Compartimos este comunicado de CLIFODH y Otros Mundos – A 21 de noviembre del 2025
El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, el Tribunal Colegiado del Poder Judicial del Estado de Chiapas, ordenó la libertad inmediata de nuestro representado, el indígena tseltal Manuel Santiz Cruz, acusado de un delito que no cometió y por el que estuvo preso más de tres años. La decisión del organismo fue la respuesta al amparo 64/2025 que la Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos – Otros Mundos interpuso ante la serie de violaciones a los derechos humanos ocurridas a lo largo del proceso judicial contra Manuel Santiz Cruz y la consecuente sentencia condenatoria de 25 años, a todas luces injusta.
Entre las acciones contrarias a la justicia se encuentran:
Graves faltas al debido proceso.
Deficiente valoración de pruebas.
Inconsistencias e irregularidades diversas, como no contar con una adecuada interpretación en lengua tseltal, periciales incompletas y mal elaboradas, así como aleccionamiento de testimoniales, entre otras.
La no acreditación por parte de la Fiscalía del tiempo, la forma y el lugar de los hechos.
Manuel Santiz Cruz es miembro activo de la Parroquia de San Juan Evangelista en Cancuc, de donde es originario, así como un reconocido defensor de derechos humanos y de la tierra y el territorio en dicho municipio. Su detención, encarcelamiento y sentencia condenatoria fueron un duro golpe a la justicia y una afrenta más a la población indígena del estado de Chiapas. Con su liberación no sólo se revierte esta terrible injusticia; se demostró su inocencia y se reparó en parte el daño causado a nuestro defendido, a su familia y a su pueblo.
Esperamos que la acertada decisión del Tribunal Colegiado del Poder Judicial en el caso de Manuel Santiz Cruz siente un precedente que sirva para que muchas otras personas injustamente presas alcancen la libertad que merecen.
Presentamos esta serie de infografías y reels que visibilizan el impacto de las empresas transnacionales más contaminantes en México. Estas corporaciones transnacionales son responsables de graves impactos socioambientales, bajo el discurso del desarrollo y el progreso, han devastado ecosistemas, vulnerado derechos humanos y profundizado las crisis socioambientales.
Nuestro objetivo es evidenciar cómo operan estos actores criminales, mostrar las luchas de las comunidades afectadas y denunciar la impunidad con la que continúan destruyendo territorios y vidas. Con esta información buscamos visibilizar sus responsabilidades y aportar a las luchas por la justicia ambiental en el país.
El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en este programa estaremos platicando con integrantes de la Colectiva Madres en Resistencia Chiapas
Acompáñanos este miércoles 8 de octubre a las 7:00 pm por facebook livey nuestro canal de Youtube.
Más de 50 organizaciones por la justicia comercial, sindicatos y movimientos sociales lanzan campaña contra los acuerdos comerciales tóxicos entre la UE y América Latina.
Hoy, más de 50 organizaciones y movimientos sociales de 17 países de América Latina y la Unión Europea se unen para lanzar una campaña que exige detener los tratados de libre comercio (TLC) entre ambas regiones. La campaña busca visibilizar la destrucción ambiental, la injusticia social, los riesgos para la salud y el aumento de las desigualdades que perpetúan estos acuerdos, y enviar un mensaje claro a quienes toman decisiones: ¡No más TLC! ¡Alto al Comercio Tóxico!
El lanzamiento responde directamente al reciente anuncio de la Comisión Europea de avanzar en la finalización de dos grandes acuerdos comerciales: el acuerdo ampliado UE-México y el acuerdo UE-Mercosur.
Este año marca el 25º aniversario del primer acuerdo comercial entre la UE y América Latina (con México). Las organizaciones que apoyan esta campaña denuncian que, después de más de dos décadas, las promesas de prosperidad y desarrollo mutuo no se han materializado. En cambio, estos acuerdos han profundizado las asimetrías entre Europa y América Latina. Han impulsado modelos económicos insostenibles basados en el extractivismo, la degradación ambiental y la prioridad de las ganancias empresariales por encima de los derechos humanos, la biodiversidad y los medios de vida locales. Ya basta.
