Caminar colectivo orientado cartográficamente: 10 años con GeoComunes

Les compartimos esta nota de Desinformémonos sobre los 10 años de GeoComunes, agradacemos siempre su trabajo y caminar con los pueblos que resisten – A 10 de diciembre del 2024

Mauricio González González

No es ajeno para quienes se ven afectados por una mina, una presa, un pozo petrolero, una carretera, un programa de desarrollo urbano o cualquier proyecto de este tipo, lamentarse por el infortunio de vivir en el lugar menos adecuado, “–Ora nos tocó a nosotros” me han dicho en más de una ocasión, pero lo que no es legible en esas situaciones es que ello responde a una lógica territorial mayor, una que no sólo expresa los intereses de élites regionales o nacionales, sino que es estructural e históricamente determinada y que, al revelarse, permite dimensionar el tamaño de la afrenta y, por mucho, de nuestras respuestas, de nuestra lucha. Hace una década apareció acompañando a diferentes procesos, los primeros en el Valle de México, un colectivo que empezó a mapear algunos de esos proyectos que afectaban a localidades y regiones enteras y que, de varias maneras, hacían eco a la voz de sus habitantes que se oponían, que les resistían. Se hacían llamar GeoComunes.

Luis Fernando Pérez, integrante del colectivo desde sus inicios explica que “GeoComunes se creó por una coincidencia, un poco, había compañeras, compañeros que querían hacer algo de utilidad en términos cartográficos, en procesos organizativos, que habían comenzado a tener experiencias en algunos lados, Chiapas, Guerrero, y que nos fuimos conociendo a partir de un compañero, Stéphane [Couturier], nos dimos cuenta que queríamos hacer cosas parecidas, que teníamos un horizonte político compartido y que podríamos caminar en conjunto”. Era el 2014, numerosos proceso de despojo en todo el país estaban en curso, bajo la impronta de lo que algunos llamaron “el consenso de los commodities”, cuya expresión desde abajo era de franca disputa y confrontación caracterizada por amplios diferenciales de poder en la gran mayoría de las trincheras pero que, de a poco, fueron adquiriendo experiencia y articulándose, tal como sucedió con el propio colectivo GeoComunes: “procesos de aprendizaje -explica Yannik Deniau- han sido muchos, pero creo que el momento cuando empezamos a integrarnos a ciertas redes, es decir, al trabajo directamente de acompañamiento en el momento en que esos procesos se estaban agrupando en ciertas redes, como ha sido la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) y otras, también fue potencializando el trabajo, se fue pensando entre muchas personas, perfilando estrategias para procesos de defensa del territorio y procesos colectivos”. A su entender eso ha sido lo fundamental, orientarse por y con los procesos a los cuales se acercan, colaborar, sumar y co-crean colectivamente, en un diálogo permanente que les hace ir y venir del gabinete y las herramientas técnicas a donde está la gente.

Así, un recurso tan sofisticado como lo es la cartografía formó parte de nuestros bastimentos, “hacer de los mapas una herramienta que potencie el proceso político-organizativo de cualquiera”, dice Isabel Velázquez, “que esté pensado desde lo local como reapropiación de sus territorios”. Cartografías colaborativas como formas de acción política. La responsabilidad de la información que se comparte, el acopio y análisis crítico de diferentes fuentes, la construcción de bases de datos y liberación de información no siempre accesible es parte del esfuerzo en conjunto, lo cual han realizado con sobrada generosidad y cuidado: “ir reconociendo corresponsabilidades políticas pero también las emotivas, sentirnos muy cercanos con la gente que acompañamos y con la que hemos podido trabajar”, subraya Isabel, lo cual es patente en el cariño que les profesan no pocos compañeros, compañeras de diversos procesos.

Pero mantenerse como colectivo no es asunto menor, trascender el momento inicial insuflado de activismo a otro con un quehacer político específico como organización, ha requerido conocerse y reconocer necesidades específicas, posibilitar condiciones de trabajo adecuadas para continuar, “servir y hacer el trabajo que creemos puede ser útil, la definición política de con quién sí trabajamos, con quien no, asumir responsabilidades frente a qué hacer y no sólo poner mapas”, reflexión fundamental de un trabajo compañero. servir y no servirse, tal como hacen los consecuentes con las enseñanzas del movimiento indígena que cimbró el final del siglo XX en la sociedad mexicana.

Ante ello en 2022 GeoComunes tomó una decisión largamente acuñada, conformarse como organización civil, “hemos ido construyendo nuestro propio camino, si bien hay alianzas, hemos logrado mantener la capacidad de definir hacia dónde, con quienes sí, con quienes no, y de qué manera, estamos pasando por un nuevo proceso”, explica Luis, del cual sin duda también van allegándose nuevas enseñanzas. Así, GeoComunes se define hoy como “un colectivo que acompaña a las organizaciones de base rurales y urbanas en la lucha por la defensa territorial y en el fortalecimiento de su autodeterminación, a paritr de la realización de investigación y cartografía colaborativa para la defensa de los bienes comunes” (https://geocomunes.org), colectivo del cual hoy celebramos 10 años de existencia, agradecidos siempre por su aporte, sencillez y claridad. Larga vida.

Nuevos capítulos del Podcast: El fogón de las palabras

Les compartimos los nuevos episodios del podcast producido en el Laboratorio de Historias Comunitarias – A diciembre 2024

Es un proyecto interdisciplinario que busca abrir espacios de encuentro y escucha a través de la comunicación popular y el arte comunitario, donde las personas puedan crear y narrar sus propias historias, basadas en sus experiencias cotidianas y el contexto de resistencia en el que viven, así como en los relatos, mitos y leyendas que les conforman como comunidad.

Buscamos que los grupos participantes puedan generar otros contenidos -desde sus propias voces y su visión del mundo- para difundir su labor, defender su lucha, denunciar agresiones y violaciones a los derechos humanos y construir alternativas de vida desde la esperanza. Anhelamos ser un megáfono de estas historias, fortalecer los vínculos entre los colectivos y organizaciones participantes y alimentar la red de difusión de radios comunitarias y medios libres a nivel regional, nacional e internacional.

¿Cómo lo hacemos?

En nuestro laboratorio nos encontramos. Nos escuchamos. Nos acompañamos. Exploramos y compartimos nuestros sueños, nuestras emociones, mapeamos nuestros territorios y las maneras de resistir y crear vida, recuperamos los relatos de las abuelas y los abuelos. Ensayamos juntas esas otras maneras de contar nuestras historias. Cambiamos el foco y la mirada: ahora son las propias comunidades quienes narran sus relatos de lucha y esperanza, sus caminos recorridos. Nuestra metodología es el arte. Nuestros lenguajes son los cantos, el baile, los dibujos, los escritos, el teatro y por supuesto, el audio

El podcast:

El programa El fogón de las palabrases una serie radiofónica que recupera las historias creadas y narradas por distintas comunidades, colectivos y organizaciones de México y Guatemala, incluye leyendas, mitos, canciones, testimonios y relatos que nos cuentan las maneras de defender, resistir y crear otras formas de vida desde la esperanza.

