En el marco de la investigación Empresas Transnacionales en México: Criminales Ambientales les compartimos este folleto que nos cuenta sobre como surgió y la importancia que tiene el Tratado Vinculante.
Compartimos esta petición de Salva la selva sobre la defensa de los bosques y selvas en Chiapas – A enero 2026
La mitad del estado de Chiapas, el segundo más biodiverso de México, está cubierto de bosques. Pero ha perdido ya casi la otra mitad de sus bosques de manera ilegal y estamos en plena campaña para detener la deforestación. Ayúdanos firmando la petición.
En las partes altas del estado mexicano de Chiapas, la vida brota en cada rincón húmedo y verde. El quetzal desliza su vuelo entre orquídeas colgantes y árboles de podocarpus. El bosque mesófilo de montaña coexiste con la selva alta perennifolia, que crece en las tierras más bajas y planas. Allí, la caoba se alza majestuosa junto al murmullo de los monos saraguatos y el eco lejano del jaguar, testigos de la exuberancia, el clima cálido y el misterio de Chiapas.
Casi un tercio de estos bosques interconectados y aún en pie son primarios.
La variada flora y fauna en Chiapas habita desde la Selva Lacandona hasta la costa del Pacífico pasando por los Valles Centrales y la Sierra Madre. Chiapas es el segundo estado más biodiverso de México, con la mayor cantidad de plantas vasculares y especies de anfibios. Siete de las especies de mamíferos terrestres son endémicas.
Los mercados de pino y encinoimpulsan la deforestación que alimenta el mercado nacional con madera, en un 70% de procedencia ilícita. Y produce cambios en los usos del suelo.
Tras la deforestación, los pastos para ganado, tierras agrícolas para café, maíz o palma aceitera y asentamientos humanos se van abriendo paso sin vuelta atrás para los bosques. En el primer cuarto de este siglo, la deforestación ha sido de 360.000 hectáreas. México pierde anualmente 500 mil hectáreas de bosques y selvas, ubicándose en el quinto lugar en deforestación a nivel mundial.
En las selvas de Chiapas, el impacto de esta deforestación es brutal. La mitad de los bosques han desaparecido, los que quedan están cada vez más fragmentados y los suelos presentan una severa degradación por la acción humana. Se estima que cada centímetro de tierra que se pierde por la erosión tarda 100 años en recuperarse. Junto a los bosques desaparecen manantiales de agua que surten a la población.
Es importante que las autoridades aumenten la protección de los bosques que quedan en Chiapas, antes de que sea demasiado tarde. Ayuda con tu firma.
Para: Gobernador de Chiapas; Comisión Nacional Forestal CONAFOR; Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
Estimado Sr. Eduardo Ramírez Aguilar, Goberador del Estado de Chiapas,
Sras. y Sres. autoridades estatales y federales del medio ambiente y forestales :
Con preocupación, nos ponemos en contacto con ustedes porque las selvas y los bosques de Chiapas están desaparciendo a un ritmo acelerado
Chiapas tiene una superficie forestal que cubre el 48.9% y es uno de los estados de mayor biodiversidad de México. Sin embargo, en los últimos 50 años se han perdido un 43% de bosques. En el caso de la Selva Lacandona, que tenía una extensión de 1,8 millones de hectáreas, ha perdido hasta el 72,2% de su superficie.
Para acometer este grave problema, le pedimos trabajen en las causas de raíz que aceleran la deforestación de Chiapas, la degradación de los suelos y la perdida de biodiversidad llevando a cabo acciones encaminadas a detener:
– la tala ilegal de la Selva Lacandona y los bosques de Chiapas y clausurar el tráfico y los aserraderos ilegales;
– el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre;
– la ampliación de monocultivos que aceleran la deforestación como la palma de aceite, de la ganadería extensiva e intensiva;
– las concesiones mineras y de represas en Chiapas.
El gobierno federal y estatal deben generar políticas y aplicación de las leyes ambientales para acometer el problema de la deforestación en Chiapas.
Además, les invitamos a incentivar junto con los pueblos originarios alternativas locales que se encaminen a proteger las selvas y los bosques de Chiapas que tanto aportan a la riqueza biocultural de nuestro estado, nuestro país y nuestro planeta.
Esperamos su respuesta a la mayor brevedad, para que nos informen acerca de las medidas que tomarán al respecto.
Atentamente,
Compartimos este pronunciamiento del Ejido Carrizalillo sobre su ardua cha por defender a vida de la voracidad minera en Guerrero a través de la REMA – A 10 de diciembre del 2025
BIÓLOGA ALICIA BÁRCENA IBARRA
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
VÍCTOR SUÁREZ CARRERA
Procurador Agrario
LICDA. MARIANA BOY AMBORRELL
Procuraduría de Protección al Ambiente/PROFEPA
LIC. JOSÉ FERNANDO ABOITIZ SARO
Titular Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, Secretaría de Economía
Buenos tardes, reciban un saludo de parte de la mesa agraria del ejido de Carrizalillo. Iniciamos comentándoles que acabamos de cumplir ocho meses de estar en campamento a causa de no llegar acuerdos para la continuidad de la operación minera, del proyecto “Los Filos” de la empresa Equinox Gold. Desde entonces, seguimos esperando una respuesta a favor del derecho por parte del gobierno mexicano encargado de regular los procesos de dicha actividad.
Es un hecho que desde hace 8 meses la empresa ha administrado el conflicto haciendo creerles que se encuentra en un proceso de negociación, lo cual hemos señalado la empresa nos ofende por la postura farsante con la que nos trata. Nosotros insistimos en que hay varios hechos flagrantes e ilegales de la conducta de la empresa que no entendemos por qué no han sido suficientes para ponerla en orden:
Ante este contexto, nos parece que no podemos seguir acampando inertes ante los hechos que enfrentamos, esperando a ver si pasa algo o no ante la impunidad en la que se mantiene la empresa. Si la empresa tiene permiso para pisotear nuestros derechos humanos y ambientales, nos parece necesario que ustedes nos lo digan de forma directa y, en función de ello, nosotros tomemos las medidas que mejor nos convengan. De manera respetuosa les solicitamos que en esta semana puedan darse un poco de tiempo para que nos atiendan en sus oficinas.
Atentamente,
COMISARIO EJIDAL CARRIZALILLO
Imagen: FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM
Compartimos este boletín de prensa de CRADEET – A 26 de noviembre del 2025
CRAADET llama a Marcelo Ebrard a respetar territorios libres de minería en Guerrero.
