Podcats: Resistencia

Compartimos con ustedes este serie de podcats producidos por Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC sobre el aumento del poder de las empresas transnacionales en los ámbitos energético y agropecuario

¿Alguna vez imaginaste el futuro? ¿Cómo crees que viviremos en treinta años?


En diciembre de 2021 las organizaciones miembro de ATALC realizaron un diagnóstico sobre el poder de las transnacionales en América Latina y el Caribe. Un estado de situación a lo largo y ancho del continente que da cuenta del saqueo de estas empresas a los pueblos de la región.

RESISTENCIA es una serie sonora que refuerza algunas características de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rico, El Salvador y México. Una muestra de lo que puede pasar si no frenamos el modus operandi de las empresas transnacionales.

Un proyecto de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC).

Una realización original de Tristana producciones.

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Zacatecas: Alto a la criminalización de la protesta y al encubrimiento de los daños al agua y a la salud en la Comunidad Indígena de Cicacalco, municipio de Tlaltenango

Compartimos comunicado de la Red Méxicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por un ambiente sano en Tlaltenango ante el uso de un relleno sanitario – A 19 de julio del 2022

Desde la Presidencia de la República se insiste que seamos nosotros, la población, la que no permitamos más actos de impunidad en este país tan lastimado por corporaciones y funcionarios públicos ineficientes, corruptos, omisos y que desprecian a la naturaleza y a la salud de la población. Hoy, una vez más, es la comunidad indígena de Cicacalco quien levanta su voz para denunciar cómo las autoridades administran los conflictos y encubren sus omisiones y violaciones a la ley, en lugar de atender de inmediato la contaminación del agua y la naturaleza perjudicando la salud de la población afectada por otra obra negligente.

Como Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería, nos unimos a la exigencia de la Comunidad Indígena de Cicacalco, municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, en Zacatecas, para que se decrete la clausura definitiva del basurero abierto en 2019 en dicho municipio y que, desde entonces, ha contaminado los cuerpos de agua que abastecen a la comunidad. Nos unimos también a la exigencia de la comunidad de Cicacalco por que se inicie la fase de remediación y restauración ambiental, así como la reparación de los daños causados por dicho basurero. Así mismo, urge que se detenga la criminalización a la Comunidad Indígena por su lucha legítima en defensa del agua y la salud. 

Desde la inauguración de esta obra, en junio de 2019, bajo la dirección del entonces administración del Presidente Municipal, Miguel Ángel Varela Pinedo, y con el permiso de la Secretaría de Agua y Medioambiente del estado de Zacatecas (SAMA), el basurero ha sido una fuente de contaminación permanente a las fuentes de agua de la comunidad y una amenaza a su salud y bienestar.

Desde el inicio, tal como nos urge la 4T, la comunidad ha presentado las denuncias correspondientes ante las autoridades respectivas. La primera de éstas fue liderada por un grupo de mujeres indígenas, dos meses después de la inauguración del relleno, quienes se organizaron y fueron a la presidencia municipal a quejarse de los malos olores y enjambres de moscas que se metían a sus casas, producto de los animales muertos y restos del rastro municipal que, sin algún tratamiento, eran depositados en el basurero mencionado. Asimismo, se quejaron de las descargas fétidas al arroyo Los Tecongos, el cual pasa en medio de las parcelas de cultivo y cuya contaminación amenaza la principal fuente de agua de la comunidad. Sin embargo, como suele ocurrir, después de prometer que iban a atender la situación, el Presidente Municipal hizo caso omiso del problema y dejó sin atender las obligaciones que la ley marca en materia ambiental y de manejo de residuos. Ante su negligencia, en septiembre de 2020, la comunidad inició un plantón de 24 horas frente el relleno, como medida, hecho que logró la suspensión de operaciones del basurero. Luego, en septiembre de 2021, la PROFEPA ordenó el cierre temporal total de la obra que, hasta ahora, se mantiene cerrado, pero sin que haya un cierre definitivo ni una remediación al daño ambiental que implica.

Ayuntamiento criminaliza y encubre los daños

Por su lucha en defensa de la salud y el agua para frenar la operación del relleno sanitario, la Comunidad Indígena es criminalizada. La municipalidad miente al decir que siempre ha atendido los reclamos de la comunidad (http://ntrzacatecas.com/2022/07/14/siempre-se-atiende-a-los-manifestantes-de-cicacalco-salvador-arellano/), mientras acusa a Cicacalco de ser el problema, en lugar de asumir su mandato de responder a la ley y a la voluntad de la población. Primero, el síndico municipal ha criminalizado la legítima protesta de la comunidad Indígena de Cicacalco con una denuncia que sigue abierta desde el septiembre de 2020 en contra de tres personas y “quien resulte responsable”. Segundo, semanas después de que PROFEPA clausuró el relleno en septiembre de 2021, el ayuntamiento bajo la actual administración del Presidente Municipal, Salvador Arellano Anaya, interpuso un amparo en contra de la clausura para crear una cortina de humo y encubrir la responsabilidad que tiene por los daños que se iniciaron bajo la dirección de su antecesor.

Para la comunidad, ha sido casi imposible conseguir información oportuna sobre este nuevo acto irresponsable por cualquier vía, sea de las diversas instancias del gobierno estatal o federal a quienes han recurrido. Todas sin excepción, les negaron la información sobre el amparo durante meses, SAMA, PROFEPA, la Secretaría del Gobierno del Estado, y SEMARNAT. Mientras, para todas las autoridades, ha servido como una excusa para no tomar las medidas urgentes ante una flagrante fuente de contaminación y seguir administrando el conflicto con promesas incumplidas y reuniones sin fin. Por ejemplo, tal como relata el comunicado de la Comunidad Indígena de Cicacalco del 13 de julio (http://www.remamx.org/2022/07/comunicado-administracion-del-conflicto-y-delitos-cometidos-por-servidores-publicos-de-los-tres-niveles-en-el-basurero-municipal-de-tlaltenango-zacatecas/), las autoridades acudieron a una reunión el 26 de mayo en donde declararon su compromiso de asegurar la clausura definitiva del relleno con remediación sin que hubiera habido avances concretos hasta el momento.

Ya basta de tanta impunidad, contubernio e incompetencia. Urge que el ayuntamiento de Tlaltenango de Sánchez Román se responsabilice por sus delitos ambientales y desista de su amparo en contra de la resolución de PROFEPA y de su denuncia en contra de la legítima protesta de la Comunidad Indígena de Cicacalco. Urge que la PROFEPA proceda con la clausura definitiva del relleno sanitario e iniciar la fase de remediación, restauración ambiental y la reparación de los daños.

Además, es necesario realizar una revisión de los recursos públicos gastados durante la gestión de Miguel Ángel Varela Pinedo para la construcción de este supuesto «relleno sanitario» (25 millones de pesos), que no presenta las condiciones para serlo. Así también, se debe investigar a las autoridades por sus omisiones de responsabilidades en cumplimiento con las normas y leyes que deberían haber facilitado la canalización de las denuncias interpuestas por Cicacalco repetidamente desde 2019.

¡Alto a la impunidad y la criminalización de la defensa del territorio!

¡Urge la clausura definitiva del basurero en Cicacalco, la remediación, restauración integral, y la reparación de los daños!

Imagen: Alexis Rojas

Más información:

Zacatecas: Administración del conflicto y delitos cometidos por Servidores Públicos de los tres niveles en el Basurero Municipal de Tlaltenango

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 13 de julio del 2022

A casi dos meses de la llegada de la Secretaría del gobierno de Zacatecas y de las principales instancias
del aparato estatal y federal responsables por el medioambiente a nuestra comunidad indígena de
Cicacalco, en el municipio de Tlaltenango, para declarar ante el pueblo y los medios de comunicación su
compromiso para clausurar de manera definitiva el relleno sanitario que nos ha causado graves daños,
informamos que no ha habido avance. Como comunidad, denunciamos las graves irregularidades del
proceso en torno al basurero ubicado en nuestro territorio, que sigue contaminando nuestras fuentes
de agua. A pesar de haber presentado desde el inicio, evidencia de los daños socioambientales de este proyecto ante las respectivas autoridades, siguen sin lograr la clausura definitiva del mismo, ni la definición de un proceso de remediación del sitio y del agua afectada. Lejos de eso, han llevado adelante una negación burda de los hechos y la administración del conflicto.

En 2017, la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del estado de Zacatecas (SAMA) autorizó a través de
la Resolución de Impacto Ambiental, (RIA), al Ayuntamiento municipal de Tlaltenango, la operación de
un relleno sanitario tipo C. En junio de 2019, se inauguró oficialmente, aunque sus actividades como tal
iniciaron meses antes. El ex presidente municipal presentó el proyecto como una obra que tendría el
mínimo impacto ambiental. Pomposamente nombrado “la joya de la corona”, supuestamente sería
único en su tipo en el estado de Zacatecas y entre los 20 mejores del país.

Ubicada en una zona natural de recarga de aguas, la realidad de la obra fue distinta: un proyecto que
nunca fue tal, presuntamente por invertir menos dinero del presupuestado, aunado a la falta de
programas de vigilancia y monitoreo e irregularidades en su operación provocaron graves efectos.
Apenas transcurrió un mes y una semana desde su inauguración, se reportaron anomalías como la
descarga de lixiviados intencionalmente arrojadas a un arroyo de temporal que nace justo en el centro
del basurero, que pasa por las inmediaciones de la comunidad mencionada y es afluente del Río
Tlaltenango. Otros graves incidentes fueron: la inadecuada disposición de residuos sólidos urbanos y de
cadáveres de animales, la dispersión de contaminantes, y la contaminación de fuentes de agua.

Todo esto provocó nuestra inconformidad como habitantes de la comunidad de Cicacalco, ante una
obra que vulnera nuestros derechos fundamentales de vivir en un medio ambiente sano y a la salud. En
el proceso de reclamo, que inicia en agosto de 2019 y que hasta la fecha continúa, hemos visto de cerca
la corrupción, el tráfico de influencias, la coalición de servidores públicos, el ocultamiento de
información, la omisión dolosa, el ejercicio abusivo de funciones de distintos actores y niveles de
gobierno, y el manejo del conflicto por parte de los mismos servidores públicos (deslegitimación, uso
de violencia, violación sistemática de las leyes en materia ambiental, seguridad ambiental y de s alud
pública). La negación de los hechos, su minimización, el ocultamiento de información y el
encubrimiento ha sido el modus operandi de servidores públicos. Siendo omisos, en un grado brutal, en
sus responsabilidades como funcionarios al negarse a reconocer las afectaciones a nuestro territorio,
han impedido, a toda costa dar paso al consiguiente proceso de clausura definitiva, remediación y cierre
de sitio.

