En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,
Otros Mundos A.C.
Invita a su cine-debate:
Júba Wajiín. Resistencia en la montaña de Guerrero
Martes 18 de agosto de 2026 a las 17.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
ENTRADA LIBRE
Sinopsis: Esta es la historia de Júba Wajiín, una comunidad indígena mé phaá, ubicada en la montaña de Guerrero, México, que siempre han tenido que luchar por mantener su territorio y su identidad. Hace unos años, su historia dio un giro al enterarse que ochenta por ciento de su territorio había sido concesionado a dos empresas mineras transnacionales, sin haberles informado ni consultado. Pero Juba Wajiin decidió dar la batalla.
El pasado 20 de agosto del 2026 en el periódico El Sur de Acapulco leímos con sorpresa que el director general del INPI, el Lic. Adelfo Regino Montes, anda solicitando un voto de confianza a los pueblos originarios https://suracapulco.mx/impreso/1/pide-adelfo-regino-voto-de-confianza-a-consulta-para-crear-la-ley-general-de-pueblos-indigenas/ ante la andanada de críticas recibidas al contenido de la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Hay varios posicionamientos al respecto, de los cuales ratificamos lo siguiente. Con todo respeto para el Lic. Adelfo, le decimos que desde su llegada, no ha cambiado absolutamente nada de la añeja política indigenista implantada en México y lejos quedamos de la esperanza de establecer una nueva relación entre los pueblos originarios y el estado, en donde este, a nombre y siempre con la pretensión de uso de los pueblos sigue abrogándose la forma en la creen debemos vivir y accesar a nuestros derechos; también le decimos que usted ha sido un ferviente promotor de proyectos neoliberales en los cuales ha utilizado su mal llamado derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado para gestar el despojo del territorio a cientos de comunidades, entre ellas, pero no sólo, del sur-sureste de México (parques eólicos, Tren Maya y Transístmico, entre otros) y, por si fuera poco, traicionó la confianza que los pueblos depositamos en usted durante el proceso que derivó el “Los Acuerdos de San Andrés”.
Por otra parte, las y los integrantes del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), de los pueblos originarios Mè’phàà y Na Savi que habitamos las comunidades en las regiones de Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero, queremos manifestar nuestra postura ante la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
1.- El estado mexicano sigue teniendo reservas, prudencia y miedo para que los pueblos originarios logremos tener plenitud en el ejercicio de todos nuestros derechos inherentes en prácticamente dos temas centrales y trascendentales: la libre determinación al que consideramos nuestro derecho matriz, y el Territorio que en sí mismo es un derecho fundamental, porque sin alguno de ellos o sin los dos, el resto de nuestro derechos, que están interconectados, se desvanecen. Para que ello suceda el estado mexicano es timorato y rehúye una y otra vez declare abierta y plenamente que México debe ser un estado PLURINACIONAL y dejar en el pasado los clásicos artilugios nacionalistas de que avanzamos mucho si nos consideramos una nación pluricultural, multiétnica y plurilingüe. Si vamos a hablar de derechos hagámoslo de forma contundente, sin discriminación ni racismos, porque lo planteado en la ley sigue siendo de tipo colonialista en donde nos van “dando” derechos de forma parcial, aunque en los discursos se presuman como grandes logros. Hablemos de la nación Mè’phàà, la nación Na Savi, la nación Afrodescendiente, la nación Náhuatl, la nación Ñomndaa, etc. Sin asimetrías, con igualdad, sin discriminación con derecho propio de facto y no simulado, eso es tan sólo una pequeña parte de lo que significaría plantear la plurinacionalidad, por lo tanto, sin ella, la oferta estatal de la propuesta nos orilla a discutir “demagógica y democráticamente” derechos fragmentados, inelegibles y siempre con la fuerza que puede tener sobre el derecho de un pueblo indígena el “derecho” del bien e interés público que a simple vista, tal como se platea en el artículo 333 de dicha propuesta, sabemos desde hace siglos significa el sacrificio nuestro para el bienestar del resto de la nación.
2.- Nos han hecho creer que la CONSULTA Y EL CONSENTIMIENTO, PREVIO LIBRE E INFORMADO sea un derecho. Nosotros afirmamos que desde la aparición de ese falso derecho tanto en La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha sido utilizado en todo el mundo, incluyendo México, para provocar confusiones al mismo tiempo que genera condiciones para legitimar e incluso legalizar el despojo de los bienes naturales de los pueblos originarios, además de también haber sido útil para imponer zonas de sacrificio muy del agrado de las proyecciones neoliberales que este gobierno dice combatir, pero siempre bajo “la interpretación de un tercero” se ratifica el beneficio supremo del orden público, interés social y la famosa observancia general en todo el territorio nacional. En CRAADET no aceptamos que se nos consulte o se nos pida el consentimiento cuando el estado o un proyecto de la iniciativa privada tenga pretensiones de instalarse en nuestro territorio con elocuentes regalos de progreso y desarrollo para imponer procesos que están orientados para dañar parcial o totalmente alguno o algunos de nuestros derechos. Nos parece que pedir una consulta o un consentimiento a costa de daños de otros derechos acordando pagos de compensación o de restitución de daños es por decir lo menos ofensivo. Cabe señalar un ejemplo concreto del mal uso de la consulta y el consentimiento, es el realizado en el contexto de la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, porque violenta varios principios descritos en el artículo 6to de la misma.
3.- La Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos parece un buen manual para seguir estimulando leyes concurrentes en México. Es decir, el acceso a nuestros derechos colectivos depende de los actos de la federación, del estado y del municipio, por lo tanto, la propuesta no abona a resolver esa eterna problemática de la fragmentación normativa en la que vivimos, a la que se suma el peso del control político de los partidos y las instancias de poder político. Basta señalar un ejemplo muy común; no es lo mismo ser indígena en Oaxaca que en Guerrero, justo porque las condiciones políticas son marcadamente diferentes. Por ejemplo, en el Congreso Estatal de Oaxaca aproximadamente la mitad de las y los legisladores son de algún pueblo originario, lo que incrementa la posibilidad de establecer normas y reglamentos más cercanos a los pueblos, mientras en Guerrero no llegan a más de tres integrantes. Evidentemente si el acceso a derechos colectivos depende de mecanismos democráticos sin igualdad y equidad, los resultados serán diferenciados. La Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos plantea posturas y conceptos, pero no aborda procesos, ni formas, ni reglas, dejando de responsables a “los estados y municipios” en donde las permanentes luchas partidistas datan de una larga experiencia en la cual, no pocas veces, incluso acabamos con actos regresivos de derechos en la constitución estatal.
4.- Es un despropósito que una instancia con tan poca legitimidad como el INPI, sea quien se abrogue el derecho de avalar el ejercicio de los derechos de un pueblo, ni tampoco se trata de crear un ente que con legitimidad haga lo propio. En la misma línea cae el dictamen de improcedencia en casos de consulta y consentimiento, al que se suma también además del INPI, la secretaria de gobernación.
5.- El contenido de la Propuesta está muy lejos de ser un proceso para la construcción de una nueva relación entre los pueblos originarios y el estado mexicano, en donde las históricas asimetrías entre ambos puedan ser superadas.
6.- Nos espanta el desdibujamiento dentro de la propuesta en cuanto al TERRITORIO se refiere, ya que para nosotros es un derecho fundamental e intrínseco a la misma vida y permanencia de nosotras y nosotros como pueblos. Nada se menciona sobre la nueva territorialización encabezada por grupos del crimen organizado que están asumiendo no sólo el control del territorio y los bienes naturales, sino que además se están apropiando de las estructuras de gobernanza que tenemos, de tal manera que, asumir que la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano engrandece nuestra condición de derechos es un falso supuesto.
Cerramos diciendo que no participaremos en legitimar esta Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos porque muestra claramente nuevas vías para instrumentar el despojo de nuestro territorio y los bienes naturales que lo integran, limita nuestra acción para establecer arduos procesos basados en la libre determinación como proceso permanente orientada fortalecer nuestros procesos de autonomía y pretende una clara utilización política de nuestros pueblos para legitimar algo incorrecto. La Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos establece claramente que será el estado quien siga abrogándose la forma en la que pretendan regular nuestros derechos, porque contribuye a sostener la política indigenista lo cual evita la construcción de una nueva relación entre los pueblos originarios y el estado.
Imagen: INPI – Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas
Compartimos este comunicado de La Alianza Mexicana Contra el Fracking – A Agosto 2026
Dos meses después de lo estipulado, el Comité Científico señala que sí irán por el desarrollo de pozos piloto de fracking en yacimientos no convencionales en estados como Coahuila, Nuevo León y norte de Tamaulipas.
Blindar Tampico Misantla no basta: exigimos la prohibición total del fracking en México, también en el noreste del país
La prohibición del fracking sigue siendo un compromiso incumplido.
En medio de las crisis de salud y ambiental provocadas por la explosión del pozo de gas Krem-1 y faltando a sus propios compromisos, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció uno de los golpes más duros a la seguridad hídrica del país y a los derechos humanos que debería proteger: la aprobación del fracking, particularmente en el noreste del país, una región donde la escasez de agua ya provoca conflictividad social.
Con la intención de lograr legitimación, la presidenta turnó la decisión a un comité coordinado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), encabezada por la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez. El 15 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó a 17 especialistas con un mandato preciso: analizar la «posible explotación sustentable» del gas no convencional. El encargo revelaba un sesgo de origen: no buscaba responder si México debía prohibir el uso del fracking, sino cómo usarlo con menos culpa. Las organizaciones firmantes reiteramos que, por definición, es imposible hacer de manera “sustentable” la exploración, extracción y quema de combustibles fósiles.
¿Cómo esperan legitimar la opinión de un comité al que no fueron invitados integrantes de las comunidades que serían directamente afectadas, ni personas expertas en epidemiología, derechos humanos y territorios indígenas? Esta omisión no es accidental: el fracking no es un asunto puramente técnico; es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos. Tratarlo solo como ingeniería es ya una forma de manipular el debate.
El Gobierno y su comité insisten en que hay nuevas tecnologías que reducen el impacto ambiental e hídrico: uso de agua salobre, reciclaje de agua, espuma de dióxido de carbono (CO2), sustancias de origen orgánico o biodegradables, entre otras. Sin embargo, estas alternativas aparecen principalmente como experimentos documentados en artículos académicos, no como soluciones utilizadas de manera generalizada en ninguna parte del mundo. No existe evidencia científica sólida que demuestre que estas técnicas eliminan los riesgos estructurales e inherentes del fracking. Por el contrario, científicos nacionales e internacionales han advertido que los riesgos para los acuíferos, las fugas de metano, los sismos inducidos y las afectaciones sociales y ambientales no desaparecen con estas supuestas innovaciones1. A esto hay que sumarle que las actividades de fracking generan emisiones de metano, uno de los gases de efecto invernadero que más calientan el planeta y que, además, toxifica el aire y daña la salud de las personas.
Lo que sí existe son datos que dimensionan la amenaza. De acuerdo con la más reciente investigación de CartoCrítica, el despliegue del fracking en México no sería una actividad puntual ni acotada a unos cuantos pozos. Para recuperar apenas el 10% de los recursos prospectivos se requerirían más de 25 mil pozos y 1,923 millones de metros cúbicos de agua dulce.
El anuncio tampoco explica cuál será la disposición final de los residuos, no prohíbe su posible descarga en cuerpos dulces o marinos, ni considera que inyectarlos en pozos de disposición tampoco es seguro: las fisuras, fugas y fallas de integridad pueden no solo contaminar acuíferos sino provocar sismicidad inducida. Tampoco garantiza transparentar su ubicación, volumen y composición química. El tratamiento de estas aguas es poco común, significativamente más costoso y económicamente inviable; además, los procesos disponibles no siempre eliminan metales, compuestos disueltos y materiales radiactivos. A estos costos, que suelen ser invisibilizados por la industria, se debe sumar el enorme costo económico y financiero que implicaría el desarrollo de esta técnica mortífera. Se ha propuesto la creación de un fideicomiso con la participación de capitales privados, nacionales e internacionales, o bien, la creación de contratos mixtos con la industria petrolera, contrario al discurso de soberanía energética sostenido por el gobierno y con el que buscan justificar el falso “fracking sustentable”.
El costo social también sería enorme. Más de 6 millones de personas viven dentro de las áreas potenciales de extracción de hidrocarburos no convencionales o en su radio de impacto potencial y estarían en riesgo por exposición directa a contaminantes, vulnerando sus derechos humanos y su salud2.
El noreste de México -donde se ubican regiones que hoy son de interés para el gobierno y capitales para la exploración y posible explotación de gas no convencional- atraviesa ya una profunda crisis hídrica. Alrededor del 40% de la superficie con potencial de hidrocarburos no convencionales presenta actualmente un estrés hídrico alto o extremo, proporción que se proyecta en aumento hacia 2050. Se calcula que el 65% del agua requerida para el fracking se ubica en regiones donde la operación consumiría entre el 50% y el 100% del agua disponible localmente. La conclusión es contundente: 8 de cada 10 litros necesarios para el fracking generarían condiciones de riesgo hídrico grave3.
No se debe ignorar que, desde el anuncio de la conformación de este comité hasta la conferencia de prensa sobre sus recomendaciones, la sociedad, pueblos y comunidades de las regiones amenazadas se han organizado y movilizado para expresar su contundente y total rechazo al fracking.
Más de 90 organizaciones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, unidas bajo el frente Noreste Sin Fracking, han dejado clara su postura: en una región donde el agua es escasa, estratégica y cada vez más disputada, ningún gobierno debe ponerla al servicio de la industria fósil. Coahuila, y en particular la Región Carbonífera, ha sido durante décadas un territorio de sacrificio para sostener el modelo energético del país. Las comunidades han pagado los costos ambientales, sociales y de salud de esa industria, y hoy dejan en claro que no permitirán que el fracking profundice ese mismo modelo de despojo.
En San Luis Potosí, comunidades tenek y nahuas de la Huasteca se han organizado por más de una década y, en una amplia autoconsulta, han manifestado su rechazo unánime al fracking. Su postura es contundente contra todas sus modalidades, incluyendo la nueva versión más contaminante que, contradictoriamente, la presidenta ha calificado de manera engañosa como “fracking sustentable”. En Veracruz, comunidades totonacas, nahuas, nuntajiiyi’ y campesinas rechazan enérgicamente cualquier nuevo proyecto de fracking que continúe la larga historia de contaminación y sacrificio de sus territorios a manos de Pemex y privados que ya han realizado fracking en este estado.
Para las comunidades potencialmente afectadas, ningún empleo temporal ni promesa de inversión y supuesto desarrollo justifica sacrificar el agua, la salud y el futuro de sus territorios. Tampoco es aceptable el argumento falaz de la soberanía energética para expandir el fracking en México; la primacía de los derechos humanos debe prevalecer sobre cualquier agenda económica o política que los afecte.
Exigimos ● La prohibición constitucional del fracking en todo el territorio nacional, como única garantía de protección a los derechos universales a la salud y un medio ambiente sano. ● La inclusión efectiva e inmediata de las comunidades potencialmente afectadas en cualquier discusión respecto al uso de esta técnica. ● Cumplimiento irrestricto de las obligaciones constitucionales del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y de prevenir, investigar y sancionar sus violaciones en todo el territorio nacional. ● Respeto y garantía a la autonomía y al derecho a la libre determinación de los pueblos, comunidades en su decisión de no permitir fracking en sus territorios. ● La transparencia y rendición de cuentas sobre las acciones de este comité a la SECIHTI y particularmente de su titular, quien ha mostrado una clara intención de apoyar que se realice esta peligrosa técnica en el territorio nacional.
Compartimos este comunicado de la Alianza Mexicana contra el Fracking sobre el pronunciamiento de la comunidad científica – A 16 de junio de 2026
Comunidad científica llama a México a descartar el fracking y aplicar el principio precautorio
El pronunciamiento reúne 178 firmas de científicas, científicos y especialistas de México y otros 14 países de América Latina, Europa y Norteamérica.
Entre las personas firmantes se encuentran especialistas en salud pública, integrantes de universidades y centros de investigación, participantes en informes del IPCC y exministros de economía, ambiente y ciencia.
Dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y al comité encargado de evaluar la fracturación hidráulica en México, el pronunciamiento advierte que los impactos del fracking no son excepcionales ni marginales, sino riesgos recurrentes documentados por la evidencia científica internacional.
Señalan que el fracking no debe evaluarse como una técnica de extracción, sino como un sistema completo de intervención territorial con impactos acumulativos sobre el agua, la salud pública, el clima y las comunidades.
Un grupo de 178 científicas, científicos y especialistas de México y otros países hizo público un pronunciamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y al comité encargado de evaluar la fracturación hidráulica en México, en el que llama al Estado mexicano a descartar la expansión del fracking y aplicar el principio precautorio ante riesgos graves, acumulativos o potencialmente irreversibles.
El documento sostiene que la evidencia científica internacional acumulada durante las últimas décadas muestra un patrón consistente: los impactos del fracking no son excepcionales ni marginales, sino riesgos recurrentes asociados a una actividad industrial intensiva, dispersa territorialmente y difícil de supervisar.
Las personas firmantes provienen de universidades, centros de investigación e instituciones públicas de distintos países. Entre ellas se encuentran especialistas en salud, cambio climático, energía, ecología, economía ecológica y justicia ambiental, además de participantes en informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y personas con trayectoria al frente de ministerios e instituciones científicas y ambientales.
Una de las advertencias centrales del pronunciamiento es que el fracking no debe evaluarse únicamente como una técnica de extracción, sino como un sistema completo de intervención territorial por toda la infraestructura implicada.
En México, estos riesgos serían especialmente preocupantes por el estrés hídrico creciente, las sequías recurrentes y los conflictos por el acceso al agua. La fracturación hidráulica implica un alto consumo de agua dulce y genera aguas residuales de difícil manejo, incluidos materiales radioactivos presentes en las formaciones geológicas.
El pronunciamiento también alerta sobre riesgos para la salud pública en poblaciones cercanas a pozos, ductos, estaciones de compresión, plantas de procesamiento o sitios de disposición de residuos: cuadros como afecciones respiratorias, cardiovasculares, reproductivas, perinatales, neurológicas y de salud mental.
Desde una perspectiva climática, el documento señala que expandir el fracking profundizaría la dependencia del gas fósil en México, advierte que el gas extraído mediante fracking implica emisiones significativas de metano, un gas de efecto invernadero de alto poder de calentamiento en el corto plazo.
Finalmente, subrayan los riesgos económicos de apostar por una industria sujeta a precios internacionales volátiles, alta incertidumbre productiva y costos sanitarios y ambientales que suelen trasladarse al Estado, a las comunidades afectadas y a generaciones futuras.
Por estas razones, las personas firmantes llaman a que México adopte el principio precautorio y avance hacia una prohibición explícita del fracking, como ya lo han hecho diversos países y regiones del mundo. El documento sostiene que la política energética debe orientarse hacia alternativas compatibles con la protección del agua, la salud pública, la justicia ambiental, la reducción de emisiones y los derechos de las comunidades.
El auge global de la minería metálica es hoy una cuestión de época, un fenómeno ineludible a la hora de entender y plantear cualquier proceso de transición ecosocial. Las presiones corporativas y las expectativas creadas empujan a los países del Sur Global (aunque también a los del Norte) a ampliar la frontera extractiva, ampliando el radio de acción de un sector muy cuestionado: la minería ha supuesto históricamente el tipo de megaproyectos más nocivo y generador de grandes desastres ecológicos, criminalización, violencia, autoritarismo, división social y devastación económica a medio y largo plazo.
Los pueblos de América Latina bien lo saben. La historia extractivista se remonta a tiempos de la colonia española y no ha cejado desde entonces. Ahora, dadas sus relevantes reservas de ciertos rubros en disputa (litio, cobre, níquel, oro, plata, entre otros), retoma vigor económico y geopolítico: para las élites, una oportunidad de negocio; para algunas miradas progresistas, una vía para el escalamiento y la industrialización; para muchas comunidades y organizaciones sociales, una nueva ofensiva corporativa sobre los territorios, en los que llueve sobre mojado. Para todas y todos, sin excepción, un ámbito de enconamiento del conflicto social.
El objetivo de la presente publicación es servir de herramienta popular de análisis crítico de este fenómeno en ciernes. Realizado junto a múltiples movimientos sociales, pretende ofrecer una radiografía del avance de la minería metálica en América Latina. En este sentido, posiciona el marco global de avance del sector, su evolución en el continente, las dinámicas y actores protagonistas de la contienda política, y ofrece una sistematización final de claves de resistencia y alternativa frente al poder corporativo.
AUTORÍA: Gorka Martija Rodrigo y Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate (OMAL-Paz con Dignidad) como coordinadores del texto. Por su parte, han protagonizado la elaboración de los estudios-país la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), Luca Ferrari, Guadalupe García (Observatorio de Industrias Extractivas OIE), Marcos Sebastián (OMAL-Paz con Dignidad), Pedro Cabezas (Alianza Centroamericana Frente a la Minería ACAFREMIN), Julia Cuadros (CooperAcción), Lucio Cuenca (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA), Pía Marchegiani (Fundación Ambiente y Recursos Naturales FARN).
Compartimos este pronunciamiento de las y los Agentes de Animación y Coordinación Pastoral de la Zona Sur de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas – A 26 de mayo
A LA DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO A LAS PERSONAS DE BUENA VOLUNTAD A LOS AGENTES DE ANIMACIÓN Y COORDINACIÓN PASTORAL Y A TODA LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, SOYATITAN.
“Bienaventurados los que luchan por la paz y la justicia” (Mt 5,9)
Nuestra Diócesis siempre ha alzado la voz, denunciando las injusticias que provoca este sistema de muerte. Ante el hallazgo de una fosa clandestina con restos humanos calcinados, en el rancho El Cedro, cercano a la población de Pujiltic, el 23 de mayo del 2026, nos preocupa toda esta realidad, y nos pronunciamos solidariamente en defensa y valoración de la dignidad y de la vida de toda persona humana. “El dolor de una víctima debe ser el dolor de todos” (Acuerdo ciudadano por la paz en México).
Nos unimos al dolor que viven las Madres Buscadoras y las familias de las víctimas, a la impotencia y también al grito de paz, pero sobre todo al clamor de justicia; ¡no más muerte! en ningún Estado, en ninguno de nuestros pueblos, familias y en ninguna parte del mundo. Recordamos el mandamiento dado por el Dios de la vida “No mataras”, Ex, 20, 13. Y la palabra de Dios Padre que pregunta al asesino: ¿Dónde está tu hermano? Gen, 4,8,” resuenan hoy en el corazón de nuestro pueblo.
También nos unimos a la palabra de solidaridad, expresada por la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, Soyatitan. Porque “Cuando la dignidad de los hermanos se ve desfigurada, cuando la política no responde a los dramas de la humanidad, cuando la economía se vuelve contra la persona o la ciencia traspasa los límites de su método, la Iglesia —junto con las demás confesiones cristianas y los creyentes de otras religiones— debe hacer oír su voz no para dominar, sino para servir a la comunión”. (Magnifica humanitas, 29).
Nos preguntamos ¿dónde está el ejercicio de la justicia que compete al estado, a las autoridades de los tres niveles de gobierno? Ya que este, es uno más, de los hallazgos, que han habido en el país, y no hemos visto que se haya hecho justicia ante estas realidades que ha provocado el sistema de muerte.
Recordando las palabras de uno de los mártires por la paz de nuestra Diócesis: “Lo que busco es la paz para el pueblo, y la paz es más grande que la muerte…” (P. Marcelo Pérez Pérez). Pedimos al Dios uno y Trino que nos libre del mal y a la virgen de Guadalupe que interceda por sus hijas e hijos, para que seamos artesanos incansables de la paz con justicia y dignidad.
SORO-FRATERNALMENTE LAS Y LOS AGENTES DE ANIMACIÓN Y COORDINACIÓN PASTORAL DEL LA ZONA SUR
A Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento a las y los Consejeros y Comandantes de la Seguridad de Resguardo Territorial Indígena (SERTI), al cumplirse tres años de su primer periodo de trabajo, reafirmado el pasado 30 de abril de 2026.
Reconocemos de manera particular a quienes integraron el Consejo en este periodo: Humberto Ambrosio Santana, Félix Galeana Neri, Juan Díaz García, Esther Mendoza Bernardino y Vicencia Espindo Cantú, quienes asumieron con responsabilidad esta tarea colectiva al servicio de sus pueblos.
El SERTI, como parte del proceso organizativo del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), surge de un largo camino de organización comunitaria en la Montaña y Costa Chica de Guerrero, impulsado por los pueblos Me’phaa y Ñuu savi frente a la amenaza de la minería, el despojo territorial y la violencia creciente en la región. Su creación responde a la necesidad de fortalecer la defensa del territorio, la seguridad comunitaria y el ejercicio de justicia desde los propios pueblos, ante la omisión e incapacidad de las instituciones del Estado.
En ese contexto, el SERTI se conforma también como una respuesta directa al avance del crimen organizado, a la descomposición de las condiciones de seguridad y a la presión constante de intereses externos sobre los territorios. A lo largo de estos tres años, se ha consolidado como un sistema comunitario que articula la seguridad, la justicia y el resguardo territorial desde la organización de los pueblos.
Asimismo, desde la REMA extendemos una felicitación al CRAADET por la renovación de su estructura central, realizada el 14 de abril de 2026 en la comunidad de Tierra Colorada, municipio de Santa Cruz del Rincón, Guerrero, en el marco de su Foro Informativo número 68. Saludamos el nombramiento de la compañera Ruperta Nicolás Hilario como presidenta, una decisión tomada de manera colectiva por los pueblos me’phaa y ñuu savi de la Montaña y Costa Chica.
Ambos procesos han consolidado formas propias de ejercer justicia en el marco de los derechos que les corresponden como pueblos originarios. Frente a la omisión, fragmentación o imposición de sistemas externos, el SERTI y el CRAADET han sostenido prácticas de regulación, cuidado y defensa del territorio que hacen valer los derechos agrarios, resguardan la tierra como base de la vida comunitaria y enfrentan las amenazas de despojo. Estas formas, reconocidas y legítimas, reafirman el derecho de los pueblos a la autonomía y a la libre determinación. En este sentido, desde la REMA consideramos fundamental y acompañamos su llamado a la coordinación institucional para fortalecer el ejercicio pleno de estos derechos, reconociendo al SERTI como un sistema comunitario que debe ser respetado, articulado y garantizado en su operación.
Reconocemos especialmente el carácter histórico del reciente nombramiento en el CRAADET: por primera vez una mujer asume la presidencia, lo que representa un paso importante en el fortalecimiento organizativo y en el reconocimiento del papel central de las mujeres en la defensa de la tierra y el territorio.
Desde REMA Mujeres y desde toda la REMA enviamos un saludo fraterno y un reconocimiento a la compañera Ruperta. Su nombramiento fortalece una lucha que ha sido sostenida por las mujeres desde hace años y abre camino para que más compañeras continúen participando y decidiendo sobre el rumbo de sus territorios.
Para la REMA es un orgullo que CRAADET y el SERTI formen parte de esta red. Su trabajo es referente y ejemplo para las luchas en defensa del territorio en todo el país.
Reiteramos nuestro respeto, admiración y compromiso de seguir caminando conjuntamente en la defensa de la vida, los territorios y la libre determinación de los pueblos.
Comité sobre fracking: ¿deliberación seria o simulación?
Ciudad de México, 13 de abril de 2026
● Un comité cerrado, tecnocrático y sin posibilidad real de concluir que el Estado mexicano debe prohibir el fracking, sería una simulación para legitimar una decisión ya tomada. ● La discusión no puede reducirse a cómo extraer más gas ni a qué tecnología usar para hacerlo. ● El fracking no es un asunto meramente técnico, es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos. ● No se trata de buscar nuevas coartadas técnicas para prolongar la dependencia fósil de México, sino de asumir decisiones para dejar atrás los combustibles fósiles. ● Si el gobierno pretende presentar este comité como un espacio serio de investigación, análisis y deliberación, en esa mesa también deben pesar el principio precautorio y los antecedentes internacionales de prohibiciones y moratorias del fracking, no solo las promesas tecnológicas de la industria y del sector energético.
Tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir la puerta al gas no convencional,y conformar un comité “técnico-científico” para evaluar el uso de fracking, la discusión pública no puede quedar atrapada en los términos que el propio gobierno pretende imponer. El problema no es solamente quién integrará ese comité. El problema de fondo es si el gobierno busca realmente deliberar sobre el futuro energético del país o si solo pretende vestir de ciencia una decisión fósil ya encaminada.
El gobierno ha intentado presentar esta ruta como una discusión técnica sobre soberanía energética, producción de gas y nuevas tecnologías. Ese encuadre es inaceptable. El fracking no es un asunto meramente técnico, es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos. Afecta agua, salud, alimentación, comunidades, trabajadores, ecosistemas, formas de vida y viola obligaciones internacionales y constitucionales irrenunciables del Estado mexicano de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y también de prevenir sus violaciones. Presentarlo como una discusión de especialistas, aislada de sus consecuencias sociales y ambientales, es una forma de despolitizar una decisión que jamás ha sido neutral.
Tampoco puede asumirse sin discusión la premisa de que México necesita más gas y que, a partir de ahí, solo queda decidir cómo producirlo. Esa premisa debe ser cuestionada. Convertir la dependencia actual en una apuesta por más extracción fósil, más infraestructura gasífera y más sacrificio territorial no es soberanía energética. Es profundizar el mismo modelo fósil que ha contaminado territorios, comprometido fuentes de agua, impuesto riesgos a comunidades enteras y retrasado una transición energética real y justa. No se trata de buscar nuevas coartadas técnicas para prolongar la dependencia fósil de México, sino de asumir decisiones para dejarla atrás; volver a poner sobre la mesa el fracking contradice abiertamente el compromiso de no permitir esta técnica en el país.
La Alianza Mexicana Contra el Fracking reitera su postura: el fracking debe prohibirse, no regularse o gestionarse. No hay “fracking sustentable”, ni “fracking responsable”, ni maquillaje tecnológico que borre dos décadas de evidencia científica sobre sus impactos ambientales, sociales y sanitarios.1 Lo que México necesita no es una nueva vía para profundizar su dependencia a los combustibles fósiles, sino una ruta para salir de ella.
Si el gobierno insiste en anunciar un comité el próximo miércoles, ese comité sólo podría tener credibilidad pública si cumple condiciones elementales que distingan una deliberación real de una simulación.
● Primero, su mandato no puede estar sesgado de origen. Si el comité nace para buscar cómo explotar gas no convencional “mejor”, “con menos agua” o “con nuevas tecnologías”, entonces no estará evaluando si México debe o no abrir esta ruta, sino refinando la forma de implementarla. Esa sería una simulación desde el diseño. ● Segundo, el comité debe tener la posibilidad real de concluir públicamente que el Estado mexicano debe prohibir el fracking. Si esa conclusión no es posible desde el inicio, entonces no se tratará de un espacio de evaluación, sino de un mecanismo para legitimar una decisión ya tomada. ● Tercero, la integración, los criterios de selección, la metodología, los documentos de trabajo, los conflictos de interés, los insumos y las deliberaciones del comité deben ser públicos. Si el gobierno habla de apertura a la sociedad, debe demostrarlo con total transparencia, no con opacidad ni designaciones discrecionales. ● Cuarto, no puede tratarse de un grupo de élite científica con visión tecnocrática. El fracking no afecta solamente indicadores energéticos o balances de producción. Afecta territorios y pueblos concretos, convirtiéndolos en zonas de sacrificio para sostener el modelo fósil. Por ello, y haciendo eco de la Opinión Consultiva 32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe incluir al conocimiento indígena como parte de la mejor ciencia disponible. Además, cualquier exclusión de comunidades potencialmente afectadas, de voces independientes en salud pública, clima, agua, derechos humanos y defensa territorial, confirmaría que no se busca escuchar a la sociedad, sino neutralizarla. ● Quinto, si el gobierno pretende presentar este comité como un espacio serio de deliberación, en esa mesa también deben pesar los principios precautorio, pro aqua, interculturalidad, así como considerar los antecedentes internacionales de moratoria y prohibición del fracking, no solo las promesas tecnológicas de la industria y del sector energético. Un comité que nazca para discutir cómo habilitar el fracking, pero no para considerar seriamente su prohibición, estaría viciado desde el origen.
Estas condiciones no implican reconocer el comité como una vía legítima para normalizar o regular el fracking. Sirven, precisamente, para exhibir si el gobierno pretende abrir una deliberación real o montar una simulación para legitimarlo.
La prueba del miércoles será simple. Si el gobierno presenta un comité cerrado, opaco, tecnocrático, sin independencia y sin posibilidad real de recomendar la prohibición del fracking en México, no estará abriendo una deliberación pública sería. Estará montando una simulación para legitimar una decisión ya tomada.
La diferencia será clara: un comité con posibilidad real de recomendar la prohibición del fracking en México, o una simulación diseñada para legitimar un giro político que contradice el compromiso de la 4T de no permitir el fracking en el país.
¡No al fracking, ni aquí ni allá, ni hoy ni nunca!
Contacto de prensa: Manuel Llano: 55 4388 4067 Alejandra Jiménez: 784117 6209
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por defender el Río Atenco en Zacatecas – A 6 de abril del 2026
El pasado 03 de marzo del presente, la Secretaría de Finanzas del estado de Zacatecas, actual promovente del proyecto de la Presa Milpillas, entregó información adicional con respecto a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que fue solicitada por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT. Asimismo, la SEMARNAT anunció la etapa de consulta pública del proyecto, que está vigente desde el 25 de marzo y hasta el próximo 23 de abril, de acuerdo con la Gaceta Ecológica (Publicación No. DGIRA/0014/26). Con base en la revisión de la actualización de la MIA, el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, reafirma la inviabilidad, contradicciones y posibles afectaciones socioecológicas del proyecto, que persisten y que compartimos a través de este comunicado.
Es importante aclarar que esta consulta pública es la apertura del expediente del proyecto al público interesado para hacer las observaciones y referencias pertinentes sobre el mismo, tal y como lo señalan la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 34, así como en los artículos 4, 40 y 41 de su Reglamento; normativa que, dicho sea de paso, en ningún momento define como facultad de la SEMARNAT realizar encuestas, consultas ciudadanas u otros procesos electivos en cualquiera de sus modalidades: votación con urnas, nominales, a mano alzada o algún otro método.
De acuerdo con los datos actualizados de la MIA, el escurrimiento promedio anual del río Atenco (o Milpillas, como lo llaman los funcionarios del gobierno), no es suficiente para operar la presa. En el mejor de los casos, sólo permitiría que ésta operara a aproximadamente la mitad de su capacidad, con lo cual no se alcanzaría a cubrir el déficit de los acuíferos de la región centro del estado, ni siquiera la demanda actual de agua en la Zona Conurbada de Zacatecas y Guadalupe (ZCZG). Esto quiere decir que a pesar de que la MIA fue modificada por el promovente, el proyecto no se sostiene técnicamente, y las afectaciones sociales, ecológicas y culturales podrían profundizarse en los territorios afectados.
Los datos son los siguientes:
En la información adicional solicitada, se reitera, al igual que en las MIAs anteriores, que la presa está diseñada para desviar 1,300 l/s del embalse a la región centro de Zacatecas, lo que equivale a 41 Mm³/año.
En la sección “Cálculo del volumen de escurrimiento medio anual (CP)”, se explica el método mediante el cual se estima el escurrimiento medio anual del río Milpillas, llegando a una cifra de 28.405 Mm³/año. Por escurrimiento medio anual se entiende el flujo o caudal promedio del río en los 365 días del año, calculado a partir de determinado número de registros diarios por varios años.
Posteriormente, se afirma que el escurrimiento promedio anual del río Milpillas es de 32.274 Mm³/año, cifra que se da sin presentar el método que la sustente, lo cual contradice la anterior (28.405 Mm³/año), imposibilitando así el traslado de 41 Mm3/año.
A partir de esta cifra sin sustento, se asigna un caudal ecológico de 11.545 Mm³/año. El caudal ecológico se refiere al flujo de agua necesaria para sostener los ecosistemas río abajo de la cortina. A propósito de esto, un caudal ecológico de 11.545 Mm3/año no es necesariamente suficiente para sostener las poblaciones humanas y sistemas de producción agrícola de escala pequeña río abajo de donde se pretende construir la presa Milpillas. La MIA todavía no incluye un estudio serio al respecto.
Con base en los datos señalados, se puede afirmar que, aun considerando la cifra más alta —y no justificada— de 32.274 Mm³/año, no hay suficiente agua para operar la presa Milpillas según su diseño. Si además se respeta el caudal ecológico propuesto (11.545 Mm³/año), entonces el volumen disponible de agua que se prevé desviar sería de aproximadamente 20.729 Mm³/año, lo que implicaría operar la presa a cerca de la mitad de su capacidad.
En este sentido, los mismos datos de la MIA actualizada por el promovente confirman que los 20.729 Mm³/año de agua que podría desviar la presa Milpillas —y esto es en el mejor de los escenarios— no podrían revertir la sobreexplotación de los acuíferos en la región centro del estado, pues se necesitarían alrededor de 13 presas como Milpillas para cubrir el déficit conjunto de 262.5 Mm3/año. Asimismo, dicha cantidad sería insuficiente para satisfacer la demanda de agua en la ZCZG, la cual se estima en 27.4 Mm3/año según datos de JIAPAZ, y mucho menos si se incluye a Fresnillo y otros centros urbanos.
Estos datos que se desprenden de la apertura de la MIA para su análisis y observaciones permiten confirmar que el proyecto de la presa Milpillas no representa una solución a la escasez de agua de la ZCZG, ni tampoco permitirá aliviar a largo plazo el estrés hídrico que padecen los mantos acuíferos sobreexplotados por Grupo Modelo, las minas y los grandes productores del sector agroindustrial. Para esto, basta un ejemplo: los 20.729 Mm³/año de agua que podría desviar la presa es una cantidad menor a la de los casi 35 Mm3/año, concesionada sólo a Peñasquito.
Con todo, la información adicional incluida en la versión más reciente demuestra, nuevamente, que este proyecto, concebido hace más de diez años, obedece a una lógica neoliberal, puesto que, lejos de contribuir significativamente a superar la crisis hídrica multidimensional en la región centro de Zacatecas, sólo serviría como vehículo para el enriquecimiento de compañías transnacionales constructoras de presas, para proteger los intereses de los grandes acaparadores de agua en la región y para brindar a los administradores del proyecto la oportunidad de desviar recursos públicos. Todo ello a través del despojo del líquido vital de uno de los municipios más pobres del estado.
En lugar de buscar traer agua de territorios cada vez más lejanos, por medio de infraestructura hídrica inviable, con altos cargos al erario público y graves impactos socioambientales, una forma más razonable de satisfacer las demandas de agua de la ZCZG, así como de cubrir el déficit de agua de los acuíferos sobreexplotados, sería limitar y reducir la demanda de ciertos grandes consumidores del sector industrial en la zona. Por ejemplo, existen 12 proyectos mineros en etapa de exploración en los cinco acuíferos sobreexplotados correspondientes a la ZCZG (Aguanaval, Benito Juárez, Calera, Chupaderos y Guadalupe-Bañuelos), y tan sólo en los tres primeros meses del año 2026 se ha presentado ante la SEMARNAT informes preventivos y MIA regional para tres de ellos en el municipio de Fresnillo (Proyecto de exploración San Albino, Depósito de Jales Fatima Sur y Proyecto de exploración minera El Tule).
Por tales motivos, los ejidos y comunidades de Jiménez del Teul y Sombrerete no estamos dispuestos a ser territorios de sacrificio para un proyecto que significa la destrucción de nuestra vida comunitaria y de la biodiversidad. Exigimos que se respete la autonomía y la decisión de las asambleas ejidales, y se cancele definitivamente el proyecto de la presa que, a todas luces y por más que lo maquillen, es inviable en términos técnicos, sociales y ecológicos; y demandamos al gobierno de la 4T ser congruente con sus principios, abandonar el proyecto de una vez por todas, dejar de desperdiciar recursos públicos y aplicar rigurosamente las alternativas delineadas por investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Finalmente, hacemos una invitación a los medios de comunicación y a las personas interesadas a estar atentas y atentos a la convocatoria para la reunión pública de información, cuya fecha y hora será publicada por la SEMARNAT a través de su gaceta, para que el promovente del proyecto de la presa exponga los aspectos técnicos ambientales, los desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas que tendría la realización del proyecto.
Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería
Compartimos este comunicado de El Concejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña y Costa Chica del Guerrero (CRAADET) sobre su lucha por una vida libre de minería – A 21 de marzo de 2026
Pueblo Hidalgo, Guerrero a 21 de marzo del 2026
A la opinión pública:
El Concejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña y Costa Chica del Guerrero (CRAADET), enviamos un saludo fraterno y solidario a los pueblos y luchas del estado de Guerrero y de México que han asumido la defensa del territorio y la defensa de los derechos de los pueblos originarios y campesinos como propuesta de lucha permanente.
En el contexto de nuestro XLVIII FORO POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO, REALIZADO EN LOS BIENES COMUNALES DE PUEBLO HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, LOS PUEBLOS INTEGRANTES DEL CRAADET queremos denunciar ante la opinión pública lo siguiente.
A inicios del año una nueva amenaza acecha nuestra vida comunitaria, se trata del Sr. Fernando Jaimes Ferrel, ex delegado de la procuraduría agraria y subsecretario de asuntos agrarios durante la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien anda recorriendo nuestros pueblos con el propósito de que dejemos ingresar a las empresas mineras, a su vez también ha estado intentando influenciar a diferentes actores políticos y líderes sociales que tienen una relevancia importante y de respeto en la dinámica de los pueblos, haciéndoles creer que la minería es progreso y desarrollo.
Como todo México sabe, desde hace casi 14 años la defensa del territorio que hemos realizado en el CRAADET para evitar el ingreso de las empresas mineras ha sido constante y es un ejemplo a nivel nacional de lucha organizada, basada en el ejercicio y defensa de nuestros derechos. Son 14 años en donde hemos logrado que el gobierno federal, a partir del respeto, registro e «Tierra y Libertad» inscripción de la negativa para el ingreso a nuestro territorio de la actividad minera relacionada con el modelo extractivo, haya quedado validada tanto por nuestras asambleas y dentro de nuestros reglamentos internos y estatutos comunales, además de las declaratorias de municipios libres de minería de nuestros presidentes municipales de Iliatenco, Malinaltepec y San Luis Acatlan, de tal manera que estamos en condiciones legales de aplicar lo que corresponde ante terceros a quienes intenten violentar la vida comunitaria.
Hacemos del conocimiento de la opinión pública que todas las comunidades del CRAADET hemos acordado que el Sr. Fernando Jaimes Ferrel, a quienes le acompañen, y a cualquier otra persona que en un futuro quiera ingresar a promover la actividad minera en nuestros pueblos, serán privados de su libertad y serán sometido ante las autoridades correspondientes en nuestros sistemas de justicia comunitaria, por violar y violentar nuestros acuerdos comunitarios y Regionales, de tal manera que, en este comunicado queremos que le quede claro al Sr. Fernando Jaimes Ferrel no es bienvenido a nuestro territorio comunitario por ser un servil promotor de una actividad que sabemos destruye pueblos enteros.
De la misma manera a las y los amigos políticos y personalidades les pedimos no se dejen embaucar por las mentiras de este promotor de la destrucción y le faciliten el ingreso a alguna comunidad, de tal manera que, sigamos con una relación cordial y armónica con todos ustedes.
