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Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el preocupante incremento de la violencia en Chiapas – A 14 de febrero 2024
Violencia y crimen es la realidad en poblaciones de 12 municipios de la región frontera y sierra de Chiapas, quienes viven atrapadas entre la disputa de distintos grupos armados por el control de territorios y rutas para la circulación de mercancías, servicios, personas y productos, legales e ilegales.
Así lo compartieron este martes (13) redes de organizaciones de derechos humanos, durante conferencia de prensa para la presentación del informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los Derechos Humanos”, el cual da cuenta del conflicto armado que se ha acentuado en los últimos dos años y medio en el sur de México, región limítrofe con Guatemala.
Sólo entre junio del 2021 y noviembre del 2023, se registró el desplazamiento de 7 mil 500 personas, provocado por enfrentamientos de grupos criminales, quienes con armamento de guerra, uso de explosivos y drones artillados, siembran el miedo y terror entre la población.
Desplazados de la región frontera y sierra de Chiapas
A este éxodo, se suma el desplazamiento forzado de otras 3 mil personas, ocurrido en las primeras semanas del 2024, con lo cual la cifra supera los 10,000 habitantes que abandonaron sus hogares para resguardar su vida.
En contraste, acusan organizaciones de derechos humanos, autoridades de los tres niveles de gobierno han sido omisas en atender a la población desplazada y se niegan a reconocer la crisis provocada por las estructuras criminales que operan en la región con alcance trasnacional.
El Ejército de Guatemala ha reforzado su presencia en la frontera con México.
Apenas el pasado 8 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró desconocer el número exacto de personas desplazadas en el sur de Chiapas y lo calificó como “no significativo”, minimizando la gravedad de la situación.
Pero más allá de las estadísticas, están las afectaciones en la vida comunitaria en los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista, donde en conjuntoalbergan una población de más de 400 mil habitantes.
Macrocriminalidad
Desapariciones, secuestros, extorsiones, abuso y explotación sexual; asesinatos y reclutamiento forzado; vigilancia, cooptación y represión, son algunas de las graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional que afectan a la población local y a defensores de derechos humanos y del territorio en la región frontera de Chiapas.
Así lo registra el informe, elaborado por el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, Guatemala – México (MTMG) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes” (Red TDT).
Acorde a Carlos Ogaz, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y del Grupo de Trabajo Región Frontera, el documento, construido con testimonios directos de la población civil, análisis de medios y fuentes secundarias, da cuenta de lo que sucede en lo que constituye una “zona silenciada” en medio de la “sumisión y aquiescencia de las autoridades de todos los niveles de gobierno” frente a la actuación de los grupos criminales.
“Las estructuras criminales se han apropiado del corazón de los pueblos y de su vida interna, de las asambleas ejidales y comunitarias, se toman barrios y se les obliga a alinearse”, detalla el informe sobre el control de instituciones sociales por parte de lo que denomina “macrocriminalidad”, una forma de gobernanza criminal donde los derechos humanos de todas las personas que habitan la región fronteriza-sierra son violentados de forma grave, sistemática y generalizada.
Además, señala que dicho control se consolida por la interacción de funcionarios del gobierno con la delincuencia organizada, “conformando estructuras criminales que intervienen y agravan las tensiones y el conflicto por el control territorial. Tal es el grado de inserción en las estructuras de gobierno que en algunas cabeceras municipales se ha reportado que todo el ayuntamiento está dentro de estructuras delictivas y que están a su servicio”, sostiene el documento.
Rastros de los enfrentamientos entre grupos armados por la disputa territorial de la frontera de Chiapas y Guatemala.
Es en este contexto que los grupos criminales cooptan organizaciones de diferentes ramos, tales como transportistas, comerciantes y autoridades ejidales, mediante lo cual obtienen la desmovilización de organizaciones sociales, campesinas y de otra índole al acaparar líderes mediante amenazas y presiones. “En todos estos procesos de cooptación se deciden cuestiones fundamentales como la introducción de la extracción minera contra la voluntad de las asambleas”, ejemplifica el documento en referencia a la minería ilegal de barita que, como documentó este medio, acontece en Chicomuselo desde mayo del 2023.
El documento asevera que, con estas estrategias, las estructuras criminales controlan todo el territorio donde las comunidades desarrollan su vida social: los caminos, espacios públicos e incluso mediante la ocupación física de las parcelas donde trabajan los campesinos de la región, limitando la siembra y, por tanto, su acceso a alimentos. “Se trata de un proceso de control territorial que vuelve a las personas ajenas a sus propias tierras”, denuncia.
Chiapas, geoestratégico para 4T y crimen trasnacional
Por su ubicación geográfica y recursos naturales estratégicos, Chiapas es un territorio clave para el control e impulso de economías legales e ilegales, refiere el análisis. El estado en el sureste mexicano también es relevante para la operación de tres de los megaproyectos de la autodenominada “cuarta transformación” impulsada por el gobierno federal: El tren maya, el corredor interoceánico y la refinería de Dos Bocas.
Mapa de megaproyectos, mineria y rutas de tráfico en Chiapas.
A su vez, todo el territorio chiapaneco forma parte de rutas que son utilizadas para la circulación de todo tipo de mercancías. Según el informe, desde 1998 la zona de la selva, en su frontera con Guatemala ha sido considerada por la administración de los EEUU como corredor clave de estupefacientes. También señala que el propio ejército mexicano identifica seis rutas de tráfico de drogas que conectan a Chiapas con el interior del país y con rumbo a los EEUU.
En medio del conflicto armado, otra actividad económica fortalecida por los grupos armados es la explotación de los cuerpos, en particular de personas en movilidad internacional. “Mujeres y adolescentes originarias principalmente de Centroamérica, pero también de otras zonas del país son víctimas de explotación sexual en cantinas, prostíbulos y en casas ocupadas por los grupos delincuenciales. A menudo se dan las desapariciones forzadas temporales de estas mujeres con estos fines de agresión y explotación sexual”, detalla el informe.
Las desapariciones también se mantienen a la alza y constituyen delitos con alta dificultad de seguimiento. “El fenómeno de la desaparición, por ejemplo, es muy difícil de documentar en la región fronteriza, precisamente también debido a la escasez de denuncias (…) tan sólo entre diciembre de 2018 y septiembre de 2023, en Chiapas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene a 812 personas registradas”, detalló Sandra Suaste, integrante de la RedTDT durante la presentación del informe en la Ciudad de México.
La escasez de denuncias, argumenta el informe, se debe a la falta de confianza en las autoridades y el miedo al que está sometida la población. Según los registros, del total en Chiapas, solo existen denuncias de 83 desapariciones en la región frontera-sierra.
“Sobresalen personas líderes de comunidades, comisariados ejidales y voceros de organizaciones, lo que revela que uno de los principales objetivos de la desaparición de personas es acallar las voces de procesos organizativos”, denuncia el informe.
Militarizacion, otro frente contra la población
Para entender la crisis actual, el informe también retoma el contexto de militarización que ha vivido el estado sureño a lo largo de tres décadas, a partir de las acciones de contrainsurgenia desplegadas por el ejército y paramilitares mediante el Plan de Campaña Chiapas 94 como respuesta al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Según el análisis, las distintas agrupaciones paramilitares, que perpetraron graves violaciones a derechos humanos en las regiones de Los Altos, Norte y Selva de Chiapas, nunca fueron judicializadas, desarticuladas ni desarmadas, razón por la cual han mantenido poder e influencia regional, “insertándose y consolidándose en los diferentes niveles de la política local y comunitaria. Como en los años noventa, estos actores configuran una diversidad de grupos armados que a menudo difícilmente se diferencian de la delincuencia organizada o los separa una línea muy delgada”, asevera el documento.
