Cómo una moneda comunitaria en México se convirtió en una “utopía realizable” en tiempos de crisis económica

Compartimos esta nota publicada en Actualidad RT sobre el Túmin – A 17 de noviembre del 2021

A más de once años de que comenzó a circular el túnim, hay más de 2.200 socios que están distribuidos en 20 estados del país latinoamericano.

Una revolución financiera a nivel comunitario comenzó a gestarse en 2010 en el norte del estado de Veracruz, cuando productores del municipio Espinal decidieron crear el túnim —que significa “dinero” en lengua totonaca—, una moneda que les ofreció sortear la falta de pesos mexicanos derivado de las constantes crisis económicas y que fue la mejor alternativa para incentivar el comercio y la producción local. 

“Porque hay productos, pero no hay dinero, entonces la gente no puede hacer uso de ellos porque no hay un papelito. Entonces decidimos hacer nuestros propios papelitos y con eso comprarnos nuestros propios productos”, explica Juan Castro, maestro de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) y uno de los cofundadores del túmin

Este proyecto de autonomía comunitaria y economía solidaria inició cuando productores, estudiantes y académicos de la UVI, del Centro de Investigación Intercultural para el Desarrollo (Ciides) y de la Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH) reunieron 3.000 pesos (unos 243 dólares al tipo de cambio del momento) e imprimieron billetes de túnim para 100 socios iniciales

Moneda comunitaria túnimCortesía Facebook: @monedatunim

A diferencia de lo que sucede con el trueque, esa herencia prehispánica que consiste en el intercambio de alimentos, el túnim permitió facilitar los acuerdos entre agricultores, artesanos y comerciantes,sin las discrepancias que conlleva ponerle un valor a diferentes productos. 

“Yo quiero tus manzanas, pero tú no quieres mis tomates, entones ya no hubo un trueque. Pero con el túnim que yo te doy, tú vas y compras lo que quieres, no se detiene el comercio“, explica Castro. 

Venta de artesanías donde aceptan túnim en mercado de Papantla, estado de VeracruzCortesía Facebook: @monedatunim

Los comercios y mercados que aceptan esta moneda usualmente tienen letreros con las leyendas: “Aquí se recibe túnim” y “Aceptamos túnim”. Estos carteles también resumen, en unas cuantas palabras, la razón de ser de este proyecto: “El túnim es nuestro derecho“, “Viva la economía de los pueblos” y “Otro mundo es posible“. 

A más de once años de que los fundadores del proyecto imaginaron otro mundo posible, actualmente hay más de 2.200 socios que están distribuidos en 20 estados de México. El túnim es aceptado para la compra de alimentos y bebidas; de artesanías; de medicamentos y productos naturistas; de calzado; como moneda válida para cortarse el cabello; y hasta las bodas o festejos de XV años. 

Además, el profesor de la UVI cuenta a RT que los ayuntamientos de Espinal y Teotitlán del Valle (Oaxaca) son socios y es posible pagar con túnim el predial y las multas.

Monedas de túnim en MéxicoCortesía Facebook: @monedatunim

“Cualquier persona puede inscribirse al Túnim, vendiendo lo que venda, no hay una restricción en cuanto al producto, que tenga que ser de determinada calidad o tipo, como sí sucede en las monedas comunitarias”, refiere Castro. 

PGR investiga el túnim

En 2011, el Banco de México (Banxico) solicitó a la extinta Procuraduría General de la República (PGR) que investigara si los usuarios del túnim incurrían en un delito federal al supuestamente sustituir la moneda oficial —el peso— por la alternativa comunitaria. Los socios y fundadores respondieron que se trataba de un acuerdo civil, de uso libre y voluntario

El asunto quedó zanjado y más allá de ese incidente, Castro dice que no han tenido más hostigamiento por parte del gobierno federal, estatal o municipal.

Difícil implementar una persecución cuando “todo funciona de nuestros propios bolsillos, no depende de un gobierno, sino de los propios socios y de la solidaridad ciudadana”, apunta el académico de la UVI. 

Actualmente, hay unas diez monedas comunitarias, de acuerdo con Castro. Para el académico, la implementación del túnim destaca porque se basa en dos principios que chocan con el sistema capitalista: la confianza y la solidaridad. 

Después de once años de ver un sueño hecho realidad, Castro concluye que la implementación del túnim en México ha sido “una utopía realizable”.

Imagen: Facebook Moneda Túmin

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Ecuador: Justicia ordena que empresa petrolera apague mecheros y pare de contaminar

Compartimos esta entrevista de Radio Mundo Real RMR sobre la lucha por la vida en Ecuador- A 6 de octubre del 2021

Nuevo triunfo de UDAPT en la defensa de la Amazonia ecuatoriana, a pesar de la presión de empresas transnacionales.

Quienes viven en la localidad “Virgen del Carmen” del Cantón “Joya de los Sachas”, en la provincia ecuatoriana Francisco de Orellana, celebraron a mediados de septiembre que un juez de primera instancia de la Unidad Judicial Multicompetente Penal falló a favor de la acción de protección que solicitaron contra la Empresa ENAP- SIPETROL.

>>Escucha la entrevista aquí<<

ENAP es responsable de la administración y explotación del campo petrolero Mauro Dávalos Cordero desde el año 2004 y fue denunciada el 16 de agosto por habitantes del cantón ante diversas acciones contaminantes provocadas por los generadores de electricidad -que emiten una fuerte contaminación acústica-, dos mecheros que son utilizados para la quema de gas – que provocan lluvias ácidas y contaminan los cursos de agua-, residuos tapados con tierra, y otros impactos socioambientales que afectan a las personas que viven en el sector y a la flora y fauna endémica.

El juez reconoció que las operaciones de la petrolera vulneran los derechos a un ambiente sano, al buen vivir, a la seguridad y soberanía alimentaria, a la salud y la empresa deberá frenar sus actividades.

«El juez dispuso a la empresa que, en un término de 18 meses, elimine todos los mecheros, todo el ruido, toda esa agresividad de la empresa hacia la comunidad. Y reconoció que la empresa, con sus operaciones y la complicidad del estado ecuatoriano, vulnera el derecho a la salud, al ambiente, a la alimentación sana, al acceso al agua, a la vida en paz y tranquilidad», dijo el abogado Pablo Fajardo a Radio Mundo Real en la entrevista que acompaña esta nota.

Fajardo integra la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT) que patrocinó a las personas que denunciaron a la empresa y explicó cómo fue el proceso judicial. Este año, además, la UDAPT se unió a Amigos de la Tierra y representa a la federación en Ecuador.

Se espera que ENAP apele el fallo y por eso habrá que estar alertas para apoyar a “Joya de los Sachas”.

El resultado judicial de primera instancia «es un gran paso que dimos como UDAPT y como colectivos que protegemos la Amazonía», dijo el abogado ambientalista. «La empresa dice que hace lo que le corresponde como parte de invertir en el país, pero no tiene en cuenta que sus derechos terminan donde empiezan los de los campesinos. Las consecuencias de sus acciones están pasando los límites: no están siendo responsables con los derechos de las personas ni de las naturaleza», continuó.