La campaña se desarrollará en al menos 17 países y en 6 idiomas a través de múltiples plataformas digitales, con el objetivo de mostrar lo que estos acuerdos han significado para el sector agrícola, la industria, las condiciones laborales, el medio ambiente, la salud y el acceso a los servicios básicos. Resaltará las experiencias vividas y las investigaciones de comunidades directamente afectadas por estos tratados. Desde la deforestación en la Amazonía y la contaminación por operaciones mineras, hasta la pérdida de la agricultura a pequeña escala y la erosión de los derechos laborales: la campaña amplifica voces que durante mucho tiempo han sido ignoradas por los negociadores comerciales.
Los objetivos de la campaña son:
Sensibilizar sobre los impactos dañinos de los acuerdos comerciales existentes y propuestos entre la UE y América Latina en las personas, el medio ambiente y la democracia.
Movilizar a la ciudadanía de ambos continentes para oponerse a los acuerdos UE-Mercosur y UE-México.
Exigir la suspensión de la firma de nuevos TLC y reclamar una reconsideración del comercio internacional basada en la justicia, la sostenibilidad y la solidaridad.
Tras 25 años de promesas incumplidas y creciente control corporativo, nuestro mensaje es claro: Estos acuerdos son tóxicos. Son injustos. Son insostenibles. Desde ambos lados del Atlántico decimos: ¡Alto al Comercio Tóxico!
Les compartimos este capítulo del podcast La tierra que arde producido porRGC – Redes de Gestión Cultural donde abordan temas reflexionando en torno a la cultura, el medio ambiente y la emergencia climática en este episodio una entrevista con nuestro compañero Gustavo Castro
En este capítulo de La Tierra Arde, nos trasladamos a Chiapas, México, para conversar con Gustavo Castro Soto, reconocido activista ambiental y fundador de la organización Otros Mundos. Desde hace décadas, Gustavo ha trabajado en la defensa del territorio y de los pueblos indígenas frente a los megaproyectos extractivistas, revelando cómo la minería, las represas y los monocultivos están destruyendo no solo la biodiversidad, sino también los corredores culturales y modos de vida ancestrales.
A través de un relato conmovedor y profundo, Gustavo reflexiona sobre la resistencia comunitaria, la criminalización de los defensores ambientales y la necesidad de construir alternativas locales frente al extractivismo global. Además, comparte su experiencia cercana al asesinato de la líder indígena Berta Cáceres y cómo este suceso evidenció la complejidad de un sistema que combina corrupción, narcoestado y poder empresarial.
🎧 Escuchá el episodio completo en Spotify y miralo en YouTube.📢 Resistir, prevenir y crear alternativas: la lucha por un mundo donde otros modos de vida son posibles.
Un podcast para abordar los vínculos entre cultura, tecnología, democracia y emergencia ambiental. Entrevistas conversacionales a artistas, intelectuales y activistas de Latinoamérica y España. Un espacio para pensar desde la cultura los desafíos de la emergencia ambiental, las crisis de nuestras democracias y las transformaciones que las tecnologías traman en nuestras vidas.
El viaje de La tierra arde fue logrado gracias a María Iribarren, Ángel Mestres y Nicolás Sticotti.
Una coproducción de RGC y Transit Projectes, con apoyo de la Universidad Nacional de Avellaneda.
El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en este programa estaremos platicando las reflexiones sobre el Encuentro por la Soberanía de los Pueblos Agua, Tierra y Vida en Tamacapulín, Acasico y Palmarejo realizado del 12 al 14 de marzo de este año. Acompáñanos este miércoles 19 de marzo las 6:00 pm por facebook livey nuestro canal de Youtube.
Reflexiones sobre el Encuentro por la Soberanía de los Pueblos Agua, Tierra y Vida en Tamacapulín, Acasico y Palmarejo
We are looking for the right person to join the ActionAid International team as a Climate Justice Coordinator, starting as soon as possible! (Ideally mid September, or 1st Oct at the latest.)
