Nota: A 6 años del derrame en el río Sonora

Compartimos este reportaje especial publicado por Mongabay – A 17 de agosto del 2023

México: “Para nosotros ese territorio y ese río significaban vida, pero ahora como se siguen dando las cosas, son muerte” | ENTREVISTA

por Astrid Arellano

  • Este 6 de agosto de 2023 se cumplieron nueve años del derrame de sulfato de cobre y metales pesados en el afluente del Río Sonora, en el noroeste de México, provocado por la empresa Grupo México. El evento es catalogado como el peor desastre ambiental causado por la minería en el país.
  • A nueve años del derrame, los problemas en la salud del río, de la tierra y de los habitantes de la cuenca empeoran ante la indiferencia de las autoridades mexicanas y de la empresa responsable, afirma en entrevista con Mongabay Latam, Martha Patricia Velarte Ortega, habitante de la zona y defensora del ambiente y territorio.

Un día antes de que el derrame de sulfato de cobre y metales pesados fuera evidente en el Río Sonora, los nietos de Martha Patricia Velarde Ortega habían estado jugando en el agua. Pasaron los días. Uno de ellos comenzó a perder el cabello. Más tarde sabrían que se trataba de una alopecia causada por el contacto con arsénico. Ese, además de quemaduras en la piel, fue uno de los tantos efectos visibles e inmediatos que dejó lo que ha sido considerado como el peor desastre ambiental causado por la minería en México.

El 6 de agosto del 2014, la empresa minera Grupo México derramó 40 000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado y metales pesados de la mina Buenavista del Cobre —ubicada en el municipio de Cananea— en el afluente de este río que recorre ocho municipios del estado de Sonora, al noroeste de México.

Agua contaminada con metales pesados en el municipio de Bacanuchi, luego del derrame de Grupo México en 2014. Foto: PODER.

Unas dos semanas después del derrame, Velarde Ortega habló con un representante de la empresa que llegó a su casa. Ella le expuso la necesidad de atender a los niños afectados. Luego la persona salió, llamó por teléfono y, cuando regresó, le comunicó que lo sentía mucho, pero que no la iban a apoyar.

“Y me acuerdo muy bien de las palabras que le dije: que no se olvidaran de mí, porque yo no me iba a sentar. Ese fue el motor que me impulsó”, asevera Velarde Ortega, hoy convertida en una de las defensoras del territorio más visibles del movimiento que se formó para exigir que la empresa asuma su responsabilidad por el derrame. La residente del municipio de Baviácora forma parte de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS), organización fundada por las y los habitantes afectados en esa región.

Martha Patricia Velarde durante la presentación del Informe 8 Años de Impunidad en el Río Sonora, en agosto de 2022. Foto: PODER.

Este 6 de agosto de 2023 se cumplieron nueve años del derrame que cambió la vida en esta región de México. Casi una década después, no han llegado la remediación, la reparación y la justicia sobre los daños ocasionados en la salud, el ambiente y la economía de las comunidades.

En entrevista con Mongabay Latam, Martha Patricia Velarde Ortega habla de cuáles son aquellos efectos del derrame que persisten y se agravan, los retos para el movimiento social en el Río Sonora y el futuro de sus comunidades que siguen en la búsqueda de atención a la salud, acceso a agua limpia y una restauración de los ecosistemas.

Martha Patricia Velarde, defensora del territorio e integrante de los Comités de Cuenca del Río Sonora. Foto: PODER.

—¿En qué momento se convirtió en defensora del territorio?

Cuando ocurrió el derrame de tóxicos de la mina Buenavista del Cobre, en 2014, yo era una persona ya de edad. En ese momento no hubo quién alzara la voz en mi comunidad y, siendo directamente afectada —primeramente, mis nietos—, tuve que tomar la bandera en el activismo, en la defensa del territorio y de los derechos humanos.

Fuimos pocas las personas que nos dimos cuenta de la gravedad del hecho. Cuando se clarificó el agua, muchas personas pensaron que ya no había algún peligro, pero los que sí sabíamos sentimos una obligación moral de alzar la voz y de iniciar la defensa. Primeramente, fue un interés personal, porque la salud de mis nietos estaba muy afectada. También ocurrió el caso de la señora con quemaduras en la cara, una vecina muy cercana de mi casa. Luego me uní a otras personas que también estaban organizándose en esos días.

Puedo decir que, en la primera semana, ya había organización ciudadana, buscando unidad, trabajando todos los municipios para poder entablar la defensa. Desde allí vienen contando no solo mis intereses personales, sino colectivos, sabiendo también que el medio ambiente necesitaba ser reparado.

Las primeras reuniones de los afectados por el derrame de Grupo México, en 2014. Foto: PODER.