Pero, sobre todo, Fajardo remarcó la responsabilidad del Estado ecuatoriano en dejar avanzar los impactos contaminantes. En el juicio «estaba todo el Estado haciendo presión para que el juez no se atreviera a fallar contra la empresa; al Estado no le importa garantizar los derechos de la gente: le importa garantizar la ‘seguridad jurídica’ a las empresas. Es una cuestión gravísima, que nos preocupa cada vez más».(CC) 2021 Radio Mundo Real

Imagen: texaco-mecheros-planv – RMR

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Soberanía Alimentaria, Un manifiesto por el futuro de nuestro planeta

Compartimos este comunicado de La Vía Campesina a través de Amigos de la Tierra Internacional ATI – A 10 de octubre del 2021

DECLARACIÓN OFICIAL DE LA VÍA CAMPESINA POR LOS 25 AÑOS DE LUCHA COLECTIVA
POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

La Soberanía Alimentaria es una filosofía de vida.

Define los principios sobre los cuales nos organizamos en nuestra vida diaria y coexistimos con la Madre Tierra. Es una celebración de la vida y de la diversidad que nos rodea. Abraza a cada elemento de nuestro cosmos; el cielo sobre nuestras cabezas, la t ierra debajo de nuestros pies, el aire que respiramos, los bosques, las montañas, los valles, campos, océanos, ríos y estanques. Reconoce y protege la interdependencia entre 8 millones de especies que comparten este hogar con nosotrxs.

Heredamos esta sabiduría colectiva de nuestrxs ancestrxs, quienes labraron la tierra y vadearon las aguas durante 10000 años, período en el que evolucionamos hacia una sociedad agraria. La Soberanía Alimentaria promueve la justicia, la igualdad, la dignida d, la fraternidad y la solidaridad. Es, también, la ciencia de la vida; construida a través de realidades vividas a lo largo de innumerables generaciones, cada una enseñando a su progenie algo nuevo, inventando nuevos métodos y técnicas que se integren en armonía con la naturaleza.

Como poseedorxs de este rica herencia, es nuestra responsabilidad colectiva defenderla y preservarla. Reconociendo esto como nuestra responsabilidad (especialmente, a finales de los años 90 cuando los conflictos, el hambre agud a, el calentamiento global y la pobreza extrema eran demasiado visibles para ignorarlos), La Vía Campesina (LVC) llevó el paradigma de la Soberanía Alimentaria a los espacios de formulación de políticas internacionales. LVC le recordó al mundo que esta fil osofía de vida debe guiar los principios de nuestra vida compartida.

Los años 80 y 90 fueron una era de expansión capitalista desenfrenada, a un ritmo nunca antes visto en la historia de la humanidad. Las ciudades se expandían y crecían a costa de la man o de obra barata, no remunerada y mal remunerada. El campo estaba siendo empujado al olvido. Las comunidades rurales y las formas de vida rurales fueron barridas bajo la alfombra por una nueva ideología que quería convertir a todxs en merxs consumidorxs de cosas y en objetos de explotación con fines de lucro. La cultura y la conciencia popular estaban bajo el hechizo de anuncios brillantes que incitaban a la gente a “comprar más”. En todo esto, sin embargo, lxs que producían (la clase trabajadora en las zonas rurales, costas y ciudades, lo que incluía a lxs campesinxs campesinxs1 y otrxs pequeñxs productorxs alimentarixs) eran invisibles, mientras que lxs que podían permitirse el consumo ocupaban un lugar central. Llevadxs al límite, lxs trabajadorxs campesinxs y las comunidades indígenas de todo el mundo reconocieron la urgente necesidad de una respuesta organizada e internacionalista a esta ideología globalizadora y de libre mercado propagada por lxs
defensorxs del orden mundial capitalista. La Soberanía Alimentaria se convirtió en una de las expresiones de esta respuesta colectiva.

En la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, en un debate sobre cómo organizamos nuestros sistemas alimentarios globales, La Vía Campesina acuñó este término; para insistir en la centralidad de lxs pequeñxs productorxs de alimentos, la sabiduría acumulada por generaciones, la autonomía y diversidad de las comunidades rurales y urbanas y la solidaridad entre los pueblos como componentes esenciales para la elaboración de políticas en torno a la alimentación y la agricultura.

En la década siguiente, los movimientos sociales y lxs actorxs de la sociedad civil trabajaron juntxs para definirlo más “como el derecho de los pueblos a alimentos saludables y culturalmente apropiados producidos mediante métodos ecológicamente racionales y sostenibles, y su derecho a definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas. Coloca las aspiraciones y necesidades de quienes producen, distribuyen y consumen alimentos en el centro de los sistemas y políticas alimentarias en lugar de las demandas de los mercados y las corporaciones

La introducción de la Soberanía Alimentaria como un derecho colectivo cambió la forma en la que el mundo entendía la pobreza y el hambre. Hasta entonces, especialmente en los primeros años del siglo XXI, una idea limitada de “Seguridad Alimentaria” dominaba los círculos de gobernanza y formulación de políticas. Noble en su intención, la seguridad alimentaria trataba a lxs afectadxs por el hambre como objetos de compasión y corrí a el riesgo de reducirlxs a consumidorxs pasivxs de alimentos producidos en otros lugares. Si bien reconoció la alimentación como un derecho humano fundamental, no defendió las condiciones objetivas para producir alimentos. ¿Quién produce? ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Dónde? Y, ¿Por qué? Todas estas preguntas estaban ausentes y el foco estaba decididamente puesto en, simplemente, “alimentar a la gente”. Un énfasis manifiesto en la seguridad alimentaria de las personas ignoró las peligrosas consecuencias de la producción industrial de alimentos y la agricultura industrial, construida sobre el sudor y el trabajo de lxs trabajadorxs migrantes.

La Soberanía Alimentaria, por otro lado, presenta una reforma radical. Reconoce a la gente y las comunidades locales como age ntes centrales en la lucha contra la pobreza y el hambre. Requiere comunidades locales fuertes y defiende su derecho a producir y consumir antes de comercializar el excedente. Demanda autonomía y condiciones objetivas para el uso de los recursos locales, exige la reforma agraria y la propiedad colectiva de los territorios. Defiende los derechos de las comunidades campesinas a usar, guardar e intercambiar semillas. Defiende los derechos de las personas a comer alimentos saludables y nutritivos. Fomenta los ciclos productivos agroecológicos, respetando las diversidades climáticas y culturales de cada comunidad. La paz social, la justicia social, la justicia de género y las economías solidarias son condiciones previas esenciales para hacer realidad la soberanía alimentaria. Exige un orden comercial internacional basado en la cooperación y la compasión frente a la competencia y la coacción. Exige una sociedad que rechace la discriminación en todas sus formas (de casta, clase, raza y género) e insta a las personas a luchar contra el patriarcado y la estrechez mental. Un árbol es tan fuerte como sus raíces. La Soberanía Alimentaria, definida por los movimientos sociales de los años 90 y, posteriormente, en el Foro de Nyeleni en Mali en 2007, intenta precisamente eso.

Este año celebramos 25 años de esta construcción colectiva.

El mundo no es para nada perfecto. Incluso frente a una desigualdad sin precedentes, el aumento del hambre y la pobreza extrema, el capitalismo y la ideología del libre mercado continúan dominando los círculos políticos. Peor aún, también se están haciendo nuevos intentos para visualizar un futuro digital: de agricultura sin agricultorxs, pesca sin pescadorxs todo bajo el disfraz de la digitalización de la agricultura y para crear nuevos mercados para los alimentos sintéticos.

A pesar de todos estos desafíos, el Movimiento por la Soberanía Alimentaria, que ahora es mucho
más extenso que La Vía Campesina y está compuesto por varixs agentes, ha logrado avances significativos.

