Compartimos esta declaración donde nos sumamos sobre el tratado comercial UE-Mercosur – A 28 de noviembre del 2024
A solo una semana de un posible anuncio de un nuevo acuerdo político sobre el tratado comercial UE-Mercosur, +400 organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, centros de pensamiento y otros grupos sociales de América Latina y la Unión Europea, representando a millones de personas de los dos lados del Atlántico, exigen el fin de las negociaciones del acuerdo comercial UE-Mercosur. Lo califican como un “acuerdo tóxico” que sacrifica a las personas, la democracia y el planeta por los beneficios corporativos.
Falta de democracia y transparencia Negociado a puertas cerradas durante más de dos décadas, el acuerdo UE-Mercosur ha excluido la participación pública y la supervisión democrática, con la falta de transparencia de la Comisión Europea recibiendo condenas generalizadas, incluso de su propio Defensor del Pueblo. El protocolo adicional propuesto por el acuerdo no aborda las cuestiones ambientales y de desarrollo sostenible destacadas en una resolución del Parlamento Europeo en 2020. «Los esfuerzos de la Comisión Europea por ‘dividir’ el acuerdo no son más que una toma de poder antidemocrática. Ignoraría intencionadamente los vetos de países individuales y las preocupaciones expresadas públicamente por quienes se ven más afectados: trabajadores, pequeños agricultores, comunidades indígenas y mujeres», afirma Julie Zalcman de Amigos de la Tierra.
El acuerdo socava la protección ambiental y los derechos humanos El acuerdo perpetúa estructuras comerciales explotadoras, promoviendo prácticas agrícolas dañinas que amenazan el acceso a alimentos saludables, locales y justos, y desplazan a los agricultores locales y a las comunidades indígenas. «El acuerdo UE-Mercosur es un veneno para la biodiversidad y las comunidades rurales en el Mercosur. Impulsará las exportaciones de pesticidas tóxicos desde Europa a los países del Mercosur, incluidos productos químicos prohibidos en la propia UE. Este acuerdo agrava las desigualdades sociales y ambientales, fomentará la deforestación, acelerará la crisis climática y violará los derechos humanos», afirma Francisco Vladimir Silva, de Jubileo Sur Brasil y la Frente Brasileña contra el acuerdo UE-Mercosur.
Sin acuerdo con líderes como Milei En su declaración, las organizaciones firmantes también destacan el peligro de negociar con líderes y gobiernos en Argentina y Paraguay que niegan la crisis climática, mientras Brasil enfrenta sequías sin precedentes y los incendios forestales devastan los bosques de toda la región. En Argentina, las políticas económicas del actual presidente, Javier Milei, han sumido a millones en la pobreza, con derechos básicos restringidos y servicios públicos desmantelados. Aunque los líderes de la UE dudaron en firmar un acuerdo con el expresidente brasileño Bolsonaro, parecen menos escépticos respecto al igualmente peligroso Milei, quien amenaza con abandonar el Acuerdo de París. En su declaración, las ONGs advierten: “La combinación de las políticas desastrosas de Milei con este acuerdo comercial obsoleto es una receta para el desastre.”
Declaración:
¡No más acuerdos comerciales tóxicos entre la UE y los países de América Latina! – ¡El acuerdo comercial entre la UE y Mercosur debe detenerse AHORA!
Las organizaciones que suscribimos esta declaración de América Latina y la Unión Europea, nos unimos en el rechazo del acuerdo de asociación y comercio entre la UE y el Mercosur. Hacemos un llamado a los responsables políticos de ambos lados del Atlántico para que finalmente detengan este acuerdo comercial tóxico.
Negociado a puerta cerrada, este acuerdo carece de participación pública o escrutinio. Incluso el Defensor del Pueblo Europeo ha criticado la falta de transparencia de la Comisión Europea. Ahora, la Comisión está considerando cambiar el proceso de votación a través de
la “división” del acuerdo, lo que permitiría eludir los vetos de los países individuales. Cientos de organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios han condenado esta maniobra como un ataque a los procesos democráticos. Peor aún, los grupos más afectados, como los trabajadores, los pequeños agricultores, las comunidades indígenas y las mujeres, han sido excluidos de las negociaciones de este acuerdo, y, sin embargo, sufrirán sus peores efectos.
Un acuerdo tóxico para los pueblos y el planeta
Este acuerdo agravará el intercambio desigual entre el Sur y el Norte Global, perpetuando las estructuras comerciales neocoloniales. Promueve modelos agrícolas destructivos que desplazan a pequeños/as agricultores y comunidades indígenas, al tiempo que impulsan las exportaciones de agroquímicos tóxicos, incluido aquellos prohibidos en la UE. Estas prácticas agrícolas insostenibles, incluyendo la ganadería industrial, amenazan la soberanía alimentaria y el bienestar animal en ambas regiones.
Los y las trabajadores/as en los países del Mercosur sufrirán la pérdida de empleos y el empeoramiento de las condiciones laborales. Las mujeres perderán aún más en este sentido, ya que también son las más afectadas por la privatización de los servicios públicos promovida a través de los tratados de libre comercio (TLC). Los estudiosmuestran que el acuerdo representa graves riesgos económicos, profundizando aún más la desigualdad e impidiendo el desarrollo sostenible y la (re) industrialización en los países del Mercosur.
El ambiente también sufrirá. Ningún anexo ambiental puede mitigar el daño a largo plazo que causará este acuerdo; es un simple lavado verde. El acuerdo entre la UE y el Mercosur impulsará la deforestación, agravará la crisis climática y alejará a nuestras regiones de la justicia climática.
No más acuerdos con presidentes de extrema derecha que niegan la crisis climática
Este acuerdo se está negociando con gobiernos liderados por negacionistas de la crisis climática en Argentina y Paraguay, mientras que los bosques vírgenes -como resultado de la deforestación masiva para la agroindustria- arden, y Brasil sufre sequías sin precedentes.