Marcelo Ebrard Casaubón
Titular de la Secretaría de Economía
Presente
Buenos días, Lic. Marcelo Ebrard, buenos días México, reciban un saludo de quienes integramos el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), en donde vivimos pueblos originarios de las regiones Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero.
El 19 de noviembre de 2025, durante la XXXVI Convención Internacional de Minería celebrada en Acapulco, Guerrero -estado que desde hace catorce años sostiene una resistencia organizada frente a la minería- usted como secretario de Economía Lic. Marcelo Ebrard, anunció la apertura del país a la inversión minera, como si el gobierno federal tuviera facultad para disponer y regalar los bienes comunes de México según sus intereses y caprichos. Frente a esta narrativa, desde el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET) reiteramos que nuestros territorios están blindados contra la actividad minera, amparados en nuestro derecho a la autodeterminación, en la defensa de nuestros derechos colectivos y en el ejercicio pleno de nuestra soberanía territorial. Somos soberanos, no vamos a permitir que ingrese la minería en nuestras tierras a pesar de pretender y usted no es nadie para regalar nuestro territorio.
Como CRAADET nos organizamos para proteger y defender nuestro territorio de todas aquellas personas que intentan saquear nuestros bienes naturales, proceso en el cual nos hemos dado cuenta que, por lo menos desde hace 14 años, somos víctimas de despropósitos, contradicciones y actos de políticos y políticas que se creen dueños de México y que funcionan como verdaderos mercaderes de intereses privados, nacionales y transnacionales, y de quienes tenemos certeza son los principales responsables de lo que está provocando y acelerando el calentamiento global, el cual, por cierto siguen negando a pesar de las evidencias que nos empiezan a poner en riesgo permanente por los niveles de fuerza que nos muestra la querida madre naturaleza, enojada por tanto daño que le hemos causado como humanidad.
Hace 14 años, políticos «ambientalistas» despolitizados e ignorantes del tema quisieron imponer en nuestro territorio una reserva de la biosfera que estaba destinada a los intereses farmacéuticos alemanes, lo cual puede corroborarse en el tratado comercial que conocemos como el Protocolo de Nagoya, que se mantiene vigente y fue firmado por los gobiernos de México y Alemania. Al mismo tiempo, y en el mismo territorici, otros políticos «ecocidas», igual de desinformados sobre el tema extractivo, empezaron a repartir concesiones mineras a empresas privadas nacionales y extranjeras. En ese momento era evidente que las y los políticos titulares de Semarnat y de la Secretaría de Economía de aquellos años ni siquiera entre ellos tenían algo de comunicación y coordinación para entregar con «coherencia» nuestra tierra, porque uno quería hacer una reserva de la biosfera para las farmacéuticas alemanas y, en esa misma zona, otra dependencia ofrecía progreso y desarrollo con la implementación de la minería a cielo abierto. Ese entreguismo incoherente e ignorante alteró nuestra vida porque hemos dedicado 14 años para organizarnos y defendernos de las ocurrencias de ese tipo de políticos.
Cuando la 4T llegó al poder, ofrecieron cambios de rumbo político, respeto, crecimiento y reconocimiento de nuestros derechos como pueblos originarios, cancelación de concesiones mineras y, según ustedes, empezar a participar con nuestras propuestas para mejorar por lo menos algunas condiciones básicas. De esas promesas tenemos muchos claroscuros, también prebendas, cambios legales incompletos y mal hechos, y las concesiones de nuestro territorio comunitario nunca las cancelaron, por más recíamos que realizamos ante las múltiples visitas que realizó el expresidente AMLO a nuestro territorio. Con ese contexto como antecedente, durante esta semana que acaba de concluir, la 4T nos muestra un comportamiento en donde nuevamente políticos despolitizados e ignorantes vuelven al entreguismo mercantil para quienes están destruyendo el planeta.
El 19 de noviembre, en el XXXVI Congreso Internacional de Minería celebrado en nuestro estado, fue muy penoso darnos cuenta del cinismo con el cual usted, Lic. Marcelo Ebrard, con risas, aplausos y brindando con bebidas que acá no conocemos, entregaba a los empresarios mineros las tierras de México que no son de usted; así como, en el paquete, metió las tierras en propiedad colectiva que tampoco son suyas. Da vergüenza saber que todos los días hablen de soberanía cuando políticos como usted, sin pena alguna, son serviles a las empresás y entregan la patria como si fuera suya. Si así ha de ser lo que resta de su mandato, le proponemos desaparecer la secretaría que indignamente dirige y mejor crear un centro comercial en donde ya tenga disponible una canasta básica empresarial que venga rebosante de minerales, agua, bosques, sol, viento y, además, por la compra de dos canastas, agreguen cupones y bonos que enaltezcan la responsabilidad social corporativa y, por supuesto, algunos vales adicionales que garanticen la sustentabilidad y minería libre de CO, con una etiqueta que diga: «Este certificado de minería verde es libre de emisiones de gases de efecto invernadero y se le entrega a su empresa consentida». Con la compensación económica derivada de los bonos, cupones y vales pueden agregar a su publicidad que podemos comprar agua embotellada, también comprar un poco de aspirinas para atender los daños que nos provoque la nueva actividad minera sustentable y, si no es mucha molestia, le pedimos que, si nos ofrecen empleo, no se olviden de nuestros mayores de edad para que trabajen dignamente como empacadores de este gran supermercado y logremos alcanzar el tan anhelado sueño de cualquier habitante del planeta: trabajo remunerado, minería con manejo responsable del cianuro, minería verde y sustentable, y con medidas de compensación de daños al ambiente perfectamente planeadas que nos garantizan el derecho humano al agua potable embotellada.
Un día antes, el 18 de noviembre, en la reunión mundial de la COP30 realizada en Belém, Brasil, nuestra secretaria de Medio Ambiente de Semarnat, de la misma manera que sucedió hace 14 años, ofrecía a los políticos del mundo una serie de compromisos, dicen medioambientales, con metas que se escuchan bonitas pero que sabenãos siguen construidas en la falsa plataforma de la transición energética, que acá desde hace 14 años sabemos son mecanismos de compensación ambiental impulsados por las bancas multinacionales para que las empresas contaminantes, como las mineras, tengan una opción para lavarse la cara hasta que les quede verde. Mientras la oferta del nuevo ambientalismo recibía aplausos, afuera de las instalaciones en donde se encontraban los políticos del mundo firmando «los acuerdos para los maravillosos planes de compensación ambiental al 2035», se encontraban nuestros hermanos y hermanas de los pueblos indígenas de Brasil y de otras naciones protestando y gritando que dejen de entregar lo que no es suyo y que paren a las empresas, metan a la cárcel a los responsables de la devastación ambiental y dejen de crear políticas incoherentes que solamente están sirviendo para lavar la imagen de las empresas que, de manera directa o indirecta, están acabando con el planeta, porque pase lo que pase, y sin importar los límites fundamentales del crecimiento, no les importa continuar con el saqueo ambiental ni quieren cambiar la inercia de las inversiones destinadas a la matriz energética basada en los hidrocarburos.
