Radiografia del poder transnacional: el régimen de protección de inversiones y sus consecuencias

Publicada el 29/05/2024 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos esta infografía e informe de una investigación de ISDS América Latina donde participamos sobre el poder corporativo y las demandas de transnacionales a países – A mayo 2024

En 2023 México fue el país que más demandas de arbitraje de inversión recibió en el marco de tratados de protección de inversiones a nivel mundial. Con 53 casos en total, México se encuentra hoy entre los países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros ante tribunales de arbitraje internacional, y es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe. Cada vez más dinero público está en riesgo para tener que pagar a los inversionistas las cantidades multimillonarias resultantes de los arbitrajes. A pesar de ello, México sigue firmando nuevos tratados de protección de inversiones que incluyen el recurso a los tribunales arbitrales internacionales como principal mecanismo de resolución de conflictos entre inversionistas y Estado (también conocido como ISDS, por sus siglas en inglés). En los últimos años, México ratificó el CPTPP; renegoció el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN 2.0/T-MEC), manteniendo entre México y EEUU el sistema de solución de disputas inversionista-Estado; y cerró la renegociación “en principio” del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM) que incluye un nuevo capítulo de protección de inversiones. Además, en 2018 se convirtió en miembro pleno del Convenio del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. En este informe vamos a mirar al régimen de protección de inversiones de México y develar sus principales consecuencias para el país.

(publicado en Mayo 2024)

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¿Qué es el mecanismo de solución de controversias entre Estado e inversionista?

El mecanismo de solución de disputas inversionista-Estado, conocido como ISDS por sus siglas en inglés (Investor-State Dispute Settlement) permite a los inversionistas extranjeros, principalmente grandes empresas transnacionales y fondos de inversión, demandar a Estados ante tribunales de arbitraje internacionales si consideran que las leyes, las regulaciones, las decisiones judiciales u otras medidas tomadas por el Estado violan las protecciones que tienen bajo un tratado. Los casos son normalmente decididos por tres árbitros, frecuentemente abogados/as, que ejercen la profesión desde el sector privado y con un fuerte sesgo proinversionista.
ISDS ha generado numerosas críticas desde el ámbito académico, profesional y de la sociedad civil, entre las que destacan:
• La falta de transparencia en los procedimientos arbitrales.
• La ausencia de imparcialidad y de independencia de los árbitros.
• Los laudos pueden ser ejecutados en cualquier parte del mundo.
• El costo de un arbitraje inversionista-Estado es mayor que un juicio en cortes nacionales.
• Es un sistema unilateral: el inversionista es el único que puede iniciar una demanda.
• Las víctimas de los abusos de las empresas transnacionales no disponen de ningún mecanismo como este para
acceder a la justicia.

El universo de tratados de protección de inversiones de México

México cuenta con 31 Acuerdos para la Promoción Recíproca de Inversiones (APRI), o Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) vigentes, la mayoría de ellos con países europeos (18). Todos (excepto tres) entraron en vigor a partir del año 2000. De los 31 TBI con México, 22 podrían ser terminados, pues pasaron la fase inicial de 10 años que estipula el tratado para su vigencia, con lo cual México tiene la oportunidad de revisar y/o salirse de más del 70% de todos sus TBI. Sin embargo, la postura de los gobiernos mexicanos ha sido de continuar firmando tratados de protección de inversiones. En los últimos años, México firmó varios TBI de los cuales la mayoría ya entró en vigor, excepto el TBI con Haití, firmado en 2015.

Principales claúsulas de los Tratados de Protección de Inversiones para demandar a los Estados

1) Compensación por “Expropiación Indirecta” (del lucro cesante)

Si bien el término expropiación en el pasado se aplicaba a la confiscación física de la propiedad, las reglas actuales también protegen a los inversionistas contra la expropiación “indirecta”, que se interpreta como las reglamentaciones y otras acciones del gobierno que reducen significativamente el valor de una inversión extranjera o impiden una ganancia esperada. Por eso, ahora las compañías pueden entablar juicio contra el Estado, demandando indemnización por normas y leyes ambientales, de salud u otras de interés público que son adoptadas a través de un proceso democrático. Si bien los tribunales no pueden obligar a un gobierno a revocar esas normas y leyes, la amenaza de ser condenado a pagar grandes sumas de dinero por daños y perjuicios puede tener un “efecto paralizante” (chilling effect, como se le conoce en inglés) en la formulación de políticas nacionales responsables.

2) Norma subjetiva de “Trato Justo y Equitativo” a la empresa extranjera

Esta cláusula no tiene significado definible y es inherentemente subjetivo, lo que permite que los árbitros en tribunales supranacionales la apliquen con sus propias interpretaciones a acciones de gobiernos de países que tienen historias, culturas y sistemas de valores diversos. Cualquier accionar del gobierno que afecta negativamente el negocio del inversionista puede ser interpretado como un acto “discriminatorio” y por ende un incumplimiento del trato justo y equitativo.

3) Trato Nacional y Trato de Nación Más Favorecida

Los gobiernos deben tratar a los inversionistas extranjeros y sus inversiones al menos tan favorablemente como a los inversionistas nacionales (trato nacional) y a aquellos de cualquier tercer país (trato de nación más favorecida). Aunque se le pregona como un principio básico de justicia, esto en realidad despoja a los gobiernos de la posibilidad de impulsar estrategias de desarrollo nacional, utilizadas en el pasado prácticamente por todas las economías exitosas. Es más, una medida reglamentaria que se aplique a todas las compañías, pero tenga un impacto desproporcionado en un inversionista extranjero, podría ser demandada como una violación al trato nacional.

4) Prohibición de los Controles de Movimientos de Capitales

Se prohíbe a los gobiernos aplicar restricciones a los flujos de capital, a pesar de que muchos gobiernos han utilizado estos controles para prevenir y mitigar de manera efectiva la volatilidad y las burbujas financieras. Incluso el mismo FMI reconoce hoy en día que los controles de capital constituyen herramientas de políticas públicas importantes en algunas circunstancias.

5) Prohibición a establecer Requisitos de Desempeño a la Inversión

Los gobiernos tienen que renunciar al ejercicio de su autoridad y abstenerse de exigir que los inversionistas extranjeros usen un cierto porcentaje de insumos locales en la producción, que transfieran tecnología y otros requisitos que en el pasado constituyeron herramientas de políticas de desarrollo económico responsables.

6) Estándar de Plena Protección y Seguridad

Este estándar abarca los daños y perjuicios tanto físicos como legales que afecten a las inversiones, supuestamente provocadas por el Estado o por terceros (por ejemplo, la sociedad civil o comunidades en defensa de sus recursos naturales y territoriales). Hasta hace poco, este componente no se destacaba en los tratados de inversión, pero cada vez los inversionistas se están sirviendo de él con mayor frecuencia. Este estándar obliga, por ejemplo, al uso de la fuerza del Estado u otros medios para garantizar la protección de los inversionistas ante protestas de comunidades contra sus proyectos.

Además de los 31 TBI, México tiene 11 Tratados de Libre Comercio en vigor que cuentan con un capítulo de inversiones y permiten el recurso al arbitraje de inversiones como principal mecanismo de solución de controversias inversionista – Estado.

El T-MEC (TLCAN 2.0)

México, Estados Unidos y Canadá terminaron de renegociar el TLCAN en 2020. Este tratado, que estuvo vigente más de 20 años, no sólo le ha generado consecuencias económicas, sociales y ambientales adversas, también es responsable de 38 de las 53 demandas de inversionistas contra México en el sistema de arbitraje, o sea más de 2/3 partes de las demandas. El 1 de octubre de 2018, los tres gobiernos acordaron el TLCAN 2.0, ahora denominado Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, o USMCA por sus siglas en inglés). El tratado entró en vigor el 1 de Julio de 2020. El T-MEC modifica al capítulo 11 del TLCAN que permitía la resolución de controversias inversionista-Estado. El nuevo tratado elimina por completo la posibilidad de demandas inversionista-Estado entre los Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, a pesar de algunas restricciones, deja abierta la puerta a demandas de inversionistas estadounidenses contra México ymviceversa (aunque esta opción es menos probable). Bajo el T-MEC, los inversionistas sólo podrán demandar en caso de la vulneración de las cláusulas de “nación más favorecida” y “trato nacional” o en el caso de expropiación directa (no indirecta) y en algunos sectores como petróleo y gas, generación de electricidad, transporte, telecomunicación u otra infraestructura. Además, el capítulo 11 de protección de inversiones del TLCAN quedó en vigencia tres años más para los tres países (hasta junio de 2023), bajo la llamada “cláusula de legado”.