Gracias a nuestras luchas conjuntas, las instituciones de gobernanza mundial, como la FAO FAO2 han llegado a reconocer la centralidad de la soberanía alimentaria de los pueblos en la formulación de políticas internacionales. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de lxs campesinxs y otras personas que trabajan en las zonas rurales vuelve a enfatizar esto en el artículo 15.4, cu ando establece que: Lxs campesinxs y otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a determinar sus propios sistemas alimentarios y agrícolas, reconocido por muchos Estados y regiones como el derecho a la soberanía alimentaria. Esto incluye el derecho a participar en los procesos de toma de decisiones sobre políticas alimentarias y agrícolas, y el derecho a una alimentación sana y adecuada producida mediante métodos ecológicamente racionales y sostenibles que respeten sus culturas.

Algunas naciones también han otorgado reconocimiento constitucional a la Soberanía Alimentaria. Las interrupciones causadas por la pandemia de COVID 19 en las cadenas alimentarias industriales han recordado aún más a los gobiernos nacionales la importancia de crear economías locales sólidas.

La Agroecología Campesina, fundamental para asegurar la soberanía alimentaria en nuestros territorios, ahora es reconocida en la FAO como fundamental para nuestra lucha contra el calentamiento global. Los relatores especiales actuales y anteriores de las Naciones Unidas han respaldado la soberanía alimentaria como una idea simple, pero poderosa que puede transformar el sistema alimentario mundial favoreciendo a lxs pequeñxs productorxs de alimentos. La campaña sostenida de los movimientos sociales también ha resultado en varias victorias legales contra las corporaciones que producen agrotóxicos y semillas químicas y transgénicas.

Sin embargo, lo que tenemos por delante esun camino con muchas barreras.

Lxs defensorxs del orden mundial capitalista se dan cuenta de que la soberanía alimentaria es una idea que atenta contra sus intereses financieros. Prefieren un mundo de monocultivos y gustos homogéneos, donde los alimentos se puedan producir en masa, utilizando mano de obra barata en fábricas lejanas, sin tener en cuenta sus impactos ecológicos, humanos y sociales. Prefieren economías de escala a economías locales sólidas. Eligen un libre mercado global (basado en la especu lación y la competencia feroz) por sobre las economías solidarias que requieren mercados territoriales más sólidos (mercados campesinos locales) y la participación activa de lxs productorxs de alimentos locales. Prefieren tener bancos de tierra donde la ag ricultura por contrato a escala industrial reemplace a lxs pequeñxs productorxs. Inyectan nuestro suelo con agrotóxicos para obtener mejores rendimientos a corto plazo, ignorando el daño irreversible a la salud del suelo. Sus arrastrerxs volverán a rastrea r los océanos y ríos, capturando peces para un mercado global mientras las comunidades costeras mueren de hambre. Continuarán intentando secuestrar semillas de campesinxs indígenas a través de patentes y tratados de semillas. Los acuerdos comerciales que e laboran volverán a tener como objetivo reducir los aranceles que protegen nuestras economías locales.

Un éxodo de jóvenes desempleadxs, que abandonan las granjas de las aldeas y eligen el trabajo asalariado en las ciudades, encaja perfectamente con su impulso de encontrar un suministro regular de mano de obra barata. Su enfoque implacable en los “márgenes” significa que encontrarían todos los medios para deprimir los precios en las explotaciones agrícolas mientras los negocian a precios más altos en los supermercados minoristas. Al final, lxs que pierden son las personas, tanto lxs productorxs como lxs consumidorxs. Lxs que se resistan serán criminalizadxs. Una feliz coexistencia de la élite financiera mundial con gobiernos autoritarios significaría que incluso las más altas instituciones, a nivel nacional y mundial, destinadas a supervisar y detener las violaciones de derechos humanos, mirarían hacia otro lado. Lxs multimillonarixs utilizarían sus fundaciones filantrópicas para financiar agencias que producen “informes de investigación” y “revistas científicas” para justificar esta visión corporativa de nuestros sistemas alimentarios. Cada espacio de gobernanza global, donde los movimientos sociales y los miembros de la sociedad civil hicieron campaña para ganar un asiento en la mesa, dará paso a los conglomerados corporativos que entrarán en escena como “par tes interesadas”. Se hará todo lo posible para ridiculizar a aquellxs de nosotrxs que defendemos la Soberanía Alimentaria como no científicxs, primitivxs, poco prácticxs e idealistas. Todo esto sucederá, como sucedió en las últimas dos décadas.

Nada de esto es nuevo para nosotrxs. Lxs condenadxs a las periferias de nuestras sociedades por un sistema capitalista cruel y devorador no tenemos más remedio que luchar. Debemos resistir y demostrar que existimos. No se trata solo de nuestra supervivencia, sino también de las generaciones futuras y de una forma de vida transmitida de generación en generación. Es por el futuro de nuestra humanidad que defendemos nuestra soberanía alimentaria.

Esto solo es posible si insistimos en que cualquier propuesta de política local, nacional o global en materia de alimentación y agricultura debe basarse en los principios de soberanía alimentaria, como la definen los movimientos sociales. Lxs jóvenes campesinxs y trabajadorxs del movimiento mundial deben liderar esta lucha. Debemos recordarnos a nosotrxs mismxs que la única manera de hacer oír nuestra voz es uniéndonos y construyendo nuevas alianzas dentro y fuera de cada frontera. Los movimientos sociales rurales y urbanos, los sindicatos y lxs agentes de la sociedad civil, los gobiernos progresistas, lxs académicxs, lxs científicxs y lxs entusiastas de la tecnología deben unirse para defender esta visión de nuestro futuro. Las mujeres campesinas y diversidades deben encontrar un espacio equitativo en la dirección de nuestro movimiento en todos los niveles. Debemos sembrar las semillas de la solidaridad en nuestras comunidades y abordar todas las formas de discriminación que mantienen divididas a las sociedades rurales.

La Soberanía Alimentaria ofrece un manifiesto para el futuro, una visión feminista que abraza la diversidad. Es una idea que une a la humanidad y nos pone al servicio de la Madre Tierra que nos alimenta y nutre.

¡En su defensa, estamos unidxs!
¡Globalicemos la lucha, glogalicemos la esperanza!

#NoHayFuturoSinSoberaníaAlimentaria

La Vía Campesina
10 de Octubre de 2021

Festival del Maíz 2021

Les compartimos la invitación al Festival del Maíz en el marco del Día Nacional del Maíz. Acompáñanos este domingo 26 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en la Plazuela de Guadalupe en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Habrán diversas actividades como: Exposición gastronómica, venta de productos locales, conversatorios, música en vivo y una ceremonia tradicional.

Lanzamiento de la campaña #YoPrefieroAguaYSalud

Boletín Prensa de la conferencia para presentar la campaña #YoPrefieroAguaYSalud – 20 de septiembre del 2021 >>Descargar boletín en pdf<<

México es el lugar donde más bebidas azucaradas se consumen en todo el mundo, el promedio mundial de consumo de refresco diario es de 25 litros, mientras que en México es de 150 litros. Chiapas es el mayor consumidor bebidas embotelladas y azucaradas en todo el país, se beben en promedio 821 litros por persona.

El alto consumo de bebidas azucaradas impacta a la salud provocando ataques cardiacos, accidentes cerebrovasculares, cáncer, demencia, diabetes, desnutrición, entre otras. Durante los primeros meses de la pandemia por la covid-19 en el año 2020 se despertó aún más la preocupación ya que la mayoría de los más de 50.000 fallecidos tenía diabetes, hipertensión u obesidad (o varias de ellas). Según la Secretaria de Salud el 43.90% de las personas fallecidas padecían hipertensión, el 37.94% diabetes y el 24.55% obesidad, estas cormobilidades desarrolladas por  malos hábitos alimenticios entre ellos el excesivo consumo de bebidas azucaradas.