Nuestros derechos elementales de vivir en un medio ambiente sano y a la salud fueron violados por la
imposición de una obra, al no tomar en cuenta las condicionantes de la RIA 2017, no considerar el
principio precautorio, y no respetar nuestra autodeterminación y participación informada. Desde el
momento de la proyección de la obra y en su posterior puesta en marcha, se actuó con dolo, premeditación y ventaja, aprovechándose de sus posiciones de autoridad y poder como funcionarios, tanto el Ayuntamiento municipal de Tlaltenango, como los representantes de las dependencias relacionadas con la protección del medio ambiente.De acuerdo con la LGEEPA, es responsabilidad de quien altera las condiciones ecológicas, atender los
daños que comprometan la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. Sin embargo, a 4
años de la apertura de este basurero, y aun cuando nosotros suspendimos las operaciones del mismo
en septiembre de 2020, y después mediante la clausura total temporal del relleno por PROFEPA, en
septiembre de 2021, y ratificada en noviembre del mismo año, los lixiviados siguen botándose al arroyo.
Los contenedores de lixiviados, la pila excavada a donde se canalizaron los desechos y el drenaje pluvial
fueron rebasados inmediatamente, a un mes una semana de su inauguración. Dado que se abrió un
tajo en una de las paredes de tierra de la fosa ampliada, lo que constituyó un hecho completamente
premeditado, los lixiviados se descargaron al lecho del arroyo Los Tecongos cercano, el cual pasa por la
comunidad y llega al río Tlaltenango, propiedad federal y fuente de agua de nuestra comunidad.

Nos echan la culpa. Pero todo esto es consecuencia de las malas decisiones de un Ayuntamiento
infractor y de las graves omisiones por parte de SAMA, SEMARNAT y PROFEPA. Los infractores
ambientales que siguen recibiendo toda clase de consideraciones son el ex-Presidente Municipal de
Tlaltenango, Miguel Ángel Varela Pinedo, el actual Presidente Municipal, Salvador Arellano Anaya, el
Equipo Jurídico del Municipio, y el ex-director de obras públicas y actual secretario de gobierno del
Municipio de Tlaltenango, Dorian Emanuel de la Cruz García. Por omisión y encubrimiento, son
cómplices la encargada de despacho jurídico de PROFEPA en Zacatecas, Biologa Lourdes Briones, y el
ex-director de SAMA, José Luis Maldonado, junto con sus representantes federales. Así como los
responsables de las delegaciones estatales de CONAGUA y SEMARNAT y la Procuraduría ambiental del
estado de Zacatecas. De igual manera denunciamos al ex gobernador de Zacatecas Tello Cristerna y a
Diputados de la anterior legislatura y que continúan en la actual, como es el caso de Guadalupe Correa.

Exigimos transparencia y compromiso social y ético del actual presidente municipal Salvador Arellano
Anaya y del Ayuntamiento. Que deje, de una vez por todas, de encubrir con sus acciones a la pasada
administración. Exigimos el desistimiento del amparo. Y así poder restablecer un convenio que lleve a
la clausura total definitiva y a la remediación del sitio, para lograr con ello la mitigación de los efectos
que tuvo este basurero en el corto plazo. Nuestra lucha siempre ha sido enfocada en cuidar, resguardar
y proteger nuestra agua, salud y medio ambiente. Exigimos que dejen de mediatizar y de pasarse la
problemática unos a otros y que, en su lugar, hagan patente su compromiso con los derechos
elementales de las personas y el respeto a nuestro territorio, en el cual habitamos y por el cual vivimos.

Determinar la responsabilidad administrativa a quien corresponda es una tarea pendiente para lo cual
exigimos una revisión administrativa seria y profunda. Pero sobre todo, exigimos que nos dejen de
criminalizar, y que se dicte la clausura definitiva del relleno y el cierre del sitio acompañado por la
ejecución de un proyecto de remediación integral.

No daremos un paso atrás. Continuaremos nuestra lucha por el territorio, la salud y por vivir en un medio ambiente sano.

Imagen: Habitantes de Cicacalco, municipio de Tlaltenango, Zacatecas, protestan contra el basurero público construido en la localidad. Foto Alfredo Valadez

Más información:

Seis razones para NO ratificar el Acuerdo Global Unión Europea – México (TLCUEM)

Compartimos esta carta firmada por más de 100 organizaciones civiles mexicanas y europeas pidiendo a legisladores/as y funcionarios correspondientes no ratificar el Acuerdo Global/TLCUEM – A 4 de julio de 2022

Las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, defensores/as de derechos humanos, de bienestar animal y del medio ambiente que firmamos la presente carta nos dirigimos a las y los responsables políticas/os de México y de la Unión Europea (UE) para pedir que no ratifiquen el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) “modernizado”. El texto se negoció a espaldas de la ciudadanía sin debate ni consulta pública, y se finalizó en abril de 2020, en medio de una de las peores crisis sanitarias, sociales y económicas del mundo, desencadenada por la pandemia de COVID19. Recordamos que el TLCUEM lleva vigente desde hace veinte años y lejos de cumplir las promesas no ha hecho más que generar graves impactos sociales, económicos y ambientales, ante todo para México. El acuerdo “modernizado” no hará sino profundizar los problemas del TLCUEM por las siguientes razones:

1. Solo protege a inversores extranjeros y pone en riesgo cambios urgentes a favor del clima, del medio ambiente y de los pueblos

El nuevo acuerdo tendrá un capítulo nuevo sobre inversiones que pretende consolidar el recurso al arbitraje internacional como mecanismo de resolución de disputas entre inversores y Estados. Lo preocupante es que el Sistema de Corte de Inversiones (ICS) propuesto no soluciona las peores partes del clásico mecanismo de solución de controversias entre inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés). Esto quiere decir que los inversores de la UE van a poder demandar a México (y viceversa) en un sistema de justicia paralela dando prioridad a sus intereses privados, mientras que regulaciones ambientales, sociales y del bien común general pasan a un segundo plano. En los últimos años muchas de estas demandas las han iniciado inversores transnacionales para atacar medidas y legislaciones ambientales. Por ejemplo, en 2010-2013 la transnacional española ABENGOA-COFIDES, demandó a México después de negarse a cumplir la normatividad ambiental, y obtuvo 48 millones de dólares por concepto de “indemnizaciones y ganancias perdidas”. Con las recientes reformas en México, sobre electricidad y minería de litio, confirmadas por la Suprema Corte de Justicia, algunas trasnacionales europeas, entre ellas Iberdrola, ya amenazaron a México con usar el mecanismo de ISDS. Europa también ha recibido varias demandas de este tipo por aprobar políticas climáticas, como es el gigante energético alemán RWE contra los Países Bajos por sus planes de eliminación del carbón para 2030. Firmar el TLCUEM va a generar más demandas de este tipo a los dos lados del Atlántico, comprometiendo a los presupuestos nacionales y atrasando cambios necesarios en favor del clima, del medio ambiente y del bienestar de las poblaciones y de los animales. 

2. Permitirá que las empresas europeas sigan violando impunemente los derechos humanos en México

Las empresas europeas tienen una larga trayectoria de violaciones a los derechos humanos y ambientales en México con una impunidad prácticamente total, que será reforzada con el TLCUEM modernizado ya que sigue sin plantear mecanismos efectivos de regulación. Algunos ejemplos se encuentran en: los abusos tarifarios y la violación al derecho de acceso a la luz, en el marco de un control monopólico por parte de Iberdrola, Naturgy, Acciona Energía, Fisterra; o bien la vulneración del derecho de acceso al agua, y la arbitrariedad tarifaria de Agsal-Suez (hoy Veolia) en Coahuila, Veracruz, Cd de México y Cancún. En los casos de las empresas embotelladoras de agua, está el despojo y devastación que está dejando Bonafont/Danone en la Zona Choluteca, donde la resistencia de los Pueblos Unidos está siendo criminalizada y reprimida. El nuevo tratado también profundizará la impunidad de las empresas europeas que participan en la construcción de megaproyectos con graves impactos socioambientales sobre el territorio, como el Proyecto Integral Morelos (PIM), los megaparques eólicos, el Corredor Interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, o el Tren Maya, entre otros. En estos casos o bien se ha vulnerado directamente el derecho a la consulta y el consentimiento o negativa previa, libre e informada, y culturalmente adecuada, o bien su implementación no apegada a estándares internacionales está generando grandes divisiones y conflictos entre las comunidades. El “Acuerdo en Principio” del TLCUEM “modernizado” no incluye cláusulas vinculantes que reflejen voluntad alguna para que estas empresas respeten los derechos humanos, ni permite a las y los afectados disponer de mecanismos efectivos para acceder a la justicia, a la reparación de daños y a la no repetición. La cláusula de derechos humanos en el Acuerdo Global entre México y la Unión Europea (que contiene el TLCUEM) nunca se ha activado, a pesar de propuestas para tal fin por parte de organizaciones de la sociedad civil y en el propio Parlamento Europeo. 

3. No permite avanzar en los derechos de las mujeres y en la equidad de género 

El proyecto de TLCUEM modernizado refuerza los patrones patriarcales arraigados en la sociedad mexicana y en las europeas. El tratado no prevé ningún mecanismo para poner fin a la discriminación de las mujeres y el colectivo LGBTIQ ni incluye un lenguaje de “género” inclusivo. En este sentido, el acuerdo no habla sobre la necesidad de modernizar y cuestionar los roles masculino y femenino y sus diferentes tareas sociales. Además, se han eliminado las pocas cláusulas explícitas sobre mujeres que existían en la antigua versión del tratado, en concreto el art. 36 que mencionaba a las mujeres de bajos ingresos y el art. 37 sobre el rol de la mujer en procesos productivos. Ahora sólo se menciona la promoción de igualdad de oportunidades cuando se refiere a los estándares laborales aprobados por la OIT, sin mecanismos que puedan ser monitoreados. Los diferentes capítulos del tratado castigarán a la mayoría de las mujeres que son pobres por partida doble. Como trabajadoras, campesinas o em-presarias corren el riesgo de ser sacadas del mercado por la competencia desigual de las empresas europeas, sobre todo en las industrias de lácteos y carnes. Por otro lado, el capítulo ampliado de con-tratación pública o el de protección a la propiedad intelectual fomenta un modelo económico que enca-rece los servicios públicos como la salud o acceso a medicinas abordables. La precarización previsi-ble por la reprimarización del modelo económico no hará más que reforzar un modelo patriarcal que aumentará el ya sinnúmero de víctimas por la violencia por razones de género. 