Todos estábamos viendo los sedimentos que dejó el derrame, todos estábamos viendo la coloración de la tierra, de las orillas del río y sabíamos que allí estaba el peligro. Vimos las fotografías de los animales muertos, vimos los árboles por donde pasó el derrame. Actualmente, la gravedad del problema está corroborada y quedó plenamente demostrado que no hubo remediación.

Tiene que restaurarse todo y, como es el lema de este aniversario, es por el agua y la vida. Es por las generaciones que vienen. Nuestra lucha no tiene un fin definido y como los proyectos mineros siguen proliferando en el Río Sonora, posiblemente la lucha tenga que seguir en otros lugares.

Ahorita no solamente nos enfrentamos a la empresa. Desgraciadamente, tenemos que enfrentarnos también a las autoridades que no tienen las intenciones de garantizar nuestros derechos humanos. Y si no tienen interés en los derechos humanos, pues ya veremos si lo tendrán en el territorio y el medio ambiente.

Animales muertos, en 2014, por el derrame de tóxicos de Grupo México. Foto: PODER.

—¿Cómo surgen los Comités de Cuenca del Río Sonora? ¿Quiénes son hoy en día?

—En el tiempo que estábamos buscando integrarnos, surgieron movimientos. Pero ya como Comités de Cuenca, surgen por la organización PODER. Ellos contactaron liderazgos que ya estaban iniciando este movimiento incipiente y se conformaron los Comités de Cuenca del Río Sonora con habitantes de todos los municipios.

Inicialmente, se contaban siete municipios, luego entró también el área rural de Hermosillo. Estamos hablando de Arizpe, Aconchi, Baviácora, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Ures y el área rural de Hermosillo. En cada uno de esos lugares, el movimiento surge con mucha fuerza. Las convocatorias eran fuertes y bastante concurridas. Hasta la fecha continuamos y hay representatividad en todas las localidades.

Martha Patricia Velarde e integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora, durante una manifestación en las oficinas de Grupo México, en agosto de 2022. Foto: PODER.

Por cuestiones de logística y por la situación económica es difícil que logremos hacer muchedumbre, pero con esa representatividad y haciendo asambleas, hemos logrado sostener este movimiento hasta la fecha. Sin el apoyo de las organizaciones que están ahorita acompañándonos, definitivamente hubiera sido imposible para nosotros movilizarnos por todo lo que implica.

Lo mismo pasó cuando necesitamos un abogado desde el principio. Lo buscamos y nadie se atrevió a agarrar la bandera de la defensa del territorio del Río Sonora. Yo les hice ver que hasta nosotros, ciudadanos, éramos los que pagamos las universidades y que necesitábamos que se acercara alguien a devolver algo. Eso no tuvo eco. Por eso estamos agradecidos y somos conscientes de todas esas organizaciones que nos han permitido empoderarnos, que nos han permitido adquirir conocimientos, porque ha sido una lucha muy larga y, para poder defenderte, tienes que conocer y te tienes que instruir en la defensa y en todos los temas que pudieran incidir.

Integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora durante una manifestación en las oficinas de Grupo México, en agosto de 2022. Foto: PODER.

—Han pasado nueve años desde el derrame, ¿cuál es la retrospectiva? ¿Dónde están parados ahora?

—Hemos avanzado, pero no lo suficiente. No porque sea estéril la lucha ni porque no hayamos puesto nuestro mayor esfuerzo. Aquí concurren muchas situaciones. En la salud, por ejemplo, afirmo que estamos peor que antes. Al inicio era una exposición aguda que, solucionando el problema del agua, no se hubiera extendido ni tuviéramos la magnitud de los problemas de salud que tenemos ahorita. En ese sentido, estamos peor. En estos nueve años, las promesas fueron simple y sencillamente eso: promesas.

Hace ya seis años del compromiso, porque durante las campañas electorales del 2018 —en las vueltas que dio por los pueblos del río, allá en Ures— el presidente López Obrador dijo muy claramente que estaban como en los tiempos del porfiriato, que toda esa región estaba en manos de Grupo México, que había contaminado nuestro río impunemente. Dijo que no habría venganza, pero sí justicia. Esa palabra empeñada no se ha vuelto una realidad. Es justo reconocer también a los funcionarios comprometidos —no con nosotros directamente, sino con el medio ambiente— que han realizado estudios y han dado a conocer la realidad.

Obra negra de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS), que debía brindar atención a los habitantes del Río Sonora. Foto: PODER.