Desde hace tiempo, organizaciones civiles y colectivos hemos visto con mucha preocupación el consumo excesivo de bebidas azucaradas entre la población desde edades muy tempranas, sobre todo en Chiapas. En diferentes espacios hemos reflexionando sobre los impactos negativos de esta práctica, no sólo en la salud de nuestro cuerpo, también en la economía, en las culturas de los pueblos, en el medio ambiente, y, particularmente en el agua de nuestros territorios.

Es sabido que la planta de Coca Cola FEMSA en San Cristóbal de Las Casas extrae diariamente 1.3 millones de litros de agua, mientras colonias aledañas señalan que no tiene agua potable por periodos prolongados.

A raíz de esta preocupación, sociedad civil, organizaciones y movimientos sociales nos hemos organizamos y articulado para impulsar la campaña #YoPrefieroAguaYSalud, que busca visibilizar los impactos de las bebidas azucaradas a nuestra salud, territorio y agua. Así ayudar a construir soluciones desde y para la ciudadanía.

Somos un colectivo conformado por personas, organizaciones y movimientos sociales, interesadas e interesados por el bienestar de las y los habitantes de San Cristóbal de Las Casas, nuestro objetivo es promover la disminución del consumo de bebidas azucaradas y embotelladas, y a alentar a la población en el cuidado de la salud de su cuerpo, así como la salud de nuestro territorio y de nuestra agua.

Algunos de los impactos negativos que podemos observar son:

Daño hídrico – Sobre explotación y acaparamiento. Según datos del Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Grupo FEMSA explota 21.9 hm³/año de agua para producir bebidas azucaradas como Coca Cola. Si sumamos los demás usuarios que forman parte de la familia Coca Cola (Embotelladora del Nayar, Servicios Refresqueros del Golfo y Bajío, Bebidas Refrescantes de Nogales, Propimex e Inmuebles del Golfo), el volumen concesionado es de 39.4 hm³/año, esto es, 39 millones 400 mil m3.

En el acuífero de San Cristóbal tiene dos concesiones que le permiten extraer medio millón de metros cúbicos, el equivalente a 500 millones de litros al año hasta el 2034.

Daño ambiental – Producción de basura. Los envases de estas bebidas los podemos encontrar por todos lados, de las 280 toneladas diarias de basura que se recogen en la ciudad, 19 toneladas son botellas plásticas de refrescos (tereftalato de polietileno PET), las cuales tardan entre 100 a 1000 años en degradarse.

Daño a la salud de nuestros cuerpos. Es bien sabido por estudios de diversos institutos de investigación importantes en el mundo, que estas bebidas generan enfermedades como sobrepeso, obesidad, diabetes, cálculos renales, asma, descalcificación, anemia, depresión, mala digestión, caries y hasta Alzheimer,  debido a las grandes cantidades de azúcar y químicos que contienen. 

México se encuentra en sexto lugar a nivel mundial en número de personas con diabetes y el segundo en obesidad. Chiapas ocupa el primer lugar a nivel nacional en muertes por complicaciones de diabetes.

De acuerdo al reporte del segundo trimestre 2021 del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de Diabetes Mellitus tipo 2 de la Secretaría de Salud a nivel nacional se registraron 9 636 casos y en el estado de Chiapas 603 casos con esta enfermedad.

Daño económico. En este aspecto, podemos mencionar la desproporción de lo que aporta económicamente esta industria a México y a Chiapas, si se compara con lo que le cuesta al Estado (gasto público) para atender a enfermos de diabetes.

La atención médica de un diabético cuesta alrededor de $24,000 y $90,000 pesos al año. (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición).

El IMSS asegura que de no seguir un plan de prevención, para el año 2050 la institución necesitará $340,000 millones de pesos de presupuesto para atender dicha problemática.

Ahora, el cuestionamiento es ¿cuánto pagan las empresas refresqueras por derechos de agua y de impuestos a la Nación y particularmente en San Cristóbal? Según datos de la empresa FEMSA en una de sus páginas de internet, en México tienen un mercado que llega a más de 75 millones de personas, casi el 60% de la población mexicana consume esta bebida, obteniendo en 2019 una ganancia neta por ventas de $504,059 millones de pesos. Sus ganancias netas son millonarias, para nosotr@s deja enfermedad, despojo de agua, montones de basura, nuevos patrones culturales y prácticas de consumo dependientes y adictivas.

Por todo lo anterior, la campaña #YoPrefieroAguaYSalud busca visibilizar los impactos de las bebidas azucaradas a nuestra salud, economía, cultura, ambiente y agua; con esto ayudar a construir soluciones desde y para la ciudadanía.

#YoPrefieroAguaYSalud #ChiapasTomaloTuAgua #NoAlAzúcarSiALaVida

Firman:

CEPAZ

Colectivo Alternativas

Otros Mundos A.C.

>>Descargar boletín en pdf<<

Más información:

Conversatorio: Autonomía energética y alternativas desde los pueblos

En el marco de la Movida Global por los Ríos Y los Pueblos les invitamos a este conversatorio sobre la autogestión de la energía desde y para los pueblos que se llevara acabo este miércoles 22 de septiembre a las 10 hrs México por facebook live de Periódico Surcos

Más información:

Invitación a la presentación de la campaña #YoPrefieroAguaYSalud

INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA #YoPrefieroAguaYSalud

Kiosco del Parque Central

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

Lunes 20 de Septiembre 2021, 11 am.

RUEDA DE PRENSA

A LA PRENSA LOCAL Y ESTATAL

La sociedad civil organizada, colectivos y organizaciones preocupadas por la salud pública de nuestro municipio convoca a comunicadores y medios de comunicación para acompañarnos a la rueda de prensa programada el día lunes 20 de septiembre a las 11:00 am en el Kiosco del Parque Central de San Cristóbal de Las Casas, para presentar e iniciar la campaña #YoPrefieroAguaYSalud.

Así como dar conocer las acciones que en próximas fechas estaremos realizando para el cuidado de la salud y de nuestros derechos que como población nos corresponde. Esperando contar con su valiosa participación y agradeciendo de antemano, suscriben: CEPAZ DH, Colectivo Alternativas, Otros Mundos A.C., y sociedad civil.

>>Descargar invitación en pdf<<

Declaración por los Derechos de los Ríos y los Pueblos

Comunicado esta declaración de varios movimientos, colectivos y organizaciones por la defensa los ríos y los pueblos en el marco del Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica – Septiembre 2021

“Despertemos humanidad, ya no hay tiempo…” Berta Cáceres

La Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA) realiza el Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica del 7 al 24 de septiembre de 2021 en Costa Rica. Gobiernos y empresas del mundo buscan fortalecer inversiones nacionales y transnacionales argumentando que la hidroelectricidad es energía “verde”, “sustentable”, “limpia” y “socialmente responsable”, cuando en realidad los ríos represados mueren y los pueblos sufren sus impactos destructivos.

