A 16 años del asesinato de Mariano Abarca, la impunidad sigue protegiendo a la minería canadiense en Chiapas y en México

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA en conmemoración de Mariano Abarca – A 28 de noviembre del 2025

Este 27 de noviembre, recordamos a Mariano Abarca Roblero, defensor ambiental, integrante fundador de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) y referente de la lucha contra la minería en Chiapas y en América Latina. Mariano fue asesinado el 27 de noviembre de 2009 en Chicomuselo, Chiapas, por haber denunciado los impactos sociales y ambientales de la empresa minera canadiense Blackfire Exploration, que explotaba la mina de barita “La Revancha” en el ejido Morelia.

Recordamos que su asesinato no fue un hecho aislado ni fortuito, Mariano había sido objeto de hostigamientos, amenazas y campañas de criminalización, incluyendo una detención injusta dos meses antes de su asesinato, precisamente por oponerse al daño provocado por la empresa minera y por organizar a la comunidad para defender el territorio.

La organización comunitaria de Chicomuselo y la fuerza de Mariano lograron que el municipio se declarará “Territorio libre de minería“ y  la clausura de la mina de Blackfire en el ejido Morelia. Sin embargo, la violencia no se ha desarticulado de la mina en la región, por lo que pobladores del municipio han continuado con diversas demandas, confirmando que en donde se establece una mina no volverá a haber paz.

La búsqueda de justicia por el asesinato de Mariano Abarca se ha convertido en un caso emblemático contra la impunidad en México y en Canadá. En 2017, su familia, la REMA y las organizaciones Otros Mundos Chiapas y MiningWatch Canadá llevamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando la negligencia del Estado mexicano para garantizar la seguridad física y psicológica de Mariano, a pesar de las amenazas públicas y documentadas en su contra.

En 2018, la familia de Mariano denunció en Canadá la complicidad de la Embajada de Canadá en México, que priorizó la protección de los intereses de Blackfire por encima de la seguridad de Mariano, incluso en los meses y semanas previas a su asesinato. A este proceder le hemos nombrado “diplomacia letal”, para evidenciar cómo la política exterior canadiense puede volverse un factor directo de riesgo para quienes defienden el territorio. Después de que las instancias legales canadienses rechazaran la denuncia, en 2023 se presentó un nuevo recurso ante la CIDH, señalando también la responsabilidad del gobierno canadiense por su rol en la protección de las empresas mineras y en la falta de garantías para las personas defensoras.

Este 2025, el recuerdo de Mariano se cruza con un nuevo ciclo de promoción agresiva de la minería, incluyendo a Canadá. El 18 de septiembre, el primer ministro canadiense Mark Carney visitó México para fortalecer el T-MEC, blindar inversiones y abrir nuevas oportunidades comerciales para las empresas de capital privado en Canadá. Desde la REMA, afirmamos que está visita no representó ninguna garantía contra la impunidad con la que han operado históricamente las minas canadienses en nuestro país; por el contrario, buscó consolidar la continuidad de una prosperidad no compartida y racista, basada en el saqueo de los minerales y en la violación a los derechos de los pueblos.

Durante una mañanera, la presidenta de México Claudia Sheinbaum declaró que Carney se comprometió a pedir a las mineras canadienses que cumplan con las normas ambientales si están interesados en aumentar inversiones en México, sin embargo sabemos lo hueco de esta promesa por nuestra experiencia en los territorios y por saber que, en Canadá, se ha estado desarmando el mecanismo creado para recibir quejas sobre empresas canadienses en el exterior (mecanismo que hemos denunciado como insuficiente y sin poder de hacer recomendaciones vinculantes sobre la actuación de las empresas). En Chicomuselo, Chiapas, tal como en Carrizalillo, Guerrero, la “buena conducta” empresarial que promete el mandatario canadiense y las promesas de mejores prácticas no han traído justicia, ni han frenado la contaminación, las enfermedades y el despojo ligado a la minería.

Durante este mes, el 19 de noviembre, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, vuelve a entregar a México como un destino “seguro” para la inversión extractiva, anunciando que vuelve a reactivar el modelo extractivo minero de muerte. Aparentemente, no le importa a este gobierno toda la evidencia de  los graves daños socioambientales que el modelo minero genera, muchos de ellos irreparables, y tampoco la violencia que atrae, desde los asesinatos y desapariciones de personas defensoras del territorio al desplazamiento forzado de poblaciones. Al mismo tiempo, el propio gobierno está atado a tratados comerciales como el T-MEC y el TPP, que lo exponen a demandas millonarias por parte de las mismas corporaciones responsables de la devastación de los territorios como parte de la estructura de impunidad, siendo México el cuarto país más demandado por empresas transnacionales en el mundo y el tercero a nivel del Caribe y América Latina.

Por eso, cuando hoy se anuncian nuevas rondas de expansión minera y se publicitan los absurdos “compromisos” ambientales de las empresas canadienses, desde la REMA denunciamos que la impunidad de Blackfire y del Estado canadiense en el caso de Mariano Abarca, y de tantos otros casos en el país, sigue intacta. La falta de protección brindada a Mariano por parte del Estado mexicano, así como la complicidad activa de la Embajada de Canadá, crearon las condiciones para que su asesinato ocurriera. Hasta hoy, ninguno de los dos Estados ha asumido plenamente su responsabilidad ni ha garantizado justicia y reparación para su familia y su comunidad.