DesdeEl fogón de las palabras buscamos abrir espacios de encuentro y escucha entre las personas y de éstas con su comunidad y otros territorios. Es por ello que nos damos a la tarea de difundirlo en radios comunitarias de todo el país. Además puedes descargar y/o escuchar el programa en nuestra página web y otras plataformas. Publicaremos los programas cada mes.

05. Colonia Maya, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Entre mayo y julio 2023 nos reunimos cada miércoles en el salón de usos múltiples de la Colonia Maya, al sur de San Cristóbal de las Casas. En un espacio construído por los propios habitantes organizados de la colonia: un espacio que resguarda a sus espaldas la montaña que protegen desde hace muchos años.

Cuando llegué a la Maya…

Cuando llegué a la Maya, llegué acompañando a mi madre Doña Ofe, que ahora tiene 80 años. Mi mamá siempre cargaba su morral de ixtle de colores, un morral Tojolabal.

Llegamos al mediodía, había luz, sol, las nubes azules, el silencio que caracteriza esta zona.

Y mi mamá me dijo: mijito hoy vamos a ir a ver tu terrenito.

Yo llegué hace 22 años, atrás de mi casa había un humedal, en la noche era impresionante el ruido de las ranas y los sapos. Luego salían muchas flores de muchos colores. Este es el terreno en el que ahora quieren construir la gasolinera.

Bloqueamos dentro de la colonia para que no hicieran la gasera. Para mi sentí que era como una fiesta comunitaria, por ejemplo si tu tienes frijoles y quieres estarte en el bloqueo, llevas tus ollas de frijoles y compartes ahí… llevábamos pan, café…

06. Colonia Maya, San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

Nos sentimos muy felices de haber compartido con las y los habitantes de la Maya, quienes son ejemplo y testimonio de la lucha pacífica y defensores de la vida.

https://www.facebook.com/somoslamaya

Abrazamos y agradecemos especialmente a las y los participantes y creadores de estos dos programas de radio: don Tachito, doña Lucy, Pedrito, Maritza, Erika, Carlos, Ian, Alberto, Raúl, Martín y Miguel. Escucharles y aprender de ustedes y sus maneras de amar y defender la vida, nos llena de esperanza ¡gracias por compartir su corazón!

Quiénes somos?

El fogón de las palabras. Laboratorio de historias comunitarias.

Somos un equipo de comunicadoras, educadores populares y creadoras escénicas. Formamos parte de los Colectivos ProMedios de Comunicación Comunitaria AC y Habitar la escucha: colectiva de proyectos interdisciplinarios. Luego de más de 20 años de experiencias en procesos de comunicación popular y creación de proyectos artísticos comunitarios, nos unimos para soñar y dar forma a éste proyecto que dió inicio con el trabajo en conjunto con el Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García en Chicomuselo, Chiapas en agosto del 2022.

Entre agosto de 2022 y junio 2024 hemos llevado a cabo El Fogón de las Palabras en colaboración con 8 organizaciones distintas en Chiapas y Guatemala. Estas creaciones radiofónicas se publicarán próximamente en nuestro sitio web.

Escucha los demás capítulos aquí

Podcast: El fogón de las palabras

Piden una política de Estado que apoye la agroecología y prohiba los plaguicidasaltamente peligrosos en México en el Día Internacional del No uso de plaguicidas

Compartimos este boletín de prensa de la RAPAM, MAELA y la Red de Toxicología de Plaguicidas en el marco del Día internacional del no uso de plaquicidas – A 3 de diciembre del 2024

En el Día internacional del no uso de plaguicidas más de 500 firmantes, entre organizaciones, académicos, técnicos agrícolas y ciudadanos, enviamos una carta a diversas autoridades federales pidiendo se establezca una política de Estado que profundice la transformación agroecológica de los sistemas agrícolas, tanto de los pequeños, medianos y grandes productores, con una política rural integral y la reducción del uso y prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos, mediante una política intersecretarial con un enfoque de derechos humanos.

En la carta dirigida a los titulares de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y a la Procuraduría Agraria, se plantea una articulación de los organismos mencionados para impulsar una serie de acciones, pues hasta el momento y a pesar de los esfuerzos realizados durante el sexenio, persiste un régimen regulatorio neoliberal y discrecional que prioriza el interés de las empresas que dominan el mercado, afectando los derechos humanos y la salud de la población y de los ecosistemas. Lo anterior debilita la acción de los organismos reguladores en sus obligaciones de proteger el interés público frente a los efectos adversos de los agrotóxicos.

La carta destaca que dicha política de Estado debe establecerse con “objetivos, metas, estrategias y prioridades que sean medibles, evaluables y monitoreables” tal como se plantea en la Recomendación de la Comisión Nacional de los derechos Humanos (CNDH 82/2018), que fue aceptada por las autoridades federales de Cofepris, Sader y Semarnat al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador. “Se requiere una política de Estado articulada para cumplir con esta recomendación de la CNDH, que aún no se ha cumplido”, afirmó Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (Rapam), y añadió: “El problema va mucho más allá de los esfuerzos gubernamentales efectuados en el sexenio anterior para prohibir el glifosato y documentar las evidencias que demuestran que si hay alternativas”.

En efecto, la carta enfatiza que en México como resultado de políticas neoliberales aún existen 204 plaguicidas altamente peligrosos (PAP) autorizados por Cofepris, con una amplia diversidad de efectos adversos a la salud y al ambiente, graves o irreversibles, como son: toxicidad aguda alta que puede causar la muerte en humanos, organismos acuáticos y abejas, o una toxicidad crónica, asociada con ciertos tipos de cáncer, daños reproductivos, alteraciones hormonales, entre otros problemas de salud pública, además de plaguicidas con una alta persistencia en agua, suelo o sedimientos. Así también existen 151 plaguicidas autorizados por Cofepris que están prohibidos o no autorizados en otras partes del mundo, incluyendo a algunos países con los que tenemos acuerdos comerciales. Cabe advertir que muchos de estos permisos fueron otorgados con una vigencia indeterminada y no se conoce con exactitud si se siguen usando.

“Se debe continuar y profundizar los apoyos a la agoecología con una política rural integral para el mejoramiento de la fertilidad del suelo, el manejo agroecológico de plagas y enfermedades y arvenses, el cuidado y uso eficiente del agua”, apuntó Rocío Romero, coordinadora del Movimiento Agroecológico Latinoamericano (Maela) en Mesoamérica. “Se debe reconocer la capacidad de innovación y experiencia acumulada de las organizaciones de campesinos e indígenas, de la agricultura orgánica y agroecológica, y crear espacios para su participación”, agregó.

En la carta se plantea que se deben generar políticas de prevención y protección a la salud ambiental y a grupos de población en situación más vulnerable: trabajadores agrícolas, niñas y niños, mujeres embarazadas, comunidades rurales expuestas, consumidores, así como el ejercicio del derecho a la información ciudadana y medios de reparación de daños. “Hay una amplia evidencia científica de los daños que causan numerosos plaguicidas altamente peligrosos usados en México que se han documentado en México y en la literatura científica internacional”, aseguró Yael Yvette Bernal Hernández, de la Universidad Autónoma de Nayarit y coordinadora de la Red Temática de Toxicología de Plaguicidas.