Tal como nos ocurrió hace 14 años, pero ahora con las y los políticos de la 4T, vemos que no ha cambiado nada. No se coordinan, no saben lo que están haciendo porque son negacionistas de lo que la naturaleza nos muestra con mayor frecuencia y, aun así, abren los brazos a la minería, ratificando que la destrucción de la naturaleza no existe en su cabeza. Al mismo tiempo, y de forma totalmente contradictoria, se ofrece el impulso de medidas para la compensación de daños que en todo el mundo son diseñadas e impulsadas por las empresas para lavar los daños de las empresas y consolidar el falso discurso de la transición energética, y presentarse como dignos políticos defensores de la naturaleza.
Sr. Ebrard, ya mostró su servilismo a favor de los mineros, también salió su gusto por la continuidad del proyecto neoliberal y, además, se vislumbran sus aspiraciones a la presidencia para reencarnar en el nuevo rey chiquito. Le sugerimos que regale lo suyo a quien usted considere, pero le garantizamos que, si acá llega una sola empresa minera, serán metidos a la cárcel por nuestros sistemas de seguridad comunitarios porque, si no lo sabe, acá más de 400 comunidades llevamos 14 años declarando nuestro territorio libre de minería, por lo tanto, lo vamos a defender.
Imagen: Encuentro de autoridades agrarias en Iliatenco, Guerrero. Foto: Tlachinollan / Proceso, 2023.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA – A 19 de noviembre de 2025
La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) nos adherimos a la declaración del Foro Social Temático sobre Minería y Economía Extractivista (FST-Minería), sumándonos al compromiso de “ una transformación socioecológica y sistémica que confronte las narrativas dominantes de la “transición verde” promovidas por corporaciones, gobiernos e instituciones financieras internacionales ”, que lejos de solucionar el problema del cambio climático, lo agrava, y cuyo resultado es mayor desposesión y extractivismo.
El posicionamiento fue lanzado en el marco de un evento durante la Cúpula Dos Povos en la Universidade Federal do Pará (UDFP) en Belém, Brasil, en donde también se lleva a cabo la 30ª Conferencia de las Partes (COP 30) de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.
Delegados de todo el mundo participaron en el evento, en donde se expusieron las falsas soluciones capitalistas que se han planteado frente a la crisis climática, y con las que se pone al centro el fomento de más y más extractivismo minero.
Como se destaca en la declaración: “La llamada transición verde o energética se presenta como una solución a la crisis climática, pero reproduce la misma lógica extractivista y capitalista responsable de la destrucción ecológica y la injusticia social. Al situar el sistema minero y extractivista en el centro de la respuesta al Cambio Climático, esta narrativa crea una ilusión falsa y peligrosa—una que oculta la continuación de un modelo depredador, colonial y militarizado, que explota a las personas y a los territorios en nombre de la descarbonización y del progreso tecnológico.”
Continúa, “Bajo las banderas de la “energía limpia” y la “transición digital”, los minerales de transición se están extrayendo mediante prácticas violentas, contaminantes y excluyentes que devastan ecosistemas, desplazan a pueblos indígenas y tradicionales, y profundizan las desigualdades—especialmente en el Sur Global.”
Representantes de diferentes partes del mundo, desde Papúa Nueva Guinea a Ecuador, de Brasil a Madagascar, y de Turquía a las Filipinas dejarnos su testimonio sobre la violencia del extractivismo minero en los territorios, el empobrecimiento, la criminalización de los luchadores y la militarización de los territorios. También refrendaron la importancia del derecho de los pueblos a decir No, así como del ejercicio de la auto determinación, de la organización local y regional, y de la articulación entre luchas, especialmente sur-sur.
Farai Maguwu, del Centro de Gobernanza de Recursos Naturales (CNRG por sus siglas en inglés) de Zimbabwe, subrayó que el FST-Minería no está buscando reformas mineras, sino el rechazo a la minería como modelo del supuesto progreso y desarrollo, promoviendo la articulanción y caminando con las comunidades que se declaran sus territorios libres de minería y que están diciendo no a la minería. El FST-Minería también busca la rendición de cuentas de los gobiernos y empresas que violan los derechos de las comunidades y dañan gravemente sus tierras, aguas y formas de vida. Busca alternativas reales, inclusivas y centradas en los pueblos, alternativas que son descoloniales y anti-capitalistas, y que reconocen y respetan los límites del planeta, apreciando los sistemas de valores de los pueblos indígenas y respondiendo a las inequidades estructurales. Esto implica que, en lugar de la actual transición energética capitalista, que realmente es un esquema de expansión energética que agrega nuevas fuentes de energía al tiempo que mantiene el incremento del consumo de hidrocarburos , es necesario una respuesta que implique la reducción radical de consumo de materiales (minerales y metales) y energía, especialmente en países del norte global.
Como destaca la declaración, es falsa la “idea de que extraer más litio, níquel, cobre o cobalto “salvará el planeta”. El extractivismo no es una solución, es la profundización del problema. Rastrear o certificar estos minerales bajo supuestos estándares de sostenibilidad, no reparará el profundo daño social y ecológico que la minería implica, sólo lava la imagen de la minería y legitima el extractivismo. Este camino mantiene el mismo sistema que valora las ganancias por encima de la vida, profundiza la desigualdad global y acelera la crisis planetaria.”
“Una transformación justa y sostenible no puede surgir del mismo sistema extractivista que causó la crisis. Debemos desmantelar el poder corporativo, desafiar las dependencias neocoloniales y redefinir nuestra relación con la naturaleza basándonos en el cuidado, la solidaridad y el equilibrio ecológico.”