Gracias a estos funcionarios comprometidos y honestos, se ha avanzado en lo legal. Con esto, nosotros queremos que se logre el compromiso del resto de las autoridades como Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), pero parece que no lo tenemos; desde el 2020 sabemos que se ganó un amparo en donde se declara ilegal el cierre del Fideicomiso Río Sonora, sin embargo, no se ha tomado ninguna acción. Al momento, ya tienen todo lo que se necesita para reabrir el caso, para tratar que esto se haga antes de esta transición política [el cambio de gobierno federal en 2024], porque eso nos va a afectar y no hay ningún Plan de Justicia para el Río Sonora; es para Cananea, pero no está por decreto ni está publicado en el Diario Oficial. Está en el aire, son papeles nada más. Nosotros queremos un compromiso que trascienda el sexenio. Que asuman las responsabilidades quienes les corresponden.

También está Conagua (Comisión Nacional del Agua), que sus titulares ni una sola vez nos han dado la cara en todo lo que va de este sexenio. En cuanto a la Secretaría de Salud, sí estamos con una exigencia fuerte de atención. No es posible que, en noviembre de 2021, iniciaron con las tomas de muestras [de sangre de los afectados], las entregan en abril del 2022 y, con la extinción del Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar) para cambiar a IMSS-Bienestar (Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar), no hay atención médica para nadie. A pesar de saber quiénes son, en dónde viven, cuál es el riesgo que están afrontando, porque hay gente con una exposición altísima [a metales pesados] y que no solo su salud, sino sus vidas, están en riesgo. Hasta el día de hoy, la salud no ha sido atendida. La Secretaría de Salud únicamente levantó las historias clínicas, pero no hay absolutamente ninguna consulta [médica] de la Secretaría de Salud en lo que va del sexenio.

¿Qué denota esto? La ineficiencia de las autoridades y la manera tan evidente sobre cómo opera la captura corporativa del Estado, porque estamos viendo a una empresa impune, que no se hace responsable, y a unas autoridades —en sus tres niveles— que no tienen ningún poder para obligar a esa empresa para que cumpla.

Habitante de la cuenca del Río Sonora con los resultados de sus pruebas toxicológicas. En 2022, los habitantes cuentan con diversos niveles de metales pesados en la sangre. Foto: PODER.

—¿Cómo describiría el cambio que ha sufrido el territorio en los últimos nueve años?

—Da tanta tristeza pensar que el Río Sonora, aunque con corrientes pequeñas, era considerado un río perenne. Era un río permanente, por así decirlo, en la extensión de la palabra. Ahorita no es así. La contaminación ha incidido fuertemente en el tipo de cosechas. La flora y la fauna han desaparecido. La propia autoridad ambiental hizo las evaluaciones y es la conclusión a la que ellos llegaron.

Tal como dice el informe de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México)—, hay muchos problemas con la flora y la fauna nativa. De hecho, en los últimos estudios, del año pasado, en muchos sectores ya se nota la desaparición de todos los insectos que polinizan tanto las siembras, como la naturaleza. Eso ya es un hecho comprobado por la misma autoridad.

Una de las primeras imágenes aéreas del río Sonora luego del derrame en 2014. Foto: PODER.

Antes, los domingos, era obligado el paseo al Río Sonora. Ir a disfrutar de las arboledas, de las corrientes frescas. El río y ese territorio tan hermoso son el sustento y el eje de la vida en todos los municipios del Río Sonora. Hoy todavía hay mucha gente que en su ignorancia no sabe a lo que se enfrenta, o que es inconsciente porque, a pesar de saberlo, siguen metiendo niños a esas aguas.

En las temporadas del agua, en las crecidas, los berros, los quelites silvestres, todo lo que se daba, ya no lo podemos ver. Ya no vas los veranos a recolectar los temporales: la calabaza, el maíz, la sandía del verano. La mayor parte de las tierras de siembra se riega con agua de los pozos y esto equivale a un gasto mayor para los compañeros que se dedican a la agricultura. Eso también afecta muchísimo la cuestión económica. Todo es un círculo muy bien formado: el territorio está conformado por el suelo, el agua y el aire.

Eso ha sido bastante triste. Para nosotros ese territorio y ese río significaban vida, pero ahora como se siguen dando las cosas, son muerte. No estoy hablando de una manera literaria, sino de una manera real. Nos enfrentamos a muchos problemas de salud fortísimos. Esa tierra y ese río siguen siendo nuestro orgullo, pero sabemos que está enfermo y que necesita ser remediado, que necesita ser reparado. Insisto en que no es que los Comités de Cuenca lo digamos, la propia autoridad federal en la materia lo ha comprobado y en estos nueve años se han ido demostrando, una a una, todas aquellas afirmaciones que nosotros hacíamos y que decían que no tenían sustento.

Manifestación de afectados por el derrame en el Río Sonora. Foto: PODER.

—¿Qué amenazas se encuentran latentes en el territorio?

