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Informe: Minería metálica en América Latina

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Compartimos este informe publicado por el Observatorio de Multinacionales en América Latina donde participa la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA- A 25 de mayo de 2026

Minería metálica en América Latina

Conflictividad ecosocial y ofensiva corporativa en la era del caos global

Gorka Martija Rodrigo y Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate (coord.)

Lee el informe completo aquí

El auge global de la minería metálica es hoy una cuestión de época, un fenómeno ineludible a la hora de entender y plantear cualquier proceso de transición ecosocial. Las presiones corporativas y las expectativas creadas empujan a los países del Sur Global (aunque también a los del Norte) a ampliar la frontera extractiva, ampliando el radio de acción de un sector muy cuestionado: la minería ha supuesto históricamente el tipo de megaproyectos más nocivo y generador de grandes desastres ecológicos, criminalización, violencia, autoritarismo, división social y devastación económica a medio y largo plazo.

Los pueblos de América Latina bien lo saben. La historia extractivista se remonta a tiempos de la colonia española y no ha cejado desde entonces. Ahora, dadas sus relevantes reservas de ciertos rubros en disputa (litio, cobre, níquel, oro, plata, entre otros), retoma vigor económico y geopolítico: para las élites, una oportunidad de negocio; para algunas miradas progresistas, una vía para el escalamiento y la industrialización; para muchas comunidades y organizaciones sociales, una nueva ofensiva corporativa sobre los territorios, en los que llueve sobre mojado. Para todas y todos, sin excepción, un ámbito de enconamiento del conflicto social.

El objetivo de la presente publicación es servir de herramienta popular de análisis crítico de este fenómeno en ciernes. Realizado junto a múltiples movimientos sociales, pretende ofrecer una radiografía del avance de la minería metálica en América Latina. En este sentido, posiciona el marco global de avance del sector, su evolución en el continente, las dinámicas y actores protagonistas de la contienda política, y ofrece una sistematización final de claves de resistencia y alternativa frente al poder corporativo.

🔎 Informe completo »

AUTORÍA: Gorka Martija Rodrigo y Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate (OMAL-Paz con Dignidad) como coordinadores del texto. Por su parte, han
protagonizado la elaboración de los estudios-país la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), Luca Ferrari, Guadalupe García (Observatorio de Industrias Extractivas OIE), Marcos Sebastián (OMAL-Paz con Dignidad), Pedro Cabezas (Alianza Centroamericana Frente a la Minería ACAFREMIN), Julia Cuadros (CooperAcción), Lucio Cuenca (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA), Pía Marchegiani (Fundación Ambiente y Recursos Naturales FARN).

DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Iñaki Landa

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2026

Pronunciamiento de la Pastoral de la Zona Sur de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas ante el hallazgo de una fosa clandestina con restos humanos calcinados, en el rancho El Cedro en Pujiltic, Chiapas

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Compartimos este pronunciamiento de las y los Agentes de Animación y Coordinación Pastoral de la Zona Sur de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas – A 26 de mayo

A LA DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO
A LAS PERSONAS DE BUENA VOLUNTAD
A LOS AGENTES DE ANIMACIÓN Y COORDINACIÓN PASTORAL Y A TODA LA PARROQUIA
DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, SOYATITAN.


“Bienaventurados los que luchan por la paz y la justicia” (Mt 5,9)


Nuestra Diócesis siempre ha alzado la voz, denunciando las injusticias que provoca este sistema de muerte. Ante el hallazgo de una fosa clandestina con restos humanos calcinados, en el rancho El Cedro, cercano a la población de Pujiltic, el 23 de mayo del 2026, nos preocupa toda esta realidad, y nos pronunciamos solidariamente en defensa y valoración de la dignidad y de la vida de
toda persona humana. “El dolor de una víctima debe ser el dolor de todos” (Acuerdo ciudadano por la paz en México).

Nos unimos al dolor que viven las Madres Buscadoras y las familias de las víctimas, a la impotencia y también al grito de paz, pero sobre todo al clamor de justicia; ¡no más muerte! en ningún Estado, en ninguno de nuestros pueblos, familias y en ninguna parte del mundo. Recordamos el mandamiento dado por el Dios de la vida “No mataras”, Ex, 20, 13. Y la palabra de Dios Padre que pregunta al asesino: ¿Dónde está tu hermano? Gen, 4,8,” resuenan hoy en el corazón de nuestro pueblo.

También nos unimos a la palabra de solidaridad, expresada por la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, Soyatitan. Porque “Cuando la dignidad de los hermanos se ve desfigurada, cuando la política no responde a los dramas de la humanidad, cuando la economía se vuelve contra la persona o la ciencia traspasa los límites de su método, la Iglesia —junto con las demás confesiones cristianas y los creyentes de otras religiones— debe hacer oír su voz no para dominar, sino para servir a la comunión”. (Magnifica humanitas, 29).

Nos preguntamos ¿dónde está el ejercicio de la justicia que compete al estado, a las autoridades de los tres niveles de gobierno? Ya que este, es uno más, de los hallazgos, que han habido en el país, y no hemos visto que se haya hecho justicia ante estas realidades que ha provocado el sistema de muerte.

Recordando las palabras de uno de los mártires por la paz de nuestra Diócesis: “Lo que busco es la paz para el pueblo, y la paz es más grande que la muerte…” (P. Marcelo Pérez Pérez). Pedimos al Dios uno y Trino que nos libre del mal y a la virgen de Guadalupe que interceda por sus hijas e hijos, para que seamos artesanos incansables de la paz con justicia y dignidad.

SORO-FRATERNALMENTE LAS Y LOS AGENTES DE ANIMACIÓN Y COORDINACIÓN
PASTORAL DEL LA ZONA SUR

Imagen: Colectivo de Madres Buscaras Chiapas

REMA reconoce 3 años del SERTI y felicita renovación del CRAADET en Guerrero

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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y nos sumanos a las felicitación y reconocimientos de las y los integrantes del CRAADET – 6 de mayo de 2026

A Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento a las y los Consejeros y Comandantes de la Seguridad de Resguardo Territorial Indígena (SERTI), al cumplirse tres años de su primer periodo de trabajo, reafirmado el pasado 30 de abril de 2026.

Reconocemos de manera particular a quienes integraron el Consejo en este periodo: Humberto Ambrosio Santana, Félix Galeana Neri, Juan Díaz García, Esther Mendoza Bernardino y Vicencia Espindo Cantú, quienes asumieron con responsabilidad esta tarea colectiva al servicio de sus pueblos. 

El SERTI, como parte del proceso organizativo del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), surge de un largo camino de organización comunitaria en la Montaña y Costa Chica de Guerrero, impulsado por los pueblos Me’phaa y Ñuu savi frente a la amenaza de la minería, el despojo territorial y la violencia creciente en la región. Su creación responde a la necesidad de fortalecer la defensa del territorio, la seguridad comunitaria y el ejercicio de justicia desde los propios pueblos, ante la omisión e incapacidad de las instituciones del Estado. 

En ese contexto, el SERTI se conforma también como una respuesta directa al avance del crimen organizado, a la descomposición de las condiciones de seguridad y a la presión constante de intereses externos sobre los territorios. A lo largo de estos tres años, se ha consolidado como un sistema comunitario que articula la seguridad, la justicia y el resguardo territorial desde la organización de los pueblos. 

Asimismo, desde la REMA extendemos una felicitación al CRAADET por la renovación de su estructura central, realizada el 14 de abril de 2026 en la comunidad de Tierra Colorada, municipio de Santa Cruz del Rincón, Guerrero, en el marco de su Foro Informativo número 68. Saludamos el nombramiento de la compañera Ruperta Nicolás Hilario como presidenta, una decisión tomada de manera colectiva por los pueblos me’phaa y ñuu savi de la Montaña y Costa Chica. 