Ya en el año 2018, con el arribo de Obrador al poder, arranca un proceso de remilitarización el cual incluye a una nueva fuerza armada: la Guardia Nacional (GN), que junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y a la Secretaría de Marina (SEMAR) suman más de 15,000 elementos castrenses operando en Chiapas.
Militares patrullan la región frontera entre Chiapas y Guatemala, sin que ello se traduzca en la reducción de la criminalidad y los enfrentamientos armados.
El estado alberga 71 campamentos militares. También contabiliza la construcción de 10 cuarteles de la GN en los municipios de Villaflores, Tonalá, Huehuetán, Tapachula, Chilón, Las Margaritas, Frontera Comalapa, Bochil, Palenque y San Cristóbal de Las Casas. Su presencia, justifica la administración federal, es para controlar los flujos migratorios y el narcotráfico. No obstante, “este despliegue no ha tenido un efecto consistente para frenar la escalada de la violencia”, argumenta el informe.
Minería, ilegal y bajo cobijo de autoridades
Durante el año 2023 se registraron dos picos de violencia en la región frontera-sierra. Uno de ellos se conoció como “la guerra de los cuatro días”, ocurrida en el mes de mayo con el enfrentamiento de grupos criminales en la comunidad de Nueva Independencia, impactando a comunidades vecinas del municipio de Frontera Comalapa. En ese momento se contabilizó el desplazamiento forzado de 3,500 personas.
Para el mes de septiembre, se multiplicaron los eventos violentos en los municipios de Motozintla, Frontera Comalapa, La Grandeza y Siltepec. Más de 300 organizaciones denunciaron las tácticas de guerra de los grupos criminales. “La población civil fue tomada como rehén, utilizada como escudo, forzada a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos en disputa”, denunciaron defensores de derechos humanos sobre la situación.
Uno de los elementos económicos, clave en la disputa por el dominio territorial para el control de bienes naturales, se evidencia con lo que aconteció durante esos meses en el municipio de Chicomuselo durante los enfrentamientos del cártel de Sinaloa (CDS) contra el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para controlar un territorio minero. Acorde al informe, en esta zona, “se ejemplifica el funcionamiento delestado de las cosas en la región frontera de la mano de empresas privadas, delincuencia organizada y gobierno”.
Según la documentación, en Chicomuselo existen 12 concesiones mineras vigentes y dos vencidas. Después de una larga historia de resistencia contra la minería, la cual obtuvo una pausa en la extracción de barita a partir de 2009, fue desde octubre del año 2022 cuando “estructuras criminales, en colusión con las empresas y con la aquiescencia de los distintos niveles de gobierno”, reiniciaron las actividades extractivas.
Pese a múltiples denuncias de habitantes locales, quienes desde enero y febrero del 2023 señalaron la entrada de mineros, acompañados del crimen organizado, “las autoridades han argumentado que no existen condiciones de seguridad para poder abordar cualquier indicio de minería ilegal”, cita el informe.
Testimonios anónimos señalan que, desde el año 2022, organizaciones y comisariados pidieron la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). “Les visitaron dos veces, y la segunda vez los estaba esperando el Maíz -en referencia a una facción criminal ligada al CJNG-. Se pusieron violentos y amenazaron a Semarnat/Profepa y golpearon al chofer en presencia del Ejército y de la Guardia Nacional y no intervinieron”, relata uno de los testimonios recopilados en el informe.
Imagen ilustrativa de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Acorde a la población de Chicomuselo, los incidentes violentos por parte de la delincuencia organizada han sido falseados y negados por parte de la Profepa. “La Profepa me escribió por correo electrónico ‘en tal fecha hubo una delegación de la Profepa, llegó para verificar el predio minero, y resulta que en el camino encontraron a un grupo ejidatario que le manifestaron a la Profepa que estaban de acuerdo con la minería’. La Profepa y la Semarnat saben bien que no son ejidatarios, que son grupos del crimen organizado. Pero así responden, nosotros somos tan ignorantes que no lo vamos a creer’”, detalla uno de los testimonios sobre el encubrimiento de la actividad criminal por parte de las autoridades ambientales.
Debido a las acusaciones de la población local sobre supuestas colusiones entre las fuerzas de seguridad del Estado y el crimen organizado, algunas comunidades tomaron acuerdos para intentar impedir los patrullajes del ejército y GN.
Las sospechas se acrecentaron cuando, según testimonios, durante los enfrentamientos en mayo del 2023, sujetos armados transitaban con total impunidad frente a las instalaciones militares. “En Chicomuselo está el cuartel del ejército mexicano más grande en el estado y pues bueno, la contención no ha sido para los grupos criminales, por el contrario como hemos visto en las últimas semanas, la contención, el uso de gases lacrimógeno, la dispersión con armas de grueso calibre ha sido en contra de la población civil”, señaló Ogaz durante la presentación del informe.
Alertas, ignoradas
Para Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la situación actual no emerge del vacío. Muchas fueron las alertas que durante los últimos tres años indicaban el incremento de la violencia y la impunidad con que operan los distintos grupos criminales en todo el estado de Chiapas.
Para Aguirre, el trabajo compilado en el informe se suma a los trabajos de la sociedad civil de Chiapas y las propias comunidades, así como las distintas comunidades de fe, para denunciar una situación crítica que sigue sin ser atendida.
Conferencia de prensa para la presentación del informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los Derechos Humanos”, realizada en las instalaciones del Centro Prodh.
“No es normal, contrario a lo que se ha dicho desde la más alta tribuna presidencial. Desde 2021 empezamos a escuchar voces que alertaban sobre que Chiapas se encontraba al borde de la guerra civil. Esas denuncias se acrecentaron en 2022. En 2023, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas alertó en su informe ‘Chiapas un desastre’, que la situación continuaba deteriorándose. En diciembre, tuvimos llamados enérgicos de la diócesis de San Cristóbal, y hoy tenemos este informe que nos muestra un panorama desolador y crítico, específicamente en los 12 municipios que comprenden la región fronteriza de Chiapas”, sostuvo durante la presentación del informe.
“Con los pronunciamientos de ‘todo normal en Chiapas’ –en referencia a la declaración del presidente tras un desfile de hombres armados pertenecientes al CJNG en la región frontera durante septiembre del 2023-, Andrés Manuel López Obrador ofrece públicamente un discurso de negación del conflicto que condena a la población a un estado de desprotección”, enfatiza el documento.
Además, alertan que durante el período de precampaña para las elecciones a nivel local, estatal y federal del año 2024 se ha registrado un aumento de la violencia criminal electoral que ha colocado a Chiapas en el quinto lugar a nivel nacional, según un informe de Data Cívica, lo que podría reflejar “una intención por parte de la delincuencia organizada en influir en los resultados sobre quienes tienen posibilidades de ser candidatas o candidatos y, eventualmente, ocupar la gubernatura en Chiapas” para las elecciones de este 2024.
Imagen: Isabel Mateos/CuartoscuroEn portada: El 30 de mayo del 2023 se realizó el Despliegue de Fuerza de Tareas dirigido por la Sedena acompañado por la Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal rumbo a la región frontera entre Chiapas y Guatemala que ha sido azotada por la violencia entre grupos armados
Les compartimos la siguiente invitación de Stay Grounded y la Red Permanecer en la Tierra (la red regional de Latinoamérica y el Caribe -LAC) a su webinario:
La aviación y el turismo: escenarios en Latinoamérica y el Caribe
Primera Jornada de Reflexión sobre la Aviación y la Expansión Aeroportuaria, un espacio de diálogo, análisis y construcción de alternativas ante los impactos de la industria del transporte aéreo.
