Informe: Desmitificando la Financiación del Desarrollo

Les compartimos este informe publicado y coordinado por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo sobre el impacto y poder de los Bancos Mundial de Desarrollo sobre la vida, los pueblos y las y los defensores de derechos humanos; donde Otros Mundos participa con un capítulo de análisis – A 5 de septiembre del 2023

DESMITIFICANDO LA FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO

CÓMO AFECTAN LOS BANCOS PÚBLICOS DE DESARROLLO A LOS PUEBLOS Y AL PLANETA

Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, septiembre de 2023
Este informe ha sido redactado colectivamente por miembros y socios de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo.
Este documento está publicado bajo una licencia Creative Commons (CC-BY-SA). El texto puede utilizarse gratuitamente para fines de incidencia, campañas, educación e investigación, siempre que se cite íntegramente la fuente. Este informe está concebido como un documento vivo: todo o parte del material puede ser duplicado, modificado, traducido o adaptado para apoyar su labor de incidencia colectiva, pero rogamos que se mencione debidamente, que no se utilice el material con fines comerciales y que se nos mantenga informados de cómo piensan modificar y utilizar este informe.

Para más información: rightsindevelopment.org/PDBs contact@rightsindevelopment.org

RESUMEN

Los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) constituyen uno de los actores más poderosos de la economía mundial. Los fondos que movilizan y sus prioridades políticas pueden influir –directa o indirectamente— en nuestras vidas y en el bienestar del planeta. Los BPD financian proyectos, proporcionan apoyo presupuestario general y préstamos a gobiernos y empresas, promueven reformas políticas, establecen normas mundiales y sirven como herramientas geopolíticas para los gobiernos que los poseen. Su considerable influencia les permite actuar como gobiernos en la sombra dentro de la arquitectura financiera mundial, y dentro de los países y regiones del Sur Global.

Desde la fundación del Banco Mundial en 1944, el número de estas instituciones y el papel que desempeñan han crecido exponencialmente. En los últimos años, especialmente tras el azote de la pandemia de Covid-19, los BPD han abogado por un papel aún mayor y más fondos para responder a la crisis climática y prevenir futuras pandemias.

Pero, ¿se corresponde su narrativa con la realidad sobre el terreno? ¿Abordan realmente los BPD las causas profundas de la actual policrisis mundial, promueven el desarrollo sostenible y luchan contra la pobreza, la desigualdad y el cambio climático?

Este análisis colectivo analiza algunos de los desafíos clave del actual enfoque de desarrollo impulsado por los BPD en sus proyectos, políticas y prácticas. A través de estudios de caso y una visión general de las principales tendencias en la financiación pública del desarrollo, muestra cómo –con demasiada frecuencia— los BPD acaban exacerbando la policrisis en lugar de abordar sus causas profundas. Algunos efectos de las inversiones de los BPD, como las repercusiones sociales y medioambientales de sus megaproyectos, son más visibles. Otros, como la privatización de los servicios sociales o la creciente deuda de los países del Sur Global, pueden permanecer más ocultos. En cualquier caso, el análisis de estos impactos muestra cómo los BPD socavan las vías y prioridades de desarrollo de los pueblos, comunidades y países del Sur Global, reforzando los desequilibrios de poder y un enfoque de arriba hacia abajo del desarrollo.

Como se explica en la sección de metodología, este documento se ha elaborado en colaboración y consulta con organizaciones y activistas que trabajan en todo el mundo sobre diversos temas, desde los derechos humanos, hasta la deuda y el cambio climático. No se trata de un análisis a profundidad, sino más bien de una visión general sobre los BPD, las tendencias clave en sus inversiones y prioridades, y algunos de los impactos más críticos que causan o a los que contribuyen.

ACERCA DE ESTE INFORME

A pesar del papel crucial que desempeñan y de la importancia de sus repercusiones, pocas personas saben qué son los bancos de desarrollo. Este análisis, elaborado de forma colectiva, pretende crear una base común de evidencia y conocimientos para comunidades, movimientos, personas defensoras de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y otros aliados sobre qué son los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) y cuál es su impacto en el mundo. En el proceso de construcción de una narrativa de la sociedad civil sobre los efectos y acciones de los BPD, el documento también desafía la narrativa sobre lo que éstos dicen ser.

El informe comienza con una breve descripción de lo que son los BPD, su historia, por qué son importantes, sus motivos subyacentes y las tendencias de sus inversiones. A continuación, analiza sus salvaguardias medioambientales y sociales y su marco de rendición de cuentas, incluidos sus puntos fuertes y sus limitaciones. Por último, profundiza en los impactos visibles y ocultos de las actividades apoyadas por los BPD.

La mayoría de los ejemplos de este informe viene de los grandes bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial, y de bancos multilaterales regionales, como el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD). También prestamos atención a los bancos multilaterales de desarrollo nacionales, sobre todo de China y Europa, que conceden préstamos internacionales, incluidas las agencias nacionales de crédito a la exportación. Sin embargo, prestamos muy poca atención a las repercusiones de los BPD nacionales que prestan a nivel nacional en sus propios países, ya que los colaboradores de este informe tienen más experiencia en inversiones internacionales. Tampoco se analizan los efectos diferenciados de los bancos de desarrollo en las distintas regiones y países.

Cualquier generalización que se haga en el informe debe leerse con la advertencia de que los BPD son increíblemente diversos en cuanto a sus estructuras y actividades. Dado que se trata de un documento vivo, agradecemos las sugerencias y críticas de nuestros lectores y lectoras para desarrollar futuros análisis sobre estas tendencias y repercusiones específicas, incluso a escala nacional y regional.

Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País: ¡alto a la injerencia de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá! En México, la soberanía nacional y alimentaria no se negocian

Compartimos con ustedes el siguiente pronunciamiento de la Campaña Nacional Sin Maíz No hay País sobre la presión de Estados Unidos y Canada sobre el maíz transgenico y el maíz nativo en México- A 25 de agosto del 2023

POSICIONAMIENTO de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País ante la solicitud de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, de un panel de controversia en relación con el maíz en México

Ciudad de México, viernes 25 de agosto de 2023

Desde la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País decimos ¡alto a la injerencia de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá! En México, la soberanía nacional y alimentaria no se negocian.
Rechazamos los tratados comerciales que permiten a países extranjeros enajenar nuestra soberanía nacional y alimentaria.

El decreto presidencial que ordena la sustitución progresiva del uso del herbicida glifosato y la prohibición del maíz genéticamente modificado (GM), publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de diciembre de 2020, inició la oportunidad histórica de materializar cambios profundos ante el modelo neoliberal y ante la llamada “Revolución Verde”.

