Invitación a la presentación del libro de Las Abejas de Acteal El Camino de la No-violencia para conmemorar los 32 años de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y en Memoria del Padre Marcelo Pérez este martes 10 de diciembre a las 10 de la mañana en el Museo jTatik Samuel en San Cristóbal de Las Casas, con la participación de Ofelia Medina y Mikel Ruiz
Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre lo que ha acontecido a un dos semanas del asesinato del Padre Marcelo – A 4 de noviembre del 2024
Por Ángeles Mariscal
“Estamos en riesgo, estamos en riesgo y eso preocupa grandemente porque salir de la casa nos vulnera considerablemente”, dio a conocer el Vicario de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal, Miguel Montoya, quien explicó que a partir del asesinato del padre Marcelo ha sido bastante complicado ejercer la labor ministerial.
Posterior a la celebración religiosa en el marco de la peregrinación por los 100 años del natalicio del obispo Samuel Ruiz García, y por la demanda de justicia para esclarecer el crimen, el Vicario detalló que en vehículos y motocicletas, personas con el rostro cubierto han hostigado a integrantes de la Diócesis.
“Es un signo que preocupa, preocupa porque está siendo pues una ardua tarea, un fuerte riesgo ejercer el servicio (religioso)”.
Detalló que también, en las dos semanas que han pasado tras el asesinato, se ha incrementado el nivel de inseguridad en el estado, “se ha incrementado muchísimo y no sólo para quienes ejercen una labor ministerial, sino para todos, todos los que estamos viviendo en Chiapas”.
“Estamos en riesgo, estamos en riesgo y eso preocupa grandemente porque salir de la casa nos vulnera considerablemente”, dijo el sacerdote, quien hizo “un llamado con una profunda caridad y en una sintonía de paz, a las autoridades del estado, a las autoridades federales, para que puedan ellos ofrecer las garantías de seguridad, pero no sólo para nosotros, no lo pedimos para la iglesia, no lo pedimos para los curas, las religiosas, servidores, servidoras que laboramos en las comunidades, sino que lo solicitamos, lo pedimos por todos los habitantes, todo el pueblo”.
Pidió a las autoridades “que no cierren los ojos a la realidad de violencia que estamos teniendo en el estado de Chiapas (…) la violencia que se ha disparado, se ha disparado y no sabemos si va a disminuir, más bien pensamos va en aumento, un creciente aumento”.
Por su parte, representantes de los feligreses explicaron que como pueblo organizado están trabajando para terminar con la violencia “pero con una diferencia muy grande, nosotros no optamos por las armas, sino con nuestra palabra como Diócesis de San Cristóbal, buscamos una lucha sin violencia (…) somos un pueblo que queremos caminar con una paz, que el pueblo también sienta que sí se puede vivir con esa paz”.
Más información:
Les compartimos esta invitación para asistir a este conversatorio donde participaremos l día miércoles 6 de noviembre de 9:30 AM a 3 PM en la unidad de SCLC, Chiapas de la Universidad Autónoma de Chapingo: México-Guatemala los bienes comunes «Territorio, Bosque y Agua»
Lleva flores, velas, fotografías, música, poemas, mensajes de justicia y solidaridad etc.
Compartimos esta nota de AvispaMidia en relación con la gran ola de violencia y crisis en derechos humanos de vive Chiapas – A 21 de octubre del 2024
El Colectivo EPU Mx llamó a las autoridades en Chiapas, sur de México, a priorizar la implementación de recomendaciones en materia de desaparición forzada, militarización, desplazamiento forzado, movilidad humana y violencia contra defensores de derechos humanos y periodistas, que fueron dirigidas a México en el Examen Periódico Universal (EPU).
El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para revisar el desempeño de los países en la implementación de sus compromisos internacionales en derechos humanos, en el caso de México a cada cuatro años y medio.
En julio de este 2024, se emitieron 318 recomendaciones del EPU, realizadas por 115 países, de las cuales México aceptó 304 y “tomó nota” de 14. Este número es mayor al pasado EPU (2019), donde se emitieron 264 sugerencias.
Para Mario Andrés Hurtado, representante del Espacio Organizaciones de la Sociedad Civil, esto puede tener distintas interpretaciones como la inclusión de temas como el desplazamiento forzado, que hasta el 2019 el Estado mexicano lo adoptó como un problema público.
Hurtado fue parte del conversatorio titulado “Implementación de las Recomendaciones Internacionales en Materia de Derechos Humanos del Examen Periódico Universal en Chiapas: Retos y Oportunidades a Nivel Estatal”, llevado a San Cristóbal de Las Casas por el Colectivo EPU Mx.
