Categoría: Modelo extractivo

Zacatecas: Organizaciones y comunidades alertan sobre violaciones a derechos humanos y exigen la cancelación del proyecto Presa Milpillas

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Compartimos esta carta de diversas organizaciones sobre la defensa del río Atenco ante el proyecto de represa Milpillas – A 3 de febrero de 2026

A la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos

Al C. David Monreal Ávila Gobernador del Estado de Zacatecas

A los Gobiernos Municipales de Jiménez del Teul y Sombrerete, Zacatecas

Al C. Efraín Morales López Titular de la Comisión Nacional del Agua

Al C. Víctor Suárez Carrera Titular de la Procuraduría Agraria

A los Gobiernos Municipales de Jiménez del Teul y Sombrerete, Zacatecas

Las organizaciones nacionales e internacionales firmantes, todas defensoras de los derechos humanos, manifestamos nuestra profunda preocupación por la continuidad del proyecto de la presa Milpillas en los municipios de Jiménez del Teul y Sombrerete, Zacatecas, el cual ha sido promovido como proyecto prioritario en el Plan Nacional Hídrico 2024–2030.

Este proyecto pretende desviar aproximadamente el 92% del caudal del Río Atenco, lo que implicaría la devastación irreversible del ecosistema, la destrucción de los medios de vida de las comunidades ribereñas y la afectación grave al derecho humano al agua, al territorio, al medio ambiente sano, a la alimentación, a la salud y a la vida digna, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en tratados internacionales ratificados por México.

Los núcleos agrarios de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales han manifestado, durante más de diez años, su rechazo firme, libre e informado al proyecto, ejerciendo legítimamente su derecho a la autonomía, a la libre determinación y a la propiedad social, conforme al Artículo 2º Constitucional, la Ley Agraria, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Tradicionales.

La promoción del proyecto ha estado acompañada por un patrón documentado de hostigamiento, coacción, intimidación y criminalización, que incluye, entre otras prácticas:

  • Condicionamiento de programas sociales, servicios básicos y obras públicas;
  • Intimidación directa a ejidatarias, ejidatarios y defensoras y defensores del territorio;
  • Amenazas, campañas de odio, difamación y estigmatización pública;
  • Despidos injustificados vinculados a la defensa del territorio;
  • Divulgación indebida de datos personales;
  • Hackeo, extorsión digital y vigilancia;
  • Negativa de atención institucional a comunidades agrarias;
  • Provocaciones deliberadas para generar confrontación social;
  • Uso de fuerza policial, hostigamiento y persecución por parte de la Guardia Nacional.

Estas acciones constituyen violaciones graves a los derechos humanos, y podrían configurar responsabilidad administrativa, penal y estatal, además de vulnerar los estándares internacionales de protección a personas defensoras.

Durante más de una década, las comunidades han vivido en un estado permanente de zozobra, miedo e incertidumbre. Niñas, niños y adolescentes presentan afectaciones psicoemocionales, trastornos del sueño y temor por su futuro. Comunidades ribereñas han denunciado restricciones en servicios de salud, incluso en el acceso a vacunas esenciales, así como amenazas de cobro por el uso tradicional del agua del río, lo cual resulta inaceptable y contrario al principio del derecho humano al agua.

Se señala con especial preocupación el actuar de la Procuraduría Agraria en Zacatecas, la cual ha dejado de cumplir su mandato constitucional de defensa de los derechos de los sujetos agrarios, para convertirse en promotora del proyecto, condicionando la atención institucional y vulnerando la autonomía ejidal.

Denunciamos la actuación del C. Francisco Pérez Compeán, cuya conducta ha sido señalada reiteradamente por los ejidos como injerencista, parcial y contraria a los principios de legalidad, imparcialidad y respeto a la libre determinación, sin que hasta ahora exista respuesta efectiva a las quejas presentadas.

Investigadores de la Unidad de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas han demostrado la inviabilidad técnica, científica y económica del proyecto para resolver la crisis hídrica de la región, señalando que el déficit de los acuíferos supera los 262.5 millones de metros cúbicos anuales, mientras que la presa apenas aportaría 41 millones de metros cúbicos, lo que implicaría la necesidad de al menos siete presas adicionales para cubrir la demanda mínima.

Asimismo, han propuesto alternativas sustentables y más eficientes agrupadas bajo el concepto del “Camino Suave del Agua”, que prioriza la eficiencia en el uso del recurso, la restauración ecológica, la justicia hídrica y el bienestar social, con menor costo económico y menor impacto ambiental.

El proyecto, con un costo estimado superior a los 9 mil millones de pesos, representa una decisión financieramente injustificada, ambientalmente destructiva y socialmente regresiva.

Ante la gravedad de los hechos, EXIGIMOS:

  1. La cancelación definitiva e inmediata del proyecto de la presa Milpillas.
  2. La apertura de una investigación administrativa y penal contra el C. Francisco Pérez Compeán, representante de la Procuraduría Agraria en Zacatecas.
  3. La investigación al presidente municipal de Jiménez del Teul, C. Daniel Cisneros Esparza, por la negativa de atención institucional y el condicionamiento de servicios públicos.
  4. La revisión integral del estado de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Mecanismo de Protección y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el fin de garantizar verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

Advertimos que las organizaciones firmantes permanecemos atentas a la escalada de presión y riesgo que enfrentan las comunidades. Centro de Apoyo Solidario Documentación y Estudio AC Responsabilizamos al Estado mexicano, encabezado por la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, de cualquier agresión, acto de violencia o violación a los derechos humanos que ocurra en los territorios o contra las personas defensoras.

Reiteramos que la defensa del agua, del territorio y de la vida no es un delito, sino un derecho legítimo y una obligación ética.

Atentamente

Organizaciones convocantes 

Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)

Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas 

Organizaciones, comunidades, colectivos, redes y personas firmante

Aquelarre Zacatecas

Agrupación Un Salto de Vida

Asamblea de la Comunidad Indígena Chontal El Coyul

Asamblea de la Comunidad Indígena de Jalapa del Marqués

Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT

Asociación Ecológica Santo Tomás, A.C.

Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan A.C

Bcsicletos Colectivo de Ciclismo Urbano

Bienestar Cicacalco

Bios Iguana A.C.

CartoCrítica, A.C.

Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño

Centro de Derechos Humanos – Espacios para la Defensa, el Florecimiento y Apoyo Comunitario (CDH-ESPADAC)

Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental

Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR)

Colectiva Amo Ximayahue Kan Nin Tlen Nechtlakaita (Morelos)

Colectiva Feminista MAPAS

Colectiva ¡Cambiémosla Ya!