En Argentina, el autoproclamado anarcocapitalista Javier Milei, quien es un miembro activo del movimiento global de extrema derecha, ha sumido al país en la miseria. La pobreza ha alcanzado niveles sin precedentes, y los derechos básicos están siendo aplastados. Las protestas por la justicia social son violentamente reprimidas, mientras que más del 60% de los niños argentinos pasan hambre y los servicios esenciales como la educación y la salud están siendo desmantelados. La combinación de las desastrosas políticas de Milei y este acuerdo comercial obsoleto es una receta para el desastre.
La geopolítica no se arregla con acuerdos comerciales neocoloniales
Los/as políticos/as que promueven este acuerdo para contrarrestar la influencia de China en la región del Mercosur están atrapados en una ideología de libre comercio que prioriza las ganancias corporativas sobre los pueblos y el planeta. Fortalecer los lazos, si bien es innegablemente necesario, requiere solidaridad, igualdad, cooperación, sostenibilidad y democracia, no profundizar las asimetrías comerciales. Esto es también cierto para la “modernización” de los tratados de libre comercio entre la UE y México, y la UE y Chile, ambos igualmente problemáticos.
La solución es clara:
Los responsables políticos de ambos lados del Atlántico deben cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos, sociales, climáticos y ambientales y detener estas negociaciones comerciales tóxicas de inmediato.
¡Otro comercio es posible, basado en la solidaridad, la democracia, la cooperación mutua y la igualdad!
Francisco Vladimir Silva, Jubileo Sur Brasil y miembro del comité directivo de la Frente Brasileña contra el acuerdo UE-Mercosur // articulacao@jubileusul.org.br, +55 85 997036769 (PT, ES, EN)
Gaëlle Cau, Comunicación, Amigos de la Tierra Europa // gaelle.cau@foeeurope.org, +32 (0) 489 333 517 (EN, FR)
Julie Zalcman, Campaña de Comercio, Amigos de la Tierra Europa // julie.zalcman@foeeurope.org (EN, FR, ES)
Compartimos esta infografía e informe de una investigación de ISDS América Latina donde participamos sobre el poder corporativo y las demandas de transnacionales a países – A mayo 2024 – Actualización septiembre 2024
En 2023 México fue el país que más demandas de arbitraje de inversión recibió en el marco de tratados de protección de inversiones a nivel mundial. Con 53 casos en total, México se encuentra hoy entre los países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros ante tribunales de arbitraje internacional, y es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe. Cada vez más dinero público está en riesgo para tener que pagar a los inversionistas las cantidades multimillonarias resultantes de los arbitrajes. A pesar de ello, México sigue firmando nuevos tratados de protección de inversiones que incluyen el recurso a los tribunales arbitrales internacionales como principal mecanismo de resolución de conflictos entre inversionistas y Estado (también conocido como ISDS, por sus siglas en inglés). En los últimos años, México ratificó el CPTPP; renegoció el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TLCAN 2.0/T-MEC), manteniendo entre México y EEUU el sistema de solución de disputas inversionista-Estado; y cerró la renegociación “en principio” del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (TLCUEM) que incluye un nuevo capítulo de protección de inversiones. Además, en 2018 se convirtió en miembro pleno del Convenio del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. En este informe vamos a mirar al régimen de protección de inversiones de México y develar sus principales consecuencias para el país.
¿Qué es el mecanismo de solución de controversias entre Estado e inversionista?
El mecanismo de solución de disputas inversionista-Estado, conocido como ISDS por sus siglas en inglés (Investor-State Dispute Settlement) permite a los inversionistas extranjeros, principalmente grandes empresas transnacionales y fondos de inversión, demandar a Estados ante tribunales de arbitraje internacionales si consideran que las leyes, las regulaciones, las decisiones judiciales u otras medidas tomadas por el Estado violan las protecciones que tienen bajo un tratado. Los casos son normalmente decididos por tres árbitros, frecuentemente abogados/as, que ejercen la profesión desde el sector privado y con un fuerte sesgo proinversionista. ISDS ha generado numerosas críticas desde el ámbito académico, profesional y de la sociedad civil, entre las que destacan: • La falta de transparencia en los procedimientos arbitrales. • La ausencia de imparcialidad y de independencia de los árbitros. • Los laudos pueden ser ejecutados en cualquier parte del mundo. • El costo de un arbitraje inversionista-Estado es mayor que un juicio en cortes nacionales. • Es un sistema unilateral: el inversionista es el único que puede iniciar una demanda. • Las víctimas de los abusos de las empresas transnacionales no disponen de ningún mecanismo como este para acceder a la justicia.
El universo de tratados de protección de inversiones de México
México cuenta con 31 Acuerdos para la Promoción Recíproca de Inversiones (APRI), o Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) vigentes, la mayoría de ellos con países europeos (18). Todos (excepto tres) entraron en vigor a partir del año 2000. De los 31 TBI con México, 22 podrían ser terminados, pues pasaron la fase inicial de 10 años que estipula el tratado para su vigencia, con lo cual México tiene la oportunidad de revisar y/o salirse de más del 70% de todos sus TBI. Sin embargo, la postura de los gobiernos mexicanos ha sido de continuar firmando tratados de protección de inversiones. En los últimos años, México firmó varios TBI de los cuales la mayoría ya entró en vigor, excepto el TBI con Haití, firmado en 2015.
Principales claúsulas de los Tratados de Protección de Inversiones para demandar a los Estados
1) Compensación por “Expropiación Indirecta” (del lucro cesante)
Si bien el término expropiación en el pasado se aplicaba a la confiscación física de la propiedad, las reglas actuales también protegen a los inversionistas contra la expropiación “indirecta”, que se interpreta como las reglamentaciones y otras acciones del gobierno que reducen significativamente el valor de una inversión extranjera o impiden una ganancia esperada. Por eso, ahora las compañías pueden entablar juicio contra el Estado, demandando indemnización por normas y leyes ambientales, de salud u otras de interés público que son adoptadas a través de un proceso democrático. Si bien los tribunales no pueden obligar a un gobierno a revocar esas normas y leyes, la amenaza de ser condenado a pagar grandes sumas de dinero por daños y perjuicios puede tener un “efecto paralizante” (chilling effect, como se le conoce en inglés) en la formulación de políticas nacionales responsables.
