El Escaramujo 147: MÉXICO EN LA COYUNTURA ACTUAL

Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

EL ESCARAMUJO No. 147
MÉXICO EN LA COYUNTURA ACTUAL

Ana Vázquez Carpizo
Otros Mundos Chiapas
12 de Octubre 2026, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

Desde 1940, año en el que el Gral. Lázaro Cárdenas dejó la presidencia de la República Mexicana, México no había tenido un gobierno que pudiera considerarse verdaderamente de izquierdas. Si bien desde el Partido Nacional Revolucionario1 la clase política mexicana dominante se decía de izquierda, lo cierto es que a partir de 1940 y a través del partido de Estado, es decir, el Partido Revolucionario Institucional, los gobiernos fueron, en mayor o menor medida, de derechas.

En 2018 se dio un giro radical en las preferencias electorales de las y los mexicanos. Andrés Manuel López Obrador (AMLO), político de izquierda de toda la vida, resultó electo presidente de México y con ello, se instaló un nuevo régimen que, con sus matices e inconsistencias, ciertamente podríamos calificar de izquierda. El triunfo de López Obrador fue tan contundente que el fraude que se fraguaba no pudo implementarse.

La sucesora de AMLO, Claudia Sheinbaum Pardo, logró un número de votos aún mayor que su antecesor y ni siquiera se hizo un intento serio por descalificar su triunfo. Con una trayectoria ligada a la lucha estudiantil y a partidos de izquierda, ha mantenido gran parte de las políticas sociales de López Obrador, con un lenguaje más moderado y menos confrontativo. Su popularidad actual está por encima del 70%, luego de dos años de gobierno. Como la primera mujer en ocupar el cargo, así como su historia de lucha desde las izquierdas y su origen judío, Sheinbaum enfrenta múltiples retos: la violencia que no cede, la difícil relación con los Estados Unidos, el machismo, el anti-judaísmo y, sobre todo, una oposición bastante desdibujada pero extremadamente violenta y tramposa, ligada a los sectores más reaccionarios y corruptos de la sociedad mexicana.

NO perder de vista: AMLO y Sheinbaum son antiliberales pero NO anticapitalistas, con todas las implicaciones que esto conlleva.

En 2027, tendrán lugar las elecciones intermedias, en las que estarán en juego 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas estatales y más de 19,000 cargos a nivel local y municipal. En términos generales, los procesos intermedios suelen tener poca participación y no presentar mayores desafíos. Sin embargo, fungen como un termómetro bastante revelador de lo que será el proceso electoral siguiente, en el que se elige un nuevo titular del Ejecutivo y se renueva el Congreso en su totalidad. Serán el preludio de lo que se viviremos en 2030 y el laboratorio experimental de muchas de las estrategemas que se implementarán para intentar imponer un gobierno ultraderechista dentro de 4 años.

A diferencia de los procesos electorales de 2018 y 2024, en los que, a pesar de los burdos intentos de impedir el triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido de López Obrador y Sheinbaum, se guardaron las mínimas formas de lo que se considera políticamente correcto, es casi un hecho que en 2027 no será así. Lo ocurrido en los últimos años en otros países de América Latina (Honduras, El Salvador, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia, Paraguay, Argentina), donde es innegable la injerencia del anglosionismo para imponer mandatarios cortados a la medida de los intereses de Israel y los Estados Unidos, marca un parteaguas en la historia de nuestro continente. La forma de operar para manipular elecciones y seguir apoderándose de territorios y recursos, ha roto todos los límites y leyes del derecho internacional. Lo que hace ocho años era inimaginable hacer para ganar una elección, hoy es implementado sin tapujos, haciendo incluso alarde de ello.

México, a pesar de su gran dependencia económica de los Estados Unidos, mantiene márgenes de soberanía e independencia de los que ya no goza la mayor parte de Latinoamérica. Junto con Brasil, representa los dos remanentes de progresismo continental, ante una Cuba valiente y solidaria pero hoy asediada como nunca. Si, como hay amplias probabilidades de que ocurra, la ultraderecha bolsonarista es impuesta en Brasil, México se quedará solo y frente a un futuro próximo plagado de peligros y amenazas.

En 2027 es más que probable y posible poner en marcha en México toda la maquinaria golpista de la ultraderecha que tan buenos dividendos han reportado en nuestra América, preparando el escenario de imposición de un gobierno de ultraderecha para 2030. Claudia Sheinbaum y el país con ella enfrentan un futuro inmediato por demás complicado donde entran en acción otros protagonistas:


Libro: Ejido Carrizalillo; La Ignominia del modelo extractivo minero

Compartimos este libro escrito por Miguel Ángel Mijangos Leal y publicado en 2026 por el Centro Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM)

El relato del ejido de Carrizalillo sirve para mirar desde dentro, en tiempo real y con nombres y apellidos, las secuelas del modelo extractivo minero, la falsa dicotomía encerrada en que sólo a través de la inversión se genera crecimiento económico y ello impulsa el anhelado progreso y desarrollo. En el neoliberalismo la inversión se protege por encima de los derechos humanos, de tal manera que hablar de cuidar el medio ambiente cuando se han entregado concesiones y hablar de minería sostenible escrita en los manifiestos de impacto ambiental es, por decirlo suavemente, un despropósito.

Cine debate: Júba Wajií­n. Resistencia en la montaña de Guerrero – Martes 15 de septiembre 5 pm en Kinoki

En el marco del Seminario Permanente de la Sustentabilidad,

Otros Mundos A.C.

Invita a su cine-debate:

Júba Wajií­n. Resistencia en la montaña de Guerrero

Martes 15 de septiembre de 2026 a las 17.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

ENTRADA LIBRE

Sinopsis: Esta es la historia de Júba Wajiín, una comunidad indígena mé phaá, ubicada en la montaña de Guerrero, México, que siempre han tenido que luchar por mantener su territorio y su identidad. Hace unos años, su historia dio un giro al enterarse que ochenta por ciento de su territorio había sido concesionado a dos empresas mineras transnacionales, sin haberles informado ni consultado. Pero Juba Wajiin decidió dar la batalla.

CRAADET se pronuncia ante la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos

Compartimos este pronunciamiento del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET) a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 27 de agosto de 2026

AL GOBIERNO DE MÉXICO
A LA OPINIÓN PÚBLICA

El pasado 20 de agosto del 2026 en el periódico El Sur de Acapulco leímos con sorpresa que el director general del INPI, el Lic. Adelfo Regino Montes, anda solicitando un voto de confianza a los pueblos originarios https://suracapulco.mx/impreso/1/pide-adelfo-regino-voto-de-confianza-a-consulta-para-crear-la-ley-general-de-pueblos-indigenas/ ante la andanada de críticas recibidas al contenido de la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Hay varios posicionamientos al respecto, de los cuales ratificamos lo siguiente. Con todo respeto para el Lic. Adelfo, le decimos que desde su llegada, no ha cambiado absolutamente nada de la añeja política indigenista implantada en México y lejos quedamos de la esperanza de establecer una nueva relación entre los pueblos originarios y el estado, en donde este, a nombre y siempre con la pretensión de uso de los pueblos sigue abrogándose la forma en la creen debemos vivir y accesar a nuestros derechos; también le decimos que usted ha sido un ferviente promotor de proyectos neoliberales en los cuales ha utilizado su mal llamado derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado para gestar el despojo del territorio a cientos de comunidades, entre ellas, pero no sólo, del sur-sureste de México (parques eólicos, Tren Maya y Transístmico, entre otros) y, por si fuera poco, traicionó la confianza que los pueblos depositamos en usted durante el proceso que derivó el “Los Acuerdos de San Andrés”.

Por otra parte, las y los integrantes del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), de los pueblos originarios Mè’phàà y Na Savi que habitamos las comunidades en las regiones de Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero, queremos manifestar nuestra postura ante la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

1.- El estado mexicano sigue teniendo reservas, prudencia y miedo para que los pueblos originarios logremos tener plenitud en el ejercicio de todos nuestros derechos inherentes en prácticamente dos temas centrales y trascendentales: la libre determinación al que consideramos nuestro derecho matriz, y el Territorio que en sí mismo es un derecho fundamental, porque sin alguno de ellos o sin los dos, el resto de nuestro derechos, que están interconectados, se desvanecen. Para que ello suceda el estado mexicano es timorato y rehúye una y otra vez declare abierta y plenamente que México debe ser un estado PLURINACIONAL y dejar en el pasado los clásicos artilugios nacionalistas de que avanzamos mucho si nos consideramos una nación pluricultural, multiétnica y plurilingüe. Si vamos a hablar de derechos hagámoslo de forma contundente, sin discriminación ni racismos, porque lo planteado en la ley sigue siendo de tipo colonialista en donde nos van “dando” derechos de forma parcial, aunque en los discursos se presuman como grandes logros. Hablemos de la nación Mè’phàà, la nación Na Savi, la nación Afrodescendiente, la nación Náhuatl, la nación Ñomndaa, etc. Sin asimetrías, con igualdad, sin discriminación con derecho propio de facto y no simulado, eso es tan sólo una pequeña parte de lo que significaría plantear la plurinacionalidad, por lo tanto, sin ella, la oferta estatal de la propuesta nos orilla a discutir “demagógica y democráticamente” derechos fragmentados, inelegibles y siempre con la fuerza que puede tener sobre el derecho de un pueblo indígena el “derecho” del bien e interés público que a simple vista, tal como se platea en el artículo 333 de dicha propuesta, sabemos desde hace siglos significa el sacrificio nuestro para el bienestar del resto de la nación.

2.- Nos han hecho creer que la CONSULTA Y EL CONSENTIMIENTO, PREVIO LIBRE E INFORMADO sea un derecho. Nosotros afirmamos que desde la aparición de ese falso derecho tanto en La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, como en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha sido utilizado en todo el mundo, incluyendo México, para provocar confusiones al mismo tiempo que genera condiciones para legitimar e incluso legalizar el despojo de los bienes naturales de los pueblos originarios, además de también haber sido útil para imponer zonas de sacrificio muy del agrado de las proyecciones neoliberales que este gobierno dice combatir, pero siempre bajo “la interpretación de un tercero” se ratifica el beneficio supremo del orden público, interés social y la famosa observancia general en todo el territorio nacional. En CRAADET no aceptamos que se nos consulte o se nos pida el consentimiento cuando el estado o un proyecto de la iniciativa privada tenga pretensiones de instalarse en nuestro territorio con elocuentes regalos de progreso y desarrollo para imponer procesos que están orientados para dañar parcial o totalmente alguno o algunos de nuestros derechos. Nos parece que pedir una consulta o un consentimiento a costa de daños de otros derechos acordando pagos de compensación o de restitución de daños es por decir lo menos ofensivo. Cabe señalar un ejemplo concreto del mal uso de la consulta y el consentimiento, es el realizado en el contexto de la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, porque violenta varios principios descritos en el artículo 6to de la misma.

3.- La Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos parece un buen manual para seguir estimulando leyes concurrentes en México. Es decir, el acceso a nuestros derechos colectivos depende de los actos de la federación, del estado y del municipio, por lo tanto, la propuesta no abona a resolver esa eterna problemática de la fragmentación normativa en la que vivimos, a la que se suma el peso del control político de los partidos y las instancias de poder político. Basta señalar un ejemplo muy común; no es lo mismo ser indígena en Oaxaca que en Guerrero, justo porque las condiciones políticas son marcadamente diferentes. Por ejemplo, en el Congreso Estatal de Oaxaca aproximadamente la mitad de las y los legisladores son de algún pueblo originario, lo que incrementa la posibilidad de establecer normas y reglamentos más cercanos a los pueblos, mientras en Guerrero no llegan a más de tres integrantes. Evidentemente si el acceso a derechos colectivos depende de mecanismos democráticos sin igualdad y equidad, los resultados serán diferenciados. La Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos plantea posturas y conceptos, pero no aborda procesos, ni formas, ni reglas, dejando de responsables a “los estados y municipios” en donde las permanentes luchas partidistas datan de una larga experiencia en la cual, no pocas veces, incluso acabamos con actos regresivos de derechos en la constitución estatal.

4.- Es un despropósito que una instancia con tan poca legitimidad como el INPI, sea quien se abrogue el derecho de avalar el ejercicio de los derechos de un pueblo, ni tampoco se trata de crear un ente que con legitimidad haga lo propio. En la misma línea cae el dictamen de improcedencia en casos de consulta y consentimiento, al que se suma también además del INPI, la secretaria de gobernación.

5.- El contenido de la Propuesta está muy lejos de ser un proceso para la construcción de una nueva relación entre los pueblos originarios y el estado mexicano, en donde las históricas asimetrías entre ambos puedan ser superadas.

6.- Nos espanta el desdibujamiento dentro de la propuesta en cuanto al TERRITORIO se refiere, ya que para nosotros es un derecho fundamental e intrínseco a la misma vida y permanencia de nosotras y nosotros como pueblos. Nada se menciona sobre la nueva territorialización encabezada por grupos del crimen organizado que están asumiendo no sólo el control del territorio y los bienes naturales, sino que además se están apropiando de las estructuras de gobernanza que tenemos, de tal manera que, asumir que la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano engrandece nuestra condición de derechos es un falso supuesto.

Cerramos diciendo que no participaremos en legitimar esta Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos porque muestra claramente nuevas vías para instrumentar el despojo de nuestro territorio y los bienes naturales que lo integran, limita nuestra acción para establecer arduos procesos basados en la libre determinación como proceso permanente orientada fortalecer nuestros procesos de autonomía y pretende una clara utilización política de nuestros pueblos para legitimar algo incorrecto. La Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos establece claramente que será el estado quien siga abrogándose la forma en la que pretendan regular nuestros derechos, porque contribuye a sostener la política indigenista lo cual evita la construcción de una nueva relación entre los pueblos originarios y el estado.

Imagen: INPI – Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

Fracking, ni aquí ni allá

Compartimos este comunicado de La Alianza Mexicana Contra el Fracking – A Agosto 2026

  • Dos meses después de lo estipulado, el Comité Científico señala que sí irán por el desarrollo de pozos piloto de fracking en yacimientos no convencionales en estados como Coahuila, Nuevo León y norte de Tamaulipas.
  • Blindar Tampico Misantla no basta: exigimos la prohibición total del fracking en México, también en el noreste del país
  • La prohibición del fracking sigue siendo un compromiso incumplido.

En medio de las crisis de salud y ambiental provocadas por la explosión del pozo de gas Krem-1 y faltando a sus propios compromisos, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció uno de los golpes más duros a la seguridad hídrica del país y a los derechos humanos que debería proteger: la aprobación del fracking, particularmente en el noreste del país, una región donde la escasez de agua ya provoca conflictividad social.

Con la intención de lograr legitimación, la presidenta turnó la decisión a un comité coordinado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), encabezada por la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez. El 15 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó a 17 especialistas con un mandato preciso: analizar la «posible explotación sustentable» del gas no convencional. El encargo revelaba un sesgo de origen: no buscaba responder si México debía prohibir el uso del fracking, sino cómo usarlo con menos culpa. Las organizaciones firmantes reiteramos que, por definición, es imposible hacer de manera “sustentable” la exploración, extracción y quema de combustibles fósiles.

¿Cómo esperan legitimar la opinión de un comité al que no fueron invitados integrantes de las comunidades que serían directamente afectadas, ni personas expertas en epidemiología, derechos humanos y territorios indígenas? Esta omisión no es accidental: el fracking no es un asunto puramente técnico; es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos. Tratarlo solo como ingeniería es ya una forma de manipular el debate.

El Gobierno y su comité insisten en que hay nuevas tecnologías que reducen el impacto ambiental e hídrico: uso de agua salobre, reciclaje de agua, espuma de dióxido de carbono (CO2), sustancias de origen orgánico o biodegradables, entre otras. Sin embargo, estas alternativas aparecen principalmente como experimentos documentados en artículos académicos, no como soluciones utilizadas de manera generalizada en ninguna parte del mundo. No existe evidencia científica sólida que demuestre que estas técnicas eliminan los riesgos estructurales e inherentes del fracking. Por el contrario, científicos nacionales e internacionales han advertido que los riesgos para los acuíferos, las fugas de metano, los sismos inducidos y las afectaciones sociales y ambientales no desaparecen con estas supuestas innovaciones1. A esto hay que sumarle que las actividades de fracking generan emisiones de metano, uno de los gases de efecto invernadero que más calientan el planeta y que, además, toxifica el aire y daña la salud de las personas.

Lo que sí existe son datos que dimensionan la amenaza. De acuerdo con la más reciente investigación de CartoCrítica, el despliegue del fracking en México no sería una actividad puntual ni acotada a unos cuantos pozos. Para recuperar apenas el 10% de los recursos prospectivos se requerirían más de 25 mil pozos y 1,923 millones de metros cúbicos de
agua dulce.

El anuncio tampoco explica cuál será la disposición final de los residuos, no prohíbe su posible descarga en cuerpos dulces o marinos, ni considera que inyectarlos en pozos de disposición tampoco es seguro: las fisuras, fugas y fallas de integridad pueden no solo contaminar acuíferos sino provocar sismicidad inducida. Tampoco garantiza transparentar su ubicación, volumen y composición química. El tratamiento de estas aguas es poco común, significativamente más costoso y económicamente inviable; además, los procesos disponibles no siempre eliminan metales, compuestos disueltos y materiales radiactivos. A estos costos, que suelen ser invisibilizados por la industria, se debe sumar el enorme costo económico y financiero que implicaría el desarrollo de esta técnica mortífera. Se ha propuesto la creación de un fideicomiso con la participación de capitales privados, nacionales e internacionales, o bien, la creación de contratos mixtos con la industria petrolera, contrario al discurso de soberanía energética sostenido por el gobierno y con el que buscan justificar el falso “fracking sustentable”.

El costo social también sería enorme. Más de 6 millones de personas viven dentro de las áreas potenciales de extracción de hidrocarburos no convencionales o en su radio de impacto potencial y estarían en riesgo por exposición directa a contaminantes, vulnerando sus derechos humanos y su salud2.

El noreste de México -donde se ubican regiones que hoy son de interés para el gobierno y capitales para la exploración y posible explotación de gas no convencional- atraviesa ya una profunda crisis hídrica. Alrededor del 40% de la superficie con potencial de hidrocarburos no convencionales presenta actualmente un estrés hídrico alto o extremo, proporción que se proyecta en aumento hacia 2050. Se calcula que el 65% del agua requerida para el fracking se ubica en regiones donde la operación consumiría entre el 50% y el 100% del agua disponible localmente. La conclusión es contundente: 8 de cada 10 litros necesarios para el fracking generarían condiciones de riesgo hídrico grave3.

No se debe ignorar que, desde el anuncio de la conformación de este comité hasta la conferencia de prensa sobre sus recomendaciones, la sociedad, pueblos y comunidades de las regiones amenazadas se han organizado y movilizado para expresar su contundente y total rechazo al fracking.

  • Más de 90 organizaciones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, unidas bajo el frente Noreste Sin Fracking, han dejado clara su postura: en una región donde el agua es escasa, estratégica y cada vez más disputada, ningún gobierno debe
    ponerla al servicio de la industria fósil. Coahuila, y en particular la Región Carbonífera, ha sido durante décadas un territorio de sacrificio para sostener el modelo energético del país. Las comunidades han pagado los costos ambientales, sociales y de salud de esa industria, y hoy dejan en claro que no permitirán que el fracking profundice ese mismo modelo de despojo.
  • En San Luis Potosí, comunidades tenek y nahuas de la Huasteca se han organizado por más de una década y, en una amplia autoconsulta, han manifestado su rechazo unánime al fracking. Su postura es contundente contra todas sus modalidades, incluyendo la nueva versión más contaminante que, contradictoriamente, la presidenta ha calificado de manera engañosa como “fracking sustentable”. En Veracruz, comunidades totonacas, nahuas, nuntajiiyi’ y campesinas rechazan enérgicamente cualquier nuevo proyecto de fracking que continúe la larga historia de contaminación y sacrificio de sus territorios a manos de Pemex y privados que ya han realizado fracking en este estado.

Para las comunidades potencialmente afectadas, ningún empleo temporal ni promesa de inversión y supuesto desarrollo justifica sacrificar el agua, la salud y el futuro de sus territorios. Tampoco es aceptable el argumento falaz de la soberanía energética para
expandir el fracking en México; la primacía de los derechos humanos debe prevalecer sobre cualquier agenda económica o política que los afecte.

Exigimos
● La prohibición constitucional del fracking en todo el territorio nacional, como única garantía de protección a los derechos universales a la salud y un medio ambiente sano.
● La inclusión efectiva e inmediata de las comunidades potencialmente afectadas en cualquier discusión respecto al uso de esta técnica.
● Cumplimiento irrestricto de las obligaciones constitucionales del Estado de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y de prevenir, investigar y sancionar sus violaciones en todo el territorio nacional.
● Respeto y garantía a la autonomía y al derecho a la libre determinación de los pueblos, comunidades en su decisión de no permitir fracking en sus territorios.
● La transparencia y rendición de cuentas sobre las acciones de este comité a la SECIHTI y particularmente de su titular, quien ha mostrado una clara intención de apoyar que se realice esta peligrosa técnica en el territorio nacional.

Comunidad científica llama a México a descartar el fracking

Compartimos este comunicado de la Alianza Mexicana contra el Fracking sobre el pronunciamiento de la comunidad científica – A 16 de junio de 2026

Comunidad científica llama a México a descartar el fracking y aplicar el principio precautorio

El pronunciamiento reúne 178 firmas de científicas, científicos y especialistas de México y otros 14 países de América Latina, Europa y Norteamérica.

  • Entre las personas firmantes se encuentran especialistas en salud pública, integrantes de universidades y centros de investigación, participantes en informes del IPCC y exministros de economía, ambiente y ciencia.
  • Dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y al comité encargado de evaluar la fracturación hidráulica en México, el pronunciamiento advierte que los impactos del fracking no son excepcionales ni marginales, sino riesgos recurrentes documentados por la evidencia científica internacional.
  • Señalan que el fracking no debe evaluarse como una técnica de extracción, sino como un sistema completo de intervención territorial con impactos acumulativos sobre el agua, la salud pública, el clima y las comunidades.

Un grupo de 178 científicas, científicos y especialistas de México y otros países hizo público un pronunciamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum y al comité encargado de evaluar la fracturación hidráulica en México, en el que llama al Estado mexicano a descartar la expansión del fracking y aplicar el principio precautorio ante riesgos graves, acumulativos o potencialmente irreversibles.

El documento sostiene que la evidencia científica internacional acumulada durante las últimas décadas muestra un patrón consistente: los impactos del fracking no son excepcionales ni marginales, sino riesgos recurrentes asociados a una actividad industrial intensiva, dispersa territorialmente y difícil de supervisar.

Las personas firmantes provienen de universidades, centros de investigación e instituciones públicas de distintos países. Entre ellas se encuentran especialistas en salud, cambio climático, energía, ecología, economía ecológica y justicia ambiental, además de participantes en informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) y personas con trayectoria al frente de ministerios e instituciones científicas y ambientales.

Una de las advertencias centrales del pronunciamiento es que el fracking no debe evaluarse únicamente como una técnica de extracción, sino como un sistema completo de intervención territorial por toda la infraestructura implicada.

En México, estos riesgos serían especialmente preocupantes por el estrés hídrico creciente, las sequías recurrentes y los conflictos por el acceso al agua. La fracturación hidráulica implica un alto consumo de agua dulce y genera aguas residuales de difícil manejo, incluidos materiales radioactivos presentes en las formaciones geológicas.

El pronunciamiento también alerta sobre riesgos para la salud pública en poblaciones cercanas a pozos, ductos, estaciones de compresión, plantas de procesamiento o sitios de disposición de residuos: cuadros como afecciones respiratorias, cardiovasculares, reproductivas, perinatales, neurológicas y de salud mental.

Desde una perspectiva climática, el documento señala que expandir el fracking profundizaría la dependencia del gas fósil en México, advierte que el gas extraído mediante fracking implica emisiones significativas de metano, un gas de efecto invernadero de alto poder de calentamiento en el corto plazo.

Finalmente, subrayan los riesgos económicos de apostar por una industria sujeta a precios internacionales volátiles, alta incertidumbre productiva y costos sanitarios y ambientales que suelen trasladarse al Estado, a las comunidades afectadas y a
generaciones futuras.

Por estas razones, las personas firmantes llaman a que México adopte el principio precautorio y avance hacia una prohibición explícita del fracking, como ya lo han hecho diversos países y regiones del mundo. El documento sostiene que la política energética debe orientarse hacia alternativas compatibles con la protección del agua, la salud pública, la justicia ambiental, la reducción de emisiones y los derechos de las comunidades.

El texto completo del pronunciamiento y la lista de personas firmantes pueden consultarse en: https://nofracking.s.gy/cartacientificos

Informe: Minería metálica en América Latina

Compartimos este informe publicado por el Observatorio de Multinacionales en América Latina donde participa la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA- A 25 de mayo de 2026

Minería metálica en América Latina

Conflictividad ecosocial y ofensiva corporativa en la era del caos global

Gorka Martija Rodrigo y Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate (coord.)

El auge global de la minería metálica es hoy una cuestión de época, un fenómeno ineludible a la hora de entender y plantear cualquier proceso de transición ecosocial. Las presiones corporativas y las expectativas creadas empujan a los países del Sur Global (aunque también a los del Norte) a ampliar la frontera extractiva, ampliando el radio de acción de un sector muy cuestionado: la minería ha supuesto históricamente el tipo de megaproyectos más nocivo y generador de grandes desastres ecológicos, criminalización, violencia, autoritarismo, división social y devastación económica a medio y largo plazo.

Los pueblos de América Latina bien lo saben. La historia extractivista se remonta a tiempos de la colonia española y no ha cejado desde entonces. Ahora, dadas sus relevantes reservas de ciertos rubros en disputa (litio, cobre, níquel, oro, plata, entre otros), retoma vigor económico y geopolítico: para las élites, una oportunidad de negocio; para algunas miradas progresistas, una vía para el escalamiento y la industrialización; para muchas comunidades y organizaciones sociales, una nueva ofensiva corporativa sobre los territorios, en los que llueve sobre mojado. Para todas y todos, sin excepción, un ámbito de enconamiento del conflicto social.

El objetivo de la presente publicación es servir de herramienta popular de análisis crítico de este fenómeno en ciernes. Realizado junto a múltiples movimientos sociales, pretende ofrecer una radiografía del avance de la minería metálica en América Latina. En este sentido, posiciona el marco global de avance del sector, su evolución en el continente, las dinámicas y actores protagonistas de la contienda política, y ofrece una sistematización final de claves de resistencia y alternativa frente al poder corporativo.

🔎 Informe completo »


AUTORÍA: Gorka Martija Rodrigo y Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate (OMAL-Paz con Dignidad) como coordinadores del texto. Por su parte, han
protagonizado la elaboración de los estudios-país la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), Luca Ferrari, Guadalupe García (Observatorio de Industrias Extractivas OIE), Marcos Sebastián (OMAL-Paz con Dignidad), Pedro Cabezas (Alianza Centroamericana Frente a la Minería ACAFREMIN), Julia Cuadros (CooperAcción), Lucio Cuenca (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA), Pía Marchegiani (Fundación Ambiente y Recursos Naturales FARN).

DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Iñaki Landa

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2026

Pronunciamiento de la Pastoral de la Zona Sur de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas ante el hallazgo de una fosa clandestina con restos humanos calcinados, en el rancho El Cedro en Pujiltic, Chiapas

Compartimos este pronunciamiento de las y los Agentes de Animación y Coordinación Pastoral de la Zona Sur de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas – A 26 de mayo

A LA DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO
A LAS PERSONAS DE BUENA VOLUNTAD
A LOS AGENTES DE ANIMACIÓN Y COORDINACIÓN PASTORAL Y A TODA LA PARROQUIA
DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, SOYATITAN.


“Bienaventurados los que luchan por la paz y la justicia” (Mt 5,9)


Nuestra Diócesis siempre ha alzado la voz, denunciando las injusticias que provoca este sistema de muerte. Ante el hallazgo de una fosa clandestina con restos humanos calcinados, en el rancho El Cedro, cercano a la población de Pujiltic, el 23 de mayo del 2026, nos preocupa toda esta realidad, y nos pronunciamos solidariamente en defensa y valoración de la dignidad y de la vida de
toda persona humana. “El dolor de una víctima debe ser el dolor de todos” (Acuerdo ciudadano por la paz en México).

Nos unimos al dolor que viven las Madres Buscadoras y las familias de las víctimas, a la impotencia y también al grito de paz, pero sobre todo al clamor de justicia; ¡no más muerte! en ningún Estado, en ninguno de nuestros pueblos, familias y en ninguna parte del mundo. Recordamos el mandamiento dado por el Dios de la vida “No mataras”, Ex, 20, 13. Y la palabra de Dios Padre que pregunta al asesino: ¿Dónde está tu hermano? Gen, 4,8,” resuenan hoy en el corazón de nuestro pueblo.

También nos unimos a la palabra de solidaridad, expresada por la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, Soyatitan. Porque “Cuando la dignidad de los hermanos se ve desfigurada, cuando la política no responde a los dramas de la humanidad, cuando la economía se vuelve contra la persona o la ciencia traspasa los límites de su método, la Iglesia —junto con las demás confesiones cristianas y los creyentes de otras religiones— debe hacer oír su voz no para dominar, sino para servir a la comunión”. (Magnifica humanitas, 29).

Nos preguntamos ¿dónde está el ejercicio de la justicia que compete al estado, a las autoridades de los tres niveles de gobierno? Ya que este, es uno más, de los hallazgos, que han habido en el país, y no hemos visto que se haya hecho justicia ante estas realidades que ha provocado el sistema de muerte.

Recordando las palabras de uno de los mártires por la paz de nuestra Diócesis: “Lo que busco es la paz para el pueblo, y la paz es más grande que la muerte…” (P. Marcelo Pérez Pérez). Pedimos al Dios uno y Trino que nos libre del mal y a la virgen de Guadalupe que interceda por sus hijas e hijos, para que seamos artesanos incansables de la paz con justicia y dignidad.

SORO-FRATERNALMENTE LAS Y LOS AGENTES DE ANIMACIÓN Y COORDINACIÓN
PASTORAL DEL LA ZONA SUR

Imagen: Colectivo de Madres Buscaras Chiapas

REMA reconoce 3 años del SERTI y felicita renovación del CRAADET en Guerrero

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y nos sumanos a las felicitación y reconocimientos de las y los integrantes del CRAADET – 6 de mayo de 2026

A Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento a las y los Consejeros y Comandantes de la Seguridad de Resguardo Territorial Indígena (SERTI), al cumplirse tres años de su primer periodo de trabajo, reafirmado el pasado 30 de abril de 2026.

Reconocemos de manera particular a quienes integraron el Consejo en este periodo: Humberto Ambrosio Santana, Félix Galeana Neri, Juan Díaz García, Esther Mendoza Bernardino y Vicencia Espindo Cantú, quienes asumieron con responsabilidad esta tarea colectiva al servicio de sus pueblos. 

El SERTI, como parte del proceso organizativo del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), surge de un largo camino de organización comunitaria en la Montaña y Costa Chica de Guerrero, impulsado por los pueblos Me’phaa y Ñuu savi frente a la amenaza de la minería, el despojo territorial y la violencia creciente en la región. Su creación responde a la necesidad de fortalecer la defensa del territorio, la seguridad comunitaria y el ejercicio de justicia desde los propios pueblos, ante la omisión e incapacidad de las instituciones del Estado. 

En ese contexto, el SERTI se conforma también como una respuesta directa al avance del crimen organizado, a la descomposición de las condiciones de seguridad y a la presión constante de intereses externos sobre los territorios. A lo largo de estos tres años, se ha consolidado como un sistema comunitario que articula la seguridad, la justicia y el resguardo territorial desde la organización de los pueblos. 

Asimismo, desde la REMA extendemos una felicitación al CRAADET por la renovación de su estructura central, realizada el 14 de abril de 2026 en la comunidad de Tierra Colorada, municipio de Santa Cruz del Rincón, Guerrero, en el marco de su Foro Informativo número 68. Saludamos el nombramiento de la compañera Ruperta Nicolás Hilario como presidenta, una decisión tomada de manera colectiva por los pueblos me’phaa y ñuu savi de la Montaña y Costa Chica. 

Ambos procesos han consolidado formas propias de ejercer justicia en el marco de los derechos que les corresponden como pueblos originarios. Frente a la omisión, fragmentación o imposición de sistemas externos, el SERTI y el CRAADET han sostenido prácticas de regulación, cuidado y defensa del territorio que hacen valer los derechos agrarios, resguardan la tierra como base de la vida comunitaria y enfrentan las amenazas de despojo. Estas formas, reconocidas y legítimas, reafirman el derecho de los pueblos a la autonomía y a la libre determinación. En este sentido, desde la REMA consideramos fundamental y acompañamos su llamado a la coordinación institucional para fortalecer el ejercicio pleno de estos derechos, reconociendo al SERTI como un sistema comunitario que debe ser respetado, articulado y garantizado en su operación. 

Reconocemos especialmente el carácter histórico del reciente nombramiento en el CRAADET: por primera vez una mujer asume la presidencia, lo que representa un paso importante en el fortalecimiento organizativo y en el reconocimiento del papel central de las mujeres en la defensa de la tierra y el territorio. 

Desde REMA Mujeres y desde toda la REMA enviamos un saludo fraterno y un reconocimiento a la compañera Ruperta. Su nombramiento fortalece una lucha que ha sido sostenida por las mujeres desde hace años y abre camino para que más compañeras continúen participando y decidiendo sobre el rumbo de sus territorios. 

Para la REMA es un orgullo que CRAADET y el SERTI formen parte de esta red. Su trabajo es referente y ejemplo para las luchas en defensa del territorio en todo el país. 

Reiteramos nuestro respeto, admiración y compromiso de seguir caminando conjuntamente en la defensa de la vida, los territorios y la libre determinación de los pueblos. 

Comunicado de la Comunidad Casas de Medicina y Partería Tradicional Indígena en México

Les compartimos este comunicado de Comunidad Casas de Medicina y Partería Tradicional Indígena en México donde nos sumamos a las firmas en solidaridad – A 30 de abril de 2026

¡NO al fracking!¡Ni aquí, ni allá, ni hoy, ni nunca!

Compartimos este Boletín de la Alianza Mexicana contra el Fracking – A 13 de abril de 2026

Comité sobre fracking: ¿deliberación seria o simulación?

Ciudad de México, 13 de abril de 2026

● Un comité cerrado, tecnocrático y sin posibilidad real de concluir que el Estado mexicano debe prohibir el fracking, sería una simulación para legitimar una decisión ya tomada.
● La discusión no puede reducirse a cómo extraer más gas ni a qué tecnología usar para hacerlo.
● El fracking no es un asunto meramente técnico, es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos.
● No se trata de buscar nuevas coartadas técnicas para prolongar la dependencia fósil de México, sino de asumir decisiones para dejar atrás los combustibles fósiles.
● Si el gobierno pretende presentar este comité como un espacio serio de investigación, análisis y deliberación, en esa mesa también deben pesar el principio precautorio y los antecedentes internacionales de prohibiciones y moratorias del fracking, no solo las promesas tecnológicas de la industria y del sector energético.

Tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir la puerta al gas no convencional,y conformar un comité “técnico-científico” para evaluar el uso de fracking, la discusión pública no puede quedar atrapada en los términos que el propio gobierno pretende imponer. El problema no es solamente quién integrará ese comité. El problema de fondo es si el gobierno busca realmente deliberar sobre el futuro
energético del país o si solo pretende vestir de ciencia una decisión fósil ya encaminada.

El gobierno ha intentado presentar esta ruta como una discusión técnica sobre soberanía energética, producción de gas y nuevas tecnologías. Ese encuadre es inaceptable. El fracking no es un asunto meramente técnico, es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos. Afecta agua, salud, alimentación, comunidades, trabajadores, ecosistemas, formas de vida y viola obligaciones internacionales y constitucionales irrenunciables del Estado mexicano de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y también de prevenir sus violaciones. Presentarlo como una discusión de especialistas, aislada de sus consecuencias sociales y ambientales, es una forma de despolitizar una decisión que jamás ha sido neutral.

Tampoco puede asumirse sin discusión la premisa de que México necesita más gas y que, a partir de ahí, solo queda decidir cómo producirlo. Esa premisa debe ser cuestionada. Convertir la dependencia actual en una apuesta por más extracción fósil, más infraestructura gasífera y más sacrificio territorial no es soberanía energética. Es profundizar el mismo modelo fósil que ha contaminado territorios, comprometido fuentes de agua, impuesto riesgos a comunidades enteras y retrasado una transición energética real y justa. No se trata de buscar nuevas coartadas técnicas para prolongar la dependencia fósil de México, sino de asumir decisiones para dejarla atrás; volver a poner sobre la mesa el fracking contradice abiertamente el compromiso de no permitir esta técnica en el país.

La Alianza Mexicana Contra el Fracking reitera su postura: el fracking debe prohibirse, no regularse o gestionarse. No hay “fracking sustentable”, ni “fracking responsable”, ni maquillaje tecnológico que borre dos décadas de evidencia científica sobre sus impactos ambientales, sociales y sanitarios.1 Lo que México necesita no es una nueva vía para profundizar su dependencia a los combustibles fósiles, sino una ruta para salir de ella.

Si el gobierno insiste en anunciar un comité el próximo miércoles, ese comité sólo podría tener credibilidad pública si cumple condiciones elementales que distingan una deliberación real de una simulación.

● Primero, su mandato no puede estar sesgado de origen. Si el comité nace para buscar cómo explotar gas no convencional “mejor”, “con menos agua” o “con nuevas tecnologías”, entonces no estará evaluando si México debe o no abrir esta ruta, sino refinando la forma de implementarla. Esa sería una simulación desde el diseño.
● Segundo, el comité debe tener la posibilidad real de concluir públicamente que el Estado mexicano debe prohibir el fracking. Si esa conclusión no es posible desde el inicio, entonces no se tratará de un espacio de evaluación, sino de un mecanismo para legitimar una decisión ya tomada.
● Tercero, la integración, los criterios de selección, la metodología, los documentos de trabajo, los conflictos de interés, los insumos y las deliberaciones del comité deben ser públicos. Si el gobierno habla de apertura a la sociedad, debe demostrarlo con total transparencia, no con opacidad ni designaciones
discrecionales.
● Cuarto, no puede tratarse de un grupo de élite científica con visión tecnocrática. El fracking no afecta solamente indicadores energéticos o balances de producción. Afecta territorios y pueblos concretos, convirtiéndolos en zonas de sacrificio para sostener el modelo fósil. Por ello, y haciendo eco de la Opinión
Consultiva 32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe incluir al conocimiento indígena como parte de la mejor ciencia disponible.
Además, cualquier exclusión de comunidades potencialmente afectadas, de voces independientes en salud pública, clima, agua, derechos humanos y defensa territorial, confirmaría que no se busca escuchar a la sociedad, sino neutralizarla.
● Quinto, si el gobierno pretende presentar este comité como un espacio serio de deliberación, en esa mesa también deben pesar los principios precautorio, pro aqua, interculturalidad, así como considerar los antecedentes internacionales de moratoria y prohibición del fracking, no solo las promesas tecnológicas de la industria y del sector energético. Un comité que nazca para discutir cómo habilitar el fracking, pero no para considerar seriamente su prohibición, estaría viciado desde el origen.

Estas condiciones no implican reconocer el comité como una vía legítima para normalizar o regular el fracking. Sirven, precisamente, para exhibir si el gobierno pretende abrir una deliberación real o montar una simulación para legitimarlo.

La prueba del miércoles será simple. Si el gobierno presenta un comité cerrado, opaco, tecnocrático, sin independencia y sin posibilidad real de recomendar la prohibición del fracking en México, no estará abriendo una deliberación pública sería. Estará montando una simulación para legitimar una decisión ya tomada.

La diferencia será clara: un comité con posibilidad real de recomendar la prohibición del fracking en México, o una simulación diseñada para legitimar un giro político que contradice el compromiso de la 4T de no permitir el fracking en el país.

¡No al fracking, ni aquí ni allá, ni hoy ni nunca!

Contacto de prensa:
Manuel Llano: 55 4388 4067
Alejandra Jiménez: 784117 6209