You will work with the ActionAid federation to support and align country offices in our climate justice programme and policy work. You’ll facilitate shared learning, capacity building, research, and joint activities, helping to take the federation’s climate justice work to the next level.
You’re experienced in climate justice and Global South perspectives, and possibly even agroecology, disaster risk reduction and/or UNFCCC processes. You’ve worked within federations or networks, and collaborate with social movements. You’re great at building relationships, and are enthusiastic about finding ways for people to align and work together for greater impact. And you really get, and are passionate about, ActionAid’s climate justice values.
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Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el preocupante incremento de la violencia en Chiapas – A 14 de febrero 2024
Violencia y crimen es la realidad en poblaciones de 12 municipios de la región frontera y sierra de Chiapas, quienes viven atrapadas entre la disputa de distintos grupos armados por el control de territorios y rutas para la circulación de mercancías, servicios, personas y productos, legales e ilegales.
Así lo compartieron este martes (13) redes de organizaciones de derechos humanos, durante conferencia de prensa para la presentación del informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los Derechos Humanos”, el cual da cuenta del conflicto armado que se ha acentuado en los últimos dos años y medio en el sur de México, región limítrofe con Guatemala.
Sólo entre junio del 2021 y noviembre del 2023, se registró el desplazamiento de 7 mil 500 personas, provocado por enfrentamientos de grupos criminales, quienes con armamento de guerra, uso de explosivos y drones artillados, siembran el miedo y terror entre la población.
Desplazados de la región frontera y sierra de Chiapas
A este éxodo, se suma el desplazamiento forzado de otras 3 mil personas, ocurrido en las primeras semanas del 2024, con lo cual la cifra supera los 10,000 habitantes que abandonaron sus hogares para resguardar su vida.
En contraste, acusan organizaciones de derechos humanos, autoridades de los tres niveles de gobierno han sido omisas en atender a la población desplazada y se niegan a reconocer la crisis provocada por las estructuras criminales que operan en la región con alcance trasnacional.
El Ejército de Guatemala ha reforzado su presencia en la frontera con México.
Apenas el pasado 8 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró desconocer el número exacto de personas desplazadas en el sur de Chiapas y lo calificó como “no significativo”, minimizando la gravedad de la situación.
Pero más allá de las estadísticas, están las afectaciones en la vida comunitaria en los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista, donde en conjuntoalbergan una población de más de 400 mil habitantes.
Macrocriminalidad
Desapariciones, secuestros, extorsiones, abuso y explotación sexual; asesinatos y reclutamiento forzado; vigilancia, cooptación y represión, son algunas de las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional que afectan a la población local y a defensores de derechos humanos y del territorio en la región frontera de Chiapas.
Así lo registra el informe, elaborado por el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Guatemala – México (MTMG) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes” (Red TDT).
Acorde a Carlos Ogaz, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y del Grupo de Trabajo Región Frontera, el documento, construido con testimonios directos de la población civil, análisis de medios y fuentes secundarias, da cuenta de lo que sucede en lo que constituye una “zona silenciada” en medio de la “sumisión y aquiescencia de las autoridades de todos los niveles de gobierno” frente a la actuación de los grupos criminales.
“Las estructuras criminales se han apropiado del corazón de los pueblos y de su vida interna, de las asambleas ejidales y comunitarias, se toman barrios y se les obliga a alinearse”, detalla el informe sobre el control de instituciones sociales por parte de lo que denomina “macrocriminalidad”, una forma de gobernanza criminal donde los derechos humanos de todas las personas que habitan la región fronteriza-sierra son violentados de forma grave, sistemática y generalizada.
Además, señala que dicho control se consolida por la interacción de funcionarios del gobierno con la delincuencia organizada, “conformando estructuras criminales que intervienen y agravan las tensiones y el conflicto por el control territorial. Tal es el grado de inserción en las estructuras de gobierno que en algunas cabeceras municipales se ha reportado que todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio”, sostiene el documento.