Las hidroeléctricas provocan deforestación, alteración irreparable de los ecosistemas de los ríos, muerte de la fauna incluidos los peces que son alimento para los pueblos, pérdida de biodiversidad, manglares y acuíferos; explotación indiscriminada, mercantilización y privatización del agua. A esto se suma el desplazamiento forzado y violento de muchos pueblos del mundo que han quedado sin agua para tomar, pescar, cultivar y con sus culturas y tejido social destruidos. Muchas de las víctimas son pueblos indígenas originarios, cuyos ríos y territorios son un botín para las corporaciones. Además, las represas provocan persecución, intimidación y asesinatos, como el de nuestra compañera Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016 en Honduras. La represas también desatan una galopante corrupción y tráfico de influencias, que en muchos casos terminan en conflictos internacionales.

La tecnología de las represas no favorece a la naturaleza ni genera bienestar humano. Su aporte al calentamiento global es innegable. Se basan en un modelo extractivo y de explotación ilimitada de los ecosistemas que acentúa las sequías y las inundaciones, poniendo a millones de personas en riesgo permanente. No hay evidencia científica de la supuesta condición “sostenible” de las represas.

Ante las hidroeléctricas y el congreso de la IHA, desde los pueblos llamamos a una urgente transición energética justa y respetuosa, que revise las condiciones e impactos de cada una de las tecnologías, y tenga como prioridad el respeto de los derechos de la gente y los ríos. Ninguna fuente energética será sustentable mientras se destruya la Madre Tierra, se privaticen los bienes comunes y se concentre la riqueza despojando a los pueblos, acaparando gigantescos territorios y violentando los derechos de la naturaleza, y en especial los derechos de los ríos.

REDLAR/Red Latinoamericana de Afectadas/os por las Represas y en Defensa de los Ríos sus comunidades y el Agua, invita a los pueblos, movimientos y organizaciones sociales defensoras de la vida a SUMARSE A LA “MOVIDA GLOBAL POR LOS RÍOS Y LOS PUEBLOS”.

¡Ríos Libres para la VIDA!

REDLAR/Red Latinoamericana de Afectadas/os por las Represas y en Defensa de los Ríos sus comunidades y el Agua
FECON/Federación Ecologista Costarricense
Otros Mundos-Chiapas
PROAL/Asociación Proyectos alternativos
COECO-CEIBA/Amigos de la Tierra Costa Rica
Ríos Libres-Costa Rica
Ríos libres Turrialba-Costa Rica
Mesa provincial Misiones-Argentina
Grupo ecologista Cuña Pirú

Más información:

Invitación a los y las defensoras de los ríos del planeta a la Movida Global Por los Ríos y Pueblos

Compartimos esta invitación de la Red Latinoamericana contra Represas y por los Ríos, sus Comunidades y el Agua REDLAR – Agosto de 2021

Los ríos que fluyen libremente crean vida
Los ríos represados mueren, junto con los pueblos que conviven con ellos

La narrativa común de la industria hidroeléctrica es que las hidroeléctricas sólo aportan bienestar y
progreso. Pero para las comunidades que dependen de los ríos para obtener alimentos, ingresos,
agua potable, recreación y valores culturales, esta promesa es falsa. En cambio, soportan la
destrucción de ecosistemas y pueden verse obligados a trasladarse. Muchas inversiones nacionales
y transnacionales para construir represas hidroeléctricas implican corrupción y son un medio de
apropiarse de la riqueza a expensas de las comunidades afectadas. Las represas hidroeléctricas
pueden desencadenar intensas disputas internacionales, por ejemplo, la disputa entre Egipto, Sudán
y la vecina Etiopía, propietaria de la “Gran Represa del Renacimiento” que amenaza con interrumpir
el flujo del río Nilo y afectar a millones de vidas. Lamentablemente, la influencia de la industria
hidroeléctrica también está vinculada a amenazas, ataques e incluso asesinatos, como el de Berta
Cáceres, el 2 de marzo de 2016.

Debido a que las represas hidroeléctricas requieren una gran cantidad de asociaciones comerciales,
los gobiernos y las empresas las promueven como energía “limpia”, “verde” y “sostenible” en un
esfuerzo por asegurar su financiamiento y aprobación. Las empresas niegan rutinariamente su
impacto destructivo a través de estudios ambientales inadecuados, y su aprobación es facilitada por
una burocracia técnica que a menudo colabora y cede a estos intereses.

Para fortalecer la imagen de esta industria, la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica
(IHA) ha organizado el Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica, del 7 al 24 de septiembre
de 2021 en Costa Rica, país que es exhibido como ejemplo exitoso de energía “limpia y sostenible”,
idea que se repite en su proyecto de Declaración de San José1.

En respuesta al Congreso de la IHA, organizaciones en Costa Rica en coordinación con movimientos
socioambientales y ecologistas de todos los continentes llevaremos a cabo el Movimiento Global con
el objetivo de crear un espacio alternativo de discusión y movilización en defensa de los ríos y los
pueblos del planeta, que hemos llamado “MOVIDA GLOBAL POR LOS RÍOS Y LOS PUEBLOS”.

Propuestas de acción:

nuestro Movimiento Global incluye las siguientes acciones antes y después del Congreso de la IHA, destinadas a fortalecer nuestras capacidades colectivas para proteger ríos y comunidades:

  • Les pedimos que cada país genere un “Pronunciamiento nacional” ante las hidroeléctricas. Pueden ser escritos de movimientos sociales si por razones operativas no fuera posible unificar. Esos pronunciamientos serán reunidos en un compendio que se compartirá con todo.as.
  • Queremos que expongan su experiencia ante las hidroeléctricas en FOROS VIRTUALES INTER-PAÍSES, para lo cual les pedimos que nos comuniquen quiénes desean participar y sobre qué temas.
  • También pueden pronunciarse en audios y videos (Indicaciones técnicas más abajo).

En sus pronunciamientos y otros textos, audios y videos, les invitamos a que expongan sus criterios
y visión sobre aspectos como:

  • inversión pública y privada, nacional e internacional y corrupción,
  • impactos ecológicos de la energía hidroeléctrica y destrucción de ecosistemas,
  • y la “farsa de las energías limpias y sostenibles” y los “estudios de impacto ambiental”,
  • las emisiones de carbono de las represas hidroeléctricas y el agravamiento del cambio climático,
  • tácticas de intimidación, incluidas amenazas, criminalización, desplazamiento y asesinatos,
  • hostigamiento e invasión de territorios indígenas,
  • integración de las mujeres en la defensa de los ríos y los territorios,
  • problemas de eficiencia y escala de hidroeléctricas existentes,
  • pérdida del control nacional y social-comunitario de los recursos hídricos y energéticos.

Con base en la “Declaración Ríos Saludables para una Recuperación Justa y Verde”2, esperamos que ustedes opinen también sobre:

  • una moratoria global de nuevas hidroeléctricas,
  • aumento de la inversión en energías renovables y almacenamiento de energía,
  • nueva matriz energética y generación distribuida democráticamente, y
  • salvaguarda de áreas vulnerables y reconocimiento jurídico de derechos de los ríos3

Si bien el Congreso de HE es virtual, en Costa Rica realizaremos encuentros locales/comunitarios
y movilizaciones (atendiendo restricciones por el Covid19). Una más de nuestras tareas es
desmentir que Costa Rica es un “modelo” de “energía hidroeléctrica sostenible” 4.