Las presiones del gobierno de Estados Unidos y de las corporaciones agroalimentarias a las que representa, iniciaron tan pronto apareció el primer decreto, y desembocaron en una petición de consultas técnicas en junio de 2023, cuestionando las bases científicas en que se sustenta dicho decreto.

A partir de entonces se han presentado las pruebas necesarias y el gobierno mexicano ha propuesto incluso realizar una investigación conjunta con el propósito de analizar los daños ocasionados por el glifosato y los maíces transgénicos a la salud humana.

La respuesta del gobierno estadounidense ha sido: NO. Esta negativa muestra que no existe voluntad de avanzar de manera constructiva, ya que el solo hecho de aceptarlo pondría en duda lo que el gobierno de Estados Unidos y las transnacionales han buscado imponer como verdad absoluta: que el paquete tecnológico glifosato/maíz GM no conlleva daños a la salud.

Pretenden ignorar que amplios sectores de la población en Estados Unidos y Canadá rechazan el uso de esta dupla, debido a las evidencias acumuladas de daños a la salud, que se muestran, por ejemplo, en las demandas ganadas por personas estadounidenses que enfermaron de cáncer debido al uso de glifosato. Las empresas prefieren pagar las demandas antes que perder el negocio multimillonario que representa este herbicida.

Enfrentamos lo que se anunciaba desde la firma del TLCAN (hoy T-MEC): la imposición de decisiones que beneficien a Estados Unidos y Canadá a través de la extracción de bienes comunes y de modelos que responden a sus intereses económicos sin respetar las necesidades y decisiones de México. Se trata de estar por encima de la autonomía esencial de una nación, de su soberanía.

Desde la firma del TLCAN, en México se modificó el modelo agroalimentario, lo que ha tenido graves consecuencias como una mayor migración, epidemias de obesidad, diabetes y otras enfermedades vinculadas al consumo masivo de alimentos chatarra producidos por industrias que sólo buscan ganancias, así como una fuerte crisis en el campo que nos vuelve dependientes de las importaciones de productos básicos como el maíz amarillo, provenientes de una elite de productores beneficiados con subsidios millonarios por parte del gobierno de Estados Unidos.

Y lo peor, productos transgénicos plagados de glifosato que contaminan la tierra, el agua,
matan insectos polinizadores y afectan la salud de quienes siembran y consumen esos
alimentos.

Lo que se pretende a través del T-MEC -ahora evidenciado con la petición de este panel de controversia- es imponernos un modelo agroalimentario y enajenar nuestro derecho soberano a decidir qué comer, cómo producir nuestros alimentos y qué importar.

Resulta irónico lo expresado por la representante de Estados Unidos, Katherine Tai, quien afirma que es “fundamental que México elimine sus medidas biotecnológicas incompatibles con el T-MEC para que los agricultores estadounidenses puedan continuar accediendo al mercado mexicano y utilizar herramientas innovadoras para responder a los desafíos climáticos y de seguridad alimentaria”, cuando son esas “herramientas innovadoras” las que tienen al planeta al borde del colapso ambiental.

Frente a ello, los datos evidencian que la mayor parte de los alimentos son producidos por la agricultura campesina de pequeña y mediana escala. Y que, mediante políticas públicas adecuadas, esta agricultura puede convertirse en la verdadera alternativa para la producción de alimentos, para el arraigo de las comunidades en sus territorios, y para la protección de la biodiversidad y de la salud ambiental y humana.

Ante esta situación es indispensable apoyar la posición del gobierno mexicano, justamente porque se basa en el derecho inalienable a la salud, así como los derechos a un ambiente sano y a la biodiversidad de los maíces nativos de México, en el país que es centro de origen y diversidad constante de este grano. También se basa en la defensa de la riqueza biocultural de las comunidades campesinas y del patrimonio gastronómico de México clasificado como Patrimonio Intangible de la Humanidad, por la UNESCO.

Es el momento de unir voces y esfuerzos para un cambio profundo en la manera de
relacionarnos con la naturaleza y de producir nuestros alimentos.

Es el momento de unirnos para superar la pandemia de obesidad y diabetes, cuyos costos sociales y económicos afectan de manera evidente a nuestro país.

No permitamos que un país extranjero a través de un tratado comercial imponga condiciones que ponen en riesgo nuestro derecho a un ambiente sano, a la salud, a la vida, a un trabajo digno libre de tóxicos, y a preservar nuestro extraordinario patrimonio cultural y nuestra biodiversidad.

México es hoy una voz que se une a la de millones de personas que en el mundo demandan alternativas para recuperar la dignidad, el derecho a decidir qué comer, el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano y sustentable, el derecho a la información, en suma, el derecho a la vida.

La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País reitera su posición: NO a tratados comerciales que sirvan como pretexto a países extranjeros para enajenar nuestra soberanía. NO a un modelo agroalimentario depredador.

SÍ al trabajo campesino digno y bien remunerado. SÍ a políticas públicas integrales para el campo y una alimentación adecuada. SÍ a la milpa y a los maíces nativos. SÍ a una tortilla hecha con buen maíz, sana, nutritiva y libre de agrotóxicos. SÍ a una agricultura regenerativa.

Sin campesinas y campesinos, sin soberanía, no hay país.

Y sin frijol y maíz, no hay país.

Atentamente

Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País

Imagen: Abril Dalila Sanchéz

Boletines: El lavado verde en la aviación

Les compartimos esta serie de boletines o fichas informativas sobre mitos e ideas erróneas más comunes en torno al industria de la aviación y el dióxido de carbono elaboradas por Stay Grounded/ Permanecer el tierra

Lo que la industria de la aviación te dice y lo que NO te dice
Lo que debemos saber sobre las promesas de descarbonización y las falsas soluciones

Tras la pandemia de Covid19 y la interrupción que impuso a la mayoría de los vuelos nacionales e internacionales, la industria de la aviación y su lobby están trabajando arduamente para volver a su camino de crecimiento dañino para el clima anterior a COVID. Como reacción a la creciente conciencia pública y política sobre los efectos nocivos de la aviación para el clima, la industria acompaña sus búsquedas de rescates y más subsidios con promesas de vuelos ecológicos a través de la tecnología.

Al observar más de cerca lo que la industria nos dice y lo que no nos dice, en nuestra nueva serie de hojas informativas desacreditamos los conceptos erróneos comunes y miramos detrás de la cortina verde de sus promesas.