A pesar de las restricciones a demandas que supuestamente impone el T-MEC, en solo dos años se ha vuelto el segundo tratado de inversión más nocivo para México, ya que en 15 de las demandas contra México se invoca este tratado (en paralelo al TLCAN). Esto demuestra que no basta con reformar acuerdos, si no se impide el uso de ISDS por completo, inversionistas siempre encontrarán una forma de demandar a Estados en el sistema de arbitraje.

MÉXICO EXPANDE PRIVILEGIOS A LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS

A pesar de ser uno de los países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros, el gobierno de México ha optado por seguir concediendo derechos de protección.

CPTPP-11: México es el primero en ratificar, y el primero en recibir una demanda bajo este tratado

El 8 de marzo de 2018, en Santiago de Chile, 11 países -Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Chile, Singapur y Vietnam- firmaron la versión revisada del Tratado Transpacífico (TPP), sin Estados Unidos, después de que Donald Trump retirara a su país de las negociaciones. El tratado lleva el nombre de Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP, por sus siglas en inglés), también conocido como TPP-11. Tras la salida de Estados Unidos, las negociaciones se aceleraron y concluyeron en apenas 5 meses. El 30 de diciembre de 2018, después de haber sido ratificado por seis países, el CPTPP entró en vigor. El Congreso mexicano fue el primero en ratificar el TPP-11, a sólo un mes y medio de haber sido firmado.
El CPTPP cuenta con un capítulo de protección de inversiones que otorga protecciones especiales para los inversionistas, como es el recurso al arbitraje de inversiones. Nueva Zelanda acordó con Australia no aplicar las cláusulas de disputas inversionista-Estado, y ha pedido a los otros miembros del CPTPP firmar acuerdos similares. México podría haber hecho lo mismo, y sin embargo, eligió mantener la cláusula de solución de controversias inversionista – Estado intacta.

México es el primer país en recibir una demanda ISDS bajo el CPTPP. Se trata del caso de las empresa de electricidad canadienses Caisse de Dépôt et Placement du Québec y CDP Groupe Infrastructures Inc. v. United Mexican States (ICSID Case No. ARB/23/53).6 Y también ha recibido una Notificación de Intención de demanda bajo el CCTPP de la empresa minera canadiense Almadex and Almaden.

El 28 de abril de 2020, en medio de la crisis de la COVID-19, México y la Unión Europea anunciaron el final de la negociación de la modernización de su TLC (TLCUEM), vigente desde el 2000 y firmaron un “acuerdo en principio”. Un punto clave de la modernización es la inclusión de un capítulo de inversiones, que el viejo TLCUEM no tenía. Con este nuevo capítulo las privatizaciones y reformas pro-empresariales en el sector petrolero y gasífero de México quedarán blindadas, y en el caso de querer revertirlas el inversionista puede usar el tratado para demandar a México. Los defensores de la modernización argumentan que el mecanismo de solución de controversias propuesto en el acuerdo, ahora llamado Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS, por sus siglas en inglés), es una versión mejorada del antiguo sistema ISDS. Lejos de ser verdad, lo único que mejora el ICS son los procedimientos administrativos, pero no cambia el principal problema del sistema: los inversionistas extranjeros pueden seguir demandando a México por cualquier medida legislativa que afecte sus ganancias, aunque estas sean medidas sanitarias o de lucha contra el cambio climático.

Para terminar, México está negociando otros tratados de libre comercio que podrían contener cláusulas de protección de inversiones. Se trata del TLC con Turquía, Ecuador y una renovación de su tratado con Chile, entre otros.

El ingreso al CIADI

En julio de 2018, México se convirtió en el miembro número 154 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo de arbitraje internacional del Banco Mundial. Según indican fuentes cercanas al gobierno mexicano, la decisión está directamente relacionada con la posición incierta de EE.UU frente al futuro del capítulo de inversiones en el T-MEC. Para México, firmar la entrada al CIADI fue una señal fuerte hacia los inversionistas extranjeros de que sus emprendimientos estarán protegidos en México, independientemente de la postura del próximo gobierno al respecto. Esta medida del gobierno mexicano fue aplaudida por la comunidad de abogados de inversiones, quienes opinaron que, “Al ratificar las Convenciones del CIADI y de Nueva York y promover la permanencia del mecanismo de resolución inversionista-Estado (ISDS) en el TLCAN, el país [México] ha hecho mucho para combatir la imagen de que está en contra del arbitraje.” Esta afirmación es uno de los pilares ideológicos de la economía global de los años noventa, que vaticinaba que la llegada de capital extranjero sólo se garantiza otorgando seguridad jurídica a dichos capitales. Sin embargo, cada vez hay más organismos internacionales (OCDE, UNCTAD), académicos/as, abogados/as y organizaciones de la sociedad civil que ponen en duda las supuestas bondades del sistema, entre otros de los acuerdos de libre comercio y de inversión. Con la entrada en el CIADI, México perdió la oportunidad de ser uno de los países en la vanguardia para repensar su política de comercio y de inversiones.

MÉXICO – TERCER PAÍS MÁS DEMANDADO DE LA REGIÓN

México es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe y el cuarto país más demandado a nivel mundial con 53 demandas inversionista-Estado conocidas hasta el 31 de marzo 2024. Casi todas las demandas han sido llevadas al CIADI, solo en tres demandas hubo tribunales ad-hoc y en un caso no se conoce la institución administradora elegida. Desde su entrada al CIADI, a mediados de 2018, se empezaron a usar las reglas arbitrales de esta institución (21 demandas), mientras que en las demandas previas a 2019, se usaron principalmente las reglas de la facilidad adicional del CIADI (19 demandas) o de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) (13 demandas).

Los inversionistas que demandan

El 58% de los inversionistas que demandan a México provienen de los Estados Unidos. Si sumamos los inversionistas de América del Norte y de Europa, constatamos que el 93% de las demandas fueron iniciadas por inversionistas de estas dos regiones. Resulta interesante que además son países norteamericanos y europeos que más árbitros tienen en el CIADI. Por otro lado, solo existen siete demandas por parte de empresas mexicanas contra otros países, dos contra España y Estados Unidos y una contra Colombia, Perú y Honduras respectivamente.

El número de demandas por año

México recibió la primera demanda de arbitraje de inversiones en 1997 por parte de la empresa estadounidense Metalclad, a raíz de que esta empresa quería construir un confinamiento de residuos cancerígenos (asbestos) en acuíferos subterráneos en un área que luego fue declarada reserva natural por el gobierno municipal de Guadalcazar, en el estado de San Luis Potosí. Desde entonces, México ha recibido demandas casi todos los años. Desde 2015 no ha pasado un año sin que México haya recibido una demanda por parte de inversionistas extranjeros. Esta avalancha de demandas ha visto su culminación en 2023 con 11 demandas, más que ningún otro país a nivel mundial en este año. A esto se suman por lo menos tres amenazas de demandas que se podrían convertir en demandas concretas en 2024; entre ellas la demanda de la empresa china Ganfeng en relación a “la cancelación de nueve concesiones de litio tras el impulso y la normativa que ha promovido la creación de una empresa pública de litio mexicana” y de la minera canadiense arriba citada Almadex y Almaden.

El resultado de las demandas

Hay 53 demandas en contra de México, 12 han beneficiado al inversionista sea por laudo o por acuerdo entre partes, y en 12 demandas el tribunal decidió rechazar la demanda del inversionista. Además, seis demandas fueron discontinuadas, mientras que 23 aún siguen pendientes.