Colectiva México Tóxico

Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia Aguascalientes

Colectivo Ciudadanos Desconocidos

Colectivo CoRaMe: Corazones y Raíces Mestizas

Colectivo Justicia para Eugui Roy

Colectivo Reforestación o Extinción

Comité Cerezo México

Comité en Defensa del Territorio de Guadalcázar

Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, Oax

Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A.C.

Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio en contra de la Minería (CRAADET), Gro.

Coordinación Interregional Feminista Rural Comaletzin A.C.

Coordinación de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica (CPUEDEE)

Ejido El Bajío, Sonora

Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza

Foro Oaxaqueño del Agua

Frente de Organizaciones Ciudadanas por la Defensa del Agua de Nuevo León

Frente Popular en Defensa del Soconusco, Chiapas

Fundación Bajío Sahuaro, Sonora

Geocomunes

IDEAS Comunitarias (Oaxaca)

La Antiescuela NL

La Boca Nostra

Maderas del Pueblo del Sureste A.C.

Movimiento Feminista de Zacatecas

NEB No Es Basura

Observatorio del Despojo

Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes

Otros Mundos A.C. Chiapas / Amigos de la Tierra México

Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP)

Red de Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas en Zacatecas

Red de Docentes Feministas de la Universidad Autónoma de Zacatecas

Red de Mujeres Artesanas, Cocineras Tradicionales y Productoras del Campo de la Huasteca Potosina

Red de Rebeldía y Resistencia de Zacatecas

Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC)

Rizoma. Entretejiendo la Defensa de los Bienes Comunes

Sangre de mi Sangre Zacatecas

Sistema de Seguridad de Resguardo Territorial Indígena (SERTI), Gro

Tlalij, Yolojtli uan Nemilistlij

Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI)

Universidad a las Calles, Zacatecas

Universidad de la Tierra Puebla

Organizaciones y redes internacionales

Atlas de Justicia Ambiental, Ejatlas.org

Comité para los derechos humanos en América Latina, CDHAL, Canadá

Consejo del Pueblo Maya -CPO- Guatemala 

Miningwatch Canada.

Latin America Solidarity Centre (LASC), Irlanda

Red Nacional en Defensa del Agua, Panamá

Académicas/os

Josefa Sánchez Contreras, Universidad de Granada

Alberto Matarán Ruiz, Universidad de Granada

Joan Martinez Allier, Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)

Periodistas y/o personas defensoras de derechos humanos

J. Alberto C. Guerrero, periodista y defensor de DH

Alejandro Ruíz, periodista y defensor de Derechos Humanos

Monica Montalvo, Antropóloga 

Aideé Tassinari Azcuagua, periodista y defensora de Derechos Humanos

Lic Raquel Garcia M, Guadalupe , NL

Saúl Fuentes Olivares, Defensor de Derechos Humanos

Socorro Chablé. Periodista y Defensora de Derechos Humanos

Jackie Campbell, Defensora de Derechos Humanos

Lidia Rita Bonilla Delgado, periodista defensora de Derechos Humanos

Javier Ramirez de San Salvador Atenco

Ingmar Trujillo Félix, periodista y defensor de Derechos Humanos

Mariana Avila Montejano, Defensora de Derechos Humanos 

Lista completa de integrantes del Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC):  ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales  (PRODESC). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.

Con copia a:

  • Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Dra. María del Rosario Piedra Ibarra
  • Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
  • Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
  • Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Criminalización de familias en Arriaga y Pijijiapanpor parte de Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec y el Corredor Interoceánico

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Compartimos este comunicado de Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa – A 28 de enero de 2026

El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. manifiesta su enérgica condena y profunda preocupación ante la denuncia penal interpuesta por Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT) y la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SCIT) en contra de familias de los municipios de Arriaga y Pijijiapan, Chiapas, por el presunto delito de invasión de bienes nacionales, tipificado en el artículo 150 de la Ley de Bienes Nacionales.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra tres mujeres del municipio de Pijijiapan, así como cuatro mujeres y un hombre del municipio de Arriaga, con el objetivo de exigir la entrega del derecho de vía ferroviaria, lo que constituye un acto de criminalización contra población civil en situación de vulnerabilidad, particularmente mujeres, en el contexto de la implementación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

Denunciamos que el uso del derecho penal como herramienta para resolver conflictos territoriales, sociales o administrativos representa una medida extrema, desproporcionada y contraria a los principios del Estado de Derecho, pudiendo derivar en violaciones graves a derechos humanos, incluyendo:

  • El derecho al debido proceso legal (artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
  • El derecho a la presunción de inocencia (artículo 20 constitucional).
  • El derecho a la vivienda adecuada (artículo 4 constitucional y artículo 11 del
    Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). El derecho a la propiedad, posesión y seguridad jurídica (artículos 14, 16 y 27 constitucionales).
  • El derecho a no ser objeto de hostigamiento, intimidación ni persecución arbitraria (artículos 1 y 22 constitucionales).
  • El derecho a la igualdad y no discriminación, particularmente por razón de género y condición socioeconómica (artículo 1 constitucional y Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW).

Advertimos que estos hechos podrían configurar un patrón de criminalización de la pobreza, al utilizar el sistema penal para presionar, intimidar y desplazar a familias en situación de vulnerabilidad, lo cual contraviene los principios de proporcionalidad, mínima intervención penal y justicia social.

El Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, tiene la obligación constitucional einternacional de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, conforme al artículo 1 constitucional, así como a los tratados internacionales ratificados por México.

En este sentido, Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT), Secretaria de Comunicaciones Infraestructura y Transporte (SCIT) y las autoridades federales involucradas tienen la responsabilidad directa de garantizar que cualquier acción relacionada con el derecho de vía ferroviaria se realice sin recurrir a la criminalización, priorizando mecanismos administrativos, diálogo social, mediación y soluciones integrales.

Asimismo, recordamos que los desalojos forzosos sin garantías procesales, sin consulta previa, sin alternativas de reubicación digna y sin reparación del daño constituyen violaciones graves a derechos humanos, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Estos hechos se inscriben en un contexto más amplio de implementación de megaproyectos federales, en el cual diversas comunidades han denunciado la falta de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, así como riesgos de despojo territorial, desplazamiento forzado, ruptura del tejido comunitario y afectaciones a medios de vida.

Recordamos que la consulta previa es un derecho vinculante, reconocido por el Convenio 169 de la OIT, la Constitución mexicana y la jurisprudencia interamericana, por lo que ningún proyecto de infraestructura puede imponerse mediante la coerción penal.

Ante la gravedad de los hechos, exigimos:

  1. El cese inmediato de la criminalización y persecución penal contra las familias de
    Arriaga y Pijijiapan.
  2. La revisión exhaustiva y eventual desestimación de las denuncias penales por
    parte de la Fiscalía General de la República, al tratarse de un conflicto de carácter
    social, administrativo y territorial.
  3. La garantía plena del debido proceso, la presunción de inocencia y la integridad
    personal de las personas denunciadas.
  4. La apertura inmediata de un mecanismo de diálogo interinstitucional, con participación efectiva de las familias afectadas, organismos de derechos humanos y autoridades competentes.
  5. La suspensión de cualquier intento de desalojo o recuperación coercitiva del
    derecho de vía, mientras no existan condiciones legales, sociales y humanitarias adecuadas.
  6. La implementación de medidas de protección contra actos de intimidación, hostigamiento o represalias.
  7. La adopción de políticas públicas que privilegien la justicia social, la reparación integral del daño y las garantías de no repetición.

Hacemos un llamado urgente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH), organismos internacionales, medios de comunicación, colectivos sociales y a la sociedad civil, para que den seguimiento a este caso, visibilicen los riesgos y contribuyan a la prevención de violaciones graves a derechos humanos.

Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C.
Tonalá, Chiapas

Presa Milpillas: Autoridades Federales y Municipales profundizan la presión y la división comunitaria para imponer un proyecto fallido

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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por defender el río Atenco en Zacatecas – A 23 de enero de 2026

La imposición del proyecto Presa Milpillas continúa avanzando mediante presiones institucionales y estrategias de fragmentación comunitaria y sin que exista, a la fecha, una comprobación seria, pública y verificable de su viabilidad técnica, ambiental, jurídica, económica, social, presupuestal y financiera.La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) expresamos preocupación ante la insistencia de diversas instancias del Estado Mexicano, particularmente la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Procuraduría Agraria, así como presidencias municipales de Jiménez del Teúl y Sombrerete, en impulsar un proyecto que arrastra más de una década de inconsistencias, omisiones y vacíos estructurales y que no cuenta con los permisos agrarios necesarios, ni el consentimiento de las asambleas ejidales, máxima autoridad en los núcleos agrarios y, en cambio, recurra a prácticas de presión, coacción y desinformación.

Recientemente, funcionarios han difundido públicamente la versión de que el proyecto  se encuentra al “50%de las negociaciones con los pequeños propietarios”. Esta afirmación constituye un acto de deliberado de desinformación, pues no existe ningún proceso de negociación legítimo mientras no se respete la toma de decisiones colectivas de las asambleas ejidales. Lejos de atender estas obligaciones, las autoridades han optado por presionar para apresurar la construcción de un  proyecto inviable mediante estrategias de desgaste comunitario, presión institucional e imposición que buscan fracturar la toma de decisiones colectivas y vulnerar la organización comunitaria.

La REMA denunciamos prácticas identificadas por el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco:

  • Las autoridades ejercen presiones directas e indirectas a través de ofrecimientos condicionados, amenazas veladas y discursos sobre los supuestos beneficios que traería dicho proyecto, mismos que no se sostienen en información técnica y transparente.
  • Utilizan a autoridades municipales como operadores políticos, alentando divisiones internas y desacreditando a quienes defienden el territorio y el agua
  • Desnaturalizan el papel de la Procuraduría Agraria, que, en lugar de garantizar los derechos colectivos de los ejidos, actúa como intermediaria para facilitar la imposición del proyecto.
  • Criminalizan la resistencia, la lucha y la organización de los ejidos y comunidades con el discurso de un proyecto que busca garantizar “el derecho humano al agua” de la zona conurbada de Zacatecas, haciendo pasar por “egoístas” a los pobladores de estos ejidos y comunidades.

Estas prácticas constituyen una violación sistemática a los derechos agrarios, al derecho humano al agua, al territorio y a la libre determinación de los pueblos y comunidades rurales, que suelen ser, las más marginadas. Asimismo, reproducen un modelo de gestión autoritario y privatizador que prioriza intereses políticos y económicos por encima del bienestar colectivo y la sustentabilidad de los territorios.

Exigimos:

  • El cese inmediato de toda forma de presión, intimidación o negociación individualizada con integrantes de los ejidos.
  • El respeto irrestricto a las decisiones tomadas en asamblea, conforme a la legislación agraria vigente.Transparencia total sobre los estudios del proyecto y sus impactos sociales, ambientales y financieros.Que las instituciones del Estado actúen conforme a su mandato de garantizar derechos, no de vulnerarlos.

La defensa del agua y del territorio no es un obstáculo al desarrollo: es una condición indispensable para la vida digna y la justicia social. Las comunidades no están obligadas a aceptar proyectos impuestos, y su resistencia es legítima.

Las organizaciones estatales, nacionales e internacionales aliadas, estamos muy atentas a cualquier intento de violentar, criminalizar, desprestigiar o desacreditar la lucha del Movimiento y sus integrantes. Hacemos un llamado nacional e internacional a las organizaciones hermanas para pronunciarse a favor de la digna lucha del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco. Le hacemos expreso al Estado mexicano que tenemos los ojos puestos en este territorio y no permitiremos que se dañe la integridad de las personas del movimiento, por lo que lo hacemos responsable en sus tres niveles de gobierno ante cualquier agresión contra las y los integrantes del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco.

¡Las comunidades ya decidieron!

¡Cancelación del Proyecto Milpillas ya!

Más información:

Diversas dependencias de gobierno atestiguan la postura inflexible de Equinox Gold ante el Ejido de Carrizalillo

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Compartimos este comunicado del Ejido Carrizalillo a través de la REMA sobre su lucha por la vida y contra de la minería – A 19 de enero de 2026

SEGOB, SEMARNAT, PROFEPA, PA y la Unidad de Actividades Extractivas de la SE atestiguan la postura inflexible de Equinox Gold ante el Ejido de Carrizalillo

Carrizalillo, Mpio. Eduardo Neri, Edo. Guerrero a 19 de enero del 2026

Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta de México

Al pueblo de México

Buenas tardes, reciban un cordial saludo desde el campamento del ejido de Carrizalillo a prácticamente 10 meses y medio en campamento y en resistencia fuera de las instalaciones de la empresa canadiense Equinox gold, la cual desde entonces apuesta a la implementación de estrategias para doblegarnos sin mostrar flexibilidad ni empatía para establecer un diálogo basado en el respeto, del cual derive un proceso justo, sea para que continue su operación, sea para que se vaya de nuestras tierras y de nuestro país pero cumpliendo los procesos relacionados con un plan de cierre y post cierre acorde a la integralidad que requiere dicho acto.

A finales del año pasado e inicios de este se estableció una mesa de diálogo guarecida por la secretaria de Gobernación, en particular por el Subsecretario Cesar Yáñez, en donde también participan las titulares y subsecretarias tanto de Semarnat como de Profepa, el titular y subprocurador de la Procuraduría Agraria y el Titular Unidad De Coordinación De Actividades Extractivas, de la Secretaría De Economía.

En todos los encuentros tenemos la certeza y convicción de que nuestro ejido ha dejada manifiesta su postura de flexibilizar sus pretensiones y apostar a que ello motive a la empresa a lograr un acuerdo justo para las partes. Sin embargo, las representaciones de las instituciones han sido testigos de una empresa sorda, avara y arrogante que solamente se enfoca en doblegarnos por cansancio, desesperación o desorganización interna que por supuesto es provocada y azuzada por la empresa en particular por el uso faccioso del Sr. Hugo Vergara, personaje al cual de manera sutil, el gobierno federal le ha solicitado a la empresa sea sacado de dicha operación y que nosotros de manera firme seguimos sosteniendo que él no es parte ya de ningún proceso de relación que se tenga con el ejido y que es imperante su salida antes que geste una confortación entre comunidades.

El resumen de los encuentros se concentra en falta de acuerdos entre nuestro ejido y la empresa, a pesar de que nuestras pretensiones las hemos reducido en un 55% de lo que ya recibíamos, es decir hay un acto totalmente regresivo de nuestros derechos y ni aun así es suficiente para la empresa. En este contexto, son tres los aspectos que se discuten: la continuidad de la mina sin acuerdos al respecto, el cierre y post-cierre sin acuerdos al respecto y la tercera son las acciones que deben realizarse sea que haya continuidad de la mina o esta inicie el cierre, que se trata de las acciones relacionados con la remediación por la clausura de 5 sitios por parte de Profepa en donde la empresa debe atender 52 medidas de las cuales desde octubre solamente ha atendido 5 de ellas.

Como hemos señalado en diferentes boletines, es imperante que el gobierno mexicano aplique todo el peso de la ley a esta empresa y evite se siga burlando de nosotros, de los daños ambientales ocasionados y que siguen creciendo, así como del incumplimiento de la legislación bajo el absurdo de que puede ocupar nuestras tierras para hacer la remediación solamente si aceptamos sea por 49 pesos diarios.

Este lunes ejido y empresa tuvimos una reunión en donde platicaríamos específicamente de la negociación relacionada con la remediación ambiental que debe atender la empresa y que tiene una duración aproximada de entre 3 y 4 meses el ejido, y para que este proceso se realice debe pagar una indemnización de los 10 meses que lleva sin pagar renta, al mismo tiempo que no ha hecho ninguna actividad para regresarnos nuestra tierra generando estemos en indefensión total sin dinero y sin tierras para sembrarlas. Para atender el daño ambiental la empresa propone pagar 49 pesos diarios por el tiempo que dure la remediación.

Esperamos que este acto ya no sea pasado por alto por el gobierno federal y haga uso de sus instituciones para que se acabe de una vez por todas con esta empresa
que simula ser responsable social y ambientalmente, tanto en México como en Canadá. Por supuesto que solicitamos al gobierno federal una actuación integral en la cual consideren la vulneración de nuestros derechos y tengamos acceso a al reparación del daño que nos corresponde yque hemos manifestado a cada una de las instancias con las que nos hemos reunido.

Atentamente Mesa del Ejido de Carrizalillo

Foto: MINA EN EDUARDO NERI, GUERRERO, 10 JULIO 2025. ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Más información:

Folleto: ¿Que es el Tratado Vinculante de Derechos Humanos y Empresas Transnacionales?

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En el marco de la investigación Empresas Transnacionales en México: Criminales Ambientales les compartimos este folleto que nos cuenta sobre como surgió y la importancia que tiene el Tratado Vinculante.

Petición: Queremos detener la devastación de los bosques y selvas de Chiapas

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Compartimos esta petición de Salva la selva sobre la defensa de los bosques y selvas en Chiapas – A enero 2026

La mitad del estado de Chiapas, el segundo más biodiverso de México, está cubierto de bosques. Pero ha perdido ya casi la otra mitad de sus bosques de manera ilegal y estamos en plena campaña para detener la deforestación. Ayúdanos firmando la petición.

Firma la petición

En las partes altas del estado mexicano de Chiapas, la vida brota en cada rincón húmedo y verde. El quetzal desliza su vuelo entre orquídeas colgantes y árboles de podocarpus. El bosque mesófilo de montaña coexiste con la selva alta perennifolia, que crece en las tierras más bajas y planas. Allí, la caoba se alza majestuosa junto al murmullo de los monos saraguatos y el eco lejano del jaguar, testigos de la exuberancia, el clima cálido y el misterio de Chiapas. 

Casi un tercio de estos bosques interconectados y aún en pie son primarios.

La variada flora y fauna en Chiapas habita desde la Selva Lacandona hasta la costa del Pacífico pasando por los Valles Centrales y la Sierra Madre. Chiapas es el segundo estado más biodiverso de México, con la mayor cantidad de plantas vasculares y especies de anfibios. Siete de las especies de mamíferos terrestres son endémicas.

Los mercados de pino y encinoimpulsan la deforestación que alimenta el mercado nacional con madera, en un 70% de procedencia ilícita. Y produce cambios en los usos del suelo.

Tras la deforestación, los pastos para ganado, tierras agrícolas para café, maíz o palma aceitera y asentamientos humanos se van abriendo paso sin vuelta atrás para los bosques. En el primer cuarto de este siglo, la deforestación ha sido de 360.000 hectáreas. México pierde anualmente 500 mil hectáreas de bosques y selvas, ubicándose en el quinto lugar en deforestación a nivel mundial. 

En las selvas de Chiapas, el impacto de esta deforestación es brutal. La mitad de los bosques han desaparecido, los que quedan están cada vez más fragmentados y los suelos presentan una severa degradación por la acción humana. Se estima que cada centímetro de tierra que se pierde por la erosión tarda 100 años en recuperarse. Junto a los bosques desaparecen manantiales de agua que surten a la población. 

Es importante que las autoridades aumenten la protección de los bosques que quedan en Chiapas, antes de que sea demasiado tarde. Ayuda con tu firma.

Lee la carta aquí

Para: Gobernador de Chiapas; Comisión Nacional Forestal CONAFOR; Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)

Estimado Sr. Eduardo Ramírez Aguilar, Goberador del Estado de Chiapas,

Sras. y Sres. autoridades estatales y federales del medio ambiente y forestales :

Con preocupación, nos ponemos en contacto con ustedes porque las selvas y los bosques de Chiapas están desaparciendo a un ritmo acelerado

Chiapas tiene una superficie forestal que cubre el 48.9% y es uno de los estados de mayor biodiversidad de México. Sin embargo, en los últimos 50 años se han perdido un 43% de bosques. En el caso de la Selva Lacandona, que tenía una extensión de 1,8 millones de hectáreas, ha perdido hasta el 72,2% de su superficie.

Para acometer este grave problema, le pedimos trabajen en las causas de raíz que aceleran la deforestación de Chiapas, la degradación de los suelos y la perdida de biodiversidad llevando a cabo acciones encaminadas a detener:

– la tala ilegal de la Selva Lacandona y los bosques de Chiapas y clausurar el tráfico y los aserraderos ilegales;

– el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre;

– la ampliación de monocultivos que aceleran la deforestación como la palma de aceite, de la ganadería extensiva e intensiva;

– las concesiones mineras y de represas en Chiapas.

El gobierno federal y estatal deben generar políticas y aplicación de las leyes ambientales para acometer el problema de la deforestación en Chiapas.

Además, les invitamos a incentivar junto con los pueblos originarios alternativas locales que se encaminen a proteger las selvas y los bosques de Chiapas que tanto aportan a la riqueza biocultural de nuestro estado, nuestro país y nuestro planeta.

Esperamos su respuesta a la mayor brevedad, para que nos informen acerca de las medidas que tomarán al respecto.

Atentamente,

Ejido Carrizalillo determina el cierre total de la mina canadiense de oro Los Filos

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Compartimos este pronunciamiento del Ejido Carrizalillo sobre su ardua cha por defender a vida de la voracidad minera en Guerrero a través de la REMA – A 10 de diciembre del 2025

Boletín de Prensa | A ocho meses de campamento y ante el silencio oficial, el Ejido Carrizalillo determina el cierre total de la mina Los Filos

BIÓLOGA ALICIA BÁRCENA IBARRA

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

VÍCTOR SUÁREZ CARRERA

Procurador Agrario

LICDA. MARIANA BOY AMBORRELL                                                                                                                

Procuraduría de Protección al Ambiente/PROFEPA

LIC. JOSÉ FERNANDO ABOITIZ SARO                                                                                                                

Titular Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, Secretaría de Economía

Buenos tardes, reciban un saludo de parte de la mesa agraria del ejido de Carrizalillo. Iniciamos comentándoles que acabamos de cumplir ocho meses de estar en campamento a causa de no llegar acuerdos para la continuidad de la operación minera, del proyecto “Los Filos” de la empresa Equinox Gold. Desde entonces, seguimos esperando una respuesta a favor del derecho por parte del gobierno mexicano encargado de regular los procesos de dicha actividad.

Es un hecho que desde hace 8 meses la empresa ha administrado el conflicto haciendo creerles que se encuentra en un proceso de negociación, lo cual hemos señalado la empresa nos ofende por la postura farsante con la que nos trata. Nosotros insistimos en que hay varios hechos flagrantes e ilegales de la conducta de la empresa que no entendemos por qué no han sido suficientes para ponerla en orden:

  1. Al no existir ningún acto relacionado con la continuidad del proyecto, la empresa, está obligada a iniciar el proceso de rehabilitación de nuestras tierras, que suponemos son actividades adscritas a las actividades de cierre y post-cierre de mina, cierre que debió avisar y arrancar hace más de 8 meses. Estos temas están en las manos de la Secretaría de Economía y de Semarnat y nos parece correcto preguntarles si accederemos a ese acto de justicia o no.
  2. La clausura realizada a la empresa, significa que ha cometido ilícitos ambientales relacionados con impactos ambientales. Sin embargo, la no atención de los actos señalados por Profepa por parte de la empresa, “los justifica” mencionándoles impedimentos para su ingreso de nuestra parte, lo cual no tiene sentido alguno porque por lo menos en tres de los puntos de atención los puede resolver sin ingresar al ejido y no lo ha hecho, mientras el resto, es la empresa quien imposibilita llegar a una solución de la sanción que tiene impuesta por Profepa.
  3. Sobre los puntos de atención relacionados con el ingreso a nuestro ejido, nosotros hemos entregado tanto a ustedes como a la empresa, la propuesta de atención, misma que no ha sido considerada por la empresa ni siquiera para su discusión. Por su parte, la empresa nos presentó una propuesta –ya compartida con ustedes-, en donde claramente se observa que, al no tener ninguna exigencia ni consecuencia legal por parte del gobierno ante los incumplimiento de los ilícitos en los que incurre, se da el lujo de ofrecernos limosnas. La propuesta que la empresa pone en la mesa se trata de la renta de 50 pesos diarios por hectárea y lo acota a una renta con una duración de solamente un mes. Es decir, ni siquiera hace un planteamiento para atender la remediación de acuerdo al calendario de actividades para la remediación y el mantenimiento autorizadas por Profepa, actividades que por supuesto no pueden atender en un mes de trabajo.
  4. No entendemos por qué se le permite a la empresa que siga incurriendo en los ilícitos ambientales por los que fue clausurada parcialmente y no se sanciona y se clausura de forma definitiva. Tampoco entendemos por qué no se le obliga a implementar el programa de cierre y post-cierre una vez que nosotros lo hemos solicitado ante la negativa de la empresa de discutir un convenio para la continuidad. De hecho, ante los incumplimientos legales de la empresa, no sabemos qué impide la ejecución de la garantía ($) relacionada con el plan y programa de cierre y post-cierre de mina, ni tampoco por qué no se han hecho detenciones administrativas e iniciar un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa una vez que ya ha superado los 30 días hábiles para que ello ocurriera iniciada la clausura.
  5. Les comentamos que a partir de hoy nuestra asamblea ha determinado cerrar totalmente la operación de la mina. Ello implica cerrar el sistema de riego de la solución acidulada que de manera responsable hemos estado atendiendo para evitar un daño ambiental, pero si la empresa puede continuar libremente con el incumplimiento por los ilícitos ambientales en los que incurre, nosotros, por más interés que tengamos sobre el ambiente, les queremos hacer saber que este nunca podrá estar por encima de nuestro derecho a la vida, derecho que ninguna dependencia a puesto con fuerza en la mesa ni como prioridad ni como obligación constitucional.

Ante este contexto, nos parece que no podemos seguir acampando inertes ante los hechos que enfrentamos, esperando a ver si pasa algo o no ante la impunidad en la que se mantiene la empresa. Si la empresa tiene permiso para pisotear nuestros derechos humanos y ambientales, nos parece necesario que ustedes nos lo digan de forma directa y, en función de ello, nosotros tomemos las medidas que mejor nos convengan. De manera respetuosa les solicitamos que en esta semana puedan darse un poco de tiempo para que nos atiendan en sus oficinas.

Atentamente,

COMISARIO EJIDAL CARRIZALILLO

Imagen: FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

Boletín de Prensa | Pueblos de la Montaña y Costa Chica a Marcelo Ebrard: nuestro territorio no está en venta”

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Compartimos este boletín de prensa de CRADEET – A 26 de noviembre del 2025

CRAADET llama a Marcelo Ebrard a respetar territorios libres de minería en Guerrero.

Marcelo Ebrard Casaubón
Titular de la Secretaría de Economía

Presente

Buenos días, Lic. Marcelo Ebrard, buenos días México, reciban un saludo de quienes integramos el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET), en donde vivimos pueblos originarios de las regiones Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero.

El 19 de noviembre de 2025, durante la XXXVI Convención Internacional de Minería celebrada en Acapulco, Guerrero -estado que desde hace catorce años sostiene una resistencia organizada frente a la minería- usted como secretario de Economía Lic. Marcelo Ebrard, anunció la apertura del país a la inversión minera, como si el gobierno federal tuviera facultad para disponer y regalar los bienes comunes de México según sus intereses y caprichos. Frente a esta narrativa, desde el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADET) reiteramos que nuestros territorios están blindados contra la actividad minera, amparados en nuestro derecho a la autodeterminación, en la defensa de nuestros derechos colectivos y en el ejercicio pleno de nuestra soberanía territorial. Somos soberanos, no vamos a permitir que ingrese la minería en nuestras tierras a pesar de pretender y usted no es nadie para regalar nuestro territorio.

Como CRAADET nos organizamos para proteger y defender nuestro territorio de todas aquellas personas que intentan saquear nuestros bienes naturales, proceso en el cual nos hemos dado cuenta que, por lo menos desde hace 14 años, somos víctimas de despropósitos, contradicciones y actos de políticos y políticas que se creen dueños de México y que funcionan como verdaderos mercaderes de intereses privados, nacionales y transnacionales, y de quienes tenemos certeza son los principales responsables de lo que está provocando y acelerando el calentamiento global, el cual, por cierto siguen negando a pesar de las evidencias que nos empiezan a poner en riesgo permanente por los niveles de fuerza que nos muestra la querida madre naturaleza, enojada por tanto daño que le hemos causado como humanidad.

Hace 14 años, políticos «ambientalistas» despolitizados e ignorantes del tema quisieron imponer en nuestro territorio una reserva de la biosfera que estaba destinada a los intereses farmacéuticos alemanes, lo cual puede corroborarse en el tratado comercial que conocemos como el Protocolo de Nagoya, que se mantiene vigente y fue firmado por los gobiernos de México y Alemania. Al mismo tiempo, y en el mismo territorici, otros políticos «ecocidas», igual de desinformados sobre el tema extractivo, empezaron a repartir concesiones mineras a empresas privadas nacionales y extranjeras. En ese momento era evidente que las y los políticos titulares de Semarnat y de la Secretaría de Economía de aquellos años ni siquiera entre ellos tenían algo de comunicación y coordinación para entregar con «coherencia» nuestra tierra, porque uno quería hacer una reserva de la biosfera para las farmacéuticas alemanas y, en esa misma zona, otra dependencia ofrecía progreso y desarrollo con la implementación de la minería a cielo abierto. Ese entreguismo incoherente e ignorante alteró nuestra vida porque hemos dedicado 14 años para organizarnos y defendernos de las ocurrencias de ese tipo de políticos.

Cuando la 4T llegó al poder, ofrecieron cambios de rumbo político, respeto, crecimiento y reconocimiento de nuestros derechos como pueblos originarios, cancelación de concesiones mineras y, según ustedes, empezar a participar con nuestras propuestas para mejorar por lo menos algunas condiciones básicas. De esas promesas tenemos muchos claroscuros, también prebendas, cambios legales incompletos y mal hechos, y las concesiones de nuestro territorio comunitario nunca las cancelaron, por más recíamos que realizamos ante las múltiples visitas que realizó el expresidente AMLO a nuestro territorio. Con ese contexto como antecedente, durante esta semana que acaba de concluir, la 4T nos muestra un comportamiento en donde nuevamente políticos despolitizados e ignorantes vuelven al entreguismo mercantil para quienes están destruyendo el planeta.

El 19 de noviembre, en el XXXVI Congreso Internacional de Minería celebrado en nuestro estado, fue muy penoso darnos cuenta del cinismo con el cual usted, Lic. Marcelo Ebrard, con risas, aplausos y brindando con bebidas que acá no conocemos, entregaba a los empresarios mineros las tierras de México que no son de usted; así como, en el paquete, metió las tierras en propiedad colectiva que tampoco son suyas. Da vergüenza saber que todos los días hablen de soberanía cuando políticos como usted, sin pena alguna, son serviles a las empresás y entregan la patria como si fuera suya. Si así ha de ser lo que resta de su mandato, le proponemos desaparecer la secretaría que indignamente dirige y mejor crear un centro comercial en donde ya tenga disponible una canasta básica empresarial que venga rebosante de minerales, agua, bosques, sol, viento y, además, por la compra de dos canastas, agreguen cupones y bonos que enaltezcan la responsabilidad social corporativa y, por supuesto, algunos vales adicionales que garanticen la sustentabilidad y minería libre de CO, con una etiqueta que diga: «Este certificado de minería verde es libre de emisiones de gases de efecto invernadero y se le entrega a su empresa consentida». Con la compensación económica derivada de los bonos, cupones y vales pueden agregar a su publicidad que podemos comprar agua embotellada, también comprar un poco de aspirinas para atender los daños que nos provoque la nueva actividad minera sustentable y, si no es mucha molestia, le pedimos que, si nos ofrecen empleo, no se olviden de nuestros mayores de edad para que trabajen dignamente como empacadores de este gran supermercado y logremos alcanzar el tan anhelado sueño de cualquier habitante del planeta: trabajo remunerado, minería con manejo responsable del cianuro, minería verde y sustentable, y con medidas de compensación de daños al ambiente perfectamente planeadas que nos garantizan el derecho humano al agua potable embotellada.

Un día antes, el 18 de noviembre, en la reunión mundial de la COP30 realizada en Belém, Brasil, nuestra secretaria de Medio Ambiente de Semarnat, de la misma manera que sucedió hace 14 años, ofrecía a los políticos del mundo una serie de compromisos, dicen medioambientales, con metas que se escuchan bonitas pero que sabenãos siguen construidas en la falsa plataforma de la transición energética, que acá desde hace 14 años sabemos son mecanismos de compensación ambiental impulsados por las bancas multinacionales para que las empresas contaminantes, como las mineras, tengan una opción para lavarse la cara hasta que les quede verde. Mientras la oferta del nuevo ambientalismo recibía aplausos, afuera de las instalaciones en donde se encontraban los políticos del mundo firmando «los acuerdos para los maravillosos planes de compensación ambiental al 2035», se encontraban nuestros hermanos y hermanas de los pueblos indígenas de Brasil y de otras naciones protestando y gritando que dejen de entregar lo que no es suyo y que paren a las empresas, metan a la cárcel a los responsables de la devastación ambiental y dejen de crear políticas incoherentes que solamente están sirviendo para lavar la imagen de las empresas que, de manera directa o indirecta, están acabando con el planeta, porque pase lo que pase, y sin importar los límites fundamentales del crecimiento, no les importa continuar con el saqueo ambiental ni quieren cambiar la inercia de las inversiones destinadas a la matriz energética basada en los hidrocarburos.

Tal como nos ocurrió hace 14 años, pero ahora con las y los políticos de la 4T, vemos que no ha cambiado nada. No se coordinan, no saben lo que están haciendo porque son negacionistas de lo que la naturaleza nos muestra con mayor frecuencia y, aun así, abren los brazos a la minería, ratificando que la destrucción de la naturaleza no existe en su cabeza. Al mismo tiempo, y de forma totalmente contradictoria, se ofrece el impulso de medidas para la compensación de daños que en todo el mundo son diseñadas e impulsadas por las empresas para lavar los daños de las empresas y consolidar el falso discurso de la transición energética, y presentarse como dignos políticos defensores de la naturaleza.

Sr. Ebrard, ya mostró su servilismo a favor de los mineros, también salió su gusto por la continuidad del proyecto neoliberal y, además, se vislumbran sus aspiraciones a la presidencia para reencarnar en el nuevo rey chiquito. Le sugerimos que regale lo suyo a quien usted considere, pero le garantizamos que, si acá llega una sola empresa minera, serán metidos a la cárcel por nuestros sistemas de seguridad comunitarios porque, si no lo sabe, acá más de 400 comunidades llevamos 14 años declarando nuestro territorio libre de minería, por lo tanto, lo vamos a defender.

Imagen: Encuentro de autoridades agrarias en Iliatenco, Guerrero. Foto: Tlachinollan / Proceso, 2023.

REMA respalda declaración del Foro Social Temático sobre Minería y Economía Extractivista lanzado en la Cumbre de los Pueblos durante la COP 30 en Belém, Brasil 

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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA – A 19 de noviembre de 2025

La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) nos adherimos a la declaración del Foro Social Temático sobre Minería y Economía Extractivista (FST-Minería), sumándonos al compromiso de “ una transformación socioecológica y sistémica que confronte las narrativas dominantes de la “transición verde” promovidas por corporaciones, gobiernos e instituciones financieras internacionales ”, que lejos de solucionar el problema del cambio climático, lo agrava, y cuyo resultado es mayor desposesión y extractivismo.

El posicionamiento fue lanzado en el marco de un evento durante la Cúpula Dos Povos en la Universidade Federal do Pará (UDFP) en Belém, Brasil, en donde también se lleva a cabo la 30ª Conferencia de las Partes (COP 30) de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.  

Delegados de todo el mundo participaron en el evento, en donde se expusieron las falsas soluciones capitalistas que se han planteado frente a la crisis climática, y con las que se      pone al centro el fomento de más y más extractivismo minero.

Como se destaca en la declaración: “La llamada transición verde o energética se presenta como una solución a la crisis climática, pero reproduce la misma lógica extractivista y capitalista responsable de la destrucción ecológica y la injusticia social. Al situar el sistema minero y extractivista en el centro de la respuesta al Cambio Climático, esta narrativa crea una ilusión falsa y peligrosa—una que oculta la continuación de un modelo depredador,      colonial y militarizado, que explota a las personas y a los territorios en nombre de la descarbonización y del progreso tecnológico.”

Continúa, “Bajo las banderas de la “energía limpia” y la “transición digital”, los minerales de transición se están extrayendo mediante prácticas violentas, contaminantes y excluyentes que devastan ecosistemas, desplazan a pueblos indígenas y tradicionales, y profundizan las desigualdades—especialmente en el Sur Global.”

Representantes de diferentes partes del mundo, desde Papúa Nueva Guinea a Ecuador, de Brasil a Madagascar, y de Turquía a las Filipinas dejarnos su testimonio  sobre la violencia del extractivismo minero en los territorios, el empobrecimiento, la criminalización de los luchadores y la militarización de los territorios. También refrendaron la importancia del derecho de los pueblos a decir No, así como del ejercicio de la auto determinación, de la organización local y regional, y de la articulación entre luchas, especialmente sur-sur. 

Farai Maguwu, del Centro de Gobernanza de Recursos Naturales (CNRG por sus siglas en inglés) de Zimbabwe, subrayó que el FST-Minería no está buscando reformas mineras, sino el rechazo a      la minería como modelo del supuesto progreso y desarrollo, promoviendo la articulanción  y caminando con las comunidades que se declaran sus territorios libres de minería y que están diciendo no a la minería. El FST-Minería también busca la rendición de cuentas de los gobiernos y empresas que violan los derechos de las comunidades y dañan gravemente sus tierras, aguas y formas de vida. Busca alternativas reales, inclusivas y centradas en los pueblos, alternativas que son descoloniales y anti-capitalistas, y que reconocen y respetan los límites del planeta, apreciando los sistemas de valores de los pueblos indígenas y respondiendo a las inequidades estructurales. Esto implica que, en lugar de la actual transición energética capitalista, que realmente es un esquema de expansión energética que agrega nuevas fuentes de energía al tiempo que mantiene el incremento del consumo de hidrocarburos , es necesario una respuesta que implique la reducción radical de consumo de materiales (minerales y metales) y energía, especialmente en países del norte global.   

Como destaca la declaración, es falsa la “idea de que extraer más litio, níquel, cobre o cobalto “salvará el planeta”. El extractivismo no es una solución, es la profundización      del problema. Rastrear o certificar estos minerales bajo supuestos estándares de sostenibilidad, no reparará el profundo daño social y ecológico que la minería implica, sólo lava la imagen de la minería y legitima el extractivismo. Este camino mantiene el mismo sistema que valora las ganancias por encima de la vida, profundiza la desigualdad global y acelera la crisis planetaria.”

“Una transformación justa y sostenible no puede surgir del mismo sistema extractivista que causó la crisis. Debemos desmantelar el poder corporativo, desafiar las dependencias neocoloniales y redefinir nuestra relación con la naturaleza basándonos en el cuidado, la solidaridad y el equilibrio ecológico.”