—La megapresa de jales que está ubicada en Bacanuchi ya tiene fisuras. Lo puedes detectar a través del satélite. Es más grande que la que se derramó en 2014. Una tragedia en esa presa nos desaparece a todos. El tamaño de esa presa, el nivel de contaminantes y de jales que va a resguardar allí, no tiene parámetro en ninguna parte del país y representa un grave riesgo para toda la cuenca del río. Para 2025 tiene que dejar de operar la presa actual, que está en Cananea. Es un peligro latente y enorme.

Megapresa de jales ubicada en el municipio de Bacanuchi. Foto: PODER.

Si bien el problema ahorita está enfocado en esa minera, tampoco dejan de trabajar y de abrir otras minas. De hecho, ya está operando “La Chispa”, en Arizpe, se hizo la prolongación de la mina Santa Elena, que ahora se llama “El Ermitaño”, y en Baviácora están explorando otra mina. Todo esto en un territorio en estrés hídrico, en una cuenca sobreexplotada, en una región en donde no tenemos suficiente agua para la población. Esas son las cosas que no entendemos. Queremos que se sepan todos los daños que ocasionan las empresas para que se beneficien unos cuantos, en detrimento de poblaciones enteras, de regiones enteras, de cuencas enteras.

Reunion con autoridades en el municipio de Ures, en diciembre de 2019. Foto: PODER.

—¿Cuáles han sido los avances recientes más significativos del movimiento?

—Lo que ocurrió primero [en mayo de 2023] fue la actualización de los costos del derrame. Se da a través del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en donde se hizo un estudio exhaustivo a partir de la no remediación, para tener elementos para reaperturar el fideicomiso, porque los daños se tienen que remediar. Se fueron haciendo los cálculos de todos y cada uno de los rubros y al final se le agregó el costo de la inflación. Se está hablando de que los costos actualizados del derrame son por más de 20 000 millones de pesos, de los cuales el Fideicomiso únicamente aplicó una dieciseisava parte. Es decir, nada.

Estos costos los hemos tenido que asumir las comunidades. Los costos están reflejados en el agua purificada que tenemos que comprar, en la atención a la salud, en los cuidados y en todo lo que se tiene que hacer para producir en la tierra que ya no produce con los niveles de producción que tenía, ni en cantidad ni en calidad. Los riegos también han generado costos, porque las acequias ya no riegan los campos y se tiene que regar con agua de pozos que cada vez requieren mayor profundidad, hasta 200 o 300 metros. Entre más hondo, necesitas bombas más potentes, que gastan más electricidad y, obviamente, es un costo bastante mayor.

Que se hayan actualizado estos costos, bajo esquemas totalmente científicos, es un gran avance para nosotros. Todas las cifras están bien sustentadas. Las conclusiones son muy firmes en cuanto a esos montos. Es bueno, porque tanto el ambiente, como la salud, podrán ser reparados.

Tinacos del Fideicomiso Río Sonora, entregados a los habitantes de la cuenca para el almacenamiento de agua. Foto: PODER.

Por otra parte, con el resolutivo [de la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas (DGGIMAR), publicado en julio de 2023], quedó plenamente demostrado con métodos de la ciencia que no hubo remediación. No se remedió la Zona 1 [aledaña a la empresa] y la remediación que habían dado por buena en las demás zonas, la basaron en cifras y números que eran para territorios deshabitados. Fue con todo el dolo y la mala fe del mundo, porque el río corre por todas las poblaciones en donde todos sabemos que sí hay habitantes. Esos cálculos que hicieron les permitieron quitarse el compromiso, la obligación y la responsabilidad. Es grave y nosotros esperamos que haya reacciones fuertes de parte de la Profepa.

En ese sentido han sido grandes avances. Pero vamos a ser francos, ¿cuál es el problema? Que nosotros obtenemos triunfos legales, pero los obtenemos a través de los tribunales jurisdiccionales y el Ejecutivo no los ejecuta. El amparo del 2020, por ejemplo, sigue sin ejecutarse. Mientras tenemos logros que nos alientan, también tenemos cosas que pretenderían desalentarnos, pero nosotros no vamos a claudicar. Son nueve años ya y esperamos, de todo corazón, que no sean más. Que ya se le ponga un fin a esto. Si se va López Obrador, ¿cuántos años más vamos a seguir socializando la información? Yo sigo confiando en que es un hombre de palabra y que habrá justicia para el Río Sonora.

—¿Cuál es la relación actual entre los Comités de Cuenca y el presidente Andrés Manuel López Obrador?

—No tenemos ninguna relación. El problema es que el presidente hace declaraciones con base en lo que sus funcionarios le platican, pero él no ha tenido nunca un encuentro con nosotros directamente, para que pueda darse cuenta de la realidad y no de lo que le cuentan. Desde que inició el cambio de Insabi a IMSS-Bienestar, ya no volvió a tener ningún contacto la Secretaría de Salud de Sonora con nosotros; anteriormente sí estaban en las mesas. No hay justificación. Tienen nombres, dirección, teléfono y grado de afectación a la salud de las personas, pero van y se sientan en su oficina, muy a gusto, mientras en los pueblos se está muriendo la gente y se están enfermando del hígado, riñón, corazón y de todo lo que gustes y mandes. Se están afectando las infancias con esos problemas, del sistema nervioso central y problemas de aprendizaje. Hay preocupación por el nivel cognitivo de los niños de la zona del río. A nosotros nos preocupa y ocupa, pero las autoridades no han respondido en la medida que se necesita.