Ambos procesos han consolidado formas propias de ejercer justicia en el marco de los derechos que les corresponden como pueblos originarios. Frente a la omisión, fragmentación o imposición de sistemas externos, el SERTI y el CRAADET han sostenido prácticas de regulación, cuidado y defensa del territorio que hacen valer los derechos agrarios, resguardan la tierra como base de la vida comunitaria y enfrentan las amenazas de despojo. Estas formas, reconocidas y legítimas, reafirman el derecho de los pueblos a la autonomía y a la libre determinación. En este sentido, desde la REMA consideramos fundamental y acompañamos su llamado a la coordinación institucional para fortalecer el ejercicio pleno de estos derechos, reconociendo al SERTI como un sistema comunitario que debe ser respetado, articulado y garantizado en su operación. 

Reconocemos especialmente el carácter histórico del reciente nombramiento en el CRAADET: por primera vez una mujer asume la presidencia, lo que representa un paso importante en el fortalecimiento organizativo y en el reconocimiento del papel central de las mujeres en la defensa de la tierra y el territorio. 

Desde REMA Mujeres y desde toda la REMA enviamos un saludo fraterno y un reconocimiento a la compañera Ruperta. Su nombramiento fortalece una lucha que ha sido sostenida por las mujeres desde hace años y abre camino para que más compañeras continúen participando y decidiendo sobre el rumbo de sus territorios. 

Para la REMA es un orgullo que CRAADET y el SERTI formen parte de esta red. Su trabajo es referente y ejemplo para las luchas en defensa del territorio en todo el país. 

Reiteramos nuestro respeto, admiración y compromiso de seguir caminando conjuntamente en la defensa de la vida, los territorios y la libre determinación de los pueblos. 

Comunicado de la Comunidad Casas de Medicina y Partería Tradicional Indígena en México

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Les compartimos este comunicado de Comunidad Casas de Medicina y Partería Tradicional Indígena en México donde nos sumamos a las firmas en solidaridad – A 30 de abril de 2026

¡NO al fracking!¡Ni aquí, ni allá, ni hoy, ni nunca!

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Compartimos este Boletín de la Alianza Mexicana contra el Fracking – A 13 de abril de 2026

Comité sobre fracking: ¿deliberación seria o simulación?

Ciudad de México, 13 de abril de 2026

● Un comité cerrado, tecnocrático y sin posibilidad real de concluir que el Estado mexicano debe prohibir el fracking, sería una simulación para legitimar una decisión ya tomada.
● La discusión no puede reducirse a cómo extraer más gas ni a qué tecnología usar para hacerlo.
● El fracking no es un asunto meramente técnico, es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos.
● No se trata de buscar nuevas coartadas técnicas para prolongar la dependencia fósil de México, sino de asumir decisiones para dejar atrás los combustibles fósiles.
● Si el gobierno pretende presentar este comité como un espacio serio de investigación, análisis y deliberación, en esa mesa también deben pesar el principio precautorio y los antecedentes internacionales de prohibiciones y moratorias del fracking, no solo las promesas tecnológicas de la industria y del sector energético.

Tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir la puerta al gas no convencional,y conformar un comité “técnico-científico” para evaluar el uso de fracking, la discusión pública no puede quedar atrapada en los términos que el propio gobierno pretende imponer. El problema no es solamente quién integrará ese comité. El problema de fondo es si el gobierno busca realmente deliberar sobre el futuro
energético del país o si solo pretende vestir de ciencia una decisión fósil ya encaminada.

El gobierno ha intentado presentar esta ruta como una discusión técnica sobre soberanía energética, producción de gas y nuevas tecnologías. Ese encuadre es inaceptable. El fracking no es un asunto meramente técnico, es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos. Afecta agua, salud, alimentación, comunidades, trabajadores, ecosistemas, formas de vida y viola obligaciones internacionales y constitucionales irrenunciables del Estado mexicano de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y también de prevenir sus violaciones. Presentarlo como una discusión de especialistas, aislada de sus consecuencias sociales y ambientales, es una forma de despolitizar una decisión que jamás ha sido neutral.

Tampoco puede asumirse sin discusión la premisa de que México necesita más gas y que, a partir de ahí, solo queda decidir cómo producirlo. Esa premisa debe ser cuestionada. Convertir la dependencia actual en una apuesta por más extracción fósil, más infraestructura gasífera y más sacrificio territorial no es soberanía energética. Es profundizar el mismo modelo fósil que ha contaminado territorios, comprometido fuentes de agua, impuesto riesgos a comunidades enteras y retrasado una transición energética real y justa. No se trata de buscar nuevas coartadas técnicas para prolongar la dependencia fósil de México, sino de asumir decisiones para dejarla atrás; volver a poner sobre la mesa el fracking contradice abiertamente el compromiso de no permitir esta técnica en el país.

La Alianza Mexicana Contra el Fracking reitera su postura: el fracking debe prohibirse, no regularse o gestionarse. No hay “fracking sustentable”, ni “fracking responsable”, ni maquillaje tecnológico que borre dos décadas de evidencia científica sobre sus impactos ambientales, sociales y sanitarios.1 Lo que México necesita no es una nueva vía para profundizar su dependencia a los combustibles fósiles, sino una ruta para salir de ella.

Si el gobierno insiste en anunciar un comité el próximo miércoles, ese comité sólo podría tener credibilidad pública si cumple condiciones elementales que distingan una deliberación real de una simulación.

● Primero, su mandato no puede estar sesgado de origen. Si el comité nace para buscar cómo explotar gas no convencional “mejor”, “con menos agua” o “con nuevas tecnologías”, entonces no estará evaluando si México debe o no abrir esta ruta, sino refinando la forma de implementarla. Esa sería una simulación desde el diseño.
● Segundo, el comité debe tener la posibilidad real de concluir públicamente que el Estado mexicano debe prohibir el fracking. Si esa conclusión no es posible desde el inicio, entonces no se tratará de un espacio de evaluación, sino de un mecanismo para legitimar una decisión ya tomada.
● Tercero, la integración, los criterios de selección, la metodología, los documentos de trabajo, los conflictos de interés, los insumos y las deliberaciones del comité deben ser públicos. Si el gobierno habla de apertura a la sociedad, debe demostrarlo con total transparencia, no con opacidad ni designaciones
discrecionales.
● Cuarto, no puede tratarse de un grupo de élite científica con visión tecnocrática. El fracking no afecta solamente indicadores energéticos o balances de producción. Afecta territorios y pueblos concretos, convirtiéndolos en zonas de sacrificio para sostener el modelo fósil. Por ello, y haciendo eco de la Opinión
Consultiva 32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe incluir al conocimiento indígena como parte de la mejor ciencia disponible.
Además, cualquier exclusión de comunidades potencialmente afectadas, de voces independientes en salud pública, clima, agua, derechos humanos y defensa territorial, confirmaría que no se busca escuchar a la sociedad, sino neutralizarla.
● Quinto, si el gobierno pretende presentar este comité como un espacio serio de deliberación, en esa mesa también deben pesar los principios precautorio, pro aqua, interculturalidad, así como considerar los antecedentes internacionales de moratoria y prohibición del fracking, no solo las promesas tecnológicas de la industria y del sector energético. Un comité que nazca para discutir cómo habilitar el fracking, pero no para considerar seriamente su prohibición, estaría viciado desde el origen.