Véase la declaración completa: https://tsfmining.org/adhierete-a-la-declaracion-del-tsf-mining/
Compartimos este artículo publicado por Stay Grounded sobre la aviación y cambio climático – A 7 de noviembre de 2025
Continuando las luchas contra la comercialización, la expropiación y el racismo medioambiental, la organización comunitaria y la creación de coaliciones lograron detener los planes de ampliación del aeropuerto internacional King County de Seattle (EEUU). Sin embargo, continúan los esfuerzos para situar la atención a las comunidades afectadas en el centro de la planificación aeroportuaria. Este artículo de Savannah Helming y Laura Gibbons, para el Equipo de Aviación de 350 Seattle, explora lo que podemos aprender de la lucha.
En los barrios del sur de Seattle cercanos al Aeropuerto Internacional del Condado de King (KCIA), la esperanza de vida de los residentes que viven a menos de 800 metros del aeropuerto se reduce entre ocho y diez años en comparación con la de sus vecinos, debido a la contaminación atmosférica y a las emisiones de los combustibles con plomo que utilizan los aviones más pequeños.
Los residentes también experimentan tasas más elevadas de problemas de salud, como hipertensión, cáncer y enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. Además, el río Duwamish, que fluye cerca del aeropuerto, está reconocido por la Agencia de Protección del Medio Ambiente como uno de los ríos más contaminados del país.
La mayoría de los residentes de las comunidades adyacentes al aeropuerto son personas de color y tienen índices de pobreza más elevados que el condado de King en su conjunto. De los 5.600 residentes que viven a menos de 800 metros del aeropuerto, el 74% son personas de color y el 52% hablan una lengua distinta del inglés.
Así, el Plan Maestro de 2019 de la Administración Federal de Aviación (FAA) del condado de King para ampliar el aeropuerto subrayó el racismo y los daños medioambientales como una crisis de salud pública.
El KCIA, también conocido como Boeing Field, es un aeropuerto de propiedad y gestión públicas situado a seis kilómetros al sur del centro de Seattle. Como se explica en el sitio web del condado de King, el aeropuerto presta servicio a «pequeñas aerolíneas comerciales de pasajeros, transportistas de carga, pilotos privados, jets corporativos, helicópteros y aviones militares». Junto con el aeropuerto de SeaTac, el KCIA ya representaba el 13% de las emisiones del transporte y el 3,4% de las emisiones totales del condado de King. Estas cifras no sólo eran preocupantes, sino que sólo contabilizaban las emisiones producidas durante el despegue y el aterrizaje, lo que significa que el otro 90% de las emisiones quedaban totalmente sin contabilizar.
La lucha contra la KCIA no es nueva. Sus raíces se remontan a finales de la década de 1990, cuando el condado de King intentó transformar el sur de Seattle, incluido el barrio de Georgetown, en una zona de uso exclusivamente comercial. Como parte de estos planes, el aeropuerto pretendía utilizar el dominio eminente (expropiación) para adquirir todo el barrio, según Marvin McCoy, miembro de la comunidad que participó activamente en la resistencia a los planes de expansión en la década de 1990.
«Todavía quedaban algunas viviendas viejas y deterioradas que eran baratas, y la vivienda en la ciudad era cara», dijo McCoy. «La gente se mudó a las casas deterioradas y las arregló. No creo que la ciudad lo viera venir… la ciudad no pensó que la gente se mudaría a una zona de casas deterioradas y estaría dispuesta a arreglarlas como hicieron en Georgetown».
McCoy y otros miembros de la comunidad que lucharon presentaron una demanda contra el Condado de King en la década de 1990. «La demanda que presentamos no sirvió de mucho, pero cambió la forma en que el condado miraba a los residentes», dijo McCoy. «Entonces todo el mundo empezó a ir a las reuniones del ayuntamiento y [el Condado] al menos nos escuchaba después de eso».
Activistas de la campaña contra el Aeropuerto del Condado de King
El condado de King anunció sus planes de ampliar el aeropuerto en 2019 con la publicación del Plan Maestro de la FAA, que incluía la construcción de una pista ampliada, aparcamiento adicional para aviones y granjas de combustible adicionales. Esta ampliación aumentaría el número de vuelos desde y hacia el aeropuerto y facilitaría la adquisición de más propiedades. No había miembros de la comunidad en la mesa cuando se hicieron estos planes.
Varias personas implicadas en organizaciones comunitarias locales asistieron a una reunión del Condado sobre la ampliación y decidieron organizarse contra ella. Formaron la Coalición Comunitaria de la KCIA (KCIACC), integrada por organizaciones que representaban a diversos grupos comunitarios y ecologistas, como la Coalición Comunitaria del Río Duwamish, Puget Soundkeeper, el Equipo de Aviación 350 Seattle, el Consejo de Beacon Hill y Amigos de la Historia de Georgetown. La falta de divulgación y colaboración comunitaria por parte de la KCIA fue un importante motivo de preocupación, sobre todo en relación con la lucha por la equidad en el condado de King. A los miembros de la comunidad y a los organizadores les preocupaba sobre todo que se excluyera del proceso de planificación a los residentes BIPOC (Negros, Indígenas y Personas de Color) y con bajos ingresos, a quienes más afectarían estos planes, y que no se realizaran esfuerzos de participación comunitaria.
«Fuimos al Consejo del Condado de King y dijimos: ‘Escuchad, si vais a hacer algún cambio dentro del Aeropuerto Internacional del Condado de King, tenéis que hacérnoslo saber’», dijo Velma Veloria, ex representante del Estado de Washington y organizadora voluntaria del KCIACC.
El KCIACC presentó al Consejo del Condado de King una lista de 12 necesidades de equidad, incluida una declaración de impacto medioambiental completa para el aeropuerto, la incorporación de dos miembros de la comunidad a la Mesa Redonda del KCIA, un grupo consultivo con representantes de la comunidad circundante y empresas relacionadas con la aviación, y el desarrollo de un acuerdo de beneficios para la comunidad.
El condado no satisfizo estas necesidades, así que el KCIACC llevó el tema a las publicaciones de noticias locales, lo que constituyó una estrategia organizativa primordial, según Veloria. «Entramos en el South Seattle Emerald, The Stranger hizo un artículo sobre nosotros y salimos en la radio», dijo Veloria.
Una profunda organización comunitaria fue la clave de su éxito
Ofrecer oportunidades de educación a la comunidad sobre los efectos nocivos de los combustibles con plomo y la contaminación acústica del aeropuerto fue otra estrategia organizativa clave a la hora de oponerse al Plan Director. «Hicimos una presentación de diapositivas que llevamos a la comunidad, y fue realmente interesante, porque la comunidad no conocía los procedimientos ni el proceso por el que el Aeropuerto Internacional del Condado de King planifica su plan a 20 años», dijo Veloria.
