acuerdos de comercio e inversión ya firmados y renunciando a renovarlos o firmar otros nuevos, ya que posibilitan la interposición de otras demandas. Por este camino ya han optado Bolivia y Ecuador en la región.
Para ello, recomendamos: • Realizar una auditoría de todos los tratados de protección de inversiones (APRI o TBI o bajo TLC) y sus impactos para la economía y sociedad mexicana. • Suspender la posibilidad del uso de demandas inversionista–Estado por parte de empresas extranjeras mientras dura la auditoría y tomar los pasos necesarios una vez terminada ésta. • Salir del CIADI y promover opciones nacionales y regionales (por ejemplo crear un mecanismo bajo la CELAC), para la resolución de disputas entre inversionistas y Estado. • No firmar nuevos tratados con cláusula de protección de inversiones, sino ›› dar primacia a la protección de los derechos humanos y ambientales, los recursos naturales y ecosistemas. ›› garantizar los sectores básicos para la población: energía, alimentación, servicios públicos, resguardando su soberanía ante las reglas internacionales de inversión. ›› posibilitar la participación de las poblaciones afectadas por proyectos con empresas extranjeras de acuerdo al consentimiento previo, libre e informado, el monitoreo y evaluación de su desarrollo. ›› dotar al Estado el espacio para elaborar políticas e implementar medidas para el fomento de las MYPME y el desarrollo regional, sectores específicos, e imponer a inversionistas ciertos requisitos de desempeño. ›› exigir responsabilidad de las empresas transnacionales inversionistas en términos laborales, sociales, ambientales, en coherencia con las mismas regulaciones que tienen en sus países de origen. ›› apoyar la creación un Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos al nivel de la ONU.
Este reporte fue preparado y publicado por Publicado por Transnational Institute, Institute for Policy Studies, Colectivo Ecologista Jalisco, A.C, Comisión de Derechos Humanos del Valle de Tehuacán, A.C., EDUCA Servicios para una Educación Alternativa, A.C., Enlace Comunicación y Capacitación, A.C., Otros Mundos Chiapas, A.C., Proyecto sobre Organización y Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
México y la Unión Europea pondrán pronto en marcha una “modernización” del tratado de libre comercio (TLCUEM) que ambas partes firmaron hace 15 años. Aunque el TLCUEM fue el primer acuerdo global de comercio entre la UE y un país latinoamericano, el nivel de liberalización comercial y de protección de las inversiones en acuerdos posteriores de la UE es mucho mayor. El TLC “renovado” con México pretende ir mucho más allá que su predecesor.
Informes independientes han determinado que el actual TLCUEM ha tenido consecuencias negativas en términos de diversificación del comercio exterior, mayores inversiones en desarrollo y creación de empleo, y la protección de los derechos humanos. Lejos de abordar estas deficiencias, el “modernizar” este acuerdo no es más que un eufemismo para ampliar e incrementar los derechos de protección de los inversionistas. Uno de los principales puntos de la “modernización” consiste en incluir un capítulo sobre la protección de las inversionistas y un mecanismo inversionista – Estado para la solución de controversias.
En caso de aprobarse, el TLC “modernizado”, con todo un capítulo específico para la protección de las inversiones:
1-Permitirá a los inversionistas extranjeros impugnar legislaciones de interés público en México y en Europa
La actual propuesta de la UE para la protección de las inversiones —ya incluida en los acuerdos entre la UE y Vietnam, entre la UE y Canadá, y negociándose con los Estados Unidos― se integrará en todos los futuros acuerdos comerciales de la UE, como el adoptado con México.
Con esta propuesta, las empresas conservarán los derechos que les permiten interponer demandas de arbitraje multimillonarias contra el gobierno mexicano por la adopción de medidas concebidas para proteger a las personas y el medio ambiente. A diferencia de lo que afirma la UE, el Sistema de Tribunales de Inversiones que propone la Comisión Europea (CE) no protege el derecho de los gobiernos a legislar. El texto del modelo de inversiones de la UE no incluye ningún elemento que pueda impedir que las empresas impugnen decisiones de interés público ni que los árbitros fallen a favor de los inversionistas, condenando a los Estados a pagar miles de millones de dinero de los contribuyentes por concepto deindemnización por la implementación de medidas públicas legítimas. La CE prevé para los inversionistas una serie de derechos vagamente definidos, como el trato justo y equitativo; y la expropiación indirecta. De hecho, los gobiernos deberán defender que las medidas de interés público son “necesarias” y sirven a objetivos “legítimos” frente a los ataques de los inversionistas. Los casos serán resueltos por abogados muy bien pagados ―ahora renombrados por la CE como “jueces”― que seguirían teniendo un fuerte in- centivo económico para interpretar la ley a favor de los inversores. Sus honorarios proceden de las partes litigantes, y ascienden a 3,000 dólares diarios.