Estas condiciones no implican reconocer el comité como una vía legítima para normalizar o regular el fracking. Sirven, precisamente, para exhibir si el gobierno pretende abrir una deliberación real o montar una simulación para legitimarlo.

La prueba del miércoles será simple. Si el gobierno presenta un comité cerrado, opaco, tecnocrático, sin independencia y sin posibilidad real de recomendar la prohibición del fracking en México, no estará abriendo una deliberación pública sería. Estará montando una simulación para legitimar una decisión ya tomada.

La diferencia será clara: un comité con posibilidad real de recomendar la prohibición del fracking en México, o una simulación diseñada para legitimar un giro político que contradice el compromiso de la 4T de no permitir el fracking en el país.

¡No al fracking, ni aquí ni allá, ni hoy ni nunca!

Contacto de prensa:
Manuel Llano: 55 4388 4067
Alejandra Jiménez: 784117 6209

Información adicional del proyecto Milpillas entregado a la SEMARNAT reafirma su inviabilidad

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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por defender el Río Atenco en Zacatecas – A 6 de abril del 2026

El pasado 03 de marzo del presente, la Secretaría de Finanzas del estado de Zacatecas, actual promovente del proyecto de la Presa Milpillas, entregó información adicional con respecto a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que fue solicitada por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT. Asimismo, la SEMARNAT anunció la etapa de consulta pública del proyecto, que está vigente desde el 25 de marzo y hasta el próximo 23 de abril, de acuerdo con la Gaceta Ecológica (Publicación No. DGIRA/0014/26). Con base en la revisión de la actualización de la MIA, el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, reafirma la inviabilidad, contradicciones y posibles afectaciones socioecológicas del proyecto, que persisten y que compartimos a través de este comunicado.

Es importante aclarar que esta consulta pública es la apertura del expediente del proyecto al público interesado para hacer las observaciones y referencias pertinentes sobre el mismo, tal y como lo señalan la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 34, así como en los artículos 4, 40 y 41 de su Reglamento; normativa que, dicho sea de paso, en ningún momento define como facultad de la SEMARNAT realizar encuestas, consultas ciudadanas u otros procesos electivos en cualquiera de sus modalidades: votación con urnas, nominales, a mano alzada o algún otro método.

De acuerdo con los datos actualizados de la MIA, el escurrimiento promedio anual del río Atenco (o Milpillas, como lo llaman los funcionarios del gobierno), no es suficiente para operar la presa. En el mejor de los casos, sólo permitiría que ésta operara a aproximadamente la mitad de su capacidad, con lo cual no se alcanzaría a cubrir el déficit de los acuíferos de la región centro del estado, ni siquiera la demanda actual de agua en la Zona Conurbada de Zacatecas y Guadalupe (ZCZG). Esto quiere decir que a pesar de que la MIA fue modificada por el promovente, el proyecto no se sostiene técnicamente, y las afectaciones sociales, ecológicas y culturales podrían profundizarse en los territorios afectados.

Los datos son los siguientes:

  1. En la información adicional solicitada, se reitera, al igual que en las MIAs anteriores, que la presa está diseñada para desviar 1,300 l/s del embalse a la región centro de Zacatecas, lo que equivale a 41 Mm³/año.
  2. En la sección “Cálculo del volumen de escurrimiento medio anual (CP)”, se explica el método mediante el cual se estima el escurrimiento medio anual del río Milpillas, llegando a una cifra de 28.405 Mm³/año. Por escurrimiento medio anual se entiende el flujo o caudal promedio del río en los 365 días del año, calculado a partir de determinado número de registros diarios por varios años.
  3. Posteriormente, se afirma que el escurrimiento promedio anual del río Milpillas es de 32.274 Mm³/año, cifra que se da sin presentar el método que la sustente, lo cual contradice la anterior (28.405 Mm³/año), imposibilitando así el traslado de 41 Mm3/año.
  4. A partir de esta cifra sin sustento, se asigna un caudal ecológico de 11.545 Mm³/año. El caudal ecológico se refiere al flujo de agua necesaria para sostener los ecosistemas río abajo de la cortina. A propósito de esto, un caudal ecológico de 11.545 Mm3/año no es necesariamente suficiente para sostener las poblaciones humanas y sistemas de producción agrícola de escala pequeña río abajo de donde se pretende construir la presa Milpillas. La MIA todavía no incluye un estudio serio al respecto.

Con base en los datos señalados, se puede afirmar que, aun considerando la cifra más alta —y no justificada— de 32.274 Mm³/año, no hay suficiente agua para operar la presa Milpillas según su diseño. Si además se respeta el caudal ecológico propuesto (11.545 Mm³/año), entonces el volumen disponible de agua que se prevé desviar sería de aproximadamente 20.729 Mm³/año, lo que implicaría operar la presa a cerca de la mitad de su capacidad.

En este sentido, los mismos datos de la MIA actualizada por el promovente confirman que los 20.729 Mm³/año de agua que podría desviar la presa Milpillas —y esto es en el mejor de los escenarios— no podrían revertir la sobreexplotación de los acuíferos en la región centro del estado, pues se necesitarían alrededor de 13 presas como Milpillas para cubrir el déficit conjunto de 262.5 Mm3/año. Asimismo, dicha cantidad sería insuficiente para satisfacer la demanda de agua en la ZCZG, la cual se estima en 27.4 Mm3/año según datos de JIAPAZ, y mucho menos si se incluye a Fresnillo y otros centros urbanos.

Estos datos que se desprenden de la apertura de la MIA para su análisis y observaciones permiten confirmar que el proyecto de la presa Milpillas no representa una solución a la escasez de agua de la ZCZG, ni tampoco permitirá aliviar a largo plazo el estrés hídrico que padecen los mantos acuíferos sobreexplotados por Grupo Modelo, las minas y los grandes productores del sector agroindustrial. Para esto, basta un ejemplo: los 20.729 Mm³/año de agua que podría desviar la presa es una cantidad menor a la de los casi 35 Mm3/año, concesionada sólo a Peñasquito.

Con todo, la información adicional incluida en la versión más reciente demuestra, nuevamente, que este proyecto, concebido hace más de diez años, obedece a una lógica neoliberal, puesto que, lejos de contribuir significativamente a superar la crisis hídrica multidimensional en la región centro de Zacatecas, sólo serviría como vehículo para el enriquecimiento de compañías transnacionales constructoras de presas, para proteger los intereses de los grandes acaparadores de agua en la región y para brindar a los administradores del proyecto la oportunidad de desviar recursos públicos. Todo ello a través del despojo del líquido vital de uno de los municipios más pobres del estado.

En lugar de buscar traer agua de territorios cada vez más lejanos, por medio de infraestructura hídrica inviable, con altos cargos al erario público y graves impactos socioambientales, una forma más razonable de satisfacer las demandas de agua de la ZCZG, así como de cubrir el déficit de agua de los acuíferos sobreexplotados, sería limitar y reducir la demanda de ciertos grandes consumidores del sector industrial en la zona. Por ejemplo, existen 12 proyectos mineros en etapa de exploración en los cinco acuíferos sobreexplotados correspondientes a la ZCZG (Aguanaval, Benito Juárez, Calera, Chupaderos y Guadalupe-Bañuelos), y tan sólo en los tres primeros meses del año 2026 se ha presentado ante la SEMARNAT informes preventivos y MIA regional para tres de ellos en el municipio de Fresnillo (Proyecto de exploración San Albino, Depósito de Jales Fatima Sur y Proyecto de exploración minera El Tule).