Desde la REMA exigimos que tanto el Estado mexicano como el Estado canadiense respondan por su responsabilidad en la falta de protección a Mariano y por la impunidad que rodea su caso; y que se detenga la promoción de la minería como supuesto motor de desarrollo. Exigimos verdad, justicia y reparación en los territorios ya devastados; y que se respeten las decisiones de los pueblos que, como Chicomuselo, se han declarado libres de minería y han dicho NO al modelo extractivo.

Enviamos un saludo a la iniciativa creada por Otros Mundos A.C., el “Premio Ambiental Mariano Abarca”, que es un reconocimiento moral y colectivo a las luchas en defensa del territorio y la vida en Chiapas, y que este año distingue a la BIORED por sus alternativas comunitarias de energía, agua y soberanía alimentaria frente al modelo extractivo. El legado de Mariano no sólo denuncia las injusticias, sino que también sigue inspirando a construir territorios libres de extractivismo y llenos de alternativas al modelo de producción capitalista.

¡Mariano Abarca vive en la lucha de los pueblos de Chicomuselo, de Chiapas y de toda América Latina!

COMUNICADO DE PRENSA MANUEL SANTIZ CRUZ, LIBERADO

Compartimos este comunicado de CLIFODH y Otros Mundos – A 21 de noviembre del 2025

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, el Tribunal Colegiado del Poder Judicial del Estado de Chiapas, ordenó la libertad inmediata de nuestro representado, el indígena tseltal Manuel Santiz Cruz, acusado de un delito que no cometió y por el que estuvo preso más de tres años. La decisión del organismo fue la respuesta al amparo 64/2025 que la Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos – Otros Mundos interpuso ante la serie de violaciones a los derechos humanos ocurridas a lo largo del proceso judicial contra Manuel Santiz Cruz y la consecuente sentencia condenatoria de 25 años, a todas luces injusta.

Entre las acciones contrarias a la justicia se encuentran:

  • Graves faltas al debido proceso.
  • Deficiente valoración de pruebas.
  • Inconsistencias e irregularidades diversas, como no contar con una adecuada interpretación en lengua tseltal, periciales incompletas y mal elaboradas, así como aleccionamiento de testimoniales, entre otras.
  • La no acreditación por parte de la Fiscalía del tiempo, la forma y el lugar de los hechos.

Manuel Santiz Cruz es miembro activo de la Parroquia de San Juan Evangelista en Cancuc, de donde es originario, así como un reconocido defensor de derechos humanos y de la tierra y el territorio en dicho municipio. Su detención, encarcelamiento y sentencia condenatoria fueron un duro golpe a la justicia y una afrenta más a la población indígena del estado de Chiapas. Con su liberación no sólo se revierte esta terrible injusticia; se demostró su inocencia y se reparó en parte el daño causado a nuestro defendido, a su familia y a su pueblo.

Esperamos que la acertada decisión del Tribunal Colegiado del Poder Judicial en el caso de Manuel Santiz Cruz siente un precedente que sirva para que muchas otras personas injustamente presas alcancen la libertad que merecen.

Más información

Boletín de Prensa: Ante la imposibilidad de someternos, Equinox Gold apuesta por criminalizar nuestra lucha

Compartimos este comunicado de Ejido Carrizalillo a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 4 de noviembre de 2025

Hace 7 meses inicio nuestra lucha en contra de la imposición de las pretensiones regresivas, injustas, indignas y colonialistas por parte de la empresa minera canadiense Equinox Gold, relacionadas con la continuidad de la ocupación temporal de nuestras tierras que estaban acompañadas de otro convenio “incomprensiblemente rasurado” relacionado con contraprestaciones sociales, en donde venían temas de enorme relevancia para nosotros como acceso preferencial al empleo, concesiones de equipo y maquinaria, atención a los daños a la salud que son inmensos y muchos de ellos irreversibles de cura alguna y, acceder a agua limpia y libre de metales pesados, este último tema incumplido desde el 2007 por parte de las tres empresas que han ocupado nuestro territorio, aun y a pesar de haber establecido acuerdos con nosotros.

Poco antes de iniciar nuestro campamento actual, la empresa apostó por una estrategia para crear desgaste en contra de nuestro ejido: primero declarando una suspensión indefinida e ilegal del proyecto Los Filos, por la cual la “omisa” Secretaria de Economía (SE), por ley desde hace meses debió retirarle la concesión minera y hacerle pagar el daño que a ello corresponde; luego la empresa hizo un absurdo relanzamiento del “Nuevo Filos”, con testigos de honor del gobierno estatal, relanzamiento que hoy se encuentra clausurado por Profepa por no cumplir con las remediaciones solicitadas por su irresponsabilidad de creer que su suspensión indefinida pasaría desapercibida por nosotros quienes rápidamente solicitamos una inspección ambiental que pusiera en orden a esta empresa contaminante; también está violentando el plan de manejo autorizado por SEMARNAT y, en consecuencia, violan la ley ambiental al no realizar el mantenimiento básico que ha incrementado los riesgos de daño ambiental, por cierto, mantenimiento por el que Equinox pretende culparnos como si nosotros tuviéramos la concesión minera, a tal grado que ahora –politizando el discurso-, quieren hacer creer a la autoridad ambiental que es responsabilidad nuestra. 