2-Blindará las privatizaciones y las reformas pro-empresariales en el sector del petróleo y el gas en México
En diciembre de 2013, el gobierno mexicano abrió, después de décadas, la explotación de la industria del gas y el petróleo a compañías extranjeras. Empresas del sector de la energía de la UE, como Shell, BP y Total tienen un importante interés en el mercado petrolero mexicano. El fortalecimiento de la protección de las inversiones en el marco del nuevo TLCUEM blindará estas reformas. Será muy difícil para los futuros gobiernos mexicanos el revertir estas políticas sin correr en riesgo de ser demandados ante tribunales internacionales de inversión.
El peligro de ser objeto de demandas por parte de empresas petroleras es real, ya que un gran porcentaje de los casos de arbitraje internacional relativos a inversiones se origina en el sector de la energía, y muchos de ellos afectan a países que han impulsado reformas energéticas. Empresas de petróleo y gas han iniciado 57 controversias relativas a inversiones conocidas, de las cuales el 80% han sido en los últimos 10 años. Los países de América Latina y el Caribe son el principal objetivo.
3. Dificultará en gran medida que México y países individuales de la UE se retiren de este acuerdo
México tiene Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) con 16 de los 28 Estados miembros de la UE. La mayoría de ellos se podrían rescindir en cualquier momento o de aquí a 2019, lo cual concedería al gobierno mexicano una gran discreción para evaluar si mantener o no estos acuerdos. No obstante, si México sustituye los TBI vigentes con un capítulo sobre protección de inversiones en el TLC con la UE, a su gobierno le resultará prácticamente imposible retirar los nuevos derechos otorgados a los inversionistas extranjeros. La única forma de hacerlo pasaría por rescindir todo el acuerdo. Por otro lado, si un Estado individual miembro de la UE deseara revisar los derechos reservados a los inversionistas mexicanos, debería abandonar la Unión Europea para renunciar a sus compromisos.
4. Situará a México en una posición de riesgo de ser objeto de una nueva oleada de demandas de inversión por parte de inversionistas europeos
México, que ya ha enfrentado 23 casos de arbitraje amparados en tratados de inversión, es el séptimo país más demandado del mundo. A raíz de estas demandas, ya se ha visto obligado a pagar 246 millones de dólares, más intereses, en concepto de “daños y perjuicios” a nueve empresas distintas. Hasta la fecha, la mayor parte de las demandas de arbitraje relativas a inversiones han sido presentadas por inversionistas estadounidenses, pero en los últimos años varias empresas españolas también han interpuesto demandas contra el gobierno mexicano. Telefónica, por ejemplo, está reclamando una indemnización que supera la astronómica cifra de mil millones de dólares debido a los cambios normativos adoptados por México en el sector de las telecomunicaciones, una medida que había recomendado la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Al firmar un acuerdo de protección de las inversiones con la UE, el gobierno mexicano se expondrá a nuevas demandas por parte de inversionistas europeos, que podrían suponer el desembolso de millones de dólares del erario público. Los inversionistas de la UE son los principales usuarios del mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS), ya que han iniciado el 53% de todos los casos ISDS conocidos en el mundo. De estos, los de los Países Bajos, el Reino Unido y Alemania son los más activos. Casualmente, los inversionistas de estos países son también los que están invirtiendo más en estos momentos en México. El riesgo de que se incrementen las demandas se ve también exacerbado por el hecho de que, desde 2000, los flujos de inversión extranjera directa de la UE en México se han triplicado. Las inversiones europeas se han canalizado principalmente hacia el sector de los servicios financieros, el turismo y las telecomunicaciones. Las inversiones en estos sectores son especialmente susceptibles de dar lugar a controversias relativas a inversiones. Más de la mitad de las demandas interpuestas por empresas europeas en todo el mundo han estado relacionadas con la industria de los servicios, como los servicios financieros y las telecomunicaciones.