La carta detalla las acciones que debería implementarse en esta política de Estado, como: la prohibición del uso de los insecticidas fipronil y de neonicotinoides como imidacloprid, responsables de la muerte masiva de abejas y prohibidos para uso agrícola en la Unión Europea; el cumplimiento del decreto de prohibición gradual del glifosato establecido en el decreto presidencial de 2023; crear un sistema nacional de información y vigilancia integral sobre el uso de plaguicidas, que garantice el derecho público a saber qué plaguicidas se usan, dónde, cuánto y cuándo; asesorar a ejidos y comunidades sobre las consecuencias de permitir el uso de PAP en los contratos de renta de tierras y apoyar las decisiones de las asambleas ejidales y comunales de actualizar sus reglamentos y trabajar con los municipios que impulsen políticas agroecológicas libres de agrotóxicos y transgénicos; fortalecer la capacidad analítica de las instituciones de enseñanza e investigación del sector público; incluir a los PAP en la agenda de cooperación internacional para lograr la reducción de su volumen y uso de acuerdo con metas acordadas en el Convenio de la Biodiversidad; y participar en la Alianza Mundial sobre el Uso de Plaguicidas acordada en otro marco estratégico voluntario sobre productos químicos, y cumplimiento nacional de los acuerdos multilaterales. Una gran parte de estas propuestas se detallan en la Agenda socioambiental 2024: diagnósticos y propuestas, publicada por la UNAM.

Por último, en la carta se hace un exhorto a la Cámara de Diputados para que no se siga reduciendo el presupuesto de las actividades de regulación, vigilancia sanitaria y ambiental de la Cofepris, Semarmat y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como las investigaciones realizadas en este ámbito por universidades y centros de investigación pública, lo que impacta negativamente el cumplimiento de las obligaciones de proteger el interés público, ya de por si debilitadas en los sexenios anteriores.

El Día internacional del no uso de plaguicidas se estableció para conmemorar el accidente ocurrido en Bhopal, India, entre el 1 y el 3 de diciembre de 1984, donde se produjo una fuga al aire libre de miles de toneladas de isocianato de metilo ―un compuesto utilizado para la fabricación de plaguicidas―, en una fábrica propiedad mayoritaria de la trasnacional Union Carbide, donde murieron 10,000 personas en forma inmediata, también ganado y animales doméstico, según el informe de Amnistía Internacional. Posteriormente, murieron más de 22,000 personas y más de 500,000 siguen sufriendo los efectos de la nube tóxica que abarcó varias áreas pobladas. El 6 de febrero de 2001, Union Carbide se convirtió en una filial de la empresa Dow Chemical Company. Hasta hoy esta empresa sigue eludiendo sus responsabilidades en este desastre y en materia de derechos humanos, según este informe.

En el marco del Día internacional del no uso de plaguicidas, sirva para reflexionar sobre el impacto de los agrotóxicos en nuestra salud, nuestros ecosistemas y nuestro futuro. Este día conmemora no sólo la tragedia de la catástrofe de Bhopal en 1984, sino que también nos impulsa a imaginar y construir un mundo donde la producción de alimentos y el manejo de plagas no impliquen sacrificios ambientales ni riesgos para nuestras vidas.

Ver carta completa con la lista de firmantes en:
Para mayor información, comunicarse con:
Fernando Bejarano coordinacion@rapam.org celular: 5541926483
Rocío Romero maela.mexico@gmail.com
Yael Yvette Bernal Hernández rednacionalplaguicidas2015@gmail.com

Podcast: Atizando el Avispero: Organización ante el extractivismo: la resistencia del pueblo chontal

Compartimos el octavo capítulo de este podcats de Avispa Midia – A septiembre del 2024

Este es un podcast de diez episodios que analizan las soluciones propuestas por Estados y corporaciones ante la crisis climática, como la transición energética, contrastándolas con las experiencias de comunidades latinoamericanas que luchan por la defensa de los bienes comunes.

Estimados lectores y oyentes, a continuación, les presentamos un nuevo episodio de “Atizando el Avispero”, el podcast donde desentrañamos las complejidades de la crisis climática y las falsas soluciones que se nos presentan.

¡Bienvenidos de nueva cuenta al podcast Atizando el Avispero!

Hoy, tenemos una historia poderosa que contar, una que nos lleva al sur de México, al Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca. En esta región habita el Pueblo Chontal, quien ha dado una gran muestra de organización para defender su territorio frente al extractivismo minero. Por tanto, detallaremos como es que lograron echar a una empresa canadiense con mucho poder. En este episodio, descubriremos cómo las mujeres y los jóvenes han tomado un rol clave en esta batalla legal y organizativa, que desafía tanto a las empresas mineras como al silencio del gobierno.

Así que en esta ocasión nos acompañan voces de las personas que protagonizaron tal resistencia y quienes sostienen un proceso importante de organización que ha inspirado a muchos pueblos indígenas.

Declaración del 2do Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales en Resistencia Reencontrarnos en la Resistencia 2024

Comparitmos la declaratoria del del 2do Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales en Resistencia Reencontrarnos en la Resistencia 2024 realizado en Acteal, Chiapas – A 8 de noviembre del 2024

8 de Noviembre 2024,
Acteal, Chenalhó, Chiapas, México

En el territorio Sagrado de los Mártires de Acteal, sede de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, nos autoconvocamos y nos dimos cita más de 40 organizaciones provenientes de México hasta Panamá, defensoras de las tierras y los territorios, de la salud, de la comunicación, de la cultura, de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres, entre otros muchos movimientos. Las más de 160 personas delegadas en el marco del II Reencuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales en Resistencia, de 6 países de la región, nos dimos a la tarea de reencontrar nuestros corazones, nuestros rostros para fortalecer la esperanza, las resistencias y las alternativas, la unidad y la organización que el capitalismo salvaje y patriarcal nos pretende despojar.

Del 6 al 8 de noviembre del presente año compartimos nuestra amistad, nuestros análisis y reflexiones, nuestras luchas y estrategias de resistencia en defensa de los territorios. Y este fue el principal logro, habernos reencontrado, habernos abrazado y reconocido.

Vivimos un momento de extrema inseguridad por la violencia desbordada e incontrolable, Crisis Climática y grandes retos para los movimientos. El sistema capitalista, racista y patriarcal, ahora aliados o interconectados con el crimen organizado, están llevando a cabo sobre nuestros territorios un Modelo Extractivo feroz sobre los bienes comunes naturales y culturales. Los Mega Proyectos acechan nuestra región, así como las políticas neoliberales con el afán de privatizar la vida y todo lo que se encuentra a su paso para incorporarla al mercado; dichas políticas para nosotros los pueblos son nuestra destrucción y exterminio. La energía, la salud, la educación, los bosques, el agua, nuestra cultura no son mercancías, sino las condiciones necesarias para la vida digna de los pueblos.