Equinox se encuentre entrampada porque tiene demasiados incumplimientos legales, sus apoyos estatales no disponen de poder legal sobre ningún aspecto relacionado con las leyes que le corresponden al sector minero y, si en realidad quiere resolver la situación que tiene por las violaciones e incumplimientos, no le quedan muchas opciones entre las que citamos las siguientes: Equinox debe negociar con nosotros la continuidad de la operación minera o, de no hacerlo, debe negociar con nosotros la implementación del plan y el programa de cierre y post-cierre de la mina e incluso, antes que decida alguna de las anteriormente señaladas, debe negociar con nosotros la remediación y el mantenimiento por lo cual se encuentra clausurada. 

El escenario de las violaciones flagrantes e incumplimientos a las leyes son claras; la empresa está ocupando de hecho y de facto nuestras tierras, porque al negarse a realizar un nuevo convenio para seguir ocupando nuestra tierras, es su obligación –tal como lo establece la ley-, iniciar el proceso de implementación de acciones relacionadas con el cierre y post-cierre de la mina, que entre otras cosas significa entregarnos las tierras rehabilitadas para que nosotros, una vez que la empresa decidió no continuar con la actividad minera, sigamos ejerciendo nuestro derecho a ser campesinos y campesinas. En ese contexto, la ley es clara y simple; no hay nada en la ley que nos obligue a rentar nuestras tierras a un postor que no cubra nuestras expectativas, así como también es obligación de la empresa, por ley, rehabilitar las tierras que ocupó durante los años de operación minera.

No es una necedad nuestra, es lo que la ley dice. Sin embargo, sus operadores haciendo gala de sus mejores actos de discriminación y racismo, continúan implementando acciones claramente orientadas a castigar a nuestro ejido, porque para ellos es inverosímil que la ley nos asista y, en vez de que se concentren en cumplirla, fomentan diversos escenarios orientados en contra nuestra fuera de toda lógica: atentan contra la paz social creando arengas entre las comunidades relacionadas al proyecto, distribuyen información falsa y tendenciosa sobre el presente-futuro del Nuevo Filos con las comunidades vecinas, hacen todo lo posible por convencer a políticos –en varios casos lo logran-, para hacerlos copartícipes en la defensa de los intereses de la empresa en donde lamentablemente “nuestros” servidores públicos literalmente deshonran sus funciones y atribuciones. Por supuesto nunca faltan las amenazas en contra de la vida de varias y varios compañeros y la ya racista y tradicional frase que constantemente ocupan: Sólo son unos cuántos quienes se oponen al progreso y desarrollo. 

Ante la insaciable búsqueda de la venganza de los operadores locales -incluyendo al CEO el Sr. Darren Hall en contubernio por omisión o porque está enterado-, previo a las celebraciones de nuestros santos difuntos, una reforzada campaña en redes empezó a criminalizarnos para ahora posicionar en la opinión pública y en los operadores políticos que, en vez de ser víctimas de la violación de derechos fundamentales que atentan contra nuestra vida por parte de la empresa, ahora somos victimarios y operamos para la delincuencia organizada.

La mezquindad de la empresa no tiene límites y nuevamente hacemos responsable al Sr. Hugo Vergara -principal operador en contra de la paz social-, de lo que nos pueda ocurrir, a la vez que advertimos a sus colegas del sector minero que participarán en el contexto de la XXXVI Convención Internacional de Minería por celebrase en este mes en Acapulco, que la empresa canadiense Equinox saldrá a presumir la aplicación de los más altos estándares internacionales relacionados con la responsabilidad social corporativa (RSC). La realidad está a la vista: Equinox atenta contra nuestra vida porque se niega a entregarnos las tierras rehabilitadas, está clausurada por el gobierno federal (PROFEPA) por contaminar el ambiente y por violaciones a la ley y, ahora a su arenga mediática, orienta su estrategia a criminalizar nuestra lucha e intentar meternos en la cárcel.

No nos es ajeno que en este país quienes defendemos nuestros derechos acabemos tipificados como delincuentes y, por el contrario, quienes nos violentan caminen sonrientes por las calles de la impunidad. La premisa es simple; si no quieren negociar la continuidad, es su obligación regresarnos las tierras rehabilitadas, deben cumplir con la recuperación ambiental vinculada a los actos de clausura por parte de Profepa y, cuando ello ocurra, entonces pueden irse a Canadá o a otro lugar en donde la población y los gobernantes locales estén dispuestos a aceptarles migajas, racismo, discriminación, explotación y ser sumisos ante las violaciones a las leyes. 

Equinox ya no sólo quiere las tierras a como dé lugar bajo sus condiciones de sumisión y sometimiento, ahora nos quiere en la cárcel y, aunque estamos enterados que la gobernadora Evelyn Salgado no ha caído en los engaños de la empresa, otros de sus operadores estatales y la presidenta municipal de Eduardo Neri son siervos y serviles a la empresa.