Las fichas informativas:
01 Eficiencia
02 Vuelo Eléctrico
03 Hidrógeno
04 Biocombustibles
05 E-combustibles
06 Neto Cero
07 Compensaciones de carbono


	

[Video] Voces en resistencia IV: Medidas ante los megaproyectos extractivistas

Con mucha alegría les compartimos el cuarto capítulo de la serie Voces en Resistencia; una serie de testimonios de personas que luchan por defender la vida y el territorio de mega proyectos extractivistas.

En este caso Rose, integrante de Amigos de la Tierra Internacional y participante de la Asamblea Anual de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería donde nos cuenta la importancia de la solidaridad internacionalista en las luchas para enfrentar el poder corporativo.

Más capítulos:

Mapa: Aeropuertos y Conflictos en México

Compartimos con ustedes este mapa de los Aeropuertos y conflictos en México con la última actualización a julio del 2023.

Por sí aú no haz leido el informe que acompaña este mapa, aquí te dejamos el link para que lo revises.

Informe: Aeropuertos y Conflictos en México

Publicada el | por Otros Mundos AC

Compartimos el siguiente informede nuestro compañero Gustavo Castro Soto de Otros Mundos Chiapas A.C. en colaboración con Stay Grounded-Permanecer en la Tierra el cual es un análisis exhaustivo del sector de la aviación en México.

Comunicado de Prensa

Aeropuertos en México intensifican el Modelo Extractivista, despojo y saqueo de territorios

29 de Septiembre de 2022 – México

Hablar de aviación en México es hablar de desigualdades y despojos, puesto que los aeropuertos intensifican el modelo extractivista crucial para el capitalismo. Y hoy podemos hablar del “Modelo Extractivista Aeroportuario”, de megaproyectos de conectividad, de extractivismo, de carga y turísticos que son centrales para entender la importancia que se le da a la infraestructura aeroportuaria en México. Tengamos en cuenta también,  que el país juega un papel muy importante en numerosos acuerdos comerciales con grandes potencias mundiales y es aquí donde surge la interrogante ¿para quién es toda la infraestructura aeroportuaria en México?

Las posibilidades de viajar a un destino nacional o internacional para la mayoría de la población mexicana son muy bajas, puesto que México tiene uno de los índices de vuelos per cápita más bajos de América Latina. Dentro del informe “Aeropuertos y conflictos en México” el autor destaca la desproporcionada importancia de los aeropuertos en los planes de inversión del actual gobierno mexicano.

Durante 2018, una sola empresa de autobuses en México (grupo ADO) movió alrededor de 476 millones de pasajeros, casi 5 veces más que el número de pasajeros aéreos del país, está claro que la mayoría de la población mexicana utiliza los medios de transporte terrestres como la preferencial forma de transporte.

Sin embargo, la prioridad que se le ha dado a la inversión en infraestructura aeroportuaria es tremenda no sólo en el gobierno anterior sino sobre todo en el actual. Bajo el Acuerdo Nacional de Infraestructura entre el sector privado y el gobierno federal, sólo entre el 2019 y 2021, 42 mil 458 millones de pesos se destinaron a la mejora y ampliación de 28 aeropuertos. Y para todo el periodo de la presente administración, se contemplan inversiones de distinta naturaleza para 50 aeropuertos: 40 están o serán ampliados y modernizados, 5 están en construcción, 4 tienen planes de construcción y un caso de cancelación.

Varios proyectos aeroportuarios han desencadenado conflictos socioambientales en seis de las entidades federativas. sumándose a los cuatro casos ya documentados (Aeropuertos Internacionales de Creel-Chihuahua, Guadalajara-Jalisco, Texcoco y Santa Lucía-Estado de México), el informe reconoce y caracteriza nuevos conflictos relacionados con los proyectos del aeropuerto de Tepic en Nayarit; el aeropuerto de Puebla; y los aeropuertos de Chetumal y Tulum en Quintana Roo.

El hecho de no identificar con claridad algunos conflictos no significa que no los haya, ya que como es conocido las infraestructuras aeroportuarias al igual que muchos otros megaproyectos se basan en el continuo saqueo de los bienes comunes así como la expropiación de tierras, por lo tanto la posibilidad de que surjan nuevos conflictos en torno a la construcción o ampliación de aeropuertos es muy alta.

Otro punto importante y cada vez más preocupante es el papel central de las fuerzas armadas mexicanas en la promoción y gestión de la expansión aeroportuaria. El ejército mira a los aeropuertos como la nueva frontera para generar ingresos para sostener las crecientes fuerzas armadas. El informe describe el caso del aeropuerto de Tulum, donde la presente  administración está creando una nueva empresa que controlará el aeropuerto y será administrada por los militares. Un paso más hacia la no nombrada militarización del país.

Todo lo anterior está documentado en un análisis exhaustivo del sector de la aviación en México a través del  nuevo informe “Aeropuertos y conflictos en México” de Gustavo Castro Soto (Otros Mundos Chiapas, AC)/Stay Grounded-Permanecer en la Tierra).

En dicho informe se señalan 50 aeropuertos beneficiados por la inversión de la actual administración federal e identifica 8 conflictos socioambientales documentados relacionados. Así como un mapa de los aeropuertos ubicados dentro de territorios indígenas en México que acompaña la publicación.

Atentamente

Stay Grounded-Permanecer en la Tierra

Otros Mundos Chiapas A.C.

Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en  Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura

Artículo elaborado por Stay Grounded

Informe: Confianza en el lugar equivocado

Compartimos el siguiente informe de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo sobre el papel de los bancos de desarrollo en los mega proyecto y las represiones a las personas defensoras – A de julio del 2023

“Confianza en el lugar equivocado”, un nuevo informe de la campaña Personas Defensoras en el Desarrollo publicado el 5 de julio, muestra cómo los bancos de desarrollo ponen en grave peligro a las personas defensoras de los derechos humanos al confiar en sus clientes para hacer frente a las represalias.

La investigación, basada en el análisis de 38 estudios de casos de represalias en el contexto de proyectos de desarrollo, muestra que en todos los casos, excepto en dos, los clientes de los bancos de desarrollo han desempeñado un papel directo en la perpetración de los ataques.

El informe también incluye una serie de recomendaciones, indicando que los bancos de desarrollo deberían dejar de delegar acríticamente la evaluación del riesgo de represalias y la respuesta a los clientes. En cambio, los bancos deberían desarrollar protocolos y directrices sobre lo que harán ellos mismos en materia de represalias.

CONCLUSIONES PRINCIPALES

Los casos analizados en “Confianza mal depositada” muestran que:

  • En todos los casos menos en dos, los clientes desempeñan un papel en la perpetración de represalias contra las personas defensoras.
  • Las represalias cuya responsabilidad puede atribuirse a los clientes van desde amenazas hasta asesinatos; la criminalización es uno de los tipos más comunes de represalias.
  • Las represalias suelen ser perpetradas por las fuerzas de seguridad, personal/contratistas de empresas privadas y funcionarios estatales y gubernamentales.
  • Las fuerzas de seguridad pública suelen desempeñar un papel en la perpetración o facilitación de las represalias.
  • A menudo, los clientes también contribuyen a las condiciones que conducen a las represalias (por ejemplo, no garantizar consultas significativas).

El análisis de las políticas de ocho grandes bancos de desarrollo muestra que los bancos tienden a confiar en la información generada por los clientes para procesos clave (como las evaluaciones de riesgos ambientales y sociales, la participación de las partes interesadas y las consultas con las comunidades afectadas) que son fundamentales para prevenir y abordar las represalias.

RECOMENDACIONES CLAVE

Aplicar la tolerancia cero a las represalias exige que las IFD dejen de confiar a sus clientes la evaluación del riesgo de represalias y la respuesta a éstas, a menos que los clientes hayan trabajado activamente con las comunidades directamente afectadas y las personas defensoras para ganarse primero su confianza. Las IFD no pueden delegar acríticamente la evaluación del riesgo de represalias y la respuesta a los clientes.

En su lugar, las IFD deben desarrollar protocolos y directrices sobre lo que harán ellas mismas en materia de represalias. Estos protocolos y directrices deben abarcar todo el ciclo del proyecto y prepararse en estrecha consulta con quienes hayan sufrido directamente represalias en el contexto de proyectos de desarrollo, así como con la comunidad en general y sus aliados, incluidas las OSC especializadas en cuestiones de derechos humanos.

En virtud de estos protocolos y directrices, DFI debería

  • Evaluar los riesgos de represalias y responder cuando se produzcan.
  • Reforzar la capacidad y los incentivos del personal, la dirección y los consultores del banco para prevenir y responder a las represalias.
  • Alinear los incentivos de los clientes (incluso mediante la aplicación de consecuencias negativas) para evitar los riesgos de represalias y responder cuando éstas se produzcan.

Podcast Elemental: Contra la voracidad del capitalismo con Gustavo Castro

Les compartimos el siguiente episodio del Podcats Elemental donde en entrevista con nuestro compañero Gustavo Castro hablan de la defensa del medio ambiente, los mega proyectos extractivistas, las alternativas y las vida que se dan por defender la vida y una vida digna como nuestra querida #BertaCaceres

Elemental

Un pódcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y con sus demás especies. Presentado y co-producido por Nicolás Ibargüen, La No Ficción y Exile Content Studio.

Gustavo Castro Soto lleva décadas luchando contra la raíz de lo que él considera los problemas más urgentes que aquejan a la humanidad y el planeta entero: el modelo actual de producción.

Buena parte de su vida ha presidido organizaciones para defender territorios mexicanos de la devastación por represas y minas. En el camino ha perdido compañeros y compañeras entrañables, pero su lucha sigue en medio de las dificultades.

En esta conversación exploramos los males del sistema capitalista, su efecto sobre el medioambiente y las alternativas sostenibles que existen.

Podcats: Suena bien, pero huele mal: desmontar las mentiras corporativas

Compartimos con ustedes estos audios de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC sobre el poder corporativo – Diciembre 2022

Mesas radiales latinoamericanas para desandar los discursos transnacionales

En los sitios web y folletería de diversas empresas transnacionales que cuentan con un gran prontuario de delitos ambientales y sociales, puede leerse cómo protegen el medio ambiente, empoderan a las personas y generan energía para que el mundo funcione.

Son las mismas empresas que han violado sistemáticamente los derechos humanos, despojado y violentado comunidades, acaparado y envenenado territorios, extraído riquezas y bienes comunes para su propio beneficio, apoyado y motivado golpes de Estado.

Esos discursos con palabras bonitas y expresiones convincentes, muchas de ellas apropiadas del acervo de los movimientos sociales como otra forma de extractivismo social, intentan convencernos no solo de que las corporaciones no son las generadoras de las crisis sistémicas, sino que incluso vienen a solucionarlas. Estas narrativas coloniales, que poco menos que pregonan que los habitantes locales deben agradecer a los salvadores por llegar a sus territorios, se repiten desde el 1600.

En estas mesas redondas con activistas de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe (ATALC), desandamos, con datos y experiencias, las mentiras corporativas y ponemos en el centro la vida, partiendo de nuestras propias narrativas, porque ninguna transformación será estructural y real sino tiene en el centro a sus protagonistas: los pueblos, las comunidades y los movimientos sociales.

¿Las transnacionales generan trabajo en las localidades donde se instalan y operan? ¿Mejoran la vida de las comunidades? ¿Hacen la vida de las personas más fácil? ¿Cuidan el medio ambiente?

En la primera mesa de intercambio cuestionamos estas máximas que las corporaciones aseguran. Con la participación de: Letícia Paranhos, de Amigos de la Tierra Brasil, Tatiana Rodríguez, de CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia, y Ramiro Ortiz, de la Unión de Afectados por Chevron-Texaco (UDAPT – Amigos de la Tierra Ecuador). Reproductor de audio

00:00

00:00

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen.

¿Las corporaciones alimentan y generan energía para sostener el mundo? ¿Es más barato comprar en el supermercado que a la agricultura familiar? ¿Las corporaciones pueden tener una perspectiva sostenible? ¿Las empresas trabajan para solucionar la crisis climática?

En la segunda mesa radial analizamos los discursos manipulados y mostramos que no se corresponden con la realidad. Con la participación de Wanda Olivares, de Tierra Nativa – Amigos de la Tierra Argentina, Walter Gómez, de CESTA – Amigos de la Tierra El Salvador, y Juan Almendares, del Movimiento Madre Tierra – Amigos de la Tierra Honduras. Reproductor de audio

00:00

00:00

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen.

ATALC trabaja e investiga sobre el avance de las transnacionales en la región. Estas mesas redondas fueron realizadas en el marco del ciclo de entrevistas Resistencia al aumento del poder de las transnacionales en América Latina y el Caribe. También podés escuchar la serie de podcast Resistencia.

Podcats: Resistencia

Compartimos con ustedes este serie de podcats producidos por Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC sobre el aumento del poder de las empresas transnacionales en los ámbitos energético y agropecuario

¿Alguna vez imaginaste el futuro? ¿Cómo crees que viviremos en treinta años?


En diciembre de 2021 las organizaciones miembro de ATALC realizaron un diagnóstico sobre el poder de las transnacionales en América Latina y el Caribe. Un estado de situación a lo largo y ancho del continente que da cuenta del saqueo de estas empresas a los pueblos de la región.

RESISTENCIA es una serie sonora que refuerza algunas características de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rico, El Salvador y México. Una muestra de lo que puede pasar si no frenamos el modus operandi de las empresas transnacionales.

Un proyecto de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC).

Una realización original de Tristana producciones.

>>Escucha aquí<<

Zacatecas: Alto a la criminalización de la protesta y al encubrimiento de los daños al agua y a la salud en la Comunidad Indígena de Cicacalco, municipio de Tlaltenango

Compartimos comunicado de la Red Méxicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por un ambiente sano en Tlaltenango ante el uso de un relleno sanitario – A 19 de julio del 2022

Desde la Presidencia de la República se insiste que seamos nosotros, la población, la que no permitamos más actos de impunidad en este país tan lastimado por corporaciones y funcionarios públicos ineficientes, corruptos, omisos y que desprecian a la naturaleza y a la salud de la población. Hoy, una vez más, es la comunidad indígena de Cicacalco quien levanta su voz para denunciar cómo las autoridades administran los conflictos y encubren sus omisiones y violaciones a la ley, en lugar de atender de inmediato la contaminación del agua y la naturaleza perjudicando la salud de la población afectada por otra obra negligente.

Como Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería, nos unimos a la exigencia de la Comunidad Indígena de Cicacalco, municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, en Zacatecas, para que se decrete la clausura definitiva del basurero abierto en 2019 en dicho municipio y que, desde entonces, ha contaminado los cuerpos de agua que abastecen a la comunidad. Nos unimos también a la exigencia de la comunidad de Cicacalco por que se inicie la fase de remediación y restauración ambiental, así como la reparación de los daños causados por dicho basurero. Así mismo, urge que se detenga la criminalización a la Comunidad Indígena por su lucha legítima en defensa del agua y la salud. 

Desde la inauguración de esta obra, en junio de 2019, bajo la dirección del entonces administración del Presidente Municipal, Miguel Ángel Varela Pinedo, y con el permiso de la Secretaría de Agua y Medioambiente del estado de Zacatecas (SAMA), el basurero ha sido una fuente de contaminación permanente a las fuentes de agua de la comunidad y una amenaza a su salud y bienestar.

Desde el inicio, tal como nos urge la 4T, la comunidad ha presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades respectivas. La primera de éstas fue liderada por un grupo de mujeres indígenas, dos meses después de la inauguración del relleno, quienes se organizaron y fueron a la presidencia municipal a quejarse de los malos olores y enjambres de moscas que se metían a sus casas, producto de los animales muertos y restos del rastro municipal que, sin algún tratamiento, eran depositados en el basurero mencionado. Asimismo, se quejaron de las descargas fétidas al arroyo Los Tecongos, el cual pasa en medio de las parcelas de cultivo y cuya contaminación amenaza la principal fuente de agua de la comunidad. Sin embargo, como suele ocurrir, después de prometer que iban a atender la situación, el Presidente Municipal hizo caso omiso del problema y dejó sin atender las obligaciones que la ley marca en materia ambiental y de manejo de residuos. Ante su negligencia, en septiembre de 2020, la comunidad inició un plantón de 24 horas frente el relleno, como medida, hecho que logró la suspensión de operaciones del basurero. Luego, en septiembre de 2021, la PROFEPA ordenó el cierre temporal total de la obra que, hasta ahora, se mantiene cerrado, pero sin que haya un cierre definitivo ni una remediación al daño ambiental que implica.

Ayuntamiento criminaliza y encubre los daños

Por su lucha en defensa de la salud y el agua para frenar la operación del relleno sanitario, la Comunidad Indígena es criminalizada. La municipalidad miente al decir que siempre ha atendido los reclamos de la comunidad (http://ntrzacatecas.com/2022/07/14/siempre-se-atiende-a-los-manifestantes-de-cicacalco-salvador-arellano/), mientras acusa a Cicacalco de ser el problema, en lugar de asumir su mandato de responder a la ley y a la voluntad de la población. Primero, el síndico municipal ha criminalizado la legítima protesta de la comunidad Indígena de Cicacalco con una denuncia que sigue abierta desde el septiembre de 2020 en contra de tres personas y “quien resulte responsable”. Segundo, semanas después de que PROFEPA clausuró el relleno en septiembre de 2021, el ayuntamiento bajo la actual administración del Presidente Municipal, Salvador Arellano Anaya, interpuso un amparo en contra de la clausura para crear una cortina de humo y encubrir la responsabilidad que tiene por los daños que se iniciaron bajo la dirección de su antecesor.

Para la comunidad, ha sido casi imposible conseguir información oportuna sobre este nuevo acto irresponsable por cualquier vía, sea de las diversas instancias del gobierno estatal o federal a quienes han recurrido. Todas sin excepción, les negaron la información sobre el amparo durante meses, SAMA, PROFEPA, la Secretaría del Gobierno del Estado, y SEMARNAT. Mientras, para todas las autoridades, ha servido como una excusa para no tomar las medidas urgentes ante una flagrante fuente de contaminación y seguir administrando el conflicto con promesas incumplidas y reuniones sin fin. Por ejemplo, tal como relata el comunicado de la Comunidad Indígena de Cicacalco del 13 de julio (http://www.remamx.org/2022/07/comunicado-administracion-del-conflicto-y-delitos-cometidos-por-servidores-publicos-de-los-tres-niveles-en-el-basurero-municipal-de-tlaltenango-zacatecas/), las autoridades acudieron a una reunión el 26 de mayo en donde declararon su compromiso de asegurar la clausura definitiva del relleno con remediación sin que hubiera habido avances concretos hasta el momento.

Ya basta de tanta impunidad, contubernio e incompetencia. Urge que el ayuntamiento de Tlaltenango de Sánchez Román se responsabilice por sus delitos ambientales y desista de su amparo en contra de la resolución de PROFEPA y de su denuncia en contra de la legítima protesta de la Comunidad Indígena de Cicacalco. Urge que la PROFEPA proceda con la clausura definitiva del relleno sanitario e iniciar la fase de remediación, restauración ambiental y la reparación de los daños.

Además, es necesario realizar una revisión de los recursos públicos gastados durante la gestión de Miguel Ángel Varela Pinedo para la construcción de este supuesto «relleno sanitario» (25 millones de pesos), que no presenta las condiciones para serlo. Así también, se debe investigar a las autoridades por sus omisiones de responsabilidades en cumplimiento con las normas y leyes que deberían haber facilitado la canalización de las denuncias interpuestas por Cicacalco repetidamente desde 2019.

¡Alto a la impunidad y la criminalización de la defensa del territorio!

¡Urge la clausura definitiva del basurero en Cicacalco, la remediación, restauración integral, y la reparación de los daños!

Imagen: Alexis Rojas

Más información:

Zacatecas: Administración del conflicto y delitos cometidos por Servidores Públicos de los tres niveles en el Basurero Municipal de Tlaltenango

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 13 de julio del 2022

A casi dos meses de la llegada de la Secretaría del gobierno de Zacatecas y de las principales instancias
del aparato estatal y federal responsables por el medioambiente a nuestra comunidad indígena de
Cicacalco, en el municipio de Tlaltenango, para declarar ante el pueblo y los medios de comunicación su
compromiso para clausurar de manera definitiva el relleno sanitario que nos ha causado graves daños,
informamos que no ha habido avance. Como comunidad, denunciamos las graves irregularidades del
proceso en torno al basurero ubicado en nuestro territorio, que sigue contaminando nuestras fuentes
de agua. A pesar de haber presentado desde el inicio, evidencia de los daños socioambientales de este proyecto ante las respectivas autoridades, siguen sin lograr la clausura definitiva del mismo, ni la definición de un proceso de remediación del sitio y del agua afectada. Lejos de eso, han llevado adelante una negación burda de los hechos y la administración del conflicto.

En 2017, la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del estado de Zacatecas (SAMA) autorizó a través de
la Resolución de Impacto Ambiental, (RIA), al Ayuntamiento municipal de Tlaltenango, la operación de
un relleno sanitario tipo C. En junio de 2019, se inauguró oficialmente, aunque sus actividades como tal
iniciaron meses antes. El ex presidente municipal presentó el proyecto como una obra que tendría el
mínimo impacto ambiental. Pomposamente nombrado “la joya de la corona”, supuestamente sería
único en su tipo en el estado de Zacatecas y entre los 20 mejores del país.

Ubicada en una zona natural de recarga de aguas, la realidad de la obra fue distinta: un proyecto que
nunca fue tal, presuntamente por invertir menos dinero del presupuestado, aunado a la falta de
programas de vigilancia y monitoreo e irregularidades en su operación provocaron graves efectos.
Apenas transcurrió un mes y una semana desde su inauguración, se reportaron anomalías como la
descarga de lixiviados intencionalmente arrojadas a un arroyo de temporal que nace justo en el centro
del basurero, que pasa por las inmediaciones de la comunidad mencionada y es afluente del Río
Tlaltenango. Otros graves incidentes fueron: la inadecuada disposición de residuos sólidos urbanos y de
cadáveres de animales, la dispersión de contaminantes, y la contaminación de fuentes de agua.

Todo esto provocó nuestra inconformidad como habitantes de la comunidad de Cicacalco, ante una
obra que vulnera nuestros derechos fundamentales de vivir en un medio ambiente sano y a la salud. En
el proceso de reclamo, que inicia en agosto de 2019 y que hasta la fecha continúa, hemos visto de cerca
la corrupción, el tráfico de influencias, la coalición de servidores públicos, el ocultamiento de
información, la omisión dolosa, el ejercicio abusivo de funciones de distintos actores y niveles de
gobierno, y el manejo del conflicto por parte de los mismos servidores públicos (deslegitimación, uso
de violencia, violación sistemática de las leyes en materia ambiental, seguridad ambiental y de s alud
pública). La negación de los hechos, su minimización, el ocultamiento de información y el
encubrimiento ha sido el modus operandi de servidores públicos. Siendo omisos, en un grado brutal, en
sus responsabilidades como funcionarios al negarse a reconocer las afectaciones a nuestro territorio,
han impedido, a toda costa dar paso al consiguiente proceso de clausura definitiva, remediación y cierre
de sitio.

Nuestros derechos elementales de vivir en un medio ambiente sano y a la salud fueron violados por la
imposición de una obra, al no tomar en cuenta las condicionantes de la RIA 2017, no considerar el
principio precautorio, y no respetar nuestra autodeterminación y participación informada. Desde el
momento de la proyección de la obra y en su posterior puesta en marcha, se actuó con dolo, premeditación y ventaja, aprovechándose de sus posiciones de autoridad y poder como funcionarios, tanto el Ayuntamiento municipal de Tlaltenango, como los representantes de las dependencias relacionadas con la protección del medio ambiente.De acuerdo con la LGEEPA, es responsabilidad de quien altera las condiciones ecológicas, atender los
daños que comprometan la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Sin embargo, a 4
años de la apertura de este basurero, y aun cuando nosotros suspendimos las operaciones del mismo
en septiembre de 2020, y después mediante la clausura total temporal del relleno por PROFEPA, en
septiembre de 2021, y ratificada en noviembre del mismo año, los lixiviados siguen botándose al arroyo.
Los contenedores de lixiviados, la pila excavada a donde se canalizaron los desechos y el drenaje pluvial
fueron rebasados inmediatamente, a un mes una semana de su inauguración. Dado que se abrió un
tajo en una de las paredes de tierra de la fosa ampliada, lo que constituyó un hecho completamente
premeditado, los lixiviados se descargaron al lecho del arroyo Los Tecongos cercano, el cual pasa por la
comunidad y llega al río Tlaltenango, propiedad federal y fuente de agua de nuestra comunidad.

Nos echan la culpa. Pero todo esto es consecuencia de las malas decisiones de un Ayuntamiento
infractor y de las graves omisiones por parte de SAMA, SEMARNAT y PROFEPA. Los infractores
ambientales que siguen recibiendo toda clase de consideraciones son el ex-Presidente Municipal de
Tlaltenango, Miguel Ángel Varela Pinedo, el actual Presidente Municipal, Salvador Arellano Anaya, el
Equipo Jurídico del Municipio, y el ex-director de obras públicas y actual secretario de gobierno del
Municipio de Tlaltenango, Dorian Emanuel de la Cruz García. Por omisión y encubrimiento, son
cómplices la encargada de despacho jurídico de PROFEPA en Zacatecas, Biologa Lourdes Briones, y el
ex-director de SAMA, José Luis Maldonado, junto con sus representantes federales. Así como los
responsables de las delegaciones estatales de CONAGUA y SEMARNAT y la Procuraduría ambiental del
estado de Zacatecas. De igual manera denunciamos al ex gobernador de Zacatecas Tello Cristerna y a
Diputados de la anterior legislatura y que continúan en la actual, como es el caso de Guadalupe Correa.

Exigimos transparencia y compromiso social y ético del actual presidente municipal Salvador Arellano
Anaya y del Ayuntamiento. Que deje, de una vez por todas, de encubrir con sus acciones a la pasada
administración. Exigimos el desistimiento del amparo. Y así poder restablecer un convenio que lleve a
la clausura total definitiva y a la remediación del sitio, para lograr con ello la mitigación de los efectos
que tuvo este basurero en el corto plazo. Nuestra lucha siempre ha sido enfocada en cuidar, resguardar
y proteger nuestra agua, salud y medio ambiente. Exigimos que dejen de mediatizar y de pasarse la
problemática unos a otros y que, en su lugar, hagan patente su compromiso con los derechos
elementales de las personas y el respeto a nuestro territorio, en el cual habitamos y por el cual vivimos.

Determinar la responsabilidad administrativa a quien corresponda es una tarea pendiente para lo cual
exigimos una revisión administrativa seria y profunda. Pero sobre todo, exigimos que nos dejen de
criminalizar, y que se dicte la clausura definitiva del relleno y el cierre del sitio acompañado por la
ejecución de un proyecto de remediación integral.

No daremos un paso atrás. Continuaremos nuestra lucha por el territorio, la salud y por vivir en un medio ambiente sano.

Imagen: Habitantes de Cicacalco, municipio de Tlaltenango, Zacatecas, protestan contra el basurero público construido en la localidad. Foto Alfredo Valadez

Más información:

Seis razones para NO ratificar el Acuerdo Global Unión Europea – México (TLCUEM)

Compartimos esta carta firmada por más de 100 organizaciones civiles mexicanas y europeas pidiendo a legisladores/as y funcionarios correspondientes no ratificar el Acuerdo Global/TLCUEM – A 4 de julio de 2022

Las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, defensores/as de derechos humanos, de bienestar animal y del medio ambiente que firmamos la presente carta nos dirigimos a las y los responsables políticas/os de México y de la Unión Europea (UE) para pedir que no ratifiquen el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) “modernizado”. El texto se negoció a espaldas de la ciudadanía sin debate ni consulta pública, y se finalizó en abril de 2020, en medio de una de las peores crisis sanitarias, sociales y económicas del mundo, desencadenada por la pandemia de COVID19. Recordamos que el TLCUEM lleva vigente desde hace veinte años y lejos de cumplir las promesas no ha hecho más que generar graves impactos sociales, económicos y ambientales, ante todo para México. El acuerdo “modernizado” no hará sino profundizar los problemas del TLCUEM por las siguientes razones:

1. Solo protege a inversores extranjeros y pone en riesgo cambios urgentes a favor del clima, del medio ambiente y de los pueblos

El nuevo acuerdo tendrá un capítulo nuevo sobre inversiones que pretende consolidar el recurso al arbitraje internacional como mecanismo de resolución de disputas entre inversores y Estados. Lo preocupante es que el Sistema de Corte de Inversiones (ICS) propuesto no soluciona las peores partes del clásico mecanismo de solución de controversias entre inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés). Esto quiere decir que los inversores de la UE van a poder demandar a México (y viceversa) en un sistema de justicia paralela dando prioridad a sus intereses privados, mientras que regulaciones ambientales, sociales y del bien común general pasan a un segundo plano. En los últimos años muchas de estas demandas las han iniciado inversores transnacionales para atacar medidas y legislaciones ambientales. Por ejemplo, en 2010-2013 la transnacional española ABENGOA-COFIDES, demandó a México después de negarse a cumplir la normatividad ambiental, y obtuvo 48 millones de dólares por concepto de “indemnizaciones y ganancias perdidas”. Con las recientes reformas en México, sobre electricidad y minería de litio, confirmadas por la Suprema Corte de Justicia, algunas trasnacionales europeas, entre ellas Iberdrola, ya amenazaron a México con usar el mecanismo de ISDS. Europa también ha recibido varias demandas de este tipo por aprobar políticas climáticas, como es el gigante energético alemán RWE contra los Países Bajos por sus planes de eliminación del carbón para 2030. Firmar el TLCUEM va a generar más demandas de este tipo a los dos lados del Atlántico, comprometiendo a los presupuestos nacionales y atrasando cambios necesarios en favor del clima, del medio ambiente y del bienestar de las poblaciones y de los animales. 

2. Permitirá que las empresas europeas sigan violando impunemente los derechos humanos en México

Las empresas europeas tienen una larga trayectoria de violaciones a los derechos humanos y ambientales en México con una impunidad prácticamente total, que será reforzada con el TLCUEM modernizado ya que sigue sin plantear mecanismos efectivos de regulación. Algunos ejemplos se encuentran en: los abusos tarifarios y la violación al derecho de acceso a la luz, en el marco de un control monopólico por parte de Iberdrola, Naturgy, Acciona Energía, Fisterra; o bien la vulneración del derecho de acceso al agua, y la arbitrariedad tarifaria de Agsal-Suez (hoy Veolia) en Coahuila, Veracruz, Cd de México y Cancún. En los casos de las empresas embotelladoras de agua, está el despojo y devastación que está dejando Bonafont/Danone en la Zona Choluteca, donde la resistencia de los Pueblos Unidos está siendo criminalizada y reprimida. El nuevo tratado también profundizará la impunidad de las empresas europeas que participan en la construcción de megaproyectos con graves impactos socioambientales sobre el territorio, como el Proyecto Integral Morelos (PIM), los megaparques eólicos, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, o el Tren Maya, entre otros. En estos casos o bien se ha vulnerado directamente el derecho a la consulta y el consentimiento o negativa previa, libre e informada, y culturalmente adecuada, o bien su implementación no apegada a estándares internacionales está generando grandes divisiones y conflictos entre las comunidades. El “Acuerdo en Principio” del TLCUEM “modernizado” no incluye cláusulas vinculantes que reflejen voluntad alguna para que estas empresas respeten los derechos humanos, ni permite a las y los afectados disponer de mecanismos efectivos para acceder a la justicia, a la reparación de daños y a la no repetición. La cláusula de derechos humanos en el Acuerdo Global entre México y la Unión Europea (que contiene el TLCUEM) nunca se ha activado, a pesar de propuestas para tal fin por parte de organizaciones de la sociedad civil y en el propio Parlamento Europeo. 