4. Atenta contra la agricultura campesina y erosiona la soberanía alimentaria

Los acuerdos de libre comercio como el TLCUEM se articulan directamente con el sistema agroindustrial global que tiene un impacto devastador sobre el derecho a una agricultura y un comercio independiente, el derecho a la alimentación y la salud, además de ser uno de los principales responsables de la crisis climática. En este marco, el ataque a la agricultura campesina privatizando y acaparando la tierra, expulsa personas, dispara la migración, mientras se subvencionan monocultivos agroexportadores altamente dependientes de OGM, agrotóxicos, energía, agua y mano de obra prácticamente esclava, y megagranjas que han estado al origen de pandemias como la gripe A/H1N1.Con el TLCUEM serán las corporaciones agroindustriales mexicanas y europeas las mayores beneficiadas. Actualmente, las transnacionales alemanas como Bayer-Monsanto continúan la importación de OGM y los agrotóxicos encabezados por el glifosato. Con esto reproducen los daños a la salud que afectan al 99% de los franceses. Por otra parte, la Unión Europea presiona a México para que firme la versión 91 del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV). La mera aceptación de todo el sistema UPOV, en cualquiera de sus versiones, legitima la privatización de las semillas y atenta directamente contra la agricultura campesina independiente, es decir, contra el pilar de la soberanía alimentaria. Las productoras y los productores en Europa también se verán sufrirán afectaciones por el incremento de importaciones desde México.

5. Impide el avance de un sistema energético más sostenible, descentralizado y democrático

La incorporación en el TLCUEM de un capítulo sobre energía busca blindar la privatización del sector, que se consolidó con la reforma constitucional energética de 2013. Esta privatización ha tenido impactos directos en la población como la subida de precios de la electricidad.  Además, ha consolidado el modelo de grandes megaproyectos (tanto en APP, como de iniciativa privada) para la generación eléctrica conllevando a la privatización de tierras comunales, represión y agresiones a poblaciones afectadas, impactos ambientales y corrupción. Muchas megaempresas energéticas europeas, y en particular españolas tienen un gran interés en México y son las mayores promotoras de este tratado. Algunas empresas que ya invierten en este sector son entre otras, Ibedrola, Naturgy and Acciona de España, Enel de Italia y Engie de Francia.

6. La contratación y los servicios públicos en peligro

El TLCUEM “modernizado” abre por primera vez la contratación pública a empresas europeas en México y viceversa. Esto significa que se pondrá por delante los intereses privados sobre los públicos, a partir del supuesto de que lo que conviene a los inversionistas, conviene a las sociedades. Tal supuesto desdeña los impactos de los intereses corporativos sobre la polarización del ingreso y de la riqueza, el deterioro ambiental y la degradación social, la mercantilización de la cultura y la historia. También afecta al propio desarrollo empresarial, en contra de los micro y pequeños productores y en beneficio de los grandes capitales trasnacionales, tanto europeos como mexicanos. Daña, finalmente, las prácticas sociales y solidarias bicontinentales, en beneficio de los grandes capitales, mismos que no tienen banderas. El desarrollo, tanto europeo como mexicano, requiere privilegiar las condiciones y aspiraciones legítimas de sus sociedades y no las utilidades.

Para terminar, queremos recordar que México se ha convertido en uno de los principales paraísos industriales a nivel planetario, es decir, uno de los laboratorios más avanzados para el libre comercio y la desregulación. El resultado ha sido una devastación económica, social y ambiental sin precedentes, y una multiplicidad de “zonas de sacrificio” o “infiernos ambientales”, que siguen cobrando miles de vidas cada año. No hay que olvidar que muchas de estas empresas también son las principales responsables de décadas de privatizaciones y expolio de lo público en Europa poniendo en riesgo derechos fundamentales como el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al agua o el derecho a la energía. 

Consideramos que el TLCUEM es el triunfo del capital transnacional tanto europeo como mexicano a costa de las condiciones de vida de las poblaciones de los dos lados del Atlántico y del medio ambiente. 

En base a lo aquí explicado, nos preocupa que se aproveche el contexto de la guerra en Europa como excusa para acelerar la ratificación del acuerdo con las graves implicaciones que esto tendría sobre la población mexicana y europea. Para que el futuro sea viable y sostenible, el modelo de políticas comerciales del siglo XXI tiene que poner por delante el bienestar de las comunidades, los pueblos y de los bienes ambientales. 

Por eso, desde las organizaciones de la sociedad civil europea y mexicana decimos ¡NO al tratado de comercio e inversión entre la UE-México! Y exigimos a nuestros responsables políticos oponerse a su ratificación.

Firman

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Entrevista: Transnacionales en México: descampesinización y walmartización

Compartimos esta entrevista de Radio Mundo Real a nuestra compañera Tania Gonzáles sobre las políticas públicas y normativas abrieron paso a las grandes empresas transnacionales y cerraron puertas a los pueblos en México – A 24 de mayo del 2022

El diagnóstico mexicano sobre las políticas gubernamentales que han permitido e impulsado el avance de las empresas transnacionales, producido por Otros Mundos Chiapas – Amigos de la Tierra México, está centrado en el sector agroalimentario y coincide con el resto de los países de la región en un momento bisagra: los años 90, las políticas neoliberales y los Tratados de Libre Comercio (TLC).

En el caso específico de México el quiebre puede referenciarse con la firma y puesta en marcha del TLC de América del Norte (TLCAN). Entrevistada por Radio Mundo Real, la activista de Otros Mundos Chiapas, Tania González, explicó que esta apertura comercial, con Estados Unidos como principal socio, provocó un giro en las políticas agroalimentarias del país y concibió una perspectiva agroexportadora. Esto debilitó a instituciones y apoyos que impulsaban un desarrollo rural con los/as trabajadores/as y pobladores/as del campo como centro.

“Las transnacionales agroalimentarias están jugando un rol protagónico en la dinámica de producción y consumo de nuestro país, tanto a nivel interno como externo. Están impactando en las decisiones sobre la tierra y la tenencia, absolutamente en todo lo que tiene que ver con fertilizantes, agroquímicos y semillas. También controlan la cadena de comercialización, exportación y logística. Además, están en el comercio minorista, en la industria de los alimentos y la bebida. Es un panorama preocupante”, dijo González.

Dentro de las políticas específicas que habilitaron la concentración de poder de las empresas transnacionales, González destacó la modificación al artículo 27 de la Constitución mexicana, que permitió el arrendamiento de tierras de propiedad social. “Esto llevó a la descampesinización y disminuyó la superficie de nuestro principal cultivo, el corazón de nuestro país, el maíz”. Además, la activista contó que el cierre de la Productora Nacional de Semillas (PRONASE), por falta de apoyo y fomento, permitió la entrada a las transnacionales de semillas, ya que la producción nacional se vio desabastecida.

Por otro lado, las políticas alimentarias de México tienen como principales proveedores a empresas transnacionales y los programas apuntados al campo incluyen paquetes tecnológicos con semillas mejoradas, fertilizantes y plaguicidas. El informe diagnóstico de México también cuestiona las políticas de subsidio del agro orientada a la exportación. “Se les dan subsidios a grandes productores que trabajan con empresas transnacionales, incluso Cargill ha recibido subsidio”, contó González.

Las empresas acaparan y controlan toda la cadena agroalimentaria, incluso la comercialización minorista. El informe recoge un término utilizado por la investigadora Silvia Ribeiro, del Grupo ETC: la Walmartización. González explicó: “es un cambio de relaciones personales y cotidianas en base a la alimentación y la salud. Son modelos de relaciones estandarizadas y mercantiles, no sabemos quién produce ni de dónde viene. Hoy en una sola tienda compramos medicamentos, ropa y comida. Es peligroso porque es un modelo que controla toda la cadena y reduce la posibilidad de competencia de los pequeños productores y minoristas”.

Las consecuencias directas de todas estas políticas recaen sobre campesinos/as, indígenas y pequeños/as comerciantes. Y doblemente sobre las mujeres de estos sectores. González lo analizó desde dos puntos. Uno es que las políticas de subsidios para mujeres en México “refuerzan roles convencionales de género y la división sexual del trabajo, además aumenta la carga de trabajo de las mujeres”, quienes terminan por ser el sustento del hogar, pero sin los derechos a la propiedad de la tierra y por lo tanto sin lugar para la toma de decisiones en el territorio.

El otro punto es que, unido a la descampesinización, se dan los procesos de migración que tienen impactos negativos sobre las mujeres. “Trabajan en la agroindustria hortícola, con condiciones laborales precarias, salarios más bajos, pagos por hora y temporales”, explicó González.

Ante el avance transnacional motivado desde la esfera pública y legal, Otros Mundos Chiapas propone acciones de incidencia social y prevención en territorios. Aún con el cambio constitucional, en México la forma de propiedad social de la tierra representa más del 50 por ciento del territorio nacional. Esto es una oportunidad, ya que según explicó González, “no existen proyectos de ninguna índole donde no tengan que intervenir el municipio y la asamblea de los núcleos agrarios; las empresas tienen que negociar y confrontar sí o sí a las comunidades”.


*A fines de 2021 Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) realizó una publicación donde recopila informes diagnósticos de ocho países de la región referidos al aumento del poder de las empresas transnacionales en los sectores agropecuario y energético. Además, profundiza en las políticas públicas y cambios normativos que han impulsado esta concentración de poder.
El informe Resistencia al aumento del poder de las transnacionales en América Latina y el Caribe recoge relatorías de México, Honduras, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador y Costa Rica, realizadas por los grupos de base de Amigos de la Tierra en cada país.
En este compilado se observan tendencias generales, actuales e históricas en la región, que han permitido el avance de las transnacionales. Entre ellas se encuentran: escenarios antidemocráticos, de militarización y criminalización de la lucha social, lobby y presión política por parte de las empresas, liberalización del comercio y las inversiones, afectaciones directas sobre las mujeres, procesos de despojo y desplazamientos forzados.
Radio Mundo Real propone un repaso por los diagnósticos de cada país a través de entrevistas a los/as referentes de las organizaciones de ATALC involucradas.

