Radiografía de la calidad del agua en México: un análisis numérico de los resultados de la RENAMECA

Compartimos el siguiente artículo de Agua.org.mx sobre la calidad de agua en México en un estudio del 2025 – A octubre 2026

Redacción: agua.org.mx/Karina Bautista-Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C.

Investigación y análisis: Valeria Tapia – Estudiante de Economía de la Universidad Iberoamericana

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) opera la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua (RENAMECA). Desde 2012, la RENAMECA monitorea de manera sistemática los principales cuerpos de agua del país, midiendo parámetros fisicoquímicos y microbiológicos en más de 5,200 sitios de ríos, presas, lagos, zonas costeras y acuíferos.[2] Sus resultados se traducen en un semáforo de tres colores: verde cuando todos los indicadores cumplen, amarillo cuando fallan indicadores intermedios como coliformes fecales o sólidos suspendidos, y rojo cuando fallan indicadores críticos como la demanda química de oxígeno, la toxicidad aguda o los enterococos fecales.[3]

Este análisis se basa en las cuatro bases de datos más recientes publicadas por la CONAGUA en su portal de indicadores de calidad del agua: los resultados del año 2025 para aguas superficiales (1,043 sitios) y subterráneas (608 sitios), así como los acumulados del periodo 2012-2025 (5,033 sitios superficiales y 2,875 subterráneos).[4] El objetivo es ofrecer una radiografía numérica del estado actual de la calidad del agua en México, identificando los contaminantes más extendidos, los estados más afectados y las diferencias entre el panorama acumulado y el más reciente.

Agua superficial: el panorama en 2025

De los 1,043 sitios superficiales monitoreados en 2025, 507 (48.6%) cayeron en semáforo rojo, lo que significa que incumplieron al menos uno de los indicadores críticos: demanda bioquímica de oxígeno (DBO), demanda química de oxígeno (DQO), toxicidad aguda o enterococos fecales. Solo 171 sitios (16.4%) obtuvieron semáforo verde, y 130 (12.5%) quedaron en amarillo. Los 235 sitios restantes (22.5%) no contaron con datos suficientes para calcular el semáforo.[5]

Figura 1. Semáforo de calidad del agua superficial, 2025. Fuente: elaboración propia con datos de CONAGUA-RENAMECA.

¿Qué hay de más?

El parámetro que presentó mayores niveles en agua superficial es la DQO (demanda química de oxígeno), que mide la carga total de materia orgánica, tanto biodegradable como no biodegradable. El 47.9% de los 1,043 sitios incumplió este indicador, es decir, 500 sitios con niveles de DQO superiores a 40 mg/L, el umbral que la CONAGUA clasifica como “contaminada”.[6] Le siguen los coliformes fecales, presentes en incumplimiento en el 37.0% de los sitios (386 sitios), y la DBO en el 23.6% (246 sitios).

Figura 2. Frecuencia de contaminantes en incumplimiento, agua superficial 2025. Fuente: elaboración propia con datos de CONAGUA-RENAMECA.

¿Qué tan grave es la contaminación por indicador?

Un análisis más detallado por indicador revela la profundidad del problema. De los 762 sitios con medición de DQO, solo el 11.8% calificó como “Excelente” (≤10 mg/L); el 46.3% cayó directamente en “Contaminada” y el 19.3% en “Fuertemente contaminada”.[7] La E. coli muestra el perfil más extremo: de 303 sitios con medición, el 69.0% fue clasificado como “Fuertemente contaminada” (>10,000 NMP/100 mL). En coliformes fecales, de 529 sitios medidos, el 54.8% cayó en esa misma categoría.

Figura 3. Distribución de calidad por indicador, agua superficial 2025. Fuente: elaboración propia con datos de CONAGUA-RENAMECA.

El único indicador con resultados ampliamente positivos es la toxicidad aguda: el 94.7% de los sitios no presentó toxicidad, medida con pruebas de Daphnia magna (48 horas) y Vibrio fischeri (15 minutos).[8]

¿Dónde está peor?

Los estados con mayor proporción de sitios en semáforo rojo son Tlaxcala (94.1% de sus 85 sitios), Guanajuato (86.1% de 79), Aguascalientes (81.2% de 48), Hidalgo (80.3% de 71), Puebla (75.6% de 45) y Jalisco (70.8% de 72). En Hidalgo, ninguno de los 71 sitios monitoreados obtuvo semáforo verde.[9]

Figura 4. Estados con mayor proporción de sitios en semáforo rojo, agua superficial 2025. Fuente: elaboración propia con datos de CONAGUA-RENAMECA.

El patrón geográfico es consistente con lo que la literatura ha documentado: los estados del centro del país, particularmente los que forman parte de la cuenca del Río Lerma-Santiago y la del Alto Atoyac (Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes), concentran la mayor carga de contaminación en aguas superficiales.[10]

Agua subterránea: el panorama en 2025

De los 608 sitios subterráneos monitoreados en 2025, 301 (49.5%) obtuvieron semáforo verde, 28 (4.6%) amarillo y 154 (25.3%) rojo. Los 125 restantes (20.6%) quedaron sin dato suficiente. El panorama subterráneo es mejor que el superficial, pero un cuarto de los pozos con medición completa presentan contaminación grave.[11]

Figura 5. Semáforo de calidad del agua subterránea, 2025. Fuente: elaboración propia con datos de CONAGUA-RENAMECA.

Los fluoruros son el contaminante más frecuente en agua subterránea: 101 de los 608 sitios (16.6%) los reportaron en incumplimiento, es decir, en concentraciones iguales o superiores a 1.5 mg/L, nivel asociado a fluorosis dental y esquelética. Le sigue el arsénico total, con 54 sitios en incumplimiento (8.9%), es decir, con concentraciones superiores a 0.025 mg/L que hacen el agua no apta como fuente de abastecimiento para consumo humano.[12]

Figura 6. Frecuencia de contaminantes en incumplimiento, agua subterránea 2025. Fuente: elaboración propia con datos de CONAGUA-RENAMECA.

Los estados con mayor proporción de sitios subterráneos en rojo son Coahuila (63.9% de 36 sitios), Durango (entre 49.2% y 63.6% dependiendo del organismo de cuenca), San Luis Potosí (59.1% de 44) y Zacatecas (48.9% de 88). En estos estados, la contaminación subterránea se asocia principalmente a la presencia natural de arsénico y fluoruros en la geología de la región, agravada en algunos casos por actividad minera.[13]

Panorama acumulado 2012-2025 vs. año 2025

La base de datos acumulada del periodo 2012-2025 permite comparar la fotografía del año 2025 contra el promedio de una década de monitoreo. En agua superficial, la proporción de sitios en verde cayó de 41.5% (acumulado) a 16.4% (2025), mientras que los rojos subieron de 27.9% a 48.6%. En agua subterránea, el cambio fue inverso: los verdes pasaron de 42.6% a 49.5%, y los rojos bajaron de 35.7% a 25.3%.[14]

Figura 7. Comparativa del semáforo de calidad: histórico 2012-2025 vs. año 2025. Fuente: elaboración propia con datos de CONAGUA-RENAMECA.

Esta diferencia debe leerse con cautela. El acumulado incluye más de 5,000 sitios, mientras que el año 2025 cubre 1,043, y los sitios monitoreados no son siempre los mismos. La CONAGUA ha reconocido que la variabilidad en los resultados no solo refleja cambios reales en la calidad del agua, sino también factores ambientales estacionales, diferencias en la selección de sitios y la capacidad operativa de cada laboratorio regional.[15] Investigaciones académicas sobre los datos de la RENAMECA han documentado, además, que la base presenta valores perdidos en distintos porcentajes por parámetro, debidos a fallas de captura, dificultad de acceso a zonas de muestreo y tiempos de análisis de laboratorio, lo que afecta la comparabilidad entre años y regiones.[16]

Datos clave

  1. De los 1,043 sitios superficiales monitoreados en 2025, 507 (48.6%) están en semáforo rojo: incumplen al menos un indicador crítico de contaminación.
  2. La DQO es el contaminante más extendido en ríos, arroyos, lagos y presas: el 47.9% de los sitios la reportaron en incumplimiento, y solo el 11.8% de los sitios con medición alcanzó calidad “Excelente”.
  3. La contaminación fecal es el segundo problema más grave: el 37.0% de los sitios reportó coliformes fecales en incumplimiento, y el 69.0% de los sitios con medición de E. coli cayó en la categoría de “Fuertemente contaminada”.
  4. Tlaxcala, Guanajuato, Aguascalientes e Hidalgo concentran las peores cifras de calidad superficial, con más del 80% de sus sitios en semáforo rojo.
  5. En agua subterránea, los fluoruros (16.6% de pozos en incumplimiento) y el arsénico (8.9%) son los contaminantes dominantes, concentrados en Coahuila, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas.
  6. El panorama subterráneo es mejor que el superficial: 49.5% de los pozos en verde contra 16.4% de los sitios superficiales.
  7. La comparación entre el acumulado 2012-2025 y el año 2025 sugiere que la calidad del agua superficial empeoró, mientras que la subterránea mejoró, aunque las diferencias pueden deberse en parte a cambios en los sitios monitoreados.

Nace la Red Nacional de Ríos México

Pronunciamiento de la Red Nacional de Ríos México – A 25 de octubre de 2026


25 de Octubre 2026, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

La red hidrográfica nacional enfrenta un proceso de deterioro creciente que se expresa en la dramática disminución de sus caudales, en la fragmentación y represamiento de sus ríos, en la pérdida de calidad y disponibilidad de su agua, en la degradación de ecosistemas acuáticos y ribereños, en la pérdida de biodiversidad y en el incremento de conflictos socioambientales relacionados con el acceso, uso y control del agua y los territorios. Estas afectaciones comprometen funciones ecológicas esenciales de los ríos y repercuten directamente en las condiciones de vida, la salud, las actividades productivas, la identidad cultural y las formas de organización de numerosas comunidades que dependen de ellos.

La situación de los ríos en México y sus consecuencias reflejan bien los desequilibrios de poder históricos que han favorecido la lógica de apropiación y explotación de los bienes colectivos naturales por actores económicos con una elevada capacidad de influencia política, mientras que las consecuencias ambientales, sociales y culturales suelen ser asumidas principalmente por comunidades indígenas, campesinas, ribereñas y grupos urbanos marginalizados, quienes enfrentan algunas de las consecuencias ambientales más graves. Estas dinámicas tienen raíces históricas profundas y se expresan en formas persistentes de exclusión que limitan la capacidad de muchas comunidades para participar en las decisiones relacionadas con el agua, los territorios y los proyectos que los afectan. Asimismo, suelen traducirse en una distribución desigual de los beneficios y costos asociados al aprovechamiento de los bienes colectivos, así como en la desvalorización de conocimientos, prácticas y formas comunitarias de relación con los ríos y los territorios. La persistencia de estas condiciones contribuye a reproducir situaciones de vulnerabilidad ambiental y social en numerosos territorios del país.

Por todo ello, representantes de comunidades de pueblos originarios, redes y organizaciones sociales provenientes de diversos estados del país, nos convocamos entre los días 23 y 26 de octubre de 2026, con el fin de unir fuerzas para la defensa de los ríos en nuestros territorios.

Luchamos para conservar nuestros ríos libres, sanos, vivos; para que sigan fluyendo y continúen dándonos vida;
y para que sean considerados sujetos de derecho, con la participación de las comunidades y de los pueblos.

¡VIVA LA RED NACIONAL DE RÍOS MÉXICO!

Memoria audivisual del Encuentro de Experiencias de Educación Popular

Compartimos la memoria del Encuentro de Experiencias de Educación Popular

Diálogo con Pedro de Carvalho Pontual de Brasil, referente latinoamericano de la Educación Popular
Casa de la Cultura El Carmen San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México

16 de agosto del 2026

Producción: Otros Mundos Chiapas / Amigos de la Tierra México y Educreando A.C.

¡No fue la lluvia, fue la minería! Minera Peñoles contamina el río Súchil en Zacatecas

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre las afectaciones de una mina en Zacatecas – A 22 de octubre 2026

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería denunciamos el derrame de jales de la Minera Sabinas, propiedad de Industrias Peñoles, subsidiaria de Grupo BAL, que contaminó 13.58 kilómetros de cauces en el municipio de Sombrerete, Zacatecas, hasta alcanzar el río Súchil. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) reconoció afectaciones a la vegetación y la fauna, y ordenó la clausura temporal, parcial, del área de depósito de jales (La jornada, 21 de octubre del 2026)

Este hecho no puede ni debe reducirse a un accidente aislado. Es una muestra de los riesgos de un modelo extractivo que concentra las ganancias en grandes corporaciones y traslada los costos ambientales y sociales a las comunidades. La dispersión de residuos mineros hacia los cauces amenaza a los ecosistemas y la salud de la población aledaña, por tal motivo es primoldial determinar con precisión su composición, los posibles riesgos para la salud y el alcance de la contaminación.

De acuerdo con la información difundida por la PROFEPA el 20 de octubre, la dependencia atribuye el derrame a las lluvias registradas en la zona. Sin embargo, está explicación no permite establecer las causas técnicas del derrame ni permite determinar si existen fallas en las instalaciones 

Rechazamos que se utilicen las lluvias como explicación suficiente del desastre. Las precipitaciones son fenómenos naturales, el diseño, mantenimiento, operación y seguridad de las instalaciones de jales corresponden a la empresa minera. Que se hayan registrado lluvias no demuestra que el derrame fuera inevitable ni exime a Peñoles de sus obligaciones. Las causas técnicas deben establecerse en una investigación con evidencia verificable, y no  por suposiciones que anticipan conclusiones y diluyen responsabilidades.

Si bien el derrame se dio a conocer publicamente el 20 de octubre, la PROFEPA había inspeccionado la zona el 8 de octubre, cuando constató la presencia de jales desde las instalaciones mineras hasta la comunidad de Estación de Canutillo. Por ello,exigimos que haga pública el acta de esa inspección, las fechas de los avisos recibidos, los hallazgos, las medidas ordenadas y el seguimiento realizado. 

Es indispensable esclarecer cuándo ocurrió el derrame y cuánto tiempo estuvieron expuestos los cauces. La clausura parcial y las labores de limpieza son apenas medidas iniciales. Retirar los residuos visibles no equivale a restaurar el río ni a descartar efectos persistentes en suelos, agua, flora y fauna. Tampoco es aceptable que la empresa controle por sí sola la información sobre la magnitud del daño. Las comunidades cercanas tienen derecho a conocer los resultados de los estudios y a participar en las decisiones que afectan sus territorios.

Frente a estos hechos exigimos:

1. Investigación independiente y transparencia total. Publicar el acta de inspección del 8 de octubre, los resultados de los muestreos, la composición y el volumen estimado de los jales, las causas del derrame y las actuaciones de las autoridades.

2. Protección inmediata y reparación integral. Mantener las medidas de seguridad necesarias para impedir nuevos derrames, evaluar los riesgos para el agua y la población, aplicar medidas preventivas de salud y garantizar la restauración ambiental.

3. Responsabilidades y sanciones efectivas. Investigar el cumplimiento de las obligaciones ambientales de la Minera Sabinas e Industrias Peñoles, así como las posibles omisiones de PROFEPA y otras autoridades competentes. 

Zacatecas no puede seguir siendo tratado como zona de sacrificio. Las instituciones públicas deben proteger el agua, la salud y los territorios, no subordinar esos derechos a los intereses de las empresas mineras, como vienen haciendo. No aceptamos que las lluvias se conviertan en la coartada, ni que una clausura parcial cierre el debate sobre las responsabilidades.

¡Peñoles debe responder!!

¡Los ríos no son depósitos de jales!

¡Territorios libres de Minería!

Red Mexicana de Afectados y Afectadas por la Minería

Imagen: Presencia de residuos mineros en un cauce afectado por el derrame de jales de Minera Sabinas, Zacatecas. Foto: Revista Proceso (21/10/2026).

Peregrinación del Pueblo creyente por el segundo aniversario del asesinato de Padre Marcelo

Compartimos este pronunciamiento del Pueblo creyente y de la Diócesis de San Cristóbal en conmemoración por el segundo aniversario de la pascua del Padre Marcelo – 20 de octubre de 2026

Imágenes: Diócesis de San Cristóbal

Pronunciamiento del I Encuentro Internacional de Mujeres Indígenas y Campesinas

Compartimos este pronunciamiento del I Encuentro Internacional de Mujeres Indígenas y Campesinas realizado en Acteal durante este mes – 15 de octubre 2026

PRONUNCIAMIENTO
I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MUJERES INDÍGENAS Y CAMPESINAS
En defensa del territorio, la vida y los derechos humanos


Acteal, Chenalhó, Chiapas, México, a 15 de octubre de 2026

Acogidas por las hermanas en resistencia de Acteal, los días 14 y 15 de octubre, mujeres unidas en la defensa del territorio de las naciones originarias, ahora en países denominados El Salvador, Guatemala, Honduras, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Panamá y México, nos juntamos para compartir y analizar el contexto que estamos viviendo, unir nuestras voces y encontrar caminos conjuntos para hacer frente a las problemáticas y amenazas que sufrimos como mujeres y pueblos originarios y campesinos.

Queremos hacer un llamado de atención ante el agravamiento y descomposición de la situación social, política, económica, ambiental, cultural y lingüística que estamos viviendo en nuestra Abya Yala, derivada del cambio climático, los megaproyectos extractivistas, la expansión del crimen organizado y narcotráfico y la proliferación de gobiernos traidores a sus pueblos, con intereses empresariales, corruptos y cómplices de países extranjeros.

Denunciamos especialmente el daño a nuestra Madre Tierra, producto del cambio climático derivado de la explotación extractivista y maltrato de la tierra a través de la minería, la agroindustria y el uso indiscriminado de agroquímicos, el turismo depredador y otros megaproyectos de muerte y despojo. Todo esto ha provocado una enorme devastación ambiental que se refleja en grandes sequías, inundaciones, pérdida de cosechas, contaminación de aire, agua y suelos, con el consiguiente aumento de los desplazamientos forzados, la migración, el hambre y un mayor empobrecimiento y sufrimiento para nuestra gente.

Juntas analizamos que hay un retroceso en las legislaciones a favor de los derechos de las mujeres, de las diversidades y de otras leyes que habían garantizado el ejercicio, si no pleno, sí efectivo de los derechos humanos, así como la protección de nuestras tierras y territorios, declarándolos, incluso, libres de minería. Hoy, no sólo se están derogando las leyes progresistas, sino que se están generando otras dirigidas a restringir derechos, anularlos y proteger, en cambio, los privilegios del gran capital. Actualmente, enfrentamos falsas consultas a pueblos indígenas por parte de gobiernos que de antemano tomaron sus decisiones para instalar presas, minas, supercarreteras, proyectos hoteleros, entre otros, y que demuestran, una vez más, la complicidad que hay entre el poder empresarial, nacional y trasnacional, con la clase política.

La expansión y poder de los grupos transnacionales del crimen organizado, con sus bases locales y regionales, han causado un aumento significativo de los feminicidios y otros crímenes de odio; desplazamientos forzados, asesinatos y desapariciones; despojo de propiedades, tierras, territorios y bienes naturales; reclutamiento de jóvenes, en su mayoría obligados, y también de mujeres y jóvenes con fines de explotación sexual. Todo ello, en soterrada o abierta complicidad con las estructuras del Estado.

La división en nuestras comunidades, la destrucción del tejido social, el debilitamiento de la identidad cultural y de las cosmovisiones de nuestros pueblos, con la pérdida de conocimientos ancestrales que han permitido cuidar la vida durante generaciones, es una expresión más de toda esta situación que hace que hoy estemos mucho más vulnerables que antes.

En este contexto, nuestras vidas como mujeres han quedado atravesadas por múltiples violencias, traducidas en graves afectaciones para nuestra integridad, salud física y emocional, así como la de nuestras hijas e hijos. Nos preocupa en especial que ellos, nuestros hijos e hijas, sean enganchados por las drogas y desperdicien o incluso pierdan sus vidas en adicciones que son muy difíciles de superar.

Adicionalmente, hoy se han intensificado la persecución y criminalización de las y los defensores de la tierra y territorio, de nuestros conocimientos y de las comunidades. Actualmente, defenderlos y resistir es visto desde el poder como una afrenta que merece ser castigada, en muchos casos con la muerte. En este sentido, denunciamos los casos de nuestras compañeras detenidas, encarceladas, despojadas, desplazadas, exiliadas y desparecidas. Recordamos con especial cariño a nuestra querida Berta Cáceres, asesinada en la comunidad de La Esperanza, departamento de Intibucá, Honduras, el 2 de marzo de 2016. En este caso, como en muchos otros, la impunidad prevalece y la justicia no aparece, como es también la situación de las personas asesinadas en Acteal en 1997.

A pesar de esta realidad tan compleja y dolorosa y precisamente por ella, como mujeres no nos detenemos. No estamos esperando soluciones de partidos políticos o de gobiernos que no piensan en nosotras. Porque sabemos que cada vez hay más grupos organizados de mujeres con iniciativas y propuestas que permiten crear otros mundos y alternativas desde y con nuestras comunidades como: la conformación de redes de cooperación, comunicación e intercambio entre nosotras; las cajas de ahorro, los mercaditos comunitarios y otras alternativas de justicia económica, como la soberanía energética; la recuperación de ciclos de producción agrícola orgánica; los espacios de sanación y de autocuidado; la defensa organizada de nuestros sistemas de salud indígenas y comunitarios con las parteras y médicas y médicos tradicionales; las estrategias de comunicación comunitaria y de generación, como mujeres campesinas y de pueblos indígenas, de nuestros propios posicionamientos, mensajes y narrativas.

Desde la comunidad tsotsil de Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, México, centro de lucha y resistencia, hacemos un llamado a otras mujeres para seguir construyendo y fortaleciendo nuestras bases y organización comunitaria; para continuar defendiendo nuestros bienes naturales, tierras y territorios; y para incentivar la formación política de mujeres, hombres y jóvenes.

Queremos hacer llegar un mensaje alto y claro: en este contexto de muerte, destrucción y persecución, cada día somos más mujeres organizadas, más fuertes y más conscientes de nuestro cuerpo-territorio. No nos vamos a cansar ni a desanimar. Hoy tenemos más y mejores herramientas para defendernos. Desde aquí les advertimos que vamos a seguir luchando en toda la región, de norte a sur, de este a oeste, desde nuestra identidad femenina, campesina e indígena. Nos hermanamos con todas aquellas mujeres que, como nosotras, buscan la dignidad y la vida para ellas y para sus pueblos.

Como mujeres seguiremos alzando nuestra voz y seguiremos tomando las calles, movilizándonos, haciendo plantones, marchas, uniéndonos entre países traspasando fronteras.
Porque nuestras luchas no tienen fronteras.

Aprovechamos la oportunidad que hoy nos hermana en esta Tierra Sagrada de las y los Mártires de Acteal para enviar un saludo amoroso y solidario a las mujeres palestinas que resisten heroicamente los actos criminales del ente genocida de Israel.

¡ESTAMOS AQUÍ, ESTAMOS PRESENTES Y ESTAMOS AHORA!
¡AQUÍ VIVIMOS, AQUÍ RESISTIMOS!
¡MUJER, AGUA Y ENERGÍA NO SON MERCANCÍA!
¡MUJERES UNIDAS JAMÁS SERÁN VENCIDAS!

FIRMANTES:
-ABEJAS DE ACTEAL
-RED DE MUJERES TSELTALES Y TSOTSILES
-COMUNIDAD DE SANTA MARTA, EL SALVADOR
-CONSEJO CÍVICO DE ORGANIZACIONES POPULARES E INDÍGENAS DE HONDURAS, COPINH HONDURAS
-MOVIMIENTO RÍOS VIVOS, COSTA RICA
-CONSEJO DEL PUEBLO MAYA CPO GUATEMALA
-RED DE MUJERES TIERRA AGUA Y MAÍZ, GUATEMALA
-FUNDACIÓN ABRIL, BOLIVIA
-COLECTIVA CARTOGRÁFICA DE LOS SURES GLOBALES, MÉXICO
-AGUA Y VIDA: MUJERES, DERECHOS Y AMBIENTE, MÉXICO
-OTROS MUNDOS, MÉXICO
-EL PUENTE, MÉXICO
-ACCIÓN SOCIAL SAMUEL RUIZ ASSR, MÉXICO
-ALIANZA PEDIÁTRICA GLOBAL, MÉXICO
-CODECA, GUATEMALA
-JUN NA’OJ, GUATEMALA
-TIK NA’OJ, GUATEMALA
-RÍOS MAYAS, MÉXICO
-KATAZ, MÉXICO
-COLIBRÍ, PANAMÁ
-FRENTE PETENERO ANTI REPRESAS, GUATEMALA
-RED DE MUJERES DE LA COSTA EN REBELDÍA, MÉXICO
-MOVIMIENTO DE PARTERAS TRADICIONALES DE CHIAPAS NICH IXIM, MÉXICO
-RED DE COMUNICADORAS INDÍGENAS JUN NA’OJ, GUATEMALA

El Escaramujo 147: MÉXICO EN LA COYUNTURA ACTUAL

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

EL ESCARAMUJO No. 147
MÉXICO EN LA COYUNTURA ACTUAL

Ana Vázquez Carpizo
Otros Mundos Chiapas
12 de Octubre 2026, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

Desde 1940, año en el que el Gral. Lázaro Cárdenas dejó la presidencia de la República Mexicana, México no había tenido un gobierno que pudiera considerarse verdaderamente de izquierdas. Si bien desde el Partido Nacional Revolucionario1 la clase política mexicana dominante se decía de izquierda, lo cierto es que a partir de 1940 y a través del partido de Estado, es decir, el Partido Revolucionario Institucional, los gobiernos fueron, en mayor o menor medida, de derechas.

En 2018 se dio un giro radical en las preferencias electorales de las y los mexicanos. Andrés Manuel López Obrador (AMLO), político de izquierda de toda la vida, resultó electo presidente de México y con ello, se instaló un nuevo régimen que, con sus matices e inconsistencias, ciertamente podríamos calificar de izquierda. El triunfo de López Obrador fue tan contundente que el fraude que se fraguaba no pudo implementarse.

La sucesora de AMLO, Claudia Sheinbaum Pardo, logró un número de votos aún mayor que su antecesor y ni siquiera se hizo un intento serio por descalificar su triunfo. Con una trayectoria ligada a la lucha estudiantil y a partidos de izquierda, ha mantenido gran parte de las políticas sociales de López Obrador, con un lenguaje más moderado y menos confrontativo. Su popularidad actual está por encima del 70%, luego de dos años de gobierno. Como la primera mujer en ocupar el cargo, así como su historia de lucha desde las izquierdas y su origen judío, Sheinbaum enfrenta múltiples retos: la violencia que no cede, la difícil relación con los Estados Unidos, el machismo, el anti-judaísmo y, sobre todo, una oposición bastante desdibujada pero extremadamente violenta y tramposa, ligada a los sectores más reaccionarios y corruptos de la sociedad mexicana.

NO perder de vista: AMLO y Sheinbaum son antiliberales pero NO anticapitalistas, con todas las implicaciones que esto conlleva.

En 2027, tendrán lugar las elecciones intermedias, en las que estarán en juego 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas estatales y más de 19,000 cargos a nivel local y municipal. En términos generales, los procesos intermedios suelen tener poca participación y no presentar mayores desafíos. Sin embargo, fungen como un termómetro bastante revelador de lo que será el proceso electoral siguiente, en el que se elige un nuevo titular del Ejecutivo y se renueva el Congreso en su totalidad. Serán el preludio de lo que se viviremos en 2030 y el laboratorio experimental de muchas de las estrategemas que se implementarán para intentar imponer un gobierno ultraderechista dentro de 4 años.

A diferencia de los procesos electorales de 2018 y 2024, en los que, a pesar de los burdos intentos de impedir el triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido de López Obrador y Sheinbaum, se guardaron las mínimas formas de lo que se considera políticamente correcto, es casi un hecho que en 2027 no será así. Lo ocurrido en los últimos años en otros países de América Latina (Honduras, El Salvador, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina), donde es innegable la injerencia del anglosionismo para imponer mandatarios cortados a la medida de los intereses de Israel y los Estados Unidos, marca un parteaguas en la historia de nuestro continente. La forma de operar para manipular elecciones y seguir apoderándose de territorios y recursos, ha roto todos los límites y leyes del derecho internacional. Lo que hace ocho años era inimaginable hacer para ganar una elección, hoy es implementado sin tapujos, haciendo incluso alarde de ello.

México, a pesar de su gran dependencia económica de los Estados Unidos, mantiene márgenes de soberanía e independencia de los que ya no goza la mayor parte de Latinoamérica. Junto con Brasil, representa los dos remanentes de progresismo continental, ante una Cuba valiente y solidaria pero hoy asediada como nunca. Si, como hay amplias probabilidades de que ocurra, la ultraderecha bolsonarista es impuesta en Brasil, México se quedará solo y frente a un futuro próximo plagado de peligros y amenazas.

En 2027 es más que probable y posible poner en marcha en México toda la maquinaria golpista de la ultraderecha que tan buenos dividendos han reportado en nuestra América, preparando el escenario de imposición de un gobierno de ultraderecha para 2030. Claudia Sheinbaum y el país con ella enfrentan un futuro inmediato por demás complicado donde entran en acción otros protagonistas:


Libro: Ejido Carrizalillo; La Ignominia del modelo extractivo minero

Compartimos este libro escrito por Miguel Ángel Mijangos Leal y publicado en 2026 por el Centro Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM)

El relato del ejido de Carrizalillo sirve para mirar desde dentro, en tiempo real y con nombres y apellidos, las secuelas del modelo extractivo minero, la falsa dicotomía encerrada en que sólo a través de la inversión se genera crecimiento económico y ello impulsa el anhelado progreso y desarrollo. En el neoliberalismo la inversión se protege por encima de los derechos humanos, de tal manera que hablar de cuidar el medio ambiente cuando se han entregado concesiones y hablar de minería sostenible escrita en los manifiestos de impacto ambiental es, por decirlo suavemente, un despropósito.

Cine debate: Júba Wajií­n. Resistencia en la montaña de Guerrero – Martes 15 de septiembre 5 pm en Kinoki

En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,

Otros Mundos A.C.

Invita a su cine-debate:

Júba Wajií­n. Resistencia en la montaña de Guerrero

Martes 15 de septiembre de 2026 a las 17.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

ENTRADA LIBRE

Sinopsis: Esta es la historia de Júba Wajiín, una comunidad indígena mé phaá, ubicada en la montaña de Guerrero, México, que siempre han tenido que luchar por mantener su territorio y su identidad. Hace unos años, su historia dio un giro al enterarse que ochenta por ciento de su territorio había sido concesionado a dos empresas mineras transnacionales, sin haberles informado ni consultado. Pero Juba Wajiin decidió dar la batalla.

CRAADET se pronuncia ante la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos

Compartimos este pronunciamiento del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET) a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 27 de agosto de 2026

AL GOBIERNO DE MÉXICO
A LA OPINIÓN PÚBLICA

El pasado 20 de agosto del 2026 en el periódico El Sur de Acapulco leímos con sorpresa que el director general del INPI, el Lic. Adelfo Regino Montes, anda solicitando un voto de confianza a los pueblos originarios https://suracapulco.mx/impreso/1/pide-adelfo-regino-voto-de-confianza-a-consulta-para-crear-la-ley-general-de-pueblos-indigenas/ ante la andanada de críticas recibidas al contenido de la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Hay varios posicionamientos al respecto, de los cuales ratificamos lo siguiente. Con todo respeto para el Lic. Adelfo, le decimos que desde su llegada, no ha cambiado absolutamente nada de la añeja política indigenista implantada en México y lejos quedamos de la esperanza de establecer una nueva relación entre los pueblos originarios y el estado, en donde este, a nombre y siempre con la pretensión de uso de los pueblos sigue abrogándose la forma en la creen debemos vivir y accesar a nuestros derechos; también le decimos que usted ha sido un ferviente promotor de proyectos neoliberales en los cuales ha utilizado su mal llamado derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado para gestar el despojo del territorio a cientos de comunidades, entre ellas, pero no sólo, del sur-sureste de México (parques eólicos, Tren Maya y Transístmico, entre otros) y, por si fuera poco, traicionó la confianza que los pueblos depositamos en usted durante el proceso que derivó el “Los Acuerdos de San Andrés”.

Por otra parte, las y los integrantes del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), de los pueblos originarios Mè’phàà y Na Savi que habitamos las comunidades en las regiones de Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero, queremos manifestar nuestra postura ante la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

1.- El estado mexicano sigue teniendo reservas, prudencia y miedo para que los pueblos originarios logremos tener plenitud en el ejercicio de todos nuestros derechos inherentes en prácticamente dos temas centrales y trascendentales: la libre determinación al que consideramos nuestro derecho matriz, y el Territorio que en sí mismo es un derecho fundamental, porque sin alguno de ellos o sin los dos, el resto de nuestro derechos, que están interconectados, se desvanecen. Para que ello suceda el estado mexicano es timorato y rehúye una y otra vez declare abierta y plenamente que México debe ser un estado PLURINACIONAL y dejar en el pasado los clásicos artilugios nacionalistas de que avanzamos mucho si nos consideramos una nación pluricultural, multiétnica y plurilingüe. Si vamos a hablar de derechos hagámoslo de forma contundente, sin discriminación ni racismos, porque lo planteado en la ley sigue siendo de tipo colonialista en donde nos van “dando” derechos de forma parcial, aunque en los discursos se presuman como grandes logros. Hablemos de la nación Mè’phàà, la nación Na Savi, la nación Afrodescendiente, la nación Náhuatl, la nación Ñomndaa, etc. Sin asimetrías, con igualdad, sin discriminación con derecho propio de facto y no simulado, eso es tan sólo una pequeña parte de lo que significaría plantear la plurinacionalidad, por lo tanto, sin ella, la oferta estatal de la propuesta nos orilla a discutir “demagógica y democráticamente” derechos fragmentados, inelegibles y siempre con la fuerza que puede tener sobre el derecho de un pueblo indígena el “derecho” del bien e interés público que a simple vista, tal como se platea en el artículo 333 de dicha propuesta, sabemos desde hace siglos significa el sacrificio nuestro para el bienestar del resto de la nación.

2.- Nos han hecho creer que la CONSULTA Y EL CONSENTIMIENTO, PREVIO LIBRE E INFORMADO sea un derecho. Nosotros afirmamos que desde la aparición de ese falso derecho tanto en La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha sido utilizado en todo el mundo, incluyendo México, para provocar confusiones al mismo tiempo que genera condiciones para legitimar e incluso legalizar el despojo de los bienes naturales de los pueblos originarios, además de también haber sido útil para imponer zonas de sacrificio muy del agrado de las proyecciones neoliberales que este gobierno dice combatir, pero siempre bajo “la interpretación de un tercero” se ratifica el beneficio supremo del orden público, interés social y la famosa observancia general en todo el territorio nacional. En CRAADET no aceptamos que se nos consulte o se nos pida el consentimiento cuando el estado o un proyecto de la iniciativa privada tenga pretensiones de instalarse en nuestro territorio con elocuentes regalos de progreso y desarrollo para imponer procesos que están orientados para dañar parcial o totalmente alguno o algunos de nuestros derechos. Nos parece que pedir una consulta o un consentimiento a costa de daños de otros derechos acordando pagos de compensación o de restitución de daños es por decir lo menos ofensivo. Cabe señalar un ejemplo concreto del mal uso de la consulta y el consentimiento, es el realizado en el contexto de la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, porque violenta varios principios descritos en el artículo 6to de la misma.

3.- La Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos parece un buen manual para seguir estimulando leyes concurrentes en México. Es decir, el acceso a nuestros derechos colectivos depende de los actos de la federación, del estado y del municipio, por lo tanto, la propuesta no abona a resolver esa eterna problemática de la fragmentación normativa en la que vivimos, a la que se suma el peso del control político de los partidos y las instancias de poder político. Basta señalar un ejemplo muy común; no es lo mismo ser indígena en Oaxaca que en Guerrero, justo porque las condiciones políticas son marcadamente diferentes. Por ejemplo, en el Congreso Estatal de Oaxaca aproximadamente la mitad de las y los legisladores son de algún pueblo originario, lo que incrementa la posibilidad de establecer normas y reglamentos más cercanos a los pueblos, mientras en Guerrero no llegan a más de tres integrantes. Evidentemente si el acceso a derechos colectivos depende de mecanismos democráticos sin igualdad y equidad, los resultados serán diferenciados. La Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos plantea posturas y conceptos, pero no aborda procesos, ni formas, ni reglas, dejando de responsables a “los estados y municipios” en donde las permanentes luchas partidistas datan de una larga experiencia en la cual, no pocas veces, incluso acabamos con actos regresivos de derechos en la constitución estatal.

4.- Es un despropósito que una instancia con tan poca legitimidad como el INPI, sea quien se abrogue el derecho de avalar el ejercicio de los derechos de un pueblo, ni tampoco se trata de crear un ente que con legitimidad haga lo propio. En la misma línea cae el dictamen de improcedencia en casos de consulta y consentimiento, al que se suma también además del INPI, la secretaria de gobernación.

5.- El contenido de la Propuesta está muy lejos de ser un proceso para la construcción de una nueva relación entre los pueblos originarios y el estado mexicano, en donde las históricas asimetrías entre ambos puedan ser superadas.

6.- Nos espanta el desdibujamiento dentro de la propuesta en cuanto al TERRITORIO se refiere, ya que para nosotros es un derecho fundamental e intrínseco a la misma vida y permanencia de nosotras y nosotros como pueblos. Nada se menciona sobre la nueva territorialización encabezada por grupos del crimen organizado que están asumiendo no sólo el control del territorio y los bienes naturales, sino que además se están apropiando de las estructuras de gobernanza que tenemos, de tal manera que, asumir que la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano engrandece nuestra condición de derechos es un falso supuesto.

Cerramos diciendo que no participaremos en legitimar esta Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos porque muestra claramente nuevas vías para instrumentar el despojo de nuestro territorio y los bienes naturales que lo integran, limita nuestra acción para establecer arduos procesos basados en la libre determinación como proceso permanente orientada fortalecer nuestros procesos de autonomía y pretende una clara utilización política de nuestros pueblos para legitimar algo incorrecto. La Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos establece claramente que será el estado quien siga abrogándose la forma en la que pretendan regular nuestros derechos, porque contribuye a sostener la política indigenista lo cual evita la construcción de una nueva relación entre los pueblos originarios y el estado.

Imagen: INPI – Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

Fracking, ni aquí ni allá

Compartimos este comunicado de La Alianza Mexicana Contra el Fracking – A Agosto 2026

  • Dos meses después de lo estipulado, el Comité Científico señala que sí irán por el desarrollo de pozos piloto de fracking en yacimientos no convencionales en estados como Coahuila, Nuevo León y norte de Tamaulipas.
  • Blindar Tampico Misantla no basta: exigimos la prohibición total del fracking en México, también en el noreste del país
  • La prohibición del fracking sigue siendo un compromiso incumplido.

En medio de las crisis de salud y ambiental provocadas por la explosión del pozo de gas Krem-1 y faltando a sus propios compromisos, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció uno de los golpes más duros a la seguridad hídrica del país y a los derechos humanos que debería proteger: la aprobación del fracking, particularmente en el noreste del país, una región donde la escasez de agua ya provoca conflictividad social.

Con la intención de lograr legitimación, la presidenta turnó la decisión a un comité coordinado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), encabezada por la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez. El 15 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó a 17 especialistas con un mandato preciso: analizar la «posible explotación sustentable» del gas no convencional. El encargo revelaba un sesgo de origen: no buscaba responder si México debía prohibir el uso del fracking, sino cómo usarlo con menos culpa. Las organizaciones firmantes reiteramos que, por definición, es imposible hacer de manera “sustentable” la exploración, extracción y quema de combustibles fósiles.

¿Cómo esperan legitimar la opinión de un comité al que no fueron invitados integrantes de las comunidades que serían directamente afectadas, ni personas expertas en epidemiología, derechos humanos y territorios indígenas? Esta omisión no es accidental: el fracking no es un asunto puramente técnico; es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos. Tratarlo solo como ingeniería es ya una forma de manipular el debate.

El Gobierno y su comité insisten en que hay nuevas tecnologías que reducen el impacto ambiental e hídrico: uso de agua salobre, reciclaje de agua, espuma de dióxido de carbono (CO2), sustancias de origen orgánico o biodegradables, entre otras. Sin embargo, estas alternativas aparecen principalmente como experimentos documentados en artículos académicos, no como soluciones utilizadas de manera generalizada en ninguna parte del mundo. No existe evidencia científica sólida que demuestre que estas técnicas eliminan los riesgos estructurales e inherentes del fracking. Por el contrario, científicos nacionales e internacionales han advertido que los riesgos para los acuíferos, las fugas de metano, los sismos inducidos y las afectaciones sociales y ambientales no desaparecen con estas supuestas innovaciones1. A esto hay que sumarle que las actividades de fracking generan emisiones de metano, uno de los gases de efecto invernadero que más calientan el planeta y que, además, toxifica el aire y daña la salud de las personas.

Lo que sí existe son datos que dimensionan la amenaza. De acuerdo con la más reciente investigación de CartoCrítica, el despliegue del fracking en México no sería una actividad puntual ni acotada a unos cuantos pozos. Para recuperar apenas el 10% de los recursos prospectivos se requerirían más de 25 mil pozos y 1,923 millones de metros cúbicos de
agua dulce.

El anuncio tampoco explica cuál será la disposición final de los residuos, no prohíbe su posible descarga en cuerpos dulces o marinos, ni considera que inyectarlos en pozos de disposición tampoco es seguro: las fisuras, fugas y fallas de integridad pueden no solo contaminar acuíferos sino provocar sismicidad inducida. Tampoco garantiza transparentar su ubicación, volumen y composición química. El tratamiento de estas aguas es poco común, significativamente más costoso y económicamente inviable; además, los procesos disponibles no siempre eliminan metales, compuestos disueltos y materiales radiactivos. A estos costos, que suelen ser invisibilizados por la industria, se debe sumar el enorme costo económico y financiero que implicaría el desarrollo de esta técnica mortífera. Se ha propuesto la creación de un fideicomiso con la participación de capitales privados, nacionales e internacionales, o bien, la creación de contratos mixtos con la industria petrolera, contrario al discurso de soberanía energética sostenido por el gobierno y con el que buscan justificar el falso “fracking sustentable”.

El costo social también sería enorme. Más de 6 millones de personas viven dentro de las áreas potenciales de extracción de hidrocarburos no convencionales o en su radio de impacto potencial y estarían en riesgo por exposición directa a contaminantes, vulnerando sus derechos humanos y su salud2.

El noreste de México -donde se ubican regiones que hoy son de interés para el gobierno y capitales para la exploración y posible explotación de gas no convencional- atraviesa ya una profunda crisis hídrica. Alrededor del 40% de la superficie con potencial de hidrocarburos no convencionales presenta actualmente un estrés hídrico alto o extremo, proporción que se proyecta en aumento hacia 2050. Se calcula que el 65% del agua requerida para el fracking se ubica en regiones donde la operación consumiría entre el 50% y el 100% del agua disponible localmente. La conclusión es contundente: 8 de cada 10 litros necesarios para el fracking generarían condiciones de riesgo hídrico grave3.

No se debe ignorar que, desde el anuncio de la conformación de este comité hasta la conferencia de prensa sobre sus recomendaciones, la sociedad, pueblos y comunidades de las regiones amenazadas se han organizado y movilizado para expresar su contundente y total rechazo al fracking.

  • Más de 90 organizaciones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, unidas bajo el frente Noreste Sin Fracking, han dejado clara su postura: en una región donde el agua es escasa, estratégica y cada vez más disputada, ningún gobierno debe
    ponerla al servicio de la industria fósil. Coahuila, y en particular la Región Carbonífera, ha sido durante décadas un territorio de sacrificio para sostener el modelo energético del país. Las comunidades han pagado los costos ambientales, sociales y de salud de esa industria, y hoy dejan en claro que no permitirán que el fracking profundice ese mismo modelo de despojo.
  • En San Luis Potosí, comunidades tenek y nahuas de la Huasteca se han organizado por más de una década y, en una amplia autoconsulta, han manifestado su rechazo unánime al fracking. Su postura es contundente contra todas sus modalidades, incluyendo la nueva versión más contaminante que, contradictoriamente, la presidenta ha calificado de manera engañosa como “fracking sustentable”. En Veracruz, comunidades totonacas, nahuas, nuntajiiyi’ y campesinas rechazan enérgicamente cualquier nuevo proyecto de fracking que continúe la larga historia de contaminación y sacrificio de sus territorios a manos de Pemex y privados que ya han realizado fracking en este estado.

Para las comunidades potencialmente afectadas, ningún empleo temporal ni promesa de inversión y supuesto desarrollo justifica sacrificar el agua, la salud y el futuro de sus territorios. Tampoco es aceptable el argumento falaz de la soberanía energética para
expandir el fracking en México; la primacía de los derechos humanos debe prevalecer sobre cualquier agenda económica o política que los afecte.

Exigimos
● La prohibición constitucional del fracking en todo el territorio nacional, como única garantía de protección a los derechos universales a la salud y un medio ambiente sano.
● La inclusión efectiva e inmediata de las comunidades potencialmente afectadas en cualquier discusión respecto al uso de esta técnica.
● Cumplimiento irrestricto de las obligaciones constitucionales del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y de prevenir, investigar y sancionar sus violaciones en todo el territorio nacional.
● Respeto y garantía a la autonomía y al derecho a la libre determinación de los pueblos, comunidades en su decisión de no permitir fracking en sus territorios.
● La transparencia y rendición de cuentas sobre las acciones de este comité a la SECIHTI y particularmente de su titular, quien ha mostrado una clara intención de apoyar que se realice esta peligrosa técnica en el territorio nacional.

Comunidad científica llama a México a descartar el fracking

Compartimos este comunicado de la Alianza Mexicana contra el Fracking sobre el pronunciamiento de la comunidad científica – A 16 de junio de 2026

Comunidad científica llama a México a descartar el fracking y aplicar el principio precautorio

El pronunciamiento reúne 178 firmas de científicas, científicos y especialistas de México y otros 14 países de América Latina, Europa y Norteamérica.

  • Entre las personas firmantes se encuentran especialistas en salud pública, integrantes de universidades y centros de investigación, participantes en informes del IPCC y exministros de economía, ambiente y ciencia.
  • Dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y al comité encargado de evaluar la fracturación hidráulica en México, el pronunciamiento advierte que los impactos del fracking no son excepcionales ni marginales, sino riesgos recurrentes documentados por la evidencia científica internacional.
  • Señalan que el fracking no debe evaluarse como una técnica de extracción, sino como un sistema completo de intervención territorial con impactos acumulativos sobre el agua, la salud pública, el clima y las comunidades.

Un grupo de 178 científicas, científicos y especialistas de México y otros países hizo público un pronunciamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y al comité encargado de evaluar la fracturación hidráulica en México, en el que llama al Estado mexicano a descartar la expansión del fracking y aplicar el principio precautorio ante riesgos graves, acumulativos o potencialmente irreversibles.

El documento sostiene que la evidencia científica internacional acumulada durante las últimas décadas muestra un patrón consistente: los impactos del fracking no son excepcionales ni marginales, sino riesgos recurrentes asociados a una actividad industrial intensiva, dispersa territorialmente y difícil de supervisar.

Las personas firmantes provienen de universidades, centros de investigación e instituciones públicas de distintos países. Entre ellas se encuentran especialistas en salud, cambio climático, energía, ecología, economía ecológica y justicia ambiental, además de participantes en informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y personas con trayectoria al frente de ministerios e instituciones científicas y ambientales.

Una de las advertencias centrales del pronunciamiento es que el fracking no debe evaluarse únicamente como una técnica de extracción, sino como un sistema completo de intervención territorial por toda la infraestructura implicada.

En México, estos riesgos serían especialmente preocupantes por el estrés hídrico creciente, las sequías recurrentes y los conflictos por el acceso al agua. La fracturación hidráulica implica un alto consumo de agua dulce y genera aguas residuales de difícil manejo, incluidos materiales radioactivos presentes en las formaciones geológicas.

El pronunciamiento también alerta sobre riesgos para la salud pública en poblaciones cercanas a pozos, ductos, estaciones de compresión, plantas de procesamiento o sitios de disposición de residuos: cuadros como afecciones respiratorias, cardiovasculares, reproductivas, perinatales, neurológicas y de salud mental.

Desde una perspectiva climática, el documento señala que expandir el fracking profundizaría la dependencia del gas fósil en México, advierte que el gas extraído mediante fracking implica emisiones significativas de metano, un gas de efecto invernadero de alto poder de calentamiento en el corto plazo.

Finalmente, subrayan los riesgos económicos de apostar por una industria sujeta a precios internacionales volátiles, alta incertidumbre productiva y costos sanitarios y ambientales que suelen trasladarse al Estado, a las comunidades afectadas y a
generaciones futuras.

Por estas razones, las personas firmantes llaman a que México adopte el principio precautorio y avance hacia una prohibición explícita del fracking, como ya lo han hecho diversos países y regiones del mundo. El documento sostiene que la política energética debe orientarse hacia alternativas compatibles con la protección del agua, la salud pública, la justicia ambiental, la reducción de emisiones y los derechos de las comunidades.

El texto completo del pronunciamiento y la lista de personas firmantes pueden consultarse en: https://nofracking.s.gy/cartacientificos