Tras meses de compromiso y educación de la comunidad, artículos de prensa y diálogo con la KCIA y el condado de King, el ejecutivo de este condado, Dow Constantine, acordó no seguir adelante con la ampliación. «La mayor parte de nuestro trabajo se basa en la organización comunitaria, que incluye la organización de actos con paneles, informes interactivos con otras organizaciones y foros de candidatos», dijo Veloria. «Nos aseguramos de celebrar actos para explicar los efectos de los combustibles con plomo, de que la gente viniera a testificar y de informar a la comunidad sobre los retos y los éxitos. Nos aseguramos de que por cada éxito, lo celebrábamos, y por cada reto, seguíamos perseverando. Seguimos haciendo organización comunitaria para educar a nuestras comunidades sobre los próximos pasos, que ahora mismo se centran en el impacto del gas con plomo en los residentes.»
Para el KCIACC, la organización comunitaria consiste en generar confianza con sus vecinos y comunidades. Cada presentación que hicieron en escuelas y otras organizaciones se adaptó específicamente a su público, para educar a la comunidad sobre los problemas a los que se enfrentan. También contrataron intérpretes en jemer, español, vietnamita y cantonés, las cuatro lenguas más habladas entre los residentes.
«Al final, lo que pretendemos es educar a nuestras comunidades sobre los efectos nocivos para la salud de la KCIA y estar en la mesa de negociaciones cuando se elaboren estos planes, de modo que tengamos una voz más fuerte», dijo Veloria. «Nuestras comunidades están hambrientas de este tipo de información».
En 2023, el KCIACC propuso una ley del condado de King, la Ordenanza 2023-0053, que planteaba cuatro exigencias la adición de dos puestos en la Mesa Redonda para Beacon Hill y South Park, la creación de un subcomité consultivo de la Mesa Redonda para asesorar y hacer recomendaciones a la dirección del aeropuerto, al ejecutivo del condado y al consejo del condado, la creación conjunta y el mantenimiento de un acuerdo de beneficios comunitarios por parte del condado de King, el aeropuerto y el subcomité que abordara las preocupaciones medioambientales, climáticas, sanitarias, económicas y de habitabilidad de los residentes y trabajadores de los barrios del valle del Duwamish adyacentes al aeropuerto, y la realización de una evaluación exhaustiva del impacto medioambiental de todas las actividades aeronáuticas, de transporte terrestre y aeroportuarias del aeropuerto cada 10 años.
Entre los opositores a la ordenanza se encontraban la dirección de la KCIA, los pilotos de aviones pequeños que utilizan Boeing Field y el sindicato de Boeing, que expresaron su preocupación por que la paralización de los planes de ampliación supusiera la pérdida de puestos de trabajo. Enfrentarse a un gigante de la aviación como Boeing fue todo un reto, según Veloria. A la hora de defender la ordenanza, los miembros de KCIACC lograron el mayor éxito dirigiendo sus mensajes desde un lugar de preocupación por la comunidad, en lugar de ser abiertamente anti-Boeing o anti-aeropuerto. «No intentamos cerrar el aeropuerto», respondió Veloria. «Lo que intentamos decir es que hay que prestar atención a las repercusiones del aeropuerto en las comunidades circundantes».
Al final, la única exigencia de la ordenanza propuesta que se cumplió fue la incorporación de dos miembros de la comunidad a la mesa redonda de la KCIA. Aun así, formar parte de la mesa redonda es importante porque facilita que la coalición esté al tanto de los planes del aeropuerto. La KCIACC también consiguió otros éxitos. La oficina del auditor del condado de King auditó el aeropuerto y su gestión, e informó de que el KCIA carecía de una estrategia clara para abordar los problemas medioambientales y no había llegado suficientemente a las comunidades afectadas. También se reconoció que, cuando KCIA sí implicaba a las comunidades, a menudo era tarde en el proceso del proyecto, lo que significaba que las preocupaciones de la comunidad podían no tenerse en cuenta o abordarse adecuadamente. Como se describe en el informe, «KCIA no puede demostrar claramente cómo se alinean sus esfuerzos con objetivos más amplios del condado, como el Plan Estratégico de Acción Climática del Condado de King y el Plan Estratégico de Equidad y Justicia Social del Condado de King».
Aunque el KCIACC ha conseguido retrasar la ampliación del KCIA, el aeropuerto tiene intención de revisar sus planes de ampliación para 2045. El plan definitivo aún no se ha hecho público. Sin embargo, tras conseguir detener el Plan Maestro de la FAA para 2019 y abogar por más esfuerzos de participación comunitaria, Veloria y otros miembros de KCIACC consideran que es más probable que KCIA y el condado de King les escuchen. «Ahora nos han incluido en su programa de divulgación, y han incluido a la comunidad en general para que venga a echar un vistazo, así que cualquier plan que estén haciendo ahora incluye la opinión de la comunidad y la divulgación comunitaria», dijo Veloria. «Estamos intentando crear confianza entre nosotros y crear conocimiento. Para nosotros, eso es una victoria».
Compartimos este comunicado de Ejido Carrizalillo a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 4 de noviembre de 2025
Hace 7 meses inicio nuestra lucha en contra de la imposición de las pretensiones regresivas, injustas, indignas y colonialistas por parte de la empresa minera canadiense Equinox Gold, relacionadas con la continuidad de la ocupación temporal de nuestras tierras que estaban acompañadas de otro convenio “incomprensiblemente rasurado” relacionado con contraprestaciones sociales, en donde venían temas de enorme relevancia para nosotros como acceso preferencial al empleo, concesiones de equipo y maquinaria, atención a los daños a la salud que son inmensos y muchos de ellos irreversibles de cura alguna y, acceder a agua limpia y libre de metales pesados, este último tema incumplido desde el 2007 por parte de las tres empresas que han ocupado nuestro territorio, aun y a pesar de haber establecido acuerdos con nosotros.
Poco antes de iniciar nuestro campamento actual, la empresa apostó por una estrategia para crear desgaste en contra de nuestro ejido: primero declarando una suspensión indefinida e ilegal del proyecto Los Filos, por la cual la “omisa” Secretaria de Economía (SE), por ley desde hace meses debió retirarle la concesión minera y hacerle pagar el daño que a ello corresponde; luego la empresa hizo un absurdo relanzamiento del “Nuevo Filos”, con testigos de honor del gobierno estatal, relanzamiento que hoy se encuentra clausurado por Profepa por no cumplir con las remediaciones solicitadas por su irresponsabilidad de creer que su suspensión indefinida pasaría desapercibida por nosotros quienes rápidamente solicitamos una inspección ambiental que pusiera en orden a esta empresa contaminante; también está violentando el plan de manejo autorizado por SEMARNAT y, en consecuencia, violan la ley ambiental al no realizar el mantenimiento básico que ha incrementado los riesgos de daño ambiental, por cierto, mantenimiento por el que Equinox pretende culparnos como si nosotros tuviéramos la concesión minera, a tal grado que ahora –politizando el discurso-, quieren hacer creer a la autoridad ambiental que es responsabilidad nuestra.