Los costos de las demandas

Hasta ahora México ha sido condenado a pagar casi 296,6 millones de dólares en 11 casos por concepto de indemnización a los inversionistas. Esta cifra representa 3 veces el presupuesto de la Secretaría de Cultura en 2024, y es aún mayor al presupuesto total que México preve en 2024 para la búsqueda de personas desaparecidas, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desapareción Forzada y la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura juntas. Datos muy preocupantes teniendo en cuenta la situación grave de derechos humanos y el número creciente de desaparecidos/as en México.
Considerando solo las 23 demandas pendientes, la cantidad total que reclaman los inversionistas asciende a 13,325 millones de dólares, aunque en realidad el monto es aún mayor, ya que en ocho de las 23 demandas pendientes no se conoce el monto reclamado por el inversionista. Con este dinero se podría financiar durante tres años el trabajo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo presupuesto en 2024 es de 4,300 millones de dólares y durante 82 años al programa de Salud Materna Sexual y Reproductiva.

México y el Boom de las Demandas de Empresas Mineras

De los 13,000 millones de dólares por los que México está siendo demandado, más de la mitad, 6,438 millones de dólares, corresponden a demandas de empresas mineras.

Solo en 2023, México recibió cuatro demandas con relación a proyectos mineros, aunque las más espectaculares de estas demandas son de 2019. En septiembre de 2018, poco después de que se hiciera público el texto renegociado del T-MEC, la minera estadounidense Legacy Vulcan LLC y su subsidiaria mexicana Calizas Industriales del Carmen (Calica), notificaron su intención de someter una demanda en contra de México en el marco del TLCAN. La demanda tiene su origen en una controversia ambiental sobre la extracción de piedra caliza en el estado de Quintana Roo. La empresa está en disputa con el municipio de Solidaridad, cuyo Programa de Ordenamiento Ecológico Local y Programa de Desarrollo Urbano ha impedido que la empresa explote dos predios. La empresa efectivamente interpuso la demanda de arbitraje el 3 de enero de 2019 en el CIADI, por un monto de alrededor de 1,900 millones de dólares. El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hecho un llamado a llegar a un acuerdo con Legacy Vulcan LLC, ofreciéndole facilidades para desarrollar, en vez de la mina, un desarrollo turístico. y hasta ofreciendole a la empresa de comprar el predio de extracción por más de 389 millones de dólares.

En seguida de esta demanda, a inicios de 2019, la también estadounidense Odyssey Marine Exploration Inc. entabló una notificación de intención de demandar a México bajo el TLCAN por no haber aprobado los permisos ambientales para su proyecto de minería de fosfato en subsuelos marinos cerca de las costas de Baja California Sur, por la enorme cantidad de “cuando menos 3,540 millones de dólares”, por oposición de grupos pescadores.

“Las concesiones pesqueras de la Sociedad cooperativa de Producción pesquera de Puerto Chale cubren parte del fondo marino que la empresa quiere dragar. La cooperativa se ha opuesto al proyecto desde sus inicios y depositó una solicitud de autorización para presentar sus preocupaciones al tribunal del TLCAN en octubre 2021, con la ayuda del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL por sus siglas en inglés). Ambas organizaciones buscaban dar testimonio de los impactos que el proyecto podría tener en sus vidas y en el medio ambiente, y explicar porqué la decisión de la entidad reguladora ambiental de México de negarle a esta empresa el permiso de explotación minera del fondo marino era acertada y conforme al principio de precaución reconocido en el derecho nacional e internacional. Como ha sido recurrente en este sistema de arbitraje diseñado para favorecer a las empresas transnacionales, el tribunal del TLCAN se negó recientemente a recibir su solicitud”.

Odyssey, una empresa exploradora de tesoros convertida en empresa minera con escasos ingresos propios, consiguió financiación de un tercero para poder llevar adelante la demanda; el bufete de abogados Poplar Falls, especializado en litigios de EE. UU.

Al reclamo total de los inversionistas hay que sumar otros millones de dólares más por los costos propios del arbitraje de inversionista-Estado, esto incluye los honorarios de los abogados y de los árbitros, los gastos administrativos del centro de arreglo de las disputas (como puede ser el CIADI) y otros gastos del tribunal. En algunos casos el Estado no solo paga sus propios costos de defensa, sino el fallo en contra puede obligarle a también asumir la parte del demandante. Por ejemplo, en el caso Cargill v. México, el Estado tuvo que pagar la mitad de los costos de los abogados del inversionista. Por este caso México tuvo que abonar en total como gastos del arbitraje 3,3 millones de dólares. En el caso Lion México Consolidated v. México, el país tuvo que pagarle 2,25 millones de dólares al inversionista por sus gastos del arbitraje, y en el caso Gemplus v. México el monto llegó a 5,4 millones de dólares. A diferencia de la mayoría de los países, México ha usado, en muchas ocasiones, su propio equipo de abogados para la defensa. En los casos en que se contrató a un bufete de abogados, el Estado optó por Pillsbury Winthrop Shaw Pittman y Thomas & Partners; y más adelante por Tereposky & DeRose y en pocas ocasiones también por Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle.

Sectores de las demandas

México cuenta con una economía ciertamente diversificada. No sorprende entonces que las 53 demandas contra el país afecten a una gran variedad de rubros, aunque el sector más afectado ha sido el de minería e hidrocarburos con nueve demandas. Le sigue suministro de agua y manejo de residuos con siete demandas, información y comunicación, manufactura y transporte con cinco demandas respectivamente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La estrategia económica de México de abrir el país a inversionistas extranjeros, concediéndoles cada vez más privilegios a través de tratados de protección de inversiones, le ha costado caro. Año tras año el país recibe más demandas de inversionistas y amenazas que debilitan la función básica del Estado: su potestad legislativa y ejecutiva. La simple amenaza de una demanda podría ser suficiente para echar atrás una importante medida, como ha sido el caso de Talos Energy vs México, que no se llegó a registrar. La empresa solo envió la Notificación de Intención, lo que forzó al gobierno de AMLO a negociar y dar una mayor participación a Talos en un proyecto petrolero de Pemex. Es un un caso importante de llamado “efecto congelador “ (o chilling effect, como se le conoce en inglés) y de cómo se ha usado por primera vez el Anexo 14-D del T-MEC para amenazar efectivamente a México. Afrontar los nuevos retos, como la crisis climática o la crisis sanitaria requieren medidas innovadoras y flexibles que sean capaces de adaptarse a las necesidades del momento. En cambio, los tratados de protección de inversiones pueden poner freno a estas iniciativas, pues podrían suponer nuevas demandas millonarias, si nuevas medidas o regulaciones gubernamentales van en contra de los intereses corporativos. Una política soberana, enfocada en el bienestar de la población, la protección del medio ambiente, del clima y la promoción de empresas de la economía local es irreconciliable con los derechos que los tratados de protección de inversiones les otorgan a los inversionistas. Si México quiere salir del círculo vicioso de recibir demandas ISDS cada vez que quiere adaptar sus políticas y regulaciones, tiene que revisar su régimen de protección de inversiones. La única manera que México puede evitar nuevos arbitrajes de inversión es denunciando los tratados y acuerdos de comercio e inversión ya firmados y renunciando a renovarlos o firmar otros nuevos, ya que posibilitan la interposición de otras demandas. Por este camino ya han optado Bolivia y Ecuador en la región.

Para ello, recomendamos:
• Realizar una auditoría de todos los tratados de protección de inversiones (APRI o TBI o bajo TLC) y sus impactos para la economía y sociedad mexicana.
• Suspender la posibilidad del uso de demandas inversionista–Estado por parte de empresas extranjeras mientras dura la auditoría y tomar los pasos necesarios una vez terminada ésta.
• Salir del CIADI y promover opciones nacionales y regionales (por ejemplo crear un mecanismo bajo la CELAC), para la resolución de disputas entre inversionistas y Estado.
• No firmar nuevos tratados con cláusula de protección de inversiones, sino
›› dar primacia a la protección de los derechos humanos y ambientales, los recursos naturales y ecosistemas.
›› garantizar los sectores básicos para la población: energía, alimentación, servicios públicos, resguardando su soberanía ante las reglas internacionales de inversión.
›› posibilitar la participación de las poblaciones afectadas por proyectos con empresas extranjeras de acuerdo al consentimiento previo, libre e informado, el monitoreo y evaluación de su desarrollo.
›› dotar al Estado el espacio para elaborar políticas e implementar medidas para el fomento de las MYPME y el desarrollo regional, sectores específicos, e imponer a inversionistas ciertos requisitos de desempeño.
›› exigir responsabilidad de las empresas transnacionales inversionistas en términos laborales, sociales, ambientales, en coherencia con las mismas regulaciones que tienen en sus países de origen.
›› apoyar la creación un Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos al nivel de la ONU.