Súmate a la conversación el día 29 de febrero a las 10:00 hrs CST (Ciudad de México), te invitamos a registrarte en el siguiente enlace:
Les compartimos la siguiente nota de Avispa Midia sobre la resistencia a la palma de aceite en Guatemala – A 15 de noviembre del 2023
Por Renata Bessi
Lago de Izabal, lugar sagrado para el pueblo Maya Q’eqchi’. Las aguas azules obscuras forman un espeso espejo de casi 600 km2, cerca de la costa del Mar Caribe de Guatemala. Alrededor de todo el lago, el más grande del país, han vivido desde siempre las comunidades Maya Q’eqchi’, desde antes de la llegada de los españoles.
Desde El Estor, núcleo urbano al norte del lago, donde hay una base militar, el equipo de este reportaje siguió una línea recta, hacia el sur del lago, lo que significa aproximadamente dos horas de viaje a bordo de una lancha acondicionada para realizar viajes colectivos de la comunidad. Es la única forma, en época de lluvias, de llegar en estos territorios. Ahí, la bienvenida se recibe de un paisaje monótono verde olivo de extensas plantaciones de palma africana.
En este lado del lago habitan 16 comunidades Maya Q’eqchi’ que luchan para continuar viviendo en sus territorios y salir del arrinconamiento que les ha sometido las extensas plantaciones de palma de la empresa Naturaceites. Ahí también está un segundo destacamento militar.
A pocos metros del desembarque en esta parte sur del lago está la comunidad Chapín Abajo, que ha sufrido, por lo menos en los últimos tres años, la intensificación de los intentos de desalojo y de incursiones militares violentas por supuestas órdenes de captura a sus miembros. Durante las incursiones, militares del destacamento de la parte norte del lago se mueven en rápidas lanchas para el “combate”.
La abuela Maya Q’eqchi’ que se identificó como Juana recordó con dolor en su lengua materna el último ataque a la comunidad. “Sentía el rugir de las balas por detrás de mis pies, mientras intentaba proteger a los niños. Nos trataron como animales”, cuenta al equipo de Avispa Mídia. Los militares incursionaron violentamente en Chapín Abajo el 6 de diciembre de 2022, supuestamente contaban con 20 órdenes de captura contra comunitarios, “órdenes que nunca nos enseñaron”, agregó la abuela Juana.
Un contingente policial de aproximadamente 5 mil agentes “mezclados con cuadrillas que sabemos que son pagadas por la empresa [Naturaceites]”, cuentan los pobladores, cercaron la comunidad durante horas hasta la madrugada, “nos atacaron”. Antes de estos hechos ya habían atacado dos meses antes, el 26 de octubre de 2022.
Las mujeres de la comunidad hicieron frente y tomaron las riendas de la situación. Salieron al encuentro del contingente. “A través de un megáfono preguntábamos qué estaba pasando, si acaso éramos narcotraficantes o estábamos haciendo actos ilegales para que fuéramos criminalizados y perseguidos de esta manera. Pues ellos, de igual forma, no respondieron a nada, sino al contrario, ellos ingresaron”, relata para Avispa Mídia, en su lengua Maya Q’eqchi’, Alba María Choc, quien fue agredida y detenida en esta ocasión, junto a su hijo de 14 años. “Ingresaron sarcásticamente accionando sus fusiles y pistolas”, recuerda
Autoridad ancestral Pedro Cuc al lado de su familia. Foto: Aldo Santiago
Como en las películas del viejo oeste, tres fotos de las autoridades ancestrales figuran en carteles que ofrecen 50 mil quetzales a quienes ofrezcan informaciones sobre ellos, por participar de movimientos en defensa del territorio. “El Estado regó carteles con nuestras fotos por todo El Estor ofreciendo recompensa a cambio de informaciones sobre nosotros”, cuenta al equipo de Avispa Mídia Pedro Cuc Pan, una de las tres autoridades ancestrales perseguidas, miembro del Consejo Ancestral Maya Q’eqchi’ de Chapín Abajo, quien también se ha declarado en resistencia contra la minería y la plantación industrial de palma aceitera, también conocida como palma africana.
Ahora en el territorio se siente una calma tensa. La memoria de la violencia aun está presente y afecta especialmente a los niños y ancianos. La posibilidad de que en cualquier momento se pueden suscitar nuevas incursiones militares es latente. “Siguen las órdenes de captura”, señala Pedro Cuc.
¿De quién es la tierra?
En Chapín Abajo, alrededor de 200 familias viven en cuatro hectáreas. Esta comunidad está cercada por plantaciones de palma de la empresa Naturaceites, la cual se vanagloria de estar certificada al 100% bajo la certificación estándar RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil, en español Mesa Redonda de Aceite de Palma Sostenible).
Las familias no tienen espacio suficiente para sus cultivos de subsistencia y tampoco para criar animales. Ya no les queda espacio para construcciones esenciales para la comunidad como una escuela para los niños.
La zona es controlada por la seguridad de la empresa y por los militares. “Somos vigilados todo el tiempo, incluso por drones”, sostiene Ana Coc.
Naturaceites sostiene que todas las tierras donde tienen plantación son suyas. También dice en sus informes que posee los documentos que le aseguran la propiedad de las tierras. No obstante, las comunidades y organizaciones tienen otra perspectiva de cómo la empresa fue acumulando tierras.
La empresa afirma que posee un total de 11 mil 736 hectáreas propias y 16 mil 249 hectáreas de productores asociados en los municipios de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz; San Luis, Petén; Panzós, Alta Verapaz y El Estor, Izabal.
En el Valle de Polochic, donde está Chapín Abajo, según información de la propia empresa, posee 6 mil hectáreas no continuas de plantaciones y una planta de beneficio. Sus marcas comerciales son: Capullo, Cora y Great Taste.
Erwin Tut, de la Fundación Guillermo Toriello, que ofrece asesoría y acompaña no solamente Chapín Abajo, sino que también a otras comunidades afectadas por la palma y la minería en la región, sostiene para Avispa Mídia que gradualmente “las comunidades fueron siendo arrinconadas por la palma”.
La estrategia utilizada por Naturaceites fue apropiarse poco a poco de las tierras y, en muchos casos, fueron registrando “de manera anómala” en su nombre, sostiene Tut. “Hay un acaparamiento enorme de tierras y hay mucha vinculación con el gobierno”, señala.
La Ley de la Oficina de Control de las Reservas Territoriales, por ejemplo, garantiza que las tierras que están a una distancia de hasta 200 metros del lago son del Estado. “Pero ¿qué pasa?, la palma está en toda la orilla del lago. Y si vamos a reclamar, la empresa dice que tiene los títulos de estas tierras. ¿Y cómo lo obtuvieron?”, indaga.
Otro caso que ilustra las formas turbias de cómo Naturaceites fue concentrando las tierras es respecto al proceso del indígena Maya Q’eqchi’ Oswaldo Rey Chub Caal, capturado y acusado por usurpación de tierras, en el desalojo de la comunidad llamada Palestina, en la finca Chabiland, Chinebal, al sur de El Estor, en noviembre de 2021. La acusación es de la empresa Naturaceites, quien alega que las tierras son suyas.