Equinox se encuentre entrampada porque tiene demasiados incumplimientos legales, sus apoyos estatales no disponen de poder legal sobre ningún aspecto relacionado con las leyes que le corresponden al sector minero y, si en realidad quiere resolver la situación que tiene por las violaciones e incumplimientos, no le quedan muchas opciones entre las que citamos las siguientes: Equinox debe negociar con nosotros la continuidad de la operación minera o, de no hacerlo, debe negociar con nosotros la implementación del plan y el programa de cierre y post-cierre de la mina e incluso, antes que decida alguna de las anteriormente señaladas, debe negociar con nosotros la remediación y el mantenimiento por lo cual se encuentra clausurada.
El escenario de las violaciones flagrantes e incumplimientos a las leyes son claras; la empresa está ocupando de hecho y de facto nuestras tierras, porque al negarse a realizar un nuevo convenio para seguir ocupando nuestra tierras, es su obligación –tal como lo establece la ley-, iniciar el proceso de implementación de acciones relacionadas con el cierre y post-cierre de la mina, que entre otras cosas significa entregarnos las tierras rehabilitadas para que nosotros, una vez que la empresa decidió no continuar con la actividad minera, sigamos ejerciendo nuestro derecho a ser campesinos y campesinas. En ese contexto, la ley es clara y simple; no hay nada en la ley que nos obligue a rentar nuestras tierras a un postor que no cubra nuestras expectativas, así como también es obligación de la empresa, por ley, rehabilitar las tierras que ocupó durante los años de operación minera.
No es una necedad nuestra, es lo que la ley dice. Sin embargo, sus operadores haciendo gala de sus mejores actos de discriminación y racismo, continúan implementando acciones claramente orientadas a castigar a nuestro ejido, porque para ellos es inverosímil que la ley nos asista y, en vez de que se concentren en cumplirla, fomentan diversos escenarios orientados en contra nuestra fuera de toda lógica: atentan contra la paz social creando arengas entre las comunidades relacionadas al proyecto, distribuyen información falsa y tendenciosa sobre el presente-futuro del Nuevo Filos con las comunidades vecinas, hacen todo lo posible por convencer a políticos –en varios casos lo logran-, para hacerlos copartícipes en la defensa de los intereses de la empresa en donde lamentablemente “nuestros” servidores públicos literalmente deshonran sus funciones y atribuciones. Por supuesto nunca faltan las amenazas en contra de la vida de varias y varios compañeros y la ya racista y tradicional frase que constantemente ocupan: Sólo son unos cuántos quienes se oponen al progreso y desarrollo.
Ante la insaciable búsqueda de la venganza de los operadores locales -incluyendo al CEO el Sr. Darren Hall en contubernio por omisión o porque está enterado-, previo a las celebraciones de nuestros santos difuntos, una reforzada campaña en redes empezó a criminalizarnos para ahora posicionar en la opinión pública y en los operadores políticos que, en vez de ser víctimas de la violación de derechos fundamentales que atentan contra nuestra vida por parte de la empresa, ahora somos victimarios y operamos para la delincuencia organizada.
La mezquindad de la empresa no tiene límites y nuevamente hacemos responsable al Sr. Hugo Vergara -principal operador en contra de la paz social-, de lo que nos pueda ocurrir, a la vez que advertimos a sus colegas del sector minero que participarán en el contexto de la XXXVI Convención Internacional de Minería por celebrase en este mes en Acapulco, que la empresa canadiense Equinox saldrá a presumir la aplicación de los más altos estándares internacionales relacionados con la responsabilidad social corporativa (RSC). La realidad está a la vista: Equinox atenta contra nuestra vida porque se niega a entregarnos las tierras rehabilitadas, está clausurada por el gobierno federal (PROFEPA) por contaminar el ambiente y por violaciones a la ley y, ahora a su arenga mediática, orienta su estrategia a criminalizar nuestra lucha e intentar meternos en la cárcel.
No nos es ajeno que en este país quienes defendemos nuestros derechos acabemos tipificados como delincuentes y, por el contrario, quienes nos violentan caminen sonrientes por las calles de la impunidad. La premisa es simple; si no quieren negociar la continuidad, es su obligación regresarnos las tierras rehabilitadas, deben cumplir con la recuperación ambiental vinculada a los actos de clausura por parte de Profepa y, cuando ello ocurra, entonces pueden irse a Canadá o a otro lugar en donde la población y los gobernantes locales estén dispuestos a aceptarles migajas, racismo, discriminación, explotación y ser sumisos ante las violaciones a las leyes.
Equinox ya no sólo quiere las tierras a como dé lugar bajo sus condiciones de sumisión y sometimiento, ahora nos quiere en la cárcel y, aunque estamos enterados que la gobernadora Evelyn Salgado no ha caído en los engaños de la empresa, otros de sus operadores estatales y la presidenta municipal de Eduardo Neri son siervos y serviles a la empresa.
Criminalizarnos es un acto deleznable de Equinox, pero conociendo a Hugo Vergara y Armando Fausto principales operadores de la empresa en Los Filos, no nos extraña, porque llevan meses intentando desacreditarnos, hacen todo lo posible por salir avantes de las violaciones flagrantes en las que incurren y, al final parece solamente les queda que logren convencer al estado para que nos desalojen violentamente y meter en la cárcel a compañeros nuestros. Insistimos en que nuestra lucha debe marcar un referente histórico para terminar con la impunidad, el racismo y la discriminación con la que operan las empresas mineras canadienses, así como las de otras naciones incluyendo las de privados mexicanos, pero para que ello suceda requerimos de la convicción política de políticos que no les tengan miedo y quieran poner orden a la impunidad.
Insistimos, cualquier acto en contra de algún o alguna compañera del ejido es total responsabilidad de Equinox Gold y de sus racistas operadores locales.
ATENTAMENTE
MESA AGRARIA DEL EJIDO DE CARRIZALILLO
Imagen: Sello de clausura de PROFEPA. Foto: Ejido Carrizalillo, Guerrero.
Presentamos esta serie de infografías que visibilizan el impacto de las empresas transnacionales más contaminantes en México. Estas corporaciones transnacionales son responsables de graves impactos socioambientales, bajo el discurso del desarrollo y el progreso, han devastado ecosistemas, vulnerado derechos humanos y profundizado las crisis socioambientales.
Nuestro objetivo es evidenciar cómo operan estos actores criminales, mostrar las luchas de las comunidades afectadas y denunciar la impunidad con la que continúan destruyendo territorios y vidas. Con esta información buscamos visibilizar sus responsabilidades y aportar a las luchas por la justicia ambiental en el país.
En esta septima infografía, abordamos a Coca cola – FEMSA, la gran trasnacional refresquera.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 3 de noviembre del 2025
El Montaje Mediático de las Empresas Mineras Canadienses y la Diplomacia Canadiense en México
El lunes 24 de octubre, el Comité Ejecutivo de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá en México (CanCham) comunicó la adopción del estándar Hacia una Minería Sustentable por parte de sus socios, anunciándolo como si esto fuera un gran avance para la industria en México y para la relación entre Canadá y México. Pero, ¿Qué es este estándar?, ¿Cómo funciona? ¿Qué papel tiene en su promoción el gobierno canadiense?
Dado el gran velo que cubren estos mecanismos de auto regulación empresarial de la que este estándar forma parte, queremos en este comunicado dar algunos elementos para mostrar por qué este estándar es un mecanismo más de simulación, que permite que, mientras las empresas canadienses destruyen con impunidad vidas y territorios en diferentes partes de la República mexicana, sean reconocidas por los gobiernos como “una fuerza positiva para las comunidades, para el medio ambiente y para la prosperidad a largo plazo de nuestro México”, como dijo el embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, al anunciar este estándar.
El estándar Hacia una Minería Sustentable (TSM por sus siglas en inglés) es un mecanismo creado por la Asociación Minera de Canadá que consiste en nueve protocolos para la autoevaluación de las operaciones mineras y que, desde hace años, ha sido promovido por dicha Asociación, tanto dentro de Canadá como a nivel global. Sin embargo, el sector minero no es el único impulsor de este estándar; las embajadas canadienses alrededor del mundo también asumieron el papel de promotoras de dicho estándar voluntario, como parte de su política exterior servil a los intereses mineros. Así, la embajada actúa con omisión y negligencia ante la exigencia que gobiernos, organizaciones y comunidades le han hecho durante décadas para llevar a rendir cuentas a las empresas mineras con domicilio en Canadá por las violaciones a derechos humanos, medio ambiente y a la salud en diversos países.
Contrario a lo que dijo el Embajador de Canadá en México, Cameron Mackay, en el boletín emitido por CanCham, este estándar no va a “garantizar que la inversión canadiense en el sector minero mexicano siga siendo, más que nunca, una fuerza positiva: para las comunidades, para el medio ambiente y para la prosperidad a largo plazo de nuestro México». Más bien, este estándar promueve la opacidad y el conflicto de interés al promover procesos de auto-regulación de las empresas sobre sus propias operaciones. Es además un mecanismo que no conlleva penalizaciones para las empresas que no cumplen los protocolos, al tiempo que evita que las comunidades y trabajadores mineros afectados busquen justicia y reparación del daño cuando pierden fuentes de agua, se destruyen sus tierras cultivables, empiezan a enfermarse, o enfrentan la criminalización y la violencia por haberse organizado y denunciado violaciones de sus derechos.
Organizaciones ambientales y pueblos indígenas de Canadá también han señalado la peligrosidad de este estándar, por la misma forma en que la Asociación Minera de Canadá y el gobierno de la provincia de Columbia Británica, en este caso, lo han utilizado para disfrazar la minería como una actividad “responsable”, evitando así responder a las constantes exigencias sobre los riesgos que implican los diques de cola, sobre la debilidad de la legislación y los controles para manejar la contaminación del agua generada por la minería, y la falta de respeto y desdén que constantemente muestran las corporaciones mineras hacia la autodeterminación de los pueblos indígenas.
En una publicación de 2021, este grupo de organizaciones canadienses observaron que este estándar voluntario no asegura que las empresas cumplan ni con sus protocolos, ni con las leyes locales de aquel país y, aún más, lo señalaron por ser un estándar incluso más débil que otros, por no tomar en consideración temas relevantes como la reclamación y cierre de minas, la seguridad en torno a la operación minera, o los derechos humanos, entre otros.
Además, lo que se anunció esta semana como el compromiso de las empresas mineras canadienses vinculadas al comité de CanCham para “implementar de manera gradual los protocolos del estándar”, es como decir que lo podrían aplicar ahora o nunca, dado que todo es gradual y voluntario.
Para dimensionar lo inútil que este estándar es para la justicia y la rendición de cuentas, basta con voltear a ver la mina Los Filos de la empresa Equinox Gold en Guerrero, una empresa canadiense con sede en Vancouver y cuyo vicepresidente para México, Armando Ortega, forma parte del Consejo Ejecutivo actual de CanCham. Este empresa ya tiene un compromiso con el estándar mencionado, al ser miembro de la Asociación Minera de Canadá, y demuestra la farsa que es este estándar. Al mismo tiempo su mina Los Filos está poniendo en riesgo la vida de la comunidad de Carrizalillo al haber destruido casi la totalidad de sus tierras mientras la empresa mantiene su pretensión de imponer condiciones absolutamente inviables sobre su convenio de uso de tierras, con la auto-suspensión ilegal de su mina y al mismo tiempo haciendo amenazas y demandas en contra de la comunidad.
Esto conjunto de violaciones no sólo lo dice la comunidad de Carrizalillo, si no ahora la clausura reciente por PROFEPA a las operaciones de la empresa, respalda lo que ha estado diciendo la comunidad desde hace meses en torno a los incumplimientos de la empresa de la normatividad ambiental mexicana y respecto al señalamiento de que este cierre debería conllevar un proceso de remediación, rehabilitación y compensación justa y consensuado con la comunidad.
Finalmente, en su boletín, el Comité Ejecutivo de Minería de CanCham, dice que la adopción de este estándar “responde a la exigencia consensuada por la presidenta de México y el primer ministro de Canadá para que la industria minera siga llevando a cabo protocolos de protección comunitaria y ambiental acordes con las aspiraciones comunes de construir un marco de desarrollo sostenible”. Como REMA, no dudamos que este anuncio sea parte de un montaje mediático organizado por la industria en colaboración con la diplomacia canadiense para maquillar su Plan de Acción Canadá-México y su acercamiento con México en el contexto de la revisión del T-MEC para tratar de persuadir al gobierno mexicano que las empresas mineras canadienses ahora van a comportarse bien.