Sin embargo, este proyecto de muerte se topa con los pueblos vivos, que se movilizan y resisten, que buscan nuevos caminos de vida digna. Hemos resistido con el corazón en alto, y aunque nos han arrebatado a mucha gente querida, seguimos adelante, caminando colectivamente porque sólo así se logra resistir, y sólo así se logra construir nuevas formas de vida. Hemos desplegado un sinfín de acciones, movilizaciones y alternativas. Cartografiamos y mapeamos nuestros territorios para fortalecer la defensa del territorio que es sostén de vida.

La presencia de la mujer curandera, partera, indígena, urbana, luchadora, defensora,
cuidadora, se hizo fundamental en nuestro reencuentro. Hacemos patente que construimos bajo la solidaridad, el respeto, la unidad, la organización, el cuidado colectivo, la búsqueda de alternativas y la autonomía; algunos de los principios que el capitalismo nos quiere arrebatar, ahora se convierten en elementos estratégicos de resistencia.

Ante todo ello, nos comprometemos a:

Impulsar los marcos normativos comunitarios en la línea de la libre determinación de los pueblos originarios como sujetos de derecho público, recuperando nuestra cosmovisión, principios, el derecho histórico y ancestral como guardianes y custodios de la Madre Tierra sobre los bienes comunes naturales como los ríos, los bosques, plantas medicinales y los territorios.

  • Tejer mecanismos y alternativas que fortalezcan la autonomía energética, en la salud, partería y medicina tradicional, en la alimentación, en la educación, en el
  • acceso al agua y en la comunicación.
  • Impulsar la protección de nuestros ríos y bosques de la depredación del capital.
  • Impulsar el derecho a la salud desde los pueblos.
  • Buscar nuevas formas de movilidad alternativas, contra megaproyectos aeroportuarios militarizados, buscando las veredas, la bici, nuevas formas de encontrarnos.
  • Fortalecer la identidad maya que nos une a los pueblos de la región para ser más fuertes, más vivos, más nosotros y nosotras mismas. Un pueblo no sabe a dónde va si no sabe de dónde viene.
  • Impulsar Escuelas de Formación Política y otras herramientas para la descolonización de nuestro pensamiento.

Exigimos:

  • Verdad, Justicia y Presentación con vida de nuestros desaparecidos por la inseguridad causada por el crimen organizado y en el contexto de las migraciones.
  • Alto al desplazamiento forzado de nuestros pueblos.
  • Justicia para Simón Pedro, Berta Cáceres, Padre Marcelo Pérez, Sergio Rojas, Bety Cariño, Noé Vázquez, Mariano Abarca, Walter Méndez, David Salguero, Samir Flores, Tomás Rojo, Jehry Rivera, los Mártires de Acteal, la aparición de nuestros hermanos desaparecidos en la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz y tantas compañeras y compañeros que les han arrebatado la vida por defender a los pueblos y los territorios.
  • Alto a la criminalización y persecución al pueblo garífuna por recuperar sus territorios.
  • Exigimos la liberación de los presos políticos defensores de los territorios como el caso de José Iván Arévalo Gómez en El Salvador, de Pedro Cortés López, Diego Mendoza Cruz y Manuel Sántiz Cruz de Chiapas, entre otros tantos luchadores sociales y defensores de los derechos humanos a quienes se les ha arrebatado su libertad.
  • La desmilitarización de los territorios y un alto al Modelo Extractivo ejercido con megaproyectos como las represas, minería, monocultivos como la palma de aceite, puertos, aeropuertos, gasoductos, oleoductos, pozos petroleros, canales secos, mega fábricas y parques industriales, mega granjas porcícolas, entre otras formas de extracción de los bienes comunes naturales y culturales.
  • Que se declare a nivel internacional al Río Usumacinta como sujeto de derecho; y los pueblos lo declaramos libre de represas y Megaproyectos.
  • Exigimos la cancelación de la concesión ilegal sobre el sagrado río Gualcarque.
  • Alto a los Tratados de Libre Comercio que expolian a los pueblos, y abogamos por la construcción de nuevas formas de interrelación y apoyo regional entre los pueblos.
  • Que se garantice el libre tránsito seguro y protección al migrante.
  • Alto al Modelo Extractivo que empobrece a la Madre Tierra y a los pueblos. Así como las falsas soluciones al cambio climático (mercados de carbono, Geoingeniería) entre otros remedios pintados de verdes.

Nos convocamos a seguir uniendo nuestros corazones, a seguir reencontrándonos, a escucharnos y compartir nuestros caminos. En noviembre de 2025 nos encontraremos en el IV Encuentro Internacional de Afectados por Represas y por la Crisis Climática, en la amazonia brasileña. También nos encontraremos en el III Encuentro Mesoamericano de Movimientos Sociales en Resistencia y Alternativas en en el territorio Lenka en Honduras.

¡Alto al Genocidio del Pueblo Palestino!

¡Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo!

Desde el Territorio Sagrado de los Mártires de Acteal,

De El Salvador: Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) / Amigos de la Tierra El Salvador – El Movimiento de Víctimas Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Las Corporaciones (MOVIAC).

De Honduras: Barrancón Digital, Organización Fraterna Negra Hondureña (OFRANEH), Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

De Costa Rica: Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica – Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente FECON, Coecoceiba/ Amigos de la tierra Costa Rica.

De Panamá: Colectivo Voces Ecológicas (COVEC).

De Guatemala: Consejo del Pueblo Maya (CPO), Asociación de Comunidades por la Defensa del Territorio (ACODET), Consejo de Pueblos Wuxhtaj, Frente Petenero contra Represas

De Estados Unidos: International Rivers.

De América Latina: Movimiento de Afectados por las Represas (MAR)

De México: Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, El Puente, Otros Mundos/Amigos de la Tierra México, Kataz/Nodos de Información, Comunidad Casa de Medicina Tradicional Teo Tepahkalle, Casa Medicina/Pueblo de Santa Ursula Xitla, Casa Monarca-Doulejae-Medicina Tradicional y Cuidados Profesionales, Comunitaria Cultura, Rueda Libre Chiapas, Alianza Ríos Mayas, Sur Resiste, Tsomanotik, Yax-Hun Arqueología Social, Defensa del Territorio y la Vida de los Pueblos Originarios de Chilón (DETUVIDA), Permanecer en la Tierra, Colectivo de Cartografía Histórica Colaborativa de los Territorios Hidrosociales Binacionales de México y Guatemala, Observatorio de las Democracias: Sur de México y Centroamérica (ODEMCA), Voces Mesoamericanas/Acción con Pueblos Migrantes, Comunicadores Populares por la Autonomía (COMPPA), CECROPIA, Movimiento por la Defensa de la Libre Determinación de los Pueblos Indígenas, Colectiva Cartográfica de los Sures Globales, Parlamento Nacional Indígena, Medios Libres, Organización de la Defensa de los Derechos Humanos, Tierra y Territorio (ODDET), Casa Fuego, Alianza Pediátrica Global, El Consejo de la Crónica, Lumaltik Herriak, Promedios, Frente Popular Ricardo Flores Magón, Nodo Solidario, Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México (FIDEO), Kinal Antsetik, Memoria Viva de los Pueblos, Jtatic Samuel Ruiz García, Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comunidad Ceiba.