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Este reporte fue preparado y publicado por Publicado por Transnational Institute, Institute for Policy Studies, Colectivo Ecologista Jalisco, A.C, Comisión de Derechos Humanos del Valle de Tehuacán, A.C., EDUCA Servicios para una Educación Alternativa, A.C., Enlace Comunicación y Capacitación, A.C., Otros Mundos Chiapas, A.C., Proyecto sobre Organización y Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)

Informe: Desenmascarados; Los derechos corporativos en el renovado TLC México-Unión Europea

Publicada el 03/11/2023 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Les compartimos de nuevo este informe publicado por Transnational Institute e Institute for Policy Studies sobre el poder corporativo en Junio de 2016

Descargar el informe aquí

AUTORES: Cecilia Olivet y Manuel Pérez-Rocha

Resumen ejecutivo

México y la Unión Europea pondrán pronto en marcha una “modernización” del tratado de libre comercio
(TLCUEM) que ambas partes firmaron hace 15 años. Aunque el TLCUEM fue el primer acuerdo global de
comercio entre la UE y un país latinoamericano, el nivel de liberalización comercial y de protección de las
inversiones en acuerdos posteriores de la UE es mucho mayor. El TLC “renovado” con México pretende ir
mucho más allá que su predecesor.

Informes independientes han determinado que el actual TLCUEM ha tenido consecuencias negativas
en términos de diversificación del comercio exterior, mayores inversiones en desarrollo y creación de
empleo, y la protección de los derechos humanos. Lejos de abordar estas deficiencias, el “modernizar”
este acuerdo no es más que un eufemismo para ampliar e incrementar los derechos de protección de los
inversionistas. Uno de los principales puntos de la “modernización” consiste en incluir un capítulo sobre la
protección de las inversionistas y un mecanismo inversionista – Estado para la solución de controversias.

En caso de aprobarse, el TLC “modernizado”, con todo un capítulo específico para la protección de las
inversiones:

1-Permitirá a los inversionistas extranjeros impugnar legislaciones de interés público en México
y en Europa

La actual propuesta de la UE para la protección de las inversiones —ya incluida en los acuerdos entre la UE y Vietnam, entre la UE y Canadá, y negociándose con los Estados Unidos― se integrará en todos los futuros acuerdos comerciales de la UE, como el adoptado con México.

Con esta propuesta, las empresas conservarán los derechos que les permiten interponer demandas
de arbitraje multimillonarias contra el gobierno mexicano por la adopción de medidas concebidas para proteger a las personas y el medio ambiente. A diferencia de lo que afirma la UE, el Sistema de Tribunales de Inversiones que propone la Comisión Europea (CE) no protege el derecho de los gobiernos a legislar.
El texto del modelo de inversiones de la UE no incluye ningún elemento que pueda impedir que las
empresas impugnen decisiones de interés público ni que los árbitros fallen a favor de los inversionistas, condenando a los Estados a pagar miles de millones de dinero de los contribuyentes por concepto deindemnización por la implementación de medidas públicas legítimas. La CE prevé para los inversionistas una serie de derechos vagamente definidos, como el trato justo y equitativo; y la expropiación indirecta. De hecho, los gobiernos deberán defender que las medidas de interés público son “necesarias” y sirven a objetivos “legítimos” frente a los ataques de los inversionistas. Los casos serán resueltos por abogados muy bien pagados ―ahora renombrados por la CE como “jueces”― que seguirían teniendo un fuerte in- centivo económico para interpretar la ley a favor de los inversores. Sus honorarios proceden de las partes litigantes, y ascienden a 3,000 dólares diarios.

2-Blindará las privatizaciones y las reformas pro-empresariales en el sector del petróleo y el gas
en México

En diciembre de 2013, el gobierno mexicano abrió, después de décadas, la explotación de la industria del
gas y el petróleo a compañías extranjeras. Empresas del sector de la energía de la UE, como Shell, BP y Total tienen un importante interés en el mercado petrolero mexicano. El fortalecimiento de la protección de las inversiones en el marco del nuevo TLCUEM blindará estas reformas. Será muy difícil para los futuros gobiernos mexicanos el revertir estas políticas sin correr en riesgo de ser demandados ante tribunales internacionales de inversión.

El peligro de ser objeto de demandas por parte de empresas petroleras es real, ya que un gran porcentaje
de los casos de arbitraje internacional relativos a inversiones se origina en el sector de la energía, y muchos de ellos afectan a países que han impulsado reformas energéticas. Empresas de petróleo y gas han iniciado 57 controversias relativas a inversiones conocidas, de las cuales el 80% han sido en los últimos 10 años. Los países de América Latina y el Caribe son el principal objetivo.

3. Dificultará en gran medida que México y países individuales de la UE se retiren de este acuerdo

México tiene Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) con 16 de los 28 Estados miembros de la UE. La mayoría de ellos se podrían rescindir en cualquier momento o de aquí a 2019, lo cual concedería al gobierno mexicano una gran discreción para evaluar si mantener o no estos acuerdos. No obstante, si México sustituye los TBI vigentes con un capítulo sobre protección de inversiones en el TLC con la UE, a su gobierno le resultará prácticamente imposible retirar los nuevos derechos otorgados a los inversionistas extranjeros. La única forma de hacerlo pasaría por rescindir todo el acuerdo. Por otro lado, si un Estado individual miembro de la UE deseara revisar los derechos reservados a los inversionistas mexicanos, debería abandonar la Unión Europea para renunciar a sus compromisos.

4. Situará a México en una posición de riesgo de ser objeto de una nueva oleada de demandas de inversión por parte de inversionistas europeos

México, que ya ha enfrentado 23 casos de arbitraje amparados en tratados de inversión, es el séptimo país más demandado del mundo. A raíz de estas demandas, ya se ha visto obligado a pagar 246 millones de dólares, más intereses, en concepto de “daños y perjuicios” a nueve empresas distintas. Hasta la fecha, la mayor parte de las demandas de arbitraje relativas a inversiones han sido presentadas por inversionistas estadounidenses, pero en los últimos años varias empresas españolas también han interpuesto demandas contra el gobierno mexicano. Telefónica, por ejemplo, está reclamando una indemnización que supera la astronómica cifra de mil millones de dólares debido a los cambios normativos adoptados por México en el sector de las telecomunicaciones, una medida que había recomendado la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Al firmar un acuerdo de protección de las inversiones con la UE, el gobierno mexicano se expondrá a nuevas demandas por parte de inversionistas europeos, que podrían suponer el desembolso de millones de dólares del erario público. Los inversionistas de la UE son los principales usuarios del mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS), ya que han iniciado el 53% de todos los casos ISDS conocidos en el mundo. De estos, los de los Países Bajos, el Reino Unido y Alemania son los más activos. Casualmente, los inversionistas de estos países son también los que están invirtiendo más en estos momentos en México. El riesgo de que se incrementen las demandas se ve también exacerbado por el hecho de que, desde 2000, los flujos de inversión extranjera directa de la UE en México se han triplicado. Las inversiones europeas se han canalizado principalmente hacia el sector de los servicios financieros, el turismo y las telecomunicaciones. Las inversiones en estos sectores son especialmente susceptibles de dar lugar a controversias relativas a inversiones. Más de la mitad de las demandas interpuestas por empresas europeas en todo el mundo han estado relacionadas con la industria de los servicios, como los servicios financieros y las telecomunicaciones.