2) Norma subjetiva de “Trato Justo y Equitativo” a la empresa extranjera
Esta cláusula no tiene significado definible y es inherentemente subjetivo, lo que permite que los árbitros en tribunales supranacionales la apliquen con sus propias interpretaciones a acciones de gobiernos de países que tienen historias, culturas y sistemas de valores diversos. Cualquier accionar del gobierno que afecta negativamente el negocio del inversionista puede ser interpretado como un acto “discriminatorio” y por ende un incumplimiento del trato justo y equitativo.
3) Trato Nacional y Trato de Nación Más Favorecida
Los gobiernos deben tratar a los inversionistas extranjeros y sus inversiones al menos tan favorablemente como a los inversionistas nacionales (trato nacional) y a aquellos de cualquier tercer país (trato de nación más favorecida). Aunque se le pregona como un principio básico de justicia, esto en realidad despoja a los gobiernos de la posibilidad de impulsar estrategias de desarrollo nacional, utilizadas en el pasado prácticamente por todas las economías exitosas. Es más, una medida reglamentaria que se aplique a todas las compañías, pero tenga un impacto desproporcionado en un inversionista extranjero, podría ser demandada como una violación al trato nacional.
4) Prohibición de los Controles de Movimientos de Capitales
Se prohíbe a los gobiernos aplicar restricciones a los flujos de capital, a pesar de que muchos gobiernos han utilizado estos controles para prevenir y mitigar de manera efectiva la volatilidad y las burbujas financieras. Incluso el mismo FMI reconoce hoy en día que los controles de capital constituyen herramientas de políticas públicas importantes en algunas circunstancias.
5) Prohibición a establecer Requisitos de Desempeño a la Inversión
Los gobiernos tienen que renunciar al ejercicio de su autoridad y abstenerse de exigir que los inversionistas extranjeros usen un cierto porcentaje de insumos locales en la producción, que transfieran tecnología y otros requisitos que en el pasado constituyeron herramientas de políticas de desarrollo económico responsables.
6) Estándar de Plena Protección y Seguridad
Este estándar abarca los daños y perjuicios tanto físicos como legales que afecten a las inversiones, supuestamente provocadas por el Estado o por terceros (por ejemplo, la sociedad civil o comunidades en defensa de sus recursos naturales y territoriales). Hasta hace poco, este componente no se destacaba en los tratados de inversión, pero cada vez los inversionistas se están sirviendo de él con mayor frecuencia. Este estándar obliga, por ejemplo, al uso de la fuerza del Estado u otros medios para garantizar la protección de los inversionistas ante protestas de comunidades contra sus proyectos.
Además de los 31 TBI, México tiene 11 Tratados de Libre Comercio en vigor que cuentan con un capítulo de inversiones y permiten el recurso al arbitraje de inversiones como principal mecanismo de solución de controversias inversionista – Estado.
El T-MEC (TLCAN 2.0)
México, Estados Unidos y Canadá terminaron de renegociar el TLCAN en 2020. Este tratado, que estuvo vigente más de 20 años, no sólo le ha generado consecuencias económicas, sociales y ambientales adversas, también es responsable de 38 de las 53 demandas de inversionistas contra México en el sistema de arbitraje, o sea más de 2/3 partes de las demandas. El 1 de octubre de 2018, los tres gobiernos acordaron el TLCAN 2.0, ahora denominado Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC, o USMCA por sus siglas en inglés). El tratado entró en vigor el 1 de Julio de 2020. El T-MEC modifica al capítulo 11 del TLCAN que permitía la resolución de controversias inversionista-Estado. El nuevo tratado elimina por completo la posibilidad de demandas inversionista-Estado entre los Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, a pesar de algunas restricciones, deja abierta la puerta a demandas de inversionistas estadounidenses contra México ymviceversa (aunque esta opción es menos probable). Bajo el T-MEC, los inversionistas sólo podrán demandar en caso de la vulneración de las cláusulas de “nación más favorecida” y “trato nacional” o en el caso de expropiación directa (no indirecta) y en algunos sectores como petróleo y gas, generación de electricidad, transporte, telecomunicación u otra infraestructura. Además, el capítulo 11 de protección de inversiones del TLCAN quedó en vigencia tres años más para los tres países (hasta junio de 2023), bajo la llamada “cláusula de legado”.
A pesar de las restricciones a demandas que supuestamente impone el T-MEC, en solo dos años se ha vuelto el segundo tratado de inversión más nocivo para México, ya que en 15 de las demandas contra México se invoca este tratado (en paralelo al TLCAN). Esto demuestra que no basta con reformar acuerdos, si no se impide el uso de ISDS por completo, inversionistas siempre encontrarán una forma de demandar a Estados en el sistema de arbitraje.
MÉXICO EXPANDE PRIVILEGIOS A LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS
A pesar de ser uno de los países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros, el gobierno de México ha optado por seguir concediendo derechos de protección.
CPTPP-11: México es el primero en ratificar, y el primero en recibir una demanda bajo este tratado
El 8 de marzo de 2018, en Santiago de Chile, 11 países -Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Chile, Singapur y Vietnam- firmaron la versión revisada del Tratado Transpacífico (TPP), sin Estados Unidos, después de que Donald Trump retirara a su país de las negociaciones. El tratado lleva el nombre de Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP, por sus siglas en inglés), también conocido como TPP-11. Tras la salida de Estados Unidos, las negociaciones se aceleraron y concluyeron en apenas 5 meses. El 30 de diciembre de 2018, después de haber sido ratificado por seis países, el CPTPP entró en vigor. El Congreso mexicano fue el primero en ratificar el TPP-11, a sólo un mes y medio de haber sido firmado. El CPTPP cuenta con un capítulo de protección de inversiones que otorga protecciones especiales para los inversionistas, como es el recurso al arbitraje de inversiones. Nueva Zelanda acordó con Australia no aplicar las cláusulas de disputas inversionista-Estado, y ha pedido a los otros miembros del CPTPP firmar acuerdos similares. México podría haber hecho lo mismo, y sin embargo, eligió mantener la cláusula de solución de controversias inversionista – Estado intacta.