5. Incrementará las probabilidades de que los gobiernos de la UE sean blanco de demandas de multinacionales mexicanas
Las compañías transnacionales mexicanas están invirtiendo cada vez más en Europa, y en España en parti- cular. En 2014, las inversiones mexicanas en España alcanzaron una cifra récord. Todas estas inversiones y adquisiciones harían que los países europeos pudieran ser blanco de demandas de arbitraje de inversión por parte de empresas mexicanas al amparo de un nuevo capítulo sobre la protección de las inversiones. Aunque durante mucho tiempo los Estados miembros occidentales de la UE habían sido inmunes a las demandas de arbitraje, en los últimos años los Estados más ricos de la UE han sido objeto de 43 casos amparados en tratados de inversión, de los cuales 29 han sido contra contra España.
6- Permitirá que las empresas europeas sigan violando impunemente los derechos humanos en México
Las empresas europeas tienen una larga trayectoria de violaciones de derechos humanos y ambientales en México con una impunidad prácticamente total. El proyecto del capítulo sobre inversiones desarrollado por la UE no incluye ningún elemento que aborde esta situación. Al contrario, acentuará aún más el desequilibrio entre la legislación vinculante para las grandes empresas y las directrices meramente voluntarias en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos. La propuesta de la UE no prevé obligaciones para los inversionistas; solo derechos.
Este hecho no es sorprendente. El actual TLCUEM dispone de una cláusula sobre derechos humanos y democracia que podría haber propiciado la suspensión del acuerdo por las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, en los 15 años que han transcurrido desde que entró en vigor este tratado, la UE ha ignorado esas violaciones, convirtiendo la cláusula en un elemento meramente decorativo.
Si México y la UE desean modernizar su relación, debería ser con el objetivo de corregir el desequilibrio a favor de las transnacionales observados durante los 15 años en que ha estado en vigor el TLCUEM, y no ampliando la protección de las inversionistas otorgando a los inversionistas extranjeros amplios derechos corporativos.
Nos complace anunciar el lanzamiento del nuevo cómic «El Poder del 99% para Detener la Captura Corporativa y la Deuda«, una herramienta de educación política para fomentar la discusión y profundizar la comprensión de las causas fundamentales de la deuda y sus legados coloniales, el papel de la captura corporativa en la deuda, así como la intersección con otros problemas como las crisis de cuidados y climática. En última instancia, este cómic busca inspirar la acción para enfrentar la captura corporativa y los modelos económicos impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y los acreedores privados, que priorizan las ganancias de los acreedores y los intereses corporativos en detrimento de los derechos humanos, incluido el derecho a un ambiente sano.También aspiramos a desafiar la narrativa dominante propagada por las élites económicas y financieras, que utilizan un lenguaje confuso para ocultar las injusticias dentro del sistema. Por lo tanto, ante todo, esta es una historia de posibilidades y un recordatorio de que unidos podemos detener la captura corporativa, cancelar la deuda ilegítima e insostenible y abogar por un cambio transformador.
Del 11 al 15 de octubre: Utiliza el cómic para #ReclamarNuestroFuturo al FMI y al Banco Mundial Cada vez más, los países del Sur Global se encuentran asfixiados por la deuda. El FMI, el Banco Mundial y los acreedores privados siguen priorizando el pago de la deuda, en detrimento de servicios públicos y los derechos humanos. Además, están utilizando las crisis de la deuda para imponer cambios económicos y sociales alineados con los intereses de actores corporativos y financieros.Por ello, coincidiendo con las Reuniones Anuales del FMI/BM (9-15 de octubre de 2023, Marrakech, Marruecos), numerosos miembros de la Red estarán presentes para abogar por la cancelación de la deuda y un cambio transformador. ¡Ayúdanos a impulsar el cambio que queremos!