5. Incrementará las probabilidades de que los gobiernos de la UE sean blanco de demandas de multinacionales mexicanas

Las compañías transnacionales mexicanas están invirtiendo cada vez más en Europa, y en España en parti-
cular. En 2014, las inversiones mexicanas en España alcanzaron una cifra récord. Todas estas inversiones y
adquisiciones harían que los países europeos pudieran ser blanco de demandas de arbitraje de inversión
por parte de empresas mexicanas al amparo de un nuevo capítulo sobre la protección de las inversiones.
Aunque durante mucho tiempo los Estados miembros occidentales de la UE habían sido inmunes a las demandas de arbitraje, en los últimos años los Estados más ricos de la UE han sido objeto de 43 casos
amparados en tratados de inversión, de los cuales 29 han sido contra contra España.

6- Permitirá que las empresas europeas sigan violando impunemente los derechos humanos en
México

Las empresas europeas tienen una larga trayectoria de violaciones de derechos humanos y ambientales
en México con una impunidad prácticamente total. El proyecto del capítulo sobre inversiones desarrollado por la UE no incluye ningún elemento que aborde esta situación. Al contrario, acentuará aún más el desequilibrio entre la legislación vinculante para las grandes empresas y las directrices meramente voluntarias en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos. La propuesta de la UE no prevé obligaciones para los inversionistas; solo derechos.

Este hecho no es sorprendente. El actual TLCUEM dispone de una cláusula sobre derechos humanos
y democracia que podría haber propiciado la suspensión del acuerdo por las violaciones de derechos
humanos. Sin embargo, en los 15 años que han transcurrido desde que entró en vigor este tratado, la UE
ha ignorado esas violaciones, convirtiendo la cláusula en un elemento meramente decorativo.

Si México y la UE desean modernizar su relación, debería ser con el objetivo de corregir el desequilibrio a
favor de las transnacionales observados durante los 15 años en que ha estado en vigor el TLCUEM, y no
ampliando la protección de las inversionistas otorgando a los inversionistas extranjeros amplios derechos
corporativos.

Seguir leyendo el informe aquí

RedDESC: Lanza nuevo cómic y acciones por la Justicia de la deuda

Publicada el 17/10/2023 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Les compartimos este nuevo material didactico lanzado por la Red DESC sobre el poder coorporativo- A 7 de octubre del 2023

El Poder del 99% para Detener la Captura Corporativa y la Deuda

Lee aquí

Nos complace anunciar el lanzamiento del nuevo cómic “El Poder del 99% para Detener la Captura Corporativa y la Deuda“, una herramienta de educación política para fomentar la discusión y profundizar la comprensión de las causas fundamentales de la deuda y sus legados coloniales, el papel de la captura corporativa en la deuda, así como la intersección con otros problemas como las crisis de cuidados y climática. En última instancia, este cómic busca inspirar la acción para enfrentar la captura corporativa y los modelos económicos impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y los acreedores privados, que priorizan las ganancias de los acreedores y los intereses corporativos en detrimento de los derechos humanos, incluido el derecho a un ambiente sano.También aspiramos a desafiar la narrativa dominante propagada por las élites económicas y financieras, que utilizan un lenguaje confuso para ocultar las injusticias dentro del sistema. Por lo tanto, ante todo, esta es una historia de posibilidades y un recordatorio de que unidos podemos detener la captura corporativa, cancelar la deuda ilegítima e insostenible y abogar por un cambio transformador.

Descargar cómic:

Inglés | Francés | Árabe | Español

Del 11 al 15 de octubre: Utiliza el cómic para #ReclamarNuestroFuturo al FMI y al Banco Mundial Cada vez más, los países del Sur Global se encuentran asfixiados por la deuda. El FMI, el Banco Mundial y los acreedores privados siguen priorizando el pago de la deuda, en detrimento de servicios públicos y los derechos humanos. Además, están utilizando las crisis de la deuda para imponer cambios económicos y sociales alineados con los intereses de actores corporativos y financieros.Por ello, coincidiendo con las Reuniones Anuales del FMI/BM (9-15 de octubre de 2023, Marrakech, Marruecos), numerosos miembros de la Red estarán presentes para abogar por la cancelación de la deuda y un cambio transformador. ¡Ayúdanos a impulsar el cambio que queremos!

1. Del 11 al 15 de octubre, únete a nuestra campaña en redes sociales para #ReclamarNuestroFuturo y #CancelarDeuda, dirigida al FMI y al Banco Mundial (@IMFNews @WorldBank). En nuestro kit de acción digital, encontrarás mensajes y gráficos. IR AL KIT DE ACCIÓN

2. Comparte nuestras demandas sobre la deuda, los cuidados y la justicia climática:> En inglés, español, francés y árabe

Agradecimientos Un agradecimiento especial a las y los miembros del Grupo de Trabajo de Política Económica y del Grupo de Trabajo de Rendición de Cuentas Corporativa de la Red-DESC por sus importantes contribuciones en la creación de esta historia. También deseamos reconocer los inmensos esfuerzos de nuestros aliados y de cientos de organizaciones, pueblos indígenas, grupos feministas y movimientos sociales que luchan por recuperar los derechos humanos y el interés público frente al creciente poder de las élites corporativas y financieras. Están construyendo alianzas y trabajando juntes hacia el cambio que aspiramos a ver: un mundo donde la solidaridad, el cuidado de las personas y el planeta, y la igualdad sustantiva, guíen las decisiones y den forma a estructuras que garanticen los derechos humanos para todas las personas.

Para más información sobre nuestro trabajo colectivo en Justicia de la Deuda, póngase en contacto con Collins Liko en cliko@escr-net.org. Para más información sobre nuestro trabajo en torno a la captura corporativa, póngase en contacto con Mona Sabella en msabella@escr-net.org.

Informe: Desmitificando la Financiación del Desarrollo

Publicada el 05/09/2023 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Les compartimos este informe publicado y coordinado por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo sobre el impacto y poder de los Bancos Mundial de Desarrollo sobre la vida, los pueblos y las y los defensores de derechos humanos; donde Otros Mundos participa con un capítulo de análisis – A 5 de septiembre del 2023

DESMITIFICANDO LA FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO

CÓMO AFECTAN LOS BANCOS PÚBLICOS DE DESARROLLO A LOS PUEBLOS Y AL PLANETA

Lee el informe aquí

Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo, septiembre de 2023
Este informe ha sido redactado colectivamente por miembros y socios de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo.
Este documento está publicado bajo una licencia Creative Commons (CC-BY-SA). El texto puede utilizarse gratuitamente para fines de incidencia, campañas, educación e investigación, siempre que se cite íntegramente la fuente. Este informe está concebido como un documento vivo: todo o parte del material puede ser duplicado, modificado, traducido o adaptado para apoyar su labor de incidencia colectiva, pero rogamos que se mencione debidamente, que no se utilice el material con fines comerciales y que se nos mantenga informados de cómo piensan modificar y utilizar este informe.

Para más información: rightsindevelopment.org/PDBs contact@rightsindevelopment.org

RESUMEN

Los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) constituyen uno de los actores más poderosos de la economía mundial. Los fondos que movilizan y sus prioridades políticas pueden influir –directa o indirectamente— en nuestras vidas y en el bienestar del planeta. Los BPD financian proyectos, proporcionan apoyo presupuestario general y préstamos a gobiernos y empresas, promueven reformas políticas, establecen normas mundiales y sirven como herramientas geopolíticas para los gobiernos que los poseen. Su considerable influencia les permite actuar como gobiernos en la sombra dentro de la arquitectura financiera mundial, y dentro de los países y regiones del Sur Global.

Desde la fundación del Banco Mundial en 1944, el número de estas instituciones y el papel que desempeñan han crecido exponencialmente. En los últimos años, especialmente tras el azote de la pandemia de Covid-19, los BPD han abogado por un papel aún mayor y más fondos para responder a la crisis climática y prevenir futuras pandemias.

Pero, ¿se corresponde su narrativa con la realidad sobre el terreno? ¿Abordan realmente los BPD las causas profundas de la actual policrisis mundial, promueven el desarrollo sostenible y luchan contra la pobreza, la desigualdad y el cambio climático?