México es el primer país en recibir una demanda ISDS bajo el CPTPP. Se trata del caso de las empresa de electricidad canadienses Caisse de Dépôt et Placement du Québec y CDP Groupe Infrastructures Inc. v. United Mexican States (ICSID Case No. ARB/23/53).6 Y también ha recibido una Notificación de Intención de demanda bajo el CCTPP de la empresa minera canadiense Almadex and Almaden.
El 28 de abril de 2020, en medio de la crisis de la COVID-19, México y la Unión Europea anunciaron el final de la negociación de la modernización de su TLC (TLCUEM), vigente desde el 2000 y firmaron un “acuerdo en principio”. Un punto clave de la modernización es la inclusión de un capítulo de inversiones, que el viejo TLCUEM no tenía. Con este nuevo capítulo las privatizaciones y reformas pro-empresariales en el sector petrolero y gasífero de México quedarán blindadas, y en el caso de querer revertirlas el inversionista puede usar el tratado para demandar a México. Los defensores de la modernización argumentan que el mecanismo de solución de controversias propuesto en el acuerdo, ahora llamado Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS, por sus siglas en inglés), es una versión mejorada del antiguo sistema ISDS. Lejos de ser verdad, lo único que mejora el ICS son los procedimientos administrativos, pero no cambia el principal problema del sistema: los inversionistas extranjeros pueden seguir demandando a México por cualquier medida legislativa que afecte sus ganancias, aunque estas sean medidas sanitarias o de lucha contra el cambio climático.
Para terminar, México está negociando otros tratados de libre comercio que podrían contener cláusulas de protección de inversiones. Se trata del TLC con Turquía, Ecuador y una renovación de su tratado con Chile, entre otros.
El ingreso al CIADI
En julio de 2018, México se convirtió en el miembro número 154 del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo de arbitraje internacional del Banco Mundial. Según indican fuentes cercanas al gobierno mexicano, la decisión está directamente relacionada con la posición incierta de EE.UU frente al futuro del capítulo de inversiones en el T-MEC. Para México, firmar la entrada al CIADI fue una señal fuerte hacia los inversionistas extranjeros de que sus emprendimientos estarán protegidos en México, independientemente de la postura del próximo gobierno al respecto. Esta medida del gobierno mexicano fue aplaudida por la comunidad de abogados de inversiones, quienes opinaron que, “Al ratificar las Convenciones del CIADI y de Nueva York y promover la permanencia del mecanismo de resolución inversionista-Estado (ISDS) en el TLCAN, el país [México] ha hecho mucho para combatir la imagen de que está en contra del arbitraje.” Esta afirmación es uno de los pilares ideológicos de la economía global de los años noventa, que vaticinaba que la llegada de capital extranjero sólo se garantiza otorgando seguridad jurídica a dichos capitales. Sin embargo, cada vez hay más organismos internacionales (OCDE, UNCTAD), académicos/as, abogados/as y organizaciones de la sociedad civil que ponen en duda las supuestas bondades del sistema, entre otros de los acuerdos de libre comercio y de inversión. Con la entrada en el CIADI, México perdió la oportunidad de ser uno de los países en la vanguardia para repensar su política de comercio y de inversiones.
MÉXICO – TERCER PAÍS MÁS DEMANDADO DE LA REGIÓN
México es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe y el cuarto país más demandado a nivel mundial con 53 demandas inversionista-Estado conocidas hasta el 31 de marzo 2024. Casi todas las demandas han sido llevadas al CIADI, solo en tres demandas hubo tribunales ad-hoc y en un caso no se conoce la institución administradora elegida. Desde su entrada al CIADI, a mediados de 2018, se empezaron a usar las reglas arbitrales de esta institución (21 demandas), mientras que en las demandas previas a 2019, se usaron principalmente las reglas de la facilidad adicional del CIADI (19 demandas) o de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI) (13 demandas).
Los inversionistas que demandan
El 58% de los inversionistas que demandan a México provienen de los Estados Unidos. Si sumamos los inversionistas de América del Norte y de Europa, constatamos que el 93% de las demandas fueron iniciadas por inversionistas de estas dos regiones. Resulta interesante que además son países norteamericanos y europeos que más árbitros tienen en el CIADI. Por otro lado, solo existen siete demandas por parte de empresas mexicanas contra otros países, dos contra España y Estados Unidos y una contra Colombia, Perú y Honduras respectivamente.
El número de demandas por año
México recibió la primera demanda de arbitraje de inversiones en 1997 por parte de la empresa estadounidense Metalclad, a raíz de que esta empresa quería construir un confinamiento de residuos cancerígenos (asbestos) en acuíferos subterráneos en un área que luego fue declarada reserva natural por el gobierno municipal de Guadalcazar, en el estado de San Luis Potosí. Desde entonces, México ha recibido demandas casi todos los años. Desde 2015 no ha pasado un año sin que México haya recibido una demanda por parte de inversionistas extranjeros. Esta avalancha de demandas ha visto su culminación en 2023 con 11 demandas, más que ningún otro país a nivel mundial en este año. A esto se suman por lo menos tres amenazas de demandas que se podrían convertir en demandas concretas en 2024; entre ellas la demanda de la empresa china Ganfeng en relación a “la cancelación de nueve concesiones de litio tras el impulso y la normativa que ha promovido la creación de una empresa pública de litio mexicana” y de la minera canadiense arriba citada Almadex y Almaden.
El resultado de las demandas
Hay 53 demandas en contra de México, 12 han beneficiado al inversionista sea por laudo o por acuerdo entre partes, y en 12 demandas el tribunal decidió rechazar la demanda del inversionista. Además, seis demandas fueron discontinuadas, mientras que 23 aún siguen pendientes.