Él permaneció nueve meses en prisión. Al final, la empresa no pudo comprobar las acusaciones contra el indígena y fue puesto en libertad. El indígena Caal, que es de la comunidad de Chapín Abajo y quien, en solidaridad, estuvo presente en el desalojo violento de la comunidad Palestina, fue liberado porque la empresa no logró probar que es propietaria de las tierras. El registro de propiedad que presentó durante el proceso no correspondía a la finca en El Estor, pertenecía a otra jurisdicción, al municipio de Livingston.
Oswaldo Rey Chub Caal. Foto Renata Bessi
Es decir, “¿cómo Caal pudo ser acusado por Naturaceites de usurpar una tierra que no tiene cómo probar que son suyas?”, dijo el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas, Juan Castro, quien defendió el indígena Maya Q’eqchi’ en los tribunales.
Con base a ese mismo título de propiedad, señala el abogado, existe una serie de otras órdenes de captura en contra de otros comunitarios que estuvieron en el desalojo.
“Nosotros, las organizaciones, así como las comunidades, no tenemos recursos para hacer un estudio completo de la ocupación de las tierras y de los registros catastrales, es muy caro. El Estado no tiene interés de hacerlo. Pero en estudios que hemos logrado hacer en casos específicos, nos deparamos con esta realidad, con esta misma lógica anómala de apropiación de tierras”, argumenta el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas.
“No necesitamos que un documento nos diga que esta tierra es nuestra”
Durante el periodo colonial, explica el abogado del Bufete para Pueblos Indígenas, Juan Castro, los maya Q’eqchi’s no fueron pueblos que habían desarrollado una titulación de sus territorios, como ocurrió en otras regiones de Guatemala, cuyos títulos se conservan hasta la actualidad.
Tener el registro implicaba comprar sus propias tierras a la Corona española y, como consecuencia, tenían que someterse al régimen de tributación que había en ese entonces.
Después, con la creación del Registro de la Propiedad, alrededor de 1870, “muchas de estas tierras fueron tituladas a particulares y también como fincas públicas. Sin embargo, las comunidades siguieron permaneciendo ahí, a pesar de no tener títulos”, puntualiza el abogado.
“Son comunidades que no tienen registros de la titulación de esas tierras, pero tienen una posesión histórica y tienen una relación histórica con el territorio”, subraya Castro.
El Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial del municipio de El Estor 2018 – 2032 identifica Chapín Abajo como uno de los lugares con “mayor antigüedad e importancia por su densidad y pertenencia Q’eqchi’ se ubican en el área de la cuenca del lago de Izabal”. Además de Chapín Abajo, mencionan: Nueva Esperanza, Lancetillo, Chinebal, Río Zarquito, Pataxté, Chichipate, Setal y Selempin.“A nosotros no nos pertenece la tierra porque un documento lo diga o porque un ingeniero lo dijo, nos pertenece la tierra porque aquí murieron nuestros antepasados y aquí nacimos nosotros. Entonces la defendemos”, dijo Pedro Cuc.
¿Qué es el antisemitismo? ¿Cuál es la diferencia entre hebreo, israelita, judío, israelí, sionista? ¿Qué significan ‘limpieza étnica’ y ‘genocidio’? ¿Es lo mismo árabe y musulmán? ¿Islámico e islamista?
Para comprender la situación actual en Palestina Israel, es necesario tener claridad sobre estos y otros conceptos.
Te invitamos al diálogo que tendremos al respecto con Ana Vázquez Carpizo el próximo miércoles 1 de noviembre de 18:00 a 20:00 hrs. en EL PALIACATE Calle Cinco de Mayo No. 20, Centro.
Les compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA Y esta alerta del Ejido El Bajío – A 3 y 4 de octubre 2023
Octubre 3, 2023
Desde la REMA, denunciamos nuevamente al Senador José Narro Céspedes ya que sigue intentando entrometerse en asuntos que son exclusivos del Ejido El Bajío, el cual forma parte activa de esta Red.
Según informes que nos han hecho llegar compañero s y compañeras del ejido El Bajío, el senador Narro Céspedes, promueve a un grupo de cuatro ejidatarios que se asociaron con el abogado del sobrino de Caro Quintero y quienes por decisión de la Asamblea Ejidal el 26 de febrero de 2017, fueron separados del ejido, es decir, estas personas no pertenecen al ejido El Bajío, desde hace más de seis años.
Además, el ejido El Bajío señala que este grupo de personas no son parte de los juicios cuyas sentencias estipulan que la empresa minera Fresnillo PLC debe devolver el oro extraído de forma ilegal al ejido El Bajio, entre otras prestaciones.
Por otra parte, queremos resaltar que el comisariado ejidal, nos informó que el pasado 30 de agosto de este de 2023, el ejido ha sido declarado Área Destinada Voluntariamente a la Conservación por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP; garantizando así que nunca más la actividad minera se desarrolle dentro de este. Con esta declaración la empresa minera Frenillo PLC no podrá intentar establecer un acuerdo ni con el senador Narro Céspedes ni con ninguna otra persona, para intentar continuar con el saqueo.
Le solicitamos al senador Narro Céspedes que deje de abusar de su posición política para usurpar funciones y entrometerse en los asuntos del ejido El Bajío, un comportamiento del senador que ya se ha visto en el estado que representa, Zacatecas. No olvidamos que Narro Céspedes intentó negociar el proyecto de la Presa Milpillas y se autonombró representante del Movimiento para politizar el tema a su favor, siendo el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco quien lo desmintió. Por otro lado, tampoco ha respondido como debe al tener un cargo de representación, cuando se lo han solicitado los habitantes de su propio estado, tal es el caso de la comunidad indígena de Cicacalco, Tlaltenango, Zacatecas, que le ha solicitado su apoyo para presionar en la remediación del mal llamado “relleno sanitario” y que se deslinde de la problemática.
En conclusión, le exigimos al senador dejar de estar operando para la empresa minera Fresnillo PLC, confundiendo a la opinión pública y promoviendo notas difamatorias y con información errada en el diario El Universal, las cuales tergiversan los hechos y las acciones emprendidas por el Comisariado Ejidal del Ejido El Bajío. Por último, le requerimos al senador Narro Céspedes, que deje de usar a la Fiscalía General de la República, para que esta intimide y hostigue a las autoridades del Tribunal Agrario, para que este reconozca a sus socios relacionados con Caro Quintero, como ejidatarios del ejido El Bajío.
¡Por la defensa del territorio del ejido El Bajío y la garantía del acceso a la justicia!
RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA
Via Redes sociales: Ejido El Bajío
El día de hoy ingresaron efectivos de la #GuardiaNacional a nuestro territorio para realizar una inspección ante una supuesta denuncia realizada por el abogado del senador José Narro Céspedes indicando que la minera #Penmont continúa operando, desde hace tres años la minera no opera en el #EjidoElBajío. Denunciamos que el senador #JoséNarroCéspedes insiste en meterse en asuntos que son exclusivos de nuestro ejido, entorpeciendo el trabajo de la magistrada del TUA#28 de Hermosillo para que este tribunal no continúe dando pasos en la ejecución de las 67 a nuestro favor. Es claro que el senador Narro está coludido con #FresnilloPLC empresa empeñada en eludir la justicia y con las bandas del crimen organizado que operan en Caborca, los Quintero Ley.
Les compartimos esta carta de solidaridad firmada por las 36 organizaciones avales del Premio a la Defensa Ambiental en Chiapas Mariano Abarca con el moviemiento de vecinas y vecinos de la Colonia Maya – A 18 de septiembre del 2023
Saludamos la presentación del informe de Amnistía Internacional, México: Tierra y ¿Libertad?: Criminalización de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente. Celebramos que se sigan creando espacios para denunciar las prácticas de las autoridades que han permitido la criminalización y difamación de las personas y colectivos que defienden el territorio.