Indicaciones técnicas para sus aportes:

  • Pronunciamientos nacionales y otros textos de no más de 750 palabras.
  • Audios y Videos de no más de 3 minutos (pueden ser varios) para podcasts y producción de radio que se publicarán en los medios de REDLAR, “El Chapuzón”/Costa Rica, y en todas las redes sociales y canales de los movimientos sociales en cada país.
  • Les pedimos que el envío mismo de sus aportes sea su autorización para usarlos en nuestros procesos de comunicación.
  • Calidad del sonido: grabar en lugares sin ruido de lluvia, viento, carros, gente, otros.
  • Calidad del video: es preferible con luz natural y evitar ambientes oscuros y cuidar sonido igual que con audios. Colocar el teléfono el posición horizontal a 1 metro de quien habla.

Enviar sus textos, videos y audios en simultáneo a:

Raquel Bolaños, tel/whatsapp 00 506 89730660
Silvia Sandoval, tel/whatsapp 00 52 1 55 36095210

Y a los correos:
raquelbd@gmail.com
comunicacion@red-lar.org
y Mariana Porras Rozas: mariana@coecoceiba.org

Les pedimos ENVIAR SUS APORTES DESDE YA para realizar la producción audiovisual y preparar la DECLARACIÓN CONJUNTA POR LOS RÍOS Y LOS PUEBLOS. Ojalá antes 21 DE AGOSTO 2021. Igual, seguiremos recibiendo aportes como parte de la “MOVIDA”.

Muchas gracias.
FECON-Equipo Cota Rica, REDLAR, Otros Mundos-México e International Rivers.

Imagen: REDLAR

Más información:

La lucha en Yucatán por frenar la devastación por industria porcícola

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la defensa de la salud y el agua en la península de Yucatán ante la gran expansión y contaminación de las granjas de puerco – A 20 de agosto del 2021

Por Aldo Santiago

La Esperanza de Sitilpech, freno a devastación por industria porcícola

En las tierras de la península de Yucatán, donde se encuentra la mayor reserva de agua subterránea del país, comunidades indígenas mayas libran múltiples batallas contra la instalación, operación y expansión de mega granjas de cerdos, las cuales proliferan con anuencia de las autoridades pese a las afectaciones al ambiente y la salud de los pobladores de la región.

Es el caso de las comunidades de Homún, Celestún y Chapab, por mencionar solo algunas, las cuales, mediante distintas estrategias, tanto legales como de movilización social, han recogido el reclamo de la población local que exige un alto a la expansión de la industria porcícola en el sureste mexicano.

En este contexto, la comunidad de Sitilpech, ubicada en el municipio de Izamal, se ha unido al esfuerzo de l@s habitantes locales para demandar el cierre de operaciones de mega granjas instaladas sin la aprobación de las poblaciones locales.

“Yucatán ha sido invadido por esas granjas, ya se volvió un problema ambiental grandísimo”, asevera Ricardo, integrante del colectivo La Esperanza de Sitilpech, quien en entrevista con este reportaje asevera que es debido a las graves afectaciones al medioambiente y a la salud de l@s habitantes lo que les motivó a unirse al reclamo de otros pueblos de la región para poner un alto a dicha industria.

Según datos del informe La carne que está consumiendo al Planeta, ¿Qué hay detrás de la industria porcícola en la Península de Yucatán?, en los tres estados que componen la región operan un aproximado de 257 granjas porcícolas. De ellas, 222 se encuentran en Yucatán y solo 22 cuentan con un Manifiesto de Impacto Ambiental.

Ubicacion de las granjas porcícolas en la península de yucatán. Elaborado por Greenpeace

“Me siento indignada porque no respetaron los derechos de cada persona que vive acá en el pueblo. Están contaminando el agua, cosa que está muy mal porque el agua es lo esencial que debemos tener”, refiere Berenice, también integrante de La Esperanza de Sitilpech.

Dicha organización, con el acompañamiento del colectivo Kanan Derechos Humanos, presentó una demanda de amparo para revocar los permisos de operación de la mega granja Kancabchén II, propiedad de la empresa Kekén, la cual está ubicada a menos de un kilómetro de la comunidad de Sitilpech.  

De acuerdo al colectivo Kanan, dicha mega granja cría más de 40 mil cerdos y se encuentra actualmente en un proceso de ampliación de sus instalaciones, con lo cual también se prevé un incremento en la contaminación y abuso del agua por parte de dicha industria.

Para poner en perspectiva, el consumo de agua por dicha industria requiere enormes cantidades. Según datos de Aquae Fundación, para producir 1 kilogramo de carne de cerdo se utilizan cerca de 6 mil litros de agua. “Los cerdos se bañan con agua limpia. Mas de 5,000 litros para bañar los cerdos (…) y nosotros a veces acá no hay suficiente agua potable”, comenta Berenice, indignada por la situación de escasez de agua para l@s pobladores mientras se despilfarra en la industria porcícola.

“Resulta urgente recalcar que actualmente la granja está realizando una ampliación a sus instalaciones, buscando aumentar su capacidad de producción, lo cual hace sin contar con permisos ni una consulta a la comunidad que se vería afectada. Dicha ampliación aumenta los actuales factores que ya deterioran el medio ambiente, agua, tierra, territorio y autodeterminación de la comunidad maya de Sitilpech”, denunció el colectivo de derechos humanos mediante comunicado difundido en julio pasado.

Contaminación

En entrevista con integrantes de La Esperanza de Sitilpech, son reiteradas las acusaciones de contaminación producto de la operación de la industria porcícola. Incluso mencionan que a finales de abril pasado realizaron pruebas de laboratorio en pozos de agua ubicados cerca de cenotes, en donde se encontraron niveles elevados de coliformes fecales en el agua.          

“Las pruebas se hicieron en zonas aledañas a la granja. Las coliformes fecales son un tipo de bacterias que causan infecciones gastrointestinales (…)hay una norma mexicana que regula la cantidad de coliformes y minerales que se pueden encontrar en el agua. Y pues superaban la cantidad que establece la norma oficial mexicana”, refiere Janet Medina, abogada del colectivo Kanan.

Imagen de mega granja porcícola en Yucatán. Foto de Por Esto!

Acorde a la investigación El manejo del agua a través del tiempo en la península de Yucatán, con datos del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a finales de 2013, en los estados de la península de Yucatán se generaban 374 descargas pecuarias con un total de 9 millones de metros cúbicos anuales, de los cuales 77% correspondía a Yucatán, 17% a Campeche y 6% a Quintana Roo. En Yucatán, según los reportes obtenidos por el Consejo Nacional de Población desde 2010, la zona porcícola presentaba una contaminación por desechos pecuarios seis veces mayor que la originada por la población humana asentada en ese lugar.

“Nosotros en realidad nos ha afectado bastante, sobre todo la parte ganadera, la parte apicultura, hay gente que está pegado al terreno de esta gente, de esa granja, que prácticamente que todo lo que sueltan, el agua podrida lo va contaminando el agua para los ganados, para las abejas”, denuncia César, otro de los pobladores organizados.

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L@s habitantes de Sitilpech refieren que es una practica común el extraer agua del subsuelo para cubrir todas sus necesidades. “Si la granja está tirando todo el excremento, la orina y el agua al subsuelo, en cuestiones de día ya está en el manto freático que es puro cenotes (…) Todo Yucatán se conecta con puros cenotes del subsuelo y si no defendemos el agua, nosotros adultos, a los niños, ¿qué explicación les daremos del futuro de ellos?”, reclama Óscar.