Este análisis colectivo analiza algunos de los desafíos clave del actual enfoque de desarrollo impulsado por los BPD en sus proyectos, políticas y prácticas. A través de estudios de caso y una visión general de las principales tendencias en la financiación pública del desarrollo, muestra cómo –con demasiada frecuencia— los BPD acaban exacerbando la policrisis en lugar de abordar sus causas profundas. Algunos efectos de las inversiones de los BPD, como las repercusiones sociales y medioambientales de sus megaproyectos, son más visibles. Otros, como la privatización de los servicios sociales o la creciente deuda de los países del Sur Global, pueden permanecer más ocultos. En cualquier caso, el análisis de estos impactos muestra cómo los BPD socavan las vías y prioridades de desarrollo de los pueblos, comunidades y países del Sur Global, reforzando los desequilibrios de poder y un enfoque de arriba hacia abajo del desarrollo.

Como se explica en la sección de metodología, este documento se ha elaborado en colaboración y consulta con organizaciones y activistas que trabajan en todo el mundo sobre diversos temas, desde los derechos humanos, hasta la deuda y el cambio climático. No se trata de un análisis a profundidad, sino más bien de una visión general sobre los BPD, las tendencias clave en sus inversiones y prioridades, y algunos de los impactos más críticos que causan o a los que contribuyen.

ACERCA DE ESTE INFORME

A pesar del papel crucial que desempeñan y de la importancia de sus repercusiones, pocas personas saben qué son los bancos de desarrollo. Este análisis, elaborado de forma colectiva, pretende crear una base común de evidencia y conocimientos para comunidades, movimientos, personas defensoras de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y otros aliados sobre qué son los Bancos Públicos de Desarrollo (BPD) y cuál es su impacto en el mundo. En el proceso de construcción de una narrativa de la sociedad civil sobre los efectos y acciones de los BPD, el documento también desafía la narrativa sobre lo que éstos dicen ser.

El informe comienza con una breve descripción de lo que son los BPD, su historia, por qué son importantes, sus motivos subyacentes y las tendencias de sus inversiones. A continuación, analiza sus salvaguardias medioambientales y sociales y su marco de rendición de cuentas, incluidos sus puntos fuertes y sus limitaciones. Por último, profundiza en los impactos visibles y ocultos de las actividades apoyadas por los BPD.

La mayoría de los ejemplos de este informe viene de los grandes bancos multilaterales de desarrollo, como el Banco Mundial, y de bancos multilaterales regionales, como el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD). También prestamos atención a los bancos multilaterales de desarrollo nacionales, sobre todo de China y Europa, que conceden préstamos internacionales, incluidas las agencias nacionales de crédito a la exportación. Sin embargo, prestamos muy poca atención a las repercusiones de los BPD nacionales que prestan a nivel nacional en sus propios países, ya que los colaboradores de este informe tienen más experiencia en inversiones internacionales. Tampoco se analizan los efectos diferenciados de los bancos de desarrollo en las distintas regiones y países.

Cualquier generalización que se haga en el informe debe leerse con la advertencia de que los BPD son increíblemente diversos en cuanto a sus estructuras y actividades. Dado que se trata de un documento vivo, agradecemos las sugerencias y críticas de nuestros lectores y lectoras para desarrollar futuros análisis sobre estas tendencias y repercusiones específicas, incluso a escala nacional y regional.

Lee y descarga el informe completo aquí

Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País: ¡alto a la injerencia de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá! En México, la soberanía nacional y alimentaria no se negocian

Publicada el 29/08/2023 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos con ustedes el siguiente pronunciamiento de la Campaña Nacional Sin Maíz No hay País sobre la presión de Estados Unidos y Canada sobre el maíz transgenico y el maíz nativo en México- A 25 de agosto del 2023

POSICIONAMIENTO de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País ante la solicitud de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, de un panel de controversia en relación con el maíz en México

Ciudad de México, viernes 25 de agosto de 2023

Desde la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País decimos ¡alto a la injerencia de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá! En México, la soberanía nacional y alimentaria no se negocian.
Rechazamos los tratados comerciales que permiten a países extranjeros enajenar nuestra soberanía nacional y alimentaria.

El decreto presidencial que ordena la sustitución progresiva del uso del herbicida glifosato y la prohibición del maíz genéticamente modificado (GM), publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de diciembre de 2020, inició la oportunidad histórica de materializar cambios profundos ante el modelo neoliberal y ante la llamada “Revolución Verde”.

Las presiones del gobierno de Estados Unidos y de las corporaciones agroalimentarias a las que representa, iniciaron tan pronto apareció el primer decreto, y desembocaron en una petición de consultas técnicas en junio de 2023, cuestionando las bases científicas en que se sustenta dicho decreto.

A partir de entonces se han presentado las pruebas necesarias y el gobierno mexicano ha propuesto incluso realizar una investigación conjunta con el propósito de analizar los daños ocasionados por el glifosato y los maíces transgénicos a la salud humana.

La respuesta del gobierno estadounidense ha sido: NO. Esta negativa muestra que no existe voluntad de avanzar de manera constructiva, ya que el solo hecho de aceptarlo pondría en duda lo que el gobierno de Estados Unidos y las transnacionales han buscado imponer como verdad absoluta: que el paquete tecnológico glifosato/maíz GM no conlleva daños a la salud.

Pretenden ignorar que amplios sectores de la población en Estados Unidos y Canadá rechazan el uso de esta dupla, debido a las evidencias acumuladas de daños a la salud, que se muestran, por ejemplo, en las demandas ganadas por personas estadounidenses que enfermaron de cáncer debido al uso de glifosato. Las empresas prefieren pagar las demandas antes que perder el negocio multimillonario que representa este herbicida.

Enfrentamos lo que se anunciaba desde la firma del TLCAN (hoy T-MEC): la imposición de decisiones que beneficien a Estados Unidos y Canadá a través de la extracción de bienes comunes y de modelos que responden a sus intereses económicos sin respetar las necesidades y decisiones de México. Se trata de estar por encima de la autonomía esencial de una nación, de su soberanía.

Desde la firma del TLCAN, en México se modificó el modelo agroalimentario, lo que ha tenido graves consecuencias como una mayor migración, epidemias de obesidad, diabetes y otras enfermedades vinculadas al consumo masivo de alimentos chatarra producidos por industrias que sólo buscan ganancias, así como una fuerte crisis en el campo que nos vuelve dependientes de las importaciones de productos básicos como el maíz amarillo, provenientes de una elite de productores beneficiados con subsidios millonarios por parte del gobierno de Estados Unidos.

Y lo peor, productos transgénicos plagados de glifosato que contaminan la tierra, el agua,
matan insectos polinizadores y afectan la salud de quienes siembran y consumen esos
alimentos.

Lo que se pretende a través del T-MEC -ahora evidenciado con la petición de este panel de controversia- es imponernos un modelo agroalimentario y enajenar nuestro derecho soberano a decidir qué comer, cómo producir nuestros alimentos y qué importar.

Resulta irónico lo expresado por la representante de Estados Unidos, Katherine Tai, quien afirma que es “fundamental que México elimine sus medidas biotecnológicas incompatibles con el T-MEC para que los agricultores estadounidenses puedan continuar accediendo al mercado mexicano y utilizar herramientas innovadoras para responder a los desafíos climáticos y de seguridad alimentaria”, cuando son esas “herramientas innovadoras” las que tienen al planeta al borde del colapso ambiental.

Frente a ello, los datos evidencian que la mayor parte de los alimentos son producidos por la agricultura campesina de pequeña y mediana escala. Y que, mediante políticas públicas adecuadas, esta agricultura puede convertirse en la verdadera alternativa para la producción de alimentos, para el arraigo de las comunidades en sus territorios, y para la protección de la biodiversidad y de la salud ambiental y humana.

Ante esta situación es indispensable apoyar la posición del gobierno mexicano, justamente porque se basa en el derecho inalienable a la salud, así como los derechos a un ambiente sano y a la biodiversidad de los maíces nativos de México, en el país que es centro de origen y diversidad constante de este grano. También se basa en la defensa de la riqueza biocultural de las comunidades campesinas y del patrimonio gastronómico de México clasificado como Patrimonio Intangible de la Humanidad, por la UNESCO.

Es el momento de unir voces y esfuerzos para un cambio profundo en la manera de
relacionarnos con la naturaleza y de producir nuestros alimentos.