Exigencias al presidente de México durante una reunión con autoridades en el municipio de Ures, en diciembre de 2019. Foto: PODER.

Si tomamos las mediciones que hizo el Cenaprece (Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades), como un número estadístico, allí dice que el 99 y hasta el 100 % —en algunas localidades en las que se tomaron muestras las personas— tenemos plomo en la sangre. Otras tantas tenemos arsénico, otras tantas tenemos cadmio, manganeso, en distintos niveles de exposición. Otro agravante, por ejemplo, es que si está abajito de cualquier cantidad, no hay problema. Pero sí lo hay: a muchos ya nos salió mercurio en esos análisis que hicieron. De mercurio no debemos de tener absolutamente nada.

La propia Martha Patricia Velarde muestra los resultados de sus pruebas toxicológicas. Foto: PODER.

—¿Cuál es la exigencia más fuerte de los afectados en 2023?

—La atención a la salud es lo más urgente. Pero reitero: hay cosas que son inseparables y si no quitas la causa, el problema seguirá. Es el agua. Podemos darnos un poco de tiempo para remediar la tierra, para repoblar los insectos y las especies que se han ido. ¿Pero cómo vamos a detener el deterioro de la salud si no nos dan agua limpia? ¿Cómo vamos a detenerlo cuando hay hogares en donde se tiene que discriminar entre comprar un garrafón de agua o un kilo de frijoles? No es cualquier cosa. Deberían de haber empezado por lo primero y todo el problema de la salud no se hubiera ido al nivel en donde estamos ahorita.

Presentación del Informe 8 Años de Impunidad en el Río Sonora, en agosto de 2022. Foto: PODER.

—¿Qué espera usted para el futuro del Río Sonora? ¿Hacia dónde camina el movimiento para que el río sea nuevamente habitable para las comunidades?

—Honestamente, es algo que se ve difícil. Las concesiones que ya estaban dadas, son las que ponen a explotarse, pero no siguen las regulaciones. Estamos en un territorio, desgraciadamente, en donde la empresa ya se adueñó del agua. ¿Qué futuro vemos? Mientras no haya autoridades comprometidas, mientras los poderes del Estado no enforcen la ley, podemos llegar incluso al desplazamiento del territorio. Ya se está dando a nivel hormiga y eso es demostrable si ves los datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). Estamos hablando de un decrecimiento en la población del Río Sonora a partir del 2014.

Quisiéramos ser muy positivos y decir que allí nos vamos a quedar y que volveremos a disfrutar el territorio, pero también tenemos que ser realistas. El entusiasmo y el optimismo te revitalizan, pero por otro lado, desgraciadamente, te sueltan el golpe cuando ves la realidad sobre cosas que no tenemos el poder de cambiar. Sobre todo, cuando es tan difícil dada la corrupción.

También hay mucha gente que no siente que le afecta. Hermosillo —la capital del estado— es la muestra, aquí está la contaminación. El repunte en el cáncer y en todas las enfermedades endocrinas no es nada más porque sí. Pero la gente no quiere comprender, no quiere entender o no tiene tiempo para hacerlo. Hermosillo es Río Sonora, pero aquí te lo disfrazan.

Integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) durante una manifestación en las oficinas de Grupo México, en agosto de 2022. Foto: PODER.

*Imagen principal: Martha Patricia Velarde durante una manifestación en las oficinas de Grupo México, en agosto de 2022. Foto: PODER.

La “4T” y el derrame tóxico en el Río Sonora… Una herida abierta y el incumplimiento gubernamental continúa

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA a propósito del 6to aniversario de desastre minero en el río Sonora – A 10 de agosto de 2020

El 6 de agosto de 2014 la empresa del empresario más violento y violador de derechos de México, el Sr. Germán Larrea Mota Velasco, dueño de la mina Buenavista del Cobre, Filial de Grupo México, derramó 40 millones de litros de lixiviados de sulfato de cobre acidulado y saturado con ácido sulfúrico, sobre el caudal de los ríos Bacanuchi y Sonora ubicados en la región centro-norte del Estado de Sonora; causando daños graves a la salud de los habitantes de las comunidades ribereñas, así como una permanente contaminación del río con metales pesados (incluidos Arsénico, Cadmio, Cromo, Plomo, Cobre, Aluminio y Fierro) y diversas repercusiones negativas al medio ambiente de la cuenca del río, además de una, todavía incalculable, afectación al sector productivo y económico de la región.

Los cálculos iniciales y generales se fijaron en más de 24 mil personas afectadas quienes habitan en los municipios ribereños de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y Ures, todas estas personas se quedaron sin agua para beber, sin agua para la agricultura y sin agua para sus animales.

El derrame fue una combinación de sustancias con pH ácido (1) y una serie de metales pesados tóxicos que se encontraban en proceso de lixiviación. La mezcla avanzó rápidamente a lo largo de 25 kilómetros; primero sobre el arroyo Tinajas, luego el Río Bacanuchi, después avanzaron a lo largo del Río Sonora y finalmente llegaron hasta la Presa de El Molinito, la cual surte de agua a los 900 mil habitantes de Hermosillo.

La empresa no informó del desastre sino hasta seis días después, y quienes lo hicieron al día siguiente del derrame fueron pobladores locales. La empresa mintió, intentando responsabilizar del accidente a las fuertes lluvias, sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional, puso en claro que no hubo reportes de lluvia en los días previos al derrame.

Con la complicidad de los funcionarios de diversas dependencias para minimizar el hecho, destacando en ello la del sujeto que encabezaba entonces la propia SEMARNAT, Juan José Guerra Abud. Una vez que la noticia dio vuelta al mundo, el Sr. Larrea intentó lavar su imagen con promesas imposibles de cumplir: “limpiar” el río y “limpiar” el agua a partir de la construcción de 36 plantas potabilizadoras; la formación un fideicomiso; el inició la construcción de un hospital que supuestamente atendería a las personas dañadas por el derrame. A seis años de la tragedia, el río sigue contaminado; sólo existe una planta potabilizadora la cual deja de funcionar por largos periodos, el fideicomiso desapareció entre escándalos de corrupción o beneficiando, indebidamente, a empresas familiares, tal y como lo demuestra el hecho de que 5 millones 502 mil pesos fueron a parar a la cuenta de Rotoplas, empresa de Carlos Rojas Mota Velasco, integrante del Consejo de Administración de Grupo México y primo de Germán Larrea Mota Velasco; el hospital quedó inconcluso y el mismo Larrea decidió mejor ceder el inmueble y el terreno a la Guardia Nacional, dejando en claro, una vez más, su catadura moral en el contexto de los múltiples daños que generó. Larrea posee una fortuna de 14 mil 700 millones de dólares. La sola multa que se impuso entonces, por 1.5 millones de dólares, equivale al 0.03% de las ganancias de sus empresas y 0.1% de sus utilidades.

Los agricultores y ganaderos de los siete Municipios del Río Sonora afectados no logran recuperar los ingresos económicos que antes obtenían por su trabajo, y los habitantes de las comunidades ribereñas están obligados a comprar agua embotellada para evitar beber metales pesados, tal como sucede en todas las comunidades donde opera una empresa minera. Las personas afectadas en su salud han sido abandonadas a su suerte por las autoridades sanitarias municipales, estatales y federales, continúan siendo evidentes los elementos tóxicos sobre las márgenes y el sedimento de los ríos Sonora y Bacanuchi y, por otra parte, aunque en 2019 PROFEPA le notificó a Grupo México que está obligado remediar los daños y la contaminación en el suelo, ésta persiste, al mismo tiempo que las indemnizaciones pagadas han sido muy inferiores a lo acordado y no se han entregado a toda la población afectada. Ya en la gestión actual del gobierno federal, el 24 de diciembre de 2019, a través de la Secretaría de Salud y la SEMARNAT, señaló que Grupo México había incumplido el convenio que implicaba la construcción de un hospital para atender los daños a la salud de la población que estuvo expuesta al agua contaminada.

Larrea en un reconocido homicida a nivel mundial, si historial empresarial lo sustenta, demostrado a lo largo de por lo menos los últimos 20 años de operación de Grupo México y sus filiales. En ese corto periodo ha provocado por lo menos 22 accidentes ambientales, de los cuales, 14 de ellos han ocurrido en México, otro tanto, sucedieron con sus empresas en Perú, Estados Unidos y España. Larrea es un flagrante violador de derechos laborales de tal manera que, a lo largo y ancho del país, en sus empresas filiales, persisten huelgas de trabajadores que llevan años sin que ningún gobierno garantice el acceso efectivo a la justicia, y por el contrario, Larrea dispone de los recursos económicos y de las relaciones para no ser tocado por la justicia, con todo y el cambio de sexenio. Basta recordar la tragedia de Pasta de Conchos, otro de los desastres en su cuenta, para dimensionar aún más la perversidad de este personaje.

La 4T generó grandes expectativas, mucha esperanza e inmensas ilusiones sobre todo en sectores de  la población, incluidos quienes, recurrentemente sufren agravios de integrantes relacionados al modelo extractivo depredador a través de las empresas que lo aplican y delos gobiernos que lo promueven y protegen. Sin embargo, hasta el momento es muy desolador escuchar las palabras de miedo y conocer las acciones llenas de sumisión del presidente de la república ante Larrea y su operador central el empresario Alfonso Romo, coordinador, nada menos, que de la Oficina de la Presidencia. También es desilusionante la actuación calculada, y negociadora del Secretario de Medio Ambiente, con un multi-homicida de la vida, de los derechos de los pueblos y de los derechos laborales, quien mantiene su lúgubre sonrisa aún y a pesar de que el derrame en el río Sonora, haya sido tipificado como el Ecocidio Minero más grave en México en las últimas décadas. Y es que él sabe que nada le harán y que seguirá siendo beneficiario de proyectos del gobierno[1]. Si acaso existe la 4T se niega a cerrar heridas, le queda grande el sanar procesos sociales, tiene miedo de meter a la cárcel a estos asesinos que lucran con la naturaleza y la vida y, para colmo rechaza la posibilidad de incautar todos sus bienes y cuentas bancarias para que sirvan de algo a quienes han sufrido la violencia impune de Grupo México.

CÁRCEL A GERMÁN LARREA MOTA VELASCO Y SUS CÓMPLICES

Incautación de bienes de Grupo México para resarcir daños sufridos por víctimas, trabajadores, viudas y familiares, así como empezar a resarcir al menos lo resarcible de los daños ambientales que ha ocasionado.

ANTE LA PERSISTENCIA DE IMPUNIDAD:

¿QUÉ HACE DIFERENTE A LA 4T DE LOS GOBIERNOS ANTERIORES?

TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Río Sonora – Hector Guerrero – Pie de página

Más información:

Pobladores exigen justicia a 6 años del ecocidio en Río Sonora

Compartimos esta nota publicada en El Universal sobre el desastre en el Río Sonora provocado por una mina de Grupo México que cumple 6 años – A 5 de agosto de 2020

Hermosillo.- Justicia, remediación y no repetición es el reclamo de los pobladores del Río Sonora, afectados el 6 de agosto de 2014, cuando una inmensa laguna de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, con alrededor de 20 kilómetros a la redonda de lixiviados, sufrió una rotura en una de las piletas de almacenamiento.

En el hecho se vertieron a los cauces de los ríos Bacanuchi y Sonora 40 millones de litros de acidulados de cobre y otros metales como cobre, arsénico, aluminio, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo, cuyos niveles fueron determinados fuera de las normas ecológicas.

Atravesaron desde Cananea por los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de Jesús, Baviácora, Aconchi y Ures, hasta llegar a la zona rural de Hermosillo.

Los tóxicos recorrieron 17.6 kilómetros del arroyo Las Tinajas, 64 kilómetros del Río Bacanuchi y 190 kilómetros del Río Sonora, y se contuvieron en la Presa El Molinito, que abastece de agua potable a miles de hermosillenses.

Además de dejar enfermeades, se contaminaron los pozos abastecedores de agua potable, los cultivos y el ganado.

Para atender la emergencia ambiental y sanitaria derivada de este derrame, el 11 de septiembre del 2014, Grupo México creó un fideicomiso, operado junto con el gobierno federal, por 2 mil millones de pesos pero solo gastaron 61% de los recursos prometidos (mil 231 millones de pesos) hasta su cierre en febrero de 2017, por decisión unilateral sin considerar a los afectados. 

En marzo de 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó sin efecto la extinción de Fideicomiso Río Sonora e hizo público el engrose de la sentencia del asunto 640/2019, así como la conclusión del programa de remediación ambiental.

Ante este ecocidio ocurrido hace 6 años, está el deseo de más de 22 mil damnificados que anhelan atención médica y agua limpia. 
 

Exigen atención al presidente López Obrador

Este aniversario coincide con la visita al sur del estado del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que María de Jesús Maldonado Moreno hizo un llamado al mandatario y le pidió voltear al Río Sonora “que también es México”.

“A seis años del desastre ecológico más grande de México, levanto mi voz por todos los afectados  del Río Sonora, a nombre del que fue mi esposo Apolonio Fimbres, él que luchó en todos los niveles y sólo pedía justicia, por lo que por derecho nos tocaba, como una clínica para atender a los afectados por la contaminación de las aguas, también pedía agua limpia, ya que las potabilizadoras jamás fueron instaladas y un resarcimiento económico para poder salir adelante. Mientras que Grupo México se ahoga en dinero, nosotros no contamos ni con agua limpia, ni con atención a nuestra salud, prácticamente quedamos en el olvido”, reclamó. 

Por su lado, Maura Gutiérrez Pineda, de la comunidad de San Rafael de Ures, recordó que estuvo en la lucha desde el inicio e incluso participó en la toma de las instalaciones de Grupo México en Cananea de donde se derramaron los metales venenosos hacia los ríos Bacanuchi y Sonora.

“Llegaron los soldados y nos sacaron, Grupo México no nos ayudó, yo no sé el Presidente qué piensa. Nosotros somos pobres, no tenemos nada, dejé mi casita para irme a luchar, nunca nos dieron nada. Estamos muy necesitados mi esposo murió, mi hijo está enfermo y aquí estoy batallando, ya no puedo trabajar me duele el cuerpo, señor Presidente”, expresó la mujer.

Reyna Castro Longoria, doctora en Ecología que desde el derrame mantiene una lucha ambiental en las comunidades a lo largo del Río Sonora, dijo a EL UNIVERSAL que quisiera preguntar al Presidente “¿cuál es el trabajo que han realizado los secretarios de Estado a quienes ha girado instrucciones en pro del resarcimiento y la remediación?”.

“¿Dónde quedó la promesa de un hospital en Ures?, seguimos en la lucha, la remediación es tan urgente como como la reactivación económica e implementación de programas sociales”, señaló.

“Llamamos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a la gobernadora del estado de Sonora, Claudia Pavlovich, a dar una respuesta clara para los ríos Sonora y Bacanuchi y su gente. Exigimos participar en planes de acción con plazos y soluciones claras, concretas y expeditas para la contaminación del río, y para la reactivación económica del territorio, dejando de lado cualquier plan de favorecer a las empresas por encima de nosotras y nosotros”, expusieron los integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS). 

Además, exigieron acceso a la información y transparencia total sobre las inspecciones de la Profepa a la presa de jales de Grupo México, que las autoridades prometieron hace más de un año. “Demandamos que se cancele la megapresa, cuya construcción violó nuestro derecho a la participación y cuya presencia en la región llena de angustia y temor a las comunidades”, señalaron.

Reconoce Semarnat incumplimiento a pobladores

“Luego de seis años del derrame hay acciones que aún no se han realizado y persiste la incertidumbre y la zozobra entre los habitantes de los municipios afectados”, reconoció la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

La Semarnat se comprometió a trabajar para resolver lo que le corresponde estableciendo un diálogo claro con los pobladores, las autoridades locales, el gobierno del estado y Grupo México.

Informó avances para dar atención a las demandas de las comunidades: “Desde el año pasado, la dependencia federal ha mantenido el diálogo con las comunidades, con los tres niveles de gobierno, el sector académico y Grupo México con el objetivo de recuperar la confianza, tras años de promesas incumplidas por parte de la pasada administración”.

En lo que se refiere a los amparos promovidos por 36 personas de varios de los municipios, respecto al manejo del Fideicomiso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) está en espera de lo que  emita el Juez de Distrito para dar cumplimiento, por lo cual en estos meses el organismo se concentró en la elaboración de una plataforma que será de mucha ayuda para dar celeridad a los procedimientos. 

La plataforma integra datos de las personas que recibieron beneficios y de las cantidades totales que se erogaron, las cuales se refleja que fueron inferiores a las inicialmente señaladas y que la suma entregada no cubre los dos mil millones comprometidos por la empresa. Esta base de datos permitirá cotejar la información con la que presenta Grupo México, reveló.

Residentes de la comunidad de Bacanuchi exigieron el cierre de la nueva presa de jales de la mina Buenavista del Cobre, cuya capacidad es de 2 mil 40 millones de metros cúbicos (m3) para contener tóxicos; más de 8 veces de capacidad de la presa El Molinito de Hermosillo, que puede almacenar 219 millones de m3, y en este contexto, un derrame sería fatal para más de un millón de sonorenses.

Al respecto, informó que en cumplimiento al mandato de la Corte y a lo establecido por el Juzgado Noveno de Agua Prieta sobre la restitución del derecho a la información sobre este proyecto del Grupo México, la Secretaría realizó tres reuniones en la plaza pública de Bacanuchi, el 5 de junio y 6 de septiembre del 2019, y el 25 de enero de este año. Asistieron más de 300 personas, entre las que estaban las que recibieron el amparo, población de la comunidad y representantes de comités de los municipios de la cuenca del Río Sonora.

Como resultado de estos acercamientos, además de brindar información amplia y accesible a la comunidad sobre el análisis técnico y la normativa para otorgar la autorización, también se retomaron las propuestas de la comunidad para ampliar las medidas de mitigación y compensación con el fin de garantizar mejores condiciones de seguridad a la comunidad y de protección a la flora y fauna nativa. El acta circunstanciada fue entrada la Juzgado Noveno de Distrito para su valoración y se espera su resolución.

Foto: Amalia Escobar – Archivo El Universal

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