(CC) 2022 Radio Mundo Real

Boletín WRM 259: Frente a las imposiciones del capital, ¡la lucha continúa!

Compartimos el Boletín 259 del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM – A Dic 2021

Este Boletín cuenta con artículos escritos por las siguientes organizaciones e individuos:
Un activista y periodista en Indonesia; Colectivo Aguayala, Argentina; la plataforma REDD-Monitor; y miembrxs del Secretariado Internacional del WRM.

>>Lee aquí<<

Nuestra opinión:

La siembra de lucha y articulación colectiva

Les invitamos a reflexionar junto a una militante que desde sus procesos de lucha en Brasil, explora los procesos de resistencia y los desafíos que enfrentan. En esta reflexión, les invitamos además a sumarse a la resistencia colectiva, sean cuales sean sus propios contextos y espacios de organización. ¡La lucha continúa y la lucha es una!

Foto: Ruy Sposati/Repórter Brasil

El WRM, en su rol de acompañar y apoyar las luchas populares y de base en defensa de los territorios y bosques, ha venido escuchando y aprendiendo de los numerosos encuentros, intercambios, diálogos y visitas con nuestras aliadas y aliados en diferentes regiones del Sur y Norte global. En este andar, hay además una profunda admiración por las innumerables y diversas resistencias que se levantan y se sostienen a pesar de las dificultades más inimaginables.

Es a pesar de la violencia que se viene ejerciendo contra sus territorios y contra sus vidas; de la inmensa presión y múltiples planes para expandir aún más el modelo extractivo bajo slogans de ‘soluciones verdes’; del acoso y violencia sexual que sufren muchas mujeres y niñas que viven dentro y alrededor de concesiones extractivistas, en particular de las plantaciones industriales de monocultivo; de la contaminación de sus suelos, alimentos y fuentes de agua; de la intimidación y criminalización; de la marginalización y el racismo estructural; y de tantos otros. Es a pesar de todo esto que las luchas continúan y es a pesar de todo esto que se puede nombrar a la esperanza.

Les invitamos a leer una reflexión muy importante de una mujer militante del Movimiento Interestadual de Quebradoras de Coco Babasú, Rosalva Gomes, quien convive con y depende de la recolección de cocos de palmera babasú para subsistir. Ella compartió sus experiencias y aprendizajes sobre la resistencia y sus desafíos, durante un encuentro con líderes y representantes de comunidades en Mozambique, Tanzania y Brasil afectados por las plantaciones industriales de árboles.

No hay una receta prefabricada para resistir. Depende de cada territorio, del alcance de cada territorio, dependerá mucho de la fortaleza interna de cada territorio y de la especificidad de cada país, estado y comunidad. Pero existe una estrategia unificadora. Porque de una cosa estamos seguros, si no aportamos fortalecimiento, uniendo fuerzas, sufriremos impactos muy grandes, aún mayores. Ya estamos atravesando muchas dificultades. La unión de las fuerzas entre comunidades y organizaciones es uno de los caminos.”

Refiriéndose a la fábrica de Suzano Papel y Celulosa, en Imperatriz, estado de Maranhão, Brasil, que desde 2014 produce anualmente alrededor de 1,65 millones de toneladas de celulosa y 60 mil toneladas de papeles sanitarios, y que junto con las carreteras, el constante transporte de madera y la afluencia masiva de trabajadores, ocasiona mucha devastación para las poblaciones de la zona, nos cuenta:

“En la comunidad de Curvelandia, acá cerca de Imperatriz, de trabajadoras  y trabajadores rurales, comenzó el conflicto con los camiones que transportaban troncos de eucalipto. Antes, estos camiones pasaban por un camino atrás de la comunidad, pero ahora querían pasar a través la comunidad. El primer día, la comunidad se organizó, se juntó y cerró la vía. La policía llegó con aire de superioridad, queriendo proteger a la empresa. Pero la comunidad cerró el camino. Llegó la empresa, se iniciaron las negociaciones y la comunidad exigió una reunión, porque no estaba siendo escuchada. Luego de mucha insistencia, se dio una reunión con la empresa Suzano, le pidieron que los camiones ya no pasaran por allí. Mientras tanto, las organizaciones de apoyo estaban pensando formas de comunicar y alertar sobre ese caso. Porque algo que no les gusta a estas empresas es la visibilidad de sus crímenes. Hicimos un video contando la historia, armamos una denuncia y ahora la estamos remitiendo al consejo nacional de derechos humanos. Los camiones se redujeron. Pero la empresa trató de intimidar, estaba mirando, dando el mensaje de ‘estamos alerta’.

¿Cómo lograron esto? Toda la gente de la comunidad participó, habían hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, todos en la comunidad. Firmaron una petición, archivaron un protocolo en el municipio. No consultaron a nadie. Es un proceso lento. El levantamiento tiene que empezar desde adentro hacia afuera. No hay mayor fuerza que esa. Las organizaciones de apoyo ayudan mucho, pero esa fuerza desde adentro, esa dedicación, esa constante advertencia, ese saber cómo advertir, el dejar el mensaje, articular a tal o cual persona para participar… Ese camino nuestro tiene una fuerza mucho mayor, fortalece a las fuerzas que nos ayudan.

Entonces, hablamos de resistencia, de resistencia, pero necesitamos encontrar la manera de enfrentarlo, porque muchas veces solo soportamos, ¿no es cierto? Pero hay que afrontar nuestras situaciones, tener en cuenta nuestros propios contextos, imponernos de alguna manera.

La siembra de lucha y articulación colectiva son dos estrategias, según las especificidades de cada región y país, que vemos que sí funcionan.”

¡Seamos todas y todos parte de la resistencia colectiva desde nuestros propios contextos y espacios de lucha!

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FRENTE A LAS IMPOSICIONES DEL CAPITAL, ¡LA LUCHA CONTINÚA!

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Imagen: Ruy Sposati/Repórter Brasil y Publicidad de Arbaro Fund.

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Agroindustria seguirá financiada por bancos de desarrollo; organizaciones ven despojo

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el modelo de la Economía Verde – A 20 de octubre del 2021

Este miércoles (20) finaliza la segunda cumbre anual de Bancos Públicos de Desarrollo (PDBs, por sus siglas en inglés) realizada en Roma, Italia, la cual reúne a más de 500 representantes de entidades financieras de alrededor del mundo y cuya prioridad es el fortalecimiento de la inversión en el sector agrícola.

“Los bancos públicos de desarrollo son parte de la solución para acabar con el hambre y transformar los sistemas agroalimentarios”, afirmó Qu Dongyu, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), durante su participación en la reunión denominada Finanzas en común.

En contraste, una revisión de los proyectos financiados por los PDBs demuestra que lejos de contribuir a un sistema sustentable para la producción y distribución de alimentos, las inversiones se han dirigido a fortalecer a las grandes corporaciones mundiales de la agroindustria.

De acuerdo a la organización Amigos de la Tierra, sólo entre los años 2015 y 2020, empresas trasnacionales del sector recibieron más de 478,000 millones de dólares por parte de 2,500 entidades de inversión, fondos de pensiones y bancos, la mayoría de EEUU y Europa. Con ello, se fortaleció un sector que por sí solo es responsable de la emisión de más de una quinta parte de los gases contaminantes que producen el calentamiento global.

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Datos del Instituto de Nueva Economía Estructural y la Agencia Francesa de Desarrollo calculan que anualmente se destinan 1.4 billones de dólares de financiamiento al sector alimentario, cantidad que se avizora en aumento. Ante esta situación, 280 grupos y organizaciones de 70 países emitieron una carta para criticar este financiamiento, el cual conlleva la destrucción ambiental y el control corporativo del sistema alimentario mundial a expensas de campesinos, pastores, pescadores, trabajadores del sector alimentario y pueblos indígenas, lo cual socava la soberanía alimentaria, devasta ecosistemas y violenta derechos humanos alrededor del mundo.

Para las organizaciones, es preocupante que los Bancos Públicos de Desarrollo estén adquiriendo un papel más coordinado y central en el sector alimentario y de la agricultura, pues los consideran parte de la arquitectura financiera global que produce despojo y devastación ambiental, sobre todo ocasionado por las empresas de la agroindustria.

“Durante años, su inversión en agricultura se ha destinado casi exclusivamente a compañías implicadas en plantaciones de monocultivos, sistemas de agricultura por contrato, granjas fabriles de animales, venta de semillas híbridas y modificadas genéticamente más pesticidas y plataformas digitales dominadas por los Gigantes Tecnológicos. Han mostrado cero interés o capacidad para invertir en comunidades campesinas, de pescadores y de silvicultores, los que, actualmente, producen la mayor parte de los alimentos del mundo. En cambio, financian a acaparadores de tierra y a agronegocios corporativos destruyendo los sistemas alimentarios locales”, enfatizan las organizaciones en el documento publicado por la ONG Grain.

Inversiones para el despojo

Ceremonia a cuatro años del asesinato de Berta Cáceres por su organización contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, financiado por PDBs europeos. Foto: Valentina Valle

Los PDBs son instituciones creadas por los estados-nación y por agencias multilaterales cuyo objetivo es financiar programas de gobierno, así como compañías privadas, las cuales afirman que son “sustentables”, “responsables” y contribuyen al “desarrollo”. No obstante, los financiamientos de los PDBs registran un historial que evidencia su participación en compañías involucradas en acaparamiento de tierras, corrupción, violencia y destrucción ambiental.

Han desempeñado un rol crítico en facilitar la expansión de empresas trasnacionales hacia mercados y territorios alrededor del mundo (desde la extracción de minas de oro en Armenia, la construcción de proyectos hidroeléctricos en Colombia y la extracción de gas natural en Mozambique), lo cual no podrían realizar sin la ayuda de la inversión pública.

También, realizan trabajos de asesoría técnica y política a los gobiernos con la intención de modificar marcos jurídicos para la atracción de inversión extranjera. “Las políticas que respaldan sectores claves —incluida la salud, el agua, la educación, la energía, la seguridad alimentaria y la agricultura—tienden a fortalecer el papel de las grandes corporaciones y las élites. Y cuando protestan las comunidades locales afectadas, incluidos los pueblos indígenas y los pequeños agricultores, es frecuente que no se les escuche o que enfrentan represalias. Por ejemplo, en India, el Banco Mundial recomendó al gobierno desregular el sistema de comercialización agrícola y cuando el gobierno implementó esta recomendación, sin consultar a los agricultores y campesinos y sus organizaciones, provocó masivas protestas”, denuncian en el documento difundido a la víspera de la cumbre mundial.