Los costos de las demandas
Hasta ahora México ha sido condenado a pagar casi 296,6 millones de dólares en 11 casos por concepto de indemnización a los inversionistas. Esta cifra representa 3 veces el presupuesto de la Secretaría de Cultura en 2024, y es aún mayor al presupuesto total que México preve en 2024 para la búsqueda de personas desaparecidas, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desapareción Forzada y la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura juntas. Datos muy preocupantes teniendo en cuenta la situación grave de derechos humanos y el número creciente de desaparecidos/as en México. Considerando solo las 23 demandas pendientes, la cantidad total que reclaman los inversionistas asciende a 13,325 millones de dólares, aunque en realidad el monto es aún mayor, ya que en ocho de las 23 demandas pendientes no se conoce el monto reclamado por el inversionista. Con este dinero se podría financiar durante tres años el trabajo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo presupuesto en 2024 es de 4,300 millones de dólares y durante 82 años al programa de Salud Materna Sexual y Reproductiva.
México y el Boom de las Demandas de Empresas Mineras
De los 13,000 millones de dólares por los que México está siendo demandado, más de la mitad, 6,438 millones de dólares, corresponden a demandas de empresas mineras.
Solo en 2023, México recibió cuatro demandas con relación a proyectos mineros, aunque las más espectaculares de estas demandas son de 2019. En septiembre de 2018, poco después de que se hiciera público el texto renegociado del T-MEC, la minera estadounidense Legacy Vulcan LLC y su subsidiaria mexicana Calizas Industriales del Carmen (Calica), notificaron su intención de someter una demanda en contra de México en el marco del TLCAN. La demanda tiene su origen en una controversia ambiental sobre la extracción de piedra caliza en el estado de Quintana Roo. La empresa está en disputa con el municipio de Solidaridad, cuyo Programa de Ordenamiento Ecológico Local y Programa de Desarrollo Urbano ha impedido que la empresa explote dos predios. La empresa efectivamente interpuso la demanda de arbitraje el 3 de enero de 2019 en el CIADI, por un monto de alrededor de 1,900 millones de dólares. El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hecho un llamado a llegar a un acuerdo con Legacy Vulcan LLC, ofreciéndole facilidades para desarrollar, en vez de la mina, un desarrollo turístico. y hasta ofreciendole a la empresa de comprar el predio de extracción por más de 389 millones de dólares.
En seguida de esta demanda, a inicios de 2019, la también estadounidense Odyssey Marine Exploration Inc. entabló una notificación de intención de demandar a México bajo el TLCAN por no haber aprobado los permisos ambientales para su proyecto de minería de fosfato en subsuelos marinos cerca de las costas de Baja California Sur, por la enorme cantidad de “cuando menos 3,540 millones de dólares”, por oposición de grupos pescadores.
“Las concesiones pesqueras de la Sociedad cooperativa de Producción pesquera de Puerto Chale cubren parte del fondo marino que la empresa quiere dragar. La cooperativa se ha opuesto al proyecto desde sus inicios y depositó una solicitud de autorización para presentar sus preocupaciones al tribunal del TLCAN en octubre 2021, con la ayuda del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL por sus siglas en inglés). Ambas organizaciones buscaban dar testimonio de los impactos que el proyecto podría tener en sus vidas y en el medio ambiente, y explicar porqué la decisión de la entidad reguladora ambiental de México de negarle a esta empresa el permiso de explotación minera del fondo marino era acertada y conforme al principio de precaución reconocido en el derecho nacional e internacional. Como ha sido recurrente en este sistema de arbitraje diseñado para favorecer a las empresas transnacionales, el tribunal del TLCAN se negó recientemente a recibir su solicitud”.
Odyssey, una empresa exploradora de tesoros convertida en empresa minera con escasos ingresos propios, consiguió financiación de un tercero para poder llevar adelante la demanda; el bufete de abogados Poplar Falls, especializado en litigios de EE. UU.
Al reclamo total de los inversionistas hay que sumar otros millones de dólares más por los costos propios del arbitraje de inversionista-Estado, esto incluye los honorarios de los abogados y de los árbitros, los gastos administrativos del centro de arreglo de las disputas (como puede ser el CIADI) y otros gastos del tribunal. En algunos casos el Estado no solo paga sus propios costos de defensa, sino el fallo en contra puede obligarle a también asumir la parte del demandante. Por ejemplo, en el caso Cargill v. México, el Estado tuvo que pagar la mitad de los costos de los abogados del inversionista. Por este caso México tuvo que abonar en total como gastos del arbitraje 3,3 millones de dólares. En el caso Lion México Consolidated v. México, el país tuvo que pagarle 2,25 millones de dólares al inversionista por sus gastos del arbitraje, y en el caso Gemplus v. México el monto llegó a 5,4 millones de dólares. A diferencia de la mayoría de los países, México ha usado, en muchas ocasiones, su propio equipo de abogados para la defensa. En los casos en que se contrató a un bufete de abogados, el Estado optó por Pillsbury Winthrop Shaw Pittman y Thomas & Partners; y más adelante por Tereposky & DeRose y en pocas ocasiones también por Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle.
Sectores de las demandas
México cuenta con una economía ciertamente diversificada. No sorprende entonces que las 53 demandas contra el país afecten a una gran variedad de rubros, aunque el sector más afectado ha sido el de minería e hidrocarburos con nueve demandas. Le sigue suministro de agua y manejo de residuos con siete demandas, información y comunicación, manufactura y transporte con cinco demandas respectivamente.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La estrategia económica de México de abrir el país a inversionistas extranjeros, concediéndoles cada vez más privilegios a través de tratados de protección de inversiones, le ha costado caro. Año tras año el país recibe más demandas de inversionistas y amenazas que debilitan la función básica del Estado: su potestad legislativa y ejecutiva. La simple amenaza de una demanda podría ser suficiente para echar atrás una importante medida, como ha sido el caso de Talos Energy vs México, que no se llegó a registrar. La empresa solo envió la Notificación de Intención, lo que forzó al gobierno de AMLO a negociar y dar una mayor participación a Talos en un proyecto petrolero de Pemex. Es un un caso importante de llamado “efecto congelador “ (o chilling effect, como se le conoce en inglés) y de cómo se ha usado por primera vez el Anexo 14-D del T-MEC para amenazar efectivamente a México. Afrontar los nuevos retos, como la crisis climática o la crisis sanitaria requieren medidas innovadoras y flexibles que sean capaces de adaptarse a las necesidades del momento. En cambio, los tratados de protección de inversiones pueden poner freno a estas iniciativas, pues podrían suponer nuevas demandas millonarias, si nuevas medidas o regulaciones gubernamentales van en contra de los intereses corporativos. Una política soberana, enfocada en el bienestar de la población, la protección del medio ambiente, del clima y la promoción de empresas de la economía local es irreconciliable con los derechos que los tratados de protección de inversiones les otorgan a los inversionistas. Si México quiere salir del círculo vicioso de recibir demandas ISDS cada vez que quiere adaptar sus políticas y regulaciones, tiene que revisar su régimen de protección de inversiones. La única manera que México puede evitar nuevos arbitrajes de inversión es denunciando los tratados y acuerdos de comercio e inversión ya firmados y renunciando a renovarlos o firmar otros nuevos, ya que posibilitan la interposición de otras demandas. Por este camino ya han optado Bolivia y Ecuador en la región.