Por tales motivos, los ejidos y comunidades de Jiménez del Teul y Sombrerete no estamos dispuestos a ser territorios de sacrificio para un proyecto que significa la destrucción de nuestra vida comunitaria y de la biodiversidad. Exigimos que se respete la autonomía y la decisión de las asambleas ejidales, y se cancele definitivamente el proyecto de la presa que, a todas luces y por más que lo maquillen, es inviable en términos técnicos, sociales y ecológicos; y demandamos al gobierno de la 4T ser congruente con sus principios, abandonar el proyecto de una vez por todas, dejar de desperdiciar recursos públicos y aplicar rigurosamente las alternativas delineadas por investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Finalmente, hacemos una invitación a los medios de comunicación y a las personas interesadas a estar atentas y atentos a la convocatoria para la reunión pública de información, cuya fecha y hora será publicada por la SEMARNAT a través de su gaceta, para que el promovente del proyecto de la presa exponga los aspectos técnicos ambientales, los desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas que tendría la realización del proyecto.

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería

Denuncian presión para aceptar proyectos mineras en la montaña de Guerrero

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Compartimos este comunicado de El Concejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña y Costa Chica del Guerrero (CRAADET) sobre su lucha por una vida libre de minería – A 21 de marzo de 2026

Pueblo Hidalgo, Guerrero a 21 de marzo del 2026

A la opinión pública:

El Concejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña y Costa Chica del Guerrero (CRAADET), enviamos un saludo fraterno y solidario a los pueblos y luchas del estado de Guerrero y de México que han asumido la defensa del territorio y la defensa de los derechos de los pueblos originarios y campesinos como propuesta de lucha permanente.

En el contexto de nuestro XLVIII FORO POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO, REALIZADO EN LOS BIENES COMUNALES DE PUEBLO HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, LOS PUEBLOS INTEGRANTES DEL CRAADET queremos denunciar ante la opinión pública lo siguiente.

A inicios del año una nueva amenaza acecha nuestra vida comunitaria, se trata del Sr. Fernando Jaimes Ferrel, ex delegado de la procuraduría agraria y subsecretario de asuntos agrarios durante la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien anda recorriendo nuestros pueblos con el propósito de que dejemos ingresar a las empresas mineras, a su vez también ha estado intentando influenciar a diferentes actores políticos y líderes sociales que tienen una relevancia importante y de respeto en la dinámica de los pueblos, haciéndoles creer que la minería es progreso y desarrollo.

Como todo México sabe, desde hace casi 14 años la defensa del territorio que hemos realizado en el CRAADET para evitar el ingreso de las empresas mineras ha sido constante y es un ejemplo a nivel nacional de lucha organizada, basada en el ejercicio y defensa de nuestros derechos. Son 14 años en donde hemos logrado que el gobierno federal, a partir del respeto, registro e «Tierra y Libertad» inscripción de la negativa para el ingreso a nuestro territorio de la actividad minera relacionada con el modelo extractivo, haya quedado validada tanto por nuestras asambleas y dentro de nuestros reglamentos internos y estatutos comunales, además de las declaratorias de municipios libres de minería de nuestros presidentes municipales de Iliatenco, Malinaltepec y San Luis Acatlan, de tal manera que estamos en condiciones legales de aplicar lo que corresponde ante terceros a quienes intenten violentar la vida comunitaria.

Hacemos del conocimiento de la opinión pública que todas las comunidades del CRAADET hemos acordado que el Sr. Fernando Jaimes Ferrel, a quienes le acompañen, y a cualquier otra persona que en un futuro quiera ingresar a promover la actividad minera en nuestros pueblos, serán privados de su libertad y serán sometido ante las autoridades correspondientes en nuestros sistemas de justicia comunitaria, por violar y violentar nuestros acuerdos comunitarios y Regionales, de tal manera que, en este comunicado queremos que le quede claro al Sr. Fernando Jaimes Ferrel no es bienvenido a nuestro territorio comunitario por ser un servil promotor de una actividad que sabemos destruye pueblos enteros.

De la misma manera a las y los amigos políticos y personalidades les pedimos no se dejen embaucar por las mentiras de este promotor de la destrucción y le faciliten el ingreso a alguna comunidad, de tal manera que, sigamos con una relación cordial y armónica con todos ustedes.

FRATERNALMENTE

POR UN TERRITORIO LIMPIO, SANO Y LIBRE DE MINERÍA

SEMARNAT y Gobierno de Zacatecas ponen en riesgo la salud y el medio ambiente con aprobación acelerada de nuevos proyectos mineros en territorio zacatecano

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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 17 de marzo de 2026

Con motivo de la visita de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Alicia Bárcena, al estado de Zacatecas el pasado 11 de marzo de 2026, y ante sus recientes declaraciones públicas sobre la aprobación de proyectos mineros la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería manifestamos nuestra profunda preocupación no sólo por la narrativa gubernamental que pretende presentar el avance de nuevos proyectos mineros como sinónimo de progreso y desarrollo económico, sino por la orientación política que está detrás de estas declaraciones y decisiones, que continúa priorizando la expansión del modelo extractivo por encima de la protección del agua, los territorios y la salud de las comunidades. Este posicionamiento refleja una política pública que favorece la agilización de permisos y la aprobación acelerada de Manifestaciones de Impacto Ambiental, mientras se minimizan o ignoran los impactos acumulativos que estas actividades generan en regiones ya afectadas por la sobreexplotación de acuíferos, la degradación ambiental y los impactos conflictos a la salud de la población.

Una vez más, enunciamos los profundos impactos que la aprobación y desarrollo de nuevos proyectos mineros generan en términos de despojo territorial, sobreexplotación de bienes naturales, concentración de riqueza en manos de unos cuantos y empobrecimiento de las comunidades. A ello se suma la contaminación del agua superficial y de los mantos freáticos, así como los graves daños a la salud de las personas derivados de la actividad minera. La experiencia demuestra que, una vez producido el daño, no existen tecnología o dinero suficiente que permitan remediar o revertir plenamente las afectaciones ambientales que estos procesos ocasionan. Es decir, la minería genera daños a perpetuidad.

Entre los proyectos mineros que se pretende impulsar y acelerar mediante la autorización de Manifestaciones de Impacto Ambiental y evaluaciones superficiales sobre el uso del agua, se encuentra el Proyecto San Nicolás de las empresas mineras canadienses Agnico Eagle y Teck Resources. Según datos de la CAMIMEX, este proyecto se posiciona como el segundo proyecto de cobre más importante a nivel nacional, con una producción estimada de 65.8 mil toneladas, así como el primer proyecto de producción de zinc, con 147 mil toneladas estimadas, además de pretender producir 17.5 mil onzas de oro.

Este proyecto resulta particularmente preocupante debido a su ubicación en el acuífero Calera, el más sobreexplotado del estado de Zacatecas, dentro del corredor minero Fresnillo–Zacatecas. En este contexto, resulta inevitable preguntarse por la prisa en impulsar proyectos de infraestructura hídrica como la presa Milpillas, que podrían estar orientados a garantizar agua para el crecimiento de actividades industriales y extractivas en una región donde el acceso al agua para las comunidades ya enfrenta serias limitaciones.

Otro de los proyectos que buscan avanzar es Cerro de Oro de Minera Álamos, considerado el octavo proyecto de oro a nivel nacional, con una producción prevista de 28 mil onzas en el municipio de Melchor Ocampo. Asimismo, se encuentran proyectos como Relleno de Hundidos de Arian Silver, el proyecto Torcazas de Industrias Peñoles en Fresnillo y el Proyecto Juárez de Compañía Minera T.T.T. en el municipio de Villa Hidalgo.