Por si fuera poco, se destaca el creciente uso por los PDBs de fondos de capital privado mediante paraísos fiscales, con lo cual eluden la responsabilidad por las consecuencias negativas de sus inversiones, además de beneficiar a una pequeña élite financiera.

Para las organizaciones críticas a la cumbre de PDBs, dicha reunión es un espacio para las élites y representantes de las corporaciones para diseñar estrategias sobre cómo mantener circulando el flujo de dinero en un modelo alimentario y agrícola que conduce al trastorno climático, al aumento de la pobreza y al agravamiento de todas las formas de malnutrición.

“Muy pocos o ningún representante de las comunidades afectadas por las inversiones de los bancos de desarrollo, personas que están en la primera línea tratando de producir alimentos para sus comunidades, serán invitadas o escuchadas. Los PDBs no están interesados. Buscan financiar a los agronegocios, a los que producen materias primas para comercializar y a sistemas financieros para obtener ganancias más que producir alimentos para mejorar la nutrición”, denuncian.

Casos

Mujeres en resistencia contra la imposición de una megaplanta fotovoltaica, financiada por empresas y bancos noruegos en Choluteca, Honduras. Foto: Renata Bessi.

Como hemos documentado en Avispa Midia, existen múltiples casos de despojo, violencia y devastación ambiental, no limitados en el sector agroindustrial, donde los PDBs juegan un papel fundamental, algunos de los cuales enunciamos a continuación:

  • El caso del asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien participó en la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Este proyecto fue financiado por el Fondo Finlandés de Cooperación Industrial (Finnfund) y el Banco Holandés del Desarrollo (FMO), acusados por el Copinh por “negligencia y corresponsabilidad” en el asesinato de Cáceres, así como por su colusión en actos de corrupción y la ausencia de control de sus inversiones.
  • En Nicaragua, los mismos bancos europeos, FMO y Finnfund financiaron MLR Forestal, compañía que administra plantaciones de cacao y teca, controlada por intereses de la minería de oro, responsable del desplazamiento de comunidades afrodescendientes e indígenas, así como señalada por degradación ambiental.
  • La expansión de plantaciones industriales de palma aceitera en África, a cargo de SOCFIN,  antigua compañía colonial europea de agronegocios. Con sede en Luxemburgo, SOCFIN posee más de 90 mil hectáreas de cultivo de palma y junto con SIAT de Bélgica, controla un cuarto de todas las grandes plantaciones en el continente africano. Éstas empresas han recibido numerosos préstamos por parte de PDBs aún a pesar de estar involucradas en en acaparamientos de tierras, escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
  • La imposición de una megaplanta fotovoltaica en Choluteca, Honduras, por parte de la empresa noruega Scatec Solar con financiamiento del banco de desarrollo Norfund del mismo país europeo. En 2016, comunidades organizadas levantaron un campamento permanente para evitar el ingreso de la maquinaria que devastaría varias hectáreas de árboles. La empresa respondió con la criminalización de once de los líderes comunitarios y para el año 2018, con apoyo del poder judicial hondureño, consiguió el desalojo del bloqueo comunitario.
  • El desplazamiento forzado de la comunidad de Laguna Larga, en el departamento del Petén, Guatemala, justificado con el discurso de la conservación de la naturaleza enarbolado bajo el proyecto Guatecarbon. Este esquema es financiado por un conglomerado de ONGs internacionales, empresas y entidades como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y el Banco Interamericano de Desarrollo para comercializar permisos de contaminación generados mediante la conservación de 700 mil hectáreas en la Reserva de la Biósfera Maya, donde están asentadas comunidades consideradas “ilegales”, pese a habitar la región antes de la creación del área natural protegida.

Imagen: Mujeres recorren monocultivos de palma de aceite en la costa de Chiapas, México. Foto: Aldo Santiago

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Inicia juicio Fraude Gualcarque violando los derechos de las víctimas

Compartimos el comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares en Indígenas COPINH sobre – A 23 de agosto del 2021

IN ENGLISH

Ante el inicio del juicio oral y público del caso denominado “Fraude Sobre el Gualcarque” el COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) comparte lo siguiente:

  1. La comunidad indígena de Río Blanco, organizada en el COPINH, una vez más ve violentados sus derechos. Ahora el Estado de Honduras niega la condición de víctima a quienes han sufrido de la violencia y muerte del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
  2. El artículo 17 del código procesal penal nos da el derecho de participar como víctimas en este proceso, al ser la comunidad y organización directamente afectadas por la corrupción de dicho proyecto.
  3. Los convenios y estándares internacionales reconocen a las víctimas de los casos de corrupción, el sistema de justicia de Honduras ha fallado una vez más a las comunidades indígenas.
  4. Los permisos y licencias fraudulentas que permitieron el funcionamiento del ilegal proyecto Agua Zarca, son el origen del asesinato de Berta Cáceres, los funcionarios públicos responsables deben ser condenados por estos crímenes.
  5. El COPINH demanda que sean enjuiciados y condenados los principales beneficiarios del fraude del proyecto Agua Zarca; la familia Atala Zablah.
  6. Las comunidades Lencas exigimos que el sagrado Río Gualcarque sea liberado, y que se cancele de manera inmediata y definitiva la concesión ilegal que lo ha oprimido por más de una década.

“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz”

Dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 23 días del mes de agosto de 2021.

Imagen: COPINH

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En solidaridad con el pueblo de Haití

Compartimos este comunicado de la Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC en solidaridad con el pueblo Haití – A 21 de julio del 2021

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) se solidariza con el pueblo haitiano, ante la violencia, inestabilidad e incertidumbre social ocurrida en las últimas décadas y acrecentadas con los riesgos de intervención extranjera generados por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, quien se había mantenido en el poder de una manera violenta e ilegal ya que su mandato constitucional finalizo en el pasado 7 de febrero 2021.

Desde hace meses, Haití vive una espiral de violencia que busca frenar y reprimir las luchas populares que se han mantenido de forma permanente y pacífica durante los últimos 4 años. Según organizaciones locales y organismos internacionales:

• La organización de derechos humanos haitiana Défenseurs Plus afirma que se registraron más de 1.000 secuestros en todo el 2020.
• La Red Nacional de DDHH de Haití (RNDDH) denuncia 12 masacres.
• Más de 150 personas fueron asesinadas y otras 200 secuestradas entre el 1 y el 30 de junio pasado en la zona metropolitana de Puerto Príncipe, reveló un informe reciente del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (CARDH).
• Se han identificado más de 76 grupos armados y 500.000 armas ilegales denunciadas por la CNDDR, Comisión Nacional de desarme, desmantelamiento y reitengración.
• Cálculos de Unicef y de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estiman 10.000 personas desplazadas por enfrentamientos. Según la organización Noupapadomi, 214 niños han quedado huérfanos por masacres en barrios populares.

A estas cifras se sumaron recientemente 17 nuevos asesinatos en el distrito de Delmas 32, entre las víctimas se incluyen periodistas y líderes sociales.

Con el deterioro de la situación sociopolítica, los grupos más vulnerables tendrán dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, con el riesgo de enfrentar una crisis mayor a la ya generada por las sucesivas crisis y la pandemia. Actualmente Haití es el único país de la región donde no hay programa de vacunación contra el COVID 19.

Los sectores progresistas y populares haitianos denunciaron hace mucho el riesgo latente de una nueva ocupación militar avalada por organismos internacionales. Asimismo reclaman organizar un período de transición de por lo menos dos años que permita restaurar la legalidad constitucional, reorganizar el sistema electoral y responder a la masificación de la pobreza y el grave deterioro de las condiciones de vida de la población, salir del neoliberalismo y definir un nuevo pacto nacional de desarrollo que sea el resultado de un amplio proceso de concertación.

La grave situación que vive el pueblo haitiano hoy exige un cambio radical de la política de las agencias internacionales hacia Haití, que detenga el ataque a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos. Nos oponemos a cualquier intento de manipular la transición mediante el injerencismo, la ocupación y las medidas represivas y violentas.

Manifestamos nuestra solidaridad internacionalista y nos mantenemos en alerta ante el devenir de los acontecimientos en Haití y llamamos a las organizaciones y movimientos sociales de América y otras partes del mundo a sumarse a las demandas del pueblo haitiano construyendo solidaridad activa en torno a la justicia y la soberanía de los pueblos.

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC)
Julio de 2021

Imagen: ATALC

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La Universidad Itinerante de Resistencia en Haití se pronuncia sobre la crisis en Haití

Compartimos la Declaración sobre la Crisis en Haití de la Universidad Itinerante de Resistencia en Haití – A 13 de julio, 2021

Una vez más, Haití se encuentra en el centro de una crisis. El ex presidente Jovenel Moïse fue asesinado el 7 de julio. El había suspendido las elecciones presidenciales previstas constitucionalmente para el mes de febrero pasado, y con ello había dado inicio a otra dictadura en Haití. Aun así, denunciamos enérgicamente su asesinato.

Su ilícita continuidad en el cargo venía siendo apoyada por la administración de Biden. Al mismo tiempo, algunos sospechosos de ser responsables del crimen trabajaron como informantes para la US Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración para el Control de Drogas (DEA). El listado de los actores haitianos y extranjeros en el complot muestra que Haití ha sido tomado como rehén por la mafia nacional e internacional.

Denunciamos también el nuevo golpe de estado que sucedió tras el asesinato de Moïse, que abrió la entrada de una dictadura más feroz. Ahora ninguna de las ramas del poder público es legítima ni funciona, dado que el tribunal judicial y el parlamento ya se encontraban suspendidos y que hubo dos primeros ministros, uno despedido por el presidente y el otro apenas nominado pero nunca confirmado.

Es evidente el uso premeditado de este vacío de poder para establecer otro gobierno ilegítimo y violento; la declaración de “estado de sitio” y la promulgación de la “ley marcial” apenas unas horas luego del asesinato, por un supuesto primer ministro que nunca fue legalmente posesionado, lo evidencian: se imponen condiciones abiertamente dictatoriales, el ejército reemplaza a la policía en las acciones de seguridad pública, libertades del estado de derecho (como la circulación, la manifestación y la expresión) quedan fuertemente restringidas, los medios de comunicación están controlados, se ha establecido el toque de queda, los tribunales civiles han sido reemplazados por tribunales militares y en general se aumenta la vigilancia de la población.