Es el momento de unirnos para superar la pandemia de obesidad y diabetes, cuyos costos sociales y económicos afectan de manera evidente a nuestro país.

No permitamos que un país extranjero a través de un tratado comercial imponga condiciones que ponen en riesgo nuestro derecho a un ambiente sano, a la salud, a la vida, a un trabajo digno libre de tóxicos, y a preservar nuestro extraordinario patrimonio cultural y nuestra biodiversidad.

México es hoy una voz que se une a la de millones de personas que en el mundo demandan alternativas para recuperar la dignidad, el derecho a decidir qué comer, el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano y sustentable, el derecho a la información, en suma, el derecho a la vida.

La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País reitera su posición: NO a tratados comerciales que sirvan como pretexto a países extranjeros para enajenar nuestra soberanía. NO a un modelo agroalimentario depredador.

SÍ al trabajo campesino digno y bien remunerado. SÍ a políticas públicas integrales para el campo y una alimentación adecuada. SÍ a la milpa y a los maíces nativos. SÍ a una tortilla hecha con buen maíz, sana, nutritiva y libre de agrotóxicos. SÍ a una agricultura regenerativa.

Sin campesinas y campesinos, sin soberanía, no hay país.

Y sin frijol y maíz, no hay país.

Atentamente

Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País

Imagen: Abril Dalila Sanchéz

Boletines: El lavado verde en la aviación

Publicada el 02/08/2023 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Les compartimos esta serie de boletines o fichas informativas sobre mitos e ideas erróneas más comunes en torno al industria de la aviación y el dióxido de carbono elaboradas por Stay Grounded/ Permanecer el tierra

Lo que la industria de la aviación te dice y lo que NO te dice
Lo que debemos saber sobre las promesas de descarbonización y las falsas soluciones

Leer aquí

Tras la pandemia de Covid19 y la interrupción que impuso a la mayoría de los vuelos nacionales e internacionales, la industria de la aviación y su lobby están trabajando arduamente para volver a su camino de crecimiento dañino para el clima anterior a COVID. Como reacción a la creciente conciencia pública y política sobre los efectos nocivos de la aviación para el clima, la industria acompaña sus búsquedas de rescates y más subsidios con promesas de vuelos ecológicos a través de la tecnología.

Al observar más de cerca lo que la industria nos dice y lo que no nos dice, en nuestra nueva serie de hojas informativas desacreditamos los conceptos erróneos comunes y miramos detrás de la cortina verde de sus promesas.

Las fichas informativas:
01 Eficiencia
02 Vuelo Eléctrico
03 Hidrógeno
04 Biocombustibles
05 E-combustibles
06 Neto Cero
07 Compensaciones de carbono

[Video] Voces en resistencia IV: Medidas ante los megaproyectos extractivistas

Publicada el 26/07/2023 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Con mucha alegría les compartimos el cuarto capítulo de la serie Voces en Resistencia; una serie de testimonios de personas que luchan por defender la vida y el territorio de mega proyectos extractivistas.

En este caso Rose, integrante de Amigos de la Tierra Internacional y participante de la Asamblea Anual de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería donde nos cuenta la importancia de la solidaridad internacionalista en las luchas para enfrentar el poder corporativo.

Más capítulos:

Mapa: Aeropuertos y Conflictos en México

Publicada el 24/07/2023 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos con ustedes este mapa de los Aeropuertos y conflictos en México con la última actualización a julio del 2023.

Por sí aú no haz leido el informe que acompaña este mapa, aquí te dejamos el link para que lo revises.

Informe: Aeropuertos y Conflictos en México

Publicada el 29/09/2022 | por Otros Mundos AC

Compartimos el siguiente informede nuestro compañero Gustavo Castro Soto de Otros Mundos Chiapas A.C. en colaboración con Stay Grounded-Permanecer en la Tierra el cual es un análisis exhaustivo del sector de la aviación en México.

Comunicado de Prensa

Aeropuertos en México intensifican el Modelo Extractivista, despojo y saqueo de territorios

29 de Septiembre de 2022 – México

Hablar de aviación en México es hablar de desigualdades y despojos, puesto que los aeropuertos intensifican el modelo extractivista crucial para el capitalismo. Y hoy podemos hablar del “Modelo Extractivista Aeroportuario”, de megaproyectos de conectividad, de extractivismo, de carga y turísticos que son centrales para entender la importancia que se le da a la infraestructura aeroportuaria en México. Tengamos en cuenta también, que el país juega un papel muy importante en numerosos acuerdos comerciales con grandes potencias mundiales y es aquí donde surge la interrogante ¿para quién es toda la infraestructura aeroportuaria en México?

Las posibilidades de viajar a un destino nacional o internacional para la mayoría de la población mexicana son muy bajas, puesto que México tiene uno de los índices de vuelos per cápita más bajos de América Latina. Dentro del informe “Aeropuertos y conflictos en México” el autor destaca la desproporcionada importancia de los aeropuertos en los planes de inversión del actual gobierno mexicano.

Durante 2018, una sola empresa de autobuses en México (grupo ADO) movió alrededor de 476 millones de pasajeros, casi 5 veces más que el número de pasajeros aéreos del país, está claro que la mayoría de la población mexicana utiliza los medios de transporte terrestres como la preferencial forma de transporte.

Sin embargo, la prioridad que se le ha dado a la inversión en infraestructura aeroportuaria es tremenda no sólo en el gobierno anterior sino sobre todo en el actual. Bajo el Acuerdo Nacional de Infraestructura entre el sector privado y el gobierno federal, sólo entre el 2019 y 2021, 42 mil 458 millones de pesos se destinaron a la mejora y ampliación de 28 aeropuertos. Y para todo el periodo de la presente administración, se contemplan inversiones de distinta naturaleza para 50 aeropuertos: 40 están o serán ampliados y modernizados, 5 están en construcción, 4 tienen planes de construcción y un caso de cancelación.

Varios proyectos aeroportuarios han desencadenado conflictos socioambientales en seis de las entidades federativas. sumándose a los cuatro casos ya documentados (Aeropuertos Internacionales de Creel-Chihuahua, Guadalajara-Jalisco, Texcoco y Santa Lucía-Estado de México), el informe reconoce y caracteriza nuevos conflictos relacionados con los proyectos del aeropuerto de Tepic en Nayarit; el aeropuerto de Puebla; y los aeropuertos de Chetumal y Tulum en Quintana Roo.

El hecho de no identificar con claridad algunos conflictos no significa que no los haya, ya que como es conocido las infraestructuras aeroportuarias al igual que muchos otros megaproyectos se basan en el continuo saqueo de los bienes comunes así como la expropiación de tierras, por lo tanto la posibilidad de que surjan nuevos conflictos en torno a la construcción o ampliación de aeropuertos es muy alta.

Otro punto importante y cada vez más preocupante es el papel central de las fuerzas armadas mexicanas en la promoción y gestión de la expansión aeroportuaria. El ejército mira a los aeropuertos como la nueva frontera para generar ingresos para sostener las crecientes fuerzas armadas. El informe describe el caso del aeropuerto de Tulum, donde la presente administración está creando una nueva empresa que controlará el aeropuerto y será administrada por los militares. Un paso más hacia la no nombrada militarización del país.

Todo lo anterior está documentado en un análisis exhaustivo del sector de la aviación en México a través del nuevo informe “Aeropuertos y conflictos en México” de Gustavo Castro Soto (Otros Mundos Chiapas, AC)/Stay Grounded-Permanecer en la Tierra).

En dicho informe se señalan 50 aeropuertos beneficiados por la inversión de la actual administración federal e identifica 8 conflictos socioambientales documentados relacionados. Así como un mapa de los aeropuertos ubicados dentro de territorios indígenas en México que acompaña la publicación.

Atentamente

Stay Grounded-Permanecer en la Tierra

Otros Mundos Chiapas A.C.

Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura

Artículo elaborado por Stay Grounded

Informe: Confianza en el lugar equivocado

Publicada el 13/07/2023 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos el siguiente informe de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo sobre el papel de los bancos de desarrollo en los mega proyecto y las represiones a las personas defensoras – A de julio del 2023

“Confianza en el lugar equivocado”, un nuevo informe de la campaña Personas Defensoras en el Desarrollo publicado el 5 de julio, muestra cómo los bancos de desarrollo ponen en grave peligro a las personas defensoras de los derechos humanos al confiar en sus clientes para hacer frente a las represalias.