Para ello, recomendamos: • Realizar una auditoría de todos los tratados de protección de inversiones (APRI o TBI o bajo TLC) y sus impactos para la economía y sociedad mexicana. • Suspender la posibilidad del uso de demandas inversionista–Estado por parte de empresas extranjeras mientras dura la auditoría y tomar los pasos necesarios una vez terminada ésta. • Salir del CIADI y promover opciones nacionales y regionales (por ejemplo crear un mecanismo bajo la CELAC), para la resolución de disputas entre inversionistas y Estado. • No firmar nuevos tratados con cláusula de protección de inversiones, sino ›› dar primacia a la protección de los derechos humanos y ambientales, los recursos naturales y ecosistemas. ›› garantizar los sectores básicos para la población: energía, alimentación, servicios públicos, resguardando su soberanía ante las reglas internacionales de inversión. ›› posibilitar la participación de las poblaciones afectadas por proyectos con empresas extranjeras de acuerdo al consentimiento previo, libre e informado, el monitoreo y evaluación de su desarrollo. ›› dotar al Estado el espacio para elaborar políticas e implementar medidas para el fomento de las MYPME y el desarrollo regional, sectores específicos, e imponer a inversionistas ciertos requisitos de desempeño. ›› exigir responsabilidad de las empresas transnacionales inversionistas en términos laborales, sociales, ambientales, en coherencia con las mismas regulaciones que tienen en sus países de origen. ›› apoyar la creación un Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos al nivel de la ONU.
Este reporte fue preparado y publicado por Publicado por Transnational Institute, Institute for Policy Studies, Colectivo Ecologista Jalisco, A.C, Comisión de Derechos Humanos del Valle de Tehuacán, A.C., EDUCA Servicios para una Educación Alternativa, A.C., Enlace Comunicación y Capacitación, A.C., Otros Mundos Chiapas, A.C., Proyecto sobre Organización y Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)
Compartimos con ustedes el siguiente pronunciamiento de la Campaña Nacional Sin Maíz No hay País sobre la presión de Estados Unidos y Canada sobre el maíz transgenico y el maíz nativo en México- A 25 de agosto del 2023
POSICIONAMIENTO de la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País ante la solicitud de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, de un panel de controversia en relación con el maíz en México
Ciudad de México, viernes 25 de agosto de 2023
Desde la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País decimos ¡alto a la injerencia de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá! En México, la soberanía nacional y alimentaria no se negocian. Rechazamos los tratados comerciales que permiten a países extranjeros enajenar nuestra soberanía nacional y alimentaria.
El decreto presidencial que ordena la sustitución progresiva del uso del herbicida glifosato y la prohibición del maíz genéticamente modificado (GM), publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de diciembre de 2020, inició la oportunidad histórica de materializar cambios profundos ante el modelo neoliberal y ante la llamada “Revolución Verde”.
Las presiones del gobierno de Estados Unidos y de las corporaciones agroalimentarias a las que representa, iniciaron tan pronto apareció el primer decreto, y desembocaron en una petición de consultas técnicas en junio de 2023, cuestionando las bases científicas en que se sustenta dicho decreto.
A partir de entonces se han presentado las pruebas necesarias y el gobierno mexicano ha propuesto incluso realizar una investigación conjunta con el propósito de analizar los daños ocasionados por el glifosato y los maíces transgénicos a la salud humana.
La respuesta del gobierno estadounidense ha sido: NO. Esta negativa muestra que no existe voluntad de avanzar de manera constructiva, ya que el solo hecho de aceptarlo pondría en duda lo que el gobierno de Estados Unidos y las transnacionales han buscado imponer como verdad absoluta: que el paquete tecnológico glifosato/maíz GM no conlleva daños a la salud.
Pretenden ignorar que amplios sectores de la población en Estados Unidos y Canadá rechazan el uso de esta dupla, debido a las evidencias acumuladas de daños a la salud, que se muestran, por ejemplo, en las demandas ganadas por personas estadounidenses que enfermaron de cáncer debido al uso de glifosato. Las empresas prefieren pagar las demandas antes que perder el negocio multimillonario que representa este herbicida.
Enfrentamos lo que se anunciaba desde la firma del TLCAN (hoy T-MEC): la imposición de decisiones que beneficien a Estados Unidos y Canadá a través de la extracción de bienes comunes y de modelos que responden a sus intereses económicos sin respetar las necesidades y decisiones de México. Se trata de estar por encima de la autonomía esencial de una nación, de su soberanía.
Desde la firma del TLCAN, en México se modificó el modelo agroalimentario, lo que ha tenido graves consecuencias como una mayor migración, epidemias de obesidad, diabetes y otras enfermedades vinculadas al consumo masivo de alimentos chatarra producidos por industrias que sólo buscan ganancias, así como una fuerte crisis en el campo que nos vuelve dependientes de las importaciones de productos básicos como el maíz amarillo, provenientes de una elite de productores beneficiados con subsidios millonarios por parte del gobierno de Estados Unidos.