Estos hechos muestran la continuidad de la criminalización de los movimientos sociales y de las personas más pobres y necesitadas. Bajo la administración de Moïse, por ejemplo, hubo 13 masacres de 7 o más personas, más de 10.000 personas desplazadas por violencia, violaciones colectivas sin fin y secuestros constantes. Cada día el pueblo vive en medio de una inseguridad feroz.

Saludamos a la población haitiana y a las organizaciones y movimientos sociales que tratan de ver el camino a seguir y planifican sus estrategias para el restablecimiento de la democracia. Deploramos que la ONU, por el contrario, trabaje con un ex primer ministro haitiano que había sido destituido y que no tiene ninguna autoridad. Resulta altamente preocupante el pedido de fuerzas militares estadounidenses hecha por el primer ministro de facto – por ahora sin respuesta positiva – y que el gobierno estadounidense haya enviado misiones del FBI y el Departamento de Seguridad Nacional a Haití, lo que puede significar el inicio de una gran estrategia de intervención internacional. Es claro que otra ocupación solo agravará la situación de pobreza, inseguridad e inequidad, y reproducirá la ausencia de poder y de derechos que parecen ser el destino diario que una pequeña élite y una serie de gobiernos han impuesto históricamente al pueblo haitiano. La nueva dictadura y la intervención internacional son dos caras de un mismo plan para destruir y matar al pueblo y a las instituciones democráticas. Por eso el pueblo nunca ha podido construir un futuro mejor para el país.

Compartimos plenamente las palabras de Kettly Alexandre, de la Universidad Itinerante de la Resistencia en Haití (UNIR) y la sección de mujeres del Movimiento de Campesinos de Papay (MPP): “Solo el pueblo haitiano puede decidir su futuro, pero es esencial contar con la solidaridad de los movimientos sociales internacionales y sus verdaderos amigos.”

Imagen: Confederación Sindical de Comisiones Obreras

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Brasil: Pueblos de la Amazonia denuncian invasiones del capital verde

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la ecomonóa verde en la Amazonia y la resistencia de los pueblos por la vida – A 29 de junio del 2021

El contexto de la pandemia por la Covid-19 facilitó aún más la destrucción acelerada de la selva, la violencia e invasión por parte de los madereros, terratenientes y empresas, aunado al peligro que representan los proyectos de economía verde impuestos en la Amazonia.

Dicha denuncia fue realizada por miembros de seis pueblos indígenas y de comunidades extractivistas, agricultoras campesinas, ribereñas y quilombolas, quienes se reunieron en el evento “Amazonia sitiada: Entre violencia y golpe ‘verde’. Pueblos del bosque en defensa de la Madre Tierra y contra las invasiones del capital”.

Entre los conflictos que denunciaron las comunidades se encuentran: apropiación ilegal e invasión de tierras indígenas, deforestación de grandes superficies, envenenamiento con agrotóxicos de fuentes de agua; así como amenazas, desplazamiento forzado y asesinato de sus habitantes, lo cual representa un escenario de proporciones inéditas en la Amazonia ante las políticas anti indígenas del actual gobierno brasileño.

Junto a integrantes de movimientos y organizaciones sociales de Brasil y otros países, l@s participantes del encuentro hicieron un llamado a los pueblos de todo el mundo para defender los territorios amazónicos de megaproyectos de antaño y la nueva embestida pintada de verde.

L@s participantes del encuentro señalaron también la violencia indirecta del capitalismo verde mediante los programas REDD+ (Reducción de las Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal), PSA (Pagos por Servicios Ambientales), y más recientemente, los proyectos de compensación de carbono forestal, de biodiversidad y las llamadas “Soluciones basadas en la Naturaleza”.

Las comunidades participantes del encuentro enfatizaron que, por el hecho de vivir en contacto directo con la tierra, la afectación derivada por el cambio climático es mas fuerte que en otras geografías, como lo demuestran “las respuestas de la Madre Tierra como inundaciones, sequías, extinción de varias especies de plantas y animales y aparición de nuevas enfermedades como la COVID-19”.

Colonialismo verde

Manifestación contra programas REDD en Feijó, estado de Acre. Septiembre, 2017

Mediante carta, l@s participantes del encuentro señalaron que desde el año de 1999, el gobierno brasileño impuso al estado de Acre como un escenario en la vitrina mundial de la economía verde, con lo cual atrajo enormes cantidades de dinero de bancos y agencias de desarrollo.

“Su intervención en los territorios causó división y provocó un retroceso en nuestra lucha colectiva por la tierra y los derechos. A pesar de la gran cantidad de dinero, ningún territorio indígena fue demarcado. Por el contrario, la convivencia de la comunidad con el bosque fue restringida, poniendo en riesgo nuestra supervivencia física, cultural y espiritual. Mientras tanto, la extracción de madera, la ganadería y la deforestación avanzaron”, denuncian integrantes de comunidades campesinas, afrodescendientes y de los pueblos indígenas Apurinã, Huni Kuim, Jaminawa, Shanenawa, Xavante y Yawanawa.

Para los miembros de los pueblos indígenas y campesinos, uno de los primeros obstáculos frente a los programas de economía verde son las complicadas denominaciones y términos técnicos que acompañan a los proyectos, los cuales evitan la transparencia y su participación efectiva en ellos.

Aunado a ello, para l@s denunciantes, dicha estrategia oculta la intención real de dichas políticas internacionales, pues solo legitiman la contaminación y destrucción de las industrias, sobre todo en países como Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, quienes son sus principales promotores.

“La palabra ‘secuestro’ en este contexto no se refiere tanto al tan mencionado carbono, sino más bien a la Amazonia como espacio de vida y diversidad. Mientras los promotores e intermediarios de estos proyectos lucran, a nosotros se nos imponen reglas y restricciones para el uso de la tierra, y si es que existe la tal llamada ‘distribución de beneficios’, esta se limita la donación de algunos bienes de consumo”, denuncia la carta final del encuentro, donde enfatizan que aceptar dichos programas representa renunciar a su autodeterminación como pueblos.

También señalan el peligro que representa que dichas políticas públicas y programas gubernamentales faciliten la creación de leyes para la transformación de la Amazonia en sumidero de carbono, pues “gradualmente controlan, criminalizan y expulsan a los pueblos del bosque: el programa REM (siglas en inglés de ‘REDD Early Movers’) del gobierno alemán, apoyó durante años la implementación del Sistema de Incentivos para Servicios Ambientales (SISA) por parte del ‘Gobierno del Bosque’ en Acre”.

Entre las consecuencias negativas de SISA se encuentra el avance de la ganadería, la extracción de madera y la deforestación. Además, los pueblos y comunidades denuncian que hasta la actualidad no se sabe con detalle cómo se ejecutaron dichos recursos monetarios.

“Hoy en día el programa REM busca imponer los proyectos REDD en Mato Grosso, principal estado para el agronegocio brasilero, y tememos que los principales beneficiarios de estos recursos serán las oligarquías vinculadas a este sector. Tanto en Acre como en Mato Grosso, el programa REM no incluye un apoyo, ni mucho menos garantías para la demarcación de tierras indígenas”.

Mercantilización de la naturaleza

Pueblos originarios del estado de Acre marchan para rechazar la imposición de proyectos de conservación. Abril, 2012

Para los pueblos y comunidades de la Amazonia, uno de los mayores peligros de los proyectos de economía verde es el comercio de créditos de carbono bajo el programa REDD.

Desde el año de 2010, los gobiernos de Acre (Brasil), California (EE.UU.) y Chiapas (México) firmaron un acuerdo con el objetivo de generar un mercado de créditos de carbono mediante el cual la conservación de los bosques en Acre y Chiapas permitirían la reducción de las emisiones contaminantes de una de las mayores industrias del mundo.

“Una vez que estas industrias, como por ejemplo las refinerías de California, ganan su ‘derecho de contaminar’, las comunidades urbanas que viven en las cercanías siguen siendo afectadas directamente por las emisiones de gases nocivos. Declaramos nuestra solidaridad con estas comunidades y, desde ya, rechazamos cualquier ‘beneficio’ de tales negocios”, anunciaron los pueblos y comunidades participantes del encuentro.

A su vez, destacaron que los programas como REDD y los PSA coinciden con el actuar de aquellos encaminados a la implementación de infraestructura para el transporte de los productos del agronegocio, puesto que ninguno de ellos respeta el derecho de las comunidades a una consulta libre, previa e informada.

“A veces convocan a dos o tres personas a una reunión para después decir que hubo consulta”, puntualizan en el documento sobre la actuación de mala fe de quienes organizan reuniones sin legitimidad de las comunidades.

Como ejemplo de esta situación, refieren el caso de la ONG Comisión Pro-Indio, la cual utiliza el testimonio de mujeres indígenas sin reconocimiento de sus comunidades para legitimar su participación en el “programa indígena” del Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés).

“Este protagonismo no existe, y esta mujer no nos representa. Si el GCF realmente tuviese en cuenta las voces de las mujeres indígenas, frenaría sus intentos de imponer los proyectos REDD en nuestros territorios”, denuncia la carta.

Según la denuncia, otro ejemplo de como el Estado es cómplice del saqueo se evidencia con el Catastro Ambiental Rural, cuya implementación desde 2012 junto al nuevo código forestal, acompañado de leyes, decretos y programas oficiales para “regularizar” las tierras, ha facilitado los actos de apropiación indebida como los proyectos de REDD.

Estos programas vienen acompañados de prohibiciones de caza y del uso de madera, además de que se implementan sistemas de vigilancia ambiental en territorios donde se agrava la crisis alimentaria y habitacional.

“Las compañías aéreas y petroleras que se benefician de este proyecto pretenden ‘compensar’ sus emisiones de carbono pero, obviamente, no compensan la violencia de los desalojos que provocan a través de proyectos REDD en la Amazonia”, señala el documento del encuentro para contrastar la publicidad de las empresas que argumentan proteger los bosques mientras los pueblos y comunidades de la selva sufren las consecuencias negativas de su imposición.

Frente a esta situación, los pueblos y comunidades anunciaron que fortalecerán sus procesos de reflexión y resistencia contra los “golpes verdes” que amenazan la Amazonia.

“Nuestra esperanza está puesta en mantener nuestra presencia en los territorios. En lugar de aceptar ‘beneficios’ y ‘oportunidades’ inmediatos, que nos hacen rehenes de los intereses ocultos de los proyectos del ‘capitalismo verde’, tomaremos nuestras decisiones a largo plazo, pensando en las vidas de las generaciones venideras”, finaliza el documento mediante el cual invitan al mundo entero a solidarizarse con su lucha y rechazar las falsas soluciones verdes al colapso ambiental.

