Les compartimos nuestra pronunciamiento a las y los integrantes de Somos la Maya, a las y los vecinos de la Colonia Maya y a la población en general sobre la noticia que dieron hoy en su conferencia de prensa las y los integrantes de Somos la maya – A 15 de julio del 2024
Todo el equipo de Otros Mundos Chiapas expresamos nuestra más sincera felicitación a las y los integrantes del Colectivo Somos la Maya y a todas y todos los vecinos de la Colonia Maya en este día tan especial. Su comunidad es un ejemplo de convivencia, solidaridad y esfuerzo colectivo, y hoy celebramos todos los logros y la unidad que han construido juntos.
Compartimos con ustedes la tranquilidad del reciente retiro de las órdenes de aprehensión que pesaban sobre algunos de ustedes por defender valientemente su territorio. Esta noticia es un testimonio de la resistencia y el compromiso de la comunidad de la Colonia Maya y de que el caminar colectivo siempre cosecha frutos.
Es un privilegio ser testigos de cómo cada una, uno y une de ustedes contribuye a hacer de nuestra comunidad un lugar mejor para todos. Sus esfuerzos diarios no pasan desapercibidos y son verdaderamente inspiradores. Por eso fueron conmemorados con el 4to Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas Mariano Abarca en el año 2022, siendo el primer colectivo urbano es recibir este reconocimiento.
¡Felicidades nuevamente a toda la comunidad de la Colonia Maya! Que este día esté lleno de alegría y momentos memorables junto a sus seres queridos.
Este cinco de julio se cumplen tres años del vil asesinato del compañero y hermano Simón Pedro Pérez López, integrante de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Para todo el equipo de Otros Mundos Chiapas, su pérdida sigue llenando nuestros corazones de indignación y tristeza. Con Simón Pedro recorrimos muchos caminos en la búsqueda de una vida digna para los pueblos, y aunque seguimos sin él, su fuerza y espíritu nos acompañan.
Nos sumamos a las exigencias de verdadera justicia y un debido proceso en la búsqueda de la verdad. Tres años después, seguimos sin justicia para su muerte. Basta de seguir criminalizando y hostigando a quienes luchan por un buen vivir. Exigimos a las autoridades federales y estatales que se pongan a trabajar para esclarecer este vil asesinato y que se encuentren a los autores materiales e intelectuales.
¡JUSTICIA PARA SIMÓN PEDRO!
¡ALTO A LA VIOLENCIA CONTRA DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LA VIDA!
La Red Lupa es un espacio digital para el seguimiento y vigilancia de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.
Parte del éxito de la desaparición de personas como estrategia para sembrar terror, es la confusión que provoca su aparente generación espontánea e inconexa, como si la desaparición surgiera de la nada.
Montaje de los mapas IMDHD y personas participantes de los talleres.
Lo que hoy sabemos es que este fenómeno nace en contextos de impunidad, corrupción, militarización, extractivismo, ataques a periodistas, lavado de dinero, destrucción ambiental, trasiego de droga, entre muchos otros delitos.
Partiendo de esta premisa y del reconocimiento de que lo que ocurre en los territorios ocurre también en los cuerpos de las personas: no somos cuerpos que habitan en un territorio, somos Cuerpo-Territorio, se planteó la metodología de cartografía social para trabajar el análisis de los delitos asociados con la desaparición de personas.
Este trabajo fue realizado de manera presencial en encuentros por región, en el que familiares de personas desaparecidas, periodistas, académicos y académicas, defensoras y defensores de derechos humanos y personas expertas en la materia, se agruparon por estado para trabajar sobre los mapas con división municipal que se muestran en las fotografías y, a partir de una propuesta de simbología representada con calcomanías y ayudándose con plumones, trazaron las heridas abiertas que identifican en sus territorios, los dolores que no han sido sanados, las grietas por las que se escabulle la verdad y la justicia y explicaron al resto de las compañeras y compañeros cómo este entramado de delitos y violaciones a derechos humanos ha sostenido la desaparición de personas en impunidad y en aumento en sus estados.
Yucatán
Las compañeras del estado de Yucatán identificaron como las problemáticas más apremiantes de los años recientes: la gentrificación de las ciudades, el daño ambiental ocasionado por el Tren Maya y los mega granjas porcícolas y el aumento en los casos de suicidio y abuso sexual.
Los cenotes, son la reserva más grande de agua del país, pero están bajo amenaza por tres razones principales:
1. La venta de terrenos indiscriminada, sobre todo en Mérida con el desarrollo inmobiliario enfocado en población extranjera, contribuyen a la gentrificación de la ciudad, aumentando el costo de vida. En Yucatán no estaba permitido hacer edificios muy altos por los huracanes, pero con el gobierno del PRI de Ortega se cambió la regulación del uso de suelo, por lo que estamos viendo un crecimiento desorganizado sin planeación urbana, dificultando el acceso a los servicios públicos como el acceso al agua y a la energía, especialmente en la zona sur donde se encuentra la población con menor poder adquisitivo.
2. Los puntos rojos en el mapa señalan las mega-granjas porcícolas del estado, identificadas por el daño ambiental que causan, principalmente en la contaminación de los mantos acuíferos, considerando que de los tres mantos que tiene Yucatán, dos están contaminados y uno se encuentra en riesgo.
3. La ruta del tren maya que ha dejado un daño ambiental profundo, entre la deforestación, el daño a los cenotes, la destrucción del hábitat y de la flora y fauna.
Respecto a las desapariciones se ubica en Tekax dos mujeres que siguen en calidad de no identificadas, además se perdieron las muestras de ADN y no se tomaron las denuncias por desaparición.
Peto, Akil y la zona sur son conocidos por las rutas de narcomenudeo; sobre los carteles hay presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación; en Tekax hay casas de seguridad relacionadas con el crimen organizado, hay documentación de rutas de narcomenudeo por las que en estos municipios las mujeres son usadas como “mulas” para transportar droga, en Tekax también hay granjas de cristal, llegan a Uman, y de ahí a Mérida donde también hay casas de seguridad. Una de las rutas para el tráfico de drogas es Valladolid, Tizimín y Progreso, funcionando como ruta costera.
En el tema de migración, se ubica que a partir de la actuación de la Guardia Nacional y de las mega caravanas de migrantes, se ha modificado la dinámica de la migración, considerando que en Mérida se transportan en autobús o avión a la Ciudad de México para evitar la deportación. También, en el río Lagarto se han encontrado cuerpos de migrantes víctimas de naufragios.
Respecto a la violencia contra las mujeres, hay más casos de supuestos sucidios que feminicidios, sin un programa de prevención en el estado y sin protocolos de investigación para los casos de muertes de mujeres, niñas y adolescentes, por lo que los suicidios podrían estar ocultando otros delitos.Se conocen tres casos de mujeres que se han suicidado debido a la violencia que recibían, también 5 casos de mujeres víctimas de violencia que asesinan a sus violentadores ante una falta de protección del estado. Existe también una mayor incidencia de suicidios dentro de la población LGBTQ+, por la discrminación y abusos de las que son objeto
Actualmente, se percibe al gobierno como uno empresarial, corrupto y al servicio del capital.
En el mapa se observa el daño ambiental como un fenómeno extendido en todo el estado al igual que los suicidios y el abuso sexual. Para Yucatán se utilizó la categoría de trans feminicidio y mega granjas porcícolas, las cuales no se encontraban dentro de la simbología básica proporcionada a cada estado.
18% de los casos de personas desaparecidas y no localizadas está en el rango de edad entre los 15 y 19 años.
En el mapa se puede observar que el municipio de Benito Juárez, donde se encuentra la zona más turística del estado como Cancún, Playa del Carmen, Tulum e Isla Mujeres, se concentra también la mayoría de delitos y fenómenos identificados como el feminicidio, la presencia de megaproyectos y con ellos el daño ambiental, la militarización, las ejecuciones, la trata de personas, las desapariciones, el narcomenudeo y las extorsiones a trabajadores.
Quintana Roo es percibido como un estado corrupto tomado por los carteles.
Se identifica un aumento en casos de abuso sexual, violación, suicidios y feminicidios. En el municipio de Lázaro Cárdenas hay niñas que van a trabajar a los bares donde son prostituidas. El fenómeno de la desaparición de personas se ha extendido, antes se encontraba solamente en el municipio de Benito Juárez y actualmente hay casos en toda la zona norte, siendo esa parte del estado donde se concentra la mayoría de los delitos.
La construcción de la ruta del Tren Maya ha generado ecocidios, el estado se encuentra ubicado geográficamente en una zona de cenotes, en los que se han puesto pilotes de cimentación para sostener las vías del Tren Maya, dañando los cenotes de forma irreparable. Este tipo de terreno ha sido efectivo para ocultar cuerpos de personas desaparecidas ya que hay cenotes en todas las regiones, también se ocultan cuerpos en huecos, pozos o socavones que quedan tras labores de construcción. Existen fosas clandestinas en todo el estado.
Existe un subregistro por parte del Estado para la invisibilización de delitos como la desaparición, los homicidios y los feminicidios, esto con la intención de no perjudicar el turismo en la zona al ser la principal fuente de ingreso de Quintana Roo.
Al ser un estado costero existe ruta de migrantes principalmente de Cuba y Belice que llegan al estado en barca, de la misma forma ingresan al país armas y drogas, lo que favorece el delito de desaparición y el tráfico de personas.
Los principales cárteles que operan en el estado son el cártel de Sinaloa, el cártel de Caborca y el cártel Jalisco Nueva Generación, lo que ha generado en años recientes episodios de violencia como balaceras y homicidios en zonas turísticas como Cancún o Tulum.
También han aumentado los casos de extorsiones a la clase obrera que trabaja en la construcción de hoteles, donde se han encontrado cuerpos enterrados debido a que ante la falta de pago en la que pueden incurrir los trabajadores, estos son asesinados o desaparecidos.
En la zona de Bacalar y Carrillo Puerto existen sembradíos de droga.
Incremento de personas desaparecidas y no localizadas por año en Quintana Roo
Dentro del territorio del estado de Tabasco se identifican afectaciones medioambientales como la explotación de la flora y la fauna por la construcción del Tren Maya en los municipios de Balancán y Tenosique. En Paraíso, donde se ha construido la refinería petrolera Dos Bocas se ha observado la contaminación del agua y con ello la afectación del cangrejo azul.
En el municipio de Centla se han hecho estudios de suelo para explotar el petróleo de la zona, lo que ha afectado a los pescadores de la comunidad, quienes han metido quejas y denuncias que no han sido respondidas. Por otro lado, existe robo de hidrocarburos en los municipios en los que se explota el petróleo, es decir, en Paraíso, Comalcalco, Huimanguillo, Centro y Cárdenas.
En el mapa, los municipios sin señalamientos no han sido marcados por la falta de información en esas regiones y no por la ausencia de delitos o violaciones a derechos humanos.
En los municipios Centro, Huimanguillo y Cárdenas ha sido más evidente la presencia de cárteles del crimen organizado, desde el sexenio de Andrés Granier Melo (2007-2012), en el que aumentaron los asesinatos en el estado y el despliegue de estrategias para infundir terror en la población utilizando para ello el espacio público. En estos municipios controlados por grupos delictivos existe una pelea por la plaza entre los cárteles del Golfo, Jalisco Nueva Generación y el grupo local de Los Pelones.
Cárdenas es el municipio más violento por la circulación de droga y la cercanía con el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz. Se tiene conocimiento de desapariciones de personas que viajan por la carretera de Coatzacoalcos hacia las Choapas o hacia Villahermosa. De forma general, en el estado de Tabasco circula la droga que entra por el Golfo o por el municipio de Tenosique y se tiene mayor presencia de narcomenudeo en Cunduacán, Huimanguillo y Cárdenas.
Las y los migrantes ingresan al estado a través del municipio de Tenosique y se concentran en Centro, Cárdenas y Huimanguillo, donde en las calles se pueden observar a muchas personas migrantes, provenientes principalmente de países de Centroamérica.
Existe corrupción en todos los municipios y en diferentes niveles. En el trabajo con víctimas es frecuente que las autoridades les insinúan que sus procesos no pueden avanzar sin algún tipo de compensación económica, para la gasolina para realizar diligencias, para la comida, etc.
A partir de la pandemia se dio un aumentó en el número de suicidios, principalmente entre niñas, niños y adolescentes, y personas adultas entre los cuarenta y cincuenta años de edad. Durante 2022 se contabilizaron 38 suicidios en el estado pero no existe un análisis profundo que permita identificar a qué razones alude este aumento.
Existen casos de feminicidio en casi todos los municipios del estado, con mayor prevalencia en Centro, Comalcalco, Huimanguillo y Cárdenas. Diferentes organizaciones han solicitado la declaratoria de alerta de violencia de género pero no se ha tenido respuesta.
El municipio de Centro, en el que se encuentra la capital Villahermosa, pasó de 119 a 143 casos de personas desaparecidas en un año.
Al 16 de mayo de 2023
El municipio de Centro, donde se encuentra Villahermosa concentra la mayor cantidad de casos de personas desaparecidas en el estado, para mayo de 2023, continuó como el municipio con más casos, pasando de 119 a 143 casos. Los demás municipios muestran también un ligero aumento en el total de personas desaparecidas, con excepción del municipio de Macuspana que pasó de 16 a 15 casos en un año.
Actualmente, se identifican en Chiapas como problemáticas principales el drástico aumento de la violencia lo que ha generado el desplazamiento interno forzado de comunidades enteras, principalmente en los municipios de Frontera Comalapa y Aldama. Y por otro lado, el clima de militarización de la seguridad pública y de graves violaciones a derechos humanos entorno a las personas migrantes que ingresan al país a través de la frontera sur donde son objeto de violaciones graves a sus derechos humanos, desapariciones, torturas, extorsiones, secuestros y asesinatos, por parte del crimen organizado y/o de funcionarios públicos.
Chiapas es un estado con gran diversidad natural y cultural, la cual actualmente se ve amenazada por los megaproyectos y las actividades extractivas de empresas multinacionales. De estos conflictos se identifican principalmente:
Las afectaciones a la naturaleza por el paso del Tren Maya en el municipio de Palenque, lo que ha implicado deforestación y el daño a la flora y fauna local.
La extracción ilegal de ámbar en el municipio de Simojovel, donde una banda local conocida como Los Chinos, busca extraer esta piedra semipreciosa.
El robo de agua que realiza la planta de Coca-Cola en el municipio de San Cristóbal de las Casas, ha dejado sin agua a diversas comunidades y por la cual se han realizado movilizaciones sociales para resistir al saqueo.
La siembra de palma para la explotación de su aceite ha implicado la deforestación de la selva Lacandona.
Chiapas es estado de tránsito, de llegada y expulsor de migrantes. En torno a la migración, se ha generado en el estado un clima de militarización de la seguridad pública y de graves violaciones a derechos humanos. La política migratoria se ve como una política de seguridad nacional, desplegada en toda la frontera de Chiapas. Desde 2019 la Guardia Nacional se encuentra de forma permanente en la frontera con facultades para hacer verificaciones migratorias. Esto ha representado aumento de la violencia especialmente en Tapachula, un municipio concentrador de personas migrantes, donde se encuentra la estación migratoria “Siglo 21”, también conocida como la cárcel para migrantes más grande de América Latina. Esto viene asociado a la desaparición de personas migrantes, su reclutamiento para grupos del crimen organizado, para trata de personas con fines de explotación sexual o para extorsionar a sus familias en su países de origen, siendo afectados hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes que ingresan a México con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Chenalhó, Chamula y Tecpatán, son otros municipios por los que atraviesan las personas migrantes en su paso hacia Estados Unidos, por lo que se tiene conocimiento de desapariciones.
Las historias de los delitos y violaciones a derechos humanos que enfrentan las personas migrantes en México a manos del crimen organizado pero también por parte de servidores públicos, son crueles e inhumanas y algunas de ellas salieron a la luz por una investigación realizada por Animal Político que da cuenta de los testimonios recogidos por visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual ha buscado ocultar y silenciar esta realidad.
La regla en el estado ha sido y continúa siendo la impunidad para todo tipo de delitos, a continuación se presentan los municipios donde se identifica una mayor incidencia de los siguientes delitos:
Feminicidios en Comitán, Tapachula, Margaritas y Frontera Comalapa.
Desaparición de mujeres en el centro del estado, Tuxtla Gutiérrez, Comitán y San Cristóbal de las Casas.
Desaparición de niñas, niños y adolescentes en la región de los altos de Chiapas y Comitán.
También se tiene registro de desapariciones forzadas a partir de problemas en comunidades. Actualmente, Chiapas está viviendo una época de mucha violencia lo que ha generado el desplazamiento interno de decenas de comunidades que ven sus vidas amenazadas por grupos del crimen organizado, principalmente en municipios como Comalapa y Aldama. Esto ha generado la creación de grupos de autodefensa y con ello la desaparición de personas que no quedan en los registros.
De forma general, la desaparición de personas está envuelta en una impunidad sistémica que trastoca los tres niveles de gobierno en el que las cifras se ocultan bajo la alfombra para que la población crea que se ha puesto remedio a este problema.
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
Gustavo Castro Soto Otros Mundos Chiapas 15 de Mayo 2024, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México https://otrosmundoschiapas.org/
El Modelo Extractivo Minero es el megaproyecto de mayor impacto ambiental, social, económico, político y cultural. Entre los impactos más significativos está la deforestación, la pérdida de biodiversidad, el desplazamiento de población y la pobreza, la pérdida de soberanía alimentaria, las enfermedades y la disputa por el agua, las divisiones familiares y comunitarias, la corrupción municipal y estatal así como en diversas dependencias del estado; además de amenazas, persecución, asesinatos e impunidad.
En 2015 existían 99 Concesiones mineras vigentes en Chiapas, que abarcaban un total de un millón 57 mil 81 hectáreas concesionadas del subsuelo de tierras campesinas y de territorios indígenas. Estas concesiones representaban el 14,20% del territorio chiapaneco, ubicados en 16 municipios que equivalían al 13% del total de los 123 municipios de la entidad. Estos municipios eran: Acacoyagua (13 concesiones), Acapetahua (3), Ángel Albino Corzo (8), Chicomuselo (13), Cintalapa (10), Escuintla (8), Frontera Comalapa (1), Ixhuatán (1), La Concordia (2), Mapastepec (6), Motozintla (4), Pijijiapan (5), Siltepec (3), Solosuchiapa (6), Tapachula (14) y Tonalá (1).
Posteriormente, las concesiones aumentaron y luego volvieron a disminuir. En 2021 fueron canceladas 58 concesiones mineras que abarcaban 985,758.08 hectáreas del territorio chiapaneco.1 Así, del 14,20% del territorio de Chiapas concesionado en 2015, bajó al 1,86% en 2021. Esto se explica en el contexto de al menos dos sucesos fundamentales que modificaron la coyuntura. Por un lado al crisis del la COVID-19 en el 2020 provocó que disminuyeran las expectativas de inversión y de capital. Todo ello a pesar de que fue la minería el sector menos afectado en el país y al que se le permitió seguir operando las minas en territorio nacional. Por otro lado, el repunte de los actos violentos generados por los cárteles del narcotráfico en el estado, la lucha por el control de los territorios y los fuertes enfrentamientos en las fronteras de disputa, pudo haber provocado el desinterés de seguir pagando las cuotas de las concesiones.
Entre los municipios donde se han registrado hechos violentos agudizados a partir de la pandemia de la Covid-19 y causados por los cárteles de la droga están: Acacoyagua, Acapetahua, Escuintla. Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, La Concordia, Pijijiapan, Tapachula, Tonalá y Siltepec. En todos ellos se cancelaron concesiones mineras.
En 2024 iniciamos el año con 54 concesiones mineras en Chiapas, poco menos de 50% de hace casi 10 años. Esta disminución de concesiones si bien es importante, no elimina las amenazas sobre el territorio y especialmente por la injerencia de los cárteles en todo el territorio del estado, así como su control sobre las ganancias mineras y de otros sectores económicos.
En el caso del municipio de Chicomuselo, el cartel de la droga ha tomado el control de la mina de barita que antes tenía concesionada la empresa canadiense Blackfire, minera que asesinó a Mariano Abarca en 2009. Sin embargo, no se entiende cómo la empresa Blackfire continúan siendo dueño de una concesión minera en el municipio de Pijijiapan cuando la empresa ya no existe ni se tiene registro legal de ella en Canadá.
Otras concesiones mineras vigentes están atrapadas en el control de los cárteles como en el caso de las ubicadas en la sierra de Motozintla, entre otros municipios controlados por el narcotráfico donde la violencia y el control territorial impiden la operación de dichas concesiones.
La concesión minera es un acto administrativo por medio del cual el Estado otorga a particulares, físicos o morales, un derecho condicionado con el fin de aprovechar los recursos minerales en un terreno delimitado y por un tiempo determinado. Contar con una concesión minera no significa que la mina esté ya operando. Tampoco significa que tener el permiso de la posible explotación del subsuelo implica el permiso automático de los dueños con los que tiene que negociar. Hay tres tipos de dueños del suelo: privado, estatal o Ejidos y Bienes Comunales. Hay que tomar en cuenta también que las concesiones se pueden volver a adquirir.
Para adquirir una concesión la persona física o moral, según la Ley Federal de Derechos actualizada el 12 de noviembre de 2021, debe pagar la ridícula cantidad de $8.63 pesos semestrales durante los dos primeros años por cada hectárea de tierra que el Estado le haya otorgado en concesión para la explotación minera.
Durante el tercer y cuarto años el pago es de $12.91 pesos por hectárea; durante el quinto y sexto año se paga $26.68 pesos; en el séptimo y octavo años es de $53.66 pesos; en el noveno y décimo años de $107.32. A partir del décimo año el pago es de $188.86 pesos por hectárea.
Si los concesionarios no llevan a cabo la exploración o explotación minera durante dos años continuos en el lapso de los primeros 11 años de vigencia de la concesión, solo pagan el 50% de la cuota señalada, pero a partir del año 12 pagarían el 100% de la cuota.
Así, al terminar la pandemia de la Covid-19, en el año 2021 se estimaban en el país alrededor de 25 mil 72 concesiones mineras que abarcaban en total 20 millones 853 mil 927 hectáreas. Entre 2017 y 2022, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recaudó 14 mil 322 millones de pesos por cobro de todas esas concesiones mineras.
El gobierno federal continúa con el impulso de la actividad minera abanderando el litio como la punta de lanza de la transición energética minera. Así, el Modelo Extractivo Minero no termina, solo se cambia de mineral al ritmo en que se descubren nuevos nichos de negocios blanqueados como combate al cambio climático.
La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) impulsa la estrategia de prevención contra los proyectos mineros. Entre las acciones preventivas está el impulso de crear y decretar “Territorios Libres de Minería” donde los pueblos, comunidades y colectivos blindan su territorio y se organizan para evitar el arribo de los proyectos mineros que destruyen la vida de los pueblos.
Este decreto lo han hecho los mismos ayuntamientos como en el caso del municipio de Escuintla, Chiapas, gracias a los miembros de la REMA del Frente Popular por la Defensa del Soconusco (FPDS). Del mismo modo, en reunión del Cabildo abierto, se declaró al Municipio de Epazoyucan, Hidalgo, como “Territorio Libre de Minería” gracias al trabajo arduo de resistencia de la Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan (APTyBE), también miembros de la REMA. Otras organizaciones miembros de la REMA como el Comité por la Defensa del Territorio de Guadalcázar, San Luis Potosí, declaró al territorio El Realejo como “Territorio Libre de Minería”.
Estos son algunos ejemplos de resistencia y protección de los pueblos, de los bosques, el agua, la vida y la cultura de los pueblos frente al embate del Modelo Extractivo Minero en el país. Sin embargo, existen dos retos fundamentales a enfrentar. Por un lado, el actor que domina cada vez más los territorios con lujo de violencia dificulta esta defensa.
El crimen organizado, los carteles de la droga, poco a poco clavan sus intereses en el sector minero como lo han hecho para tomar el control de los comercios, los negocios, la producción agropecuaria, el tráfico de indocumentados o la infraestructura. Esto obliga al movimiento social a replantearse la estrategias de cuidado del territorio, de la seguridad, de la autonomía y la defensa de las comunidades.
El otro reto fundamental es la continua búsqueda de alternativas locales que no solo satisfagan las necesidades concretas y resuelvan los problemas inmediatos, sino que ayude a rearticular la confianza, la organización, los mecanismos de gobernanzas locales y comunitarios. Las alternativas que generen autonomía alimentaria, energética, de acceso al agua y la salud, a la apropiación del territorio que le disputa el narco a los pueblos.
Domingo, 5/05 – 18 horas Brasília, 15 horas en México
DIÁLOGOS EM MOVIMIENTO
Ríos Mayas: integración cultural México/Guatemala
El territorio fronterizo entre México y Guatemala se caracteriza históricamente por un alto intercambio cultural y comercial, pero también por múltiples conflictos y situaciones violentas.
¿Cual es el simbolismo de los Ríos Mayas para las comunidades, las culturas y las artes? A partir de la preservacion de los ríos y desde de la construcción de alternativas comunitárias, algunas organizaciones han desarrollado propuestas para la agroforestería, agroecología, baños secos, bioconstrucción, captación de agua de lluvia, biofiltros, tecnologías apropiadas, acciones de soberanía alimentaria, turismo solidario y economía comunitaria etc, cómo forma de contribuir para crear un territorio más pacífico y sustentable.
Invitados: Marco von Borstel. Activista, escritor, comunicólogo y educador popular mexicano, y Francisco Rocael (Chico), dirigente del Consejo de Pueblo Maya, desde Guatemala
Mediación: Dennise Gálvez (Bolívia) e Paulo Santos (Brasil).
Les compartimos este análisis hecho por nuestro compañero Gustavo Castro para la Columna del Observatorio de las Democracias: sur de México y Centroamérica ODEMCA – A 30 de abril del 2024
“Contexto pre electoral y movimientos sociales en Chiapas”
El 2 de junio de 2024 se llevarán a cabo las elecciones para elegir nuevo Presidente de la República, 128 Senadores y 500 diputados. También se elegirán Gubernaturas, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Congresos Locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías. Se elegirán más de 19 mil cargos en total. Entre las entidades que renovarán gobernadores están Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Estas son las elecciones más importantes en la historia reciente de México. Sus resultados tendrán repercusiones fundamentales en la vida del país.
Chiapas está conformado por 24 Distritos Electorales Uninominales, 124 municipios y 2,119 secciones. En Chiapas habrá cambio de Gubernatura y además 875 Regidurías, 24 Diputaciones de Mayoría Relativa, 24 Diputaciones de Mayoría Relativa, 16 Diputaciones de Representación Proporcional, 123 Presidencias Municipales y 123 Sindicaturas de Mayoría Relativa. Se pretenden instalar 6,991 casillas únicas en todo el estado de Chiapas. Si para ello se requieren 9 personas por mesa directiva que incluyen al presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes generales, significa que se necesitan al menos 62,919 ciudadanos para instalar todas estas casillas. Sin embargo, también podemos prever que muchas de ellas no se instalarán debido a diversos conflictos y la violencia que se vive en la entidad.
En el proceso electoral de 2018, Chiapas ocupó el cuarto lugar a nivel nacional con más participación en las urnas registrando una asistencia del 68.45% de la lista nominal. Sin embargo, ahora la violencia política se incrementa de forma alarmante, especialmente en Baja California, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Chiapas, Tabasco y Veracruz, entre otras entidades.
Con el fin de controlar los territorios, los carteles implementan estrategias que van desde la imposición de candidatos, la financiación de campañas y la corrupción; el impedimento en la instalación de urnas o las amenazas e intimidaciones; el control de los votantes y la votación misma, las campañas de miedo, los asesinatos de candidatos, las amenazas para provocar que los candidatos y candidatas a puestos de elección popular declinen en su participación. Principalmente se enfocan en el primer nivel gobierno, el municipal, donde podrán controlar los territorios directamente. Sin embargo, las amenazas e intimidaciones también se dirigen a candidatos al Senado y a las diputaciones federales. Por ello se reporta que ciudadanos de al menos seis municipios de la Sierra declinaron la invitación para ser funcionarios de casilla, entre ellos están los municipios de Comalapa, Motozintla, Chicomuselo, La Trinitaria, Amatenango de la Frontera y Bejucal de Ocampo. Muchas personas rehuyen a las visitas o invitaciones del INE. Otras fuentes confirman que el 35% de los ciudadanos insaculados para designar a los funcionarios de mesas directivas de casillas no aceptaron participar.
No importa de qué partido político sean los indeseables para el crimen organizado, ya que puede controlar a cualquiera o imponer a sus candidatos con el gorro político que sea. En Chiapas, al menos 12 candidatos del PAN han renunciado a la contienda política, el candidato de La Concordia “se bajó” del proceso electoral, el aspirante de Morena a la presidencia municipal de San Fernando sufrió un atentado a balazos y en otros municipios de la Selva los candidatos huyen de las amenazas y persecuciones. Desde 2023 Morena ha sido víctima del secuestro de cinco encuestadores de los cuales dos fueron asesinados y uno permanece desaparecido. En Villa Las Rosas el aspirante del PRI al Senado de la República fue perseguido por un comando armado y se registra la desaparición del comisariado ejidal y político del PVEM de Las Margaritas así como el asesinato del candidato a la alcaldía de Suchiate por la coalición PRI-PAN-PRD.
Data Cívica, una organización que forma parte del Programa para el Estudio de la Violencia (PEV) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en su informe «Votar entre balas», asegura que Chiapas ocupa el quinto lugar a nivel nacional de mayor violencia criminal electoral. Ante esta escalada de violencia el dirigente del Frente Cívico Nacional y los candidatos a cargos públicos exigieron al INE y al gobierno local que implementen mecanismos de seguridad para la protección de los aspirantes de los 13 distritos electorales.
La violencia general provocada por el crimen organizado y ahora aunado al contexto de la violencia política electoral se extiende en todas las regiones, desde los Altos hasta la Frontera y desde la Selva hasta la Costa. Por citar solo algunos casos, se registran focos rojos de violencia en los municipios de Chamula, San Cristóbal de las Casas, Pantelhó, Chenalhó, Oxchuc, Ocozocoautla, Berriozábal, Reforma, Chicomuselo, Comalapa, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Pantelhó, Tila, Cancuc, Suchiate, Marqués de Comillas, Mitontic, Aldama, Motozintla, Palenque, Ocosingo, Altamirano, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Villaflores, El Parral, Maravilla Tenejapa, entre otros. Y podrían registrarse conflictos especialmente donde las organizaciones indígenas luchan por procesos de autonomía y autodeterminación según sus usos y costumbres y fuera de la lógica partidista. Estos procesos existen en Tila, Oxchuc, Pantelhó, Chilón y Sitalá.
Ante esta violencia política, los núcleos agrarios, las organizaciones indígenas y campesinas, el movimiento social y otros gremios, han tomado diversas posiciones frente al proceso electoral. En algunos casos han optado bajo acuerdo comunitario por no votar y en otros por fortalecer el voto. Las razones son múltiples. Para algunos el gobierno ha olvidado a los pobladores de las comunidades a su suerte y los ha dejado a merced de los carteles del narcotráfico, donde incluso manifiestan su enojo por la aparente complicidad de las Fuerzas Armadas y policiacas. En otras regiones es por el miedo o las amenazas del crimen organizado en la región. Sea cual sea la respuesta de los diversos sectores de la sociedad, el móvil se fundamenta en la fuerte presencia de los carteles en el estado.
Los programas sociales gubernamentales y el actuar de los carteles despolitizan a la sociedad. Inhiben la organización o se apropian, controlan y desarticulan las organizaciones sociales y productivas, los acuerdos comunitarios y los mecanismos de gobernanza locales. Por ello, el reto para los núcleos agrarios y las organizaciones sociales es mantener y recuperar estos mecanismos y la organización, la unidad en medio de tanta desarticulación así como recuperar la confianza entre los movimientos, los vecinos e incluso dentro de la familia. El movimiento social enfrenta la defensa de su territorio que le disputa el gobierno con sus programas y proyectos, pero también las empresas que pretenden controlar el territorio urbano y rural. Sin embargo, su mayor reto se encuentra en la disputa que los carteles pretenden hacer de los territorios indígenas, campesinos y también de los urbanos. De disputar el control político, la producción, la comercialización, los precios de los productos, las rutas, las calles y carreteras, los negocios y otras formas de acumulación de capital. Por ello, las próximas elecciones transitan por la disputa entre los partidos por el poder, a la disputa entre el gobierno y los partidos contra los carteles presentes en todo el país.
[i] Colaboración del autor para el monitoreo que realiza el ODEMCA con investigadores/as, organizaciones y movimientos sociales que participan en el ‘Foro Social sobre democracias otras’.
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
Gustavo Castro Soto Otros Mundos Chiapas 25 de Abril 2024, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México https://otrosmundoschiapas.org/
El 2 de Junio de 2024 se llevarán a cabo las elecciones para elegir nuevo Presidente de la República, 128 Senadores y 500 diputados. También se elegirán Gubernaturas, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Congresos Locales, Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías. Se elegirán más de 19 mil cargos en total. Entre las entidades que renovarán gobernadores están Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Estas son las elecciones más importantes en la historia reciente de México. Sus resultados tendrán repercusiones fundamentales en la vida del país.
Chiapas está conformado por 24 Distritos Electorales Uninominales, 124 municipios y 2,119 secciones. En Chiapas habrá cambio de Gubernatura y además 875 Regidurías, 24 Diputaciones de Mayoría Relativa, 24 Diputaciones de Mayoría Relativa, 16 Diputaciones de Representación Proporcional, 123 Presidencias Municipales y 123 Sindicaturas de Mayoría Relativa. Compiten por la gubernatura Óscar Eduardo Ramírez Aguilar por la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT- PVEM); Olga Luz Espinosa Morales de la coalición Fuerza y Corazón por Chiapas, y Karla Irasema Muñoz Balanzár por el Movimiento Ciudadano (MC).
Se pretenden instalar 6,991 casillas únicas en todo el estado de Chiapas. Si para ello se requieren 9 personas por mesa directiva que incluyen al presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes generales, significa que se necesitan al menos 62,919 ciudadanos para instalar todas estas casillas. Sin embargo, también podemos prever que muchas de ellas no se instalarán debido a diversos conflictos y la violencia que se vive en la entidad.
En el proceso electoral de 2018, Chiapas ocupó el cuarto lugar a nivel nacional con más participación en las urnas registrando una asistencia del 68.45% de la lista nominal, solo detrás de Yucatán, Ciudad de México y Campeche. Sin embargo, cada vez más se impone el control de los territorios por parte de crimen organizado en muchas regiones del país, y Chiapas no es la excepción. La violencia política previa a las elecciones del 2 de Junio se incrementa de forma alarmante, especialmente en Baja California, Sonora, Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Chiapas, Tabasco y Veracruz, entre otras entidades. Ahora cunde el miedo.
Con el fin de controlar los territorios, los carteles implementan estrategias que van desde la imposición de candidatos, la financiación de campañas y la corrupción; el impedimento en la instalación de urnas o las amenazas e intimidaciones; el control de los votantes y la votación misma, las campañas de miedo y hasta los asesinatos de candidatos, o por lo menos las amenazas para provocar que los candidatos y candidatas a puestos de elección popular declinen en su participación. Principalmente se enfocan estas estrategias en el primer nivel gobierno, el municipal, donde podrán controlar los territorios directamente. Sin embargo, las amenazas e intimidaciones también se dirigen a candidatos al Senado y a las diputaciones federales.
No importa de qué partido político sean los indeseables para el crimen organizado, ya que puede controlar a cualquiera o imponer a sus candidatos independientemente del gorro político que se pongan. En Chiapas, al menos 12 candidatos del PAN han renunciado a la contienda política al tiempo en que algunos de ellos acuden a las autoridades competentes para solicitar la implementación de mecanismos de seguridad. Otro candidato de La Concordia se bajó del proceso electoral.
Por su lado, el aspirante de Morena a la presidencia municipal de San Fernando sufre un atentado a balazos y en otros municipios como en la Selva los candidatos huyen de las amenazas y persecuciones. Ya desde el año 2023 Morena también ha sido víctima del secuestro de cinco encuestadores de los cuales dos fueron asesinados y uno permanece desaparecido. En Villa Las Rosas el aspirante del PRI al Senado de la República fue perseguido por un comando armado. También hay otros casos como la desaparición del comisariado ejidal y político del PVEM de Las Margaritas, y el asesinato del candidato a la alcaldía de Suchiate por la coalición PRI-PAN-PRD. En fin, estas situaciones se repiten por toda la geografía chiapaneca.
Data Cívica, una organización que forma parte del Programa para el Estudio de la Violencia (PEV) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en su informe “Votar entre balas”, asegura que Chiapas ocupa el quinto lugar a nivel nacional de mayor violencia criminal electoral. Ante esta escalada de violencia política en Chiapas, el dirigente del Frente Cívico Nacional y los candidatos a cargos públicos exigieron al Instituto Nacional Electoral y al gobierno local que implementen mecanismos de seguridad para la protección de los aspirantes de los 13 distritos electorales.
La violencia general provocada por el crimen organizado y ahora aunado al contexto de la violencia política electoral se extiende en todas las regiones, desde los Altos hasta la Frontera y desde la Selva hasta la Costa,. Por citar solo algunos casos, se registran focos rojos de violencia en los municipios de Chamula, San Cristóbal de las Casas, Pantelhó, Chenalhó, Oxchuc, Ocozocoautla, Berriozábal, Reforma, Chicomuselo, Comalapa, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Pantelhó, Tila, Cancuc, Suchiate, Marqués de Comillas, Mitontic, Aldama, Motozintla, Palenque, Ocosingo, Altamirano, La Concordia, Ángel Albino Corzo, Villaflores, El Parral, Maravilla Tenejapa, entre otros muchos. Y podrían registrarse conflictos especialmente donde las organizaciones indígenas luchan por procesos de autonomía y autodeterminación según sus usos y costumbres y fuera de la lógica partidista. Estos procesos existen en Tila, Oxchuc, Pantelhó, Chilón y Sitalá.
Se reporta que ciudadanos de al menos seis municipios de la Sierra declinaron la invitación para ser funcionarios de casilla, entre ellos están los municipios de Comalapa, Motozintla, Chicomuselo, La Trinitaria, Amatenango de la Frontera y Bejucal de Ocampo. Muchas personas rehuyen a las visitas o invitaciones del INE. Otras fuentes confirman que el 35% de los ciudadanos insaculados para designar a los funcionarios de mesas directivas de casillas no aceptaron participar por el miedo y la inseguridad.
Ante esta violencia política, los núcleos agrarios, las organizaciones indígenas y campesinas, el movimiento social y otros gremios, han tomado diversas posiciones frente al proceso electoral. En algunos casos han optado bajo acuerdo comunitario por no votar y en otros por fortalecer el voto. Las razones son múltiples. Para algunos el gobierno ha olvidado a los pobladores de las comunidades a su suerte y los ha dejado a merced de los carteles del narcotráfico, donde incluso manifiestan su enojo por la aparente complicidad de las Fuerzas Armadas y policiacas. En otras regiones es por el miedo o las amenazas del crimen organizado en la región. Sea cual sea la respuesta de los diversos sectores de la sociedad, el móvil se fundamenta en la fuerte presencia de los carteles en el estado.
Los programas sociales gubernamentales y el actuar de los carteles despolitizan a la sociedad. Inhiben la organización o se apropian, controlan y desarticulan las organizaciones sociales y productivas, los acuerdos comunitarios y los mecanismos de gobernanza locales. Por ello, el reto para los núcleos agrarios y las organizaciones sociales es mantener y recuperar estos mecanismos y la organización, la unidad en medio de tanta desarticulación así como recuperar la confianza entre los movimientos, los vecinos e incluso dentro de la familia.
El movimiento social enfrenta la defensa de su territorio que le disputa el gobierno con sus programas y proyectos, pero también las empresas que pretenden controlar el territorio urbano y rural. Sin embargo, su mayor reto se encuentra en la disputa que los carteles pretenden hacer de los territorios indígenas, campesinos y también de los urbanos. De disputar el control político, la producción, la comercialización, los precios de los productos, las rutas, las calles y carreteras, los negocios y otras formas de acumulación de capital. Por ello, las próximas elecciones transitan por la disputa entre los partidos por el poder, a la disputa entre el gobierno y los partidos y los carteles presentes en todo el país.
El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en este programa estaremos platicando con integrantes de la Organización Voces Mesoamericanas con quienes platicaremos sobre las mujeres en los procesos migratorios. Acompáñanos este viernes 22 de marzo las 6:00 pm por nuestro facebook live.
Martes 19 de marzo de 2024 a las 18.00h en FORO CULTURAL KINOKI Calle Belisario Domínguez #5 A, Zona Centro, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
ENTRADA LIBRE
Antsetik tsa’ik Lekil kuxlejal – Mujeres construyendo buena vida
Área de Comunicación – Sociedad Civil Las Abejas de Acteal
Año: 2012
Duración: 20 minutos
Idioma: Tsotsil
Subtitulos: Español
Sinopsis: Este documental retrata la palabra, la lucha y la construcción de una buena vida de las mujeres de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. Mediante organización y trabajo colectivo se enfrentan cotidianamente a la adversidad que significa ser mujer, campesina e indígena.
Nuestras luchas contra la Violencia de Género
Ana Laura Hernández – Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas A.C.
Comunicado de las mujeres de Otros Mundos Chiapas /Amigos de la Tierra México en el marco del #8M Día Internacional de la mujer – A 8 de marzo del 2024
En este 8 de marzo, conmemorando el Día Internacional de las Mujeres, nosotras, mujeres diversas de todas las culturas, edades y lugares del mundo, nos unimos una vez más en solidaridad para afirmar nuestro compromiso continuo de luchar hasta que todas las mujeres sean liberadas de la opresión patriarcal, capitalista y colonial.
Hoy, reafirmamos nuestras demandas y honramos las luchas históricas de las mujeres en todo el mundo. Nos solidarizamos con las valientes mujeres defensoras que resisten contra el modelo extractivista y los proyectos que amenazan la vida en todas partes. Reconocemos el derecho fundamental de todas las mujeres a defender sus cuerpos, tierras, aguas y la misma vida. Recordamos que ni las mujeres ni la tierra son territorios de conquista.
Rechazamos enérgicamente la impunidad y el crecimiento de la violencia contra las mujeres. Rechazamos enérgicamente la impunidad y el crecimiento de la violencia contra las mujeres. Denunciamos la situación de un país donde el feminicidio es una triste certeza, donde la seguridad de salir a las calles es un privilegio negado para muchos, donde la protección a los agresores prevalece sobre las víctimas. Exigimos justicia, seguridad y el fin de la violencia contra las mujeres
Homenajeamos a todas las mujeres que han perdido la vida en la lucha por proteger la vida y la tierra, especialmente a nuestras hermanas Berta Cáceres y Bety Cariño, así como a todas aquellas que continúan en la lucha hoy en día.
Celebramos nuestra resistencia contra la violencia patriarcal, que persiste en todas las esferas de nuestras vidas, desde lo más íntimo hasta lo más público. Y exigimos a las autoridades que dejen de disfrazar cifras y se pongan a trabajar para garantizar seguridad en México para todas y todos. Exigimos que atiendan la situación de violencia en la frontera de Chiapas y el desplazamiento forzado de miles de familias por el mismo hecho.
En este día, recordamos la alegría y la diversidad que nos fortalece en nuestra lucha por la defensa de la tierra y el territorio, reconociendo la importancia de la sororidad entre nosotras. Nos inspira la solidaridad y el apoyo mutuo que compartimos en esta batalla, celebrando nuestra fuerza colectiva y nuestro compromiso compartido por un mundo más justo y equitativo.
¡Ya basta de criminalizar, hostigar y violentar a las mujeres por oponerse al patriarcado ya los proyectos que amenazan la vida!
¡Ya basta de asesinar a las defensoras de la vida en México, América Latina y en todo el mundo!
¡Exigimos que se respeten nuestros derechos y que se ponga fin a la violencia contra las mujeres en todas sus formas!
Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el preocupante incremento de la violencia en Chiapas – A 14 de febrero 2024
Violencia y crimen es la realidad en poblaciones de 12 municipios de la región frontera y sierra de Chiapas, quienes viven atrapadas entre la disputa de distintos grupos armados por el control de territorios y rutas para la circulación de mercancías, servicios, personas y productos, legales e ilegales.
Así lo compartieron este martes (13) redes de organizaciones de derechos humanos, durante conferencia de prensa para la presentación del informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los Derechos Humanos”, el cual da cuenta del conflicto armado que se ha acentuado en los últimos dos años y medio en el sur de México, región limítrofe con Guatemala.
Sólo entre junio del 2021 y noviembre del 2023, se registró el desplazamiento de 7 mil 500 personas, provocado por enfrentamientos de grupos criminales, quienes con armamento de guerra, uso de explosivos y drones artillados, siembran el miedo y terror entre la población.
Desplazados de la región frontera y sierra de Chiapas
A este éxodo, se suma el desplazamiento forzado de otras 3 mil personas, ocurrido en las primeras semanas del 2024, con lo cual la cifra supera los 10,000 habitantes que abandonaron sus hogares para resguardar su vida.
En contraste, acusan organizaciones de derechos humanos, autoridades de los tres niveles de gobierno han sido omisas en atender a la población desplazada y se niegan a reconocer la crisis provocada por las estructuras criminales que operan en la región con alcance trasnacional.
El Ejército de Guatemala ha reforzado su presencia en la frontera con México.
Apenas el pasado 8 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró desconocer el número exacto de personas desplazadas en el sur de Chiapas y lo calificó como “no significativo”, minimizando la gravedad de la situación.
Pero más allá de las estadísticas, están las afectaciones en la vida comunitaria en los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista, donde en conjuntoalbergan una población de más de 400 mil habitantes.
Macrocriminalidad
Desapariciones, secuestros, extorsiones, abuso y explotación sexual; asesinatos y reclutamiento forzado; vigilancia, cooptación y represión, son algunas de las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional que afectan a la población local y a defensores de derechos humanos y del territorio en la región frontera de Chiapas.
Así lo registra el informe, elaborado por el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Guatemala – México (MTMG) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes” (Red TDT).
Acorde a Carlos Ogaz, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y del Grupo de Trabajo Región Frontera, el documento, construido con testimonios directos de la población civil, análisis de medios y fuentes secundarias, da cuenta de lo que sucede en lo que constituye una “zona silenciada” en medio de la “sumisión y aquiescencia de las autoridades de todos los niveles de gobierno” frente a la actuación de los grupos criminales.
“Las estructuras criminales se han apropiado del corazón de los pueblos y de su vida interna, de las asambleas ejidales y comunitarias, se toman barrios y se les obliga a alinearse”, detalla el informe sobre el control de instituciones sociales por parte de lo que denomina “macrocriminalidad”, una forma de gobernanza criminal donde los derechos humanos de todas las personas que habitan la región fronteriza-sierra son violentados de forma grave, sistemática y generalizada.
Además, señala que dicho control se consolida por la interacción de funcionarios del gobierno con la delincuencia organizada, “conformando estructuras criminales que intervienen y agravan las tensiones y el conflicto por el control territorial. Tal es el grado de inserción en las estructuras de gobierno que en algunas cabeceras municipales se ha reportado que todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio”, sostiene el documento.
Rastros de los enfrentamientos entre grupos armados por la disputa territorial de la frontera de Chiapas y Guatemala.
Es en este contexto que los grupos criminales cooptan organizaciones de diferentes ramos, tales como transportistas, comerciantes y autoridades ejidales, mediante lo cual obtienen la desmovilización de organizaciones sociales, campesinas y de otra índole al acaparar líderes mediante amenazas y presiones. “En todos estos procesos de cooptación se deciden cuestiones fundamentales como la introducción de la extracción minera contra la voluntad de las asambleas”, ejemplifica el documento en referencia a la minería ilegal de barita que, como documentó este medio, acontece en Chicomuselo desde mayo del 2023.
El documento asevera que, con estas estrategias, las estructuras criminales controlan todo el territorio donde las comunidades desarrollan su vida social: los caminos, espacios públicos e incluso mediante la ocupación física de las parcelas donde trabajan los campesinos de la región, limitando la siembra y, por tanto, su acceso a alimentos. “Se trata de un proceso de control territorial que vuelve a las personas ajenas a sus propias tierras”, denuncia.
Chiapas, geoestratégico para 4T y crimen trasnacional
Por su ubicación geográfica y recursos naturales estratégicos, Chiapas es un territorio clave para el control e impulso de economías legales e ilegales, refiere el análisis. El estado en el sureste mexicano también es relevante para la operación de tres de los megaproyectos de la autodenominada “cuarta transformación” impulsada por el gobierno federal: El tren maya, el corredor interoceánico y la refinería de Dos Bocas.
Mapa de megaproyectos, mineria y rutas de tráfico en Chiapas.
A su vez, todo el territorio chiapaneco forma parte de rutas que son utilizadas para la circulación de todo tipo de mercancías. Según el informe, desde 1998 la zona de la selva, en su frontera con Guatemala ha sido considerada por la administración de los EEUU como corredor clave de estupefacientes. También señala que el propio ejército mexicano identifica seis rutas de tráfico de drogas que conectan a Chiapas con el interior del país y con rumbo a los EEUU.
En medio del conflicto armado, otra actividad económica fortalecida por los grupos armados es la explotación de los cuerpos, en particular de personas en movilidad internacional. “Mujeres y adolescentes originarias principalmente de Centroamérica, pero también de otras zonas del país son víctimas de explotación sexual en cantinas, prostíbulos y en casas ocupadas por los grupos delincuenciales. A menudo se dan las desapariciones forzadas temporales de estas mujeres con estos fines de agresión y explotación sexual”, detalla el informe.
Las desapariciones también se mantienen a la alza y constituyen delitos con alta dificultad de seguimiento. “El fenómeno de la desaparición, por ejemplo, es muy difícil de documentar en la región fronteriza, precisamente también debido a la escasez de denuncias (…) tan sólo entre diciembre de 2018 y septiembre de 2023, en Chiapas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene a 812 personas registradas”, detalló Sandra Suaste, integrante de la RedTDT durante la presentación del informe en la Ciudad de México.
La escasez de denuncias, argumenta el informe, se debe a la falta de confianza en las autoridades y el miedo al que está sometida la población. Según los registros, del total en Chiapas, solo existen denuncias de 83 desapariciones en la región frontera-sierra.
“Sobresalen personas líderes de comunidades, comisariados ejidales y voceros de organizaciones, lo que revela que uno de los principales objetivos de la desaparición de personas es acallar las voces de procesos organizativos”, denuncia el informe.
Militarizacion, otro frente contra la población
Para entender la crisis actual, el informe también retoma el contexto de militarización que ha vivido el estado sureño a lo largo de tres décadas, a partir de las acciones de contrainsurgenia desplegadas por el ejército y paramilitares mediante el Plan de Campaña Chiapas 94 como respuesta al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Según el análisis, las distintas agrupaciones paramilitares, que perpetraron graves violaciones a derechos humanos en las regiones de Los Altos, Norte y Selva de Chiapas, nunca fueron judicializadas, desarticuladas ni desarmadas, razón por la cual han mantenido poder e influencia regional, “insertándose y consolidándose en los diferentes niveles de la política local y comunitaria. Como en los años noventa, estos actores configuran una diversidad de grupos armados que a menudo difícilmente se diferencian de la delincuencia organizada o los separa una línea muy delgada”, asevera el documento.
Ya en el año 2018, con el arribo de Obrador al poder, arranca un proceso de remilitarización el cual incluye a una nueva fuerza armada: la Guardia Nacional (GN), que junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina (SEMAR) suman más de 15,000 elementos castrenses operando en Chiapas.
Militares patrullan la región frontera entre Chiapas y Guatemala, sin que ello se traduzca en la reducción de la criminalidad y los enfrentamientos armados.
El estado alberga 71 campamentos militares. También contabiliza la construcción de 10 cuarteles de la GN en los municipios de Villaflores, Tonalá, Huehuetán, Tapachula, Chilón, Las Margaritas, Frontera Comalapa, Bochil, Palenque y San Cristóbal de Las Casas. Su presencia, justifica la administración federal, es para controlar los flujos migratorios y el narcotráfico. No obstante, “este despliegue no ha tenido un efecto consistente para frenar la escalada de la violencia”, argumenta el informe.
Minería, ilegal y bajo cobijo de autoridades
Durante el año 2023 se registraron dos picos de violencia en la región frontera-sierra. Uno de ellos se conoció como “la guerra de los cuatro días”, ocurrida en el mes de mayo con el enfrentamiento de grupos criminales en la comunidad de Nueva Independencia, impactando a comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa. En ese momento se contabilizó el desplazamiento forzado de 3,500 personas.
Para el mes de septiembre, se multiplicaron los eventos violentos en los municipios de Motozintla, Frontera Comalapa, La Grandeza y Siltepec. Más de 300 organizaciones denunciaron las tácticas de guerra de los grupos criminales. “La población civil fue tomada como rehén, utilizada como escudo, forzada a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos en disputa”, denunciaron defensores de derechos humanos sobre la situación.
Uno de los elementos económicos, clave en la disputa por el dominio territorial para el control de bienes naturales, se evidencia con lo que aconteció durante esos meses en el municipio de Chicomuselo durante los enfrentamientos del cártel de Sinaloa (CDS) contra el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para controlar un territorio minero. Acorde al informe, en esta zona, “se ejemplifica el funcionamiento delestado de las cosas en la región frontera de la mano de empresas privadas, delincuencia organizada y gobierno”.
Según la documentación, en Chicomuselo existen 12 concesiones mineras vigentes y dos vencidas. Después de una larga historia de resistencia contra la minería, la cual obtuvo una pausa en la extracción de barita a partir de 2009, fue desde octubre del año 2022 cuando “estructuras criminales, en colusión con las empresas y con la aquiescencia de los distintos niveles de gobierno”, reiniciaron las actividades extractivas.
Pese a múltiples denuncias de habitantes locales, quienes desde enero y febrero del 2023 señalaron la entrada de mineros, acompañados del crimen organizado, “las autoridades han argumentado que no existen condiciones de seguridad para poder abordar cualquier indicio de minería ilegal”, cita el informe.
Testimonios anónimos señalan que, desde el año 2022, organizaciones y comisariados pidieron la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). “Les visitaron dos veces, y la segunda vez los estaba esperando el Maíz -en referencia a una facción criminal ligada al CJNG-. Se pusieron violentos y amenazaron a Semarnat/Profepa y golpearon al chofer en presencia del Ejército y de la Guardia Nacional y no intervinieron”, relata uno de los testimonios recopilados en el informe.
Imagen ilustrativa de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Acorde a la población de Chicomuselo, los incidentes violentos por parte de la delincuencia organizada han sido falseados y negados por parte de la Profepa. “La Profepa me escribió por correo electrónico ‘en tal fecha hubo una delegación de la Profepa, llegó para verificar el predio minero, y resulta que en el camino encontraron a un grupo ejidatario que le manifestaron a la Profepa que estaban de acuerdo con la minería’. La Profepa y la Semarnat saben bien que no son ejidatarios, que son grupos del crimen organizado. Pero así responden, nosotros somos tan ignorantes que no lo vamos a creer’”, detalla uno de los testimonios sobre el encubrimiento de la actividad criminal por parte de las autoridades ambientales.
Debido a las acusaciones de la población local sobre supuestas colusiones entre las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado, algunas comunidades tomaron acuerdos para intentar impedir los patrullajes del ejército y GN.
Las sospechas se acrecentaron cuando, según testimonios, durante los enfrentamientos en mayo del 2023, sujetos armados transitaban con total impunidad frente a las instalaciones militares. “En Chicomuselo está el cuartel del ejército mexicano más grande en el estado y pues bueno, la contención no ha sido para los grupos criminales, por el contrario como hemos visto en las últimas semanas, la contención, el uso de gases lacrimógeno, la dispersión con armas de grueso calibre ha sido en contra de la población civil”, señaló Ogaz durante la presentación del informe.
Alertas, ignoradas
Para Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la situación actual no emerge del vacío. Muchas fueron las alertas que durante los últimos tres años indicaban el incremento de la violencia y la impunidad con que operan los distintos grupos criminales en todo el estado de Chiapas.
Para Aguirre, el trabajo compilado en el informe se suma a los trabajos de la sociedad civil de Chiapas y las propias comunidades, así como las distintas comunidades de fe, para denunciar una situación crítica que sigue sin ser atendida.
Conferencia de prensa para la presentación del informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los Derechos Humanos”, realizada en las instalaciones del Centro Prodh.
“No es normal, contrario a lo que se ha dicho desde la más alta tribuna presidencial. Desde 2021 empezamos a escuchar voces que alertaban sobre que Chiapas se encontraba al borde de la guerra civil. Esas denuncias se acrecentaron en 2022. En 2023, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas alertó en su informe ‘Chiapas un desastre’, que la situación continuaba deteriorándose. En diciembre, tuvimos llamados enérgicos de la diócesis de San Cristóbal, y hoy tenemos este informe que nos muestra un panorama desolador y crítico, específicamente en los 12 municipios que comprenden la región fronteriza de Chiapas”, sostuvo durante la presentación del informe.
“Con los pronunciamientos de ‘todo normal en Chiapas’ –en referencia a la declaración del presidente tras un desfile de hombres armados pertenecientes al CJNG en la región frontera durante septiembre del 2023-, Andrés Manuel López Obrador ofrece públicamente un discurso de negación del conflicto que condena a la población a un estado de desprotección”, enfatiza el documento.
Además, alertan que durante el período de precampaña para las elecciones a nivel local, estatal y federal del año 2024 se ha registrado un aumento de la violencia criminal electoral que ha colocado a Chiapas en el quinto lugar a nivel nacional, según un informe de Data Cívica, lo que podría reflejar “una intención por parte de la delincuencia organizada en influir en los resultados sobre quienes tienen posibilidades de ser candidatas o candidatos y, eventualmente, ocupar la gubernatura en Chiapas” para las elecciones de este 2024.
Imagen: Isabel Mateos/CuartoscuroEn portada: El 30 de mayo del 2023 se realizó el Despliegue de Fuerza de Tareas dirigido por la Sedena acompañado por la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal rumbo a la región frontera entre Chiapas y Guatemala que ha sido azotada por la violencia entre grupos armados
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
Gustavo Castro Soto Otros Mundos Chiapas 12 de Febrero 2024, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México https://otrosmundoschiapas.org/
Desde 1994 con la insurrección zapatista, los desplazados internos que generó la violencia subieron a la escena pública. Desde entonces no han dejado de registrarse población desplazada por la violencia sobre todo la causada por el Ejército mexicano, los entonces grupos paramilitares y por los conflictos internos desatados. Sin embargo, la economía política de la violencia ha ido evolucionando y poco a poco los cárteles han ocupando la razón y el origen principal de la actual población desplazada.
El gobierno mexicano no parce tener la capacidad de restaurar la protección de los derechos humanos, y menos garantizar el derecho humano al trabajo, la vida, la alimentación, la vivienda, la educación, el agua, la libre locomoción o de todos los derechos humanos, ya que la violencia y el desplazamiento afectan todas las esferas de la vida. Sobre todo porque otra característica de la violencia actual es que ya no es selectiva como en años atrás donde los defensores y defensoras de los derechos humanos, quienes defienden la tierra y el territorio afectando intereses del gobierno o de las grandes empresas y sus mega proyectos e inversiones cuantiosas, eran primordialmente el objetivo de la violencia, la represión, las órdenes de aprehensión e incluso del asesinato. Ahora, toda la población es objetivo de violencia, urbana y rural, sin importar sexo, religión, o condición social.
Toda la población está expuesta a ser robada, extorsionada, expulsada, asesinada, amenazada, desaparecida o desplazada. Y esto se debe a que los cárteles se disputan absolutamente todo el territorio, porque en él están los negocios donde maximizar las ganancias, es lo que denominamos la apropiación del capitalismo informal sobre el capitalismo formal. Es la apropiación de los terrenos, ranchos y viviendas; el control de negocios como la venta de alcohol, café, maíz, palma de aceite, gas, gasolina; el cobro de pisos, las extorsiones, los secuestros, el reclutamiento, la prostitución, la trata de personas; el tráfico de drogas, armas y migrantes, entre otros muchos negocios. Hasta el control de carreteras, caminos, puertos, aeropuertos o actividades extractivas como la minería. Para ello se requiere el control de todo el territorio y así el objetivo de la violencia se amplía a toda la población sin distinción.
El conflicto entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS) por el control del territorio en Chiapas, representa uno de los episodios de mayor impacto social, económico y político en el estado. La violencia es descomunal, con acciones masivas jamás vistas como el reclutamiento de jóvenes, la violación de mujeres, el cobro de piso, las extorsiones, las desapariciones, desplazamientos masivos, los secuestros, el robo de casas y otras propiedades inmuebles, las fosas clandestinas; el cerco armado a comunidades enteras, torturas, asesinatos, decapitados, entre otros indicadores terribles.
Dos elementos nuevos aparecen en la estrategia de los cárteles al momento de disputarse un territorio al que denominamos la frontera de disputa donde la violencia se vuelve más cruda, más cruel y más despiadada. Uno de estos elementos es el aislamiento de las comunidades para evitar que se infiltre el cártel contrario, que se traduce en el cierre de entradas y salidas de la comunidad, el control social de la población; el corte de las comunicaciones, de la luz, del suministro de agua, de los servicios como son los hospitales, bancos, escuelas y mercados. Se interrumpe el comercio, el trabajo, se controla la producción del campo, se pierden cosechas, se fijan nuevos precios a los productos mientras escasean la mayoría, y la desesperación y el hambre empieza a hacer estragos. Algunos testimonios refieren incluso al asesinato de niños. Esta ha sido la lógica en todos los municipios fronterizos entre Chiapas y Guatemala.
Un segundo elemento que se observa es la conformación de manera coaccionada del músculo social, con el fin de conformar una organización que aparenta autonomía pero que sigue las instrucciones del cártel. Este ha sido el caso de la organización El Maíz en el municipio de Chicomuselo. Por medio de esta organización obligan a los pobladores a hacer barricadas, vigilancia, retenes, marchas, bloqueos para evitar la entrada del Ejército mexicano, o usan a la población como escudo humano en los enfrentamientos armados. Pretender evitar la participación en esta organización no sólo implica multas sino hasta castigos corporales, la tortura o el asesinato. Todo esto está pasando en muchos municipios donde se suma el impacto psicológico, el miedo, la tristeza y la desesperación.
Esta violencia registra ya el desplazamiento de miles de personas. Hasta el momento imposible calcular el número de personas desplazadas en el estado de Chiapas ya que hay regiones donde no se puede tener acceso. El gobierno afirma una cantidad de personas atendidas en albergues, pero no toda la población desplazada ha llegado a refugiarse en ellos. Algunas familias huyen por veredas y montañas donde se refugian por días. Animales domésticos, maíz, café, vehículos, herramienta de labranza, todo queda abandonado a merced de la rapiña del cártel. Otras familias se refugian en diversos municipios de Chiapas con amigos y familiares como son los casos de los municipios de La Trinitaria, Socoltenango, La Concordia, Tzimol, Las Margaritas, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, etcétera, o también a otros estados, o buscan migrar a los Estados Unidos. Los autobuses ‘piratas’ en San Cristóbal de las Casas rondan cientos de personas de diversas localidades indígenas, sobre todo grupos de jóvenes, buscando un lugar en las rutas hacia la frontera norte del país.