Y lo peor, productos transgénicos plagados de glifosato que contaminan la tierra, el agua, matan insectos polinizadores y afectan la salud de quienes siembran y consumen esos alimentos.
Lo que se pretende a través del T-MEC -ahora evidenciado con la petición de este panel de controversia- es imponernos un modelo agroalimentario y enajenar nuestro derecho soberano a decidir qué comer, cómo producir nuestros alimentos y qué importar.
Resulta irónico lo expresado por la representante de Estados Unidos, Katherine Tai, quien afirma que es “fundamental que México elimine sus medidas biotecnológicas incompatibles con el T-MEC para que los agricultores estadounidenses puedan continuar accediendo al mercado mexicano y utilizar herramientas innovadoras para responder a los desafíos climáticos y de seguridad alimentaria”, cuando son esas “herramientas innovadoras” las que tienen al planeta al borde del colapso ambiental.
Frente a ello, los datos evidencian que la mayor parte de los alimentos son producidos por la agricultura campesina de pequeña y mediana escala. Y que, mediante políticas públicas adecuadas, esta agricultura puede convertirse en la verdadera alternativa para la producción de alimentos, para el arraigo de las comunidades en sus territorios, y para la protección de la biodiversidad y de la salud ambiental y humana.
Ante esta situación es indispensable apoyar la posición del gobierno mexicano, justamente porque se basa en el derecho inalienable a la salud, así como los derechos a un ambiente sano y a la biodiversidad de los maíces nativos de México, en el país que es centro de origen y diversidad constante de este grano. También se basa en la defensa de la riqueza biocultural de las comunidades campesinas y del patrimonio gastronómico de México clasificado como Patrimonio Intangible de la Humanidad, por la UNESCO.
Es el momento de unir voces y esfuerzos para un cambio profundo en la manera de relacionarnos con la naturaleza y de producir nuestros alimentos.
Es el momento de unirnos para superar la pandemia de obesidad y diabetes, cuyos costos sociales y económicos afectan de manera evidente a nuestro país.
No permitamos que un país extranjero a través de un tratado comercial imponga condiciones que ponen en riesgo nuestro derecho a un ambiente sano, a la salud, a la vida, a un trabajo digno libre de tóxicos, y a preservar nuestro extraordinario patrimonio cultural y nuestra biodiversidad.
México es hoy una voz que se une a la de millones de personas que en el mundo demandan alternativas para recuperar la dignidad, el derecho a decidir qué comer, el derecho al agua, el derecho a un medio ambiente sano y sustentable, el derecho a la información, en suma, el derecho a la vida.
La Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País reitera su posición: NO a tratados comerciales que sirvan como pretexto a países extranjeros para enajenar nuestra soberanía. NO a un modelo agroalimentario depredador.
SÍ al trabajo campesino digno y bien remunerado. SÍ a políticas públicas integrales para el campo y una alimentación adecuada. SÍ a la milpa y a los maíces nativos. SÍ a una tortilla hecha con buen maíz, sana, nutritiva y libre de agrotóxicos. SÍ a una agricultura regenerativa.
Sin campesinas y campesinos, sin soberanía, no hay país.
Les compartimos una entreviste hecha por Voces en Lucha a nuestro compañero Gustavo Castro sobre los Tratados de Libre Comercio
Semilla de la entrevista al sociólogo mexicano y defensor del territorio y los derechos de los pueblos, Gustavo Castro, coordinador de Otros Mundos. Quien fue testigo del asesinato de la gran luchadora hondureña Berta Cáceres, icono de la defensa del territorio y la vida digna nos habla sobre la historia de los Tratados de Libre Comercio en América Latina.
Entrevista realizada en Ciudad de México en febrero de 2020
Compartimos este pronunciamiento de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) publicado en la web de Educa Oaxaca sobre el T-MEC – A 1 de julio de 2020
En el marco de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) hoy 1 de julio, la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) expresa su “preocupación ante la ola de violencia que azota nuestra región vinculada a la imposición de los megaproyectos y las poĺiticas extractivistas del gobierno mexicano”. Han reflexionado sobre la imposición de corredores multimodales en el mundo y “vemos con mucho peligro el hoy llamado Corredor-Tren Transistmico/Interoceánico, proyecto histórico que desde mediados del siglo XIX planteo utilizar la posición geoestratégica del Istmo Mexicano como nodo comercial para el comercio global, esto como parte del proyecto expansionista de EEUU”. Con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), teniendo en cuenta otros tratados importantes vigentes que se han modernizado este 2020. como el Tratado de Integración Progresista de Asociación TransPacífico y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea “cimientan los marcos jurídicos para usar la fuerza por derecho en la imposición de los megaproyectos en México”, advierte APIIDTT. Por su parte, la Coordinación Metropolitana, Anticapitalista y Antipatriarcal con el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) invita a la “Jornada de Lucha contra el T-MEC y los megaproyectos, Tren Maya y Corredor Interoceánico”.
Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 7 de julio de 2020
El primero de julio de 2020 entró en vigor el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC). Este tratado representa la cereza del pastel que le da continuidad y consolida a la política de apertura comercial que bajo el enfoque neoliberal inició bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, hoy refrendada y fortalecida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Cabe recordar que el marco normativo y la política minera que asolan desde hace más de dos décadas y media el territorio nacional, con más de 2 mil proyectos de devastación y muerte -entre proyectos vigentes y cerrados-, reciben su actual configuración desde 1992, a partir de la promulgación de la Ley Minera aún vigente. Esta ley, en conjunto con la reforma constitucional al Artículo 27, con una clara tendencia a dañar la propiedad social de la tierra, y fomentar una nueva legislación sobre la gestión pública del agua, representaron adecuaciones hechas por parte del gobierno de Carlos Salinas de Gortari para establecer las bases para destrabar las negociaciones condicionadas por EU que dieron origen del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La actual política extractiva minera deriva de la política comercial y de inversiones impuestas por el TLCAN y, que ahora, en el TMEC son reforzadas a favor del despojo. Estas normas y políticas públicas favorecen y protegen desmesuradamente al inversor minero, anula los derechos de poblaciones habitantes y dueñas de los territorios afectados en forma permanente por estas actividades y, las poblaciones supuestamente beneficiarias y dependientes de los servicios ambientales prestados por estos territorios, así como de los propios trabajadores que, por necesidad económica o por coacción o por sometimiento por parte de grupos armados que operan en el contexto de las empresas mineras, participan en las actividades de extracción, mientras progresivamente son despojados del valor de su territorio, trabajo, salud, su vida comunitaria y sus bienes naturales.