La preocupación de l@s habitantes de Sitilpech también se debe a la falta de acceso a servicios de salud, pues denuncian que solo existe una instalación, la cual no cuenta ni con medicamentos ni médicos. “Hay un incremento de moscos, porque el agua se almacena en el subsuelo y en la tierra y se están criando los moscos, es un criadero de moscos. Últimamente han padecido enfermedades algunos niños, de lo que transmite el mosco: la chikungunya, el dengue. Cuando nos da aquí un dengue, tenemos que pagar de nuestra bolsa los medicamentos y el doctor. Y esta empresa, tranquila, haciendo dinero a costillas del pueblo, dañando al pueblo. Pues no, esa es la indignación del pueblo, está molesto por eso”, reclama Roberto.

Demandas y corrupción

La demanda principal de La Esperanza de Sitilpech es por el reconocimiento y respeto de su libre determinación. Como lo explica Óscar, “el pueblo quiere que definitivamente cierren y adiós. Para que nos dejen vivir en paz. Porque nosotros tenemos derechos a un suelo limpio, al aire limpio en nuestra comunidad, al agua. Son nuestros derechos como pueblo indígena y fueron pisoteados, fueron no consultados, una falta de respeto”.

Habitantes de Sitilpech difunden información sobre la demanda de amparo contra la mega granja porcícola. Foto de Por Esto!

En ese contexto, el pasado 6 de julio, el Juzgado Primero de Distrito con sede en Mérida, Yucatán, admitió la demanda de amparo presentada por l@s habitantes de Sitilpech. Dicha demanda está dirigida contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), el Organismo de Cuenca de la Península de Yucatán y el Ayuntamiento de Izamal por el incumplimiento de sus obligaciones de fiscalizar, inspeccionar, vigilar y sancionar a la granja porcícola denominada Kancabchen II.

“Jóvenes, personas adultas mayores y 60 niños y niñas firmaron la demanda, todas con la preocupación por cómo se afecta la comunidad y por el futuro que nos depara si sigue operando y más aún si se incrementa en el doble o triple el número de cerdos criados”, contextualiza un comunicado del colectivo Kanan difundido el pasado 10 de agosto.

De acuerdo a la abogada Medina, “esta granja se instauró dentro del territorio de una comunidad principalmente maya hablante y pues se activa en ese instante la obligación de que sean consultadas, que se les pregunte, se les informe a las personas qué actividad se va a realizar. Esto no se realizo así. Es una omisión grave porque se incumple con la Constitución y con un tratado internacional, firmado y ratificado por México”, menciona en referencia al Convenio 169 de la OIT.                   

Pese a la puesta en marcha de la estrategia legal, el colectivo Kanan señala que los esfuerzos de la población local se ven amenazados por las autoridades judiciales. “Al ver la movilización legal del pueblo maya de Sitilpech, la granja porcícola Kancabchén Il ha presentado una queja para bloquear la admisión de nuestra demanda, cargada de argumentos evasivos, confusos y tergiversados que lo único que buscan es que no se lleven a cabo las investigaciones pertinentes, que no se conceda protección legal al derecho al medio ambiente y que no se sancione el actuar irregular de la empresa porcícola por contaminar y sobre todo por no haber consultado al pueblo”, enfatiza mediante comunicado difundido en agosto.

Acorde al colectivo Kanan, el recurso de queja interpuesto por la mega granja porcícola es parte de una estrategia comúnmente utilizada por dicha industria contra la defensa de los derechos de comunidades indígenas. Y para ejemplificarlo enuncian el caso del pueblo maya de Chapab.

En dicha localidad maya también se presentó una demanda de amparo promovida por sus habitantes a través del colectivo Kanan Luum Chapab. Pese a que, derivado de la demanda se había concedido la suspensión definitiva de la granja por las irregularidades identificadas, la granja también promovió una queja contra el recurso legal que detuvo su clausura.

“Dicha queja fue analizada por el Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa, teniendo como magistrado ponente a Jorge Enrique Eden Wynter García, resolviendo de manera absurda y contraria a los derechos de los pueblos indígenas, olvidando los criterios más recientes y protectores de los derechos humanos y sin importar que el medio ambiente de niños y niñas sea lo que está en riesgo, situación que hace sospechar que pueda tener intereses ocultos”, denuncia el colectivo Kanan.

Para la abogada Medina, la granja está intentando hacer parecer que no tiene la obligación de consultar a la población indígena. “Pero lo cierto es que ya hay pronunciamientos en ese sentido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde establecen esta obligatoriedad de consultar a los pueblos indígenas. Entonces, no es opcional, sino obligatorio y si no hay una consulta no queda mas que declarar la inconstitucionalidad de los permisos que otorgaron las diversas autoridades a esta granja”.

“Seguiremos pendiente de lo que resolverá el (Tribunal) colegiado torno al recurso de queja porque nos preocupa mucho que termine resolviendo como hizo en Chapab, olvidando los criterios mas recientes sobre protección al medio ambiente y derechos de los pueblos indígenas. No encontramos sentido en lo que hizo el colegial y nos preocupa que se pueda repetir lo mismo”, enfatiza la abogada.

Por su parte, en Sitilpech, l@s habitantes reconocen que la empresa ha querido acercarse a dialogar. “Pero nosotros como pueblo no queremos nada de diálogo, lo que queremos es que se vayan. Estamos tocando intereses de empresas grandísimas, pero nosotros no vamos a echarnos para atrás, hasta conseguir el objetivo de que se vayan vamos a dejar de luchar. No importa cuánto dinero tengan”, reclaman l@s integrantes de La Esperanza de Sitilpech.

Mantener la lucha

Habitantes de Sitilpech se manifiestan contra la empresa Keken y la mega granja de cerdos contigua a su comunidad. Foto de Kanan Derechos Humanos

La organización en Sitilpech también ha realizado paros, marchas, protestas y bloqueos en su afán de llamar la atención de la población de los alrededores para unirse al reclamo de clausurar la mega granja, pues reconocen la corrupción de las autoridades y su desinterés en actuar conforme a la ley.

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“A la empresa grande de Kekén. Tengo una pregunta muy importante, ¿Por qué no pusieron sus granjas, o sus empresas o sus negocios, donde ellos viven? ¿Por qué tuvieron que venir invadir nuestro pueblo, nuestra tierra, nuestra agua, aire, por qué tuvieron que venir acá? Invadir, contaminar, pasar por encima de los derechos de las personas”, reclama Berenice.

Y unánimemente, el reclamo de l@s integrantes del colectivo es que la granja no siga funcionando: “Que se vayan, es lo único que queremos, es lo que la gente quiere”.

Con información de Vanessa García Navarro

*Los nombres de l@s entrevistad@s fueron cambiados por motivos de seguridad

Imagen: En portada: Habitantes de Sitilpech se manifiestan contra la empresa Keken y la mega granja de cerdos contigua a su comunidad. Foto de Kanan Derechos Humanos

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En México, pueblos indígenas sin reconocimiento al derecho al agua

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el acceso al agua en México y la sobre explotación de este vital liquido por grandes industrias – A 10 de agosto del 2021

La Subdirectora General de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Elena Burns Stuck, reconoció en un foro realizado en el Senado de la República que el sistema de gestión de agua en México no funciona porque fue diseñado para no funcionar. “Fue diseñado para crear mercados del agua y no para cumplir con el derecho humano al agua”, dice.

Stuck admitió que “si una comunidad indígena o rural quiere la seguridad jurídica sobre su agua, no hay; y no tenemos la manera en este momento de poder reconocer su derecho humano al agua”.

No se puede garantizar el derecho al agua porque hay un sistema de concesiones que privilegia a los que tienen recursos para comprarlas. “El sistema de concesiones se impuso en México como condición para la firma del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN). Exigió a México tratar todas las tomas de agua bajo la figura de la concesión, además que la concesión fuera objeto de operaciones de compra y venta sin restricción”, explicó la funcionaria.