Criminalizarnos es un acto deleznable de Equinox, pero conociendo a Hugo Vergara y Armando Fausto principales operadores de la empresa en Los Filos, no nos extraña, porque llevan meses intentando desacreditarnos, hacen todo lo posible por salir avantes de las violaciones flagrantes en las que incurren y, al final parece solamente les queda que logren convencer al estado para que nos desalojen violentamente y meter en la cárcel a compañeros nuestros. Insistimos en que nuestra lucha debe marcar un referente histórico para terminar con la impunidad, el racismo y la discriminación con la que operan las empresas mineras canadienses, así como las de otras naciones incluyendo las de privados mexicanos, pero para que ello suceda requerimos de la convicción política de políticos que no les tengan miedo y quieran poner orden a la impunidad.

Insistimos, cualquier acto en contra de algún o alguna compañera del ejido es total responsabilidad de Equinox Gold y de sus racistas operadores locales.

ATENTAMENTE

MESA AGRARIA DEL EJIDO DE CARRIZALILLO

Imagen: Sello de clausura de PROFEPA. Foto: Ejido Carrizalillo, Guerrero.

Infográfia: Coca Cola – FEMSA; La chispa de la muerte

Empresas Transnacionales en México: Criminales Ambientales

Presentamos esta serie de infografías que visibilizan el impacto de las empresas transnacionales más contaminantes en México. Estas corporaciones transnacionales son responsables de graves impactos socioambientales, bajo el discurso del desarrollo y el progreso, han devastado ecosistemas, vulnerado derechos humanos y profundizado las crisis socioambientales.

Nuestro objetivo es evidenciar cómo operan estos actores criminales, mostrar las luchas de las comunidades afectadas y denunciar la impunidad con la que continúan destruyendo territorios y vidas. Con esta información buscamos visibilizar sus responsabilidades y aportar a las luchas por la justicia ambiental en el país.

En esta septima infografía, abordamos a Coca cola – FEMSA, la gran trasnacional refresquera.

La Auto-Regulación Empresarial de la Minería es una Simulación

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 3 de noviembre del 2025

El Montaje Mediático de las Empresas Mineras Canadienses y la Diplomacia Canadiense en México

El lunes 24 de octubre, el Comité Ejecutivo de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá en México (CanCham) comunicó la adopción del estándar Hacia una Minería Sustentable por parte de sus socios, anunciándolo como si esto fuera un gran avance para la industria en México y para la relación entre Canadá y México. Pero, ¿Qué es este estándar?, ¿Cómo funciona? ¿Qué papel tiene en su promoción el gobierno canadiense?

Dado el gran velo que cubren estos mecanismos de auto regulación empresarial de la que este estándar forma parte, queremos en este comunicado dar algunos elementos para  mostrar por qué este estándar es un mecanismo más de simulación, que permite que, mientras las empresas canadienses destruyen con impunidad vidas y territorios en diferentes partes de la República mexicana, sean reconocidas por los gobiernos como una fuerza positiva para las comunidades, para el medio ambiente y para la prosperidad a largo plazo de nuestro México”, como dijo el embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, al anunciar este estándar.

El estándar Hacia una Minería Sustentable (TSM por sus siglas en inglés) es un mecanismo creado por la Asociación Minera de Canadá que consiste en nueve protocolos para la autoevaluación de las operaciones mineras y que, desde hace años, ha sido promovido por dicha Asociación, tanto dentro de Canadá como a nivel global. Sin embargo, el sector minero no es el único impulsor de este estándar; las embajadas canadienses alrededor del mundo también asumieron el papel de promotoras de dicho estándar voluntario, como parte de su política exterior servil a los intereses mineros. Así, la embajada actúa con omisión y negligencia ante la exigencia que gobiernos, organizaciones y comunidades le han hecho durante décadas para llevar a rendir cuentas a las empresas mineras con domicilio en Canadá por las violaciones a derechos humanos, medio ambiente y a la salud en diversos países.

Contrario a lo que dijo el Embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, en el boletín emitido por CanCham, este estándar no va a “garantizar que la inversión canadiense en el sector minero mexicano siga siendo, más que nunca, una fuerza positiva: para las comunidades, para el medio ambiente y para la prosperidad a largo plazo de nuestro México». Más bien, este estándar promueve la opacidad y el conflicto de interés al promover procesos de auto-regulación de las empresas sobre sus propias operaciones. Es además un mecanismo que no conlleva penalizaciones para las empresas que no cumplen los protocolos, al tiempo que evita que las comunidades y trabajadores mineros afectados busquen justicia y reparación del daño cuando pierden fuentes de agua, se destruyen sus tierras cultivables, empiezan a enfermarse, o enfrentan la criminalización y la violencia por haberse organizado y denunciado violaciones de sus derechos.

Organizaciones ambientales y pueblos indígenas de Canadá también han señalado la peligrosidad de este estándar, por la misma forma en que la Asociación Minera de Canadá y el gobierno de la provincia de Columbia Británica, en este caso, lo han utilizado para disfrazar la minería como una actividad “responsable”, evitando así responder a las constantes exigencias sobre los riesgos que implican los diques de cola, sobre la debilidad de la legislación y los controles para manejar la contaminación del agua generada por la minería, y la falta de respeto y desdén que constantemente muestran las corporaciones mineras hacia la autodeterminación de los pueblos indígenas.