1. Del 11 al 15 de octubre, únete a nuestra campaña en redes sociales para #ReclamarNuestroFuturo y #CancelarDeuda, dirigida al FMI y al Banco Mundial (@IMFNews @WorldBank). En nuestro kit de acción digital, encontrarás mensajes y gráficos. IR AL KIT DE ACCIÓN
2. Comparte nuestras demandas sobre la deuda, los cuidados y la justicia climática:> En inglés, español, francés y árabe
Agradecimientos Un agradecimiento especial a las y los miembros del Grupo de Trabajo de Política Económica y del Grupo de Trabajo de Rendición de Cuentas Corporativa de la Red-DESC por sus importantes contribuciones en la creación de esta historia. También deseamos reconocer los inmensos esfuerzos de nuestros aliados y de cientos de organizaciones, pueblos indígenas, grupos feministas y movimientos sociales que luchan por recuperar los derechos humanos y el interés público frente al creciente poder de las élites corporativas y financieras. Están construyendo alianzas y trabajando juntes hacia el cambio que aspiramos a ver: un mundo donde la solidaridad, el cuidado de las personas y el planeta, y la igualdad sustantiva, guíen las decisiones y den forma a estructuras que garanticen los derechos humanos para todas las personas.
Para más información sobre nuestro trabajo colectivo en Justicia de la Deuda, póngase en contacto con Collins Liko en cliko@escr-net.org. Para más información sobre nuestro trabajo en torno a la captura corporativa, póngase en contacto con Mona Sabella en msabella@escr-net.org.
Les compartimos este informe publicado y coordinado por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo sobre el impacto y poder de los Bancos Mundial de Desarrollo sobre la vida, los pueblos y las y los defensores de derechos humanos; donde Otros Mundos participa con un capítulo de análisis – A 5 de septiembre del 2023
DESMITIFICANDO LA FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO
CÓMO AFECTAN LOS BANCOS PÚBLICOS DE DESARROLLO A LOS PUEBLOS Y AL PLANETA
Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, septiembre de 2023 Este informe ha sido redactado colectivamente por miembros y socios de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo. Este documento está publicado bajo una licencia Creative Commons (CC-BY-SA). El texto puede utilizarse gratuitamente para fines de incidencia, campañas, educación e investigación, siempre que se cite íntegramente la fuente. Este informe está concebido como un documento vivo: todo o parte del material puede ser duplicado, modificado, traducido o adaptado para apoyar su labor de incidencia colectiva, pero rogamos que se mencione debidamente, que no se utilice el material con fines comerciales y que se nos mantenga informados de cómo piensan modificar y utilizar este informe.
Para más información: rightsindevelopment.org/PDBs contact@rightsindevelopment.org
RESUMEN
Los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) constituyen uno de los actores más poderosos de la economía mundial. Los fondos que movilizan y sus prioridades políticas pueden influir –directa o indirectamente— en nuestras vidas y en el bienestar del planeta. Los BPD financian proyectos, proporcionan apoyo presupuestario general y préstamos a gobiernos y empresas, promueven reformas políticas, establecen normas mundiales y sirven como herramientas geopolíticas para los gobiernos que los poseen. Su considerable influencia les permite actuar como gobiernos en la sombra dentro de la arquitectura financiera mundial, y dentro de los países y regiones del Sur Global.
Desde la fundación del Banco Mundial en 1944, el número de estas instituciones y el papel que desempeñan han crecido exponencialmente. En los últimos años, especialmente tras el azote de la pandemia de Covid-19, los BPD han abogado por un papel aún mayor y más fondos para responder a la crisis climática y prevenir futuras pandemias.
Pero, ¿se corresponde su narrativa con la realidad sobre el terreno? ¿Abordan realmente los BPD las causas profundas de la actual policrisis mundial, promueven el desarrollo sostenible y luchan contra la pobreza, la desigualdad y el cambio climático?
Este análisis colectivo analiza algunos de los desafíos clave del actual enfoque de desarrollo impulsado por los BPD en sus proyectos, políticas y prácticas. A través de estudios de caso y una visión general de las principales tendencias en la financiación pública del desarrollo, muestra cómo –con demasiada frecuencia— los BPD acaban exacerbando la policrisis en lugar de abordar sus causas profundas. Algunos efectos de las inversiones de los BPD, como las repercusiones sociales y medioambientales de sus megaproyectos, son más visibles. Otros, como la privatización de los servicios sociales o la creciente deuda de los países del Sur Global, pueden permanecer más ocultos. En cualquier caso, el análisis de estos impactos muestra cómo los BPD socavan las vías y prioridades de desarrollo de los pueblos, comunidades y países del Sur Global, reforzando los desequilibrios de poder y un enfoque de arriba hacia abajo del desarrollo.