Tras homicidio del padre Marcelo incrementan amenazas y acciones del crimen organizado contra sacerdotes y comunidades

Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre lo que ha acontecido a un dos semanas del asesinato del Padre Marcelo – A 4 de noviembre del 2024

Por Ángeles Mariscal

“Estamos en riesgo, estamos en riesgo y eso preocupa grandemente porque salir de la casa nos vulnera considerablemente”, dio a conocer el Vicario de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal, Miguel Montoya, quien explicó que a partir del asesinato del padre Marcelo ha sido bastante complicado ejercer la labor ministerial.

Posterior a la celebración religiosa en el marco de la peregrinación por los 100 años del natalicio del obispo Samuel Ruiz García, y por la demanda de justicia para esclarecer el crimen, el Vicario detalló que en vehículos y motocicletas, personas con el rostro cubierto han hostigado a integrantes de la Diócesis.

“Es un signo que preocupa, preocupa porque está siendo pues una ardua tarea, un fuerte riesgo ejercer el servicio (religioso)”.

Detalló que también, en las dos semanas que han pasado tras el asesinato, se ha incrementado el nivel de inseguridad en el estado, “se ha incrementado muchísimo y no sólo para quienes ejercen una labor ministerial, sino para todos, todos los que estamos viviendo en Chiapas”.

“Estamos en riesgo, estamos en riesgo y eso preocupa grandemente porque salir de la casa nos vulnera considerablemente”, dijo el sacerdote, quien hizo “un llamado con una profunda caridad y en una sintonía de paz, a las autoridades del estado, a las autoridades federales, para que puedan ellos ofrecer las garantías de seguridad, pero no sólo para nosotros, no lo pedimos para la iglesia, no lo pedimos para los curas, las religiosas, servidores, servidoras que laboramos en las comunidades, sino que lo solicitamos, lo pedimos por todos los habitantes, todo el pueblo”.

Pidió a las autoridades “que no cierren los ojos a la realidad de violencia que estamos teniendo en el estado de Chiapas (…) la violencia que se ha disparado, se ha disparado y no sabemos si va a disminuir, más bien pensamos va en aumento, un creciente aumento”.

Por su parte, representantes de los feligreses explicaron que como pueblo organizado están trabajando para terminar con la violencia “pero con una diferencia muy grande, nosotros no optamos por las armas, sino con nuestra palabra como Diócesis de San Cristóbal, buscamos una lucha sin violencia (…) somos un pueblo que queremos caminar con una paz, que el pueblo también sienta que sí se puede vivir con esa paz”.

Más información:

Conversatorio: México-Guatemala los bienes comunes Territorio, bosque y agua miércoles 6 de noviembre 9:30 am en sede de Posgrado CHAPINGO en San Cristóbal

Les compartimos esta invitación para asistir a este conversatorio donde participaremos l día miércoles 6 de noviembre de 9:30 AM a 3 PM en la unidad de SCLC, Chiapas de la Universidad Autónoma de Chapingo: México-Guatemala los bienes comunes «Territorio, Bosque y Agua»

#JusticiaParaMarcelo Alta colectivo en memoria del Padre Marcelo Pérez Pérez en la Plaza de la Paz 6 pm en San Cristóbal de Las Casas

La sociedad civil de San Cristóbal de Las Casas convoca a participar en el altar colectivo en memoria del querido Padre Marcelo

Sábado 2 de noviembre 6 pm en la Cruz de la Plaza de la Paz en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Lleva flores, velas, fotografías, música, poemas, mensajes de justicia y solidaridad etc.

Más de 300 recomendaciones a México por crisis en derechos humanos

Compartimos esta nota de AvispaMidia en relación con la gran ola de violencia y crisis en derechos humanos de vive Chiapas – A 21 de octubre del 2024

PorJeny Pascacio

El Colectivo EPU Mx llamó a las autoridades en Chiapas, sur de México, a priorizar la implementación de recomendaciones en materia de desaparición forzada, militarización, desplazamiento forzado, movilidad humana y violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas, que fueron dirigidas a México en el Examen Periódico Universal (EPU).

El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para revisar el desempeño de los países en la implementación de sus compromisos internacionales en derechos humanos, en el caso de México a cada cuatro años y medio. 

En julio de este 2024, se emitieron 318 recomendaciones del EPU, realizadas por 115 países, de las cuales México aceptó 304 y “tomó nota” de 14. Este número es mayor al pasado EPU (2019), donde se emitieron 264 sugerencias.

Para Mario Andrés Hurtado, representante del Espacio Organizaciones de la Sociedad Civil, esto puede tener distintas interpretaciones como la inclusión de temas como el desplazamiento forzado, que hasta el 2019 el Estado mexicano lo adoptó como un problema público. 

Hurtado fue parte del conversatorio titulado “Implementación de las Recomendaciones Internacionales en Materia de Derechos Humanos del Examen Periódico Universal en Chiapas: Retos y Oportunidades a Nivel Estatal”, llevado a San Cristóbal de Las Casas por el Colectivo EPU Mx. 

Te puede interesar – En los Altos de Chiapas, organizaciones alertan nuevo pico de violencia

Este colectivo está integrado por 300 organizaciones nacionales e internacionales que presentaron informes en el marco del 4o Examen Periódico Universal de México (EPU), para dar un amplio diagnóstico sobre la situación general de derechos humanos en el país, mismos que detallaron el contexto de Chiapas debido a la violencia por enfrentamientos entre cárteles del crimen organizado. 

Chiapas, sin registros oficiales de personas desplazadas 

El desplazamiento forzado interno es un problema grave en México. Cada año miles de personas se ven obligadas a dejar sus hogares a consecuencia de la violencia, los desastres naturales, desalojos forzados o explotación de los recursos. 

Sin embargo no existe desde el Estado mexicano un compromiso por diagnosticar adecuadamente la situación, mencionó Mario Ortega, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). “Lo que incluye que a la fecha no existen registros oficiales sobre el número de víctimas del desplazamiento forzado en nuestro país”.

Los números que en la actualidad se manejan son estimaciones de la sociedad civil y la academia. Por mencionar el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno estima que en México se han desplazado 392,000 personas entre 2008 y 2023 por situaciones de violencia. 

En 2021, miles de personas en la región de los Altos de Chiapas se vieron obligadas a desplazarse forzadamente de sus comunidades debido a la violencia de grupos civiles armados. Foto: Frayba

“Con preocupación observamos que el común en los casos de desplazamiento es la inacción estatal para prevenir y proporcionar atención humanitaria y reparar a las víctimas”.

Para las organizaciones, los deberes del Estado no deberían estar en duda, pues el desplazamiento forzado interno vulnera una gran esfera de derechos, entre ellos la libre circulación, la vivienda, el libre desarrollo, la seguridad, la alimentación y un largo etcétera.

Incluso la Ley General de Víctimas estipula derechos específicos y prioridades de atención en las personas desplazadas internas como el acceso a medidas de ayuda inmediata, alojamiento, alimentación, a servicios médicos y psicológicos, entre otros.