Queremos recordar que hace un año, un colectivo de 36 organizaciones, decidimos otorgar el premio Mariano Abarca a las y los vecinos de la colonia Maya por su lucha propositiva en defensa del territorio que les rodea. Desde entonces, hemos puesto atención a lo que pasa en su entorno y hoy, con motivo de la presentación de este importante informe, nos queremos sumar a sus demandas. Celebramos, aplaudimos y nos sumamos a la postura de las y los vecinos, en contra de la construcción de una carretera en una zona de conservación que no cumple con los permisos necesarios para construir caminos y casas habitación. Nos sumamos y apoyamos su interés de conocer y analizar el expediente que avala la construcción de una estación de servicio (gasolinera). Estamos enterados que descubrieron información irregular que han querido presentar y aclarar con las autoridades responsables. Para dicho fin, desde el 5 de junio, solicitaron una audiencia pública que hasta la fecha no ha tenido respuesta. Por lo anterior, queremos manifestar nuestra solidaridad con esta comunidad de vecinas y vecinos que, a pesar de recibir respuestas omisas y dilatorias, siguen insistiendo con distintas estrategias con el objetivo de defender sus derechos. En el marco de este informe, queremos reprobar el hecho que, por haberse opuesto a las prácticas depredadoras del empresario de la Moraleja y en alianza con las autoridades de la administración municipal del trienio 2105-2018 hayan logrado que una carpeta de investigación con información falsa y difamatoria, se haya convertido en 6 órdenes de aprehensión para las seis personas que entregamos nuestros datos a la presidencia municipal.
Exigimos, como se dice en el informe de Amnistía, que se revise y se cierre esta carpeta de investigación que es un claro ejemplo de criminalización de quienes son defensoras y defensores del territorio y del medio ambiente.
Atentamente: Canadá: Alianza por la Justicia Minera (MJA), Comité por los Derechos Humanos de América Latina (CDHAL), Comité de Acción para la Justicia Minera (MJAC), Consejo de los Canadienses, Derechos en Acción, Fondo Humanitario de Steelworkers, Fondo de Justicia Social por la Alianza del Servicio Público de Canadá (PSAC), Fronteras Comunes, Grupo de Monitoreo Internacional de las Libertades Civiles (ICLMG), Inter Pares, Kairos Iniciativas Ecuménicas Canadienses por la Justicia, MiningWatch, Red de Solidaridad contra la Minería Injusta (MISN), Unidos por la Justicia Minera. Estados Unidos: Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto de Estudios Políticos (IPS) -Proyecto Sobre la Economía Global, Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala (NISGUA), Servicio Mundial Judío Estadounidense (AJWS). México: Amnistía Internacional México, Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), Fundación Ambientalista Mariano Abarca (FAMA), Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Otros Mundos Chiapas, Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM), Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA). Honduras: Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). América Latina: Amigos de la Tierra América Latina y El Caribe (ATALC), Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL), Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Arboles (RECOMA). Cataluña: Entrepueblos. País Vasco: Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)– Paz con Dignidad. Alemania: Salva la Selva/Rettet den Regenwald.
La persona elegida para el puesto trabajará a distancia, dándose la posibilidad de estar ubicada en cualquier parte de México. La organización de acogida será Otros Mundos Chiapas A.C., con su sede en San Cristóbal de las Casas en estado de Chiapas, ofreciendo la posibilidad a le Coordinadore de Red de trabajar desde la oficina de la organización.
Plazo para postulación: 10 de Septiembre de 2023 (ver más abajo).
Acerca de Permanecer en la Tierra-SG
Permanecer en la Tierra-SG es una red impulsada por las personas, basada en la ciencia y orientada a la acción que cuenta con más de 200 organizaciones-miembro en todo el mundo. Con la fuerza del apoyo mutuo y el intercambio de experiencias, la red hace campaña por una reducción de la aviación siguiendo principios de justicia climática, así como luchando contra las problemáticas y falsas estrategias climáticas relacionadas, como la compensación de emisiones y los agrocombustibles.
A partir de 2020 se inició un proceso continuo de aumento de la apropiación de les miembres del Sur Global y de la descolonización de las estructuras de la red. Desde 2021, se ha iniciado el trabajo de ampliación y fortalecimiento de la red centradas en ALC, con el objetivo de: 1) crear una red activa que inicie un debate regional sobre la aviación y sus efectos negativos; 2) apoyar la resistencia en los conflictos territoriales inducidos por los aeropuertos, los agrocombustibles, las compensaciones de emisiones, así como la resistencia a los problemas relacionados con el turismo de masas; y 3) descolonizar el debate mundial en torno a la aviación y el clima. Se espera que tus principales actividades como Coordinadore de Red de ALC contribuyan para alcanzar estos objetivos.
Permanecer en la Tierra-SG lleva a cabo el trabajo de base para las estrategias políticas, ejerce presión para que se produzcan cambios políticos y comunica sobre la aviación y la justicia climática. Difundimos nuestro trabajo tanto indirectamente, a través de miembres y socies, como a través de nuestras propias plataformas y trabajo de prensa. Trabajarás en estas áreas y, en función de tu interés y experiencia, en proyectos identificados como prioritarios por parte de las organizaciones-miembro en ALC.
En la red nos esforzamos por trabajar de forma no jerárquica, tomar decisiones por consenso y tener una actitud de trabajo que ponga en el centro las diferentes necesidades de les miembres del equipo. Dado el enfoque regional, trabajarás en línea en directa articulación con la Coordinadora de Red para el Sur Global y su respectivo equipo de Coordinación de Red.
Animamos especialmente a las personas que sufren discriminación, debido a las relaciones sociales de poder, a que se postulen. Reconocemos que el racismo, el (hetero)sexismo, el clasismo, el capacitismo o el edadismo son tristemente parte de la sociedad actual en la que nacemos y nos socializamos.
Funciones y responsabilidades principales:
Coordinación, consolidación y ampliación de la red de ALC, apoyando a las organizaciones-miembro en el trabajo de solidaridad;
Desarrollo de una estrategia regional de convergencia de las diferentes organizaciones-miembro sobre el tema de la aviación y justicia climática (incluyendo políticas relacionadas, denuncias de lavado verde, apoyo a luchas territoriales, etc.), a través de un proceso participativo y horizontal de colaboración con les miembres de la región;
Apoyo a la construcción y organización de redes y movimientos nacionales en procesos de construcción en torno del tema de la aviación y justicia climática, y temas asociados;
Interacción y articulación con redes, movimientos sociales y organizaciones regionales, de forma a contribuir para el avance de agendas regionales conjuntas y a incluir el trabajo y visión de Permanecer en la Tierra-SG en ellas;
Representación de Permanecer en la Tierra-SG en foros, conferencias y otros eventos regionales;
Organización y facilitación de reuniones y apoyo en la organización de cursos de formación (presenciales, híbridos y/o en línea);
Apoyo en la investigación y desarrollo de material educativo y formativo atractivo e informativo (sobre aviación y justicia climática, políticas, lavado verde, turismo, etc.) con enfoque en la región;
Apoyo en la comunicación y difusión de noticias regionales en los canales oficiales de Permanecer en la Tierra-SG;
Difusión de conocimientos y materiales producidos por Permanecer en la Tierra-SG entre les miembres de la región y otras organizaciones aliadas, apoyando en la adaptación de materiales producidos desde la red global al contexto regional;
Apoyo en crowdfunding/recaudación de fondos para la continuación y ampliación del trabajo en la región.