En la actividad minera resulta imposible sostener que los recursos naturales puedan ser utilizados “con responsabilidad”, como lo ha señalado la titular de SEMARNAT al referirse al uso de los acuíferos. La minería industrial está estructuralmente vinculada a un modelo de explotación intensiva de recursos naturales que prioriza la obtención de altas ganancias para las empresas, a costa de los ecosistemas y de las condiciones de vida de las poblaciones que habitan los territorios.

En Zacatecas, la crisis hídrica es ya una realidad evidente. El estado no cuenta con la disponibilidad suficiente de agua para satisfacer plenamente las necesidades de la población de la zona conurbada ni de múltiples municipios y comunidades rurales. Sin embargo, actividades industriales como la minería demandan grandes volúmenes de agua, a la vez que la contaminan y puede interrumpir los flujos de agua superficial y subterránea, contribuyendo a la pérdida de pozos y manantiales, y a la reducción del nivel del manto freático. Esta es una de las muchas razonas por las cuales nuestra red se opone al modelo extractivista minero y su expansión en el país.

A reserva de conocer con mayor profundidad el proyecto denominado “Aguas Firmes”, la experiencia acumulada en distintos territorios permite reconocer el modus operandi de las grandes empresas extractivas, basado en la simulación de compromisos ambientales y en la construcción de discursos de sustentabilidad que buscan legitimar sus operaciones ante la opinión pública, sin que en la práctica se transformen los impactos estructurales que genera este modelo.

Aunque el año 2026 ha sido denominado en Zacatecas como el “año del progreso”, desde la perspectiva de los territorios y de las comunidades afectadas por el extractivismo podría convertirse, en realidad, en un año de retrocesos si se continúa acelerando la aprobación de Manifestaciones de Impacto Ambiental y de proyectos de explotación minera por sus consecuencias devastadoras. Las grandes empresas mineras saquean, despojan y destruyen los territorios, como lo demuestran múltiples experiencias documentadas en distintas regiones del mundo, inclusive en el mismo estado de Zacatecas. Recordamos el desplazamiento forzado de la población de Salaverna por el Grupo Frisco y de la comunidad La Colorada por la empresa Pan American Silver. Además, no hay que mirar más allá de la mina Peñasquito de la empresa Newmont para ver los efectos de la contaminación y pérdida de fuentes de agua sobre las comunidades aledañas. No existe “minería verde”, “minería sustentable” ni “minería amigable con el medio ambiente”: la minería industrial implica inevitablemente procesos de devastación ambiental y transformación profunda de los territorios.

Diversos casos lo evidencian en Canadá, Centroamérica y Sudamérica, así como en el propio territorio nacional. En México podemos mencionar el caso del Ejido El Bajío, en Sonora, donde persisten graves deudas ambientales derivadas de la actividad minera después de tan solo tres años de operación de una mina de la empresa Fresnillo, o el Ejido Carrizalillo, donde los grandes tajos han destruido tierras fértiles y han contribuido a procesos de deterioro social y violencia en las regiones donde operan estos proyectos, ahora en manos de la empresa Equinox Gold. Mientras tanto, las grandes utilidades quedan en manos de los consorcios mineros y sus accionistas, mientras que las comunidades propietarias de la tierra y el propio estado con la llamada “vocación minera” se vuelven dependientes sobre las migajas que dejan las operaciones mineras y que suelen durar entre 10 a 15 años, al tiempo que enfrentan territorios cada vez más degradados, contaminados y empobrecidos, con el resultado que tarde o temprano resultan desplazadas. Por esta razon, no es casual que las zonas mineras suelen registrarse con altos niveles de empobrecimiento, tal como se ha observado en los municipios en donde ocurren la minería de oro en México o en Perú.  

Por todo lo anterior, desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) exigimos detener la aprobación de nuevos proyectos de explotación minera en Zacatecas y abrir un debate serio sobre las verdaderas prioridades ambientales del país.

Existen problemas ambientales urgentes que requieren atención inmediata, como la crisis hídrica, la restauración de ecosistemas dañados, la contaminación acumulada por actividades extractivas, y la protección de los territorios y las comunidades. Si el gobierno federal realmente busca actuar con responsabilidad ambiental, no debería anteponer los intereses económicos de las empresas mineras, cuyas ganancias además no se quedan en las comunidades ni en el país, sobre la protección del agua, la vida y los derechos colectivos de los pueblos.

¡Alto al daño al medio ambiente!

¡No a la expansión de la minería en Zacatecas ni en México!

Imagen: MAZAPIL, ZACATECAS, 11JUNIO2023.- Instalaciones de mina a cielo abierto Peñasquito, de la empresa norteamericana Newmont. s
Situada al norte del país, en el oeste de Zacatecas, es una de las minas más importante para Newmont con ventas por encima de los 2.000 millones de dólares. En México, esta mina es la principal productora de oro en el país, con una extracción de más de 566.000 onzas del metal áureo en 2022, más del 20% de la producción nacional de este metal, de acuerdo con los reportes anuales de la empresa. La mina también extrajo un nivel relevante de plata con 29,7 millones de onzas anuales.
FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Exigimos justicia y protección ante el cobarde atentado en contra del defensor del medio ambiente Erick Saracho

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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 12 de marzo de 2026

Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), condenamos enérgicamente el cobarde atentado que sufrió el día de ayer 11 de marzo, el compañero Erik Saracho, defensor ambiental y del territorio, en la comunidad de San Francisco (San Pancho), Nayarit.

Erick Saracho, desde hace muchos años ha dedicado su vida a la defensa del Jaguar y su hábitat. Es presidente de la Asociación Civil Alianza Jaguar, desde donde hace trabajo en la selva protegiendo a esta especie. También lleva a cabo arduo trabajo de educación ambiental y defensa del territorio contra proyectos turísticos e inmobiliarios que afectan gravemente los ecosistemas costeros y las actividades productivas de la comunidad de San Pancho.

Alianza Jaguar forma parte de la Red Medio Ambiente y Sustentabilidad (Red MAS), desde hace tiempo, Alianza Jaguar y en particular Erick Saracho, se habían visto agredidos en medios de comunicación por empresarios y desarrolladores que han armado una campaña de odio contra él, difundiendo que estaba frenando el desarrollo en San Pancho y oponiéndose al progreso: El mismo argumento de siempre de las grandes corporaciones y aún del gobierno, para deslegitimar la lucha por la vida.

Exigimos a las autoridades se investigue este hecho y se castigue a los responsables. Solicitamos al Mecanismo de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que intervenga eficazmente para salvaguardar la vida de Erick Saracho.

Desde la REMA, respaldamos la lucha de la Asociación Civil Alianza Jaguar y enviamos un abrazo solidario al compañero Erick, deseando su pronta recuperación.

Análisis y rechazo al Plan de Acción Estados Unidos-México sobre Minerales Críticos en nuestros territorios

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Compartimos este pronunciamiento de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 16 de febrero 2026

El 4 de febrero, se anunció que los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron trabajar en un Plan de acción conjunta sobre minerales críticos[1], a través del cual el gobierno mexicano se compromete a realizar, en los siguientes 60 días, acciones para  “desarrollar un nuevo paradigma para el comercio preferencial de minerales críticos, respaldado por precios mínimos y otras medidas”.

La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) consideramos que este Plan claramente profundiza la subordinación de nuestro país a la política belicista estadounidense, y sostiene el avance facista del capitalismo voraz representado por Donald Trump. Es un acto de gobierno extremadamente irresponsable con los pueblos, por lo que denunciamos enérgicamente que, de llevarse a cabo, provocará la consolidación de territorios sumergidos en zonas de sacrificio.