3. No permite avanzar en los derechos de las mujeres y en la equidad de género 

El proyecto de TLCUEM modernizado refuerza los patrones patriarcales arraigados en la sociedad mexicana y en las europeas. El tratado no prevé ningún mecanismo para poner fin a la discriminación de las mujeres y el colectivo LGBTIQ ni incluye un lenguaje de “género” inclusivo. En este sentido, el acuerdo no habla sobre la necesidad de modernizar y cuestionar los roles masculino y femenino y sus diferentes tareas sociales. Además, se han eliminado las pocas cláusulas explícitas sobre mujeres que existían en la antigua versión del tratado, en concreto el art. 36 que mencionaba a las mujeres de bajos ingresos y el art. 37 sobre el rol de la mujer en procesos productivos. Ahora sólo se menciona la promoción de igualdad de oportunidades cuando se refiere a los estándares laborales aprobados por la OIT, sin mecanismos que puedan ser monitoreados. Los diferentes capítulos del tratado castigarán a la mayoría de las mujeres que son pobres por partida doble. Como trabajadoras, campesinas o em-presarias corren el riesgo de ser sacadas del mercado por la competencia desigual de las empresas europeas, sobre todo en las industrias de lácteos y carnes. Por otro lado, el capítulo ampliado de con-tratación pública o el de protección a la propiedad intelectual fomenta un modelo económico que enca-rece los servicios públicos como la salud o acceso a medicinas abordables. La precarización previsi-ble por la reprimarización del modelo económico no hará más que reforzar un modelo patriarcal que aumentará el ya sinnúmero de víctimas por la violencia por razones de género. 

4. Atenta contra la agricultura campesina y erosiona la soberanía alimentaria

Los acuerdos de libre comercio como el TLCUEM se articulan directamente con el sistema agroindustrial global que tiene un impacto devastador sobre el derecho a una agricultura y un comercio independiente, el derecho a la alimentación y la salud, además de ser uno de los principales responsables de la crisis climática. En este marco, el ataque a la agricultura campesina privatizando y acaparando la tierra, expulsa personas, dispara la migración, mientras se subvencionan monocultivos agroexportadores altamente dependientes de OGM, agrotóxicos, energía, agua y mano de obra prácticamente esclava, y megagranjas que han estado al origen de pandemias como la gripe A/H1N1.Con el TLCUEM serán las corporaciones agroindustriales mexicanas y europeas las mayores beneficiadas. Actualmente, las transnacionales alemanas como Bayer-Monsanto continúan la importación de OGM y los agrotóxicos encabezados por el glifosato. Con esto reproducen los daños a la salud que afectan al 99% de los franceses. Por otra parte, la Unión Europea presiona a México para que firme la versión 91 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). La mera aceptación de todo el sistema UPOV, en cualquiera de sus versiones, legitima la privatización de las semillas y atenta directamente contra la agricultura campesina independiente, es decir, contra el pilar de la soberanía alimentaria. Las productoras y los productores en Europa también se verán sufrirán afectaciones por el incremento de importaciones desde México.

5. Impide el avance de un sistema energético más sostenible, descentralizado y democrático

La incorporación en el TLCUEM de un capítulo sobre energía busca blindar la privatización del sector, que se consolidó con la reforma constitucional energética de 2013. Esta privatización ha tenido impactos directos en la población como la subida de precios de la electricidad.  Además, ha consolidado el modelo de grandes megaproyectos (tanto en APP, como de iniciativa privada) para la generación eléctrica conllevando a la privatización de tierras comunales, represión y agresiones a poblaciones afectadas, impactos ambientales y corrupción. Muchas megaempresas energéticas europeas, y en particular españolas tienen un gran interés en México y son las mayores promotoras de este tratado. Algunas empresas que ya invierten en este sector son entre otras, Ibedrola, Naturgy and Acciona de España, Enel de Italia y Engie de Francia.

6. La contratación y los servicios públicos en peligro

El TLCUEM “modernizado” abre por primera vez la contratación pública a empresas europeas en México y viceversa. Esto significa que se pondrá por delante los intereses privados sobre los públicos, a partir del supuesto de que lo que conviene a los inversionistas, conviene a las sociedades. Tal supuesto desdeña los impactos de los intereses corporativos sobre la polarización del ingreso y de la riqueza, el deterioro ambiental y la degradación social, la mercantilización de la cultura y la historia. También afecta al propio desarrollo empresarial, en contra de los micro y pequeños productores y en beneficio de los grandes capitales trasnacionales, tanto europeos como mexicanos. Daña, finalmente, las prácticas sociales y solidarias bicontinentales, en beneficio de los grandes capitales, mismos que no tienen banderas. El desarrollo, tanto europeo como mexicano, requiere privilegiar las condiciones y aspiraciones legítimas de sus sociedades y no las utilidades.

Para terminar, queremos recordar que México se ha convertido en uno de los principales paraísos industriales a nivel planetario, es decir, uno de los laboratorios más avanzados para el libre comercio y la desregulación. El resultado ha sido una devastación económica, social y ambiental sin precedentes, y una multiplicidad de “zonas de sacrificio” o “infiernos ambientales”, que siguen cobrando miles de vidas cada año. No hay que olvidar que muchas de estas empresas también son las principales responsables de décadas de privatizaciones y expolio de lo público en Europa poniendo en riesgo derechos fundamentales como el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al agua o el derecho a la energía. 

Consideramos que el TLCUEM es el triunfo del capital transnacional tanto europeo como mexicano a costa de las condiciones de vida de las poblaciones de los dos lados del Atlántico y del medio ambiente. 

En base a lo aquí explicado, nos preocupa que se aproveche el contexto de la guerra en Europa como excusa para acelerar la ratificación del acuerdo con las graves implicaciones que esto tendría sobre la población mexicana y europea. Para que el futuro sea viable y sostenible, el modelo de políticas comerciales del siglo XXI tiene que poner por delante el bienestar de las comunidades, los pueblos y de los bienes ambientales. 

Por eso, desde las organizaciones de la sociedad civil europea y mexicana decimos ¡NO al tratado de comercio e inversión entre la UE-México! Y exigimos a nuestros responsables políticos oponerse a su ratificación.

Firman

>>Consulta los firmantes aquí<<