Rastros de los enfrentamientos entre grupos armados por la disputa territorial de la frontera de Chiapas y Guatemala.
Es en este contexto que los grupos criminales cooptan organizaciones de diferentes ramos, tales como transportistas, comerciantes y autoridades ejidales, mediante lo cual obtienen la desmovilización de organizaciones sociales, campesinas y de otra índole al acaparar líderes mediante amenazas y presiones. “En todos estos procesos de cooptación se deciden cuestiones fundamentales como la introducción de la extracción minera contra la voluntad de las asambleas”, ejemplifica el documento en referencia a la minería ilegal de barita que, como documentó este medio, acontece en Chicomuselo desde mayo del 2023.
El documento asevera que, con estas estrategias, las estructuras criminales controlan todo el territorio donde las comunidades desarrollan su vida social: los caminos, espacios públicos e incluso mediante la ocupación física de las parcelas donde trabajan los campesinos de la región, limitando la siembra y, por tanto, su acceso a alimentos. “Se trata de un proceso de control territorial que vuelve a las personas ajenas a sus propias tierras”, denuncia.
Chiapas, geoestratégico para 4T y crimen trasnacional
Por su ubicación geográfica y recursos naturales estratégicos, Chiapas es un territorio clave para el control e impulso de economías legales e ilegales, refiere el análisis. El estado en el sureste mexicano también es relevante para la operación de tres de los megaproyectos de la autodenominada “cuarta transformación” impulsada por el gobierno federal: El tren maya, el corredor interoceánico y la refinería de Dos Bocas.
Mapa de megaproyectos, mineria y rutas de tráfico en Chiapas.
A su vez, todo el territorio chiapaneco forma parte de rutas que son utilizadas para la circulación de todo tipo de mercancías. Según el informe, desde 1998 la zona de la selva, en su frontera con Guatemala ha sido considerada por la administración de los EEUU como corredor clave de estupefacientes. También señala que el propio ejército mexicano identifica seis rutas de tráfico de drogas que conectan a Chiapas con el interior del país y con rumbo a los EEUU.
En medio del conflicto armado, otra actividad económica fortalecida por los grupos armados es la explotación de los cuerpos, en particular de personas en movilidad internacional. “Mujeres y adolescentes originarias principalmente de Centroamérica, pero también de otras zonas del país son víctimas de explotación sexual en cantinas, prostíbulos y en casas ocupadas por los grupos delincuenciales. A menudo se dan las desapariciones forzadas temporales de estas mujeres con estos fines de agresión y explotación sexual”, detalla el informe.
Las desapariciones también se mantienen a la alza y constituyen delitos con alta dificultad de seguimiento. “El fenómeno de la desaparición, por ejemplo, es muy difícil de documentar en la región fronteriza, precisamente también debido a la escasez de denuncias (…) tan sólo entre diciembre de 2018 y septiembre de 2023, en Chiapas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene a 812 personas registradas”, detalló Sandra Suaste, integrante de la RedTDT durante la presentación del informe en la Ciudad de México.
La escasez de denuncias, argumenta el informe, se debe a la falta de confianza en las autoridades y el miedo al que está sometida la población. Según los registros, del total en Chiapas, solo existen denuncias de 83 desapariciones en la región frontera-sierra.
“Sobresalen personas líderes de comunidades, comisariados ejidales y voceros de organizaciones, lo que revela que uno de los principales objetivos de la desaparición de personas es acallar las voces de procesos organizativos”, denuncia el informe.
Militarizacion, otro frente contra la población
Para entender la crisis actual, el informe también retoma el contexto de militarización que ha vivido el estado sureño a lo largo de tres décadas, a partir de las acciones de contrainsurgenia desplegadas por el ejército y paramilitares mediante el Plan de Campaña Chiapas 94 como respuesta al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Según el análisis, las distintas agrupaciones paramilitares, que perpetraron graves violaciones a derechos humanos en las regiones de Los Altos, Norte y Selva de Chiapas, nunca fueron judicializadas, desarticuladas ni desarmadas, razón por la cual han mantenido poder e influencia regional, “insertándose y consolidándose en los diferentes niveles de la política local y comunitaria. Como en los años noventa, estos actores configuran una diversidad de grupos armados que a menudo difícilmente se diferencian de la delincuencia organizada o los separa una línea muy delgada”, asevera el documento.
Ya en el año 2018, con el arribo de Obrador al poder, arranca un proceso de remilitarización el cual incluye a una nueva fuerza armada: la Guardia Nacional (GN), que junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina (SEMAR) suman más de 15,000 elementos castrenses operando en Chiapas.
Militares patrullan la región frontera entre Chiapas y Guatemala, sin que ello se traduzca en la reducción de la criminalidad y los enfrentamientos armados.
El estado alberga 71 campamentos militares. También contabiliza la construcción de 10 cuarteles de la GN en los municipios de Villaflores, Tonalá, Huehuetán, Tapachula, Chilón, Las Margaritas, Frontera Comalapa, Bochil, Palenque y San Cristóbal de Las Casas. Su presencia, justifica la administración federal, es para controlar los flujos migratorios y el narcotráfico. No obstante, “este despliegue no ha tenido un efecto consistente para frenar la escalada de la violencia”, argumenta el informe.
Minería, ilegal y bajo cobijo de autoridades
Durante el año 2023 se registraron dos picos de violencia en la región frontera-sierra. Uno de ellos se conoció como “la guerra de los cuatro días”, ocurrida en el mes de mayo con el enfrentamiento de grupos criminales en la comunidad de Nueva Independencia, impactando a comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa. En ese momento se contabilizó el desplazamiento forzado de 3,500 personas.
Para el mes de septiembre, se multiplicaron los eventos violentos en los municipios de Motozintla, Frontera Comalapa, La Grandeza y Siltepec. Más de 300 organizaciones denunciaron las tácticas de guerra de los grupos criminales. “La población civil fue tomada como rehén, utilizada como escudo, forzada a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos en disputa”, denunciaron defensores de derechos humanos sobre la situación.
Uno de los elementos económicos, clave en la disputa por el dominio territorial para el control de bienes naturales, se evidencia con lo que aconteció durante esos meses en el municipio de Chicomuselo durante los enfrentamientos del cártel de Sinaloa (CDS) contra el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para controlar un territorio minero. Acorde al informe, en esta zona, “se ejemplifica el funcionamiento delestado de las cosas en la región frontera de la mano de empresas privadas, delincuencia organizada y gobierno”.
Según la documentación, en Chicomuselo existen 12 concesiones mineras vigentes y dos vencidas. Después de una larga historia de resistencia contra la minería, la cual obtuvo una pausa en la extracción de barita a partir de 2009, fue desde octubre del año 2022 cuando “estructuras criminales, en colusión con las empresas y con la aquiescencia de los distintos niveles de gobierno”, reiniciaron las actividades extractivas.
Pese a múltiples denuncias de habitantes locales, quienes desde enero y febrero del 2023 señalaron la entrada de mineros, acompañados del crimen organizado, “las autoridades han argumentado que no existen condiciones de seguridad para poder abordar cualquier indicio de minería ilegal”, cita el informe.
Testimonios anónimos señalan que, desde el año 2022, organizaciones y comisariados pidieron la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). “Les visitaron dos veces, y la segunda vez los estaba esperando el Maíz -en referencia a una facción criminal ligada al CJNG-. Se pusieron violentos y amenazaron a Semarnat/Profepa y golpearon al chofer en presencia del Ejército y de la Guardia Nacional y no intervinieron”, relata uno de los testimonios recopilados en el informe.
Imagen ilustrativa de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Acorde a la población de Chicomuselo, los incidentes violentos por parte de la delincuencia organizada han sido falseados y negados por parte de la Profepa. “La Profepa me escribió por correo electrónico ‘en tal fecha hubo una delegación de la Profepa, llegó para verificar el predio minero, y resulta que en el camino encontraron a un grupo ejidatario que le manifestaron a la Profepa que estaban de acuerdo con la minería’. La Profepa y la Semarnat saben bien que no son ejidatarios, que son grupos del crimen organizado. Pero así responden, nosotros somos tan ignorantes que no lo vamos a creer’”, detalla uno de los testimonios sobre el encubrimiento de la actividad criminal por parte de las autoridades ambientales.
Debido a las acusaciones de la población local sobre supuestas colusiones entre las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado, algunas comunidades tomaron acuerdos para intentar impedir los patrullajes del ejército y GN.
Las sospechas se acrecentaron cuando, según testimonios, durante los enfrentamientos en mayo del 2023, sujetos armados transitaban con total impunidad frente a las instalaciones militares. “En Chicomuselo está el cuartel del ejército mexicano más grande en el estado y pues bueno, la contención no ha sido para los grupos criminales, por el contrario como hemos visto en las últimas semanas, la contención, el uso de gases lacrimógeno, la dispersión con armas de grueso calibre ha sido en contra de la población civil”, señaló Ogaz durante la presentación del informe.
Alertas, ignoradas
Para Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la situación actual no emerge del vacío. Muchas fueron las alertas que durante los últimos tres años indicaban el incremento de la violencia y la impunidad con que operan los distintos grupos criminales en todo el estado de Chiapas.
Para Aguirre, el trabajo compilado en el informe se suma a los trabajos de la sociedad civil de Chiapas y las propias comunidades, así como las distintas comunidades de fe, para denunciar una situación crítica que sigue sin ser atendida.
Conferencia de prensa para la presentación del informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los Derechos Humanos”, realizada en las instalaciones del Centro Prodh.
“No es normal, contrario a lo que se ha dicho desde la más alta tribuna presidencial. Desde 2021 empezamos a escuchar voces que alertaban sobre que Chiapas se encontraba al borde de la guerra civil. Esas denuncias se acrecentaron en 2022. En 2023, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas alertó en su informe ‘Chiapas un desastre’, que la situación continuaba deteriorándose. En diciembre, tuvimos llamados enérgicos de la diócesis de San Cristóbal, y hoy tenemos este informe que nos muestra un panorama desolador y crítico, específicamente en los 12 municipios que comprenden la región fronteriza de Chiapas”, sostuvo durante la presentación del informe.
“Con los pronunciamientos de ‘todo normal en Chiapas’ –en referencia a la declaración del presidente tras un desfile de hombres armados pertenecientes al CJNG en la región frontera durante septiembre del 2023-, Andrés Manuel López Obrador ofrece públicamente un discurso de negación del conflicto que condena a la población a un estado de desprotección”, enfatiza el documento.
Además, alertan que durante el período de precampaña para las elecciones a nivel local, estatal y federal del año 2024 se ha registrado un aumento de la violencia criminal electoral que ha colocado a Chiapas en el quinto lugar a nivel nacional, según un informe de Data Cívica, lo que podría reflejar “una intención por parte de la delincuencia organizada en influir en los resultados sobre quienes tienen posibilidades de ser candidatas o candidatos y, eventualmente, ocupar la gubernatura en Chiapas” para las elecciones de este 2024.
Imagen: Isabel Mateos/CuartoscuroEn portada: El 30 de mayo del 2023 se realizó el Despliegue de Fuerza de Tareas dirigido por la Sedena acompañado por la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal rumbo a la región frontera entre Chiapas y Guatemala que ha sido azotada por la violencia entre grupos armados
Les compartimos la siguiente invitación de Stay Grounded y la Red Permanecer en la Tierra (la red regional de Latinoamérica y el Caribe -LAC) a su webinario:
La aviación y el turismo: escenarios en Latinoamérica y el Caribe
Primera Jornada de Reflexión sobre la Aviación y la Expansión Aeroportuaria, un espacio de diálogo, análisis y construcción de alternativas ante los impactos de la industria del transporte aéreo.
Súmate a la conversación el día 29 de febrero a las 10:00 hrs CST (Ciudad de México), te invitamos a registrarte en el siguiente enlace:
