Reportaje: Hacer valer los sacrificios de la lucha por la vida en el Gran Desierto de Altar de Sonora

Les compartimos este reportaje de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha en el desierto de Sonora – A 7 de diciembre del 2023

Es muy difícil para Abigail hablar del encarcelamiento de su papá, Bartolo Pacheco. Él es uno de los cinco ejidatarios del ejido El Bajío detenidos el 13 de abril de 2016 por defender su territorio de una mina de oro que pertenece a una empresa del poderoso grupo mexicano Peñoles, controlado por la familia Baillères.

“No se me hace justo y a la vez te da mucho coraje porque no puedes hacer nada, viendo como la misma ley te trata de ver como una persona mala, cuando no lo eres. Ellos por ser inocentes, por cuidar sus tierras, por defender lo de ellos, los llevan como si fueran criminales. Pues, no. No lo podía creer y nunca me imaginé estar en esta situación,” nos dice Abigail entre lágrimas.

Frente a la detención de su padre, Abigail tuvo que tomar una difícil decisión para ayudar la economía familiar. Buscaría trabajo en la misma empresa, pero en la mina La Herradura, una mina de oro a cielo abierto que colinda con su ejido y que inclusive ha invadido una parte de sus tierras. Haría esto enfrentando la discriminación, explotación laboral y riesgos a la salud.

“Tenía mi niña grandecita un año y seis meses, y dije, ¿qué vamos a hacer? Mis hermanos [estaban] estudiando y decidí buscar trabajar para ayudar un poquito a mi familia, mi mamá, mi papá, lo que sea, mis hermanos. Y la opción fue la mina. En este tiempo, mi esposo estaba trabajando y fue el que me ayudó con la solicitud, y sí. Pero, pensaba que no nos iba a aceptar porque, por ser hijos de ejidatarios, ¿no?”

Foto: Patio de lixiviación de la mina Herradura; Giuliano Salvatore, septiembre 2023

Por parte de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), participamos en el encuentro Comunidad-Minería-Periodismo en septiembre de este año dentro del territorio del ejido El Bajío, ubicado en el Gran Desierto de Altar frente el Golfo de California, entre Puerto Peñasco y Caborca, Sonora. En este desierto, único en su tipo en toda América del Norte por sus dunas, los espectaculares colores y la frescura de sus amaneceres y atardeceres invitan a reflexionar sobre la belleza de la diversidad de cactáceas y especies de fauna tímidas que habitan estas tierras de calor hostil, pero de una diversidad importante. Este hermoso e imponente desierto resguarda especies en peligro de extinción, como el berrendo sonorense, y paisajes llenos de vida y resistencia.

Organizado por el ejido y la Fundación Bajío Sahuaro, este encuentro nos dio la oportunidad de conocer de cerca las importantes victorias y los difíciles sacrificios que han hecho las mujeres y hombres del ejido, quienes siguen en la lucha para hacer valer sus derechos colectivos y para defender sus tierras.

Foto: El Bajío, Sonora; Giuliano Salvatore, septiembre 2023

La mina ilegal Soledad-Dipolos y los abusos de poder de la empresa minera Fresnillo PLC

Un enorme despliegue de 33 patrullas acompañado por la seguridad privada de la empresa minera Penmont, subsidiaria de la Fresnillo PLC, se presentaron en el Ejido aquel día de abril 2016 que detuvieron a Bartolo y cuatro compañeros más. Fresnillo cotiza en la bolsa de valores de Londres y presume ser la principal explotadora de plata en el mundo. Las policías respondieron a una denuncia interpuesta por Rafael Pavlovich Durazo, el tío de la entonces gobernadora de Sonora, quien también había mostrado interés en las tierras del ejido.

Sin embargo, fue la empresa Penmont la que estaba operando en la ilegalidad.

Desde fines de los años noventa, la empresa operó en el ejido mediante convenios acordados con un pequeño grupo de ejidatarios. Los convenios de los años 2002 y 2005 jamás fueron ratificados por la Asamblea Ejidal, la máxima autoridad del ejido, y tampoco cuentan con la firma del Comisariado Ejidal, sino de un notario y de los representantes de la empresa minera. En 2010, la empresa puso en operación comercial la mina de oro Soledad-Dipolos.

Pero para entonces ya habían crecido las tensiones entre la empresa y la mayoría de los y las ejidatarios quienes, en pleno ejercicio de sus derechos agrarios, lograron una victoria poco común entre las luchas contra las grandes empresas mineras. En diciembre de 2014, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario de Distrito Veintiocho dictó 67 sentencias a favor del ejido. Las sentencias ordenaron a la empresa entregar y reparar las tierras del ejido, indemnizar al Ejido por los daños generados y, algo inédito, devolver el oro que se había extraído de forma irregular de su territorio. Sin embargo, frente a esa sentencia histórica, la impunidad se ha antepuesto: el Magistrado no fue ratificado por el Senado y las sentencias aún no han sido ejecutadas.

Foto: Defensores y Defensoras del Territorio, El Bajío, Sonora; REMA, septiembre 2023

Desde ese entonces, para proteger su amplio territorio de 19 mil 38 hectáreas, un grupo de ejidatarios ha mantenido un campamento en un área cercana a donde se encuentra la mina. Están ahí para vigilar la implementación de las sentencias y cuidar su terreno, haciendo lo que el tribunal debería hacer, pero que no ha hecho. Quienes resisten en el campamento han contado con mucho apoyo de sus familias y de los demás ejidatarios, muchos de los cuales han tenido que desplazarse a otros lados, dadas las difíciles condiciones que se presentan en el ejido, especialmente la falta de agua.

Gracias a la lucha de este ejido y al campamento que sostienen, durante la mayor parte de los últimos nueve años, la mina no ha operado. Sin embargo, desde esta sentencia la criminalización y la violencia escaló inmediatamente, con grandes costos para la vida de todo el ejido.

La violencia que siguió a la victoria

Margarita López recuerda claramente el día 13 de abril de 2016, cuando más de cien policías llegaron al campamento junto con la seguridad privada de la empresa para detener a cinco compañeros del ejido, entre ellos su esposo Erasmo Santiago. En este momento, ella no pasaba las noches en el campamento, sino en el centro habitacional del ejido que se llama El Sahuaro, debido a que sus hijos aún eran pequeños y necesitaban ir a la escuela.

“A nosotros nos avisaron ya cuando llegaron la policía… Veníamos entrando cuando la patrulla ya iba saliendo con ellos.”

Después de presionar mediante su abogado para saber a dónde los había llevado, ella y otras compañeras del ejido iban cada ocho días para verlos en la cárcel Centro de Reinserción Social (CERESO), en Caborca. Tuvieron que pasar por revisiones invasivas para poder entrar. Toda la comida y otras cosas que llevaban para sus compañeros fue inspeccionada y estropeada adrede con tan violenta verificación.

Erasmo se quedaría en la cárcel un año y ocho meses, mientras que los demás compañeros lo harían por ocho meses.

“El chiste es que cuando lo agarraron [ellos] querían un líder para chingarlo y colocarlo en su lugar. Y cuando agarraron a Erasmo, [que] es quien habló más, es quien le andaba más a la madre, a la fregada y todo esto. Entonces, ¿qué hicieron con él? Por eso le pusieron más cargos falsos, para que él se quedaba allí adentro.”

Durante el resto del sexenio de la Gobernadora Claudia Pavlovich, ahora cónsul de México en Barcelona, la violencia se mantuvo muy fuerte en contra del ejido.

En febrero de 2018, el ejidatario Raúl Ibarra fue asesinado, y Noemí Elizabeth López Gutiérrez desaparecida. Eran esposos. Margarita nos dice que ellos eran los que siempre lucharon más que todos.

“Raúl Ibarra era quien más hablaba también que el no se dejaba, si entraba un gobierno, él le mandaba hasta la madre. Decía que aquí es mi tierra y nadie me va a sacar de aquí. Él hablaba duro. Y su señora es igual,” dice Margarita.

Raúl logró evitar ser detenido en 2016. No estuvo en el campamento este día y le llegó el aviso a tiempo. Aún así, Noemí acompañaba a las compañeras.

“Noemí Elizabeth siempre estuvo con nosotras. Cuando [los] íbamos a visitar, ella también iba y daba ánimo a los que estaban adentro, que no se preocupa, que todo iba a salir bien.”

“Ella, cuando fue a pelear con nosotros, a lo mejor para esto fue en contra de ella también, porque ella es la que hablaba más. Y cuando se enojaba, ella entraba y agarraba el teléfono y le grababa a los policías allí adentro y no se detenía.”

Otro líder, José de Jesús Robledo Cruz, quien era el presidente del comisariado ejidal en el momento que salieron las 67 sentencias, huyó a los Estados Unidos por todas las amenazas que enfrentaba. Sin embargo, cuando volvió a México, en abril de 2021, fue asesinado junto con María de Jesús Gómez Vega, su esposa.

“Por parte de Chuy Robledo, pues, fue ensaña en contra de él porque fue el Comisariado en aquellos tiempos. … Todo el tiempo ha tenido amenazas. Y el último, pues, creo que se descuidó y lo agarraron con todo y su señora, pues. Y se mira en el cuerpo, porque cuando lo encontraron estaba bien feo. … Y en su cuerpo, cuando se murió, le puso un cartón con cuchillo en la panza con los nombres de todos los hombres ejidatarios.”

El ejido se enteró del asesinado de la pareja y de la amenaza en contra de los 13 ejidatarios por los noticieros, y esto les generó mucho miedo y preocupación nuevamente.

Reflexionando sobre estas grandes pérdidas, Margarita dice, “No podemos hacer nada, están descansando. Pero su lucha no va a quedar en vano, los que hicieron un sacrificio también les pasó lamentablemente, pero su lucha valía la pena y nosotros vamos a seguir adelante para que valga la pena lo que ellos hicieron y vamos a seguir hasta que ganamos.”

El extractivismo minero rapaz y los daños a la salud

En tan solo tres años de operación, la empresa Fresnillo sacó 236,709 onzas de oro de la mina Soledad-Dipolos, una cantidad que cabe en un cubo de 70 centímetros por 70 centímetros. Sin embargo, dejó un hueco enorme y más de 3 mil hectáreas destruidas con millones de toneladas de roca y residuos tóxicos del mineral procesado, residuos que permanecerán para siempre en el territorio de El Bajío. Los desechos amontonados se muestran en el horizonte como grandes escalones planos y alargados que contrastan con las siluetas accidentadas de la Sierra Madre Occidental.

Foto: La mina Soledad-Dipolos, El Bajío, Sonora; REMA, septiembre 2023

El artista Miguel Fernández de Castro expone la dramática diferencia entre la pequeña cantidad de mineral extraído y la magnitud de la destrucción generada por la mina de tajo abierto, con la instalación de un cubo de tierra compactada marcada con una placa con textos de Natalia Mendoza. Después de mostrarlo en Nueva York, ahora se encuentra dentro del tajo de la mina Soledad-Dipolos.

Regresar este oro a la comunidad es algo que está dentro de las posibilidades de esta empresa mexicana transnacional. El oro que Fresnillo debe a El Bajío es equivalente a 37% del oro que la empresa sacó en sus siete minas en operación en México tan solo en 2022, o el 68% del oro extraído solamente de la mina La Herradura el mismo año.

Foto: El cubo y la placa dentro de la mina Soledad-Dipolos, El Bajío, Sonora; REMA, septiembre 2023

Sin embargo, si bien la empresa podría regresar el oro, esta parte del territorio de El Bajío jamás regresará a su estado anterior.

Desde hace unos años, Margarita y sus hijas permanecen más tiempo en el campamento, junto con Erasmo. Pero no es fácil.

“Lo que comemos, tenemos un poquito de ayuda de los ejidatarios que [viven fuera y] nos ayuda. Y yo tengo también hijos ya grandes por la propia familia” dice Margarita. Sus hijos trabajan fuera y mandan todo que pueden como parte de su contribución a la lucha.

Tampoco hay agua para poder cultivar y, aún cuando la mina no está en operación, todos ellos están constantemente expuestos al polvo contaminado de los patios de lixiviación que dejó la mina. La exposición a metales pesados como el plomo tiene impactos sobre el sistema nervioso. En otras comunidades afectadas por la minería en México los daños a la salud por la minería se han observado particularmente en las mujeres gestantes que viven cerca de las minas de oro a tajo abierto, tal como en el caso de Carrizalillo, Guerrero, donde desde hace años se ha identificado un fuerte aumento en los nacimientos con deformaciones, así como un incremento en los abortos y partos prematuros.

Por su parte, Abigail se quedó trabajando en la mina La Herradura de la empresa Fresnillo desde la detención de su papá para ayudar a su familia. Trabajaba en el laboratorio y, poco después de entrar, se embarazó.

Foto: Patio de lixiviación y instalaciones mineras de la mina Soledad-Dipolos, El Bajío, Sonora; Giuliano Salvatore, septiembre 2023

“En el área en donde yo trabajaba, estábamos dos meses, cinco días a la semana en el mismo lugar. Inhalar todo el vapor, hasta los mismos facilitadores te dicen, ¿sabes qué?, el colector no está funcionando. Aquí se sienten el sabor como si fuera dulcecito de cala, es algo que tú sientes y es difícil quitártelo, aunque tomas agua, aunque comes algo, allí lo tienes. Hasta los mismos facilitadores saben que es el plomo y con sólo el olor, el sabor, dicen checan el colector.”

Tuvieron su uniforme y ropa especial designada, pero aún así el plomo traspasaba todo: “aunque dicen que tienen todos los controles, aún estás en contacto” comenta Abigail.

Su segunda hija nació con espina bífida y otros problemas de salud. Hoy Abigail está embarazada de nuevo. Luchar para que su hija pueda caminar y jugar como las demás niñas es un gran reto, especialmente ahora, puesto que fue despedida hace unos meses, y ahora lucha para que la empresa le pague lo que le debe.

“Espero que me paguen lo que me correspondan y todo el daño que nos hayan hecho.”

Que viva el Gran Desierto de Altar y su gente

La lucha del ejido El Bajío sigue con la mirada puesta en la lucha por un futuro mejor para sus familias y todos los seres vivos en su territorio. No solo están luchando por la ejecución de las 67 sentencias del Tribunal Agrario y por justicia por toda la violencia que han sufrido, sino también para restaurar el hábitat con la importante flora y fauna que abarca su territorio.

Mientras visitamos su campamento, el papá de Abigail firmó un certificado que convierte 2,460 hectáreas del ejido en un Área Destinada Voluntariamente a la Conservación. Abigail espera que el proyecto que salga de allí y de su lucha pueda mejorar la situación para todo el ejido, y también para toda la flora y fauna del hermoso desierto de Altar.

Foto: Bartolo Pacheco firma certificado del área de conservación, El Bajío, Sonora; REMA, septiembre 2023

Margarita dice estar feliz por las sentencias que ganaron, pero para que realmente valga la pena el sacrificio que han hecho y para que esto tenga sentido para quienes vengan en un futuro, lo que quiere es seguir luchando por su territorio: “Seguir adelante es lo que queremos. Cuidar los animales mejor y las plantas, para que ya no destruye.” En lo personal, también espera poder descansar un rato, poder estar más con su familia y sembrar sus tierras.

“Nos gusta mucho el cultivar,” dice, sonriendo.

Foto: El Bajío, Sonora; Giuliano Salvatore, septiembre 2023

Imagen: El Bajío, Sonora; Giuliano Salvatore, septiembre 2023

Más información:

Comunicado ante las constantes injerencias del senador José Narro Céspedes en la lucha del Ejido El Bajío y el arribo de la Guardia Nacional

Les compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA Y esta alerta del Ejido El Bajío – A 3 y 4 de octubre 2023

Octubre 3, 2023

Desde la REMA, denunciamos nuevamente al Senador José Narro Céspedes ya que sigue intentando entrometerse en asuntos que son exclusivos del Ejido El Bajío, el cual forma parte activa de esta Red.

Según informes que nos han hecho llegar compañero s y compañeras del ejido El Bajío, el senador Narro Céspedes, promueve a un grupo de cuatro ejidatarios que se asociaron con el abogado del sobrino de Caro Quintero y quienes por decisión de la Asamblea Ejidal el 26 de febrero de 2017, fueron separados del ejido, es decir, estas personas no pertenecen al ejido El Bajío, desde hace más de seis años.

Además, el ejido El Bajío señala que este grupo de personas no son parte de los juicios cuyas sentencias estipulan que la empresa minera Fresnillo PLC debe devolver el oro extraído de forma ilegal al ejido El Bajio, entre otras prestaciones.

Por otra parte, queremos resaltar que el comisariado ejidal, nos informó que el pasado 30 de agosto de este de 2023, el ejido ha sido declarado Área Destinada Voluntariamente a la Conservación por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP; garantizando así que nunca más la actividad minera se desarrolle dentro de este. Con esta declaración la empresa minera Frenillo PLC no podrá intentar establecer un acuerdo ni con el senador Narro Céspedes ni con ninguna otra persona, para intentar continuar con el saqueo.

Le solicitamos al senador Narro Céspedes que deje de abusar de su posición política para usurpar funciones y entrometerse en los asuntos del ejido El Bajío, un comportamiento del senador que ya se ha visto en el estado que representa, Zacatecas. No olvidamos que Narro Céspedes intentó negociar el proyecto de la Presa Milpillas y se autonombró representante del Movimiento para politizar el tema a su favor, siendo el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco quien lo desmintió. Por otro lado, tampoco ha respondido como debe al tener un cargo de representación, cuando se lo han solicitado los habitantes de su propio estado, tal es el caso de la comunidad indígena de Cicacalco, Tlaltenango, Zacatecas, que le ha solicitado su apoyo para presionar en la remediación del mal llamado “relleno sanitario” y que se deslinde de la problemática.

En conclusión, le exigimos al senador dejar de estar operando para la empresa minera Fresnillo PLC, confundiendo a la opinión pública y promoviendo notas difamatorias y con información errada en el diario El Universal, las cuales tergiversan los hechos y las acciones emprendidas por el Comisariado Ejidal del Ejido El Bajío. Por último, le requerimos al senador Narro Céspedes, que deje de usar a la Fiscalía General de la República, para que esta intimide y hostigue a las autoridades del Tribunal Agrario, para que este reconozca a sus socios relacionados con Caro Quintero, como ejidatarios del ejido El Bajío.

¡Por la defensa del territorio del ejido El Bajío y la garantía del acceso a la justicia!

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Via Redes sociales: Ejido El Bajío

El día de hoy ingresaron efectivos de la #GuardiaNacional a nuestro territorio para realizar una inspección ante una supuesta denuncia realizada por el abogado del senador José Narro Céspedes indicando que la minera #Penmont continúa operando, desde hace tres años la minera no opera en el #EjidoElBajío. Denunciamos que el senador #JoséNarroCéspedes insiste en meterse en asuntos que son exclusivos de nuestro ejido, entorpeciendo el trabajo de la magistrada del TUA#28 de Hermosillo para que este tribunal no continúe dando pasos en la ejecución de las 67 a nuestro favor. Es claro que el senador Narro está coludido con #FresnilloPLC empresa empeñada en eludir la justicia y con las bandas del crimen organizado que operan en Caborca, los Quintero Ley.

El Escaramujo en la Radio martes 10 de octubre 6 pm – La Resistencia tiene rostro norteño; El caso del Ejido El Bajío

El programa de radio El Escaramujo; Un espacio de análisis político, social y cultural en Radio Kinoki, en este programa estaremos platicando con habitantes del Ejido El Bajío en Sonora quienes resiste a un proyecto minera y nos contaran sobre su lucha y resistencia en el desierto. Acompáñanos este martes 10 de octubre a las 6 pm por nuestro facebook live.

La resistencia tiene rostro norteño

El caso del Ejido El Bajío

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Más información:

Nota: A 6 años del derrame en el río Sonora

Compartimos este reportaje especial publicado por Mongabay – A 17 de agosto del 2023

México: “Para nosotros ese territorio y ese río significaban vida, pero ahora como se siguen dando las cosas, son muerte” | ENTREVISTA

por Astrid Arellano

  • Este 6 de agosto de 2023 se cumplieron nueve años del derrame de sulfato de cobre y metales pesados en el afluente del Río Sonora, en el noroeste de México, provocado por la empresa Grupo México. El evento es catalogado como el peor desastre ambiental causado por la minería en el país.
  • A nueve años del derrame, los problemas en la salud del río, de la tierra y de los habitantes de la cuenca empeoran ante la indiferencia de las autoridades mexicanas y de la empresa responsable, afirma en entrevista con Mongabay Latam, Martha Patricia Velarte Ortega, habitante de la zona y defensora del ambiente y territorio.

Un día antes de que el derrame de sulfato de cobre y metales pesados fuera evidente en el Río Sonora, los nietos de Martha Patricia Velarde Ortega habían estado jugando en el agua. Pasaron los días. Uno de ellos comenzó a perder el cabello. Más tarde sabrían que se trataba de una alopecia causada por el contacto con arsénico. Ese, además de quemaduras en la piel, fue uno de los tantos efectos visibles e inmediatos que dejó lo que ha sido considerado como el peor desastre ambiental causado por la minería en México.

El 6 de agosto del 2014, la empresa minera Grupo México derramó 40 000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado y metales pesados de la mina Buenavista del Cobre —ubicada en el municipio de Cananea— en el afluente de este río que recorre ocho municipios del estado de Sonora, al noroeste de México.

Agua contaminada con metales pesados en el municipio de Bacanuchi, luego del derrame de Grupo México en 2014. Foto: PODER.

Unas dos semanas después del derrame, Velarde Ortega habló con un representante de la empresa que llegó a su casa. Ella le expuso la necesidad de atender a los niños afectados. Luego la persona salió, llamó por teléfono y, cuando regresó, le comunicó que lo sentía mucho, pero que no la iban a apoyar.

“Y me acuerdo muy bien de las palabras que le dije: que no se olvidaran de mí, porque yo no me iba a sentar. Ese fue el motor que me impulsó”, asevera Velarde Ortega, hoy convertida en una de las defensoras del territorio más visibles del movimiento que se formó para exigir que la empresa asuma su responsabilidad por el derrame. La residente del municipio de Baviácora forma parte de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), organización fundada por las y los habitantes afectados en esa región.

Martha Patricia Velarde durante la presentación del Informe 8 Años de Impunidad en el Río Sonora, en agosto de 2022. Foto: PODER.

Este 6 de agosto de 2023 se cumplieron nueve años del derrame que cambió la vida en esta región de México. Casi una década después, no han llegado la remediación, la reparación y la justicia sobre los daños ocasionados en la salud, el ambiente y la economía de las comunidades.

En entrevista con Mongabay Latam, Martha Patricia Velarde Ortega habla de cuáles son aquellos efectos del derrame que persisten y se agravan, los retos para el movimiento social en el Río Sonora y el futuro de sus comunidades que siguen en la búsqueda de atención a la salud, acceso a agua limpia y una restauración de los ecosistemas.

Martha Patricia Velarde, defensora del territorio e integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora. Foto: PODER.

—¿En qué momento se convirtió en defensora del territorio?

Cuando ocurrió el derrame de tóxicos de la mina Buenavista del Cobre, en 2014, yo era una persona ya de edad. En ese momento no hubo quién alzara la voz en mi comunidad y, siendo directamente afectada —primeramente, mis nietos—, tuve que tomar la bandera en el activismo, en la defensa del territorio y de los derechos humanos.

Fuimos pocas las personas que nos dimos cuenta de la gravedad del hecho. Cuando se clarificó el agua, muchas personas pensaron que ya no había algún peligro, pero los que sí sabíamos sentimos una obligación moral de alzar la voz y de iniciar la defensa. Primeramente, fue un interés personal, porque la salud de mis nietos estaba muy afectada. También ocurrió el caso de la señora con quemaduras en la cara, una vecina muy cercana de mi casa. Luego me uní a otras personas que también estaban organizándose en esos días.

Puedo decir que, en la primera semana, ya había organización ciudadana, buscando unidad, trabajando todos los municipios para poder entablar la defensa. Desde allí vienen contando no solo mis intereses personales, sino colectivos, sabiendo también que el medio ambiente necesitaba ser reparado.

Las primeras reuniones de los afectados por el derrame de Grupo México, en 2014. Foto: PODER.

Todos estábamos viendo los sedimentos que dejó el derrame, todos estábamos viendo la coloración de la tierra, de las orillas del río y sabíamos que allí estaba el peligro. Vimos las fotografías de los animales muertos, vimos los árboles por donde pasó el derrame. Actualmente, la gravedad del problema está corroborada y quedó plenamente demostrado que no hubo remediación.

Tiene que restaurarse todo y, como es el lema de este aniversario, es por el agua y la vida. Es por las generaciones que vienen. Nuestra lucha no tiene un fin definido y como los proyectos mineros siguen proliferando en el Río Sonora, posiblemente la lucha tenga que seguir en otros lugares.

Ahorita no solamente nos enfrentamos a la empresa. Desgraciadamente, tenemos que enfrentarnos también a las autoridades que no tienen las intenciones de garantizar nuestros derechos humanos. Y si no tienen interés en los derechos humanos, pues ya veremos si lo tendrán en el territorio y el medio ambiente.

Animales muertos, en 2014, por el derrame de tóxicos de Grupo México. Foto: PODER.

—¿Cómo surgen los Comités de Cuenca del Río Sonora? ¿Quiénes son hoy en día?

—En el tiempo que estábamos buscando integrarnos, surgieron movimientos. Pero ya como Comités de Cuenca, surgen por la organización PODER. Ellos contactaron liderazgos que ya estaban iniciando este movimiento incipiente y se conformaron los Comités de Cuenca del Río Sonora con habitantes de todos los municipios.

Inicialmente, se contaban siete municipios, luego entró también el área rural de Hermosillo. Estamos hablando de Arizpe, Aconchi, Baviácora, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Ures y el área rural de Hermosillo. En cada uno de esos lugares, el movimiento surge con mucha fuerza. Las convocatorias eran fuertes y bastante concurridas. Hasta la fecha continuamos y hay representatividad en todas las localidades.

Martha Patricia Velarde e integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora, durante una manifestación en las oficinas de Grupo México, en agosto de 2022. Foto: PODER.

Por cuestiones de logística y por la situación económica es difícil que logremos hacer muchedumbre, pero con esa representatividad y haciendo asambleas, hemos logrado sostener este movimiento hasta la fecha. Sin el apoyo de las organizaciones que están ahorita acompañándonos, definitivamente hubiera sido imposible para nosotros movilizarnos por todo lo que implica.

Lo mismo pasó cuando necesitamos un abogado desde el principio. Lo buscamos y nadie se atrevió a agarrar la bandera de la defensa del territorio del Río Sonora. Yo les hice ver que hasta nosotros, ciudadanos, éramos los que pagamos las universidades y que necesitábamos que se acercara alguien a devolver algo. Eso no tuvo eco. Por eso estamos agradecidos y somos conscientes de todas esas organizaciones que nos han permitido empoderarnos, que nos han permitido adquirir conocimientos, porque ha sido una lucha muy larga y, para poder defenderte, tienes que conocer y te tienes que instruir en la defensa y en todos los temas que pudieran incidir.

Integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora durante una manifestación en las oficinas de Grupo México, en agosto de 2022. Foto: PODER.

—Han pasado nueve años desde el derrame, ¿cuál es la retrospectiva? ¿Dónde están parados ahora?

—Hemos avanzado, pero no lo suficiente. No porque sea estéril la lucha ni porque no hayamos puesto nuestro mayor esfuerzo. Aquí concurren muchas situaciones. En la salud, por ejemplo, afirmo que estamos peor que antes. Al inicio era una exposición aguda que, solucionando el problema del agua, no se hubiera extendido ni tuviéramos la magnitud de los problemas de salud que tenemos ahorita. En ese sentido, estamos peor. En estos nueve años, las promesas fueron simple y sencillamente eso: promesas.

Hace ya seis años del compromiso, porque durante las campañas electorales del 2018 —en las vueltas que dio por los pueblos del río, allá en Ures— el presidente López Obrador dijo muy claramente que estaban como en los tiempos del porfiriato, que toda esa región estaba en manos de Grupo México, que había contaminado nuestro río impunemente. Dijo que no habría venganza, pero sí justicia. Esa palabra empeñada no se ha vuelto una realidad. Es justo reconocer también a los funcionarios comprometidos —no con nosotros directamente, sino con el medio ambiente— que han realizado estudios y han dado a conocer la realidad.

Obra negra de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), que debía brindar atención a los habitantes del Río Sonora. Foto: PODER.

Gracias a estos funcionarios comprometidos y honestos, se ha avanzado en lo legal. Con esto, nosotros queremos que se logre el compromiso del resto de las autoridades como Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), pero parece que no lo tenemos; desde el 2020 sabemos que se ganó un amparo en donde se declara ilegal el cierre del Fideicomiso Río Sonora, sin embargo, no se ha tomado ninguna acción. Al momento, ya tienen todo lo que se necesita para reabrir el caso, para tratar que esto se haga antes de esta transición política [el cambio de gobierno federal en 2024], porque eso nos va a afectar y no hay ningún Plan de Justicia para el Río Sonora; es para Cananea, pero no está por decreto ni está publicado en el Diario Oficial. Está en el aire, son papeles nada más. Nosotros queremos un compromiso que trascienda el sexenio. Que asuman las responsabilidades quienes les corresponden.

También está Conagua (Comisión Nacional del Agua), que sus titulares ni una sola vez nos han dado la cara en todo lo que va de este sexenio. En cuanto a la Secretaría de Salud, sí estamos con una exigencia fuerte de atención. No es posible que, en noviembre de 2021, iniciaron con las tomas de muestras [de sangre de los afectados], las entregan en abril del 2022 y, con la extinción del Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) para cambiar a IMSS-Bienestar (Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar), no hay atención médica para nadie. A pesar de saber quiénes son, en dónde viven, cuál es el riesgo que están afrontando, porque hay gente con una exposición altísima [a metales pesados] y que no solo su salud, sino sus vidas, están en riesgo. Hasta el día de hoy, la salud no ha sido atendida. La Secretaría de Salud únicamente levantó las historias clínicas, pero no hay absolutamente ninguna consulta [médica] de la Secretaría de Salud en lo que va del sexenio.

¿Qué denota esto? La ineficiencia de las autoridades y la manera tan evidente sobre cómo opera la captura corporativa del Estado, porque estamos viendo a una empresa impune, que no se hace responsable, y a unas autoridades —en sus tres niveles— que no tienen ningún poder para obligar a esa empresa para que cumpla.

Habitante de la cuenca del Río Sonora con los resultados de sus pruebas toxicológicas. En 2022, los habitantes cuentan con diversos niveles de metales pesados en la sangre. Foto: PODER.

—¿Cómo describiría el cambio que ha sufrido el territorio en los últimos nueve años?

—Da tanta tristeza pensar que el Río Sonora, aunque con corrientes pequeñas, era considerado un río perenne. Era un río permanente, por así decirlo, en la extensión de la palabra. Ahorita no es así. La contaminación ha incidido fuertemente en el tipo de cosechas. La flora y la fauna han desaparecido. La propia autoridad ambiental hizo las evaluaciones y es la conclusión a la que ellos llegaron.

Tal como dice el informe de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México)—, hay muchos problemas con la flora y la fauna nativa. De hecho, en los últimos estudios, del año pasado, en muchos sectores ya se nota la desaparición de todos los insectos que polinizan tanto las siembras, como la naturaleza. Eso ya es un hecho comprobado por la misma autoridad.

Una de las primeras imágenes aéreas del río Sonora luego del derrame en 2014. Foto: PODER.

Antes, los domingos, era obligado el paseo al Río Sonora. Ir a disfrutar de las arboledas, de las corrientes frescas. El río y ese territorio tan hermoso son el sustento y el eje de la vida en todos los municipios del Río Sonora. Hoy todavía hay mucha gente que en su ignorancia no sabe a lo que se enfrenta, o que es inconsciente porque, a pesar de saberlo, siguen metiendo niños a esas aguas.

En las temporadas del agua, en las crecidas, los berros, los quelites silvestres, todo lo que se daba, ya no lo podemos ver. Ya no vas los veranos a recolectar los temporales: la calabaza, el maíz, la sandía del verano. La mayor parte de las tierras de siembra se riega con agua de los pozos y esto equivale a un gasto mayor para los compañeros que se dedican a la agricultura. Eso también afecta muchísimo la cuestión económica. Todo es un círculo muy bien formado: el territorio está conformado por el suelo, el agua y el aire.

Eso ha sido bastante triste. Para nosotros ese territorio y ese río significaban vida, pero ahora como se siguen dando las cosas, son muerte. No estoy hablando de una manera literaria, sino de una manera real. Nos enfrentamos a muchos problemas de salud fortísimos. Esa tierra y ese río siguen siendo nuestro orgullo, pero sabemos que está enfermo y que necesita ser remediado, que necesita ser reparado. Insisto en que no es que los Comités de Cuenca lo digamos, la propia autoridad federal en la materia lo ha comprobado y en estos nueve años se han ido demostrando, una a una, todas aquellas afirmaciones que nosotros hacíamos y que decían que no tenían sustento.

Manifestación de afectados por el derrame en el Río Sonora. Foto: PODER.

—¿Qué amenazas se encuentran latentes en el territorio?

—La megapresa de jales que está ubicada en Bacanuchi ya tiene fisuras. Lo puedes detectar a través del satélite. Es más grande que la que se derramó en 2014. Una tragedia en esa presa nos desaparece a todos. El tamaño de esa presa, el nivel de contaminantes y de jales que va a resguardar allí, no tiene parámetro en ninguna parte del país y representa un grave riesgo para toda la cuenca del río. Para 2025 tiene que dejar de operar la presa actual, que está en Cananea. Es un peligro latente y enorme.

Megapresa de jales ubicada en el municipio de Bacanuchi. Foto: PODER.

Si bien el problema ahorita está enfocado en esa minera, tampoco dejan de trabajar y de abrir otras minas. De hecho, ya está operando “La Chispa”, en Arizpe, se hizo la prolongación de la mina Santa Elena, que ahora se llama “El Ermitaño”, y en Baviácora están explorando otra mina. Todo esto en un territorio en estrés hídrico, en una cuenca sobreexplotada, en una región en donde no tenemos suficiente agua para la población. Esas son las cosas que no entendemos. Queremos que se sepan todos los daños que ocasionan las empresas para que se beneficien unos cuantos, en detrimento de poblaciones enteras, de regiones enteras, de cuencas enteras.

Reunion con autoridades en el municipio de Ures, en diciembre de 2019. Foto: PODER.

—¿Cuáles han sido los avances recientes más significativos del movimiento?

—Lo que ocurrió primero [en mayo de 2023] fue la actualización de los costos del derrame. Se da a través del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en donde se hizo un estudio exhaustivo a partir de la no remediación, para tener elementos para reaperturar el fideicomiso, porque los daños se tienen que remediar. Se fueron haciendo los cálculos de todos y cada uno de los rubros y al final se le agregó el costo de la inflación. Se está hablando de que los costos actualizados del derrame son por más de 20 000 millones de pesos, de los cuales el Fideicomiso únicamente aplicó una dieciseisava parte. Es decir, nada.

Estos costos los hemos tenido que asumir las comunidades. Los costos están reflejados en el agua purificada que tenemos que comprar, en la atención a la salud, en los cuidados y en todo lo que se tiene que hacer para producir en la tierra que ya no produce con los niveles de producción que tenía, ni en cantidad ni en calidad. Los riegos también han generado costos, porque las acequias ya no riegan los campos y se tiene que regar con agua de pozos que cada vez requieren mayor profundidad, hasta 200 o 300 metros. Entre más hondo, necesitas bombas más potentes, que gastan más electricidad y, obviamente, es un costo bastante mayor.

Que se hayan actualizado estos costos, bajo esquemas totalmente científicos, es un gran avance para nosotros. Todas las cifras están bien sustentadas. Las conclusiones son muy firmes en cuanto a esos montos. Es bueno, porque tanto el ambiente, como la salud, podrán ser reparados.

Tinacos del Fideicomiso Río Sonora, entregados a los habitantes de la cuenca para el almacenamiento de agua. Foto: PODER.

Por otra parte, con el resolutivo [de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR), publicado en julio de 2023], quedó plenamente demostrado con métodos de la ciencia que no hubo remediación. No se remedió la Zona 1 [aledaña a la empresa] y la remediación que habían dado por buena en las demás zonas, la basaron en cifras y números que eran para territorios deshabitados. Fue con todo el dolo y la mala fe del mundo, porque el río corre por todas las poblaciones en donde todos sabemos que sí hay habitantes. Esos cálculos que hicieron les permitieron quitarse el compromiso, la obligación y la responsabilidad. Es grave y nosotros esperamos que haya reacciones fuertes de parte de la Profepa.

En ese sentido han sido grandes avances. Pero vamos a ser francos, ¿cuál es el problema? Que nosotros obtenemos triunfos legales, pero los obtenemos a través de los tribunales jurisdiccionales y el Ejecutivo no los ejecuta. El amparo del 2020, por ejemplo, sigue sin ejecutarse. Mientras tenemos logros que nos alientan, también tenemos cosas que pretenderían desalentarnos, pero nosotros no vamos a claudicar. Son nueve años ya y esperamos, de todo corazón, que no sean más. Que ya se le ponga un fin a esto. Si se va López Obrador, ¿cuántos años más vamos a seguir socializando la información? Yo sigo confiando en que es un hombre de palabra y que habrá justicia para el Río Sonora.

—¿Cuál es la relación actual entre los Comités de Cuenca y el presidente Andrés Manuel López Obrador?

—No tenemos ninguna relación. El problema es que el presidente hace declaraciones con base en lo que sus funcionarios le platican, pero él no ha tenido nunca un encuentro con nosotros directamente, para que pueda darse cuenta de la realidad y no de lo que le cuentan. Desde que inició el cambio de Insabi a IMSS-Bienestar, ya no volvió a tener ningún contacto la Secretaría de Salud de Sonora con nosotros; anteriormente sí estaban en las mesas. No hay justificación. Tienen nombres, dirección, teléfono y grado de afectación a la salud de las personas, pero van y se sientan en su oficina, muy a gusto, mientras en los pueblos se está muriendo la gente y se están enfermando del hígado, riñón, corazón y de todo lo que gustes y mandes. Se están afectando las infancias con esos problemas, del sistema nervioso central y problemas de aprendizaje. Hay preocupación por el nivel cognitivo de los niños de la zona del río. A nosotros nos preocupa y ocupa, pero las autoridades no han respondido en la medida que se necesita.

Exigencias al presidente de México durante una reunión con autoridades en el municipio de Ures, en diciembre de 2019. Foto: PODER.

Si tomamos las mediciones que hizo el Cenaprece (Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades), como un número estadístico, allí dice que el 99 y hasta el 100 % —en algunas localidades en las que se tomaron muestras las personas— tenemos plomo en la sangre. Otras tantas tenemos arsénico, otras tantas tenemos cadmio, manganeso, en distintos niveles de exposición. Otro agravante, por ejemplo, es que si está abajito de cualquier cantidad, no hay problema. Pero sí lo hay: a muchos ya nos salió mercurio en esos análisis que hicieron. De mercurio no debemos de tener absolutamente nada.

La propia Martha Patricia Velarde muestra los resultados de sus pruebas toxicológicas. Foto: PODER.

—¿Cuál es la exigencia más fuerte de los afectados en 2023?

—La atención a la salud es lo más urgente. Pero reitero: hay cosas que son inseparables y si no quitas la causa, el problema seguirá. Es el agua. Podemos darnos un poco de tiempo para remediar la tierra, para repoblar los insectos y las especies que se han ido. ¿Pero cómo vamos a detener el deterioro de la salud si no nos dan agua limpia? ¿Cómo vamos a detenerlo cuando hay hogares en donde se tiene que discriminar entre comprar un garrafón de agua o un kilo de frijoles? No es cualquier cosa. Deberían de haber empezado por lo primero y todo el problema de la salud no se hubiera ido al nivel en donde estamos ahorita.

Presentación del Informe 8 Años de Impunidad en el Río Sonora, en agosto de 2022. Foto: PODER.

—¿Qué espera usted para el futuro del Río Sonora? ¿Hacia dónde camina el movimiento para que el río sea nuevamente habitable para las comunidades?

—Honestamente, es algo que se ve difícil. Las concesiones que ya estaban dadas, son las que ponen a explotarse, pero no siguen las regulaciones. Estamos en un territorio, desgraciadamente, en donde la empresa ya se adueñó del agua. ¿Qué futuro vemos? Mientras no haya autoridades comprometidas, mientras los poderes del Estado no enforcen la ley, podemos llegar incluso al desplazamiento del territorio. Ya se está dando a nivel hormiga y eso es demostrable si ves los datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). Estamos hablando de un decrecimiento en la población del Río Sonora a partir del 2014.

Quisiéramos ser muy positivos y decir que allí nos vamos a quedar y que volveremos a disfrutar el territorio, pero también tenemos que ser realistas. El entusiasmo y el optimismo te revitalizan, pero por otro lado, desgraciadamente, te sueltan el golpe cuando ves la realidad sobre cosas que no tenemos el poder de cambiar. Sobre todo, cuando es tan difícil dada la corrupción.

También hay mucha gente que no siente que le afecta. Hermosillo —la capital del estado— es la muestra, aquí está la contaminación. El repunte en el cáncer y en todas las enfermedades endocrinas no es nada más porque sí. Pero la gente no quiere comprender, no quiere entender o no tiene tiempo para hacerlo. Hermosillo es Río Sonora, pero aquí te lo disfrazan.

Integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) durante una manifestación en las oficinas de Grupo México, en agosto de 2022. Foto: PODER.

*Imagen principal: Martha Patricia Velarde durante una manifestación en las oficinas de Grupo México, en agosto de 2022. Foto: PODER.

Delegación del Ejido El Bajio visita Londres en busqueda de justicia por el desastre que provocó la minera Frensillo PLC

Compartimos este resumen de la visita de ejidatarios del Ejido El Bajio a Londres – A Mayo 2023

La semana pasada estuvieron en Londres, Reino Unido, un grupo de 11 ejidatarios representantes de nuestro ejido El Bajío, ubicado en Sonora, México, para denunciar los abusos de los que hemos sido víctimas por parte de la compañía minera mexicana Fresnillo PLC. En el ejido El Bajío hemos entablado una lucha jurídica contra esta empresa minera desde el 2009, quien invadió, destruyó y contaminó nuestro territorio para extraer, según sus propios reportes, 236.709 onzas de oro cuyo valor aproximado es de 436 millones de dólares.

Con el apoyo de London Mining Network y London Mexico Solidarity organizaciones inglesas, con quienes trabajamos desde el 2022, nos reunimos con miembros del Parlamento Británico, organizaciones no gubernamentales, firmas de abogados y la embajada de México en el Reino Unido.

El objetivo principal de la visita fue demostrar las inexactitudes presentes en el informe anual y las cuentas de Fresnillo PLC y exigir a la empresa, que asuma la responsabilidad por la contaminación ambiental causada por las actividades mineras ilegales en el territorio del ejido y que cumpla con las sentencias dictadas por el Tribunal Agrario #28 ubicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en el 2014.

Los parlamentarios a quienes presentamos el caso fueron: Jeremy Corbyn MP; Fabian Hamilton MP – responsable por Latinoamérica-; Stephen Timms MP y el equipo de trabajo de la parlamentaria Fiona Bruce MP, del Partido Conservador y Ministra para la Libertad de Culto y Creencias). Mientras que las organizaciones no gubernamentales con quienes se sostuvieron largas y productivas reuniones fueron: Amnesty International – UK; Peace Brigades – UK; Local Authority Pension Funds Forum y Transform Trade, organización que ya se encuentra colaborando con el ejido.

Para el ejido El Bajío, esta visita al Reino Unido unos días antes de que se efectúe la asamblea anual de accionistas de Fresnillo PLC, ha sido sin lugar a dudas, una actividad fundamental en la difusión de nuestra lucha y en la exigencia de justicia.

Esperamos que la embajada mexicana en dicho país emita un reporte público en donde manifieste su conocimiento y preocupación por nuestro caso y esperamos que finalmente el Tribunal Agrario #28 ejecute las 67 sentencias existentes a nuestro favor, para así lograr que se cumpla la justicia.

Más información: Correo electrónico: fundacionelbajio@gmail.com | FB: @EjidoElBajio | TW: @Ejido_ElBajío| IG: @ejido.el.bajio

Imagen: Giuliano Salvatore

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¡Alto a la desinformación y amenazas en contra del Ejido El Bajío en Sonora!

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el constante hostigamiento a las y los ejidatarios del Ejido El Bajío por la defensa de tu territorio ante la minería – A 12 de mayo de 2023

La Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) denunciamos la campaña de desinformación y señalamientos en contra del Ejido El Bajío a través del periódico El Universal y declaraciones difamatorias y peligrosas del Senador José Narro Céspedes de Zacatecas.

El Ejido El Bajío es integrante de la REMA por lo cual conocemos bien su permanente lucha por la implementación de 67 sentencias agrarias históricas que la comunidad logró en contra de una mina de oro de la empresa Fresnillo PLC, dictadas desde hace casi una década y que siguen sin haber sido ejecutadas. Estas sentencias ordenan la restauración a su estado natural del territorio destruido por la operación de la mina de oro a tajo abierto Soledad Dipolos de la empresa de la familia Baillères, y el retorno al ejido del oro saqueado de sus tierras en violación de sus derechos.  

Por su valiente lucha en defensa de la vida en el desierto y en contra de esta empresa mexicana, parte del grupo minero Peñoles y cuyos tentáculos le vincula con diversos políticos que actúan en contubernio con grupos armados legales e ilegales, el Ejido ha sufrido amenazas permanentes. Esto incluye la criminalización de doce de sus integrantes, el asesinato de Raúl Ibarra de la Paz, José de Jesús Robledo Cruz y su esposa María de Jesús Gómez Vega, y la desaparición de Noemí Elizabeth López Gutiérrez. Todos crímenes que siguen en impunidad.

En un comunicado detallado publicado esta semana, el Ejido El Bajío explica con mucha claridad cómo El Universal ha publicado pronunciamientos del Senador Narro diciendo que la comunidad quiere el apoyo de Gobernación supuestamente para abrir negociaciones con la empresa Fresnillo hacia la reapertura de su mina. A la vez, acusa a ejidatarios de tener vínculos con el crimen organizado, cuando es el mismo Senador que ha demostrado tener tales relaciones por sus gestiones anteriores a favor del jefe de la plaza en el municipio de Caborca.

Exigimos un alto a esta campaña de mentiras y difamación, y nos solidarizamos con las demandas del ejido El Bajío por la implementación ya de sus 67 sentencias agrarias, el cese de las amenazas y acosos, una investigación plena e imparcial de los tres asesinatos y la aparición con vida de la compañera Noemí Elizabeth López Gutiérrez.

RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA

Imagen: Ejido El Bajío

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Sonora: Jesús Javier Thomas en la mira del difunto Bailleres, Ejidatarias y Ejidatarios de El Bajío bajo amenazas de más muertes

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 3 de octubre del 2022

Imagen: Ejido El Bajío

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Sonora: “FRESNILLO plc” Celebra 13°años con manteles largos llenos de sangre

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 18 de mayo del 2021

En fechas recientes el innombrable multimillonario Alberto Baillères, propietario del conglomerado Grupo Bal, integrado por cerca de 15 empresas entre las que destacan minero Grupo Peñoles y su emblemática empresa Fresnillo plc, ha estado muy activo cerrando un ciclo de vida llena de oprobios y saqueo de los pueblos generándole ganancias desorbitantes. A sus 89 años, le hereda a su hijo Alejandro Baillères la presidencia de cada una de las empresas del poderoso conglomerado, hijo al que seguirá aconsejando desde la consejería honoraria.

Su “cesión de derechos”coincide con el 13voaniversario de la poderosa productora de plata y oro Fresnillo plc (primera productora de plata en el mundo y de oro en México), al mismo tiempo que, para sumar a los festejos, hace un par de días ésta empresa recibió, junto con su alma mater Grupo Peñoles, el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) por su contribución y compromiso con el desarrollo sustentable, el cual le fue entregado por el muy cuestionado Centro Mexicano de Filantropía (Cemefi).

En el contexto de la fiesta y su jubilación, justo al lado de su proyecto minero más emblemático;“La Herradura” (una de las minas de oro más grandes en México), en Sonora, se encuentra la mina denominada “Dipolos” también de la empresa Penmont subsidiaria de Peñoles, que se ubica en el municipio de Puerto Peñasco, en el Estado de Sonora. Ésta operó dentro del Ejido “El Bajío”, ejido que ha dado una batalla emblemática en contra de una cantidad impresionante de agresiones y violaciones gestadas por los operadores de este proyecto, a tal grado que, el último desenlace sucedió el 29 de abril de este año, día en el que son sustraídos de su domicilio y asesinados nuestros compañeros José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega- ejidatario y avecindada respectivamente-, además de colocarles una cartulina con 13 nombres más de “El Bajío” quienes, al margen del dolor de esta pérdida, no se amedrentan y continuarán luchando contra la fatídica compañía. http://www.remamx.org/2021/05/comunicado-rema-asesinan-a-integrantes-de-la-rema-en-sonora/

La empresa rápidamente salió a medios para desmentir su participación en este cobarde asesinato, sin embargo, nada menciona de todas las denuncias que nuestro compañero José de Jesús Robledo Cruz realizó en contra de la empresa señalando las amenazas y la tortura de la que él y María su esposa, fueron objeto, así como del constante hostigamiento instrumentado por el gobierno de Sonora a cargo de la familia Pavlovich que opera de manera abierta y cínica a favor tanto del empresario minero como del tío de la gobernadora, tanto que la empresa se atreve a entrar en desacato sobre las decenas de sentencias a favor del ejido. En este contexto, más que penoso resulta la respuesta totalmente evasiva que realiza el presidente de la república a pregunta expresa sobre el tema en la mañanera https://www.youtube.com/watch?v=wYYR5xTGKIg(sobre Ejido El Bajío 1:03:00), dejando claro que estos empresarios sanguinarios son intocables.

Los manteles largos del Sr Baillères no sólo están llenos de sangre, sino también de impunidad y de una descarada y abierta protección estatal y federal al usar fuerzas armadas1 legales e ilegales contra la población para amedrentar, intimidar y violentar a las y los ejidatarios, todo de forma tan desproporcionada,que contrasta con los recitales matutinos del Sr. presidente de la república cuando habla del castigo a los culpables. Basta señalar que, desde el 2014, el Tribunal Unitario Agrario N° 28 reconoció el derecho de las/los ejidatarios a recibir las rentas por la ocupación ilegal de sus tierras, lo cual incluye la devolución del oro ilegalmente extraído durante el periodo de ocupación, al igual que también el ejido ganó la restauración por daño ambiental causado en sus tierras, cuestión que quedó en firme con la intervención de tres distintos Tribunales Colegiados, pero sin que a la fecha se hayan saldado las últimas dos.

