El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en este programa estaremos platicando con integrantes de la Organización Voces Mesoamericanas con quienes platicaremos sobre las mujeres en los procesos migratorios. Acompáñanos este viernes 22 de marzo las 6:00 pm por nuestro facebook live.
Martes 19 de marzo de 2024 a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
ENTRADA LIBRE
Antsetik tsa’ik Lekil kuxlejal – Mujeres construyendo buena vida
Área de Comunicación – Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Año: 2012
Duración: 20 minutos
Idioma: Tsotsil
Subtitulos: Español
Sinopsis: Este documental retrata la palabra, la lucha y la construcción de una buena vida de las mujeres de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Mediante organización y trabajo colectivo se enfrentan cotidianamente a la adversidad que significa ser mujer, campesina e indígena.
Nuestras luchas contra la Violencia de Género
Ana Laura Hernández – Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C.
Comunicado de las mujeres de Otros Mundos Chiapas /Amigos de la Tierra México en el marco del #8M Día Internacional de la mujer – A 8 de marzo del 2024
En este 8 de marzo, conmemorando el Día Internacional de las Mujeres, nosotras, mujeres diversas de todas las culturas, edades y lugares del mundo, nos unimos una vez más en solidaridad para afirmar nuestro compromiso continuo de luchar hasta que todas las mujeres sean liberadas de la opresión patriarcal, capitalista y colonial.
Hoy, reafirmamos nuestras demandas y honramos las luchas históricas de las mujeres en todo el mundo. Nos solidarizamos con las valientes mujeres defensoras que resisten contra el modelo extractivista y los proyectos que amenazan la vida en todas partes. Reconocemos el derecho fundamental de todas las mujeres a defender sus cuerpos, tierras, aguas y la misma vida. Recordamos que ni las mujeres ni la tierra son territorios de conquista.
Rechazamos enérgicamente la impunidad y el crecimiento de la violencia contra las mujeres. Rechazamos enérgicamente la impunidad y el crecimiento de la violencia contra las mujeres. Denunciamos la situación de un país donde el feminicidio es una triste certeza, donde la seguridad de salir a las calles es un privilegio negado para muchos, donde la protección a los agresores prevalece sobre las víctimas. Exigimos justicia, seguridad y el fin de la violencia contra las mujeres
Homenajeamos a todas las mujeres que han perdido la vida en la lucha por proteger la vida y la tierra, especialmente a nuestras hermanas Berta Cáceres y Bety Cariño, así como a todas aquellas que continúan en la lucha hoy en día.
Celebramos nuestra resistencia contra la violencia patriarcal, que persiste en todas las esferas de nuestras vidas, desde lo más íntimo hasta lo más público. Y exigimos a las autoridades que dejen de disfrazar cifras y se pongan a trabajar para garantizar seguridad en México para todas y todos. Exigimos que atiendan la situación de violencia en la frontera de Chiapas y el desplazamiento forzado de miles de familias por el mismo hecho.
En este día, recordamos la alegría y la diversidad que nos fortalece en nuestra lucha por la defensa de la tierra y el territorio, reconociendo la importancia de la sororidad entre nosotras. Nos inspira la solidaridad y el apoyo mutuo que compartimos en esta batalla, celebrando nuestra fuerza colectiva y nuestro compromiso compartido por un mundo más justo y equitativo.
¡Ya basta de criminalizar, hostigar y violentar a las mujeres por oponerse al patriarcado ya los proyectos que amenazan la vida!
¡Ya basta de asesinar a las defensoras de la vida en México, América Latina y en todo el mundo!
¡Exigimos que se respeten nuestros derechos y que se ponga fin a la violencia contra las mujeres en todas sus formas!
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el preocupante incremento de la violencia en Chiapas – A 14 de febrero 2024
Violencia y crimen es la realidad en poblaciones de 12 municipios de la región frontera y sierra de Chiapas, quienes viven atrapadas entre la disputa de distintos grupos armados por el control de territorios y rutas para la circulación de mercancías, servicios, personas y productos, legales e ilegales.
Así lo compartieron este martes (13) redes de organizaciones de derechos humanos, durante conferencia de prensa para la presentación del informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los Derechos Humanos”, el cual da cuenta del conflicto armado que se ha acentuado en los últimos dos años y medio en el sur de México, región limítrofe con Guatemala.
Sólo entre junio del 2021 y noviembre del 2023, se registró el desplazamiento de 7 mil 500 personas, provocado por enfrentamientos de grupos criminales, quienes con armamento de guerra, uso de explosivos y drones artillados, siembran el miedo y terror entre la población.
Desplazados de la región frontera y sierra de Chiapas
A este éxodo, se suma el desplazamiento forzado de otras 3 mil personas, ocurrido en las primeras semanas del 2024, con lo cual la cifra supera los 10,000 habitantes que abandonaron sus hogares para resguardar su vida.
En contraste, acusan organizaciones de derechos humanos, autoridades de los tres niveles de gobierno han sido omisas en atender a la población desplazada y se niegan a reconocer la crisis provocada por las estructuras criminales que operan en la región con alcance trasnacional.
El Ejército de Guatemala ha reforzado su presencia en la frontera con México.
Apenas el pasado 8 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró desconocer el número exacto de personas desplazadas en el sur de Chiapas y lo calificó como “no significativo”, minimizando la gravedad de la situación.
Pero más allá de las estadísticas, están las afectaciones en la vida comunitaria en los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista, donde en conjuntoalbergan una población de más de 400 mil habitantes.
Macrocriminalidad
Desapariciones, secuestros, extorsiones, abuso y explotación sexual; asesinatos y reclutamiento forzado; vigilancia, cooptación y represión, son algunas de las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional que afectan a la población local y a defensores de derechos humanos y del territorio en la región frontera de Chiapas.
Así lo registra el informe, elaborado por el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Guatemala – México (MTMG) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes” (Red TDT).
Acorde a Carlos Ogaz, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y del Grupo de Trabajo Región Frontera, el documento, construido con testimonios directos de la población civil, análisis de medios y fuentes secundarias, da cuenta de lo que sucede en lo que constituye una “zona silenciada” en medio de la “sumisión y aquiescencia de las autoridades de todos los niveles de gobierno” frente a la actuación de los grupos criminales.
“Las estructuras criminales se han apropiado del corazón de los pueblos y de su vida interna, de las asambleas ejidales y comunitarias, se toman barrios y se les obliga a alinearse”, detalla el informe sobre el control de instituciones sociales por parte de lo que denomina “macrocriminalidad”, una forma de gobernanza criminal donde los derechos humanos de todas las personas que habitan la región fronteriza-sierra son violentados de forma grave, sistemática y generalizada.
Además, señala que dicho control se consolida por la interacción de funcionarios del gobierno con la delincuencia organizada, “conformando estructuras criminales que intervienen y agravan las tensiones y el conflicto por el control territorial. Tal es el grado de inserción en las estructuras de gobierno que en algunas cabeceras municipales se ha reportado que todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio”, sostiene el documento.
Rastros de los enfrentamientos entre grupos armados por la disputa territorial de la frontera de Chiapas y Guatemala.
Es en este contexto que los grupos criminales cooptan organizaciones de diferentes ramos, tales como transportistas, comerciantes y autoridades ejidales, mediante lo cual obtienen la desmovilización de organizaciones sociales, campesinas y de otra índole al acaparar líderes mediante amenazas y presiones. “En todos estos procesos de cooptación se deciden cuestiones fundamentales como la introducción de la extracción minera contra la voluntad de las asambleas”, ejemplifica el documento en referencia a la minería ilegal de barita que, como documentó este medio, acontece en Chicomuselo desde mayo del 2023.
El documento asevera que, con estas estrategias, las estructuras criminales controlan todo el territorio donde las comunidades desarrollan su vida social: los caminos, espacios públicos e incluso mediante la ocupación física de las parcelas donde trabajan los campesinos de la región, limitando la siembra y, por tanto, su acceso a alimentos. “Se trata de un proceso de control territorial que vuelve a las personas ajenas a sus propias tierras”, denuncia.
Chiapas, geoestratégico para 4T y crimen trasnacional
Por su ubicación geográfica y recursos naturales estratégicos, Chiapas es un territorio clave para el control e impulso de economías legales e ilegales, refiere el análisis. El estado en el sureste mexicano también es relevante para la operación de tres de los megaproyectos de la autodenominada “cuarta transformación” impulsada por el gobierno federal: El tren maya, el corredor interoceánico y la refinería de Dos Bocas.
Mapa de megaproyectos, mineria y rutas de tráfico en Chiapas.
A su vez, todo el territorio chiapaneco forma parte de rutas que son utilizadas para la circulación de todo tipo de mercancías. Según el informe, desde 1998 la zona de la selva, en su frontera con Guatemala ha sido considerada por la administración de los EEUU como corredor clave de estupefacientes. También señala que el propio ejército mexicano identifica seis rutas de tráfico de drogas que conectan a Chiapas con el interior del país y con rumbo a los EEUU.
En medio del conflicto armado, otra actividad económica fortalecida por los grupos armados es la explotación de los cuerpos, en particular de personas en movilidad internacional. “Mujeres y adolescentes originarias principalmente de Centroamérica, pero también de otras zonas del país son víctimas de explotación sexual en cantinas, prostíbulos y en casas ocupadas por los grupos delincuenciales. A menudo se dan las desapariciones forzadas temporales de estas mujeres con estos fines de agresión y explotación sexual”, detalla el informe.
Las desapariciones también se mantienen a la alza y constituyen delitos con alta dificultad de seguimiento. “El fenómeno de la desaparición, por ejemplo, es muy difícil de documentar en la región fronteriza, precisamente también debido a la escasez de denuncias (…) tan sólo entre diciembre de 2018 y septiembre de 2023, en Chiapas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene a 812 personas registradas”, detalló Sandra Suaste, integrante de la RedTDT durante la presentación del informe en la Ciudad de México.
La escasez de denuncias, argumenta el informe, se debe a la falta de confianza en las autoridades y el miedo al que está sometida la población. Según los registros, del total en Chiapas, solo existen denuncias de 83 desapariciones en la región frontera-sierra.
“Sobresalen personas líderes de comunidades, comisariados ejidales y voceros de organizaciones, lo que revela que uno de los principales objetivos de la desaparición de personas es acallar las voces de procesos organizativos”, denuncia el informe.
Militarizacion, otro frente contra la población
Para entender la crisis actual, el informe también retoma el contexto de militarización que ha vivido el estado sureño a lo largo de tres décadas, a partir de las acciones de contrainsurgenia desplegadas por el ejército y paramilitares mediante el Plan de Campaña Chiapas 94 como respuesta al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Según el análisis, las distintas agrupaciones paramilitares, que perpetraron graves violaciones a derechos humanos en las regiones de Los Altos, Norte y Selva de Chiapas, nunca fueron judicializadas, desarticuladas ni desarmadas, razón por la cual han mantenido poder e influencia regional, “insertándose y consolidándose en los diferentes niveles de la política local y comunitaria. Como en los años noventa, estos actores configuran una diversidad de grupos armados que a menudo difícilmente se diferencian de la delincuencia organizada o los separa una línea muy delgada”, asevera el documento.
Ya en el año 2018, con el arribo de Obrador al poder, arranca un proceso de remilitarización el cual incluye a una nueva fuerza armada: la Guardia Nacional (GN), que junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina (SEMAR) suman más de 15,000 elementos castrenses operando en Chiapas.
Militares patrullan la región frontera entre Chiapas y Guatemala, sin que ello se traduzca en la reducción de la criminalidad y los enfrentamientos armados.
El estado alberga 71 campamentos militares. También contabiliza la construcción de 10 cuarteles de la GN en los municipios de Villaflores, Tonalá, Huehuetán, Tapachula, Chilón, Las Margaritas, Frontera Comalapa, Bochil, Palenque y San Cristóbal de Las Casas. Su presencia, justifica la administración federal, es para controlar los flujos migratorios y el narcotráfico. No obstante, “este despliegue no ha tenido un efecto consistente para frenar la escalada de la violencia”, argumenta el informe.
Minería, ilegal y bajo cobijo de autoridades
Durante el año 2023 se registraron dos picos de violencia en la región frontera-sierra. Uno de ellos se conoció como “la guerra de los cuatro días”, ocurrida en el mes de mayo con el enfrentamiento de grupos criminales en la comunidad de Nueva Independencia, impactando a comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa. En ese momento se contabilizó el desplazamiento forzado de 3,500 personas.
Para el mes de septiembre, se multiplicaron los eventos violentos en los municipios de Motozintla, Frontera Comalapa, La Grandeza y Siltepec. Más de 300 organizaciones denunciaron las tácticas de guerra de los grupos criminales. “La población civil fue tomada como rehén, utilizada como escudo, forzada a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos en disputa”, denunciaron defensores de derechos humanos sobre la situación.
Uno de los elementos económicos, clave en la disputa por el dominio territorial para el control de bienes naturales, se evidencia con lo que aconteció durante esos meses en el municipio de Chicomuselo durante los enfrentamientos del cártel de Sinaloa (CDS) contra el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para controlar un territorio minero. Acorde al informe, en esta zona, “se ejemplifica el funcionamiento delestado de las cosas en la región frontera de la mano de empresas privadas, delincuencia organizada y gobierno”.
Según la documentación, en Chicomuselo existen 12 concesiones mineras vigentes y dos vencidas. Después de una larga historia de resistencia contra la minería, la cual obtuvo una pausa en la extracción de barita a partir de 2009, fue desde octubre del año 2022 cuando “estructuras criminales, en colusión con las empresas y con la aquiescencia de los distintos niveles de gobierno”, reiniciaron las actividades extractivas.
Pese a múltiples denuncias de habitantes locales, quienes desde enero y febrero del 2023 señalaron la entrada de mineros, acompañados del crimen organizado, “las autoridades han argumentado que no existen condiciones de seguridad para poder abordar cualquier indicio de minería ilegal”, cita el informe.
Testimonios anónimos señalan que, desde el año 2022, organizaciones y comisariados pidieron la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). “Les visitaron dos veces, y la segunda vez los estaba esperando el Maíz -en referencia a una facción criminal ligada al CJNG-. Se pusieron violentos y amenazaron a Semarnat/Profepa y golpearon al chofer en presencia del Ejército y de la Guardia Nacional y no intervinieron”, relata uno de los testimonios recopilados en el informe.
Imagen ilustrativa de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Acorde a la población de Chicomuselo, los incidentes violentos por parte de la delincuencia organizada han sido falseados y negados por parte de la Profepa. “La Profepa me escribió por correo electrónico ‘en tal fecha hubo una delegación de la Profepa, llegó para verificar el predio minero, y resulta que en el camino encontraron a un grupo ejidatario que le manifestaron a la Profepa que estaban de acuerdo con la minería’. La Profepa y la Semarnat saben bien que no son ejidatarios, que son grupos del crimen organizado. Pero así responden, nosotros somos tan ignorantes que no lo vamos a creer’”, detalla uno de los testimonios sobre el encubrimiento de la actividad criminal por parte de las autoridades ambientales.
Debido a las acusaciones de la población local sobre supuestas colusiones entre las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado, algunas comunidades tomaron acuerdos para intentar impedir los patrullajes del ejército y GN.
Las sospechas se acrecentaron cuando, según testimonios, durante los enfrentamientos en mayo del 2023, sujetos armados transitaban con total impunidad frente a las instalaciones militares. “En Chicomuselo está el cuartel del ejército mexicano más grande en el estado y pues bueno, la contención no ha sido para los grupos criminales, por el contrario como hemos visto en las últimas semanas, la contención, el uso de gases lacrimógeno, la dispersión con armas de grueso calibre ha sido en contra de la población civil”, señaló Ogaz durante la presentación del informe.
Alertas, ignoradas
Para Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la situación actual no emerge del vacío. Muchas fueron las alertas que durante los últimos tres años indicaban el incremento de la violencia y la impunidad con que operan los distintos grupos criminales en todo el estado de Chiapas.
Para Aguirre, el trabajo compilado en el informe se suma a los trabajos de la sociedad civil de Chiapas y las propias comunidades, así como las distintas comunidades de fe, para denunciar una situación crítica que sigue sin ser atendida.
Conferencia de prensa para la presentación del informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los Derechos Humanos”, realizada en las instalaciones del Centro Prodh.
“No es normal, contrario a lo que se ha dicho desde la más alta tribuna presidencial. Desde 2021 empezamos a escuchar voces que alertaban sobre que Chiapas se encontraba al borde de la guerra civil. Esas denuncias se acrecentaron en 2022. En 2023, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas alertó en su informe ‘Chiapas un desastre’, que la situación continuaba deteriorándose. En diciembre, tuvimos llamados enérgicos de la diócesis de San Cristóbal, y hoy tenemos este informe que nos muestra un panorama desolador y crítico, específicamente en los 12 municipios que comprenden la región fronteriza de Chiapas”, sostuvo durante la presentación del informe.
“Con los pronunciamientos de ‘todo normal en Chiapas’ –en referencia a la declaración del presidente tras un desfile de hombres armados pertenecientes al CJNG en la región frontera durante septiembre del 2023-, Andrés Manuel López Obrador ofrece públicamente un discurso de negación del conflicto que condena a la población a un estado de desprotección”, enfatiza el documento.
Además, alertan que durante el período de precampaña para las elecciones a nivel local, estatal y federal del año 2024 se ha registrado un aumento de la violencia criminal electoral que ha colocado a Chiapas en el quinto lugar a nivel nacional, según un informe de Data Cívica, lo que podría reflejar “una intención por parte de la delincuencia organizada en influir en los resultados sobre quienes tienen posibilidades de ser candidatas o candidatos y, eventualmente, ocupar la gubernatura en Chiapas” para las elecciones de este 2024.
Imagen: Isabel Mateos/CuartoscuroEn portada: El 30 de mayo del 2023 se realizó el Despliegue de Fuerza de Tareas dirigido por la Sedena acompañado por la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal rumbo a la región frontera entre Chiapas y Guatemala que ha sido azotada por la violencia entre grupos armados
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
Gustavo Castro Soto Otros Mundos Chiapas 12 de Febrero 2024, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México https://otrosmundoschiapas.org/
Desde 1994 con la insurrección zapatista, los desplazados internos que generó la violencia subieron a la escena pública. Desde entonces no han dejado de registrarse población desplazada por la violencia sobre todo la causada por el Ejército mexicano, los entonces grupos paramilitares y por los conflictos internos desatados. Sin embargo, la economía política de la violencia ha ido evolucionando y poco a poco los cárteles han ocupando la razón y el origen principal de la actual población desplazada.
El gobierno mexicano no parce tener la capacidad de restaurar la protección de los derechos humanos, y menos garantizar el derecho humano al trabajo, la vida, la alimentación, la vivienda, la educación, el agua, la libre locomoción o de todos los derechos humanos, ya que la violencia y el desplazamiento afectan todas las esferas de la vida. Sobre todo porque otra característica de la violencia actual es que ya no es selectiva como en años atrás donde los defensores y defensoras de los derechos humanos, quienes defienden la tierra y el territorio afectando intereses del gobierno o de las grandes empresas y sus mega proyectos e inversiones cuantiosas, eran primordialmente el objetivo de la violencia, la represión, las órdenes de aprehensión e incluso del asesinato. Ahora, toda la población es objetivo de violencia, urbana y rural, sin importar sexo, religión, o condición social.
Toda la población está expuesta a ser robada, extorsionada, expulsada, asesinada, amenazada, desaparecida o desplazada. Y esto se debe a que los cárteles se disputan absolutamente todo el territorio, porque en él están los negocios donde maximizar las ganancias, es lo que denominamos la apropiación del capitalismo informal sobre el capitalismo formal. Es la apropiación de los terrenos, ranchos y viviendas; el control de negocios como la venta de alcohol, café, maíz, palma de aceite, gas, gasolina; el cobro de pisos, las extorsiones, los secuestros, el reclutamiento, la prostitución, la trata de personas; el tráfico de drogas, armas y migrantes, entre otros muchos negocios. Hasta el control de carreteras, caminos, puertos, aeropuertos o actividades extractivas como la minería. Para ello se requiere el control de todo el territorio y así el objetivo de la violencia se amplía a toda la población sin distinción.
El conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS) por el control del territorio en Chiapas, representa uno de los episodios de mayor impacto social, económico y político en el estado. La violencia es descomunal, con acciones masivas jamás vistas como el reclutamiento de jóvenes, la violación de mujeres, el cobro de piso, las extorsiones, las desapariciones, desplazamientos masivos, los secuestros, el robo de casas y otras propiedades inmuebles, las fosas clandestinas; el cerco armado a comunidades enteras, torturas, asesinatos, decapitados, entre otros indicadores terribles.
Dos elementos nuevos aparecen en la estrategia de los cárteles al momento de disputarse un territorio al que denominamos la frontera de disputa donde la violencia se vuelve más cruda, más cruel y más despiadada. Uno de estos elementos es el aislamiento de las comunidades para evitar que se infiltre el cártel contrario, que se traduce en el cierre de entradas y salidas de la comunidad, el control social de la población; el corte de las comunicaciones, de la luz, del suministro de agua, de los servicios como son los hospitales, bancos, escuelas y mercados. Se interrumpe el comercio, el trabajo, se controla la producción del campo, se pierden cosechas, se fijan nuevos precios a los productos mientras escasean la mayoría, y la desesperación y el hambre empieza a hacer estragos. Algunos testimonios refieren incluso al asesinato de niños. Esta ha sido la lógica en todos los municipios fronterizos entre Chiapas y Guatemala.
Un segundo elemento que se observa es la conformación de manera coaccionada del músculo social, con el fin de conformar una organización que aparenta autonomía pero que sigue las instrucciones del cártel. Este ha sido el caso de la organización El Maíz en el municipio de Chicomuselo. Por medio de esta organización obligan a los pobladores a hacer barricadas, vigilancia, retenes, marchas, bloqueos para evitar la entrada del Ejército mexicano, o usan a la población como escudo humano en los enfrentamientos armados. Pretender evitar la participación en esta organización no sólo implica multas sino hasta castigos corporales, la tortura o el asesinato. Todo esto está pasando en muchos municipios donde se suma el impacto psicológico, el miedo, la tristeza y la desesperación.
Esta violencia registra ya el desplazamiento de miles de personas. Hasta el momento imposible calcular el número de personas desplazadas en el estado de Chiapas ya que hay regiones donde no se puede tener acceso. El gobierno afirma una cantidad de personas atendidas en albergues, pero no toda la población desplazada ha llegado a refugiarse en ellos. Algunas familias huyen por veredas y montañas donde se refugian por días. Animales domésticos, maíz, café, vehículos, herramienta de labranza, todo queda abandonado a merced de la rapiña del cártel. Otras familias se refugian en diversos municipios de Chiapas con amigos y familiares como son los casos de los municipios de La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia, Tzimol, Las Margaritas, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, etcétera, o también a otros estados, o buscan migrar a los Estados Unidos. Los autobuses ‘piratas’ en San Cristóbal de las Casas rondan cientos de personas de diversas localidades indígenas, sobre todo grupos de jóvenes, buscando un lugar en las rutas hacia la frontera norte del país.
En Chiapas la violencia derivada de la lucha por el dominio territorial entre diversos grupos el crimen organizado ha entrado en una nueva fase. Los acontecimientos de los últimos meses y, sobre todo, de las semanas recientes son clara muestra de una escalada sin precedentes. Otros Mundos Chiapas expresa su más profunda preocupación ante esta catástrofe social, económica y política.
La imposibilidad de ingresar a diversos municipios del estado por la falta de garantías de seguridad; la carencia de información fehaciente y la confusión que esto genera; el número aún impreciso de desplazados, desaparecidos y asesinados son indicadores de la descomposición acelerada que sufre la entidad, donde la población ha quedado atrapada entre varios frentes.
Hacemos un llamado urgente a las autoridades federales, estatales y municipales, y a todos los sectores de la sociedad civil, para que juntos revirtamos esta espiral de muerte y destrucción que podría empeorar en los próximos meses cuando la contienda electoral y los reacomodos de fuerzas estén en pleno auge. Chiapas y todo México merecen vivir en paz.
¡¡ALTO A LA VIOLENCIA, A LA IMPUNIDAD Y A LA BARBARIE!!
El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en este programa estaremos platicando con vecinas y vecinos de la Colonia Maya, galardonados con el 4to Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas “Mariano Abarca” con quienes platicaremos sobre las problematicas del Periferico sur con la mal renovación de esta vialidad y otros temas de interés ciudadado en San Cristóbal de Las Casas. Acompáñanos este martes 5 de diciembre a las 6:30 pm por nuestro facebook live.
AL PIE DEL CAÑON
Voces desde La Maya
Escucha nuestro programa de radio El Escaramujo en Radio Kinoki este martes 5 de diciembre a las 6:30 de la tarde por FacebookLive de Otros Mundos y Kinoki
Les compartimos la siguiente petición lanzada por un grupo organizado de la sociedad civil sobre la preocupante situación que se vive en Chiapas en esta ola de violencia – A 26 de noviembre del 2023
Somos personas de la sociedad civil preocupadas por los sucesos en Chiapas, relacionados con las actividades del llamado crimen organizado y que han escalado su propia guerra en contra de personas que viven en diversas comunidades, ejidos, rancherías y que además de trabajar para poder subsistir, son víctimas de cobros de piso y amenazas, entre otras cosas.
Chiapas vive la desaparición constante de personas; jóvenes la mayoría.
Ahora en la región fronteriza de Maravilla Tenejapa, los grupos violentos vienen atacando a la población que ha tenido que refugiarse en comunidades de municipios cercanos por las vegas de los ríos Jataté y Santo Domingo. En días recientes cientos de familias salieron de al menos 13 comunidades del municipio Maravilla Tenejapa.
La situación es crítica, por lo que demandamos la ayuda y asistencia humanitaria a la brevedad. Exigimos que la seguridad pública, responsabilidad del Estado mexicano, se asegure de inmediato.
Demandamos del gobierno mexicano, del gobierno estatal. Así como de las instancias correspondientes que se hagan presentes en la región de la frontera sur que recorre los municipios de la Selva, Frontera, Sierra para darles certeza a la población con alimentos, y sobre todo, seguridad de que su vida no corre peligro.
Atentamente,
Ciudadanas y ciudadanos de la sociedad civil de Chiapas.
En estos momentos tan complejos que vivimos en Chiapas y, debido a la actual situación de inseguridad en la región, nos vemos obligados a cancelar la entrega del Premio a la Defensa Ambiental “Mariano Abarca” 2023 programado para este año. Comprendemos y compartimos la preocupación por la seguridad de todos los involucrados. En estos tiempos difíciles en Chiapas, queremos dirigir nuestra atención hacia las luchas sociales que, día a día, se desarrollan en busca de un futuro más justo y equitativo.
Reconocemos con profundo respeto a todas las personas que, a pesar de las adversidades, han decidido levantarse y resistir contra la violencia y la injusticia en Chiapas. Cada una de estas luchas sociales es una manifestación valiente de la determinación de la comunidad para construir un mejor mañana.
En estos momentos críticos, queremos destacar la importancia de la organización y la creación de resistencias desde las comunidades. Es en la unión y la solidaridad que encontramos la fuerza para enfrentar los desafíos que nos afectan colectivamente. Animamos a todas las comunidades a fortalecer sus lazos, compartir experiencias y colaborar en la construcción de un Chiapas más resiliente y justo.
En este contexto, la cancelación del Premio a la Defensa Ambiental “Mariano Abarca” 2023 adquiere un significado más amplio. Queremos destacar que la defensa de la naturaleza y la lucha por la justicia social están intrínsecamente entrelazadas. Mariano Abarca dejó una semilla que no solo germina en la protección y defensa ambiental sino también en la resistencia social y las alternativas en Chiapas.
Aunque lamentamos profundamente no poder celebrar los logros ambientales este año, reafirmamos nuestro compromiso con la causa y esperamos retomar la entrega del premio en futuras ediciones, cuando las condiciones de seguridad permitan un evento que refleje la importancia y el respeto que merece la defensa del ambiente y las luchas sociales en Chiapas.
Mientras tanto, extendemos nuestro apoyo a todas las comunidades y personas comprometidas con la construcción de un Chiapas más justo. Continuamos alentando las nominaciones y el reconocimiento de aquellos que trabajan incansablemente por la defensa ambiental y la justicia social. Estamos comprometidos con seguir siendo un vehículo para dar visibilidad a estas luchas y promover la conciencia sobre la importancia de preservar nuestro entorno y construir una sociedad más equitativa.
Como cierre, queremos dedicar el 5to Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas a todas las personas que resisten esta gran ola de violencia. Reconocemos su valentía y compromiso con la construcción de un Chiapas más justo y digno. Desde Otros Mundos Chiapas y los 34 convocantes más, seguimos trabajando incansablemente para crear otros mundos más justos y dignos.
Atentamente,
Las 35 organizaciones nacionales e internacionales
Canadá: Alianza por la Justicia Minera (MJA), Comité por los Derechos Humanos de América Latina (CDHAL), Comité de Acción para la Justicia Minera (MJAC), Consejo de los Canadienses, Derechos en Acción, Fondo Humanitario de Steelworkers, Fondo de Justicia Social por la Alianza del Servicio Público de Canadá (PSAC), Fronteras Comunes, Grupo de Monitoreo Internacional de las Libertades Civiles (ICLMG), Inter Pares, Kairos Iniciativas Ecuménicas Canadienses por la Justicia, MiningWatch, Red de Solidaridad contra la Minería Injusta (MISN), Unidos por la Justicia Minera. Estados Unidos: Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto de Estudios Políticos (IPS) -Proyecto Sobre la Economía Global, Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), Servicio Mundial Judío Estadounidense (AJWS). México: Amnistía Internacional México, Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Otros Mundos Chiapas, Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM), Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA). Honduras: Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). América Latina: Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe (ATALC), Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Arboles (RECOMA). Cataluña: Entrepueblos. País Vasco: Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)– Paz con Dignidad. Alemania: Salva la Selva/Rettet den Regenwald. Internacional: International Rivers
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
CHIAPAS, UBICACIÓN DE LA FRONTERA EN DISPUTA La narcoguerra, el terror de los pueblos
Gustavo Castro Soto Otros Mundos Chiapas 23 de Octubre de 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México https://otrosmundoschiapas.org/
La grave situación de violencia en Chiapas se agudiza día a día y de manera acelerada. La frontera de disputa territorial entre el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el cártel de Sinaloa (CDS), se concentra actualmente en la frontera de Chiapas con Guatemala, sobre todo a partir del mes de septiembre del presente año.
Chiapas tiene 658 kilómetros de frontera con Guatemala desde la Costa hasta la Selva, donde tocan en su frontera un total de 18 municipios con una población total de 1,362,158 habitantes. Por el lado de Guatemala tocan frontera 17 municipios agrupados en cuatro Departamentos.
En toda la línea fronteriza existen 8 cruces fronterizos oficiales y alrededor de 45 cruces vehiculares informales. En este territorio fronterizo existe todo tipo de negocios ilegales. Por ello, ningún municipios se escapa de la presencia del narco, los conflictos armados y la disputa por el control de los territorios.
Desde hace dos años existe una región en especial en la que se ha centrado la línea de disputa por el control territorial entre los dos principales cárteles, desde el municipio de La Trinitaria hasta Suchiate en la Costa donde se ubican 13 municipios que tocan frontera con Guatemala.
Esta narcoguerra llegó al clímax de violencia en el pasado mes de septiembre del 2023 donde habitaba una población total de 944,023 personas. Sin embargo, la disputa se extendió a otros 6 municipios más, aledaños a los fronterizos con Guatemala, por lo que la población rehén de este terror y violencia llega al 1,054,231 habitantes. Así, con estos 6 municipios que no tocan frontera pero que están involucrados en el terror de los cárteles (El Porvenir, Siltepec, Bella Vista, Bejucal de Ocampo, La Grandeza y Chicomuselo), suman 24 municipios que actualmente se encuentran en la línea de la disputa territorial.
Sin embargo, ahora se ha corrido esta frontera por la disputa del territorio hacia el lado opuesto, hacia los municipios de La Trinitaria, Las Margaritas, La Independencia, Benemérito de las Américas y Ocosingo. La guerra entre los narcos se irradia por toda la frontera con Guatemala hacia el interior del estado, hacia los municipios de Tzimol, Comitán y Teopisca por el centro del estado de Chiapas; por Altamirano y Ocosingo hacia la región del Golfo, y por los municipios de la Costa hacia el Pacífico.
La frontera de disputa territorial se caracteriza por una violencia jamás vista. Miles de desplazados además de desaparecidos, asesinatos, narco retenes con la participación obligada de la población que debe participar cada tercer día en la vigilancia de los retenes durante 24 horas, cobros de piso, extorsiones, robos, narco bloqueo de carreteras, reclutamiento de jóvenes y con la toma del control de pueblos enteros imponiendo a la población sus reglas y necesidades. Los bancos, las tiendas, las escuelas, las clínicas de salud, los mercados, cerrados. Los poblados sin gas y sin gasolina.
Los cárteles suspenden el suministro de energía eléctrica y de la telecomunicación para bloquear a la población. Golpes a tablazos a hombres y mujeres que se nieguen a cooperar o se les aplica otros mecanismos de tortura. Colocan cámaras de vigilancia por todos lados. No hay alimentos y se acerca la hambruna mientras un poco de comida cuesta lo inimaginable. Los miembros de los cárteles patrullan armados en camionetas artilladas con armas de grueso calibre y en motocicletas. Algunos pobladores fronterizos han pretendido refugiarse en Guatemala pese al blindaje militar que el vecino país desplegó en la línea fronteriza para evitar que el conflicto invada su territorio.
También hay otros puntos de disputa hegemónica entre los dos cárteles. En la Región Zoque, en el norte del Estado, se han registrado enfrentamientos ente ambos cárteles y un nuevo indicador de la violencia: cabezas decapitadas frente a instalaciones oficiales en el municipio de Reforma.
También hay otros puntos de disputa hegemónica entre los dos cárteles. En la Región Zoque, en el norte del Estado, se han registrado enfrentamientos ente ambos cárteles y un nuevo indicador de la violencia: cabezas decapitadas frente a instalaciones oficiales en el municipio de Reforma.
En la Región Selva Norte, en el municipio de Tila y en Sabanilla, la violencia y las amenazas contra la población también repunta. En la Región Selva el CDS ha reforzado los retenes en el Crucero San Javier y el control sobre Frontera Corozal, una de las joyas del tráfico de indocumentados que hoy por hoy ya se cobra hasta 280 mil pesos por llegar a la frontera con los Estados Unidos. En esta parte de la Selva se pretende controlar el tráfico no sólo de migrantes, sino de palma de aceite, ganado ilegal proveniente de Guatemala, la futura explotación petrolera de los pozos de Benemérito de las Américas que alimentaría a la refinería Dos Bocas en Tabasco. En la Selva Lacandona existen pistas clandestinas para el tráfico de droga proveniente de Sudamérica. Por el municipio de Motozintla se trafica azúcar y en Chicomuselo se controla la mina de barita.
Todos los megaproyectos atraen los conflictos y la lucha por su control y ganancias. El Tren Maya, la carretera Pijijiapan a San Cristóbal y Palenque, el tren costero y su gasoducto hacia Centroamérica, el Puerto Chiapas y sus ampliaciones de infraestructura, los pozos petroleros, los monocultivos, el Canal Transístmico, los proyectos mineros y de represas que repuntarán por la supuesta demanda de energía, entre otros. Todo esto estará acompañado de mayor presencia de los cárteles y de la consecuente militarización.
A corto plazo el estado se podrá ver envuelto en mayor violencia por el control de los municipios de cara a las elecciones de junio del próximo año en que se renovarán todos los municipios, la gubernatura y las diputaciones. Como en otras entidades del país podrán darse bloqueos de carreteras, toma de edificios municipales, quema de urnas o impedimentos para ejercer el voto; amenazas, agresiones o hasta asesinatos de candidatos a puestos de elección popular, y otros focos rojos de enfrentamientos armados.
Ante tanta violencia y terror que se vive en el estado, AMLO procura no espantar las inversiones y el turismo, pero ya es imposible ocultar lo evidente. Para inhibir la violencia generada por la narcoguerra, una de las respuestas del gobierno es publicitar que en Chiapas están ubicados un total de 9,989 policías, y de ellos 8,767 son operativos. Por su lado la Policía Estatal Fronteriza cuenta con 135 elementos y 50 unidades equipadas.
El Presidente de la República informó además que en Chiapas hay 8 mil 283 militares, mil 823 marinos y 4 mil 932 uniformados de la Guardia Nacional distribuidos en 18 nuevos cuarteles. Y ante la narcoguerra en la frontera de disputa territorial agudizada en el mes de septiembre de 2023, el Presidente envió alrededor de mil 500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC). También se ha informado que en Chiapas durante el 2022 contaba ya con 2.8 policías por cada mil habitantes, logrando la media que pide el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Actualmente las autoridades confirman que existen 13 mil 400 elementos policiacos entre estatales y municipales.
Con toda esta presencia militar y policiaca, la violencia no para ni se inhibe. Paradójicamente, mientras que algunas comunidades solicitan la presencia del Ejército para detener la violencia del narco, en otras comunidades se les acusa de estar coludidos con los cárteles, de no hacer nada, de solo observar y de llegar tarde a detener la violencia. Frente a todo esto, la sociedad está optando por varios caminos: migrar, auto defenderse, quedarse y asumir la gobernanza de los cárteles, o movilizarse masivamente para exigir territorios libres de narcos. Frente a los signos de muerte, existen signos de vida y esperanza.
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
Gustavo Castro Otros Mundos Chiapas 28 de Septiembre 2023, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México https://otrosmundoschiapas.org/
“Algunas organizaciones de derechos humanos, la Iglesia Católica, entre otros analistas, construyen narrativas, lecturas, análisis y diagnósticos de la situación en Chiapas acompañados de afirmaciones como estas: “es una guerra de contrainsurgencia”, “es una guerra del Estado contra los zapatistas”, “estamos al borde de una guerra civil”, “es una guerra del Estado con sus grupos paramilitares”, “es una guerra contra los pueblos indígenas”, entre otras”.
Mientras la Diócesis de San Cristóbal de las Casas afirma que “Chiapas está en guerra”, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) enfatizó hace meses que “Chiapas está al filo de una guerra civil”. Por ello, bajo el lema “Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas”, recientemente se realizaron movilizaciones en varias partes del país y en el extranjero en apoyo y solidaridad con el EZLN.
La campaña tiene origen en la demanda de exigir el alto a las agresiones por parte de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO) contra el EZLN, tema que abordamos en El Escaramujo No. 116. Esto convocó a una movilización en el mes de junio de 2023 y como respuesta a la invitación que hicieran 800 organizaciones y más de 1,000 personalidades firmantes. Así, de un conflicto en una comunidad zapatista por parte de uno de sus ex miembros cuya violencia tiene origen desde finales de la década de 1990, algunos concluyen que existe una guerra del gobierno federal contra el EZLN. Actualmente, la violencia es más que obvia: es una guerra entre los cárteles.
Por otro lado, hay quienes se remontan más atrás al afirmar que en Chiapas existe “una guerra que supone la reproducción sistemática de violencia que se impuso contra los pueblos originarios desde la Conquista y durante la Colonia”. Sin embargo, no se toma en cuenta que los contextos y los actores ya han cambiado.
Otros actores afirman que Chiapas está ‘al filo de la guerra civil’ entre ‘grupos de autodefensa’ en contra de los ‘paramilitares’ y ‘sicarios’ de los diversos cárteles con la complicidad de Presidente de la República. Aquí se revuelven de manera supina y sin análisis a cinco actores.
Existen otros terribles paralogismos. Por ejemplo, que AMLO niegue la gravedad de la violencia en Chiapas no lo convierte en operador y estratega de la violencia que ejecutan los cárteles entre ellos y de pasada contra toda la población, y menos que se estructure en función de aniquilar exclusivamente a las comunidades zapatistas. Que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO) de manera irresponsable difame a ciertos sectores de la sociedad, no lo convierte en asesino de los pueblos o de ser responsable de orquestar la clásica estrategia de guerra ‘contra insurgente’. Por cierto, ¿hay insurgentes en Chiapas? ¿Sublevados armados contra la autoridad?
Los paralogismos, falsos razonamientos y conclusiones y divinos entimemas, no le quitan responsabilidad a AMLO en los resultados de su estrategia disuasiva y no persecutoria contra los cárteles que más se han ido apoderando de territorio chiapaneco, estrategia ineficaz para romper las estructuras que alimentan al narco. Tampoco elimina el hecho de que el gobierno está rebasado y que no puede detener el avance de los cárteles, como tampoco lo pueden hacer los gobiernos de Europa, Estados Unidos o en África, regiones donde se mueven billones de dólares del narcotráfico. Y es que en todos los países, el poder del narcotráfico no puede ser lo que es sin el contubernio de funcionarios, políticos, militares y policías.
Así, Chiapas no es la excepción. La población atrapada en la tremenda violencia que se sigue agudizando de manera acelerada confirman este contubernio. La frontera de disputa territorial entre los cárteles se concentra ahora en la frontera con Guatemala y se irradia por los municipios fronterizos hacia el interior del estado en medio de una violencia jamás vista. Aquí, no sólo la población tiene que definir en qué bando de los cárteles se arrima, sino también pareciera que la clase política, las fuerzas armadas y policiacas entran en este juego de favorecer bandos. Es evidente que los cuarteles de la Guardia Nacional y del Ejército no están en función del EZLN, sino de los cárteles. Esta ‘militarización continuada’ ya no está en la misma lógica y contexto de 1994.
En todo este contexto sumamente complejo que se enmarca en el discurso generalizado de la ‘guerra’, se requiere de un análisis más riguroso. Los distintos diagnósticos de la situación en Chiapas marcan no sólo diferencias narrativas sino políticas y hasta ideológicas y conllevan acciones, alianzas y consecuencias distintas. Es necesario detenerse y reflexionar con más profundidad, ya que la falta de ello también provoca discursos de odio que obnubila aún más la capacidad de análisis y reflexión y acerca a algunos actores de izquierda o progresistas hacia los discursos de odio irracional de la ultraderecha contra el gobierno federal.
Las presentes reflexiones están en continuidad con El Escaramunjo 114, 115, 116 y 117. Ahora abordaremos otros conceptos para entender mejor la situación en el estado de Chiapas. Esta es una propuesta, la reflexión no está terminada.
¿QUÉ ES LA ‘GUERRA CIVIL’?
El fenómeno de la “guerra” tiene diversas variantes, entre ellas la “guerra civil”. Sin embargo, no existe una definición clara ni consensuada sobre este concepto ni desde el punto de vista de su origen, o de su evolución, de sus estrategias o de sus objetivos, y sigue siendo objeto de debate y análisis.
Existen también otros conceptos que son igualmente polémicos en cuanto a su definición, como “revolución”, “conflicto interno”, “guerra interestatal”, “guerra fría”, “guerra sucia”, “guerra de independencia”, “guerra de guerrillas”, “guerra fraticida”, “guerra de secesión”, “guerra de liberación nacional”, “guerra irregular”, “guerra convencional”, “guerras privatizadas”, “guerras informales”, “guerras posmodernas”, entre otros. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos conceptos? En algunos países, lo que alguien ha llamado ‘revolución’ otros lo han denominado ‘conflicto interno’ o ‘guerra civil’. En fin, aquí mencionaremos algunas características constantes cuando se analiza el concepto de “guerra civil”.
Entre las características comunes del concepto de “guerra civil” podemos encontrar que es un enfrentamiento entre dos o más bandos civiles armados al interior de un país. Un conflicto doméstico en un escenario bélico, con ideologías diferentes, sin ingerencia extranjera, que se disputan el control del Estado y cuya confrontación bélica no está regulado por el Derecho Internacional al cual se le debe cumplimiento, sino que se manifiesta bajo los medios de una guerra irregular o de guerrillas. Algunos sociólogos incluyen entre las características de la “guerra civil” las basadas en un número mínimo de muertos, en su intensidad y duración, en la amplitud de su presencia territorial a nivel nacional por parte de ambos bandos, y en su capacidad bélica, entre otros.
Encontramos como factor común el hecho de que se trata de una violencia armada recíproca, continua y sostenida en un ámbito de gran escala, de carácter nacional y con un significativo impacto social, económico y político que afecta a la mayoría de la población del Estado Nación. También participa el gobierno en turno que apoya a una de las partes, que minimiza a una de ellas o a ambas bajo el argumento de que son situaciones violentas de inconformes, insurrectos, terroristas, disturbios, conflictos internos comunitarios, conflictos étnicos o religiosos, disputas locales agrarias, etcétera, lo que no significa que no sea verdad en ciertas circunstancias.
Una ‘guerra civil’ podría tener como origen la ruptura y confrontación religiosa, política, por el control de las estructuras del Estado, ideológica, o por factores económicos que reflejan luchas de clase, étnicas o culturales donde se reivindica la identidad de los pueblos originarios y contra la cultura invasora, o la combinación de varios de estos factores. La ‘Guerra de Castas’ o la ‘Guerra Cristera’ pudieran ser algunos de estos ejemplos.
Las ‘guerras civiles’ también pueden tomar un carácter de guerra de liberación nacional que bajo el espíritu patriótico se lucha contra el dominio extranjero. Los bandos que se enfrentan en la ‘guerra civil’ construyen su propia ideología y justificación del levantamiento armado que les de la razón. Cada bando identifica las condiciones adecuadas para competir bélicamente con el adversario.