En el apartado sobre Medio Ambiente, el TMEC establece:
“24.2.5.- Las Partes además reconocen que es inapropiado establecer o utilizar sus leyes ambientales u otras medidas de manera que constituya una restricción encubierta al comercio o a la inversión entre las Partes.” (Capítulo 24, Artículo 2, fracción 5).
“24.6.3.- (Con respecto procedimientos administrativos, cuasi-judiciales o judiciales que busquen resolver disputas en materia ambiental) (…) Las partes reconocen que esos procedimientos no deberían ser innecesariamente complicados ni poner cuotas o límites de tiempo irrazonables.” (capítulo 24, Artículo 6, fracción 3)
Con ello nuevamente se subordinan las normas y política ambientales de México a los intereses de las grandes compañías mineras canadienses y estadounidenses. Por otro lado, buscan desahogar con celeridad procesos derivados de conflictos que generen una inconveniencia para quien ha invertido financiamiento en territorio mexicano. Poco importa que la materia en disputa puede ser la propia defensa del derecho fundamental a vivir, existir y tomar decisiones sobre el territorio propio.
Para las empresas mineras en el TMEC sólo reconocen la existencia de esquemas de simulación filantrópica a partir de “… adoptar e implementar mejores prácticasvoluntarias de responsabilidad social corporativa que estén relacionadas con el medio ambiente” (Artículos 14.17 y 24.13.2) y “…el uso de mecanismosflexibles y voluntarios para proteger el medio ambiente y los recursos naturales…” (artículo 24.14.2.a). En ese mismo contexto, “Las partes también reconocen que esos mecanismos deberían ser diseñados de manera que maximicen sus beneficios ambientales y eviten la creación de barreras innecesarias al comercio.” (Artículo 24.14.2)
Un punto particularmente pernicioso es el Resolución de Controversias.En este punto, es importante tomar en cuenta que México no ha firmado solamente este Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. y Canadá, sino también tiene vigente otros diez tratados de libre comercio y 29 acuerdos de inversión bilateral. Estos tratados dan recurso a que las empresas pueden demandar por millones o miles de millones de dólares al gobierno de México en tribunales supranacionales, pero no al revés, en caso de que consideren afectadas sus inversiones, como pueden ser a partir de restricciones ambientales, las expropiaciones directas o indirectas, la anulación de concesiones, la imposición de aranceles a algunos minerales estipulados en la lista la eliminación de barreras no arancelarias, entre otros elementos. En el caso de T-MEC, queda disponible este recurso para las empresas estadounidenses, mientras se lo quita para las empresas canadienses. Sin embargo, en el caso canadiense, las empresas mineras pueden recurrir al arbitraje bajo el paraguas del Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica
(CPTPP) que entró en vigencia el 31 de diciembre de 2018. México ha tenido en su contra 34 demandas de transnacionales en el marco de los Tratados de Libre Comercio – 21 demandas concluidas y las otras 13 pendientes – y ocupa el 6o. lugar mundial y el 3o. en América Latina por ser el más demandado. Estados Unidos y Canadá han sido los que más han demandado a México por violentar sus derechos como inversores. El 30 de agosto de 2000, el tribunal de arbitraje del TLCAN obligó a México a pagar a la empresa estadounidense Metalclad Corporation una compensación por $16,685,000 USD por haber cerrado el confinamiento de residuos peligrosos de la empresa en el estado de San Luis Potosí ante los peligros para la salud pública. Hasta la fecha, México ha sido ordenado de pagar una suma de por lo menos $242.94 millones de dólares estadounidenses en un total de 12 casos que favorecieron a las empresas. En septiembre de 2013, Lone Pine Resources demandó a Canadá por la decisión de la provincia de Quebec de prohibir el fracking en su territorio. Logró obtener una compensación por $250 millones de dólares. Actualmente, hay tres demandas pendientes por empresas mineras, inclusive una por $3,54 miles de millones de dólares que está siendo llevada por la empresa minera estadounidense Odyssey Mineral Exploration en contra de México por no haber otorgado una licencia ambiental para una mina de fosfato en el fondo del mar en el Golfo de Ulloa, en la costa de Baja California Sur, en donde este proyecto tendrá un impacto devastador sobre la biodiversidad, la
pesca y los pueblos que dependen de todo ello. Así que, la intención del gobierno de México de estatizar la producción de litio, se ve endeble porque, en las circunstancias actuales, podría ser un eje de demandas en los tribunales internacionales del TMEC.
Se puede mencionar también a la demanda presentada en Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en enero del 2019 por Vulcan Materials Company[1], la principal empresa productora de materiales agregados para construcción en los EEUU, reclamando 500 millones de dolores al Estado Mexicano por no autorizar la ampliación de su mina Calica en Playa del Carmen que ha devastado 1200 ha de selva en los últimos 30 años[2]. Cabe mencionar los estrechos lazos entre esta empresa y el gobierno de Donald Trump por el medio de Elaine Chaoc actual Secretaría de Transporte de los EEUU, que fue parte de la junta directiva de Vulcan Materials Company en 2016 y 2017. Después de su entrada en el gobierno Elaine Chao mantuvo acciones de 300 mil dólares en la empresa lo que representa un claro conflicto de interés[3].
Por todo lo expuesto, desde la REMA denunciamos la continuidad, propiciada por el gobierno de la Cuarta Transformación, del modelo de despojo impuesto a partir de tratados de comercio e inversiones impuestos sobre los pueblos de los tres países del continente norteamericano.
¡En defensa del territorio y la vida exigimos un fin al modelo extractivo de despojo y muerte!
TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA
Firma
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