Te puede interesar – En los Altos de Chiapas, organizaciones alertan nuevo pico de violencia
Este colectivo está integrado por 300 organizaciones nacionales e internacionales que presentaron informes en el marco del 4o Examen Periódico Universal de México (EPU), para dar un amplio diagnóstico sobre la situación general de derechos humanos en el país, mismos que detallaron el contexto de Chiapas debido a la violencia por enfrentamientos entre cárteles del crimen organizado.
El desplazamiento forzado interno es un problema grave en México. Cada año miles de personas se ven obligadas a dejar sus hogares a consecuencia de la violencia, los desastres naturales, desalojos forzados o explotación de los recursos.
Sin embargo no existe desde el Estado mexicano un compromiso por diagnosticar adecuadamente la situación, mencionó Mario Ortega, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). “Lo que incluye que a la fecha no existen registros oficiales sobre el número de víctimas del desplazamiento forzado en nuestro país”.
Los números que en la actualidad se manejan son estimaciones de la sociedad civil y la academia. Por mencionar el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno estima que en México se han desplazado 392,000 personas entre 2008 y 2023 por situaciones de violencia.
“Con preocupación observamos que el común en los casos de desplazamiento es la inacción estatal para prevenir y proporcionar atención humanitaria y reparar a las víctimas”.
Para las organizaciones, los deberes del Estado no deberían estar en duda, pues el desplazamiento forzado interno vulnera una gran esfera de derechos, entre ellos la libre circulación, la vivienda, el libre desarrollo, la seguridad, la alimentación y un largo etcétera.
Incluso la Ley General de Víctimas estipula derechos específicos y prioridades de atención en las personas desplazadas internas como el acceso a medidas de ayuda inmediata, alojamiento, alimentación, a servicios médicos y psicológicos, entre otros.
En este punto, Ortega hizo hincapié en la falta de voluntad política y posturas oficiales que pretenden invisibilizar el fenómeno, aunado a la ausencia de conocimientos sobre DDHH por parte de funcionarios responsables de la atención y la carencia de procedimientos adecuados a las especificidades del desplazamiento forzado interno.
“En la mayoría de las ocasiones no hay una respuesta a la emergencia humanitaria máxime si no existe una presión mediática o de instancias internacionales. En los casos donde se ha logrado algún tipo de atención humanitaria podríamos decir que no existen procedimientos homologados y adecuados, ni garantías de qué esta atención sea permanente”.
El Estado aún se niega a levantar los registros de las personas desplazadas lo que es una condición básica para que sigan las medidas adecuadas, incluso si logran retornar, especificó Ortega.
Hasta ahora no existe un tipo penal a nivel federal y en el estado de Chiapas que castigue el delito de desplazamiento forzado, “lo que sería una medida necesaria para combatir la impunidad y evitar por ende la repetición”, especificó Ortega.
En este conversatorio, Jorge Hernández, de Serapaz, dijo que 40 delegaciones emitieron 43 recomendaciones en el EPU en materia de personas desaparecidas, principalmente en temas de investigación, judicialización, aplicación del marco constitucional y legislativo, y desaparición de mujeres.
De las 116,482 personas en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), hasta octubre de 2024, al menos 1,328 se han reportado en Chiapas. En la actualidad Tapachula encabeza la lista, le sigue Tuxtla Gutiérrez y Frontera Comalapa.
Te puede interesar – Cassandra es desaparecida en Chiapas por grupo armado durante la boda de su madre
En los municipios mencionados, las propias organizaciones han denunciado un incremento de la violencia criminal en los últimos tres años, lo que dificulta el acceso para la documentación y hace proliferar el temor en las familias de víctimas de denunciar ante las autoridades o buscar a sus familiares públicamente. Por lo que la cifra real de personas desaparecidas podría ser mayor.
De acuerdo a la documentación del Frayba, los grupos poblacionales afectados por esta situación son las mujeres, además de niñas, niños y adolescentes (NNA). Por ejemplo, Melel Xojobal AC y Redias documentaron de 2020 al 30 de junio de 2024 un total de 2,350 desapariciones sólo de NNA en Chiapas, siendo el 70% adolescentes mujeres.
Jorge Hernández explicó que también hay particularidades como la desaparición de personas migrantes y solicitantes de refugio, que se suman a las desapariciones en el marco de la violencia extrema en regiones la Frontera, Sierra, Costa, Frailesca y Centro.