En este punto, Ortega hizo hincapié en la falta de voluntad política y posturas oficiales que pretenden invisibilizar el fenómeno, aunado a la ausencia de conocimientos sobre DDHH por parte de funcionarios responsables de la atención y la carencia de procedimientos adecuados a las especificidades del desplazamiento forzado interno.

“En la mayoría de las ocasiones no hay una respuesta a la emergencia humanitaria máxime si no existe una presión mediática o de instancias internacionales. En los casos donde se ha logrado algún tipo de atención humanitaria podríamos decir que no existen procedimientos homologados y adecuados, ni garantías de qué esta atención sea permanente”.

El Estado aún se niega a levantar los registros de las personas desplazadas lo que es una condición básica para que sigan las medidas adecuadas, incluso si logran retornar, especificó Ortega.

Hasta ahora no existe un tipo penal a nivel federal y en el estado de Chiapas que castigue el delito de desplazamiento forzado, “lo que sería una medida necesaria para combatir la impunidad y evitar por ende la repetición”, especificó Ortega.

El número de desaparecidos puede ser mayor 

En este conversatorio, Jorge Hernández, de Serapaz, dijo que 40 delegaciones emitieron 43 recomendaciones en el EPU en materia de personas desaparecidas, principalmente en temas de investigación, judicialización, aplicación del  marco constitucional y legislativo, y desaparición de mujeres. 

De las 116,482 personas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hasta octubre de 2024, al menos 1,328 se han reportado en Chiapas. En la actualidad Tapachula encabeza la lista, le sigue Tuxtla Gutiérrez y Frontera Comalapa. 

Te puede interesar – Cassandra es desaparecida en Chiapas por grupo armado durante la boda de su madre

En los municipios mencionados, las propias organizaciones han denunciado un incremento de la violencia criminal en los últimos tres años, lo que dificulta el acceso para la documentación y hace proliferar el temor en las familias de víctimas de denunciar ante las autoridades o buscar a sus familiares públicamente. Por lo que la cifra real de personas desaparecidas podría ser mayor. 

De acuerdo a la documentación del Frayba, los grupos poblacionales afectados por esta situación son las mujeres, además de niñas, niños y adolescentes (NNA). Por ejemplo, Melel Xojobal AC y Redias documentaron de 2020 al 30 de junio de 2024 un total de 2,350 desapariciones sólo de NNA en Chiapas, siendo el 70% adolescentes mujeres. 

Cassandra, de 18 años, fue desaparecida por un grupo armado durante la boda de su mamá.

Jorge Hernández explicó que también hay particularidades como la desaparición de personas migrantes y solicitantes de refugio, que se suman a las desapariciones en el marco de la violencia extrema en regiones la Frontera, Sierra, Costa, Frailesca y Centro. 

“No siempre se denuncia por temor a las consecuencias de tocar intereses económicos y políticos detrás de las desapariciones… y al tener un subregistro de desapariciones, las cifras esconden la dimensión de la problemática y son usadas por las autoridades para minimizar o negar la situación”, sostuvo Hernández.

En este tenor es necesario, dijo, que la Comisión Estatal de Búsqueda fortalezca los mecanismos de comunicación y registro. También está pendiente el desarrollo de todo el andamiaje necesario para la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, de la desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

“Se requiere asegurar los suficientes recursos estructurales, operativos y económicos para su buen funcionamiento”, así también crear el Consejo Estatal Ciudadano que es fundamental para garantizar la voz de las familias de víctimas en las estrategias contra las desapariciones del Estado. 

Migración, militarización y violencia

En cuanto a la migración, México recibió 29 recomendaciones del EPU, aceptó 26 y “tomó nota” sobre tres. Las 26 que son aceptadas tienen que ver con investigación, sanción de delitos y violaciones graves de derechos humanos cometidas contra personas migrantes. 

Mientras que las tres restantes son fundamentales para transitar de una política migratoria que está basada en la securitización de la frontera hacia una política de integración social y acceso a los derechos de las personas migrantes, dijo Yuridia Salvador del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma).

Una de ellas fue hecha por Nueva Zelanda para retirar progresivamente a las Fuerzas Armadas de las actividades policiales públicas y del control de la migración mediante una transición dirigida por civiles. Un tema que las organizaciones han reiterado desde el 2019 cuando la Guardia Nacional se desplegó por el río Suchiate –que divide a Guatemala de México– y demás municipios fronterizos de Chiapas para contener los flujos migratorios.  

Personal de la Guardia Nacional impide el paso a migrantes en las oficinas del INM en Huixtla, al sur de Chiapas.

Las otras dos recomendaciones son de Brasil y de Kirguistán. Tienen que ver con revisar la Ley de Migración para que la detención sea el último recurso y una excepción, así también eliminar las posiciones que permiten la detención automática de las personas en situación irregular.

La defensora de los derechos humanos destacó que no sólo en el marco del EPU se ha hecho énfasis en el tema de las detenciones migratorias como práctica sistemática, arbitraria y generalizada, también el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, en el informe del 2023 pone énfasis en el tema.  

“No hay otras vías para la regularización migratoria y las personas están en riesgo de detenciones reiteradas”, explica la defensora.Es decir, son detenidas más de una vez y esto se refleja en los números. Por ejemplo el año pasado hubo 440 mil eventos de detenciones, mientras que de enero a julio de 2024 suman 700 mil detenciones; 80 mil corresponden a niñas, niños y adolescentes en albergues del Sistema Nacional DIF (Desarrollo Integral de la Familia).

“En las estaciones migratorias no tienen autonomía de comunicación con el exterior, información adecuada y suficiente; la posibilidad de tomar decisiones, están sometidas al control total de la libertad y esto constituye un entorno carcelario de privación de la libertad”. 

Consideró que para traducir las recomendaciones en una política pública y garantía de derechos, tienen que ser dotadas de presupuesto a las instituciones, mejorar la coordinación entre el Instituto Nacional de Migración (INAMI) y demás autoridades para propiciar una política más respetuosa y de goce efectivo de derecho. 

Oaxaca: A casi 6 años del primer derrame de la Minera Cuzcatlán, la empresa continúa contaminando

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por la vida y antiminera en Oaxaca – A octubre 2024

Habitantes de Magdalena Ocotlán denuncian escurrimientos de la montaña “Dry Stack” (presa de jales) de la minera Cuzcatlán y contaminación del río Coyote.

En la mañana del martes veintitrés de septiembre habitantes denunciaron a través de redes sociales un escurrimiento de la montaña de la presa de jales de la compañía minera Cuzcatlán para la extracción de oro y plata, filial de la canadiense Fortuna Mining (antes Fortuna Silver Mines). El escurrimiento de los lodos tóxicos inició en la unidad de “San José del Progreso”, ubicada en el mismo municipio, y descargó los tóxicos por el río Coyote, dañando principalmente a la comunidad de Magdalena Ocotlán, que se encuentra río abajo. En días siguientes, por las lluvias causadas por el huracán John, fueron visibles los escurrimientos de agua del centro de la presa de jales, debido a la falta de capacidad de almacenamiento del agua de lluvia.