En una publicación de 2021, este grupo de organizaciones canadienses observaron que este estándar voluntario no asegura que las empresas cumplan ni con sus protocolos, ni con las leyes locales de aquel país y, aún más, lo señalaron por ser un estándar incluso más débil que otros, por no tomar en consideración temas relevantes como la reclamación y cierre de minas, la seguridad en torno a la operación minera, o los derechos humanos, entre otros.

Además, lo que se anunció esta semana como el compromiso de las empresas mineras canadienses vinculadas al comité de CanCham para “implementar de manera gradual los protocolos del estándar”, es como decir que lo podrían aplicar ahora o nunca, dado que todo es gradual y voluntario.

Para dimensionar lo inútil que este estándar es para la justicia y la rendición de cuentas, basta con voltear a ver la mina Los Filos de la empresa Equinox Gold en Guerrero, una empresa canadiense con sede en Vancouver y cuyo vicepresidente para México, Armando Ortega, forma parte del Consejo Ejecutivo actual de CanCham. Este empresa ya tiene un compromiso con el estándar mencionado, al ser miembro de la Asociación Minera de Canadá, y demuestra la farsa que es este estándar. Al mismo tiempo su mina Los Filos está poniendo en riesgo la vida de la comunidad de Carrizalillo al haber destruido casi la totalidad de sus tierras mientras la empresa mantiene su pretensión de imponer condiciones absolutamente inviables sobre su convenio de uso de tierras, con la auto-suspensión ilegal de su mina y al mismo tiempo haciendo amenazas y demandas en contra de la comunidad.

Esto conjunto de violaciones no sólo lo dice la comunidad de Carrizalillo, si no ahora la clausura reciente por PROFEPA a las operaciones de la empresa, respalda lo que ha estado diciendo la comunidad desde hace meses en torno a los incumplimientos de la empresa de la normatividad ambiental mexicana y respecto al señalamiento de que este cierre debería conllevar un proceso de remediación, rehabilitación y compensación justa y consensuado con la comunidad.  

Finalmente, en su boletín, el Comité Ejecutivo de Minería de CanCham, dice que la adopción de este estándar “responde a la exigencia consensuada por la presidenta de México y el primer ministro de Canadá para que la industria minera siga llevando a cabo protocolos de protección comunitaria y ambiental acordes con las aspiraciones comunes de construir un marco de desarrollo sostenible”. Como REMA, no dudamos que este anuncio sea parte de un montaje mediático organizado por la industria en colaboración con la diplomacia canadiense para maquillar su Plan de Acción Canadá-México y su acercamiento con México en el contexto de la revisión del T-MEC para tratar de persuadir al gobierno mexicano que las empresas mineras canadienses ahora van a comportarse bien.

Si las autoridades mexicanas responden a este gesto con complacencia y confianza, sería caer nuevamente en la trampa de la simulación, en la política colonial extractivista de Canadá y aceptar la continuidad del despojo, desplazamiento e impunidad en torno a la minería que ya conocemos demasiado bien.   

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)

Imagen: Mina Los Filos, Carrizalillo, Guerrero. Foto: REMA

Para mayor información:

Desmintiendo los mitos sobre la minería «sostenible» en la Columbia Británica: Información general, MiningWatch Canadá.

Nota REMA | La destrucción anunciada de la Laguna de Cuyutlán por el megaproyecto Puerto Nuevo Manzanillo, Colima

Compartimos esta nota de análisis de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 16 de octubre del 2025

Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) escribimos esta nota de análisis a partir de lo ocurrido durante la Reunión Pública de Información del proyecto Puerto Nuevo Manzanillo, promovido por la Secretaría de Marina (SEMAR) y realizada el 2 de octubre. La publicamos ante la preocupación y en solidaridad con las denuncias de Tsikini A.C., DEMAREM A.C. y las comunidades de la Laguna de Cuyutlán, que han señalado graves carencias en la evaluación ambiental, irregularidades en el procedimiento y simulación institucional. Esta nota busca visibilizar los hechos, amplificar las voces comunitarias y analizar el avance de la militarización y el despojo territorial bajo el discurso del desarrollo.

A principios del mes, la SEMARNAT llevó a cabo la Reunión Pública tras la presión de 651 pescadores, salineros y organizaciones locales que impidieron que se realizara únicamente en línea, quienes durante toda la jornada demostraron que no se trata de unos cuantos inconformes, sino de una comunidad que sabe sobre las implicaciones de la expansión portuaria sobre la Laguna de Cuyutlán. 

Durante la jornada se denunciaron distintas irregularidades en los procedimientos de implementación, como trabajos de dragado iniciados sin permisos ambientales y una Manifestación de Impacto Ambiental elaborada en apenas dos meses, firmada por un solo consultor. Además, se alertó sobre la fragmentación ilegal del proyecto, al presentar por separado el bardeado del vaso II, una estrategia que busca evadir la evaluación integral de los graves impactos ambientales y sociales.

Lo ocurrido en Manzanillo forma parte de un patrón estructural de imposición institucional cada vez más militarizada que se repite en numerosos territorios del país, que transgrede la integridad de la Laguna de Cuyutlán entera, y pone en riesgo el ecosistema de manglar con toda su biodiversidad e importancia para la protección costera ante eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes, además afectando los derechos de la población afectada a un ambiente sano, al agua, a la salud y al trabajo de las familias salineras y pesqueras, reduciendo los procesos de consulta pública (tal como han sido durante todo el periodo neoliberal hasta ahora) a formalidades administrativas manipuladoras y mal hechas que sirven para legitimar decisiones ya tomadas por las élites políticas y/o empresariales.

Las autoridades encargadas realizan estos procedimientos evadiendo la garantía de derecho a la información y a la participación, generando dinámicas de desgaste, división y exclusión. Esta reunión pública evidencia cómo la burocracia ambientalreproduce prácticas coloniales de simulación participativa.

Es de especial preocupación que estos espacios también sirvan a las autoridades para la confrontación utilizando estrategias para el acarreamiento de personas o la invitación a opositores del proyecto fomentando la división comunitaria. Estos espacios para nada buscan la información, la participación ciudadana ni la rendición de cuentas, son un montaje institucional que busca validar administrativamente y políticamente un proyecto que ya decidieron las autoridades sea aprobado. 

La Secretaría de Marina (SEMAR) representa la militarización creciente del país y del control estratégico de los bienes comunes. A través de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), que desde 2021 concentra bajo mando militar la gestión de todos los puertos, la Marina actúa como promotora directa del proyecto. Esta participación refleja una política nacional que militariza la infraestructura estratégica y coloca el llamado “interés nacional” por encima de los derechos de las comunidades, donde la fuerza sustituye la voz de los pueblos afectados. 

En el fondo, este caso revela cómo la política ambiental es una herramienta de gestión del despojo, al servicio de megaproyectos de infraestructura, exportación y logística que profundizan el extractivismo bajo nuevos nombres. La expansión del Puerto de Manzanillo no solo amenaza el equilibrio ecológico de la Laguna de Cuyutlán, sino que acelera la privatización del litoral, la pérdida de biodiversidad, el desplazamiento de comunidades y la producción pesquera y salinera, y el colapso urbano que ya afecta a la región. Con ello, se perpetúa un modelo autoritario extractivista militarizado en el que las instituciones estatales siguen actúan como facilitadores o operadoras del capitalismo rapaz y no como garantes de los derechos humanos, ambientales y colectivos de los pueblos.

Compartimos el comunicado de prensa de DAMAREM A.C. donde se relatan los hechos y las exigencias de las comunidades y los comentarios sobre la MIA preparado entre Tsikini A.C, Conexiones Climáticas y ELAW. 

Imagen: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gobierno de México (2019).

Ejido Carrizalillo celebró jornada de resistencia y protesta «Seguiremos en pié de lucha»

Compartimos este comunicado del Ejido Carrizalillo a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 19 de septiembre del 2025

Carrizalillo, Mpio. Eduardo Neri, Edo. Guerrero a 19 de septiembre del 2025

Este viernes 19 de septiembre tuvimos una jornada de resistencia y lucha en donde nuevamente evidenciamos la violación flagrante a los derechos humanos y ambientales que desde hace más de 5 meses ejerce sobre nuestro ejido la empresa canadiense Equinox Gold.

Nuestro mensaje lo entregamos directo a la presidenta de la república Claudia Sheinbaum durante su visita de trabajo en Chilpancingo, aunque lamentablemente el secretario general de Gobierno Francisco Rodríguez Cisneros, realizó varios intentos intentando callar nuestra protesta social, mostrado de nuevo servilismo a favor del despojo gestado por la empresa, pero resistimos y tuvimos fuerza moral suficiente para no dejarnos intimidar y la presidenta se llevara nuestro mensaje.

Ese mismo día, en nuestro campamento tuvimos la presencia de la Lic. Ileana Villalobos Estrada, Subsecretaria de Regulación Ambiental de Semarnat, también nos acompañó la Lic. Gabriela Ortiz Merino, Subprocuradora de Inspección y Vigilancia Industrial en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y no podía faltar el Lic. Wolfgang Rodolfo González Muñoz, Subprocurador de la Procuraduría Agraria, entre otros integrantes de las tres dependencias del gobierno federal, quienes ratificaron el desastre ambiental en el que desde hace meses está incurriendo la empresa Equinox Gold, miraron la destrucción de nuestras parcelas inservibles para producir alimentos, además de observar la maquinaria de barrenación trabajando en el naciente proyecto de exploración del “Nuevo Filos”, el cual, además de destruir una zona reforestada, las personalidades que nos visitaron ratificaron lo que ya sospechábamos; la empresa engaña a Xochipala y Mezcala haciéndoles creer que ya disponen de los permisos correspondientes, mismos que no existen, por lo tanto, se refuerza lo que siempre hemos manifestado: la empresa actúa de forma ilegal, viola derechos ambientales y humanos e intenta burlarse de las instituciones ambientales y agrarias de nuestro gobierno.

Fue una buena jornada de lucha para nosotros, porque nos da seguridad y ánimo para seguir resistiendo las atrocidades gestadas por la empresa, seguimos fuertes a pesar de los múltiples intentos gestados por el operador racista de Equinox el Sr. Hugo Vergara con el propósito de confrontarnos entre nosotros y con otras comunidades, así como vamos sintiendo a una empresa cada vez está más arrinconada, aunque sus mandos sigan creyendo que su poder les alcanzará para someternos. Desde nuestro campamento le decimos que seguiremos peleando hasta las últimas consecuencias.

Foto de portada: Autoridades federales inspeccionan los impactos ambientales ocasionados por Equinox Gold en territorio del Ejido de Carrizalillo. Foto: Ejido de Carrizalillo.

El Escaramujo en la Radio miércoles 20 de agosto 7:00 pm: Movimiento Ríos Maya: Hacia la construcción de un movimientos social binacional

El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en este programa estaremos platicando con Francisco Rocael del Consejo de Pueblos Mayas de Guatemala y parte del equipo coordinador de La Alianza Ríos Mayas

Acompáñanos este miércoles 20 de agosto las 7:00 pm por facebook live y nuestro canal de Youtube.

Movimiento Ríos Maya: Hacia la construcción de un movimientos social binacional basado en la autodeterminación de los pueblos y la cosmovisión ancestral

Invitación: Campamento de Verano para Agentes de Cambio

Les compartimos esta invitación para participar en el Campamento de Verano para Agentes de Cambio del 21 al 30 de agosto en Alter Natos.

Este es un encuentro para profundizar y fortalecer procesos sociales, activistas y comunitarios al servicio del bien común. Ven a practicar herramientas de facilitación que nos ayuden a construir otros mundos posibles.

Información:

  • educambiando.org
  • 5534862330
  • agilizadoralatam@gmail.com

El Escaramujo en la Radio miércoles 13 de agosto 7:00 pm: La demanda de México contra fabricantes de armas en Estados Unidos

El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en este programa estaremos platicando con el Dr Marcos Arana

Acompáñanos este miércoles 13 de agosto las 7:00 pm por facebook live y nuestro canal de Youtube.

La demanda de México contra fabricantes de armas en Estados Unidos: Un intento por detener la violencia armada del narco

Autoridades de los tres niveles de gobierno llevan a cabo reuniones privadas, engañosas y a escondidas en Zacatecas para imponer el Proyecto Milpillas

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y del Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco sobre la tensa situación ante de imposición de la represa Mipillas – A 17 de julio del 2025

Desde el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco -conformado por los Ejidos de Atotonilco, Potrero, Estancia de Guadalupe, Corrales; así como de las de las comunidades de Mezquite Blanco, Las Bocas, Carretas y habitantes de la cabecera municipal de Jiménez del Teúl e integrantes de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) y del Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas- denunciamos que desde hace varias semanas las autoridades federales, estatales y municipales, han sostenido reuniones de manera opaca, excluyendo de deliberadamente a la población, e incluso a las y los regidores de los municipios de Jiménez del Teúl y Sombrerete del Estado de Zacatecas. Estas reuniones tienen como objetivo avanzar en la  imposición del proyecto presa Milpillas, coordinando estrategias para lograr  que la gente lo acepte, pese al rechazo expresado por las comunidades afectadas.

El pasado 15 de julio se realizó una reunión en el salón de Cabildo  de la Presidencia Municipal de Jiménez del Teúl, en el que estuvieron presentes el Profesor Daniel Cisneros Esparza, Presidente Municipal de este Ayuntamiento;   la regidora Joana Cristina Torres Gallegos; el Ing. Víctor Manuel Reyes R. Director local de CONAGUA, Zacatecas; la Dra. Susana Rodríguez Márquez, Secretaria del Agua y Medio Ambiente  (SAMA); la C. Gloria López, también de SAMA; el C. José Juan Rodríguez de la Procuraduría Agraria en Zacatecas, la C. María Guadalupe Landeros (cuya dependencia se desconoce, aunque se presume que es federal); el C. José Erasmo Duarte Argumedo de Desarrollo Social del Ayuntamiento; Iliana Herrera Muro, Directora de Obras Públicas del Ayuntamiento; la C. Raquel Nava Guzmán Tesorera del Ayuntamiento; la C. María Guadalupe Argumedo Cisneros Secretaria de Gobierno del Ayuntamiento, el Profesor Juan Miranda, Director de Desarrollo Rural del Ayuntamiento; el tema a tratar era concerniente a la Presa Milpillas. A esta reunión asistieron más autoridades que población, cabe señalar que en ningún momento se hizo una convocatoria pública. De hecho varias del Municipio se mostraron sorprendidas y visiblemente molestas al ver que  algunas y algunos  de nosotros nos presentamos en el lugar al notar presencia inusual de camionetas de la policía estatal y nos acercamos a ver qué sucedía. Hasta donde tenemos conocimiento, la reunión tuvo como propósito coordinar acciones entre distintas dependencias para diseñar estrategias de persuasión y control social, orientadas a legitimar la imposición del proyecto. Parte de estas estrategias incluyen realizar reuniones en las comunidades para convencerlas de aceptar un proyecto que ha sido rechazado por las comunidades directamente afectadas.

Nos queda claro que estas reuniones son una simulación. El hecho de no convocar  y no invitar a la población en general, tiene la finalidad de invisibilizar el rechazo que, como comunidades afectadas/os, hemos denunciado en múltiples ocasiones. El proyecto Milpillas resulta inviable a todas luces y representa claras violaciones a nuestros derechos humanos y agrarios. Una muestra de esta simulación, son las reuniones que intentan mostrar públicamente una supuesta aceptación social y que no hay oposición, pero es claro que llevamos ya casi 10 años luchando contra este proyecto y gracias a esto hemos demostrado que el proyecto no resuelve la problemática de escasez de agua que se plantea para la zona conurbada del estado de Zacatecas. Muy por el contrario, la presa Milpillas agravará el estrés hídrico, que ya padecemos, aumentará la emisión de gases de efecto invernadero y destruirá los ecosistemas que hay en la cuenca, y de los cuales dependemos para nuestra supervivencia todas las poblaciones que habitamos en ella para nuestra subsistencia.

