Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 20 de junio del 2023
A principios de junio, la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) participó en la presentación de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar a la embajada canadiense en México por haber incrementado el peligro que corría la vida del defensor chiapaneco, Mariano Abarca, antes de su asesinato el 27 de noviembre de 2009. Esta petición de denuncia se enfoca en la práctica del gobierno canadiense que se llama «diplomacia económica», una estrategia mediante la cual Canadá dirige los esfuerzos de todo su cuerpo diplomático para «atender las necesidades» de sus empresas en el extranjero, sin importar los daños que sufren las y los afectados por estas empresas. Hoy queremos volver a denunciar a Canadá por esta misma práctica, misma que ahora sucede con relación a una Ley federal en México, en tiempo real, y con la aquiescencia de la Secretaría de Economía.
Tal como ha pasado en otros países de América Latina, gracias a la «diplomacia económica canadiense» las empresas mineras canadienses tendrán una silla importante en las mesas técnicas sobre las reformas a la ley minera en México. Esto fue el acuerdo logrado entre las Ministras de Comercio de México y Canadá a fines de mayo, y seguramente figuraba en la agenda del diálogo bilateral entre los dos países, realizado en Ottawa entre el 12 y 13 de junio.
Aunque poco de esto ha salido en los medios o anuncios oficiales de ambos gobiernos, un medic canadiense registró que el 19 de mayo, la Ministra de Comercio Internacional, Promoción de las Exportaciones, Pequeñas Empresas y Desarrollo Económico de Canadá, Mary Ng, «le agradeció [a la Secretaria Raquel Buenrostro] que aceptara involucrar a las empresas mineras en México con capital canadiense en consultas técnicas, como parte del proceso para redactar los reglamentos de aplicación de la reciente reforma minera para ayudar a asegurar que aborden las preocupaciones de Canadá con la reforma.»1
La presencia de empresas canadienses en el sector minero ha sido múltiples veces señalado por organizaciones sociales, y ha sido reconocido por el propio sector minero: hasta 2021, CAMIMEX estimó que 73% de las empresas mineras en México con capital extranjero corresponden a capital canadiense.² Hasta este mismo año, el Departamento de Recursos Naturales de Canadá reportó la presencia de 132 empresas mineras canadienses en México con activos de un valor de $9.8 miles de millones de dólares canadienses, lo que equivale a unos 127 miles de millones de pesos mexicanos.³
La injerencia de Canadá en las leyes mineras de América Latina no es nueva. Ha sido un esfuerzo de tiempo completo de su cuerpo diplomático cada vez que países de la región han intentado realizar reformas.
En Colombia, fondos de la cooperación internacional de Canadá fueron canalizados para pagar una asesoría técnica para el código minero aprobado en el año 2001, con lo cual se dio paso a un despliegue tremendo de nuevas concesiones mineras en el país, en beneficio de la élite colombiana, grupos armados y empresas transnacionales, y con afectaciones profundas para pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes, además de para asociaciones de pequeños mineros.
En Ecuador, la embajada canadiense realizó trabajo «incansable» para asegurar una silla privilegiada a las empresas mineras canadienses que dominaban el sector en la mesa de diálogo sobre reformas al código minero. Esto fue en un contexto de fuerte movilización a nivel nacional de comunidades campesinas e indígenas para la prohibición de la minería en todo el país, y cuando Ecuador aún no contaba con ninguna operación minera a gran escala. Vale la pena notar que las empresas mineras no lograron todo que estaban buscando en la mesa de diálogo en este momento, aunque, según documentos obtenidos bajo la ley de acceso a la información en Canadá, se sabe que el gobierno canadiense consideraba la ley lo suficientemente útil para «abrir el sector a la minería industrial». En Ecuador, contrario a la receta preestablecida por el Banco Mundial en los códigos mineros de las décadas de 1980 y 1990, a través de las reformas mineras el país estableció una empresa estatal minera, reintrodujo el pago de regalías, introdujo un nuevo impuesto de sobre-ganancias, y estableció mayores controles regulatorios. Sin embargo, el lobby empresarial no se dio por vencido. Después de la aprobación de la nueva ley, la presión empresarial continuó y, poco a poco, durante los años siguientes, lograron nuevas reformas para debilitar las reglas impositivas y regulatorias, a la vez que se pusieron en operación las primeras minas a gran escala en el país, en el sur de la Amazonía ecuatoriana.
En Honduras, el cuerpo diplomático canadiense se puso en acción con el golpe de Estado militar de 2009. Antes de que el presidente Manuel Zelaya fuera sacado del país en pijama por las fuerzas castrenses, el gobierno hondureño había interpuesto una moratoria sobre la entrega de concesiones mineras desde 2006, y estaba contemplando la prohibición de la minería a tajo abierto. Sin embargo, esta propuesta jamás fue debatida y en los siguientes años, con el golpe de Estado realizado, el gobierno canadiense se movilizó permanentemente para impulsar una nueva ley minera, proporcionando nuevamente fondos de la cooperación internacional para tal fin y facilitando reuniones entre autoridades hondureñas y las empresas mineras canadienses.
En 2013, cuando Honduras estaba bajo control de una narco-dictadura y mientras este país era considerado la capital de los homicidios en el mundo, la nueva ley fue aprobada, levantando así la moratoria de 9 años que el gobierno libremente electo había dejado.
Hoy, en México, podemos anticipar que el gobierno canadiense de la mano del sector minero representado por la Cámara de Comercio Canadiense en México (CANCHAM), teniendo ya la puerta ampliamente abierta por la Secretaría de Economía, va a estar trabajando con todos los recursos para asegurar que las reformas mineras en curso en México no pongan freno ni obstáculo alguno al interés económico de sus empresas, un interés que se construye sobre la destrucción territorial a lo largo y ancho de este país.
Desde la REMA, denunciamos la injerencia canadiense y la servil apertura que el gobierno mexicano ha dado a las empresas mineras canadienses en la mesa de reformas. Nos parece claro que, frente a la consolidación de condiciones claramente desventajosas y asimétricas para los pueblos afectados por la minería, la exigencia que varias organizaciones han hecho al gobierno mexicano por un reglamento a esta ley, debe ser reconsiderada, dado que hay una alta posibilidad de que esto resulte contraproducente y solo legitime un proceso de complicidad entre el Estado y las corporaciones mineras. Para nosotros, en este contexto y dadas las 23 mil 453 concesiones mineras vigentes a nivel nacional, vemos urgente seguir reforzando y fortaleciendo los procesos de defensa del territorio que tendrán que estar aún más preparados para ejercer sus derechos a la vida, a la salud y a la autodeterminación al finalizar este proceso.
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