Si las autoridades mexicanas responden a este gesto con complacencia y confianza, sería caer nuevamente en la trampa de la simulación, en la política colonial extractivista de Canadá y aceptar la continuidad del despojo, desplazamiento e impunidad en torno a la minería que ya conocemos demasiado bien.
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA (REMA)
Imagen: Mina Los Filos, Carrizalillo, Guerrero. Foto: REMA
Compartimos esta nota de análisis de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 16 de octubre del 2025
Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) escribimos esta nota de análisis a partir de lo ocurrido durante la Reunión Pública de Información del proyecto Puerto Nuevo Manzanillo, promovido por la Secretaría de Marina (SEMAR) y realizada el 2 de octubre. La publicamos ante la preocupación y en solidaridad con las denuncias de Tsikini A.C., DEMAREM A.C. y las comunidades de la Laguna de Cuyutlán, que han señalado graves carencias en la evaluación ambiental, irregularidades en el procedimiento y simulación institucional. Esta nota busca visibilizar los hechos, amplificar las voces comunitarias y analizar el avance de la militarización y el despojo territorial bajo el discurso del desarrollo.
A principios del mes, la SEMARNAT llevó a cabo la Reunión Pública tras la presión de 651 pescadores, salineros y organizaciones locales que impidieron que se realizara únicamente en línea, quienes durante toda la jornada demostraron que no se trata de unos cuantos inconformes, sino de una comunidad que sabe sobre las implicaciones de la expansión portuaria sobre la Laguna de Cuyutlán.
Durante la jornada se denunciaron distintas irregularidades en los procedimientos de implementación, como trabajos de dragado iniciados sin permisos ambientales y una Manifestación de Impacto Ambiental elaborada en apenas dos meses, firmada por un solo consultor. Además, se alertó sobre la fragmentación ilegal del proyecto, al presentar por separado el bardeado del vaso II, una estrategia que busca evadir la evaluación integral de los graves impactos ambientales y sociales.
Lo ocurrido en Manzanillo forma parte de un patrón estructural de imposición institucional cada vez más militarizada que se repite en numerosos territorios del país, que transgrede la integridad de la Laguna de Cuyutlán entera, y pone en riesgo el ecosistema de manglar con toda su biodiversidad e importancia para la protección costera ante eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes, además afectando los derechos de la población afectada a un ambiente sano, al agua, a la salud y al trabajo de las familias salineras y pesqueras, reduciendo los procesos de consulta pública (tal como han sido durante todo el periodo neoliberal hasta ahora) a formalidades administrativas manipuladoras y mal hechas que sirven para legitimar decisiones ya tomadas por las élites políticas y/o empresariales.
Las autoridades encargadas realizan estos procedimientos evadiendo la garantía de derecho a la información y a la participación, generando dinámicas de desgaste, división y exclusión. Esta reunión pública evidencia cómo la burocracia ambientalreproduce prácticas coloniales de simulación participativa.
Es de especial preocupación que estos espacios también sirvan a las autoridades para la confrontación utilizando estrategias para el acarreamiento de personas o la invitación a opositores del proyecto fomentando la división comunitaria. Estos espacios para nada buscan la información, la participación ciudadana ni la rendición de cuentas, son un montaje institucional que busca validar administrativamente y políticamente un proyecto que ya decidieron las autoridades sea aprobado.
La Secretaría de Marina (SEMAR) representa la militarización creciente del país y del control estratégico de los bienes comunes. A través de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), que desde 2021 concentra bajo mando militar la gestión de todos los puertos, la Marina actúa como promotora directa del proyecto. Esta participación refleja una política nacional que militariza la infraestructura estratégica y coloca el llamado “interés nacional” por encima de los derechos de las comunidades, donde la fuerza sustituye la voz de los pueblos afectados.
En el fondo, este caso revela cómo la política ambiental es una herramienta de gestión del despojo, al servicio de megaproyectos de infraestructura, exportación y logística que profundizan el extractivismo bajo nuevos nombres. La expansión del Puerto de Manzanillo no solo amenaza el equilibrio ecológico de la Laguna de Cuyutlán, sino que acelera la privatización del litoral, la pérdida de biodiversidad, el desplazamiento de comunidades y la producción pesquera y salinera, y el colapso urbano que ya afecta a la región. Con ello, se perpetúa un modelo autoritario extractivista militarizado en el que las instituciones estatales siguen actúan como facilitadores o operadoras del capitalismo rapaz y no como garantes de los derechos humanos, ambientales y colectivos de los pueblos.
Compartimos el comunicado de prensa de DAMAREM A.C. donde se relatan los hechos y las exigencias de las comunidades y los comentarios sobre la MIA preparado entre Tsikini A.C, Conexiones Climáticas y ELAW.
Imagen: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gobierno de México (2019).
Presentamos esta serie de infografías que visibilizan el impacto de las empresas transnacionales más contaminantes en México. Estas corporaciones transnacionales son responsables de graves impactos socioambientales, bajo el discurso del desarrollo y el progreso, han devastado ecosistemas, vulnerado derechos humanos y profundizado las crisis socioambientales.
Nuestro objetivo es evidenciar cómo operan estos actores criminales, mostrar las luchas de las comunidades afectadas y denunciar la impunidad con la que continúan destruyendo territorios y vidas. Con esta información buscamos visibilizar sus responsabilidades y aportar a las luchas por la justicia ambiental en el país.
En esta sexta infografía abordamos a Bayer la gran farmacéutica y en 2018 adquirió a Monsanto
Presentamos esta serie de infografías que visibilizan el impacto de las empresas transnacionales más contaminantes en México. Estas corporaciones transnacionales son responsables de graves impactos socioambientales, bajo el discurso del desarrollo y el progreso, han devastado ecosistemas, vulnerado derechos humanos y profundizado las crisis socioambientales.
Nuestro objetivo es evidenciar cómo operan estos actores criminales, mostrar las luchas de las comunidades afectadas y denunciar la impunidad con la que continúan destruyendo territorios y vidas. Con esta información buscamos visibilizar sus responsabilidades y aportar a las luchas por la justicia ambiental en el país.
En esta quinta infografía abordamos a Grupo Lala