Este Plan de Acción se nombra como “un nuevo paradigma”, significando un nuevo instrumento de subordinación política

El documento publicado por el gobierno de México apenas supera una página de extensión, y señala que detrás de este acuerdo está, sobre todo, la preocupación del gobierno de Estados Unidos por mantener su hegemonía mundial y geoestratégica frente a la competencia actual con China, asegurando el acceso y el control de distintos recursos estratégicos, como los minerales mal llamados“críticos”, el gas y el petróleo, fortaleciendo así cadenas de suministro que considera vulnerables.

Este Plan, como han señalado distintos analistas, es un ejemplo de los acuerdos diplomáticos intervencionistas que impone Estados Unidos a México y a otros países que considera dentro de su órbita de poder (como Australia o Canadá[2]). Estos acuerdos ocurren en un contexto de amenaza explícita de intervencionismo bélico (que ya ha sido llevada adelante reciente en Irán, Venezuela, Ucrania, y que ha llegado a escalar en otros casos, como Groenlandia), y enmedio de los esfuerzos activos de Estados Unidos para ahogar a los pueblos de Cuba, y de Gaza.

Con este Plan, el gobierno estadounidense aprovecha la profunda integración dependiente de la economía mexicana para imponer un nuevo instrumento de subordinación[3]. Como sabemos, los acuerdos de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá siempre se han dado en condición de amplia desigualdad. Como ejemplo tenemos el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), renombrado el T-MEC (sujeto a revisión en junio de este año).

Así como los acuerdos anteriores, este nuevo Plan binacional, que está encaminado a convertirse en parte de un acuerdo plurilateral sobre comercio de minerales críticos, representa un instrumento mediante el cual Estados Unidos busca reconfigurar el orden global para sostener los intereses de su élite. Desde esta óptica, el Plan puede leerse como “algo más de lo mismo”, sin embargo, el contexto en el que ocurre, marcado por mayores niveles de violencia, agresividad y cinismo en la imposición del interés extractivista imperial y colonial, obliga a prestarle atención más crítica y rigurosa.

Sobre los “Minerales críticos” o la trampa del concepto de minerales críticos

Como REMA insistimos en afirmar que la invención, uso y difusión del concepto de “minerales críticos” constituye una trampa discursiva con la que se legitima e impone una supuesta necesidad y urgencia colectiva para potenciar el extractivismo minero. Hoy observamos que este discurso está cada vez menos vinculado a la transición energética corporativa y, ahora, cada vez más abiertamente para servir al complejo militar-industrial y al sector de la economía tecno feudal (encabezada por la también mal llamada “Inteligencia Artificial”). Su utilización no sólo conlleva a la legitimación de undiscurso: se trata de una acción que refuerza el poder de los actores hegemónicos en el extractivismo minero: nos referimos a las empresas y al Estado extractivista que lo respalda.

Así, con la frase de “minerales críticos” se señala la construcción de un escenario de excepción, de urgencia bajo coacción de los Estados Unidos, con un escenario en México ya habilitado para proyectos que designados estratégicos o en el interés nacional, tal como ya ha sucedido con el Tren Maya, o el litio, mediante agilización de trámites, flexibilización normativa, expropiaciones, militarización. Lo que el Plan citado deja ahora evidenciado, es que el gobierno mexicano no tiene empacho en dejar atrás el discurso de la transición energética,como sentido legitimador supuestamente ‘verde’ de este impulso extractivista, para de forma velada brindar apoyo al discurso belicista que su par estadounidense evoca.

Otro aspecto que debe siempre alertarnos del uso de la noción “minerales críticos”, es su amplísima ambigüedad, ya que éstos se definen según criterios políticos, no técnicos. ¿Quién decide cuáles son esos minerales críticos? ¿Quién define en qué se ocuparán?[4] En los Estados Unidos, la última lista de minerales críticos de noviembre de 2025 abarca 60 minerales, que van mucho más allá de los minerales para la transición energética corporativa para abarcar todo lo que la economía belicista considere necesaria para sostener su hegemonía. Marcelo Ebrard mencionó en su video difundido en X, que no hay una lista definida de cuáles son los minerales críticos para el caso de México.

Principales preocupaciones que nos genera este Plan de acción

  1. Escalada de fuerza para imponer los “proyectos prioritarios”, por sobre los pueblos afectados.

El breve Plan menciona que México y Estados Unidos “identificarán proyectos específicos de minería y manufactura de interés mutuo para priorizar su financiamiento y apoyo de política pública”. Este punto nos parece sumamente preocupante, ya que puede significar que, en caso de que se identifiquen proyectos prioritarios de explotación de esta amplia lista de “minerales críticos”, si seguimos el ejemplo de los Estados Unidos, de manera conjunta, los estados desplegarían todo su aparato económico y político de coacción para la imposición de estos proyectos, y particularmente en contra de las comunidades que viven en esos territorios y que se oponen a ellos.

No cabe duda de que esto implicaría la profundización de la militarización en nuestro país, y la empeora al formalizar la injerencia estadounidense (aunque esto tampoco es tan novedoso, dado la experiencia que tiene México con la injerencia canadiense en el sector). Esto apunta a un incremento en la criminalización de los defensores del territorio y a la agudización de la violencia en esos territorios de disputa.

  1. Prospección coordinada con más recursos para la prospección y exploración. minera

El Plan menciona también un eje de “transparencia geológica” que consistirá en la compartición de información técnica detallada sobre la ubicación de yacimientos, coordinando esfuerzos entre el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Servicio Geológico Mexicano (SGM). Eso significaría mayores capacidades financieras y técnicas para trabajos de prospección y exploración en México, permitiendo la expansión del modelo extractivo hacia nuevos territorios y fomentando los procesos especulativos y los impactos socio territoriales relacionados con esas actividades de exploración. Además, el breve documento alcanza a mencionar que se intenta avanzar hacia un “Acopio coordinado de reservas”, lo cual anuncia el avance de actividades de prospección y exploración a lo ancho y largo del territorio.

  1. Menos margen para la aplicación del principio precautorio.

Por invocar la “cooperación regulatoria”, el plan de acción apunta a más homogeneización del marco regulatorio entre México y los Estados Unidos, o – en otras palabras – el levantamiento de barreras regulatorias para facilitar mayor extractivismo minero. Hay que tener claro que la cooperación regulatoria significa una mayor colaboración entre reguladores con el único propósito de favorecer el comercio una demanda que, desde hace muchos años, han impulsado empresas transnacionales con cadenas de suministro emplazadas en  dos o más países, tal como destaca el investigador Stuart Trew del Centro Canadiense para Políticas Alternativas.[5] El concepto de “cooperación regulatoria” ya existe en el Capítulo 28 del T-MEC pero ahora, al aplicar este concepto específicamente a los “minerales críticos”, este plan pone en riesgo la aplicación del principio precautorio para proteger cuencas hidrográficas, bosques, la salud, y la propiedad social ante esta embestida extractivista.

Como resultado, este Plan representa una nueva escala en la imposición del modelo extractivo en nuestro país, queriendo imponer una falsa justificación al llamarlo esencial para las economías y seguridad nacional de México, pero sobre todo para el interés y seguridad de las élites que gobiernan los EEUU.

Las venas abiertas de nuestro país, de América Latina y de los territorios indígenas alrededor del mundo, nos ha enseñado de lo que son capaces los gobiernos colonialistas e imperialistas para garantizar su economía y su seguridad nacional, sin importar la vida. Tal como ocurre con el gobierno estadounidense hoy en día.

El discurso mediático que esconde las cifras extractivistas en México

En el marco del anuncio del Plan de Acción resulta indispensable cuestionar las declaraciones realizadas por la presidenta C. Sheinbaum durante la conferencia matutina el 9 de febrero, en donde señaló: “no hay nada firmado”.