Resulta inadmisible, y creemos que debería ser vergonsozo, el gasto de recursos públicos para continuar tratando de engañar a la opinión pública y a las y los tomadores de decisiones que serán finalmente las y los que aprueben o desaprueben el proyecto. , Por ellos,  hacemos un llamado a los medios de comunicación comprometidos con la verdad, y a la población en general, a nodejarse engañar ni convertirse en cómplices de la violación a nuestros derechos humanos. Les pedimos que se solidaricen con nuestra lucha y respeten la decisión que como Núcleos Agrarios hemos tomado. Nos negamos a convertirnos en otra zona más de sacrificio, de esas tantas que ya hay en este país, que finalmente son comunidades, no pobres, sino condenadas a un modelo de desarrollo que  empobrece

Denunciamos públicamente también que varias dependencias de gobierno están visitando nuestras comunidades para ofrecer apoyos condicionados, como despensas, o reparación de carreteras, tuberías de agua para todas las casas, electricidad, implementando estrategias para que acepten el proyecto de la presa Milpillas. Esto es un claro ejemplo de coacción, y un proyecto en el que la aprobación social la obtienen bajo coacción, es un proyecto ilegal. Así mismo denunciamos que estos apoyos que ofrecen no deberían ser condicionados, a eso se le llama corrupción. Es obligación de los gobiernos llevarlos a cabo, pues para eso son los impuestos que pagamos y para eso tienen un salario como funcionarias y funcionarios públicos A las autoridades municipales, les recordamos que no queremos políticos que dicen estar del lado del pueblo, pero que en los hechos están en contra. Están demostrando ser un gobierno que se alinea con los intereses empresariales —mineras, cerveceras e industrias que despilfarran el agua— y que, en nombre del supuesto progreso y desarrollo, genera graves afectaciones ambientales, sociales y económicas en las comunidades y núcleos de población más vulnerados.

Finalmente queremos decirles que, si se hacen reuniones en lo oscuro y sin amplia convocatoria, es porque algo tienen que esconder. Manifestamos nuestro rechazo a este proyecto y pedimos que respeten nuestra libre determinación que es un derecho y que está claramente establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales que nuestro país ha firmado y debe cumplir.

Plan de Vida: Un modelo alternativo desde los pueblos – Entrevista con Gustavo Castro

Les compartimos esta entrevista que la realizaron a nuestro compañero Gustavo Castro desde la radio comunitaria de Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH – A 15 de junio del 2025

Plan de Vida: Un modelo alternativo desde los pueblos

Entrevista con Gustavo Castro – Otros Mundos

Desde las Radios Comunitarias del COPINH

En una entrevista Gustavo Castro, defensor ambiental y miembro de Otros Mundos A.C. de Chiapas, México, compartió con COPINH su mirada sobre los planes de vida alternativos, la autonomía de los pueblos y el legado de lucha de Berta Cáceres.

De la resistencia a la propuesta

Durante décadas, nuestras comunidades han resistido los embates de los megaproyectos extractivos: hidroeléctricas, minería, monocultivos, transnacionales que arrebatan agua, cultura y salud. Pero Gustavo plantea una pregunta clave: “¿Qué sí queremos? ¿Cuál es nuestro proyecto de vida?”

Para responder, propone cinco pilares fundamentales de autonomía:

  • Agua
  • Energía
  • Alimentación
  • Salud
  • Comunicación

Estos pilares deben estar sostenidos por una conciencia política clara: “Decir no a la Coca-Cola, a las represas o a la minería no es sólo una decisión técnica o de consumo, es una postura política ante la vida”.

Eco tecnologías con conciencia

Castro enfatiza que las eco tecnologías —como biodigestores, baños secos, paneles solares, estufas ahorradoras y sistemas de captación de agua— no pueden implementarse sin un proceso previo de formación y organización comunitaria. De lo contrario, “se abandonan porque no se entienden como parte de un proyecto político de vida”.

En Chiapas, por ejemplo, comunidades indígenas han creado redes de biodigestores, se han organizado para fabricar estufas, compartir abono natural y almacenar agua de lluvia. “Lo hacen colectivamente, con alegría, en asambleas, con tamalitos y experiencias compartidas”.

No hay autonomía sin territorio

“Sin territorio, no hay posibilidad de autonomía”, recuerda Gustavo, y reafirma la necesidad de seguir resistiendo al despojo mientras construimos alternativas concretas que fortalezcan nuestras raíces.

Una invitación a construir

La entrevista cierra con un llamado lleno de esperanza: “Sí se puede. Hay otras formas de vivir. Podemos organizarnos, capacitarnos, tomar decisiones políticas sobre cómo queremos vivir y con quién. Como decía Berta, tenemos que hacerlo felices, cantando, bailando, celebrando la vida”.

Escuchá la entrevista completa a Gustavo Castro y compartila en tu comunidad.

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