Las fotografías y videos que circulan en redes sociales muestran enormes hilos de lodo bajando de esa monstruosa montaña. En recorridos sobre el cauce del río Coyote las comunidades pudieron constatar que los residuos del lodo habían recorrido varios kilómetros hasta llegar a una ciénega donde se encuentra el pozo de agua que abastece al municipio de Magdalena Ocotlán. Ante los hechos, la empresa Minera Cuzcatlán afirma por diversos medios de comunicación que la misma PROFEPA ha constatado actividad normal, reafirmando su propaganda sobre que la salud y el cuidado del medio ambiente son parte de sus prioridades.

A casi 6 años del primer derrame, de 1.5 millones de litros de lodo tóxico, de la presa de jales la empresa continúa contaminando el agua, el medio ambiente y dañando la salud de las personas a quienes les impusieron este proyecto. Esta situación, comprueba una vez más, que no existe empresa minera sustentable, ni sostenible para las comunidades que dependen del ecosistema del que la empresa extrae los minerales. Las supuestas regulaciones emitidas por las instancias gubernamentales responsables del medio ambiente y las aparentes técnicas de tratamiento de agua son una máscara que la empresa utiliza a su favor. La empresa utiliza una técnica: “Dry Stack”, que aparentemente filtra hasta el 90% de las aguas, es llamada “presa de jales secos”, sin embargo, podemos constatar escurrimientos y que lo que ha generado en la región es el equivalente a una gran montaña llena de residuos tóxicos.

Habitantes de Magdalena Ocotlán y la Red Mexicana de Afectados por la Minería exigimos:

  1. Que la PROFEPA atienda la denuncia de las y los ciudadanos de Magdalena entregada el 04 de octubre de este año, con número de folio 001185, así como permita una supervisión conjunta con las y los denunciantes.
  2. Que la SEMARNAT deje de ser cómplice de esta criminal empresa minera, como lo fue en la administración anterior encabezada por María Luisa Albores, quien lejos de sancionar a la minera Cuzcatlán, la premió con una ampliación del permiso ambiental de 10 años más, validando de esta manera la explotación de los bienes naturales y brindando poder ante quienes la denuncian.

Esperamos que la nueva secretaria del medio ambiente inicie su administración dando señales de compromiso real con la protección del medio ambiente y con los pueblos indígenas del país y que investigue y sancione a la compañía criminal Cuzcatlán. Por décadas esta empresa ha dañado no solo al medio ambiente y la salud de quienes se encuentran alrededor, sino que ha dividido a las comunidades en valles centrales y corrompido a las autoridades.

Fuera minera Cuzcatlán de los valles centrales de Oaxaca. ¡No más impunidad

Imagen: Habitantes de Magdalena Ocotlán. Derrame de agua de la presa de jales

Nota: Desplazado por crimen organizado se manifiestan durante informe de gobernador de Chiapas

Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre la gran ola de violencia que se vive en la zona fronteriza de Chiapas – A 23 de septiembre del 2024

Por Ángeles Mariscal

“Soy de Chicomuselo, sierra madre con Guatemala. No somos zona de guerra, somos pueblo desplazado. Quiero regresar con mi familia a casa. Pedimos rentar y comer, Dios te bendiga Tuxtla. Viva la paz por Chiapas”, fue el mensaje que Juan Carlos Fuentes Alanís alcanzó a escribir en una cartulina que mostró afuera del Congreso de Chiapas, en donde el gobernador Rutilio Escandón entregó su último informe de gobierno.

Llegó con el rostro sudoroso, la ropa desgastada y una mochila al hombro. Sin recursos económicos, emprendió el viaje de cinco días de camino, pidiendo raid, hasta llegar a Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas.

Es originario del municipio de Chicomuselo, uno de los más afectados por la disputa entre dos grupos del crimen organizado; tras el secuestro de tres de sus hermanos por parte de uno de los grupos criminales, el resto de la familia huyó a Guatemala el pasado 19 de julio.

“Le dije yo a mi mamá voy a venir a Tuxtla, si hay una manifestación me voy a poner, porque es necesario que el pueblo sea escuchado”, explicó Juan Carlos. Explicó que en su comunidad, Verapaz, ubicada en los límites entre Chicomuselo y Comalapa, desde hace dos años viven bajo el control de uno de los grupos del crimen organizado.

“De mi comunidad han desaparecido como 40 personas (…) A mis hermanos se los llevaron hace tres meses, cuando los agarraron en el camino que va hacia Amatenango de la Frontera. Se los llevaron porque desobedecieron la orden de no salir, el toque de queda” explicó Juan Carlos.

Dijo que sus hermanos José Alfredo Fuentes de 24 años, Erick Eduardo Fuentes de 35, y Christian Fuentes de 22, salieron de la comunidad con la intención de llegar a Tapachula, porque llevaban varias semanas sin alimento, debido a que por los enfrentamientos entre los dos grupos del crimen organizado, el que tiene el control de su comunidad les impuso un toque de queda.

En el camino sus hermanos fueron secuestrados y su familia amenazada. Por ello decidieron unirse a las cientos de personas que salieron el 19 de julio en caravana hacia Guatemala.

Desde entonces se encuentran en ese país. “Entonces nosotros estamos allá en Guatemala, ya estamos cansados de tanta soledad, tanta tristeza, ya lo que queremos es regresar, buscar a mis hermanos. Mi mamá está muriendo de tristeza”, explicó el poblador.

Dijo que por eso decidió llegar a la capital de Chiapas, y buscar ser escuchado por las autoridades, por el gobernador Rutilio Escandón.

Miles de personas de los municipios de las zonas sierra y fronteriza de Chiapas, han abandonado sus comunidades para salvar la vida, escapar del reclutamiento forzado, y para buscar a sus familiares desaparecidos.

Apenas el pasado domingo, la Pastoral Social de las tres Diócesis de Chiapas dieron a conocer un comunicado donde señalan: “Son miles y se siguen sumando cada día, las víctimas inocentes que cargan sobre sí el tormento de la expulsión, el desalojo, asumiendo la migración y el desplazamiento forzado como única salida para protegerse y salvar a los suyos de una muerte trágica que nadie merece”.

“Ante tal avasallamiento faltan sus familiares, sus bienes, su patrimonio, sus cultivos, sus modos de vida. Se les ha arrebatado tanto que falta hasta el espacio del alma para los duelos ante tanta injusticia y para asimilar los traumas resultantes del ensañamiento sistemático contra su pueblo y sus seres queridos”.

Pidieron a la población ser solidarias con las personas que están en esta condición.

Imagen: Chiapas paralelo

Más información:

Organizaciones, estudiantes y defensores denuncian impunidad frente represión a protestas en Ciudad de México

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la agresión y represión que sufrieron integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac en Xochimilco – A 11 de septiembre del 2024

PorSare Frabes

Estudiantes, organizaciones sociales, comunicadores y pobladores de las alcaldías de Xochimilco y Tlalpan, al sur de la ciudad de México, denunciaron que, a casi una semana de la represión sucedida en esas demarcaciones en el contexto de protestas pacíficas, las autoridades aún no han fincado responsabilidades a los agresores, elementos policiacos, ni a funcionarios señalados como autores intelectuales de la violencia contra los manifestantes.