Como se explica en la sección de metodología, este documento se ha elaborado en colaboración y consulta con organizaciones y activistas que trabajan en todo el mundo sobre diversos temas, desde los derechos humanos, hasta la deuda y el cambio climático. No se trata de un análisis a profundidad, sino más bien de una visión general sobre los BPD, las tendencias clave en sus inversiones y prioridades, y algunos de los impactos más críticos que causan o a los que contribuyen.
ACERCA DE ESTE INFORME
A pesar del papel crucial que desempeñan y de la importancia de sus repercusiones, pocas personas saben qué son los bancos de desarrollo. Este análisis, elaborado de forma colectiva, pretende crear una base común de evidencia y conocimientos para comunidades, movimientos, personas defensoras de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y otros aliados sobre qué son los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) y cuál es su impacto en el mundo. En el proceso de construcción de una narrativa de la sociedad civil sobre los efectos y acciones de los BPD, el documento también desafía la narrativa sobre lo que éstos dicen ser.
El informe comienza con una breve descripción de lo que son los BPD, su historia, por qué son importantes, sus motivos subyacentes y las tendencias de sus inversiones. A continuación, analiza sus salvaguardias medioambientales y sociales y su marco de rendición de cuentas, incluidos sus puntos fuertes y sus limitaciones. Por último, profundiza en los impactos visibles y ocultos de las actividades apoyadas por los BPD.
La mayoría de los ejemplos de este informe viene de los grandes bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial, y de bancos multilaterales regionales, como el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD). También prestamos atención a los bancos multilaterales de desarrollo nacionales, sobre todo de China y Europa, que conceden préstamos internacionales, incluidas las agencias nacionales de crédito a la exportación. Sin embargo, prestamos muy poca atención a las repercusiones de los BPD nacionales que prestan a nivel nacional en sus propios países, ya que los colaboradores de este informe tienen más experiencia en inversiones internacionales. Tampoco se analizan los efectos diferenciados de los bancos de desarrollo en las distintas regiones y países.
Cualquier generalización que se haga en el informe debe leerse con la advertencia de que los BPD son increíblemente diversos en cuanto a sus estructuras y actividades. Dado que se trata de un documento vivo, agradecemos las sugerencias y críticas de nuestros lectores y lectoras para desarrollar futuros análisis sobre estas tendencias y repercusiones específicas, incluso a escala nacional y regional.
Compartimos con ustedes el siguiente pronunciamiento de la Campaña Nacional Sin Maíz No hay País sobre la presión de Estados Unidos y Canada sobre el maíz transgenico y el maíz nativo en México- A 25 de agosto del 2023
POSICIONAMIENTO de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País ante la solicitud de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, de un panel de controversia en relación con el maíz en México
Ciudad de México, viernes 25 de agosto de 2023
Desde la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País decimos ¡alto a la injerencia de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá! En México, la soberanía nacional y alimentaria no se negocian. Rechazamos los tratados comerciales que permiten a países extranjeros enajenar nuestra soberanía nacional y alimentaria.
El decreto presidencial que ordena la sustitución progresiva del uso del herbicida glifosato y la prohibición del maíz genéticamente modificado (GM), publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de diciembre de 2020, inició la oportunidad histórica de materializar cambios profundos ante el modelo neoliberal y ante la llamada “Revolución Verde”.
Las presiones del gobierno de Estados Unidos y de las corporaciones agroalimentarias a las que representa, iniciaron tan pronto apareció el primer decreto, y desembocaron en una petición de consultas técnicas en junio de 2023, cuestionando las bases científicas en que se sustenta dicho decreto.
A partir de entonces se han presentado las pruebas necesarias y el gobierno mexicano ha propuesto incluso realizar una investigación conjunta con el propósito de analizar los daños ocasionados por el glifosato y los maíces transgénicos a la salud humana.
La respuesta del gobierno estadounidense ha sido: NO. Esta negativa muestra que no existe voluntad de avanzar de manera constructiva, ya que el solo hecho de aceptarlo pondría en duda lo que el gobierno de Estados Unidos y las transnacionales han buscado imponer como verdad absoluta: que el paquete tecnológico glifosato/maíz GM no conlleva daños a la salud.
Pretenden ignorar que amplios sectores de la población en Estados Unidos y Canadá rechazan el uso de esta dupla, debido a las evidencias acumuladas de daños a la salud, que se muestran, por ejemplo, en las demandas ganadas por personas estadounidenses que enfermaron de cáncer debido al uso de glifosato. Las empresas prefieren pagar las demandas antes que perder el negocio multimillonario que representa este herbicida.
Enfrentamos lo que se anunciaba desde la firma del TLCAN (hoy T-MEC): la imposición de decisiones que beneficien a Estados Unidos y Canadá a través de la extracción de bienes comunes y de modelos que responden a sus intereses económicos sin respetar las necesidades y decisiones de México. Se trata de estar por encima de la autonomía esencial de una nación, de su soberanía.
Desde la firma del TLCAN, en México se modificó el modelo agroalimentario, lo que ha tenido graves consecuencias como una mayor migración, epidemias de obesidad, diabetes y otras enfermedades vinculadas al consumo masivo de alimentos chatarra producidos por industrias que sólo buscan ganancias, así como una fuerte crisis en el campo que nos vuelve dependientes de las importaciones de productos básicos como el maíz amarillo, provenientes de una elite de productores beneficiados con subsidios millonarios por parte del gobierno de Estados Unidos.
Y lo peor, productos transgénicos plagados de glifosato que contaminan la tierra, el agua, matan insectos polinizadores y afectan la salud de quienes siembran y consumen esos alimentos.
Lo que se pretende a través del T-MEC -ahora evidenciado con la petición de este panel de controversia- es imponernos un modelo agroalimentario y enajenar nuestro derecho soberano a decidir qué comer, cómo producir nuestros alimentos y qué importar.
Resulta irónico lo expresado por la representante de Estados Unidos, Katherine Tai, quien afirma que es “fundamental que México elimine sus medidas biotecnológicas incompatibles con el T-MEC para que los agricultores estadounidenses puedan continuar accediendo al mercado mexicano y utilizar herramientas innovadoras para responder a los desafíos climáticos y de seguridad alimentaria”, cuando son esas “herramientas innovadoras” las que tienen al planeta al borde del colapso ambiental.
Frente a ello, los datos evidencian que la mayor parte de los alimentos son producidos por la agricultura campesina de pequeña y mediana escala. Y que, mediante políticas públicas adecuadas, esta agricultura puede convertirse en la verdadera alternativa para la producción de alimentos, para el arraigo de las comunidades en sus territorios, y para la protección de la biodiversidad y de la salud ambiental y humana.
Ante esta situación es indispensable apoyar la posición del gobierno mexicano, justamente porque se basa en el derecho inalienable a la salud, así como los derechos a un ambiente sano y a la biodiversidad de los maíces nativos de México, en el país que es centro de origen y diversidad constante de este grano. También se basa en la defensa de la riqueza biocultural de las comunidades campesinas y del patrimonio gastronómico de México clasificado como Patrimonio Intangible de la Humanidad, por la UNESCO.
Es el momento de unir voces y esfuerzos para un cambio profundo en la manera de relacionarnos con la naturaleza y de producir nuestros alimentos.
Es el momento de unirnos para superar la pandemia de obesidad y diabetes, cuyos costos sociales y económicos afectan de manera evidente a nuestro país.
No permitamos que un país extranjero a través de un tratado comercial imponga condiciones que ponen en riesgo nuestro derecho a un ambiente sano, a la salud, a la vida, a un trabajo digno libre de tóxicos, y a preservar nuestro extraordinario patrimonio cultural y nuestra biodiversidad.
México es hoy una voz que se une a la de millones de personas que en el mundo demandan alternativas para recuperar la dignidad, el derecho a decidir qué comer, el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano y sustentable, el derecho a la información, en suma, el derecho a la vida.
La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País reitera su posición: NO a tratados comerciales que sirvan como pretexto a países extranjeros para enajenar nuestra soberanía. NO a un modelo agroalimentario depredador.
SÍ al trabajo campesino digno y bien remunerado. SÍ a políticas públicas integrales para el campo y una alimentación adecuada. SÍ a la milpa y a los maíces nativos. SÍ a una tortilla hecha con buen maíz, sana, nutritiva y libre de agrotóxicos. SÍ a una agricultura regenerativa.
Sin campesinas y campesinos, sin soberanía, no hay país.