“No siempre se denuncia por temor a las consecuencias de tocar intereses económicos y políticos detrás de las desapariciones… y al tener un subregistro de desapariciones, las cifras esconden la dimensión de la problemática y son usadas por las autoridades para minimizar o negar la situación”, sostuvo Hernández.
En este tenor es necesario, dijo, que la Comisión Estatal de Búsqueda fortalezca los mecanismos de comunicación y registro. También está pendiente el desarrollo de todo el andamiaje necesario para la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, de la desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
“Se requiere asegurar los suficientes recursos estructurales, operativos y económicos para su buen funcionamiento”, así también crear el Consejo Estatal Ciudadano que es fundamental para garantizar la voz de las familias de víctimas en las estrategias contra las desapariciones del Estado.
En cuanto a la migración, México recibió 29 recomendaciones del EPU, aceptó 26 y “tomó nota” sobre tres. Las 26 que son aceptadas tienen que ver con investigación, sanción de delitos y violaciones graves de derechos humanos cometidas contra personas migrantes.
Mientras que las tres restantes son fundamentales para transitar de una política migratoria que está basada en la securitización de la frontera hacia una política de integración social y acceso a los derechos de las personas migrantes, dijo Yuridia Salvador del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma).
Una de ellas fue hecha por Nueva Zelanda para retirar progresivamente a las Fuerzas Armadas de las actividades policiales públicas y del control de la migración mediante una transición dirigida por civiles. Un tema que las organizaciones han reiterado desde el 2019 cuando la Guardia Nacional se desplegó por el río Suchiate –que divide a Guatemala de México– y demás municipios fronterizos de Chiapas para contener los flujos migratorios.
Las otras dos recomendaciones son de Brasil y de Kirguistán. Tienen que ver con revisar la Ley de Migración para que la detención sea el último recurso y una excepción, así también eliminar las posiciones que permiten la detención automática de las personas en situación irregular.
La defensora de los derechos humanos destacó que no sólo en el marco del EPU se ha hecho énfasis en el tema de las detenciones migratorias como práctica sistemática, arbitraria y generalizada, también el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, en el informe del 2023 pone énfasis en el tema.
“No hay otras vías para la regularización migratoria y las personas están en riesgo de detenciones reiteradas”, explica la defensora.Es decir, son detenidas más de una vez y esto se refleja en los números. Por ejemplo el año pasado hubo 440 mil eventos de detenciones, mientras que de enero a julio de 2024 suman 700 mil detenciones; 80 mil corresponden a niñas, niños y adolescentes en albergues del Sistema Nacional DIF (Desarrollo Integral de la Familia).
“En las estaciones migratorias no tienen autonomía de comunicación con el exterior, información adecuada y suficiente; la posibilidad de tomar decisiones, están sometidas al control total de la libertad y esto constituye un entorno carcelario de privación de la libertad”.
Consideró que para traducir las recomendaciones en una política pública y garantía de derechos, tienen que ser dotadas de presupuesto a las instituciones, mejorar la coordinación entre el Instituto Nacional de Migración (INAMI) y demás autoridades para propiciar una política más respetuosa y de goce efectivo de derecho.
Compartimos estos comunicados de Amigos de la Tierra America Latina y El Caribe ATALC, la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH sobre el asesinato del Padre Marcelo Pérez Pérez – a 21 y 22 de octubre del 2024
Solidaridad Internacionalista con los pueblos mexicanos
El día 20 de octubre a las 7:30 de la mañana el Padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de la Iglesia de Guadalupe de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, fue asesinado después de haber oficiado misa en un barrio de dicha ciudad.
Marcelo Pérez Pérez era un indígena de la etnia maya tsotsil que había sido párroco en diferentes municipios de la región Altos del estado de Chiapas, desde donde defendió incansablemente los derechos de los pueblos originarios. Fue un valiente defensor de la Madre Tierra y los territorios, así como un decidido promotor de la paz y de la justicia.
A causa de su trabajo, el Padre Marcelo fue víctima de muchas amenazas, incluidos por lo menos cinco atentados contra su vida. En diversos espacios y medios se denunció la vulnerabilidad en la que se encontraba. Sin embargo, el Estado mexicano fue incapaz de garantizar su seguridad y por esta razón, desde 2015 el Padre Marcelo contaba con medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al final resultaron insuficientes.
Desde Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) expresamos nuestra consternación por el asesinato de Marcelo Pérez Pérez y exigimos al Estado mexicano que cumpla con su deber investigando con profesionalismo el terrible crimen y llevando ante la justicia a los responsables. No aceptaremos la perpetuación de la impunidad que se ha generalizado en México en las últimas décadas y que tiene a varias regiones del país, incluido el estado de Chiapas, sumidas en la peor espiral de violencia de su historia reciente.
Creemos que únicamente mediante la lucha contra la impunidad, es posible evitar que estos hechos se repitan. A la comunidad internacional, a las organizaciones y movimientos sociales de América Latina y el Caribe y de diferentes partes del mundo les llamamos a denunciar este crimen, y a mantenernos en alerta permanente frente a los atentados e injusticias contra los que defienden la vida.
Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe / 21 de octubre de 2024
@atalc
Expresamos nuestra profunda indignación y dolor ante el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez quien, durante años, denunció la violencia criminal y los actos crueles cometidos contra las comunidades Chiapas, gran defensor de derechos humanos, de la tierra y el territorio. Incansable constructor de paz.
A pesar de las múltiples amenazas, difamaciones y hostigamientos, su voz se mantuvo firme, señalando la urgencia de abordar la violencia en Chiapas. Hoy lamentamos que su vida haya sido arrebatada en un acto atroz, el cual refleja la creciente impunidad y la grave crisis de violencia que vive Chiapas.
Padre Marcelo caminó con el pueblo indígena de Chiapas para defender a la madre tierra y denunciar los proyectos extractivos, realizó un gran trabajo por denunciar la minería y sus consecuencias a los bienes naturales, siempre solidario con las luchas, animador de la esperanza.
Querido Marcelo, tu voz nunca será callada, vivirá siempre en cada paso de nuestros actos de resistencia. Tu vida será legado y siempre nos convocará a seguir luchando por la justicia.
Nos unimos al clamor por justicia, exigiendo que se investigue y castigue a los responsables, tanto materiales como intelectuales, de este crimen.
Con mucho dolor, tristeza e indignación, condenamos el asesinato del defensor de derechos humanos y sacerdote/Padre tzotzil Marcelo Pérez Pérez al salir de dar misa la mañana del domingo 20 de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el sureste mexicano
No más impunidad. No más violencia. Nos unimos a la demanda de que se tomen todas las medidas urgentes y necesarias para garantizar y proteger la vida, la integridad y la seguridad personal de las comunidades indígenas, incluidas las familias de los Bases de Apoyo Zapatista, evitando que la situación de violencia y riesgo denunciada en varias regiones de Chiapas empeore. Exigimos justicia y protección para todos y todas las defensoras. #JusticiaPorElPadreMarcelo#AltoALaViolencia#Chiapas
El Padre Marcelo Pérez fue un destacado defensor de la Madre Tierra y los derechos humanos, comprometido con la justicia social y la reconciliación para la construcción de paz. Debido a su labor de defensa, se encontraba en una situación de riesgo inminente. En este contexto, desde el año 2015, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares para su protección.
El asesinato del Padre Marcelo Pérez es una muestra más del alarmante aumento de la violencia en Chiapas denunciado por diversos movimientos y organizaciones. Desde hace varios años, las y los miembros de la Red-DESC han reflexionado sobre la economía política de la violencia, o las causas estructurales que llevan a contextos de creciente violencia y represión en muchas comunidades, lo que en última instancia señala cómo los distintos grupos e individuos se benefician económicamente del aumento de la violencia o utilizan la violencia para proteger sus intereses económicos. Este escenario constituye un riesgo aún mayor para las personas, movimientos y organizaciones que defienden a la Madre Tierra y los derechos humanos.
Lamentamos que sean las propias autoridades quienes ubiquen en mayor vulnerabilidad y riesgo a quienes defienden los derechos humanos, criminalizando sus acciones y vinculándolos como sospechosos de la comisión de delitos. Ese fue el caso del Padre Marcelo y de otras personas que han sido involucradas, por ejemplo, en el conflicto de la comunidad de Pantelhó.
La Red-DESC se une a la exigencia a las autoridades de los tres niveles de gobierno en México para realizar una investigación que acerque a la verdad y la justicia sobre este terrible asesinato. De igual forma, exigimos que el Estado mexicano aborde la situación en Chiapas con una perspectiva de derechos humanos y de reconstrucción del tejido social en las comunidades particularmente indígenas asoladas por la violencia al servicio de intereses privados y frecuentemente generada por diversos grupos pertenecientes al crimen organizado.
Más información:
Comunicado de Otros Mundos ante el vil asesinato del querido Padre Marcelo Pérez Pérez en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas – A 20 de octubre del 2024
Hoy a las 7:30 de la mañana fue asesinado en el barrio de Cuxtitali, de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el Padre Marcelo Pérez Pérez, indígena tsotsil, defensor de la Madre Tierra y los derechos humanos, promotor de la paz y reconciliador comunitario que vivió para servir a las comunidades indígenas y mestizas que acompañó.
Durante su desempeño pastoral, el Padre Marcelo desafió a los poderes formales y de facto que atentaran contra los intereses colectivos de los pueblos originarios. Desempeñó un papel decisivo en la mediación de diversos conflictos inter e intracomunitarios y su palabra solidaria hizo eco allí donde hubiera una causa justa que defender. Por todo ello, fue descalificado, amenazado, perseguido y calumniado. Hoy las amenazas se hicieron dolorosa realidad.
Desde Otros Mundos Chiapas A.C. expresamos nuestra indignación ante un hecho atroz largamente anunciado. Exigimos el esclarecimiento puntual del crimen y la aplicación de la ley. Rechazamos cualquier intento de minimizar el caso y presentarlo como un hecho aislado de violencia. Tampoco aceptaremos ninguna acción que perpetúe la impunidad que caracteriza a la justicia en México, sobre todo en el estado de Chiapas.
¡¡¡JUSTICIA PARA MARCELO PÉREZ PÉREZ!!!
Atentamente
Otros Mundos Chiapas A.C.
Ilustración: Alter Nativas
Más información:
Compartimos esta terrible noticia publicada en Chiapas Paralelo – A 20 de octubre del 2024
Marcelo Pérez Pérez, de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, pugnó por los procesos de diálogo y pacificación. Por su labor recibió amenazas de muerte, difamaciones y una orden de aprensión.
La mañana de este domingo fue asesinado por disparos de armas de fuego el sacerdote indígena tsotsil Marcelo Pérez Pérez, cuando salía de oficiar una misa transitaba por una de las calles de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
En los últimos años, Marcelo Pérez había recibido amenazas de muerte, difamaciones constantes, y tenía una orden de aprensión en su contra, por su trabajo como mediador en el conflicto que se vive en el municipio de Pantelhó, donde un grupo armado y un grupo de autodefensas mantienen una disputa desde julio de 2021, año en que estalló la violencia en esta y otras regiones de Chiapas.
A raíz de estas amenazas, la Diócesis decidió trasladarlo de la parroquia de Simojovel, en donde se encontraba, a la parroquia de Guadalupe, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
Desde su nueva sede, Marcelo Pérez siguió trabajando en los procesos de pacificación y denunciando la situación que se vive en Chiapas.
“Chiapas es una bomba de tiempo, hay muchos desaparecidos, muchos secuestrados, hay muchos asesinados por la presencia del crimen organizado en Chiapas”, fueron las palabras que pronuncio durante la entrevista que dio el pasado 13 de septiembre, durante una multitudinaria manifestación que se dio en la capital del estado, por la parte de feligreses de las tres Diócesis de Chiapas, para exigir la paz en Chiapas.
Esta mañana, había acudido al barrio de Cuxtitali, en donde ofició una misa que le pidieron los feligreses del lugar. Al salir fue que recibió disparos con arma de fuego. Aún no hay una versión de la Fiscalía de Justicia sobre los hechos. El Arzobispo Rodrigo Aguilar confirmó los hechos, “oremos y sigamos buscando la paz con verdad y con justicia”, dijo el líder religioso.
Compartimos esta nota de Chiapas Paralelo sobre la gran ola de violencia que se vive en la zona fronteriza de Chiapas – A 23 de septiembre del 2024
Por Ángeles Mariscal
“Soy de Chicomuselo, sierra madre con Guatemala. No somos zona de guerra, somos pueblo desplazado. Quiero regresar con mi familia a casa. Pedimos rentar y comer, Dios te bendiga Tuxtla. Viva la paz por Chiapas”, fue el mensaje que Juan Carlos Fuentes Alanís alcanzó a escribir en una cartulina que mostró afuera del Congreso de Chiapas, en donde el gobernador Rutilio Escandón entregó su último informe de gobierno.
Llegó con el rostro sudoroso, la ropa desgastada y una mochila al hombro. Sin recursos económicos, emprendió el viaje de cinco días de camino, pidiendo raid, hasta llegar a Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas.
Es originario del municipio de Chicomuselo, uno de los más afectados por la disputa entre dos grupos del crimen organizado; tras el secuestro de tres de sus hermanos por parte de uno de los grupos criminales, el resto de la familia huyó a Guatemala el pasado 19 de julio.
“Le dije yo a mi mamá voy a venir a Tuxtla, si hay una manifestación me voy a poner, porque es necesario que el pueblo sea escuchado”, explicó Juan Carlos. Explicó que en su comunidad, Verapaz, ubicada en los límites entre Chicomuselo y Comalapa, desde hace dos años viven bajo el control de uno de los grupos del crimen organizado.
“De mi comunidad han desaparecido como 40 personas (…) A mis hermanos se los llevaron hace tres meses, cuando los agarraron en el camino que va hacia Amatenango de la Frontera. Se los llevaron porque desobedecieron la orden de no salir, el toque de queda” explicó Juan Carlos.
Dijo que sus hermanos José Alfredo Fuentes de 24 años, Erick Eduardo Fuentes de 35, y Christian Fuentes de 22, salieron de la comunidad con la intención de llegar a Tapachula, porque llevaban varias semanas sin alimento, debido a que por los enfrentamientos entre los dos grupos del crimen organizado, el que tiene el control de su comunidad les impuso un toque de queda.
En el camino sus hermanos fueron secuestrados y su familia amenazada. Por ello decidieron unirse a las cientos de personas que salieron el 19 de julio en caravana hacia Guatemala.
Desde entonces se encuentran en ese país. “Entonces nosotros estamos allá en Guatemala, ya estamos cansados de tanta soledad, tanta tristeza, ya lo que queremos es regresar, buscar a mis hermanos. Mi mamá está muriendo de tristeza”, explicó el poblador.
Dijo que por eso decidió llegar a la capital de Chiapas, y buscar ser escuchado por las autoridades, por el gobernador Rutilio Escandón.
Miles de personas de los municipios de las zonas sierra y fronteriza de Chiapas, han abandonado sus comunidades para salvar la vida, escapar del reclutamiento forzado, y para buscar a sus familiares desaparecidos.
Apenas el pasado domingo, la Pastoral Social de las tres Diócesis de Chiapas dieron a conocer un comunicado donde señalan: “Son miles y se siguen sumando cada día, las víctimas inocentes que cargan sobre sí el tormento de la expulsión, el desalojo, asumiendo la migración y el desplazamiento forzado como única salida para protegerse y salvar a los suyos de una muerte trágica que nadie merece”.
“Ante tal avasallamiento faltan sus familiares, sus bienes, su patrimonio, sus cultivos, sus modos de vida. Se les ha arrebatado tanto que falta hasta el espacio del alma para los duelos ante tanta injusticia y para asimilar los traumas resultantes del ensañamiento sistemático contra su pueblo y sus seres queridos”.
Pidieron a la población ser solidarias con las personas que están en esta condición.
Imagen: Chiapas paralelo
Más información:
Les compartimos este comunicado de la Arquidiócesis de Tuxtla y las Diócesis de San Cristóbal y Tapachula leido al final de la peregrinación por la paz que convocaron el pasado viernes 13 de septiembre en Tuxtla Guiterrez – A 13 de septiembre del 2024
Les compartimos estas dos notas de Chiapas Paralelo sobre la terrible y cada vez mas preocupante violencia que se vive en la zona fronteriza de Chiapas por la disputa territorial entre dos grupos del crimen organizado – A 21 de agosto del 2024
“A los violentos, les demandamos ¡Paren! Los seres humanos no son objeto de deshecho”, afirmaron los obispos de San Marcos y Huehuetenango, Guatemala; de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; y de la Pastoral de la Movilidad Humana, de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Cómo resultado de una reunión que tuvieron en Panamá, los religiosos redactaron una carta pública dirigida a los tres niveles de gobierno, al pueblo religioso y, por primera vez, se dirigieron directamente “a los creadores y ejecutores de la violencia”.
En su pronunciamiento explican: Las comunidades y pueblos de Chicomuselo, Comalapa, Amatenango, Jaltenango, Bejucal de Ocampo, Siltepec, Motozintla, están convertidos en un campo de batalla por la disputa del territorio entre grupos criminales que obligan a los hombres a ir al frente, a cuidar las plumas, a cerrar caminos, ellos y sus familias enfrentar un terror que nunca imaginaron”.
Bernabé Sagastume, Álvaro Cardenal Ramazzini, Rodrigo Aguiar Martínez y Guadalupe Torres Campos, refieren que hoy, de manera obligada, la población de esta región de Chiapas “son puestos como escudos humanos por causas de un sistema de muerte que ningún nivel de gobierno ha querido escuchar y atender en sus raíces”.
Esta, señalan, es una “guerra interesada en la que el pueblo no tiene parte y se le sigue sometiendo bajo amenazas”.
“Las armas de alto calibre descargan sobre hermanos cuya lucha ha sido defender la vida, la tierra, el territorio, dando servicio animados por la Palabra de Dios, vigías de la dignidad con la que han sido revestidos como herencia y por el bautismo, con sus luchas de siempre para que sus pueblos tengan vida”.
Hacen referencia a que, para salvar la vida, miles de pobladores han tenido que abandonar sus comunidades. Llaman esta estrategia como “de exterminio” donde hay intereses económicos, extractivistas y políticos donde la presión para que se lleven a cabo procesos electorales, solo incrementan la violencia.
“Se señaló, se dijo, se demostró, no hay condiciones para las elecciones, los costos son graves ante las elecciones extraordinarias programadas para el 25 de agosto en Chicomuselo, Pantelhó y Capitán Luis Ángel Vidal”.
En este contexto, al dirigirse “a los creadores y ejecutores de la violencia”, les pidieron que paren.
“A los violentos, les demandamos ¡Paren! Los seres humanos no son objeto de deshecho. La vida es sagrada, la sangre derramada clama al cielo y el corazón no olvida la sangre que nos salpica”, señalan.
La violencia generada en Chiapas por los intereses que describen los líderes religiosos, ha dejado una secuela de miles de personas en situación de desplazamiento forzado, de desaparecidos y asesinados.
Por Isaín Mandujano
Luego de cuatro días de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que se disputan el control del territorio, cientos de personas pudieron salir de Chicomuselo este martes 20, para buscar refugio en los municipios de La Concordia; Tuxtla Gutiérrez y Comitán.
Tan pronto como el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional pudieron tomar el control de la cabecera municipal, cientos de hombres, mujeres, niños, niñas y personas adultas mayores salieron en una larga caravana de vehículos hacia el municipio de La Concordia para internarse a la región central del estado.
Los vehículos llegaron hasta el punto conocido como Rizo de Oro, donde abordaron en grupos los vehículos en el chalán o panga para pasar el primer brazo de La Angostura, luego siguieron su camino y en el segundo brazo, entre la angustia y miedo se maravillaron que esta vez ya tuvieron que pasar ese punto sobre el Puente Atirantado de 700 metros recién inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Muchos de los desplazados se quedaron en La Concordia, por el ser el pueblo más cercano a Chicomuselo, sin embargo, otro convoy se enfiló hacia Comitán y muchos más se adentraron a Tuxtla, la capital del estado, para buscar refugio con amigos familiares o albergues de iglesias católicas o evangélicas. Chicomuselo, está enclavado en la región de la Sierra Madre de Chiapas, tiene unos 25 mil habitantes, en la cabecera municipal hay ocho barrios pero en sus alrededores hay 206 comunidades, ejidos y rancherías.
La narcoviolencia llegó a finales del 2022 y principios del 2023, e impactó, además de la cabecera municipal, en muchas comunidades rurales que quedaron deshabitadas, estas son La Pinta, Nueva Morelia, San Antonio El Ocotlán, 20 de noviembre, Galicia, Jolentón, Nueva Piedra Labrada, Zacualpa, y Piedra Labrada. Son pues pueblos fantasmas.
Desde el mes de noviembre del 2023, el alcalde de ese municipio Jorge Sepúlveda Morales del Partido del Trabajo abandonó ese municipio y con él desaparecieron los más de 130 millones de presupuesto del ayuntamiento para este 2024.
Hasta el pasado fin de semana se calculaba que los desplazados todos de Chicomuselo, tanto de la cabecera municipal como de las comunidades, oscilaban en unas 4 mil 500 personas, pero con el desplazamiento masivo de estos días, la cifra podría ser de alrededor de más de cinco mil personas.
El Cártel Chiapas y Guatemala (CCYG) se disputa el control del territorio contra el Cártel de Sinaloa (CDS), y la guerra se intensificó en ese municipio donde justo desde el 2018 se creó el Cuartel del 101 Batallón de Infanterá de la SEDENA para garantizar la seguridad de la población, seguridad que no han encontrado hasta ahora.
Imagen: Chiapas Paralelo
Más información:
Les compartimos este comunicado de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal sobre la terrible situación de violencia incontrolable que se vive en Chiapas – A 12 de agosto de 2024
Al Congreso Nacional Indígena
Al Consejo Indígena de Gobierno
A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
A las y los Defensores de los Derechos Humanos
A la Vicaría de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas
A los Medios Libres y Alternativos
A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional
A la Sociedad Civil Nacional e Internacional
Hermanas y hermanos:
A 15 años de la liberación masiva de los paramilitares por la mal llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aquí seguimos, porque somos un pueblo que no olvida. Aquí seguimos las y los sobrevivientes, caminando de la mano con nuestra Mesa Directiva de Las Abejas de Acteal; no nos hemos dejado vender ni manipular por los gobiernos responsables de la Masacre de Acteal ni por los gobiernos actuales que, con su indiferencia y falta de voluntad política, han decidido mantener en la impunidad a los autores intelectuales de la masacre de Acteal.
Las Abejas de Acteal somos una organización con memoria que, a lo largo de casi 27 años desde la masacre de 45 hermanas y hermanos nuestros, más los cuatro bebés no nacidos el 22 de diciembre de 1997, hemos visto cómo este crimen de Estado ha sido objeto de una política de desgaste y de olvido por parte de los mismos gobiernos, quienes buscan dejar impune su propio crimen. Bajo estas políticas, gobiernan y siguen gobernando a México, sin importar el color del partido al que pertenezcan; y no les importan los costos políticos, sociales y económicos que causan, con tal de mantenerse en el poder para saciar sus ambiciones y avaricias.
Nos da mucha tristeza, llora nuestro corazón por la violencia que ya es imparable y se ha convertido en un monstruo que devora a toda persona que encuentra a su paso. Por ejemplo, en esta zona en la que vivimos, el municipio de Pantelhó y las comunidades de Chenalhó que viven en las inmediaciones del primero se han desplazado de manera forzada por los disparos constantes de los grupos armados. Como ya es sabido, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional permiten que tales actos ocurran bajo sus propias narices.
Las y los sobrevivientes de Acteal, sobre todo las mujeres que vivieron el terror del ataque de los paramilitares durante aproximadamente seis horas y que vieron caer sin piedad a sus familiares, a los niños y a las mujeres embarazadas, se han enfermado por el pánico y la crisis psicológica. Con esta violencia, el gobierno en turno, en lugar de crear garantías de no repetición de un crimen como el de Acteal, permite a los grupos del crimen organizado mantener aterrorizada a la población, propiciando así el olvido de la Masacre de Acteal, al igual que Ayotzinapa, Tlatlaya, Pasta de Conchos, Aguas Blancas y otros crímenes de Estado cometidos en todo el país.
La decisión de la mal llamada SCJN de liberar a los autores materiales de la Masacre de Acteal, así como la campaña emprendida por los amigos de los paramilitares en 2006, involucrando al Centro de Investigaciones y Docencias Económicas (CIDE), Confraternice, Hugo Eric Flores Cervantes, Héctor Aguilar Camín, Manuel Anzaldo Meneses y con el pacto de Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México en esa época, han hecho que el fruto de su colaboración en la impunidad haya llevado a Chiapas a una guerra civil, tal como lo advirtió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en uno de sus comunicados del año pasado.
Bajo el contexto de oscuridad y muerte que reina en Chiapas, nosotras y nosotros, las guardianas y guardianes de la Memoria y constructoras y constructores de la Justicia y de la Paz, siempre apostaremos por la Esperanza y por la Vida a pesar de la muerte. Sin embargo, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no se pronuncie con el informe de fondo, la violencia, las muertes, los desplazamientos forzados y el terror de día a día van empeorando. No estamos exagerando. En este tenor, insistimos en nombre de las 45 hermanas y hermanos, más los cuatro no nacidos masacrados en Acteal, y en nombre de la sangre que se sigue derramando absurdamente en todo Chiapas y México, solicitamos:
URGENTEMENTE a la CIDH que dicte YA el INFORME DE FONDO del Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal), donde responsabilice al Estado mexicano por la Masacre de Acteal y así iniciar la investigación y juicio a los autores intelectuales de dicha masacre, encabezada por Ernesto Zedillo Ponce de León.
Finalmente, reiteramos la invitación a toda la gente a la que también le duele e indigna la impunidad y la violencia a que actuemos levantando la voz y realizando acciones no violentas para exigirles a los tres niveles de gobierno que recuerden que existe una Constitución en nuestro país que les obliga a dar seguridad y proteger a todas y todos los mexicanos. Asimismo, existen tratados internacionales, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se estipulan los derechos de gozar de la paz y de la vida para toda la humanidad.
Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.