Sr. presidente Andrés Manuel López Obrador, la lucha de El Bajío lleva 25 años y el expediente de su lucha es amplio y bien fundamentado, sin embargo, ni ganando legalmente es posible meter en orden al Sr. Baillères quien, como otros empresarios tiranos de México, parece disfrutará el resto de sus días gozando de plena impunidad, pero esta vez durante el periodo de su mandato, por lo tanto, usted pasará a la historia al igual que sus antecesores como otro presidente de la nación protector de los saqueadores más grandes del país, que despojan y criminalizan al pueblo mexicano, ese mismo pueblos que dice usted amar y defender. Criticar los monopolios y saqueo de empresas mineras privadas no debería limitarlo sobre sólo algunas de ellas, como ha sido el caso con las empresas Américas Gold and SilveroFirst Majestic, sino aplicarse a todas las empresas saqueadoras que existen a lo largo del país. Sin embargo, curiosamente ni críticas, mucho menos seguimiento legal sobre las atrocidades, ilegalidades, saqueos, enfermedades y muertes que rondan sobre las empresas de los señores Baillères, Larrea, Slimy Salinas Pliego, “casualmente” artífices de los proyectos emblemáticos que usted impulsa y, en consecuencia, intocables al margen de existir un claro conflicto de interés.

Desde la REMA advertimos que, las celebraciones y premios del octogenario empresario minero, se empañan por la fuerza y determinación de nuestras/os compañeros quienes, a pesar de las dolorosas pérdidas humanas, la intimidación y el desplazamiento del que son objeto, continuarán denunciando las atrocidades de este empresario que ha forjado su grandeza monetaria a costa del saqueo de nuestro país.

Una vez más hacemos el llamado para que se garantice, por parte de la fiscalía general del estado de Sonora que, al menos una de las líneas de investigación conducentes, pivote en torno a la actividad minera en el ejido El Bajío, así como a la reparación del daño a la que está obligada la minera Penmont.

Felices fiestas, celebraciones y jubilación Sr. Baillères,esperemos disfrute y deguste los bocadillos que le serán colocados sobre sus manteles largos llenos de sangre. Es una vergüenza que su hijo reciba como herencia una vida llena de violencia, el despojo, asesinatos y saqueo.

CASTIGO A LOS CULPABLES MATERIALES E INTELECTUALES POR ESTE ARTERO ASESINATO

ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO Y DESAPARICIÓN DE RAÚL IBARRA DE LA PAZ Y DE NOEMÍ ELIZABETH LÓPEZ GUTIÉRREZ, AMBOS TAMBIÉN DEL EJIDO EL BAJIO

LA IMPUNIDAD LE PESA A LA 4T

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RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Kau Sirenio – Pie de página

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Asesinan a Integrantes de la REMA en Sonora

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 4 de mayo del 2021

El pasado jueves 29 de abril, en el municipio de Puerto Peñasco en el Estado de Sonora, fueron asesinados nuestros compañeros José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega, ejidatario y avecindada del ejido El Bajío, esposos y firmes opositores a la minera Penmont, subsidiaria del Grupo Peñoles, en el Estado de Sonora.

No fue la primera ocasión en la que José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega habrían sido agredidos. El 3 de septiembre del año 2017, sin el amparo de una orden judicial, fue detenido y desaparecido afuera de su domicilio por hombres encapuchados, quienes portaban armas largas y chalecos de la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional). Según relata el propio Jesús Robledo para Pie de Página el 23 de marzo de 2020, “ese día me levantaron junto con mi esposa, me torturaron hasta dejarme casi muerto. Mi esposa corrió la misma suerte”.

Tampoco es la primera vez que las y los ejidatarios sufren actos de violencia, porque desde el 2002, al ingreso de la empresa Penmont en su territorio, dio comienzo la ya conocida escalada de violencia dentro de proyectos mineros, misma que ha sido documentada por el ejido, incluyendo la realización de denuncias conforme a la ley a partir de presentar amparos, impulsar la apertura de carpetas de investigación y, por supuesto, llevar ante el tribunal agrario juicios por el despojo del cual han sido objeto. Sin embargo, a pesar de lograr varias sentencias a su favor de los actos de reclamo realizados por el ejido, ninguna de ellas ha sido ejecutada y, por el contrario, desde el primer momento de reclamo, se acrecentaron los actos de violencia tales como; sufrir intimidaciones, detenciones arbitrarias, homicidios, levantones[1], desapariciones forzadas, el uso de la fuerza pública, el despojo y el desplazamiento forzado, además del amedrentamiento a periodistas y robos de vehículos.

En los tiempos de la 4T todo sigue igual; el Modelo Extractivo continúa mostrando su verdadera naturaleza y, sin recato alguno, opera en abierto contubernio, con los tres órdenes de gobierno, los empresarios mineros y el uso de las fuerzas armadas legales -entre ellas la policía minera,  creada recientemente por el entonces Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) el Ing. Alfonso Durazo Montaño, hoy aspirante de Morena para gobernar el estado de Sonora-, y grupos armados ilegales, estos últimos relacionados con el crimen organizado. Ambas fuerzas son utilizadas para castigar a quienes se atreven a defender el territorio, aún si las y los defensores usan las instituciones en búsqueda de justicia.

En época de celebración de jubilaciones, no podía ser diferente la del empresario minero mexicano Alberto Bailléres González, al dejar como su último acto, otra andanada de sangre derramada sobre los cuerpos de la compañera María y el compañero José de Jesús. Se retira de sus “ocupaciones” con la saña que lo ha caracterizado siempre, tal cual una vida llena de saqueo, de asesinatos y de la compra de los aparatos de justicia, por mencionar sólo algunos de sus episodios. ¡Que lejos se encuentra López Obrador de castigar a los megaempresarios mineros mexicanos que le acompañan en diversos programas de gobierno!; ¡Qué equivocado está cuando pide a los canadienses que hagan algo por las mal portadas empresas que operan en México! Sr. presidente los empresarios mineros mexicanos con los que usted opera, son mucho peores que los extranjeros, sin que ello justifique, claro está, que los extranjeros también hacen barbaridad y media.

Para las y los compañeros ejidatarios de El Bajío, no podía estar peor el contexto en el cual, la Sra. Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora del estado de Sonora, es la sobrina de otro personaje impresentable; el Sr. Rafael Pavlovich Durazo. Es evidente el nepotismo con el cual actúa el gobierno estatal al cubrir y ser omisa ante la fabricación de documentos apócrifos gestados por su tío, con el propósito de obligar a los ejidatarios de El Bajío a que lo aceptaran como integrante del ejido y posiblemente, si ello sucediera, ser entonces el puente perfecto para que la empresa minera Penmont lograra continuar con el saqueo de las tierras. El Sr Rafael Pavlovich aparece en el ejido por primera vez en abril el 2014 y, desde entonces su presencia cobra una gran relevancia por sus actos violentos y de denuncias en contra de las y los ejidatarios, muchas orquestadas a través de instituciones de gobierno, con el propósito de imponer condiciones dentro de la asamblea ejidal. Como antecedente mencionamos que, el Sr Rafael Pavlovich, con apoyo del magistrado del tribunal agrario[2] el Lic. Benjamín Arellano Navarro le otorga posesión de un predio de 1,824 hectáreas, que era propiedad plena de El Bajío. Con el respaldo del magistrado, el Sr. Rafael Pavlovich presenta denuncias por despojo agravado contra compañeros del ejido y en 14 días ya tenía a todos encarcelados gracias al trabajo exprés de la fiscalía del estado. En Sonora Rafael Pavlovich es un conocido delincuente, pues su historial en la falsificación de títulos de tierra en Sonora es basto, además de tener vínculos con grupos del crimen organizado en Caborca (Caballero, 2018).

El compañero José de Jesús Robledo Cruz fue quien, durante su periodo como presidente del comisariado del ejido El Bajío, encabezó la defensa de sus tierras en contra del despojo minero y del despojo por desposesión. Esta condición rápidamente lo llevó a oponerse contra estos poderosos personajes que en este país son garantes de libertades para el asesinato y el despojo: Alberto Baillères, potentado empresario minero y Rafael Pavlovich Durazo, un delincuente protegido por su sobrina, la actual gobernadora del estado de Sonora.