Así mismo, declaró que tiene “muy claro que los recursos naturales no se entregan” y la “soberanía”. Sin embargo, está declaración debe revisarse a la luz de políticas, reformas y proyectos de infraestructura recientes, que más allá del discurso, mantienen intacta la explotación del territorio. El re-etiquetamiento del fracking, ahora llamado “nuevos esquemas de extracción” en “yacimientos de geología compleja”, o llamar a los nuevos parques industriales previstos dentro del Plan México como “Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar”, ola aprobación de una Nueva ley de aguas sin mecanismos para revertir  el poder de sectores que la han acaparado, son ejemplos que nos muestran que la lógica estructural neoliberal sigue vigente, e incluso reforzada, para la entrega y explotación de los bienes naturales y de las personas. 

La afirmación de que “No vamos a iniciar un proceso de apertura de minas”, también merece una comprobación, pues contradice  los discursos y hechos de funcionarios e instituciones relacionadas con el tema minero en este sexenio. A partir del monitoreo que en la REMA realizamos con datos oficiales, como la Gaceta Ecológica de Semarnat, sabemos que en el año 2025 la Semarnat aprobó 16 Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs), de modalidad regional o particular, para trabajos de exploración minera, mientras que sólo negó 3 durante el mismo periodo. Paralelamente, el Secretario de Economía M. Ebrard, ha tenido varias encuentros de negociaciones con empresas afiliadas a la Cámara Minera de México (CAMIMEX) y durante la Convención Internacional de Minería en noviembre del 2025 se comprometió a “reanudar la exploración a mayor escala en México y otras medidas para acelerar los permisos pendientes, así como acortar tiempos y facilitar la inversión”[6]. El propio informe anual del 2025 de la CAMIMEX anuncia, sobre el extractivismo de oro: 4 expansiones de minas y 15 proyectos nuevos (con fecha de apertura entre 2025 y 2029); en materia de plata señala 3 expansiones de minas y 11 proyectos nuevos; con relación al cobre son 2 expansiones y 7 nuevos proyectos. Por lo tanto ¿de qué sirve que la Secretaría de Economía “recupere” 200 concesiones cuando representa el 0.89% de las 22,583 concesiones mineras que siguen vigentes en 2025? Con esto reafirmamos que, a las empresas mineras, les siguen sobrando permisos y apoyos por parte del gobierno mexicano para seguir saqueando nuestros territorios.

En conclusión, reiteramos que los minerales no son ni críticos ni estratégicos. Son insumos para mantener a flote un modelo energético e industrial sumamente desigual. Insumos que alimentan modos de consumo en el norte global que desbordan los límites planetarios, a costa del saqueo de los bienes naturales y de los territorios indígenas en todos lados, aunque especialmente en el sur global. Insumos para una “transición energética” corporativa que no implica ningún cambio de modelo económico, ni de matriz energética, sino que repite las mismas estructuras coloniales y de acumulación de capital. Insumos para la industria del armamento y el desarrollo de nuevas tecnologías militares. En síntesis, insumos para el despojo, la guerra y la explotación de los bienes comunes y de las personas.

Lo crítico de todo esto, no son los minerales, sino la situación hídrica de nuestro país, el aumento de la violencia sistémica vinculada a las redes de macrocriminalidad, que tiene, entre otros, el objetivo de infundir miedo en la población para ejercer control social y territorial en beneficio de diversos intereses empresariales. Lo crítico es el fortalecimiento de discursos y políticas anti derechos y fascistas. Lo crítico son tantos problemas sociales y ambientales que este nuevo acuerdo terminará fomentando.

Para quienes defendemos nuestros territorios, esos minerales críticos no existen por sí solos, son parte de nuestros cerros, subsuelos, ríos, territorios y cosmovisiones. Son parte de la vida de nuestras comunidades que seguiremos defendiendo a través del ejercicio de nuestros derechos de autodeterminación.

Por todo lo anterior, es primordial impedir que México continúe las negociaciones con los Estados Unidos con este Plan de acción sobre los minerales “críticos”, ya que plantea profundizar la dependencia de nuestro país sobre el tirano del norte y avecina consecuencias terribles para los territorios.

[1] Gobierno de México. Plan de Acción Estados Unidos – México sobre minerales críticos, 2026.

[2] Ver sus respectivos acuerdos sobre minerales

[3]  Ver https://rebelion.org/mexico-no-esta-negociando-esta-obedeciendo-acepto-un-lugar-en-la-cocina-no-en-la-mesa/,

https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/mexico-fuerte-en-9-minerales-criticos )

[4] Ver sobre esto, el video con el que Marcelo Ebrard anunció este Plan (5 de febrero de 2026)

[5] Ver https://corporateeurope.org/sites/default/files/en_from-nafta-to-ceta_k2-1_final.pdf

[6] Secretaría de Economía (19 de noviembre del 2025). Inaugura Marcelo Ebrard la XXXVI Convención Internacional de Minería; participan más de 300 empresas y autoridades. https://www.gob.mx/se/prensa/inaugura-marcelo-ebrard-la-xxxvi-convencion-internacional-de-mineria-participan-mas-de-300-empresas-y-autoridades?idiom=es-MX

Imagen: Mina Los Filos, Guerrero. Foto: Adolfo Vladimir

Zacatecas: Organizaciones y comunidades alertan sobre violaciones a derechos humanos y exigen la cancelación del proyecto Presa Milpillas

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Compartimos esta carta de diversas organizaciones sobre la defensa del río Atenco ante el proyecto de represa Milpillas – A 3 de febrero de 2026

A la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos

Al C. David Monreal Ávila Gobernador del Estado de Zacatecas

A los Gobiernos Municipales de Jiménez del Teul y Sombrerete, Zacatecas

Al C. Efraín Morales López Titular de la Comisión Nacional del Agua

Al C. Víctor Suárez Carrera Titular de la Procuraduría Agraria

A los Gobiernos Municipales de Jiménez del Teul y Sombrerete, Zacatecas

Las organizaciones nacionales e internacionales firmantes, todas defensoras de los derechos humanos, manifestamos nuestra profunda preocupación por la continuidad del proyecto de la presa Milpillas en los municipios de Jiménez del Teul y Sombrerete, Zacatecas, el cual ha sido promovido como proyecto prioritario en el Plan Nacional Hídrico 2024–2030.

Este proyecto pretende desviar aproximadamente el 92% del caudal del Río Atenco, lo que implicaría la devastación irreversible del ecosistema, la destrucción de los medios de vida de las comunidades ribereñas y la afectación grave al derecho humano al agua, al territorio, al medio ambiente sano, a la alimentación, a la salud y a la vida digna, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en tratados internacionales ratificados por México.

Los núcleos agrarios de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales han manifestado, durante más de diez años, su rechazo firme, libre e informado al proyecto, ejerciendo legítimamente su derecho a la autonomía, a la libre determinación y a la propiedad social, conforme al Artículo 2º Constitucional, la Ley Agraria, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Tradicionales.

La promoción del proyecto ha estado acompañada por un patrón documentado de hostigamiento, coacción, intimidación y criminalización, que incluye, entre otras prácticas:

  • Condicionamiento de programas sociales, servicios básicos y obras públicas;
  • Intimidación directa a ejidatarias, ejidatarios y defensoras y defensores del territorio;
  • Amenazas, campañas de odio, difamación y estigmatización pública;
  • Despidos injustificados vinculados a la defensa del territorio;
  • Divulgación indebida de datos personales;
  • Hackeo, extorsión digital y vigilancia;
  • Negativa de atención institucional a comunidades agrarias;
  • Provocaciones deliberadas para generar confrontación social;
  • Uso de fuerza policial, hostigamiento y persecución por parte de la Guardia Nacional.

Estas acciones constituyen violaciones graves a los derechos humanos, y podrían configurar responsabilidad administrativa, penal y estatal, además de vulnerar los estándares internacionales de protección a personas defensoras.

Durante más de una década, las comunidades han vivido en un estado permanente de zozobra, miedo e incertidumbre. Niñas, niños y adolescentes presentan afectaciones psicoemocionales, trastornos del sueño y temor por su futuro. Comunidades ribereñas han denunciado restricciones en servicios de salud, incluso en el acceso a vacunas esenciales, así como amenazas de cobro por el uso tradicional del agua del río, lo cual resulta inaceptable y contrario al principio del derecho humano al agua.

Se señala con especial preocupación el actuar de la Procuraduría Agraria en Zacatecas, la cual ha dejado de cumplir su mandato constitucional de defensa de los derechos de los sujetos agrarios, para convertirse en promotora del proyecto, condicionando la atención institucional y vulnerando la autonomía ejidal.

Denunciamos la actuación del C. Francisco Pérez Compeán, cuya conducta ha sido señalada reiteradamente por los ejidos como injerencista, parcial y contraria a los principios de legalidad, imparcialidad y respeto a la libre determinación, sin que hasta ahora exista respuesta efectiva a las quejas presentadas.

Investigadores de la Unidad de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas han demostrado la inviabilidad técnica, científica y económica del proyecto para resolver la crisis hídrica de la región, señalando que el déficit de los acuíferos supera los 262.5 millones de metros cúbicos anuales, mientras que la presa apenas aportaría 41 millones de metros cúbicos, lo que implicaría la necesidad de al menos siete presas adicionales para cubrir la demanda mínima.

Asimismo, han propuesto alternativas sustentables y más eficientes agrupadas bajo el concepto del “Camino Suave del Agua”, que prioriza la eficiencia en el uso del recurso, la restauración ecológica, la justicia hídrica y el bienestar social, con menor costo económico y menor impacto ambiental.

El proyecto, con un costo estimado superior a los 9 mil millones de pesos, representa una decisión financieramente injustificada, ambientalmente destructiva y socialmente regresiva.

Ante la gravedad de los hechos, EXIGIMOS:

  1. La cancelación definitiva e inmediata del proyecto de la presa Milpillas.
  2. La apertura de una investigación administrativa y penal contra el C. Francisco Pérez Compeán, representante de la Procuraduría Agraria en Zacatecas.
  3. La investigación al presidente municipal de Jiménez del Teul, C. Daniel Cisneros Esparza, por la negativa de atención institucional y el condicionamiento de servicios públicos.
  4. La revisión integral del estado de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Mecanismo de Protección y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el fin de garantizar verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

Advertimos que las organizaciones firmantes permanecemos atentas a la escalada de presión y riesgo que enfrentan las comunidades. Centro de Apoyo Solidario Documentación y Estudio AC Responsabilizamos al Estado mexicano, encabezado por la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, de cualquier agresión, acto de violencia o violación a los derechos humanos que ocurra en los territorios o contra las personas defensoras.

Reiteramos que la defensa del agua, del territorio y de la vida no es un delito, sino un derecho legítimo y una obligación ética.

Atentamente

Organizaciones convocantes 

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)

Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas 

Organizaciones, comunidades, colectivos, redes y personas firmante

Aquelarre Zacatecas

Agrupación Un Salto de Vida

Asamblea de la Comunidad Indígena Chontal El Coyul

Asamblea de la Comunidad Indígena de Jalapa del Marqués

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

Asociación Ecológica Santo Tomás, A.C.

Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan A.C

Bcsicletos Colectivo de Ciclismo Urbano

Bienestar Cicacalco

Bios Iguana A.C.

CartoCrítica, A.C.

Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño

Centro de Derechos Humanos – Espacios para la Defensa, el Florecimiento y Apoyo Comunitario (CDH-ESPADAC)

Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental

Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR)

Colectiva Amo Ximayahue Kan Nin Tlen Nechtlakaita (Morelos)

Colectiva Feminista MAPAS

Colectiva ¡Cambiémosla Ya!

Colectiva México Tóxico

Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia Aguascalientes

Colectivo Ciudadanos Desconocidos

Colectivo CoRaMe: Corazones y Raíces Mestizas

Colectivo Justicia para Eugui Roy

Colectivo Reforestación o Extinción

Comité Cerezo México

Comité en Defensa del Territorio de Guadalcázar

Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, Oax

Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A.C.

Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio en contra de la Minería (CRAADET), Gro.

Coordinación Interregional Feminista Rural Comaletzin A.C.

Coordinación de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica (CPUEDEE)

Ejido El Bajío, Sonora

Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza

Foro Oaxaqueño del Agua

Frente de Organizaciones Ciudadanas por la Defensa del Agua de Nuevo León

Frente Popular en Defensa del Soconusco, Chiapas

Fundación Bajío Sahuaro, Sonora

Geocomunes

IDEAS Comunitarias (Oaxaca)

La Antiescuela NL

La Boca Nostra

Maderas del Pueblo del Sureste A.C.

Movimiento Feminista de Zacatecas

NEB No Es Basura

Observatorio del Despojo

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes

Otros Mundos A.C. Chiapas / Amigos de la Tierra México

Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP)

Red de Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas en Zacatecas

Red de Docentes Feministas de la Universidad Autónoma de Zacatecas

Red de Mujeres Artesanas, Cocineras Tradicionales y Productoras del Campo de la Huasteca Potosina

Red de Rebeldía y Resistencia de Zacatecas

Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC)

Rizoma. Entretejiendo la Defensa de los Bienes Comunes

Sangre de mi Sangre Zacatecas

Sistema de Seguridad de Resguardo Territorial Indígena (SERTI), Gro

Tlalij, Yolojtli uan Nemilistlij

Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI)

Universidad a las Calles, Zacatecas

Universidad de la Tierra Puebla

Organizaciones y redes internacionales

Atlas de Justicia Ambiental, Ejatlas.org

Comité para los derechos humanos en América Latina, CDHAL, Canadá

Consejo del Pueblo Maya -CPO- Guatemala 

Miningwatch Canada.

Latin America Solidarity Centre (LASC), Irlanda

Red Nacional en Defensa del Agua, Panamá

Académicas/os

Josefa Sánchez Contreras, Universidad de Granada

Alberto Matarán Ruiz, Universidad de Granada

Joan Martinez Allier, Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)

Periodistas y/o personas defensoras de derechos humanos

J. Alberto C. Guerrero, periodista y defensor de DH

Alejandro Ruíz, periodista y defensor de Derechos Humanos

Monica Montalvo, Antropóloga 

Aideé Tassinari Azcuagua, periodista y defensora de Derechos Humanos

Lic Raquel Garcia M, Guadalupe , NL

Saúl Fuentes Olivares, Defensor de Derechos Humanos

Socorro Chablé. Periodista y Defensora de Derechos Humanos

Jackie Campbell, Defensora de Derechos Humanos

Lidia Rita Bonilla Delgado, periodista defensora de Derechos Humanos

Javier Ramirez de San Salvador Atenco

Ingmar Trujillo Félix, periodista y defensor de Derechos Humanos

Mariana Avila Montejano, Defensora de Derechos Humanos 

Lista completa de integrantes del Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC):  ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales  (PRODESC). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.

Con copia a:

  • Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Dra. María del Rosario Piedra Ibarra
  • Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
  • Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
  • Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos