Etiqueta: México

Análisis y rechazo al Plan de Acción Estados Unidos-México sobre Minerales Críticos en nuestros territorios

Publicada el | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario en Análisis y rechazo al Plan de Acción Estados Unidos-México sobre Minerales Críticos en nuestros territorios

Compartimos este pronunciamiento de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 16 de febrero 2026

El 4 de febrero, se anunció que los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron trabajar en un Plan de acción conjunta sobre minerales críticos[1], a través del cual el gobierno mexicano se compromete a realizar, en los siguientes 60 días, acciones para  “desarrollar un nuevo paradigma para el comercio preferencial de minerales críticos, respaldado por precios mínimos y otras medidas”.

La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) consideramos que este Plan claramente profundiza la subordinación de nuestro país a la política belicista estadounidense, y sostiene el avance facista del capitalismo voraz representado por Donald Trump. Es un acto de gobierno extremadamente irresponsable con los pueblos, por lo que denunciamos enérgicamente que, de llevarse a cabo, provocará la consolidación de territorios sumergidos en zonas de sacrificio.

Este Plan de Acción se nombra como “un nuevo paradigma”, significando un nuevo instrumento de subordinación política

El documento publicado por el gobierno de México apenas supera una página de extensión, y señala que detrás de este acuerdo está, sobre todo, la preocupación del gobierno de Estados Unidos por mantener su hegemonía mundial y geoestratégica frente a la competencia actual con China, asegurando el acceso y el control de distintos recursos estratégicos, como los minerales mal llamados“críticos”, el gas y el petróleo, fortaleciendo así cadenas de suministro que considera vulnerables.

Este Plan, como han señalado distintos analistas, es un ejemplo de los acuerdos diplomáticos intervencionistas que impone Estados Unidos a México y a otros países que considera dentro de su órbita de poder (como Australia o Canadá[2]). Estos acuerdos ocurren en un contexto de amenaza explícita de intervencionismo bélico (que ya ha sido llevada adelante reciente en Irán, Venezuela, Ucrania, y que ha llegado a escalar en otros casos, como Groenlandia), y enmedio de los esfuerzos activos de Estados Unidos para ahogar a los pueblos de Cuba, y de Gaza.

Con este Plan, el gobierno estadounidense aprovecha la profunda integración dependiente de la economía mexicana para imponer un nuevo instrumento de subordinación[3]. Como sabemos, los acuerdos de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá siempre se han dado en condición de amplia desigualdad. Como ejemplo tenemos el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), renombrado el T-MEC (sujeto a revisión en junio de este año).

Así como los acuerdos anteriores, este nuevo Plan binacional, que está encaminado a convertirse en parte de un acuerdo plurilateral sobre comercio de minerales críticos, representa un instrumento mediante el cual Estados Unidos busca reconfigurar el orden global para sostener los intereses de su élite. Desde esta óptica, el Plan puede leerse como “algo más de lo mismo”, sin embargo, el contexto en el que ocurre, marcado por mayores niveles de violencia, agresividad y cinismo en la imposición del interés extractivista imperial y colonial, obliga a prestarle atención más crítica y rigurosa.

Sobre los “Minerales críticos” o la trampa del concepto de minerales críticos

Como REMA insistimos en afirmar que la invención, uso y difusión del concepto de “minerales críticos” constituye una trampa discursiva con la que se legitima e impone una supuesta necesidad y urgencia colectiva para potenciar el extractivismo minero. Hoy observamos que este discurso está cada vez menos vinculado a la transición energética corporativa y, ahora, cada vez más abiertamente para servir al complejo militar-industrial y al sector de la economía tecno feudal (encabezada por la también mal llamada “Inteligencia Artificial”). Su utilización no sólo conlleva a la legitimación de undiscurso: se trata de una acción que refuerza el poder de los actores hegemónicos en el extractivismo minero: nos referimos a las empresas y al Estado extractivista que lo respalda.

Así, con la frase de “minerales críticos” se señala la construcción de un escenario de excepción, de urgencia bajo coacción de los Estados Unidos, con un escenario en México ya habilitado para proyectos que designados estratégicos o en el interés nacional, tal como ya ha sucedido con el Tren Maya, o el litio, mediante agilización de trámites, flexibilización normativa, expropiaciones, militarización. Lo que el Plan citado deja ahora evidenciado, es que el gobierno mexicano no tiene empacho en dejar atrás el discurso de la transición energética,como sentido legitimador supuestamente ‘verde’ de este impulso extractivista, para de forma velada brindar apoyo al discurso belicista que su par estadounidense evoca.

Otro aspecto que debe siempre alertarnos del uso de la noción “minerales críticos”, es su amplísima ambigüedad, ya que éstos se definen según criterios políticos, no técnicos. ¿Quién decide cuáles son esos minerales críticos? ¿Quién define en qué se ocuparán?[4] En los Estados Unidos, la última lista de minerales críticos de noviembre de 2025 abarca 60 minerales, que van mucho más allá de los minerales para la transición energética corporativa para abarcar todo lo que la economía belicista considere necesaria para sostener su hegemonía. Marcelo Ebrard mencionó en su video difundido en X, que no hay una lista definida de cuáles son los minerales críticos para el caso de México.

Principales preocupaciones que nos genera este Plan de acción

  1. Escalada de fuerza para imponer los “proyectos prioritarios”, por sobre los pueblos afectados.

El breve Plan menciona que México y Estados Unidos “identificarán proyectos específicos de minería y manufactura de interés mutuo para priorizar su financiamiento y apoyo de política pública”. Este punto nos parece sumamente preocupante, ya que puede significar que, en caso de que se identifiquen proyectos prioritarios de explotación de esta amplia lista de “minerales críticos”, si seguimos el ejemplo de los Estados Unidos, de manera conjunta, los estados desplegarían todo su aparato económico y político de coacción para la imposición de estos proyectos, y particularmente en contra de las comunidades que viven en esos territorios y que se oponen a ellos.

No cabe duda de que esto implicaría la profundización de la militarización en nuestro país, y la empeora al formalizar la injerencia estadounidense (aunque esto tampoco es tan novedoso, dado la experiencia que tiene México con la injerencia canadiense en el sector). Esto apunta a un incremento en la criminalización de los defensores del territorio y a la agudización de la violencia en esos territorios de disputa.

  1. Prospección coordinada con más recursos para la prospección y exploración. minera

El Plan menciona también un eje de “transparencia geológica” que consistirá en la compartición de información técnica detallada sobre la ubicación de yacimientos, coordinando esfuerzos entre el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Servicio Geológico Mexicano (SGM). Eso significaría mayores capacidades financieras y técnicas para trabajos de prospección y exploración en México, permitiendo la expansión del modelo extractivo hacia nuevos territorios y fomentando los procesos especulativos y los impactos socio territoriales relacionados con esas actividades de exploración. Además, el breve documento alcanza a mencionar que se intenta avanzar hacia un “Acopio coordinado de reservas”, lo cual anuncia el avance de actividades de prospección y exploración a lo ancho y largo del territorio.

  1. Menos margen para la aplicación del principio precautorio.

Por invocar la “cooperación regulatoria”, el plan de acción apunta a más homogeneización del marco regulatorio entre México y los Estados Unidos, o – en otras palabras – el levantamiento de barreras regulatorias para facilitar mayor extractivismo minero. Hay que tener claro que la cooperación regulatoria significa una mayor colaboración entre reguladores con el único propósito de favorecer el comercio una demanda que, desde hace muchos años, han impulsado empresas transnacionales con cadenas de suministro emplazadas en  dos o más países, tal como destaca el investigador Stuart Trew del Centro Canadiense para Políticas Alternativas.[5] El concepto de “cooperación regulatoria” ya existe en el Capítulo 28 del T-MEC pero ahora, al aplicar este concepto específicamente a los “minerales críticos”, este plan pone en riesgo la aplicación del principio precautorio para proteger cuencas hidrográficas, bosques, la salud, y la propiedad social ante esta embestida extractivista.

Como resultado, este Plan representa una nueva escala en la imposición del modelo extractivo en nuestro país, queriendo imponer una falsa justificación al llamarlo esencial para las economías y seguridad nacional de México, pero sobre todo para el interés y seguridad de las élites que gobiernan los EEUU.

Las venas abiertas de nuestro país, de América Latina y de los territorios indígenas alrededor del mundo, nos ha enseñado de lo que son capaces los gobiernos colonialistas e imperialistas para garantizar su economía y su seguridad nacional, sin importar la vida. Tal como ocurre con el gobierno estadounidense hoy en día.

El discurso mediático que esconde las cifras extractivistas en México

En el marco del anuncio del Plan de Acción resulta indispensable cuestionar las declaraciones realizadas por la presidenta C. Sheinbaum durante la conferencia matutina el 9 de febrero, en donde señaló: “no hay nada firmado”.

Así mismo, declaró que tiene “muy claro que los recursos naturales no se entregan” y la “soberanía”. Sin embargo, está declaración debe revisarse a la luz de políticas, reformas y proyectos de infraestructura recientes, que más allá del discurso, mantienen intacta la explotación del territorio. El re-etiquetamiento del fracking, ahora llamado “nuevos esquemas de extracción” en “yacimientos de geología compleja”, o llamar a los nuevos parques industriales previstos dentro del Plan México como “Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar”, ola aprobación de una Nueva ley de aguas sin mecanismos para revertir  el poder de sectores que la han acaparado, son ejemplos que nos muestran que la lógica estructural neoliberal sigue vigente, e incluso reforzada, para la entrega y explotación de los bienes naturales y de las personas. 

La afirmación de que “No vamos a iniciar un proceso de apertura de minas”, también merece una comprobación, pues contradice  los discursos y hechos de funcionarios e instituciones relacionadas con el tema minero en este sexenio. A partir del monitoreo que en la REMA realizamos con datos oficiales, como la Gaceta Ecológica de Semarnat, sabemos que en el año 2025 la Semarnat aprobó 16 Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs), de modalidad regional o particular, para trabajos de exploración minera, mientras que sólo negó 3 durante el mismo periodo. Paralelamente, el Secretario de Economía M. Ebrard, ha tenido varias encuentros de negociaciones con empresas afiliadas a la Cámara Minera de México (CAMIMEX) y durante la Convención Internacional de Minería en noviembre del 2025 se comprometió a “reanudar la exploración a mayor escala en México y otras medidas para acelerar los permisos pendientes, así como acortar tiempos y facilitar la inversión”[6]. El propio informe anual del 2025 de la CAMIMEX anuncia, sobre el extractivismo de oro: 4 expansiones de minas y 15 proyectos nuevos (con fecha de apertura entre 2025 y 2029); en materia de plata señala 3 expansiones de minas y 11 proyectos nuevos; con relación al cobre son 2 expansiones y 7 nuevos proyectos. Por lo tanto ¿de qué sirve que la Secretaría de Economía “recupere” 200 concesiones cuando representa el 0.89% de las 22,583 concesiones mineras que siguen vigentes en 2025? Con esto reafirmamos que, a las empresas mineras, les siguen sobrando permisos y apoyos por parte del gobierno mexicano para seguir saqueando nuestros territorios.

En conclusión, reiteramos que los minerales no son ni críticos ni estratégicos. Son insumos para mantener a flote un modelo energético e industrial sumamente desigual. Insumos que alimentan modos de consumo en el norte global que desbordan los límites planetarios, a costa del saqueo de los bienes naturales y de los territorios indígenas en todos lados, aunque especialmente en el sur global. Insumos para una “transición energética” corporativa que no implica ningún cambio de modelo económico, ni de matriz energética, sino que repite las mismas estructuras coloniales y de acumulación de capital. Insumos para la industria del armamento y el desarrollo de nuevas tecnologías militares. En síntesis, insumos para el despojo, la guerra y la explotación de los bienes comunes y de las personas.

Lo crítico de todo esto, no son los minerales, sino la situación hídrica de nuestro país, el aumento de la violencia sistémica vinculada a las redes de macrocriminalidad, que tiene, entre otros, el objetivo de infundir miedo en la población para ejercer control social y territorial en beneficio de diversos intereses empresariales. Lo crítico es el fortalecimiento de discursos y políticas anti derechos y fascistas. Lo crítico son tantos problemas sociales y ambientales que este nuevo acuerdo terminará fomentando.

Para quienes defendemos nuestros territorios, esos minerales críticos no existen por sí solos, son parte de nuestros cerros, subsuelos, ríos, territorios y cosmovisiones. Son parte de la vida de nuestras comunidades que seguiremos defendiendo a través del ejercicio de nuestros derechos de autodeterminación.

Por todo lo anterior, es primordial impedir que México continúe las negociaciones con los Estados Unidos con este Plan de acción sobre los minerales “críticos”, ya que plantea profundizar la dependencia de nuestro país sobre el tirano del norte y avecina consecuencias terribles para los territorios.

[1] Gobierno de México. Plan de Acción Estados Unidos – México sobre minerales críticos, 2026.

[2] Ver sus respectivos acuerdos sobre minerales

[3]  Ver https://rebelion.org/mexico-no-esta-negociando-esta-obedeciendo-acepto-un-lugar-en-la-cocina-no-en-la-mesa/,

https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/mexico-fuerte-en-9-minerales-criticos )

[4] Ver sobre esto, el video con el que Marcelo Ebrard anunció este Plan (5 de febrero de 2026)

[5] Ver https://corporateeurope.org/sites/default/files/en_from-nafta-to-ceta_k2-1_final.pdf

[6] Secretaría de Economía (19 de noviembre del 2025). Inaugura Marcelo Ebrard la XXXVI Convención Internacional de Minería; participan más de 300 empresas y autoridades. https://www.gob.mx/se/prensa/inaugura-marcelo-ebrard-la-xxxvi-convencion-internacional-de-mineria-participan-mas-de-300-empresas-y-autoridades?idiom=es-MX

Imagen: Mina Los Filos, Guerrero. Foto: Adolfo Vladimir

Zacatecas: Organizaciones y comunidades alertan sobre violaciones a derechos humanos y exigen la cancelación del proyecto Presa Milpillas

Publicada el | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario en Zacatecas: Organizaciones y comunidades alertan sobre violaciones a derechos humanos y exigen la cancelación del proyecto Presa Milpillas

Compartimos esta carta de diversas organizaciones sobre la defensa del río Atenco ante el proyecto de represa Milpillas – A 3 de febrero de 2026

A la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos

Al C. David Monreal Ávila Gobernador del Estado de Zacatecas

A los Gobiernos Municipales de Jiménez del Teul y Sombrerete, Zacatecas

Al C. Efraín Morales López Titular de la Comisión Nacional del Agua

Al C. Víctor Suárez Carrera Titular de la Procuraduría Agraria

A los Gobiernos Municipales de Jiménez del Teul y Sombrerete, Zacatecas

Las organizaciones nacionales e internacionales firmantes, todas defensoras de los derechos humanos, manifestamos nuestra profunda preocupación por la continuidad del proyecto de la presa Milpillas en los municipios de Jiménez del Teul y Sombrerete, Zacatecas, el cual ha sido promovido como proyecto prioritario en el Plan Nacional Hídrico 2024–2030.

Este proyecto pretende desviar aproximadamente el 92% del caudal del Río Atenco, lo que implicaría la devastación irreversible del ecosistema, la destrucción de los medios de vida de las comunidades ribereñas y la afectación grave al derecho humano al agua, al territorio, al medio ambiente sano, a la alimentación, a la salud y a la vida digna, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en tratados internacionales ratificados por México.

Los núcleos agrarios de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales han manifestado, durante más de diez años, su rechazo firme, libre e informado al proyecto, ejerciendo legítimamente su derecho a la autonomía, a la libre determinación y a la propiedad social, conforme al Artículo 2º Constitucional, la Ley Agraria, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Tradicionales.

La promoción del proyecto ha estado acompañada por un patrón documentado de hostigamiento, coacción, intimidación y criminalización, que incluye, entre otras prácticas:

  • Condicionamiento de programas sociales, servicios básicos y obras públicas;
  • Intimidación directa a ejidatarias, ejidatarios y defensoras y defensores del territorio;
  • Amenazas, campañas de odio, difamación y estigmatización pública;
  • Despidos injustificados vinculados a la defensa del territorio;
  • Divulgación indebida de datos personales;
  • Hackeo, extorsión digital y vigilancia;
  • Negativa de atención institucional a comunidades agrarias;
  • Provocaciones deliberadas para generar confrontación social;
  • Uso de fuerza policial, hostigamiento y persecución por parte de la Guardia Nacional.

Estas acciones constituyen violaciones graves a los derechos humanos, y podrían configurar responsabilidad administrativa, penal y estatal, además de vulnerar los estándares internacionales de protección a personas defensoras.

Durante más de una década, las comunidades han vivido en un estado permanente de zozobra, miedo e incertidumbre. Niñas, niños y adolescentes presentan afectaciones psicoemocionales, trastornos del sueño y temor por su futuro. Comunidades ribereñas han denunciado restricciones en servicios de salud, incluso en el acceso a vacunas esenciales, así como amenazas de cobro por el uso tradicional del agua del río, lo cual resulta inaceptable y contrario al principio del derecho humano al agua.

Se señala con especial preocupación el actuar de la Procuraduría Agraria en Zacatecas, la cual ha dejado de cumplir su mandato constitucional de defensa de los derechos de los sujetos agrarios, para convertirse en promotora del proyecto, condicionando la atención institucional y vulnerando la autonomía ejidal.

Denunciamos la actuación del C. Francisco Pérez Compeán, cuya conducta ha sido señalada reiteradamente por los ejidos como injerencista, parcial y contraria a los principios de legalidad, imparcialidad y respeto a la libre determinación, sin que hasta ahora exista respuesta efectiva a las quejas presentadas.

Investigadores de la Unidad de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas han demostrado la inviabilidad técnica, científica y económica del proyecto para resolver la crisis hídrica de la región, señalando que el déficit de los acuíferos supera los 262.5 millones de metros cúbicos anuales, mientras que la presa apenas aportaría 41 millones de metros cúbicos, lo que implicaría la necesidad de al menos siete presas adicionales para cubrir la demanda mínima.

Asimismo, han propuesto alternativas sustentables y más eficientes agrupadas bajo el concepto del “Camino Suave del Agua”, que prioriza la eficiencia en el uso del recurso, la restauración ecológica, la justicia hídrica y el bienestar social, con menor costo económico y menor impacto ambiental.

El proyecto, con un costo estimado superior a los 9 mil millones de pesos, representa una decisión financieramente injustificada, ambientalmente destructiva y socialmente regresiva.

Ante la gravedad de los hechos, EXIGIMOS:

  1. La cancelación definitiva e inmediata del proyecto de la presa Milpillas.
  2. La apertura de una investigación administrativa y penal contra el C. Francisco Pérez Compeán, representante de la Procuraduría Agraria en Zacatecas.
  3. La investigación al presidente municipal de Jiménez del Teul, C. Daniel Cisneros Esparza, por la negativa de atención institucional y el condicionamiento de servicios públicos.
  4. La revisión integral del estado de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Mecanismo de Protección y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el fin de garantizar verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

Advertimos que las organizaciones firmantes permanecemos atentas a la escalada de presión y riesgo que enfrentan las comunidades. Centro de Apoyo Solidario Documentación y Estudio AC Responsabilizamos al Estado mexicano, encabezado por la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, de cualquier agresión, acto de violencia o violación a los derechos humanos que ocurra en los territorios o contra las personas defensoras.

Reiteramos que la defensa del agua, del territorio y de la vida no es un delito, sino un derecho legítimo y una obligación ética.

Atentamente

Organizaciones convocantes 

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)

Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas 

Organizaciones, comunidades, colectivos, redes y personas firmante

Aquelarre Zacatecas

Agrupación Un Salto de Vida

Asamblea de la Comunidad Indígena Chontal El Coyul

Asamblea de la Comunidad Indígena de Jalapa del Marqués

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

Asociación Ecológica Santo Tomás, A.C.

Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan A.C

Bcsicletos Colectivo de Ciclismo Urbano

Bienestar Cicacalco

Bios Iguana A.C.

CartoCrítica, A.C.

Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño

Centro de Derechos Humanos – Espacios para la Defensa, el Florecimiento y Apoyo Comunitario (CDH-ESPADAC)

Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental

Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR)

Colectiva Amo Ximayahue Kan Nin Tlen Nechtlakaita (Morelos)

Colectiva Feminista MAPAS

Colectiva ¡Cambiémosla Ya!

Colectiva México Tóxico

Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia Aguascalientes

Colectivo Ciudadanos Desconocidos

Colectivo CoRaMe: Corazones y Raíces Mestizas

Colectivo Justicia para Eugui Roy

Colectivo Reforestación o Extinción

Comité Cerezo México

Comité en Defensa del Territorio de Guadalcázar

Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, Oax

Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A.C.

Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio en contra de la Minería (CRAADET), Gro.

Coordinación Interregional Feminista Rural Comaletzin A.C.

Coordinación de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica (CPUEDEE)

Ejido El Bajío, Sonora

Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza

Foro Oaxaqueño del Agua

Frente de Organizaciones Ciudadanas por la Defensa del Agua de Nuevo León

Frente Popular en Defensa del Soconusco, Chiapas

Fundación Bajío Sahuaro, Sonora

Geocomunes

IDEAS Comunitarias (Oaxaca)

La Antiescuela NL

La Boca Nostra

Maderas del Pueblo del Sureste A.C.

Movimiento Feminista de Zacatecas

NEB No Es Basura

Observatorio del Despojo

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes

Otros Mundos A.C. Chiapas / Amigos de la Tierra México

Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP)

Red de Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas en Zacatecas

Red de Docentes Feministas de la Universidad Autónoma de Zacatecas

Red de Mujeres Artesanas, Cocineras Tradicionales y Productoras del Campo de la Huasteca Potosina

Red de Rebeldía y Resistencia de Zacatecas

Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC)

Rizoma. Entretejiendo la Defensa de los Bienes Comunes

Sangre de mi Sangre Zacatecas

Sistema de Seguridad de Resguardo Territorial Indígena (SERTI), Gro

Tlalij, Yolojtli uan Nemilistlij

Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI)

Universidad a las Calles, Zacatecas

Universidad de la Tierra Puebla

Organizaciones y redes internacionales

Atlas de Justicia Ambiental, Ejatlas.org

Comité para los derechos humanos en América Latina, CDHAL, Canadá

Consejo del Pueblo Maya -CPO- Guatemala 

Miningwatch Canada.

Latin America Solidarity Centre (LASC), Irlanda

Red Nacional en Defensa del Agua, Panamá

Académicas/os

Josefa Sánchez Contreras, Universidad de Granada

Alberto Matarán Ruiz, Universidad de Granada

Joan Martinez Allier, Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)

Periodistas y/o personas defensoras de derechos humanos

J. Alberto C. Guerrero, periodista y defensor de DH

Alejandro Ruíz, periodista y defensor de Derechos Humanos

Monica Montalvo, Antropóloga 

Aideé Tassinari Azcuagua, periodista y defensora de Derechos Humanos

Lic Raquel Garcia M, Guadalupe , NL

Saúl Fuentes Olivares, Defensor de Derechos Humanos

Socorro Chablé. Periodista y Defensora de Derechos Humanos

Jackie Campbell, Defensora de Derechos Humanos

Lidia Rita Bonilla Delgado, periodista defensora de Derechos Humanos

Javier Ramirez de San Salvador Atenco

Ingmar Trujillo Félix, periodista y defensor de Derechos Humanos

Mariana Avila Montejano, Defensora de Derechos Humanos 

Lista completa de integrantes del Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC):  ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales  (PRODESC). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.

Con copia a:

  • Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Dra. María del Rosario Piedra Ibarra
  • Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
  • Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
  • Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Diversas dependencias de gobierno atestiguan la postura inflexible de Equinox Gold ante el Ejido de Carrizalillo

Publicada el | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario en Diversas dependencias de gobierno atestiguan la postura inflexible de Equinox Gold ante el Ejido de Carrizalillo

Compartimos este comunicado del Ejido Carrizalillo a través de la REMA sobre su lucha por la vida y contra de la minería – A 19 de enero de 2026

SEGOB, SEMARNAT, PROFEPA, PA y la Unidad de Actividades Extractivas de la SE atestiguan la postura inflexible de Equinox Gold ante el Ejido de Carrizalillo

Carrizalillo, Mpio. Eduardo Neri, Edo. Guerrero a 19 de enero del 2026

Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta de México

Al pueblo de México

Buenas tardes, reciban un cordial saludo desde el campamento del ejido de Carrizalillo a prácticamente 10 meses y medio en campamento y en resistencia fuera de las instalaciones de la empresa canadiense Equinox gold, la cual desde entonces apuesta a la implementación de estrategias para doblegarnos sin mostrar flexibilidad ni empatía para establecer un diálogo basado en el respeto, del cual derive un proceso justo, sea para que continue su operación, sea para que se vaya de nuestras tierras y de nuestro país pero cumpliendo los procesos relacionados con un plan de cierre y post cierre acorde a la integralidad que requiere dicho acto.

A finales del año pasado e inicios de este se estableció una mesa de diálogo guarecida por la secretaria de Gobernación, en particular por el Subsecretario Cesar Yáñez, en donde también participan las titulares y subsecretarias tanto de Semarnat como de Profepa, el titular y subprocurador de la Procuraduría Agraria y el Titular Unidad De Coordinación De Actividades Extractivas, de la Secretaría De Economía.

En todos los encuentros tenemos la certeza y convicción de que nuestro ejido ha dejada manifiesta su postura de flexibilizar sus pretensiones y apostar a que ello motive a la empresa a lograr un acuerdo justo para las partes. Sin embargo, las representaciones de las instituciones han sido testigos de una empresa sorda, avara y arrogante que solamente se enfoca en doblegarnos por cansancio, desesperación o desorganización interna que por supuesto es provocada y azuzada por la empresa en particular por el uso faccioso del Sr. Hugo Vergara, personaje al cual de manera sutil, el gobierno federal le ha solicitado a la empresa sea sacado de dicha operación y que nosotros de manera firme seguimos sosteniendo que él no es parte ya de ningún proceso de relación que se tenga con el ejido y que es imperante su salida antes que geste una confortación entre comunidades.

El resumen de los encuentros se concentra en falta de acuerdos entre nuestro ejido y la empresa, a pesar de que nuestras pretensiones las hemos reducido en un 55% de lo que ya recibíamos, es decir hay un acto totalmente regresivo de nuestros derechos y ni aun así es suficiente para la empresa. En este contexto, son tres los aspectos que se discuten: la continuidad de la mina sin acuerdos al respecto, el cierre y post-cierre sin acuerdos al respecto y la tercera son las acciones que deben realizarse sea que haya continuidad de la mina o esta inicie el cierre, que se trata de las acciones relacionados con la remediación por la clausura de 5 sitios por parte de Profepa en donde la empresa debe atender 52 medidas de las cuales desde octubre solamente ha atendido 5 de ellas.

Como hemos señalado en diferentes boletines, es imperante que el gobierno mexicano aplique todo el peso de la ley a esta empresa y evite se siga burlando de nosotros, de los daños ambientales ocasionados y que siguen creciendo, así como del incumplimiento de la legislación bajo el absurdo de que puede ocupar nuestras tierras para hacer la remediación solamente si aceptamos sea por 49 pesos diarios.

Este lunes ejido y empresa tuvimos una reunión en donde platicaríamos específicamente de la negociación relacionada con la remediación ambiental que debe atender la empresa y que tiene una duración aproximada de entre 3 y 4 meses el ejido, y para que este proceso se realice debe pagar una indemnización de los 10 meses que lleva sin pagar renta, al mismo tiempo que no ha hecho ninguna actividad para regresarnos nuestra tierra generando estemos en indefensión total sin dinero y sin tierras para sembrarlas. Para atender el daño ambiental la empresa propone pagar 49 pesos diarios por el tiempo que dure la remediación.

Esperamos que este acto ya no sea pasado por alto por el gobierno federal y haga uso de sus instituciones para que se acabe de una vez por todas con esta empresa
que simula ser responsable social y ambientalmente, tanto en México como en Canadá. Por supuesto que solicitamos al gobierno federal una actuación integral en la cual consideren la vulneración de nuestros derechos y tengamos acceso a al reparación del daño que nos corresponde yque hemos manifestado a cada una de las instancias con las que nos hemos reunido.

Atentamente Mesa del Ejido de Carrizalillo

Foto: MINA EN EDUARDO NERI, GUERRERO, 10 JULIO 2025. ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Más información:

Cine debate: Voces de la selva maya – Martes 20 de enero 5 pm en Kinoki

Publicada el | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario en Cine debate: Voces de la selva maya – Martes 20 de enero 5 pm en Kinoki

En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,

Otros Mundos A.C.

Invita a su cine-debate:

«VOCES DE LA SELVA MAYA»

Una batalla por la vida

Martes 20 de enero de 2026 a las 17.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

ENTRADA LIBRE

Sinopsis:Cada día, cientos de hectáreas de árboles caen para construir hoteles y fraccionamientos. El agua se envenena con desechos de mega granjas. La tierra se cubre de plaguicidas. Y en medio de esta devastación, cientos de voces se levantan en resistencia.

Este documental cuenta sus historias. Sus voces. Sus batallas. Y lo que está en juego para todos nosotros. Si la selva desaparece, ¿qué nos queda?

Trailer

Ejido Carrizalillo determina el cierre total de la mina canadiense de oro Los Filos

Publicada el | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario en Ejido Carrizalillo determina el cierre total de la mina canadiense de oro Los Filos

Compartimos este pronunciamiento del Ejido Carrizalillo sobre su ardua cha por defender a vida de la voracidad minera en Guerrero a través de la REMA – A 10 de diciembre del 2025

Boletín de Prensa | A ocho meses de campamento y ante el silencio oficial, el Ejido Carrizalillo determina el cierre total de la mina Los Filos

BIÓLOGA ALICIA BÁRCENA IBARRA

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

VÍCTOR SUÁREZ CARRERA

Procurador Agrario

LICDA. MARIANA BOY AMBORRELL                                                                                                                

Procuraduría de Protección al Ambiente/PROFEPA

LIC. JOSÉ FERNANDO ABOITIZ SARO                                                                                                                

Titular Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, Secretaría de Economía

Buenos tardes, reciban un saludo de parte de la mesa agraria del ejido de Carrizalillo. Iniciamos comentándoles que acabamos de cumplir ocho meses de estar en campamento a causa de no llegar acuerdos para la continuidad de la operación minera, del proyecto “Los Filos” de la empresa Equinox Gold. Desde entonces, seguimos esperando una respuesta a favor del derecho por parte del gobierno mexicano encargado de regular los procesos de dicha actividad.

Es un hecho que desde hace 8 meses la empresa ha administrado el conflicto haciendo creerles que se encuentra en un proceso de negociación, lo cual hemos señalado la empresa nos ofende por la postura farsante con la que nos trata. Nosotros insistimos en que hay varios hechos flagrantes e ilegales de la conducta de la empresa que no entendemos por qué no han sido suficientes para ponerla en orden:

  1. Al no existir ningún acto relacionado con la continuidad del proyecto, la empresa, está obligada a iniciar el proceso de rehabilitación de nuestras tierras, que suponemos son actividades adscritas a las actividades de cierre y post-cierre de mina, cierre que debió avisar y arrancar hace más de 8 meses. Estos temas están en las manos de la Secretaría de Economía y de Semarnat y nos parece correcto preguntarles si accederemos a ese acto de justicia o no.
  2. La clausura realizada a la empresa, significa que ha cometido ilícitos ambientales relacionados con impactos ambientales. Sin embargo, la no atención de los actos señalados por Profepa por parte de la empresa, “los justifica” mencionándoles impedimentos para su ingreso de nuestra parte, lo cual no tiene sentido alguno porque por lo menos en tres de los puntos de atención los puede resolver sin ingresar al ejido y no lo ha hecho, mientras el resto, es la empresa quien imposibilita llegar a una solución de la sanción que tiene impuesta por Profepa.
  3. Sobre los puntos de atención relacionados con el ingreso a nuestro ejido, nosotros hemos entregado tanto a ustedes como a la empresa, la propuesta de atención, misma que no ha sido considerada por la empresa ni siquiera para su discusión. Por su parte, la empresa nos presentó una propuesta –ya compartida con ustedes-, en donde claramente se observa que, al no tener ninguna exigencia ni consecuencia legal por parte del gobierno ante los incumplimiento de los ilícitos en los que incurre, se da el lujo de ofrecernos limosnas. La propuesta que la empresa pone en la mesa se trata de la renta de 50 pesos diarios por hectárea y lo acota a una renta con una duración de solamente un mes. Es decir, ni siquiera hace un planteamiento para atender la remediación de acuerdo al calendario de actividades para la remediación y el mantenimiento autorizadas por Profepa, actividades que por supuesto no pueden atender en un mes de trabajo.
  4. No entendemos por qué se le permite a la empresa que siga incurriendo en los ilícitos ambientales por los que fue clausurada parcialmente y no se sanciona y se clausura de forma definitiva. Tampoco entendemos por qué no se le obliga a implementar el programa de cierre y post-cierre una vez que nosotros lo hemos solicitado ante la negativa de la empresa de discutir un convenio para la continuidad. De hecho, ante los incumplimientos legales de la empresa, no sabemos qué impide la ejecución de la garantía ($) relacionada con el plan y programa de cierre y post-cierre de mina, ni tampoco por qué no se han hecho detenciones administrativas e iniciar un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa una vez que ya ha superado los 30 días hábiles para que ello ocurriera iniciada la clausura.
  5. Les comentamos que a partir de hoy nuestra asamblea ha determinado cerrar totalmente la operación de la mina. Ello implica cerrar el sistema de riego de la solución acidulada que de manera responsable hemos estado atendiendo para evitar un daño ambiental, pero si la empresa puede continuar libremente con el incumplimiento por los ilícitos ambientales en los que incurre, nosotros, por más interés que tengamos sobre el ambiente, les queremos hacer saber que este nunca podrá estar por encima de nuestro derecho a la vida, derecho que ninguna dependencia a puesto con fuerza en la mesa ni como prioridad ni como obligación constitucional.

Ante este contexto, nos parece que no podemos seguir acampando inertes ante los hechos que enfrentamos, esperando a ver si pasa algo o no ante la impunidad en la que se mantiene la empresa. Si la empresa tiene permiso para pisotear nuestros derechos humanos y ambientales, nos parece necesario que ustedes nos lo digan de forma directa y, en función de ello, nosotros tomemos las medidas que mejor nos convengan. De manera respetuosa les solicitamos que en esta semana puedan darse un poco de tiempo para que nos atiendan en sus oficinas.

Atentamente,

COMISARIO EJIDAL CARRIZALILLO

Imagen: FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Boletín de Prensa | Pueblos de la Montaña y Costa Chica a Marcelo Ebrard: nuestro territorio no está en venta”

Publicada el | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario en Boletín de Prensa | Pueblos de la Montaña y Costa Chica a Marcelo Ebrard: nuestro territorio no está en venta”

Compartimos este boletín de prensa de CRADEET – A 26 de noviembre del 2025

CRAADET llama a Marcelo Ebrard a respetar territorios libres de minería en Guerrero.

Marcelo Ebrard Casaubón
Titular de la Secretaría de Economía

Presente

Buenos días, Lic. Marcelo Ebrard, buenos días México, reciban un saludo de quienes integramos el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), en donde vivimos pueblos originarios de las regiones Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero.

El 19 de noviembre de 2025, durante la XXXVI Convención Internacional de Minería celebrada en Acapulco, Guerrero -estado que desde hace catorce años sostiene una resistencia organizada frente a la minería- usted como secretario de Economía Lic. Marcelo Ebrard, anunció la apertura del país a la inversión minera, como si el gobierno federal tuviera facultad para disponer y regalar los bienes comunes de México según sus intereses y caprichos. Frente a esta narrativa, desde el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET) reiteramos que nuestros territorios están blindados contra la actividad minera, amparados en nuestro derecho a la autodeterminación, en la defensa de nuestros derechos colectivos y en el ejercicio pleno de nuestra soberanía territorial. Somos soberanos, no vamos a permitir que ingrese la minería en nuestras tierras a pesar de pretender y usted no es nadie para regalar nuestro territorio.

Como CRAADET nos organizamos para proteger y defender nuestro territorio de todas aquellas personas que intentan saquear nuestros bienes naturales, proceso en el cual nos hemos dado cuenta que, por lo menos desde hace 14 años, somos víctimas de despropósitos, contradicciones y actos de políticos y políticas que se creen dueños de México y que funcionan como verdaderos mercaderes de intereses privados, nacionales y transnacionales, y de quienes tenemos certeza son los principales responsables de lo que está provocando y acelerando el calentamiento global, el cual, por cierto siguen negando a pesar de las evidencias que nos empiezan a poner en riesgo permanente por los niveles de fuerza que nos muestra la querida madre naturaleza, enojada por tanto daño que le hemos causado como humanidad.

Hace 14 años, políticos «ambientalistas» despolitizados e ignorantes del tema quisieron imponer en nuestro territorio una reserva de la biosfera que estaba destinada a los intereses farmacéuticos alemanes, lo cual puede corroborarse en el tratado comercial que conocemos como el Protocolo de Nagoya, que se mantiene vigente y fue firmado por los gobiernos de México y Alemania. Al mismo tiempo, y en el mismo territorici, otros políticos «ecocidas», igual de desinformados sobre el tema extractivo, empezaron a repartir concesiones mineras a empresas privadas nacionales y extranjeras. En ese momento era evidente que las y los políticos titulares de Semarnat y de la Secretaría de Economía de aquellos años ni siquiera entre ellos tenían algo de comunicación y coordinación para entregar con «coherencia» nuestra tierra, porque uno quería hacer una reserva de la biosfera para las farmacéuticas alemanas y, en esa misma zona, otra dependencia ofrecía progreso y desarrollo con la implementación de la minería a cielo abierto. Ese entreguismo incoherente e ignorante alteró nuestra vida porque hemos dedicado 14 años para organizarnos y defendernos de las ocurrencias de ese tipo de políticos.

Cuando la 4T llegó al poder, ofrecieron cambios de rumbo político, respeto, crecimiento y reconocimiento de nuestros derechos como pueblos originarios, cancelación de concesiones mineras y, según ustedes, empezar a participar con nuestras propuestas para mejorar por lo menos algunas condiciones básicas. De esas promesas tenemos muchos claroscuros, también prebendas, cambios legales incompletos y mal hechos, y las concesiones de nuestro territorio comunitario nunca las cancelaron, por más recíamos que realizamos ante las múltiples visitas que realizó el expresidente AMLO a nuestro territorio. Con ese contexto como antecedente, durante esta semana que acaba de concluir, la 4T nos muestra un comportamiento en donde nuevamente políticos despolitizados e ignorantes vuelven al entreguismo mercantil para quienes están destruyendo el planeta.

El 19 de noviembre, en el XXXVI Congreso Internacional de Minería celebrado en nuestro estado, fue muy penoso darnos cuenta del cinismo con el cual usted, Lic. Marcelo Ebrard, con risas, aplausos y brindando con bebidas que acá no conocemos, entregaba a los empresarios mineros las tierras de México que no son de usted; así como, en el paquete, metió las tierras en propiedad colectiva que tampoco son suyas. Da vergüenza saber que todos los días hablen de soberanía cuando políticos como usted, sin pena alguna, son serviles a las empresás y entregan la patria como si fuera suya. Si así ha de ser lo que resta de su mandato, le proponemos desaparecer la secretaría que indignamente dirige y mejor crear un centro comercial en donde ya tenga disponible una canasta básica empresarial que venga rebosante de minerales, agua, bosques, sol, viento y, además, por la compra de dos canastas, agreguen cupones y bonos que enaltezcan la responsabilidad social corporativa y, por supuesto, algunos vales adicionales que garanticen la sustentabilidad y minería libre de CO, con una etiqueta que diga: «Este certificado de minería verde es libre de emisiones de gases de efecto invernadero y se le entrega a su empresa consentida». Con la compensación económica derivada de los bonos, cupones y vales pueden agregar a su publicidad que podemos comprar agua embotellada, también comprar un poco de aspirinas para atender los daños que nos provoque la nueva actividad minera sustentable y, si no es mucha molestia, le pedimos que, si nos ofrecen empleo, no se olviden de nuestros mayores de edad para que trabajen dignamente como empacadores de este gran supermercado y logremos alcanzar el tan anhelado sueño de cualquier habitante del planeta: trabajo remunerado, minería con manejo responsable del cianuro, minería verde y sustentable, y con medidas de compensación de daños al ambiente perfectamente planeadas que nos garantizan el derecho humano al agua potable embotellada.

Un día antes, el 18 de noviembre, en la reunión mundial de la COP30 realizada en Belém, Brasil, nuestra secretaria de Medio Ambiente de Semarnat, de la misma manera que sucedió hace 14 años, ofrecía a los políticos del mundo una serie de compromisos, dicen medioambientales, con metas que se escuchan bonitas pero que sabenãos siguen construidas en la falsa plataforma de la transición energética, que acá desde hace 14 años sabemos son mecanismos de compensación ambiental impulsados por las bancas multinacionales para que las empresas contaminantes, como las mineras, tengan una opción para lavarse la cara hasta que les quede verde. Mientras la oferta del nuevo ambientalismo recibía aplausos, afuera de las instalaciones en donde se encontraban los políticos del mundo firmando «los acuerdos para los maravillosos planes de compensación ambiental al 2035», se encontraban nuestros hermanos y hermanas de los pueblos indígenas de Brasil y de otras naciones protestando y gritando que dejen de entregar lo que no es suyo y que paren a las empresas, metan a la cárcel a los responsables de la devastación ambiental y dejen de crear políticas incoherentes que solamente están sirviendo para lavar la imagen de las empresas que, de manera directa o indirecta, están acabando con el planeta, porque pase lo que pase, y sin importar los límites fundamentales del crecimiento, no les importa continuar con el saqueo ambiental ni quieren cambiar la inercia de las inversiones destinadas a la matriz energética basada en los hidrocarburos.

Tal como nos ocurrió hace 14 años, pero ahora con las y los políticos de la 4T, vemos que no ha cambiado nada. No se coordinan, no saben lo que están haciendo porque son negacionistas de lo que la naturaleza nos muestra con mayor frecuencia y, aun así, abren los brazos a la minería, ratificando que la destrucción de la naturaleza no existe en su cabeza. Al mismo tiempo, y de forma totalmente contradictoria, se ofrece el impulso de medidas para la compensación de daños que en todo el mundo son diseñadas e impulsadas por las empresas para lavar los daños de las empresas y consolidar el falso discurso de la transición energética, y presentarse como dignos políticos defensores de la naturaleza.

Sr. Ebrard, ya mostró su servilismo a favor de los mineros, también salió su gusto por la continuidad del proyecto neoliberal y, además, se vislumbran sus aspiraciones a la presidencia para reencarnar en el nuevo rey chiquito. Le sugerimos que regale lo suyo a quien usted considere, pero le garantizamos que, si acá llega una sola empresa minera, serán metidos a la cárcel por nuestros sistemas de seguridad comunitarios porque, si no lo sabe, acá más de 400 comunidades llevamos 14 años declarando nuestro territorio libre de minería, por lo tanto, lo vamos a defender.

Imagen: Encuentro de autoridades agrarias en Iliatenco, Guerrero. Foto: Tlachinollan / Proceso, 2023.

A 16 años del asesinato de Mariano Abarca, la impunidad sigue protegiendo a la minería canadiense en Chiapas y en México

Publicada el | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario en A 16 años del asesinato de Mariano Abarca, la impunidad sigue protegiendo a la minería canadiense en Chiapas y en México

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA en conmemoración de Mariano Abarca – A 28 de noviembre del 2025

Este 27 de noviembre, recordamos a Mariano Abarca Roblero, defensor ambiental, integrante fundador de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) y referente de la lucha contra la minería en Chiapas y en América Latina. Mariano fue asesinado el 27 de noviembre de 2009 en Chicomuselo, Chiapas, por haber denunciado los impactos sociales y ambientales de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, que explotaba la mina de barita “La Revancha” en el ejido Morelia.

Recordamos que su asesinato no fue un hecho aislado ni fortuito, Mariano había sido objeto de hostigamientos, amenazas y campañas de criminalización, incluyendo una detención injusta dos meses antes de su asesinato, precisamente por oponerse al daño provocado por la empresa minera y por organizar a la comunidad para defender el territorio.

La organización comunitaria de Chicomuselo y la fuerza de Mariano lograron que el municipio se declarará “Territorio libre de minería“ y  la clausura de la mina de Blackfire en el ejido Morelia. Sin embargo, la violencia no se ha desarticulado de la mina en la región, por lo que pobladores del municipio han continuado con diversas demandas, confirmando que en donde se establece una mina no volverá a haber paz.

La búsqueda de justicia por el asesinato de Mariano Abarca se ha convertido en un caso emblemático contra la impunidad en México y en Canadá. En 2017, su familia, la REMA y las organizaciones Otros Mundos Chiapas y MiningWatch Canadá llevamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando la negligencia del Estado mexicano para garantizar la seguridad física y psicológica de Mariano, a pesar de las amenazas públicas y documentadas en su contra.

En 2018, la familia de Mariano denunció en Canadá la complicidad de la Embajada de Canadá en México, que priorizó la protección de los intereses de Blackfire por encima de la seguridad de Mariano, incluso en los meses y semanas previas a su asesinato. A este proceder le hemos nombrado “diplomacia letal”, para evidenciar cómo la política exterior canadiense puede volverse un factor directo de riesgo para quienes defienden el territorio. Después de que las instancias legales canadienses rechazaran la denuncia, en 2023 se presentó un nuevo recurso ante la CIDH, señalando también la responsabilidad del gobierno canadiense por su rol en la protección de las empresas mineras y en la falta de garantías para las personas defensoras.

Este 2025, el recuerdo de Mariano se cruza con un nuevo ciclo de promoción agresiva de la minería, incluyendo a Canadá. El 18 de septiembre, el primer ministro canadiense Mark Carney visitó México para fortalecer el T-MEC, blindar inversiones y abrir nuevas oportunidades comerciales para las empresas de capital privado en Canadá. Desde la REMA, afirmamos que está visita no representó ninguna garantía contra la impunidad con la que han operado históricamente las minas canadienses en nuestro país; por el contrario, buscó consolidar la continuidad de una prosperidad no compartida y racista, basada en el saqueo de los minerales y en la violación a los derechos de los pueblos.

Durante una mañanera, la presidenta de México Claudia Sheinbaum declaró que Carney se comprometió a pedir a las mineras canadienses que cumplan con las normas ambientales si están interesados en aumentar inversiones en México, sin embargo sabemos lo hueco de esta promesa por nuestra experiencia en los territorios y por saber que, en Canadá, se ha estado desarmando el mecanismo creado para recibir quejas sobre empresas canadienses en el exterior (mecanismo que hemos denunciado como insuficiente y sin poder de hacer recomendaciones vinculantes sobre la actuación de las empresas). En Chicomuselo, Chiapas, tal como en Carrizalillo, Guerrero, la “buena conducta” empresarial que promete el mandatario canadiense y las promesas de mejores prácticas no han traído justicia, ni han frenado la contaminación, las enfermedades y el despojo ligado a la minería.

Durante este mes, el 19 de noviembre, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, vuelve a entregar a México como un destino “seguro” para la inversión extractiva, anunciando que vuelve a reactivar el modelo extractivo minero de muerte. Aparentemente, no le importa a este gobierno toda la evidencia de  los graves daños socioambientales que el modelo minero genera, muchos de ellos irreparables, y tampoco la violencia que atrae, desde los asesinatos y desapariciones de personas defensoras del territorio al desplazamiento forzado de poblaciones. Al mismo tiempo, el propio gobierno está atado a tratados comerciales como el T-MEC y el TPP, que lo exponen a demandas millonarias por parte de las mismas corporaciones responsables de la devastación de los territorios como parte de la estructura de impunidad, siendo México el cuarto país más demandado por empresas transnacionales en el mundo y el tercero a nivel del Caribe y América Latina.

Por eso, cuando hoy se anuncian nuevas rondas de expansión minera y se publicitan los absurdos “compromisos” ambientales de las empresas canadienses, desde la REMA denunciamos que la impunidad de Blackfire y del Estado canadiense en el caso de Mariano Abarca, y de tantos otros casos en el país, sigue intacta. La falta de protección brindada a Mariano por parte del Estado mexicano, así como la complicidad activa de la Embajada de Canadá, crearon las condiciones para que su asesinato ocurriera. Hasta hoy, ninguno de los dos Estados ha asumido plenamente su responsabilidad ni ha garantizado justicia y reparación para su familia y su comunidad.

Desde la REMA exigimos que tanto el Estado mexicano como el Estado canadiense respondan por su responsabilidad en la falta de protección a Mariano y por la impunidad que rodea su caso; y que se detenga la promoción de la minería como supuesto motor de desarrollo. Exigimos verdad, justicia y reparación en los territorios ya devastados; y que se respeten las decisiones de los pueblos que, como Chicomuselo, se han declarado libres de minería y han dicho NO al modelo extractivo.

Enviamos un saludo a la iniciativa creada por Otros Mundos A.C., el “Premio Ambiental Mariano Abarca”, que es un reconocimiento moral y colectivo a las luchas en defensa del territorio y la vida en Chiapas, y que este año distingue a la BIORED por sus alternativas comunitarias de energía, agua y soberanía alimentaria frente al modelo extractivo. El legado de Mariano no sólo denuncia las injusticias, sino que también sigue inspirando a construir territorios libres de extractivismo y llenos de alternativas al modelo de producción capitalista.

¡Mariano Abarca vive en la lucha de los pueblos de Chicomuselo, de Chiapas y de toda América Latina!

COMUNICADO DE PRENSA MANUEL SANTIZ CRUZ, LIBERADO

Publicada el | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario en COMUNICADO DE PRENSA MANUEL SANTIZ CRUZ, LIBERADO

Compartimos este comunicado de CLIFODH y Otros Mundos – A 21 de noviembre del 2025

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, el Tribunal Colegiado del Poder Judicial del Estado de Chiapas, ordenó la libertad inmediata de nuestro representado, el indígena tseltal Manuel Santiz Cruz, acusado de un delito que no cometió y por el que estuvo preso más de tres años. La decisión del organismo fue la respuesta al amparo 64/2025 que la Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos – Otros Mundos interpuso ante la serie de violaciones a los derechos humanos ocurridas a lo largo del proceso judicial contra Manuel Santiz Cruz y la consecuente sentencia condenatoria de 25 años, a todas luces injusta.

Entre las acciones contrarias a la justicia se encuentran:

  • Graves faltas al debido proceso.
  • Deficiente valoración de pruebas.
  • Inconsistencias e irregularidades diversas, como no contar con una adecuada interpretación en lengua tseltal, periciales incompletas y mal elaboradas, así como aleccionamiento de testimoniales, entre otras.
  • La no acreditación por parte de la Fiscalía del tiempo, la forma y el lugar de los hechos.

Manuel Santiz Cruz es miembro activo de la Parroquia de San Juan Evangelista en Cancuc, de donde es originario, así como un reconocido defensor de derechos humanos y de la tierra y el territorio en dicho municipio. Su detención, encarcelamiento y sentencia condenatoria fueron un duro golpe a la justicia y una afrenta más a la población indígena del estado de Chiapas. Con su liberación no sólo se revierte esta terrible injusticia; se demostró su inocencia y se reparó en parte el daño causado a nuestro defendido, a su familia y a su pueblo.

Esperamos que la acertada decisión del Tribunal Colegiado del Poder Judicial en el caso de Manuel Santiz Cruz siente un precedente que sirva para que muchas otras personas injustamente presas alcancen la libertad que merecen.

Más información

Boletín de Prensa: Ante la imposibilidad de someternos, Equinox Gold apuesta por criminalizar nuestra lucha

Publicada el | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario en Boletín de Prensa: Ante la imposibilidad de someternos, Equinox Gold apuesta por criminalizar nuestra lucha

Compartimos este comunicado de Ejido Carrizalillo a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 4 de noviembre de 2025

Hace 7 meses inicio nuestra lucha en contra de la imposición de las pretensiones regresivas, injustas, indignas y colonialistas por parte de la empresa minera canadiense Equinox Gold, relacionadas con la continuidad de la ocupación temporal de nuestras tierras que estaban acompañadas de otro convenio “incomprensiblemente rasurado” relacionado con contraprestaciones sociales, en donde venían temas de enorme relevancia para nosotros como acceso preferencial al empleo, concesiones de equipo y maquinaria, atención a los daños a la salud que son inmensos y muchos de ellos irreversibles de cura alguna y, acceder a agua limpia y libre de metales pesados, este último tema incumplido desde el 2007 por parte de las tres empresas que han ocupado nuestro territorio, aun y a pesar de haber establecido acuerdos con nosotros.

Poco antes de iniciar nuestro campamento actual, la empresa apostó por una estrategia para crear desgaste en contra de nuestro ejido: primero declarando una suspensión indefinida e ilegal del proyecto Los Filos, por la cual la “omisa” Secretaria de Economía (SE), por ley desde hace meses debió retirarle la concesión minera y hacerle pagar el daño que a ello corresponde; luego la empresa hizo un absurdo relanzamiento del “Nuevo Filos”, con testigos de honor del gobierno estatal, relanzamiento que hoy se encuentra clausurado por Profepa por no cumplir con las remediaciones solicitadas por su irresponsabilidad de creer que su suspensión indefinida pasaría desapercibida por nosotros quienes rápidamente solicitamos una inspección ambiental que pusiera en orden a esta empresa contaminante; también está violentando el plan de manejo autorizado por SEMARNAT y, en consecuencia, violan la ley ambiental al no realizar el mantenimiento básico que ha incrementado los riesgos de daño ambiental, por cierto, mantenimiento por el que Equinox pretende culparnos como si nosotros tuviéramos la concesión minera, a tal grado que ahora –politizando el discurso-, quieren hacer creer a la autoridad ambiental que es responsabilidad nuestra. 

Equinox se encuentre entrampada porque tiene demasiados incumplimientos legales, sus apoyos estatales no disponen de poder legal sobre ningún aspecto relacionado con las leyes que le corresponden al sector minero y, si en realidad quiere resolver la situación que tiene por las violaciones e incumplimientos, no le quedan muchas opciones entre las que citamos las siguientes: Equinox debe negociar con nosotros la continuidad de la operación minera o, de no hacerlo, debe negociar con nosotros la implementación del plan y el programa de cierre y post-cierre de la mina e incluso, antes que decida alguna de las anteriormente señaladas, debe negociar con nosotros la remediación y el mantenimiento por lo cual se encuentra clausurada. 

El escenario de las violaciones flagrantes e incumplimientos a las leyes son claras; la empresa está ocupando de hecho y de facto nuestras tierras, porque al negarse a realizar un nuevo convenio para seguir ocupando nuestra tierras, es su obligación –tal como lo establece la ley-, iniciar el proceso de implementación de acciones relacionadas con el cierre y post-cierre de la mina, que entre otras cosas significa entregarnos las tierras rehabilitadas para que nosotros, una vez que la empresa decidió no continuar con la actividad minera, sigamos ejerciendo nuestro derecho a ser campesinos y campesinas. En ese contexto, la ley es clara y simple; no hay nada en la ley que nos obligue a rentar nuestras tierras a un postor que no cubra nuestras expectativas, así como también es obligación de la empresa, por ley, rehabilitar las tierras que ocupó durante los años de operación minera.

No es una necedad nuestra, es lo que la ley dice. Sin embargo, sus operadores haciendo gala de sus mejores actos de discriminación y racismo, continúan implementando acciones claramente orientadas a castigar a nuestro ejido, porque para ellos es inverosímil que la ley nos asista y, en vez de que se concentren en cumplirla, fomentan diversos escenarios orientados en contra nuestra fuera de toda lógica: atentan contra la paz social creando arengas entre las comunidades relacionadas al proyecto, distribuyen información falsa y tendenciosa sobre el presente-futuro del Nuevo Filos con las comunidades vecinas, hacen todo lo posible por convencer a políticos –en varios casos lo logran-, para hacerlos copartícipes en la defensa de los intereses de la empresa en donde lamentablemente “nuestros” servidores públicos literalmente deshonran sus funciones y atribuciones. Por supuesto nunca faltan las amenazas en contra de la vida de varias y varios compañeros y la ya racista y tradicional frase que constantemente ocupan: Sólo son unos cuántos quienes se oponen al progreso y desarrollo. 

Ante la insaciable búsqueda de la venganza de los operadores locales -incluyendo al CEO el Sr. Darren Hall en contubernio por omisión o porque está enterado-, previo a las celebraciones de nuestros santos difuntos, una reforzada campaña en redes empezó a criminalizarnos para ahora posicionar en la opinión pública y en los operadores políticos que, en vez de ser víctimas de la violación de derechos fundamentales que atentan contra nuestra vida por parte de la empresa, ahora somos victimarios y operamos para la delincuencia organizada.

La mezquindad de la empresa no tiene límites y nuevamente hacemos responsable al Sr. Hugo Vergara -principal operador en contra de la paz social-, de lo que nos pueda ocurrir, a la vez que advertimos a sus colegas del sector minero que participarán en el contexto de la XXXVI Convención Internacional de Minería por celebrase en este mes en Acapulco, que la empresa canadiense Equinox saldrá a presumir la aplicación de los más altos estándares internacionales relacionados con la responsabilidad social corporativa (RSC). La realidad está a la vista: Equinox atenta contra nuestra vida porque se niega a entregarnos las tierras rehabilitadas, está clausurada por el gobierno federal (PROFEPA) por contaminar el ambiente y por violaciones a la ley y, ahora a su arenga mediática, orienta su estrategia a criminalizar nuestra lucha e intentar meternos en la cárcel.

No nos es ajeno que en este país quienes defendemos nuestros derechos acabemos tipificados como delincuentes y, por el contrario, quienes nos violentan caminen sonrientes por las calles de la impunidad. La premisa es simple; si no quieren negociar la continuidad, es su obligación regresarnos las tierras rehabilitadas, deben cumplir con la recuperación ambiental vinculada a los actos de clausura por parte de Profepa y, cuando ello ocurra, entonces pueden irse a Canadá o a otro lugar en donde la población y los gobernantes locales estén dispuestos a aceptarles migajas, racismo, discriminación, explotación y ser sumisos ante las violaciones a las leyes. 

Equinox ya no sólo quiere las tierras a como dé lugar bajo sus condiciones de sumisión y sometimiento, ahora nos quiere en la cárcel y, aunque estamos enterados que la gobernadora Evelyn Salgado no ha caído en los engaños de la empresa, otros de sus operadores estatales y la presidenta municipal de Eduardo Neri son siervos y serviles a la empresa.

Criminalizarnos es un acto deleznable de Equinox, pero conociendo a Hugo Vergara y Armando Fausto principales operadores de la empresa en Los Filos, no nos extraña, porque llevan meses intentando desacreditarnos, hacen todo lo posible por salir avantes de las violaciones flagrantes en las que incurren y, al final parece solamente les queda que logren convencer al estado para que nos desalojen violentamente y meter en la cárcel a compañeros nuestros. Insistimos en que nuestra lucha debe marcar un referente histórico para terminar con la impunidad, el racismo y la discriminación con la que operan las empresas mineras canadienses, así como las de otras naciones incluyendo las de privados mexicanos, pero para que ello suceda requerimos de la convicción política de políticos que no les tengan miedo y quieran poner orden a la impunidad.

Insistimos, cualquier acto en contra de algún o alguna compañera del ejido es total responsabilidad de Equinox Gold y de sus racistas operadores locales.

ATENTAMENTE

MESA AGRARIA DEL EJIDO DE CARRIZALILLO

Imagen: Sello de clausura de PROFEPA. Foto: Ejido Carrizalillo, Guerrero.

Infográfia: Coca Cola – FEMSA; La chispa de la muerte

Publicada el | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario en Infográfia: Coca Cola – FEMSA; La chispa de la muerte

Empresas Transnacionales en México: Criminales Ambientales

Presentamos esta serie de infografías que visibilizan el impacto de las empresas transnacionales más contaminantes en México. Estas corporaciones transnacionales son responsables de graves impactos socioambientales, bajo el discurso del desarrollo y el progreso, han devastado ecosistemas, vulnerado derechos humanos y profundizado las crisis socioambientales.

Nuestro objetivo es evidenciar cómo operan estos actores criminales, mostrar las luchas de las comunidades afectadas y denunciar la impunidad con la que continúan destruyendo territorios y vidas. Con esta información buscamos visibilizar sus responsabilidades y aportar a las luchas por la justicia ambiental en el país.

En esta septima infografía, abordamos a Coca cola – FEMSA, la gran trasnacional refresquera.

La Auto-Regulación Empresarial de la Minería es una Simulación

Publicada el | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario en La Auto-Regulación Empresarial de la Minería es una Simulación

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 3 de noviembre del 2025

El Montaje Mediático de las Empresas Mineras Canadienses y la Diplomacia Canadiense en México

El lunes 24 de octubre, el Comité Ejecutivo de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá en México (CanCham) comunicó la adopción del estándar Hacia una Minería Sustentable por parte de sus socios, anunciándolo como si esto fuera un gran avance para la industria en México y para la relación entre Canadá y México. Pero, ¿Qué es este estándar?, ¿Cómo funciona? ¿Qué papel tiene en su promoción el gobierno canadiense?

Dado el gran velo que cubren estos mecanismos de auto regulación empresarial de la que este estándar forma parte, queremos en este comunicado dar algunos elementos para  mostrar por qué este estándar es un mecanismo más de simulación, que permite que, mientras las empresas canadienses destruyen con impunidad vidas y territorios en diferentes partes de la República mexicana, sean reconocidas por los gobiernos como “una fuerza positiva para las comunidades, para el medio ambiente y para la prosperidad a largo plazo de nuestro México”, como dijo el embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, al anunciar este estándar.

El estándar Hacia una Minería Sustentable (TSM por sus siglas en inglés) es un mecanismo creado por la Asociación Minera de Canadá que consiste en nueve protocolos para la autoevaluación de las operaciones mineras y que, desde hace años, ha sido promovido por dicha Asociación, tanto dentro de Canadá como a nivel global. Sin embargo, el sector minero no es el único impulsor de este estándar; las embajadas canadienses alrededor del mundo también asumieron el papel de promotoras de dicho estándar voluntario, como parte de su política exterior servil a los intereses mineros. Así, la embajada actúa con omisión y negligencia ante la exigencia que gobiernos, organizaciones y comunidades le han hecho durante décadas para llevar a rendir cuentas a las empresas mineras con domicilio en Canadá por las violaciones a derechos humanos, medio ambiente y a la salud en diversos países.

Contrario a lo que dijo el Embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, en el boletín emitido por CanCham, este estándar no va a “garantizar que la inversión canadiense en el sector minero mexicano siga siendo, más que nunca, una fuerza positiva: para las comunidades, para el medio ambiente y para la prosperidad a largo plazo de nuestro México». Más bien, este estándar promueve la opacidad y el conflicto de interés al promover procesos de auto-regulación de las empresas sobre sus propias operaciones. Es además un mecanismo que no conlleva penalizaciones para las empresas que no cumplen los protocolos, al tiempo que evita que las comunidades y trabajadores mineros afectados busquen justicia y reparación del daño cuando pierden fuentes de agua, se destruyen sus tierras cultivables, empiezan a enfermarse, o enfrentan la criminalización y la violencia por haberse organizado y denunciado violaciones de sus derechos.

Organizaciones ambientales y pueblos indígenas de Canadá también han señalado la peligrosidad de este estándar, por la misma forma en que la Asociación Minera de Canadá y el gobierno de la provincia de Columbia Británica, en este caso, lo han utilizado para disfrazar la minería como una actividad “responsable”, evitando así responder a las constantes exigencias sobre los riesgos que implican los diques de cola, sobre la debilidad de la legislación y los controles para manejar la contaminación del agua generada por la minería, y la falta de respeto y desdén que constantemente muestran las corporaciones mineras hacia la autodeterminación de los pueblos indígenas.

En una publicación de 2021, este grupo de organizaciones canadienses observaron que este estándar voluntario no asegura que las empresas cumplan ni con sus protocolos, ni con las leyes locales de aquel país y, aún más, lo señalaron por ser un estándar incluso más débil que otros, por no tomar en consideración temas relevantes como la reclamación y cierre de minas, la seguridad en torno a la operación minera, o los derechos humanos, entre otros.

Además, lo que se anunció esta semana como el compromiso de las empresas mineras canadienses vinculadas al comité de CanCham para “implementar de manera gradual los protocolos del estándar”, es como decir que lo podrían aplicar ahora o nunca, dado que todo es gradual y voluntario.

Para dimensionar lo inútil que este estándar es para la justicia y la rendición de cuentas, basta con voltear a ver la mina Los Filos de la empresa Equinox Gold en Guerrero, una empresa canadiense con sede en Vancouver y cuyo vicepresidente para México, Armando Ortega, forma parte del Consejo Ejecutivo actual de CanCham. Este empresa ya tiene un compromiso con el estándar mencionado, al ser miembro de la Asociación Minera de Canadá, y demuestra la farsa que es este estándar. Al mismo tiempo su mina Los Filos está poniendo en riesgo la vida de la comunidad de Carrizalillo al haber destruido casi la totalidad de sus tierras mientras la empresa mantiene su pretensión de imponer condiciones absolutamente inviables sobre su convenio de uso de tierras, con la auto-suspensión ilegal de su mina y al mismo tiempo haciendo amenazas y demandas en contra de la comunidad.

Esto conjunto de violaciones no sólo lo dice la comunidad de Carrizalillo, si no ahora la clausura reciente por PROFEPA a las operaciones de la empresa, respalda lo que ha estado diciendo la comunidad desde hace meses en torno a los incumplimientos de la empresa de la normatividad ambiental mexicana y respecto al señalamiento de que este cierre debería conllevar un proceso de remediación, rehabilitación y compensación justa y consensuado con la comunidad.  

Finalmente, en su boletín, el Comité Ejecutivo de Minería de CanCham, dice que la adopción de este estándar “responde a la exigencia consensuada por la presidenta de México y el primer ministro de Canadá para que la industria minera siga llevando a cabo protocolos de protección comunitaria y ambiental acordes con las aspiraciones comunes de construir un marco de desarrollo sostenible”. Como REMA, no dudamos que este anuncio sea parte de un montaje mediático organizado por la industria en colaboración con la diplomacia canadiense para maquillar su Plan de Acción Canadá-México y su acercamiento con México en el contexto de la revisión del T-MEC para tratar de persuadir al gobierno mexicano que las empresas mineras canadienses ahora van a comportarse bien.

Si las autoridades mexicanas responden a este gesto con complacencia y confianza, sería caer nuevamente en la trampa de la simulación, en la política colonial extractivista de Canadá y aceptar la continuidad del despojo, desplazamiento e impunidad en torno a la minería que ya conocemos demasiado bien.   

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)

Imagen: Mina Los Filos, Carrizalillo, Guerrero. Foto: REMA

Para mayor información:

–Desmintiendo los mitos sobre la minería «sostenible» en la Columbia Británica: Información general, MiningWatch Canadá.

Nota REMA | La destrucción anunciada de la Laguna de Cuyutlán por el megaproyecto Puerto Nuevo Manzanillo, Colima

Publicada el | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario en Nota REMA | La destrucción anunciada de la Laguna de Cuyutlán por el megaproyecto Puerto Nuevo Manzanillo, Colima

Compartimos esta nota de análisis de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 16 de octubre del 2025

Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) escribimos esta nota de análisis a partir de lo ocurrido durante la Reunión Pública de Información del proyecto Puerto Nuevo Manzanillo, promovido por la Secretaría de Marina (SEMAR) y realizada el 2 de octubre. La publicamos ante la preocupación y en solidaridad con las denuncias de Tsikini A.C., DEMAREM A.C. y las comunidades de la Laguna de Cuyutlán, que han señalado graves carencias en la evaluación ambiental, irregularidades en el procedimiento y simulación institucional. Esta nota busca visibilizar los hechos, amplificar las voces comunitarias y analizar el avance de la militarización y el despojo territorial bajo el discurso del desarrollo.

A principios del mes, la SEMARNAT llevó a cabo la Reunión Pública tras la presión de 651 pescadores, salineros y organizaciones locales que impidieron que se realizara únicamente en línea, quienes durante toda la jornada demostraron que no se trata de unos cuantos inconformes, sino de una comunidad que sabe sobre las implicaciones de la expansión portuaria sobre la Laguna de Cuyutlán. 

Durante la jornada se denunciaron distintas irregularidades en los procedimientos de implementación, como trabajos de dragado iniciados sin permisos ambientales y una Manifestación de Impacto Ambiental elaborada en apenas dos meses, firmada por un solo consultor. Además, se alertó sobre la fragmentación ilegal del proyecto, al presentar por separado el bardeado del vaso II, una estrategia que busca evadir la evaluación integral de los graves impactos ambientales y sociales.

Lo ocurrido en Manzanillo forma parte de un patrón estructural de imposición institucional cada vez más militarizada que se repite en numerosos territorios del país, que transgrede la integridad de la Laguna de Cuyutlán entera, y pone en riesgo el ecosistema de manglar con toda su biodiversidad e importancia para la protección costera ante eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes, además afectando los derechos de la población afectada a un ambiente sano, al agua, a la salud y al trabajo de las familias salineras y pesqueras, reduciendo los procesos de consulta pública (tal como han sido durante todo el periodo neoliberal hasta ahora) a formalidades administrativas manipuladoras y mal hechas que sirven para legitimar decisiones ya tomadas por las élites políticas y/o empresariales.

Las autoridades encargadas realizan estos procedimientos evadiendo la garantía de derecho a la información y a la participación, generando dinámicas de desgaste, división y exclusión. Esta reunión pública evidencia cómo la burocracia ambientalreproduce prácticas coloniales de simulación participativa.

Es de especial preocupación que estos espacios también sirvan a las autoridades para la confrontación utilizando estrategias para el acarreamiento de personas o la invitación a opositores del proyecto fomentando la división comunitaria. Estos espacios para nada buscan la información, la participación ciudadana ni la rendición de cuentas, son un montaje institucional que busca validar administrativamente y políticamente un proyecto que ya decidieron las autoridades sea aprobado. 

La Secretaría de Marina (SEMAR) representa la militarización creciente del país y del control estratégico de los bienes comunes. A través de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), que desde 2021 concentra bajo mando militar la gestión de todos los puertos, la Marina actúa como promotora directa del proyecto. Esta participación refleja una política nacional que militariza la infraestructura estratégica y coloca el llamado “interés nacional” por encima de los derechos de las comunidades, donde la fuerza sustituye la voz de los pueblos afectados. 

En el fondo, este caso revela cómo la política ambiental es una herramienta de gestión del despojo, al servicio de megaproyectos de infraestructura, exportación y logística que profundizan el extractivismo bajo nuevos nombres. La expansión del Puerto de Manzanillo no solo amenaza el equilibrio ecológico de la Laguna de Cuyutlán, sino que acelera la privatización del litoral, la pérdida de biodiversidad, el desplazamiento de comunidades y la producción pesquera y salinera, y el colapso urbano que ya afecta a la región. Con ello, se perpetúa un modelo autoritario extractivista militarizado en el que las instituciones estatales siguen actúan como facilitadores o operadoras del capitalismo rapaz y no como garantes de los derechos humanos, ambientales y colectivos de los pueblos.

Compartimos el comunicado de prensa de DAMAREM A.C. donde se relatan los hechos y las exigencias de las comunidades y los comentarios sobre la MIA preparado entre Tsikini A.C, Conexiones Climáticas y ELAW. 

Imagen: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gobierno de México (2019).