La lucha sostenida y legal de El Bajío por la defensa de su territoriosupera los 18 años buscando justicia, misma que, como mencionábamos líneas arriba, en varios tribunales han logrado sentencias a favor del ejido, por ejemplo; a causa de varias resoluciones judiciales se obligó a que la minera Penmont suspendiera su actividad minera y a desalojar y devolver las tierras ejidales. Otro ejemplo sucede al Sr. Rafael Pavlovich Durazo, le obligan a devolver al ejido las 1,824 hectáreas que ocupaba de manera ilegal.

Denunciamos que el asesinato de nuestra compañera y compañero ocurre dentro del contexto de su exigencia para que se hagan cumplir las múltiples resoluciones judiciales que implican que la minera Penmont, propiedad de Alberto Baillères, debe pagar no sólo las rentas que los ejidatarios exigían por la ocupación ilegal de sus tierras, sino también la devolución del oro extraído, también ilegalmente, durante ese mismo tiempo, así como la restauración por el daño ambiental causado a las tierras del ejido, cuestiones que siguen pendientes de ejecución por parte de los órganos judiciales competentes.

Adicionalmente advertimos, por las imágenes a las que hemos tenido acceso, no tenemos duda que el asesinato de nuestra compañera y compañero fue realizado por el brazo armado ilegal que trabaja en contubernio tanto con la empresa de Alberto Baillères como con el Sr Pavlovich. Los cuerpos de nuestra compañera y compañero estaban cubiertos con una cartulina en la que aparecen, a modo de advertencia y amenaza, los nombres de 13 ejidatarias/os cuya vida evidentemente se encuentra en alto riesgo.

Los hechos son vergonzosos para un país que todas las mañanas pregona que la impunidad se terminó y que la corrupción es tema del pasado. La muerte de cada defensora/r del territorio es una herida que la clase política no podrá sanar, esconder o limpiar, salvo que los dichos, por la fuerza de nuestros pueblos, en algún momento se vuelvan hechos.

Exigimos de manera firme y contundente que el Gobierno Federal asuma su responsabilidad histórica y proteja a sus ciudadanas/os, además de vigilar la actuación de la Fiscalía General del Estado de Sonora, la cual en complicidad se ha mantenido al margen de actos de violencia anteriores y, por lo tanto, la duda persiste en el sentido de que ahora lleve a cabo las investigaciones y acciones correspondientes para encontrar y presentar a los asesinos de José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega ante un tribunal de justicia.

Demandamos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación del gobierno federal, que implemente de manera urgente las acciones necesarias que garanticen tanto la protección de las y los 13 ejidatarios amenazados a los que hicimos referencia líneas arriba, así como al resto de las y los ejidatarios de El Bajío y sus familias.

REMA se suma a las condolencias y solidaridad de los familiares de José de Jesús Robledo Cruz y María de Jesús Gómez Vega.

CASTIGO A LOS CULPABLES MATERIALES E INTELECTUALES POR ESTE ARTERO ASESINATO

ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO Y DESAPARICIÓN DE RAÚL IBARRA DE LA PAZ Y DE SU ESPOSA NOEMÍ ELIZABETH LÓPEZ GUTIÉRREZ

CADA DÍA LA IMPUNIDAD SE VUELVE UNA LOZA MUY PESADA PARA LA 4T

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

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Sonora: Juez Federal admite Amparo a Ejido y ordena suspensión de trabajos a Empresa Minera Canadiense de Mulatos

Compartimos esta nota publicada en Dossier Político sobre la defensa del territorio ante las amenazas mineras esta vez en Sonora- A 11 de abril de 2021

Santiago García C. Dossier Politico

Hermosillo, Sonora.- En lo que representa un primer precedente en Sonora, el Juez Federal decimoprimero, aceptó el amparo al Ejido Tesoripa y ordenó a “Minas de Oro Nacional”, subsidiaria de la Canadiense Álamos Gold Inc., la suspensión inmediata de trabajos de instalación de postes de energía eléctrica, realizar desmonte ni tala, barrenación de suelos, ni utilizar ninguna área de tierras de uso común.

El Comisariado Ejidal presentó el pasado 23 de marzo ante el Tribunal Agrario una demanda por la nulidad de acuerdos y la restitución de tierras ejidales en contra de MINAS DE ORO NACIONAL, S.A de C.V, por violaciones graves a la nueva Ley de la Industria Eléctrica, Ley Agraria y a la propia Legislación Minera, pero el Tribunal Agrario negó la procedencia de la demanda.

Contra la negativa del Tribunal Agrario el Comisariado Ejidal se amparó y el 7 de abril le fue admitida la demanda y concedida la suspensión total de dichos trabajos por la afectación de derechos agrarios y por violación a los derechos humanos, incluyendo por riesgos de daños ecológicos y ambientales irreparables.

El abogado del Ejido, Marco Antonio Andrade Aguirre, dijo que acudieron al Tribunal Agrario para contener la arbitrariedad y el abuso del poder económico y empresarial de Minas de Oro Nacional cometidos en perjuicio del ejido Tesoripa y después el amparo buscando enderezar el mal criterio del Tribunal que negó las medidas cautelares solicitadas inicialmente.

“Hemos logrado encauzar por la ruta constitucional y por la vía del derecho y la justicia agraria un conflicto generado por el abuso recurrente de algunas empresas mineras y por un evidente fraude a la ley basado en la impunidad jurídica y política que avasalla los derechos de los ejidos sonorenses sobre sus tierras”, señaló Andrade Aguirre.

Con estas acciones los ejidatarios buscan justicia y respeto por la legalidad agraria y sus derechos humanos colectivos ya que han sido fraudeados y es lógico suponer que también están agraviados, como sucede en los ejidos de Mulatos y Matarachi donde la falta de ética y la nula integridad de los representantes de la empresa podría tener, aunados al amparo y al juicio agrario actuales, consecuencias penales por delitos empresariales tipificados por el código penal federal y el código nacional de procedimientos penales”. 

“Estamos revisando el Compliance Criminal Program ó Programa de Responsabilidades Penales de Minas de Oro Nacional y sus Directivos para proceder en consecuencia. Afortunadamente la justicia federal en Sonora si funciona, sin temores ni distingos como lo demuestra la suspensión ordenada por el Juez de Distrito”, señaló.

El Abogado del Ejido Tesoripa refiere que “sin embargo, la realidad socioeconómica del ejido, como sucede en los núcleos agrarios de sonora y del país, aparte de soportar la actividad destructiva de la actividad minera, es incuestionable que enfrentan la necesidad de buscar nuevos mecanismos de aprovechamiento de sus tierras para proteger, por una parte, la deplorable economía familiar y su precaria capacidad productiva.

Y por otra, garantizarse un ingreso por renta de tierras para sobrevivir su casi indigencia actual, lo cual no justifica a la empresa haber violentado la propia legislación minera y la nueva Ley de la Industria Eléctrica vigente a partir de las reformas estructurales del 2014 en materia de desarrollo del sector social, propiedad ejidal y energía eléctrica.

“Se aprovecharon de la necesidad y la marginación social de diversas familias ejidales. Nuestro trabajo es demostrar al Tribunal, con el mayor sentido de serenidad, pruebas, fundamentación jurídica y defensa intransigente de los derechos del ejido, que Minas de Oro Nacional violó las obligaciones que le impone la legislación minera e incumplió con los requisitos de forma y validez señalados por la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley Agraria para ocupar una área de tierras de uso común, incluyendo la inexistencia de un contrato de ocupación temporal, renta, servidumbre superficial de paso, aérea o subterránea para la instalación de postes de la CFE y suministro de energía para un usuario particular exclusivo como es dicha empresa. La electrificación de la Mina no pasa desafortunadamente por ningún ejido, solamente usan sus tierras en forma ilegal y fraudulenta”.

Finalmente el Abogado del Ejido Marco Antonio Andrade  Aguirre, señalo que la demanda de amparo es por el cabal cumplimiento de la tutela constitucional a la propiedad ejidal y la aplicación inmediata de las leyes que rigen, por una parte, el funcionamiento de la industria minera y eléctrica, y por otra, para proteger los derechos humanos de los ejidos y sus integrantes, nada más, pero nada menos.

“La Constitución y diversos tratados internacionales que en su conjunto configuran el orden jurídico nacional, nos dan la razón plena y absoluta para librar con toda determinación esta batalla litigiosa ante los tribunales agrarios, el poder judicial federal u organismos internacionales si es necesario. Es necesario limitar la arbitrariedad, el abuso y los engaños legales inducidos de empresas mineras contra los ejidos y las comunidades rurales y agrarias de sonora”, expresó.

Imagen: Dossier Político

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