Lee el informe aquí

La investigación, basada en el análisis de 38 estudios de casos de represalias en el contexto de proyectos de desarrollo, muestra que en todos los casos, excepto en dos, los clientes de los bancos de desarrollo han desempeñado un papel directo en la perpetración de los ataques.

El informe también incluye una serie de recomendaciones, indicando que los bancos de desarrollo deberían dejar de delegar acríticamente la evaluación del riesgo de represalias y la respuesta a los clientes. En cambio, los bancos deberían desarrollar protocolos y directrices sobre lo que harán ellos mismos en materia de represalias.

CONCLUSIONES PRINCIPALES

Los casos analizados en “Confianza mal depositada” muestran que:

En todos los casos menos en dos, los clientes desempeñan un papel en la perpetración de represalias contra las personas defensoras.
Las represalias cuya responsabilidad puede atribuirse a los clientes van desde amenazas hasta asesinatos; la criminalización es uno de los tipos más comunes de represalias.
Las represalias suelen ser perpetradas por las fuerzas de seguridad, personal/contratistas de empresas privadas y funcionarios estatales y gubernamentales.
Las fuerzas de seguridad pública suelen desempeñar un papel en la perpetración o facilitación de las represalias.
A menudo, los clientes también contribuyen a las condiciones que conducen a las represalias (por ejemplo, no garantizar consultas significativas).

El análisis de las políticas de ocho grandes bancos de desarrollo muestra que los bancos tienden a confiar en la información generada por los clientes para procesos clave (como las evaluaciones de riesgos ambientales y sociales, la participación de las partes interesadas y las consultas con las comunidades afectadas) que son fundamentales para prevenir y abordar las represalias.

RECOMENDACIONES CLAVE

Aplicar la tolerancia cero a las represalias exige que las IFD dejen de confiar a sus clientes la evaluación del riesgo de represalias y la respuesta a éstas, a menos que los clientes hayan trabajado activamente con las comunidades directamente afectadas y las personas defensoras para ganarse primero su confianza. Las IFD no pueden delegar acríticamente la evaluación del riesgo de represalias y la respuesta a los clientes.

En su lugar, las IFD deben desarrollar protocolos y directrices sobre lo que harán ellas mismas en materia de represalias. Estos protocolos y directrices deben abarcar todo el ciclo del proyecto y prepararse en estrecha consulta con quienes hayan sufrido directamente represalias en el contexto de proyectos de desarrollo, así como con la comunidad en general y sus aliados, incluidas las OSC especializadas en cuestiones de derechos humanos.

En virtud de estos protocolos y directrices, DFI debería

Evaluar los riesgos de represalias y responder cuando se produzcan.
Reforzar la capacidad y los incentivos del personal, la dirección y los consultores del banco para prevenir y responder a las represalias.
Alinear los incentivos de los clientes (incluso mediante la aplicación de consecuencias negativas) para evitar los riesgos de represalias y responder cuando éstas se produzcan.

Podcast Elemental: Contra la voracidad del capitalismo con Gustavo Castro

Publicada el 06/07/2023 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Les compartimos el siguiente episodio del Podcats Elemental donde en entrevista con nuestro compañero Gustavo Castro hablan de la defensa del medio ambiente, los mega proyectos extractivistas, las alternativas y las vida que se dan por defender la vida y una vida digna como nuestra querida #BertaCaceres

Elemental

Un pódcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia, nuestra relación con él y con sus demás especies. Presentado y co-producido por Nicolás Ibargüen, La No Ficción y Exile Content Studio.

Escúchalo aquí

Gustavo Castro Soto lleva décadas luchando contra la raíz de lo que él considera los problemas más urgentes que aquejan a la humanidad y el planeta entero: el modelo actual de producción.

Buena parte de su vida ha presidido organizaciones para defender territorios mexicanos de la devastación por represas y minas. En el camino ha perdido compañeros y compañeras entrañables, pero su lucha sigue en medio de las dificultades.

En esta conversación exploramos los males del sistema capitalista, su efecto sobre el medioambiente y las alternativas sostenibles que existen.

Podcats: Suena bien, pero huele mal: desmontar las mentiras corporativas

Publicada el 15/12/2022 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos con ustedes estos audios de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC sobre el poder corporativo – Diciembre 2022

Mesas radiales latinoamericanas para desandar los discursos transnacionales

En los sitios web y folletería de diversas empresas transnacionales que cuentan con un gran prontuario de delitos ambientales y sociales, puede leerse cómo protegen el medio ambiente, empoderan a las personas y generan energía para que el mundo funcione.

Son las mismas empresas que han violado sistemáticamente los derechos humanos, despojado y violentado comunidades, acaparado y envenenado territorios, extraído riquezas y bienes comunes para su propio beneficio, apoyado y motivado golpes de Estado.

Esos discursos con palabras bonitas y expresiones convincentes, muchas de ellas apropiadas del acervo de los movimientos sociales como otra forma de extractivismo social, intentan convencernos no solo de que las corporaciones no son las generadoras de las crisis sistémicas, sino que incluso vienen a solucionarlas. Estas narrativas coloniales, que poco menos que pregonan que los habitantes locales deben agradecer a los salvadores por llegar a sus territorios, se repiten desde el 1600.

En estas mesas redondas con activistas de Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe (ATALC), desandamos, con datos y experiencias, las mentiras corporativas y ponemos en el centro la vida, partiendo de nuestras propias narrativas, porque ninguna transformación será estructural y real sino tiene en el centro a sus protagonistas: los pueblos, las comunidades y los movimientos sociales.

¿Las transnacionales generan trabajo en las localidades donde se instalan y operan? ¿Mejoran la vida de las comunidades? ¿Hacen la vida de las personas más fácil? ¿Cuidan el medio ambiente?

En la primera mesa de intercambio cuestionamos estas máximas que las corporaciones aseguran. Con la participación de: Letícia Paranhos, de Amigos de la Tierra Brasil, Tatiana Rodríguez, de CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia, y Ramiro Ortiz, de la Unión de Afectados por Chevron-Texaco (UDAPT – Amigos de la Tierra Ecuador). Reproductor de audio

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¿Las corporaciones alimentan y generan energía para sostener el mundo? ¿Es más barato comprar en el supermercado que a la agricultura familiar? ¿Las corporaciones pueden tener una perspectiva sostenible? ¿Las empresas trabajan para solucionar la crisis climática?

En la segunda mesa radial analizamos los discursos manipulados y mostramos que no se corresponden con la realidad. Con la participación de Wanda Olivares, de Tierra Nativa – Amigos de la Tierra Argentina, Walter Gómez, de CESTA – Amigos de la Tierra El Salvador, y Juan Almendares, del Movimiento Madre Tierra – Amigos de la Tierra Honduras. Reproductor de audio

00:00

Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen.

ATALC trabaja e investiga sobre el avance de las transnacionales en la región. Estas mesas redondas fueron realizadas en el marco del ciclo de entrevistas Resistencia al aumento del poder de las transnacionales en América Latina y el Caribe. También podés escuchar la serie de podcast Resistencia.

Podcats: Resistencia

Publicada el 09/09/2022 | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario

Compartimos con ustedes este serie de podcats producidos por Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC sobre el aumento del poder de las empresas transnacionales en los ámbitos energético y agropecuario

¿Alguna vez imaginaste el futuro? ¿Cómo crees que viviremos en treinta años?

En diciembre de 2021 las organizaciones miembro de ATALC realizaron un diagnóstico sobre el poder de las transnacionales en América Latina y el Caribe. Un estado de situación a lo largo y ancho del continente que da cuenta del saqueo de estas empresas a los pueblos de la región.

RESISTENCIA es una serie sonora que refuerza algunas características de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rico, El Salvador y México. Una muestra de lo que puede pasar si no frenamos el modus operandi de las empresas transnacionales.

Un proyecto de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC).

Una realización original de Tristana producciones.