Conocimientos, experiencia y valores de persona ideal para el puesto
Experiencia en coordinación de redes y procesos de grupo dentro de movimientos, y colaboración internacional;
Excelentes dotes de facilitación;
Dominio del español al nivel nativo, buen dominio del inglés y se valorará buenos conocimientos de portugués;
Experiencia en procesos de creación de estrategias colectivas y campañas;
Capacidad de articular con otras iniciativas/campañas en la región, a través de una mirada sistémica, interdisciplinaria e interseccional;
Sentirse cómode con la colaboración no jerárquica, en asumir responsabilidad apropiándose del trabajo y en trabajar de forma autónoma;
Fuerte compromiso de justicia social y ambiental, a la par de un conocimiento de las cuestiones climáticas y del movimiento de justicia climática y medioambiental.
Conocimiento profundo de la justicia climática, los problemas del crecimiento verde y las falsas soluciones (como la compensación) e interés por la política de aviación;
Un alto nivel de identificación con los objetivos, valores y métodos de trabajo de Permanecer en la Tierra-SG. Se debe entender y estar de acuerdo con el contenido de las publicaciones más importantes de Permanecer en la Tierra-SG sobre el tema;
Conciencia y sensibilidad hacia las necesidades y preocupaciones de personas de diversas culturas, orígenes y orientaciones, y ser consciente de no reproducir ninguna forma de discriminación. Experiencia en el trabajo conjunto y/o con grupos marginados.
Conocimiento de aplicaciones informáticas estándar de tratamiento de textos, hojas de cálculo y herramientas/plataformas colaborativas en línea;
Capacidad de establecer relaciones de trabajo sólidas y de confianza a través del trabajo a distancia y virtual;
Capacidad para viajar muy ocasionalmente a reuniones, conferencias y otros eventos, siguiendo una política de no volar, siempre que sea posible.
Qué ofrecemos
Un puesto a tiempo completo de 30 horas a la semana, trabajando directamente con el equipo de Coordinación de Red y en articulación con Otros Mundos Chiapas, A.C.. La posibilidad de más horas puede estar abierta a discusión.
La oportunidad de incluir temas importantes en la agenda política y de perseguir los objetivos de Permanecer en la Tierra-SG con activistas comprometides de todo el mundo y especialmente de ALC.
La posibilidad de aportar tus propias ideas y colectivamente dar forma a nuestra comunicación y a la red.
Contrato de duración determinada de 12 meses (y probablemente prorrogable). Buscamos a alguien interesade en un empleo a largo plazo.
Proceso de solicitud
¿Hemos despertado tu interés? Entonces envíanos tu solicitud en español con una carta de motivación (de hasta 1 página), CV, y una carta de referencia (de compañeres de tu anterior trabajo, o de compañeres activistas de un determinado grupo). No es necesaria ninguna foto.
Aplica usando nuestro formulario online abajo. La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 10 de Septiembre de 2023. Las entrevistas se programarán del 18 al 22 de Septiembre de 2023. Buscamos candidates que puedan empezar a trabajar con nosotres a partir del 16 de Octubre de 2023.
Tener en cuenta que sólo consideraremos las solicitudes completas. Una vez que hayas enviado tu solicitud, te mantendremos informade a medida que avance el proceso de selección. No podremos responder a consultas sobre el estado de las solicitudes.
Compartimos este comunicado de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio APIIDTT sobre la lucha por la vida en e Itsmo – A 14 de junio del 2023
A 17 años, ¡exigimos verdad y justicia! ¡Ni perdón, Ni olvido! ¡Viva la APPO! ¡Viva la Resistencia Indígena y Popular Oaxaqueña! COMUNICADO
Como Asamblea General Comunitaria de la Comunidad Indígena Binniza de Puente Madera, San Blas Atempa, Oaxaca, hacemos de conocimiento público la siguiente información, con el fin de romper el cerco mediático y la criminalización de nuestra digna lucha por la defensa de la tierra y el territorio, contra la imposición del proyecto geopolítico y de muerte CORREDOR INTEROCEÁNICO. Como antecedente principal, recordamos que el 14 de marzo de 2021, con la premura de imponer la aprobación del Parque Industrial, el entonces presidente municipal de San Blas Atempa, Antonino Morales Toledo, con personas acarreadas y armadas, llevo a cabo una supuesta Asamblea de Comuneros, en la que habitantes de Puente Madera asistieron, y cuestionaron el proyecto, por lo que fueron agredidos y expulsados de la asamblea, con la falsificación de firmas de más del 80% del padrón de comuneros, así como la firma de personas fallecidas, pruebas físicas con las que contamos y con las que interpusimos un juicio de nulidad (159/2021), y que al día de hoy, no ha resuelto nada. (https://tierrayterritorio.wordpress.com/2023/02/01/derecho-de-replicano-es-conflicto-interno-se-llamaimposicion- y-despojo/ ) Ese mismo 14 de Marzo, nos manifestamos en rechazo al Parque Industrial, y nos convocamos a reconstituirnos como Asamblea General Comunitaria de Puente Madera, ante el abandono, agresiones y amenazas del Estado Mexicano en sus 3 niveles de gobierno, decidimos decir Basta de Despojo. DESPUÉS DE MÁS DE 2 AÑOS 4 MESES DE CAMINAR POR JUSTICIA, TIERRA Y LIBERTAD, HACEMOS PUBLICA LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y PLANO CONTRA LA DECLARATORIA DEL POLO DE DESARROLLO PARA EL BIENESTAR (PARQUE INDUSTRIAL), DE SAN BLAS ATEMPA, OAXACA, QUE PRETENDÍA DESTRUIR NUESTRAS TIERRAS DE USO COMÚN CONOCIDAS COMO EL PITAYAL, COMO COMUNIDAD INDÍGENA BINNIZA DE PUENTE MADERA HEMOS DETENIDO 1 DE LOS 10 PODEBIS (PARQUES INDUSTRIALES) DEL CORREDOR INTEROCEÁNICO, PORQUE NUESTRA LUCHA ES JUSTA Y DIGNA, NADA POR LA FUERZA DIRÍAN POR AHÍ. Esta victoria es para todas las comunidades y personas que aman y defienden la tierra, bienes naturales y territorios del Istmo de Tehuantepec, este es el inicio de una serie de acciones que realizaremos para detener la destrucción y contaminación de nuestra tierra, agua, aire, cultura, formas, modos de vida y organización comunitaria, somos una comunidad Indígena orgullosamente campesina y trabajadora. Nuestra lucha es una solución viva frente a la Crisis Climática Global. Nuestra lucha es por la Vida. Queremos concluir informando que en próximas semanas, se realizará la audiencia intermedia de la demanda penal en contra de nuestro Agente Comunitario, Vocero y Hermano David Hernández Salazar, a quién se le han fabricado delitos que no cometió, esto con el fin de silenciar su voz y privarlo de su libertad, al igual que a otros 17 habitantes de nuestra comunidad a quienes se les persigue con órdenes de aprehensión. Por lo que iniciaremos una Campaña contra la Criminalización, Agresiones y Amenazas contra los defensores de la tierra y el territorio, #DefenderElPitayalEsDefenderLaVida.