Tanto es así que fue creada “en la subdirección general una gerencia que se llama Bancos del Agua, que estuvo a cargo de determinar el precio adecuado de compra y venta de concesiones en regiones de estrés hídrico”.

El número de concesiones para la explotación de agua se incrementó considerablemente a partir del TLCAN. Desde la Constitución de 1917 y hasta la aprobación de la Ley de Aguas Nacionales, en 1992, solo se habían otorgado 2 mil concesiones. Pero a partir de 1992, hasta la fecha se han otorgado más de 518 mil concesiones. Y todavía hay un rezago de 174 mil. “En muchos países, como en los Estados Unidos, el sistema de reconocimiento de derechos tiene un trasfondo que integra agua con territorio, con cultura, con distintas formas de gobierno indígenas, locales. No simplemente con operaciones de compra y venta”, dijo Burns.

La Ley de Aguas Nacionales permitió el otorgamiento de concesiones en orden de solicitud. “Corrió la voz entre ciertas capas de la sociedad, muy en particular figuras fuertes dentro del partido en el poder en aquel entonces, y tenemos operadores regionales que apartaron sus concesiones, sus millones de metros cúbicos de agua al año, con la intensión de vender derechos al agua en cuanto subiera los precios”, explicó.

Además, las concesiones fueron otorgadas sin importar la disponibilidad de agua. De acuerdo con la Subdirectora General, se otorgaron 270 mil concesiones antes de que Conagua emitiera los dictámenes de disposición de agua.

Concesiones, por mayoreo

En 2020, la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida entregó 200 mil firmas al congreso mexicano paar exigir una nueva Ley de Aguas. Hasta la fecha no se ha creado la nueva legislación.

La Ley de Aguas Nacionales exige que Conagua realice todo el trámite de concesión dentro de 60 días a cualquier particular que haga la solicitud. “Y eso ha sido imposible, por varios motivos, falta de personal, de presupuesto.  Entonces en todo el país ha emergido toda una industria de abogados que obtienen concesiones para sus clientes reclamando a Conagua por no haber cumplido el plazo de 60 días”, sostuvo la funcionaria de ese organismo.

A los tribunales no les importa si hay veda, si hay daños a terceros, si no hay disponibilidad de agua, dijo. “En estos momentos Conagua está otorgando concesiones por mayoreo. Se está otorgando concesiones en acuíferos y cuencas sobreexplotados bajo ordenes de tribunales que nos dan entre 24 y 72 horas para otorgar concesión, con sanciones que van desde multas que se quita de los salarios de los funcionarios, inhabilitación y prisión”.

Mientras las concesiones son acaparadas por los que tienen recursos para hacerlo, los organismos operadores en grandes ciudades abastecen a quien paga más. “En grandes y crecientes zonas populares se vive la experiencia del tandeo, de la pipa y casos extremos en el cual la gente tiene que comprar agua de garrafón para suplir necesidades mínimas de agua”, sostuvo Burns.

La Subdirectora General fue al Senado a exponer la realidad del sistema de gestión de agua en el país y, delante de un auditorio con la presencia de algunos pocos senadores, pidió cambios en la legislación del agua en México. Uno de ellos es la aprobación de una nueva ley de aguas que lleve en consideración el derecho humano al agua y el derecho indígena.

Imagen: En portada: Pueblos de la región Izta Popo, en Puebla, enjuiciaron a la empresa Bonafont por el abuso en la sobreexplotación de sus fuentes de agua. Foto de Jana X

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Energía renovable en América Latina, abusos y violencia en aumento

Compartimos esta nota publicada en Avispa Midia sobre el modelo energético en América Latina y la transición energética – A 10 de agosto del 2021

Los abusos a derechos humanos por parte de las empresas de energía renovable que operan en América Latina están en aumento. Tan solo en dicha región ocurren el 61 por ciento de las denuncias de abusos a nivel global y el número va en aumento.

Este análisis se desprende de la investigación (In)justicia energética en América Latina, mediante la cual se documentó 501 casos de abusos corporativo. En total, se recopilaron mas de 2,300 denuncias de presuntos abusos contra los derechos humanos perpetrados por 156 empresas de energía renovable y bancos privados y estatales operando en 17 países en América Latina.

Las denuncias fueron registradas entre 2010 y septiembre del 2020 por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

Categorías de abusos derivadas de las denuncias. Elaboración del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos

Los abusos al derecho a la tierra y el territorio son los tipos más comunes de violencia. Le siguen los ataques contra personas defensoras, violaciones a derechos indígenas, al derecho a un medio ambiente sano y sobre todo al consentimiento previo, libre e informado de las comunidades.

“Nuestra investigación reveló que el desarrollo de las energías renovables está, en demasiados casos, reproduciendo la violencia y los daños sociales y medioambientales que han caracterizado al sector de los combustibles fósiles”, mencionó Karen Hudlet, investigadora del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

Denuncias

El pueblo Munduruku en rechazo a la construcción de las hidroeléctricas en el río Teles Pires, en la Amazonia brasileña. Foto de Fernanda Morais.

El reporte se enfoca en los tres sectores de la energía renovable más populares en el continente americano: hidroeléctrico con el 63 por ciento de todas las empresas y bancos de energía renovable, eólico con 31 por ciento y solar con el restante 6 por ciento de las corporaciones y entes financieros. Seis de estas empresas y bancos operan con múltiples energías renovables, de forma que registraron abusos en diferentes geografías y mediante distintos proyectos.

De estos tres sectores, el hidroeléctrico y eólico tienen el mayor número de denuncias. El sector hidroeléctrico es responsable del 79 por ciento de las denuncias contra derechos humanos, mientras el sector eólico lo es del 15 por ciento de las denuncias y el sector solar del 4 por ciento.

México y Centroamérica tienen el número más alto de casos de alegaciones de abusos (343 o el 68%), en comparación de América del Sur, con 158 casos (32%). Al mismo tiempo, Honduras es el país con el mayor número de casos, seguido de México y Colombia.

En México cerca de uno de cada cinco de todos los abusos relacionados con el desarrollo de energías renovables tienen que ver con derechos territoriales. Por su parte, Centroamérica es la región con los mayores cargos de abusos individuales contra los derechos territoriales.

En tanto, en Sudamérica sereporta la mayor cantidad de denuncias de desplazamientos por el desarrollo de energía renovable, con la mayor proporción vinculada con el desarrollo hidroeléctrico, así como los mayores abusos contra el derecho a la alimentación.

Por si fuera poco, la región también está en la mira de las principales industrias mineras, cuyo interés en extraer minerales críticos para producir las tecnologías “limpias”, como turbinas eólicas, paneles solares y baterías de autores eléctricos, incrementan los abusos y violencia del sector minero en los países latinoamericanos.

Según datos del índice de Minerales de la Transición, como región, América Latina tiene el número más alto de denuncias de abusos, con 138 casos, siendo Perú el que más registra de los países del mundo, con 77.

Entre las denuncias registradas durante 2010 a 2020, los abusos contra los derechos humanos en toda América Latina crecieron en un 1, 050 por ciento, esto es, de ocho casos reportados en 2010 pasaron a 92 casos denunciados en 2020.

Imagen: En portada: Comunidades organizadas instalaron un campamento en 2016 para evitar la imposición de un parque solar en Choluteca, Honduras. Foto de Aldo Santiago

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