La mañana del pasado jueves (5), durante una protesta para exigir el cese a la criminalización, por parte de la alcaldía de Xochimilco contra la activista Hortensia Telesforo -a quien acusa del delito de despojo por participar en la recuperación de una biblioteca comunitaria-, un grupo de al menos 30 personas armadas con palos, tubos, navajas e incluso armas de fuego, atacaron a mujeres de la tercera edad, adultos mayores y jóvenes que se manifestaban en la demarcación.

Represión durante manifestación pacífica en la alcaldía Xochimilco.

Testimonios de los manifestantes resaltan que, pese a la presencia de elementos policiacos, estos no intervinieron para detener las agresiones en su contra. Peor aún, tras la represión, cinco activistas fueron detenidos y trasladados al Ministerio Público de la alcaldía de Tlalpan, a 10 kilómetros de distancia de los hechos donde, por la tarde del mismo jueves (5), colectivos solidarios se apersonaron para demandar su libertad.

El mismo jueves por la tarde aconteció una segunda represión, esta vez por parte de policías antimotines quienes encapsularon a los manifestantes e hicieron uso de violencia física, psicológica y sexual contra estudiantes, defensores de derechos humanos y comunicadores independientes, dejando un saldo de 14 personas detenidas, decenas de heridos, así como reportes de tortura y el robo masivo de teléfonos móviles.

“Fue una carnicería”, sostuvo Jorge Paez, habitante del pueblo de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, quien durante conferencia de prensa realizada este miércoles (11) compartió su testimonio ante la brutalidad de las agresiones contra las y los manifestantes.

Paez relató que fue golpeado con un arma de fuego mientras intentaba rescatar a uno de los manifestantes que era atacado tumultuariamente por el grupo de “halcones” – referencia al grupo paramilitar del mismo nombre, creado durante la década de los sesentas y coordinada por directivos policiacos para reprimir manifestaciones. Destaca su involucramiento en la masacre del 10 de junio de 1971 donde asesinaron a participantes de una manifestación estudiantil en la Ciudad de México.

“Es lamentable de un Estado supuestamente democrático que pueda hacer esto”, condenó el activista quien también sostuvo que dentro de los responsables se encuentra Víctor Muñoz, operador político de la alcaldía, vinculado al narcotráfico por denuncias de habitantes, e hijo del funcionario del mismo nombre quien funge como Director de Gobierno de la alcaldía de Xochimilco. 

Otros manifestantes señalan a trabajadores de la alcaldía como las personas que son contratadas como “golpeadores”. Alejandro Velázquez, integrante del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios de la Cuenca del Anáhuac, enfatizó que entre los funcionarios involucrados está el Director Jurídico de la Alcaldía, Francisco Pastrana, así como el Director General de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Guerrero de la Cruz, así como la propia alcaldesa en funciones Juana Onésima Delgado.

Esta agresión se suma a otras previas ejecutadas contra habitantes organizados en la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco quienes desde el año 2014 realizan acciones en la defensa de su territorio. Destaca su lucha contra la construcción de un puente vehicular en Cuemanco, así como por las omisiones de los gobiernos para proteger el medio ambiente y el agua del área natural protegida de Xochimilco. 

Resalta la represión violenta, por parte de un operativo con mil elementos policiacos en diciembre del 2022, contra pobladores de San Gregorio quienes se manifestaban en contra de las obras hidráulicas del Colector Actopan, el cual afectaría el servicio de agua potable en la demarcación, lo que dejó un saldo de 24 heridos y en cuyo momento se denunció el actuar del alcalde Carlos Acosta, sin que fuera sancionado por lo hechos represivos.

Represión sin castigo

Por su parte Karen Castillo, integrante del Observatorio Memoria y Libertad, señaló que los eventos represivos del pasado 5 de septiembre son “solo el aviso de lo que nos espera en el siguiente sexenio, comandado por una mujer que por seis años criminalizó, reprimió y encarceló a defensores de derechos humanos, al movimiento feminista, a la comunidad de Xochimilco, a la comunidad Otomí”. 

Castillo relató que, mientras se encontraba documentando la represión policiaca en Tlalpan, fue agredida por al menos 30 policías varones, quienes también detuvieron y torturaron a periodistas independientes. Ante ello, calificó lo sucedido en la mañana en Xochimilco y en la tarde en Tlalpan como “un crimen de Estado al haber participación, colusión y omisión de múltiples agencias del Estado mexicano”, por lo que denunció que el caso sigue en total impunidad. 

Conferencia de prensa realizada el miércoles 11 para denunciar la impunidad tras los hechos represivos acontecidos al sur de la CDMX. Fotos: Regeneración Radio.

Por esto responsabilizó al jefe de gobierno, Martí Bartres, debido a que hasta el momento los funcionarios identificados como los principales agresores no han sido suspendidos de sus cargos.

Estudiantes, perseguidos

Jóvenes estudiantes, quienes acudieron al MP de Tlalpan para solidarizarse contra la represión en Xochimilco, compartieron que fueron objeto de agresiones e intento de homicidio, así como de secuestro y tortura. Uno de los 14 estudiantes retenidos por elementos antimotines aseguró que la violencia de los policías tenía la intención de dejar lesiones para inhabilitarlos como se evidencia en las heridas que se repiten en los cuerpos de varios jóvenes detenidos.

A su vez, denunciaron que, por medio de violencia, elementos policiacos les obligaron a dar datos personales, sin que existiera un proceso formal dentro de los protocolos judiciales. Esto, denuncian, es particularmente grave ya que señalan que durante los días posteriores se han suscitado seguimientos y acoso de policías, vestidos de civil, contra jóvenes estudiantes a quienes les fueron sustraídos documentos de identificación y, contra quienes, posiblemente existen carpetas de investigación sin que se les haya notificado de manera oficial.

Por ello, los presentes en la rueda de prensa exigieron el cese a la criminalización contra la activista Hortensia Telesforo, así como contra los cinco detenidos en Xochimilco y hacia los jóvenes estudiantes detenidos dentro del MP de Tlalpan.

Acciones

Durante la rueda de prensa se informó que el lunes (9), 22 personas que fueron víctimas de las agresiones se presentaron ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (Cdhcm) para iniciar el largo proceso de denuncia. En el lugar realizaron certificados de lesiones como esguinces, fracturas y policontusiones que presentaron los manifestantes agredidos.

Sin embargo, dejaron claro que, a pesar de las denuncias, hasta el momento la Cdhcm aún no se ha pronunciado frente a la violencia sucedida al sur de la CDMX, por lo que exigieron que el organismo haga un llamado frente a la gravedad de los hechos. También se anunció que levantaran denuncias penales por robo, tortura y lesiones contra los elementos policiales y funcionarios que resulten responsables.Por ello, finalizaron convocando a una acción a realizarse la mañana de este jueves (12) ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para exigir diálogo con el titular de dicha dependencia