Responsabilizamos del clima de violencia, agresiones, criminalización, amenazas de muerte y de cualquier cosa que le pueda pasar a los habitantes de nuestra comunidad y quiénes integramos la APIIDTT, a:
Andrés Manuel López Obrador – Presidente de la República
Salomón Jara Cruz – Gobernador del Estado de Oaxaca
Jesus Romero López – Secretario de Gobierno del Estado de Oaxaca
Antonino Morales Toledo – Secretario de Administración del Estado de Oaxaca
Cesar Octavio Morales Toledo – Representante de Bienes Comunales de San Blas Atempa
Adalberto Velásquez López – Encargado de Despacho Municipal de San Blas Atempa
José Rafael Ojeda Durán – Secretario de Marina
Raymundo Morales Ángeles – Director del Corredor Interoceánico
Bernardo Rodríguez Alamilla – Fiscal General del Estado de Oaxaca
Lila Rodríguez Villanueva – Representante de la Procuraduría Agraria de Tehuantepec
Areli Sosa Arellano – Visitadora Agraria
A los líderes del FRENTE UNIDO DE COMUNIDADES OAXAQUEÑAS – FUCO
En próximas fechas estaremos difundiendo comunicados e información con mas detalle, hacemos un llamado a estar alertas de la represión que el Ejército, el Gobierno del Estado de Oaxaca y cualquier otro ente pueda generar en nuestra contra.
Desde la barricada en El Pitayal Asamblea General Comunitaria de Puente Madera Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT
Acompáñanos a la presentación del informe “Explotación de litio en México: ¿Interés público o extractivismo transnacional?
El 23 de febrero 2023 por Zoom. México 4 PM / 5 PM Perú / 6 PM Bolivia / 7 PM Argentina / Chile / Brasil
*Este evento será realizado en español y inglés, con interpretación simultánea a través de Zoom.¡Registrate aquí!
Les invitamos cordialmente a la presentación del informe, “Explotación del litio en México: ¿Interés público o extractivismo transnacional?”, elaborado por la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) y MiningWatch Canadá, – una actualización importante al documento de 2021 donde presentamos un análisis sobre las implicaciones socioambientales que la expansión del extractivismo minero proyecta en México, comandado por la Transición Energética Capitalista.
Hoy, el litio de México está en boca de todos y, sin importar la polarización de las discusiones, los habladores del tema parecen coincidir en una cosa: el extractivismo de litio debe ocurrir. Ante esto, a las comunidades afectadas por la minería nos resulta urgente cuestionar la supuesta utilidad pública que subyace al extractivismo que promueve la Transición Energética Capitalista y, sobre todo, también brindar elementos para cuestionar el fondo de los debates que se han levantado en los últimos meses en México y posicionar en la opinión pública nuestra posición al respecto: no se puede cuidar al medioambiente ni fortalecer al país destruyéndolo.
Escucharemos el posicionamiento que frente a esto tiene la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería en México, con reflexiones desde Bolivia y de otros países en torno a la extracción de litio en sus países.
Con la participación de:
La Red Mexicana de Afectadas/os por la minería
Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) – Bolivia
Otros panelistas por ser confirmados!
Moderado por: MiningWatch Canadá
Contexto: Este informe brinda elementos para cuestionar la supuesta necesidad de extraer litio como parte de una transición energética mundial, explicando que en realidad esta ola extractivista en México es dinamizada por la política neoliberal del Tratado entre México, Estados Unido y Canadá (T-MEC) y el sector automotriz estadounidense en su intento de posicionarse mejor frente a el dominio de China en toda la cadena de valor para la fabricación de vehículos eléctricos. Por otro lado, el informe cuestiona la idea de que este extractivismo es parte de un proyecto que fortalece la “soberanía nacional”, y que por ello es positivo y necesario para el desarrollo del país, cuando en realidad lo que avanza es un proyecto fuertemente vinculado al capital privado, de alto riesgo para el erario público, y basado en el despojo de los pueblos y la destrucción de sus territorios. El informe actualiza la información en torno a los proyectos más avanzados de explotación de litio y agrega el mapeo de las zonas de prospección minera impulsada por el Servicio Geológico Mexicano (SGM), haciendo una revisión de las implicaciones hídricas que estos proyectos tendrían.
Compartimos este pronunciamiento de Global Just Transition, Institute for Policy Studies y la invitación al presentación del manifiesto y campaña por una transición energética justa – A 10 de febrero del 2023
Un llamamiento a líderes, instituciones y nuestros hermanos y hermanasA más de dos años después del estallido de la pandemia de COVID-19, a lo que se suman las catastróficas consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, vemos surgir una “nueva normalidad”. Este nuevo statu quo global refleja un empeoramiento de varias crisis: social, económica, política, ecológica, biomédica y geopolítica. Se acerca el colapso ambiental. La vida cotidiana se ha militarizado cada vez más. El acceso a buenos alimentos, agua potable y atención médica asequible se ha vuelto aún más restringido. Más gobiernos se han vuelto autocráticos. Los ricos se han vuelto más ricos, los poderosos más poderosos y la tecnología no regulada solo ha acelerado estas tendencias.
Los motores de este statu quo injusto —el capitalismo, el patriarcado, el racismo, el colonialismo, las relaciones depredadoras con la naturaleza y diversos fundamentalismos— están agravando la situación. Por lo tanto, debemos debatir e implementar urgentemente nuevas visiones de transición y transformación ecosocial que sean justas respecto al género, regenerativas y populares, que sean a la vez locales e internacionales.
En el presente Manifiesto por una Transición Energética Justa y Popular de los Pueblos del Sur, sostenemos que los problemas del Sur Global geopolítico son diferentes de los del Norte Global y de las potencias emergentes como China. Un desequilibrio de poder entre estas dos esferas no solo persiste debido a un legado colonial, sino que se ha profundizado debido a una economía global neocolonial. En el contexto del cambio climático, de la creciente demanda de energía y la pérdida de biodiversidad, los centros capitalistas han aumentado la presión para extraer la riqueza natural y depender de la mano de obra barata de los países de la periferia. No sólo sigue vigente el conocido paradigma extractivo, sino que la deuda ecológica del Norte con el Sur va en aumento.
Lo nuevo de este momento actual es la ‘transición energética’ del Norte a las energías limpias, que han ejercido aún más presión sobre el Sur Global para producir cobalto y litio para la producción de baterías de alta tecnología, madera de balsa para turbinas eólicas, brindar superficies de tierra para grandes conjuntos de paneles solares y nuevas infraestructuras para megaproyectos de hidrógeno. Esta descarbonización para los ricos, un proceso orientado a la exportación impulsado por las grandes corporaciones, se asienta sobre una nueva fase de despojo ambiental del Sur Global que afecta la vida de millones de mujeres, hombres y niños, sin mencionar la vida no humana. Las mujeres, especialmente en sociedades agrarias, están entre las más afectadas. De esta forma, el Sur Global se ha convertido nuevamente en una zona de sacrificio, un almacén de recursos supuestamente inagotables, para los países del Norte. Una prioridad para el Norte Global ha sido asegurar las cadenas de suministro globales, especialmente de materias primas críticas, y evitar que ciertos países, como China, monopolicen el acceso. Los ministros de comercio del G7, por ejemplo, recientemente abogaron por una cadena de suministro ‘responsable, sostenible y transparente’ para minerales críticos a través de políticas de cooperación internacional y finanzas, que incluye el comercio de bienes y servicios ambientales en el marco de la OMC. El Norte Global ha presionado para que se firmen más acuerdos comerciales y de inversión con el Sur Global para satisfacer su necesidad de recursos, en particular aquellos que son parte integral de la ‘transición energética’. Estos acuerdos, diseñados para reducir las barreras al comercio y la inversión, protegen e incrementan el poder y los derechos de las corporaciones al someter a los estados a posibles juicios legales, de acuerdo con los mecanismos de arbitraje para controversias entre inversores y estados (ISDS, por sus siglas en inglés). El Norte Global está utilizando estos acuerdos para controlar la transición energética y generar un nuevo colonialismo verde.
Mientras tanto, los gobiernos del Sur han caído en la trampa de la deuda, tomando dinero prestado para construir industrias y agricultura a gran escala para abastecer al Norte. Para pagar estas deudas, los gobiernos se han sentido obligados a extraer aún más recursos del suelo, creando un círculo vicioso de desigualdad y destrucción. Hoy, el imperativo de ir más allá de los combustibles fósiles, sin ninguna reducción significativa en la producción o el consumo en el Norte, solo ha aumentado la presión para explotar estos recursos naturales. Además, a medida que avanza con sus propias transiciones energéticas, el Norte no ha ofrecido más que palabras respecto a su responsabilidad de abordar su histórica y creciente deuda ecológica con el Sur.
Pequeños cambios en la matriz energética no son suficientes. Todo el sistema energético debe transformarse, desde la producción y distribución hasta el consumo y la disposición de residuos. La sustitución de coches de combustión interna por vehículos eléctricos es insuficiente, pues es necesario cambiar todo el modelo de transporte individualista, reduciendo el consumo de energía y promoviendo opciones de movilidad colectiva y pública sostenible.
De esta manera, las relaciones deben volverse más equitativas no solo entre los países del centro y la periferia, sino también dentro de los países, entre la élite y el pueblo. Las élites corruptas del Sur Global también han colaborado en este sistema injusto lucrando con la extracción, reprimiendo a quienes defienden los derechos humanos y de la naturaleza y perpetuando la desigualdad económica.Más que solo tecnológicas, las soluciones a estas crisis interrelacionadas son sobre todo políticas.
Como activistas, intelectuales y organizaciones de diferentes países del Sur, hacemos un llamado a las y los agentes de cambio de diferentes partes del mundo a comprometerse con una transición ecosocial radical, democrática, con justicia global, justicia de género, intercultural, regenerativa y popular que transforme tanto el sector energético como las esferas industrial y agrícola, que dependen de insumos energéticos a gran escala. Según los diferentes movimientos por la justicia climática, “la transición es inevitable, pero la justicia no”.
Todavía estamos a tiempo de iniciar una transición justa y democrática, que desmonte las relaciones (neo-)coloniales entre Norte y Sur Globales. Podemos alejarnos del sistema económico neoliberal en una dirección que sustente la vida, combine la justicia social con la justicia ambiental en lugar de ponerlas a competir entre sí, reúna valores igualitarios y democráticos con una política social holística y resiliente, y restablezca un equilibrio ecológico necesario para un planeta sano. Pero para eso necesitamos más imaginación política y más visiones utópicas de otra sociedad socialmente justa y respetuosa tanto de la diversidad como de nuestra casa común planetaria.
La transición energética debe ser parte de una visión integral que aborde la desigualdad radical en la distribución de los recursos energéticos y promueva la democracia energética. Debería restar importancia a las instituciones a gran escala (agricultura corporativa, grandes empresas de energía), así como a las soluciones basadas en el mercado. En cambio, debería fortalecer la resiliencia de la sociedad civil y las organizaciones sociales. Por lo tanto, desde el presente Manifiesto, establecemos los siguientes ocho puntos:
Alertamos que una transición energética liderada por megaproyectos corporativos, provenientes del Norte Global y aceptados por numerosos gobiernos del Sur, implica la ampliación de las zonas de sacrificio en todo el Sur Global, la persistencia del legado colonial, el patriarcado y la trampa de la deuda. La energía es un derecho humano elemental e inalienable, y la democracia energética debe ser nuestro objetivo.
Llamamos a los pueblos del Sur a rechazar las falsas soluciones que vienen con nuevas formas de colonialismo energético, ahora en nombre de una transición ‘verde’. Hacemos un llamado explícito a continuar la coordinación política entre los pueblos del Sur y al mismo tiempo a buscar alianzas estratégicas con sectores críticos del Norte.
Para mitigar los estragos de la crisis climática y avanzar en una transición ecosocial justa y popular, exigimos el pago de la deuda ecológica. Esto significa, ante la responsabilidad desproporcionada del Norte Global por la crisis climática y el colapso ecológico, la implementación real de un sistema de compensación al Sur global. Este sistema debe incluir una considerable transferencia de fondos y tecnología apropiada, y debe conllevar la cancelación de la deuda soberana para los países del Sur. Apoyamos una política de reparaciones por las pérdidas y daños sufridos por pueblos indígenas, grupos vulnerables y comunidades locales debido a proyectos de minería, grandes represas y energía sucia. También apoyamos las luchas para legalizar y restituir los territorios colectivos de los pueblos indígenas en todo el mundo.
Rechazamos la ampliación de la frontera hidrocarburífera en nuestros países —a través del fracking y proyectos offshore— y repudiamos el hipócrita discurso de la Unión Europea, que recientemente declaró al gas natural y a la energía nuclear como “energías limpias”. Como ya se planteó en la Iniciativa Yasuní en Ecuador en 2007, siendo una idea que hoy es apoyada por muchos sectores y organizaciones sociales, apostamos por dejar los combustibles fósiles bajo tierra y a generar las condiciones sociales y laborales necesarias para abandonar el extractivismo y transitar hacia un futuro post combustibles fósiles.
De manera similar, rechazamos el colonialismo verde bajo la forma de acaparamiento de tierras para parques solares y eólicos, la extracción indiscriminada de minerales críticos y la promoción de “soluciones” tecnológicas como el hidrógeno azul, verde y gris. El cercamiento, la exclusión, la violencia, la invasión y el atrincheramiento han caracterizado las relaciones energéticas Norte-Sur pasadas y actuales y no son aceptables en una era de transiciones ecosociales.
Exigimos la protección efectiva de los y las defensoras de la naturaleza y los derechos humanos, en particular los pueblos indígenas y las mujeres que están en la primera línea de la resistencia al extractivismo.
La eliminación de la pobreza energética en los países del Sur debe estar entre nuestros objetivos fundamentales, así como de la pobreza energética de partes del Norte Global, a través de proyectos de energía renovable alternativos, descentralizados y distribuidos equitativamente que sean propiedad de las comunidades y sean operados por ellas mismas.
Denunciamos los acuerdos comerciales internacionales que penalizan a los países que quieren frenar la extracción de combustibles fósiles. Debemos detener el uso de acuerdos comerciales y de inversión controlados por corporaciones multinacionales que, en última instancia, promueven una mayor extracción y refuerzan un nuevo colonialismo.
Nuestra alternativa ecosocial se basa en innumerables luchas, estrategias, propuestas e iniciativas comunitarias. Nuestro Manifiesto se conecta con la experiencia vivida y las perspectivas críticas de los campesinos, los pueblos indígenas y otras comunidades locales, mujeres y jóvenes en todo el Sur Global. Se inspira en el trabajo realizado sobre los derechos de la naturaleza, buen vivir, vivir sabroso, sumak kawsay, ubuntu, swaraj, los comunes, la economía de los cuidados, la agroecología, la soberanía alimentaria, el postextractivismo, el pluriverso, la autonomía y la soberanía energética. Sobre todo, hacemos un llamado a una transición ecosocial radical, democrática, popular, con justicia de género, regenerativa e integral.
Siguiendo los pasos del Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, este Manifiesto propone una plataforma dinámica que invita a unirse a nuestra lucha compartida por la transformación ayudando a crear visiones y soluciones colectivas.