Imagen: Manifestación contra proyectos de capitalismo verde en Xapuri, estado de Acre. Brasil, 2020. – Avispa Midia

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[Informe] Lo que está en juego en América Latina y el Caribe: perspectiva desde la justicia ambienta

Compartimos este informe de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC – A Febrero del 2021

Introducción:

Los pueblos de América Latina y el Caribe, empobrecidos tras siglos de opresión y expoliación de sus bienes naturales, hoy sufren los terribles impactos de las profundas crisis sistémicas globales que afectan los sistemas ecológicos que hacen posible la vida, al tiempo que generan mayor concentración, desigualdad y exclusión. La crisis climática, de la biodiversidad, del agua, de la alimentación, de los cuidados, y ahora la crisis de COVID 19, están interrelacionadas y son consecuencia del sistema de acumulación capitalista que privilegia el crecimiento continuo y el afán de lucro, al tiempo que atenta contra la vida, destruye la naturaleza y viola los derechos de los pueblos.

Las múltiples crisis a las que se enfrentan los pueblos en América Latina y el Caribe tienen su origen en la infame injusticia que se reproduce a diario en un continente profundamente desigual, de la mano de gobiernos de derecha y neoliberales que desprecian a las clases populares y las empobrecen con sus políticas criminales. El debilitamiento o privatización de lo público a manos de las empresas transnacionales, y como resultado de las políticas neoliberales fomentadas por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) y la agenda de liberalización del comercio y las inversiones, aplicadas al pie de la letra por los gobiernos de derecha que responden a los intereses del gran capital, lleva a que las clases populares sufran todo el rigor de la destrucción de sus territorios, del cambio climático, de las pandemias y otros impactos del modelo depredador. Gobiernos y políticas que refuerzan no sólo la opresión de clase, sino también patriarcal y racista, y violan sistemáticamente los derechos de las mujeres, de las comunidades negras y afrodescendientes y de los Pueblos Indígenas.

Lo cierto es que América Latina y el Caribe, como otros continentes del Sur del mundo, aún hoy sufre las consecuencias de la dominación colonial y neocolonial y de la ofensiva imperialista que históricamente han sido impuestas a sangre y fuego, dejando un nefasto legado de opresión y explotación de los pueblos y la naturaleza en función de los intereses de las clases dominantes y de las potencias coloniales e imperialistas.

El sistema capitalista, patriarcal, racista, en su fase neoliberal y con fuerte predominio del capital transnacional y del sector financiero que operan en connivencia con las clases dominantes nacionales, acecha a nuestro continente, niega los derechos colectivos conquistados mediante la lucha, y genera destrucción, despojo, pobreza y hambre en nuestros pueblos.

La expansión del capital sobre los ecosistemas y su consecuente degradación, se articula con la reorganización del trabajo y de la sociedad para posibilitar el incremento de las tasas de ganancia y consolidar la capacidad de lucro de los actores y élites económicas nacionales y transnacionales. Proceso que se sostiene en base a la explotación del trabajo de las mujeres, que como consecuencia de la división sexual del trabajo están obligadas a hacerse cargo del trabajo de cuidados, que no es reconocido como trabajo productivo y por lo tanto no se le asigna ningún valor. Todas estas características de un sistema que privilegia la ganancia privada sobre los derechos de los pueblos, sumen a la región latinoamericana en una situación dramática, además con la clase trabajadora, especialmente las mujeres, afectada gravemente por la crisis global de la salud y sus consecuencias, producto del neoliberalismo, que ha llevado a que la pandemia por COVID19 tenga efectos devastadores y letales. Estos nefastos ataques a los pueblos, a sus derechos y a sus territorios, imponen retos de gran envergadura.

Pero como antes en la historia del continente, aún en un duro contexto en que tiene lugar una disputa política, de sentidos, en torno a los derechos y los territorios, los pueblos, sus organizaciones, procesos y movimientos continúan construyendo proyectos e iniciativas populares emancipatorias, desde principios éticos y políticos que marcan el camino para una transformación radical, como propone entre otros el movimiento feminista, apelando a la resistencia y al coraje que caracterizan la lucha por la democracia y el poder popular, la soberanía de los pueblos y la justicia en todas sus manifestaciones.

Nuestra apuesta por la justicia y la soberanía de los pueblos exige promover nuevas relaciones sociales, reconociendo la centralidad del trabajo para generar las bases materiales para la producción y la reproducción de la vida.2 Los movimientos y organizaciones sociales del continente se comprometen día a día a construir las condiciones necesarias para garantizar una vida digna para nuestros pueblos y desmantelar los sistemas de opresión, fomentando políticas públicas y creando procesos productivos que se nutren de y cuidan los sistemas y funciones ecológicas, resistiendo la lógica de la acumulación de capital. Ello exige poner en el centro la sustentabilidad de la vida y los cuidados como principio organizador de los procesos económicos, revirtiendo la división sexual del trabajo y la explotación del trabajo y el cuerpo de las mujeres. Asimismo, reclama romper con la dicotomía entre trabajo productivo y reproductivo y reafirmar la importancia de la autonomía económica de las mujeres.

1. ATAQUE CONTRA LA DEMOCRACIA Y CONTRA LOS PUEBLOS COMO SUJETO POLÍTICO

Este modelo basado en la explotación de la naturaleza y la producción de materias primas con poco valor agregado, para abastecer las cadenas de producción transnacionales, hoy se articula en proyectos nacionales y regionales anti-democráticos y anti populares signados por el papel central del capital, con fuerte participación del capital financiero, y el consecuente fortalecimiento de los sistemas de opresión -racista, patriarcal, de clase, colonial.

Se produce así un ataque contra la democracia. Para ese proyecto político la democracia no tiene sentido, es un estorbo, por ello se impone su carácter autoritario, y desarrolla estrategias de guerra para el control de la naturaleza; se persigue, encarcela y asesina a las/os defensoras/es de derechos y territorios, y toman fuerza posiciones fascistas que pretenden eliminar la diferencia y la diversidad para imponer un pensamiento totalitario que se materializa con el rechazo a la participación democrática en la construcción de la política y de las políticas públicas, que pasan a ser dictadas e impuestas por los CEOs de las empresas transnacionales.

La historia reciente de la región da cuenta de un fenómeno por todas/os conocido, pero negado por quienes se favorecen directa o indirectamente de la barbarie. Los golpes de Estado se convirtieron en una práctica constante para derrocar gobiernos y procesos elegidos democráticamente y articulados a la organización popular, que materializaban propuestas de dignificación de la vida a partir de la garantía de derechos para toda la sociedad y focalizados en las clases populares y las/os menos favorecidas/os.

Los golpes de Estado perpetrados en Haití (2004), Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2016) y Bolivia (2019), dan cuenta de la magnitud que ha tomado esta práctica criminal de las derechas nacionales aliadas con las fuerzas neoliberales y reaccionarias del Continente y con Estados Unidos. El último golpe, el de Bolivia4, en el que se ejerció la violencia y la sevicia contra el pueblo, vejámenes de distinta índole a mujeres indígenas, asesinatos, humillaciones, ilustra el verdadero rostro de la derecha, su carácter racista y colonialista, y sus imposiciones de muerte y destrucción. El golpe de Estado también puso al descubierto la complicidad de sectores y organizaciones que se jactan de trabajar por la defensa de la democracia, pero desplegaron una estrategia para maquillar al golpe con retóricas ancladas en un supuesto levantamiento popular aprovechado posteriormente por la derecha, dando la espalda a las millones de mujeres y hombres que fueron atacadas/os por las fuerzas militares y policiales cómplices de la derecha fascista.

La organización y capacidad de lucha de los movimientos sociales permitió restablecer la democracia en el país andino, y resultó en la aplastante victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones de octubre pasado, con la participación popular más alta en la historia de los comicios electorales en Bolivia. Lo que dejó al descubierto las falacias con las que se pretendió legitimar el golpe desde sectores presuntamente democráticos, pero sobre todo no dejó duda sobre la capacidad popular para organizarse ante la adversidad y ante la imposición de la violencia armada.

Al igual que antes en Paraguay y en Brasil, las empresas transnacionales tenían especial interés en el control de lo que consideran recursos estratégicos para sus cadenas de valor. Cuando no logran imponer de lleno sus intereses, la democracia y las políticas públicas, como la prohibición del maíz transgénico en Paraguay, o la estatización de las reservas de petróleo en Brasil, se transforman en obstáculos a derribar. Para ello cuentan con el apoyo de las clases dominantes y su proyecto político y económico de carácter explotador, racista y patriarcal que se plasma en una agenda de derecha. Asimismo, cuentan con el apoyo y papel activo de Estados Unidos, que mantiene un fuerte interés en tener bajo control a “su patio trasero”.

Así, hoy está en juego en la región el restablecimiento de la democracia, y aunque la correlación de fuerzas es negativa por el signo político de una mayoría de gobiernos de derecha y neoliberales por ahora en el poder, el pueblo boliviano nos ha dado un ejemplo de grandeza, de paciencia y tenacidad para que triunfe la voluntad popular desde la lucha pacífica de los pueblos organizados. También el pueblo chileno ha dado una muestra de su capacidad de lucha contra el poder de la derecha dictactorial y décadas de políticas neoliberales que hambrearon a la mayoría de la población y le negaron sus derechos atentando contra la democracia.

La arremetida en la región, como en otros continentes, se complementa con una ofensiva que pretende deslegitimar la política, banalizarla y con ello reducir el poder popular para la toma de decisiones y para la conducción de los Estados y sus instituciones.

La deslegitimación de la política se enmarca en una estrategia más amplia de control social, que predica la importancia de la gestión eficaz especializada, denostando a la política como una actividad esencialmente corrupta. De esta manera, se pretende desplazar al pueblo de la toma de decisiones y se le vacía de su condición de sujeto político, para que la esfera de decisión sea controlada por los dictámenes de las élites nacionales, las corporaciones transnacionales y las IFIs, que se encargan de dictar las políticas públicas, incluidas las que definen el futuro de los territorios y los bienes naturales que contienen. La deslegitimación de la política y los atentados a la democracia son en realidad ataques contra los sujetos políticos populares que construyen agendas y proyectos políticos y disputan la arena política y la política pública, quienes desde su acumulado histórico intentan cambiar la correlación de fuerzas. Es por eso que los sujetos políticos populares que se organizan en movimientos -como el campesino, feminista, sindical, por la justicia ambiental- son perseguidos, criminalizados, judicializados, asesinados, y se emprenden campañas mediáticas en pos de su estigmatización y deslegitimación.

Una mirada a países como Honduras, Colombia, México o Brasil da cuenta de los ataques sistemáticos a los sujetos políticos populares como consecuencia de su defensa de los derechos de los pueblos y de los territorios; los asesinatos se cuentan por cientos en cada uno de esos países sin que los gobiernos les protejan o implementen medidas estructurales para prevenir esas atrocidades o para acabar con la impunidad que permite su repetición. Colombia, infortunadamente, concentra una de las tasas más altas de asesinatos y violaciones a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos. En 2020 casi 400 líderes/as y firmantes del acuerdo de paz fueron asesinados, y desde la firma de los acuerdos de paz hasta agosto de 2020, mil personas fueron asesinadas por su trabajo en defensa de los derechos humanos. En lo corrido de 2021 ya se cuentan 18 defensoras/es asesinadas/os5.

Según Global Witness, organización que hace seguimiento a las violaciones de derechos humanos y pone énfasis en la violencia contra las/os defensoras/es medioambientales, “(el) informe anual sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente de 2019, muestra el número más alto de muertes en un solo año hasta la fecha. 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en 2019, un promedio de más de cuatro personas por semana”6.

Y la violencia se manifiesta de manera brutal contra las mujeres que se organizan y lideran luchas en defensa de los territorios, sus derechos y los derechos de los pueblos, cuestionando la raíz del sistema capitalista, patriarcal y racista. La criminalización y la persecución, e incluso los asesinatos, tienen la intención de acallar sus voces e impedir su acción política. Los gobiernos de derecha, machistas y misóginos, emprenden campañas contra lo que ellos denominan “ideología de género”, para imponer su concepción de la familia y del papel de la mujer. De esta manera niegan el papel de las mujeres como sujeto político y llevan adelante una ofensiva que pretende relegarlas al trabajo reproductivo fortaleciendo la división sexual del trabajo y al mismo tiempo explotar sus cuerpos y trabajo. En este marco es más significativa aún la victoria lograda por el movimiento feminista con la legalización del aborto en Argentina, tras años de dura lucha.

Frente a los ataques a la democracia y la deslegitimación de la política, está en juego la necesidad de continuar y fortalecer la construcción de la solidaridad internacionalista contra todos los sistemas de opresión -de clase, racista, patriarcal, heteronormativo, colonial, imperialista-, en la que la unión de los pueblos y sus movimientos nos permita retomar el sentido de la democracia desde la participación de los sujetos políticos populares en la política y en la definición de la política pública para atender las necesidades de quienes más los necesitan, garantizando los derechos de las clases populares, protegiendo a quienes entregan sus vidas por los proyectos colectivos emancipatorios, y deshaciendo el secuestro del Estado y sus instituciones que vienen consolidando las derechas en respuesta a los intereses de los grupos económicos nacionales y de las transnacionales.

Disputar la comunicación desde las construcciones conjuntas y populares.

En este marco y contexto descritos, el poder y el papel de los grandes medios de comunicación empresariales y la manipulación de las redes sociales deben ser confrontados, pues tienen una enorme incidencia e influencia en la normalización de la violencia, en la deslegitimación de la política y en los ataques continuos a cualquier tipo de disputa democrática. Confrontar este poder implica el fortalecimiento de las estrategias de comunicación popular y la disputa por las tecnologías de la información.

Los movimientos sociales nucleados en la Jornada Continental por la Democracia y contra el neoliberalismo7 son protagonistas de la lucha en defensa de la democracia y han identificado la importancia de disputar las comunicaciones, por ello apuestan a la convergencia de medios populares. Ejemplo de ello son Radio Mundo Real (RMR) y, más recientemente, la herramienta Capire, construida en línea de confrontación a los grandes medios empresariales y su hegemonía totalizante, desde producciones propias de las mujeres en lucha. La comunicación es uno de los puntos clave para organizaciones como ATALC y la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM), por eso junto a movimientos aliados han participado de iniciativas conjuntas para crear una comunicación popular y feminista, que visibilice las luchas y los proyectos políticos de los pueblos y las mujeres en todo el mundo.

Propuestas de esta naturaleza visibilizan la lucha de las clases populares en pos de proyectos políticos emancipatorios y la construcción y fortalecimiento de iniciativas territoriales, para que las acciones y reflexiones que allí se presentan den cuenta de procesos que logran hacerse un espacio como grandes medios de comunicación. Permiten asimismo participar activamente en la disputa de sentidos.

Enfrentar los bloqueos y ataques a los pueblos dignos y soberanos

La continuidad de los ataques orquestados desde los Estados Unidos contra los pueblos de Cuba y Venezuela, en alianza con gobiernos de derecha y fascistas de la región, se hacen más brutales y repudiables en tiempos de la crisis global de la salud, y configuran ataques históricos y sistemáticos a la democracia. Los movimientos sociales y articulaciones de sujetos políticos populares colectivos tienen entre sus responsabilidades históricas la solidaridad internacionalista con los pueblos cubano y venezolano que han soportado con dignidad y tenacidad la arremetida del imperialismo y de la derecha. En la defensa de los pueblos bajo ataque está en juego la continuidad de sus aportes a la paz e integración regional.

2. OFENSIVA NEOLIBERAL

Ataques a los derechos laborales y desmonte de los derechos conquistados.

La aplicación de políticas neoliberales, que en muchos países se ha profundizado en el marco de la pandemia de COVID 19, también ha traído como consecuencia la adopción de medidas sumamente regresivas en materia laboral. La Confederación Sindical de Trabajadoras/es de las Américas (CSA), organización que representa a más de 55 millones de personas trabajadoras en el continente, ha señalado que la pandemia “dinamizó los procesos y tendencias de deterioro de la vida de la población trabajadora que ya estaban en curso”8. Se deterioraron las condiciones laborales, de la estabilidad del empleo, de los derechos laborales y sindicales, de las posibilidades de mantener salarios dignos, y “los propios sistemas de protección, además de los sanitarios, se encuentran inmersos en profundas crisis en la mayoría de los países de las Américas”9.

Lejos de aportar a la solución de la crisis, las medidas adoptadas por la mayoría de los gobiernos la agravaron, y se amplificó la violencia contra las mujeres, quienes debieron asumir una mayor carga de trabajo de cuidados esenciales para la vida que no son valorados por el capital y el mercado, configurándose un escenario de mayor explotación de sus cuerpos y trabajo. En muchos países, a ello se sumó la falta de acceso a servicios fundamentales como consecuencia de las privatizaciones o el debilitamiento de lo público, el debilitamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva, la negación del derecho al aborto, y la obligación de quedarse en casa, un espacio no seguro donde se vieron forzadas a convivir con los perpetradores.

En términos generales, son cuatro los aspectos centrales que representan ataques a los derechos laborales y a los derechos conquistados históricamente:

una reforma laboral de facto respaldada en la necesidad de reactivación económica al tiempo que se reducen los costos laborales10. Como lo denuncia la CSA “aun con medidas de restricción de despidos en estos meses, se denuncian despidos masivos, reducción de salarios y jornadas laborales, negativa a declarar COVID 19 como enfermedad laboral, envío de trabajadoras/es a vacaciones obligatorias y sin pago, cancelación o renegociación de contratos, reformas legislativas para eliminar la negociación colectiva y un desconocimiento general de los sindicatos”11.

Protección de la actividad económica, desprotección de trabajadores/as. La definición de los sectores básicos a mantener operativos durante los confinamientos respondió a criterios presionados por empresarios (la construcción, producción de bebidas alcohólicas, textiles y calzado, por ejemplo) y no a las necesidades básicas de la población durante la pandemia; además, en esos sectores tampoco se garantizó la salud y seguridad de las/os trabajadoras/es. El común denominador fue la ausencia de elementos de protección individual, ausencia de condiciones adecuadas de transporte, falta de agua potable. Con el agravante conocido en la región de la precariedad laboral que debió asumir el personal de salud que tuvo que enfrentarse a la crisis sin equipos de protección adecuados y en muchos casos sin recibir durante meses el pago de sus salarios y obligaciones contractuales.

Endeudamiento como salvaguarda de grandes empresas. Los nuevos procesos de endeudamiento para los países de la región que fueron presentados como necesarios ante la emergencia económica generada por la pandemia, se utilizaron para el salvamento de empresas transnacionales y no para la implementación de auxilios a las pequeñas y medianas empresas, tampoco para la creación de un ingreso o renta básica necesaria y urgente para la población. El caso del intento de salvamento a la transnacional AVIANCA, por el gobierno del derechista Iván Duque en Colombia, es escandaloso. Al momento se ha denunciado que se han entregado cinco mil millones de pesos (COP) a la empresa, mientras en el país andino no se entregó renta básica, se ha superado los cincuenta mil muertos por la pandemia y no se ha empezado la vacunación de la población.

Informalidad. Una de las características del trabajo en la región es la alta tasa de informalidad y las/os trabajadoras/es que tienen esta condición fueron de los/as más golpeadas/os con las restricciones a la movilidad y confinamientos impuestos. Su pérdida de ingresos les ha llevado a situaciones de empobrecimiento extremo.

Las/os trabajadoras/es de las aplicaciones de plataformas sufrieron un empeoramiento de sus condiciones de trabajo que ya de por sí tiene todas las características de la desregulación y explotación laboral: los costos de transporte, protección y mantenimiento de instrumentos de trabajo son asumidos por las/os trabajadoras/es que en su mayoría se movilizan en bicicletas en las que se exponen a accidentes constantemente; no cuentan con derecho a salud ni pensión, ni ninguna prestación legal. Por estas condiciones y situaciones lamentables de accidentes y muerte de las/os trabajadoras/es, en países como Brasil se convocó a movilizaciones desde los colectivos de trabajadoras/es de las Apps, pues mientras ellas/os exponen sus vidas para sobrevivir, las ganancias de las transnacionales dueñas de las aplicaciones crecen de manera exponencial.

En la región está en juego la dignificación del trabajo, en condiciones desfavorables ante el poder de las transnacionales y gobiernos de derecha y neoliberales que avanzan en la precarización, desregulación y desmonte paulatino o acelerado de los derechos conquistados históricamente por la clase trabajadora.

Imagen: ATALC

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