Véase la declaración completa: https://tsfmining.org/adhierete-a-la-declaracion-del-tsf-mining/

Artículo: Una cuestión de equidad: Organizarse por la salud y la justicia climática en el Aeropuerto Internacional del Condado de King

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Compartimos este artículo publicado por Stay Grounded sobre la aviación y cambio climático – A 7 de noviembre de 2025

Continuando las luchas contra la comercialización, la expropiación y el racismo medioambiental, la organización comunitaria y la creación de coaliciones lograron detener los planes de ampliación del aeropuerto internacional King County de Seattle (EEUU). Sin embargo, continúan los esfuerzos para situar la atención a las comunidades afectadas en el centro de la planificación aeroportuaria. Este artículo de Savannah Helming y Laura Gibbons, para el Equipo de Aviación de 350 Seattle, explora lo que podemos aprender de la lucha.

En los barrios del sur de Seattle cercanos al Aeropuerto Internacional del Condado de King (KCIA), la esperanza de vida de los residentes que viven a menos de 800 metros del aeropuerto se reduce entre ocho y diez años en comparación con la de sus vecinos, debido a la contaminación atmosférica y a las emisiones de los combustibles con plomo que utilizan los aviones más pequeños.

Los residentes también experimentan tasas más elevadas de problemas de salud, como hipertensión, cáncer y enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. Además, el río Duwamish, que fluye cerca del aeropuerto, está reconocido por la Agencia de Protección del Medio Ambiente como uno de los ríos más contaminados del país.

Racismo aéreo y medioambiental que afecta a las comunidades

La mayoría de los residentes de las comunidades adyacentes al aeropuerto son personas de color y tienen índices de pobreza más elevados que el condado de King en su conjunto. De los 5.600 residentes que viven a menos de 800 metros del aeropuerto, el 74% son personas de color y el 52% hablan una lengua distinta del inglés.

Así, el Plan Maestro de 2019 de la Administración Federal de Aviación (FAA) del condado de King para ampliar el aeropuerto subrayó el racismo y los daños medioambientales como una crisis de salud pública.

El KCIA, también conocido como Boeing Field, es un aeropuerto de propiedad y gestión públicas situado a seis kilómetros al sur del centro de Seattle. Como se explica en el sitio web del condado de King, el aeropuerto presta servicio a «pequeñas aerolíneas comerciales de pasajeros, transportistas de carga, pilotos privados, jets corporativos, helicópteros y aviones militares». Junto con el aeropuerto de SeaTac, el KCIA ya representaba el 13% de las emisiones del transporte y el 3,4% de las emisiones totales del condado de King. Estas cifras no sólo eran preocupantes, sino que sólo contabilizaban las emisiones producidas durante el despegue y el aterrizaje, lo que significa que el otro 90% de las emisiones quedaban totalmente sin contabilizar.

Una lucha comunitaria de décadas

La lucha contra la KCIA no es nueva. Sus raíces se remontan a finales de la década de 1990, cuando el condado de King intentó transformar el sur de Seattle, incluido el barrio de Georgetown, en una zona de uso exclusivamente comercial. Como parte de estos planes, el aeropuerto pretendía utilizar el dominio eminente (expropiación) para adquirir todo el barrio, según Marvin McCoy, miembro de la comunidad que participó activamente en la resistencia a los planes de expansión en la década de 1990.

«Todavía quedaban algunas viviendas viejas y deterioradas que eran baratas, y la vivienda en la ciudad era cara», dijo McCoy. «La gente se mudó a las casas deterioradas y las arregló. No creo que la ciudad lo viera venir… la ciudad no pensó que la gente se mudaría a una zona de casas deterioradas y estaría dispuesta a arreglarlas como hicieron en Georgetown».

McCoy y otros miembros de la comunidad que lucharon presentaron una demanda contra el Condado de King en la década de 1990. «La demanda que presentamos no sirvió de mucho, pero cambió la forma en que el condado miraba a los residentes», dijo McCoy. «Entonces todo el mundo empezó a ir a las reuniones del ayuntamiento y [el Condado] al menos nos escuchaba después de eso».

Un grupo de activistas de la campaña contra el Aeropuerto del Condado de King posando para una foto

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Activistas de la campaña contra el Aeropuerto del Condado de King

Construir una coalición en torno a la preocupación por la equidad

El condado de King anunció sus planes de ampliar el aeropuerto en 2019 con la publicación del Plan Maestro de la FAA, que incluía la construcción de una pista ampliada, aparcamiento adicional para aviones y granjas de combustible adicionales. Esta ampliación aumentaría el número de vuelos desde y hacia el aeropuerto y facilitaría la adquisición de más propiedades. No había miembros de la comunidad en la mesa cuando se hicieron estos planes.

Varias personas implicadas en organizaciones comunitarias locales asistieron a una reunión del Condado sobre la ampliación y decidieron organizarse contra ella. Formaron la Coalición Comunitaria de la KCIA (KCIACC), integrada por organizaciones que representaban a diversos grupos comunitarios y ecologistas, como la Coalición Comunitaria del Río Duwamish, Puget Soundkeeper, el Equipo de Aviación 350 Seattle, el Consejo de Beacon Hill y Amigos de la Historia de Georgetown. La falta de divulgación y colaboración comunitaria por parte de la KCIA fue un importante motivo de preocupación, sobre todo en relación con la lucha por la equidad en el condado de King. A los miembros de la comunidad y a los organizadores les preocupaba sobre todo que se excluyera del proceso de planificación a los residentes BIPOC (Negros, Indígenas y Personas de Color) y con bajos ingresos, a quienes más afectarían estos planes, y que no se realizaran esfuerzos de participación comunitaria.

«Fuimos al Consejo del Condado de King y dijimos: ‘Escuchad, si vais a hacer algún cambio dentro del Aeropuerto Internacional del Condado de King, tenéis que hacérnoslo saber’», dijo Velma Veloria, ex representante del Estado de Washington y organizadora voluntaria del KCIACC.

El KCIACC presentó al Consejo del Condado de King una lista de 12 necesidades de equidad, incluida una declaración de impacto medioambiental completa para el aeropuerto, la incorporación de dos miembros de la comunidad a la Mesa Redonda del KCIA, un grupo consultivo con representantes de la comunidad circundante y empresas relacionadas con la aviación, y el desarrollo de un acuerdo de beneficios para la comunidad.

El condado no satisfizo estas necesidades, así que el KCIACC llevó el tema a las publicaciones de noticias locales, lo que constituyó una estrategia organizativa primordial, según Veloria. «Entramos en el South Seattle Emerald, The Stranger hizo un artículo sobre nosotros y salimos en la radio», dijo Veloria.

Organizadores en un acto de organización comunitaria. La foto muestra una sala con gente de pie y sentada alrededor de mesas charlando.

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Una profunda organización comunitaria fue la clave de su éxito

La organización comunitaria detuvo los planes de expansión

Ofrecer oportunidades de educación a la comunidad sobre los efectos nocivos de los combustibles con plomo y la contaminación acústica del aeropuerto fue otra estrategia organizativa clave a la hora de oponerse al Plan Director. «Hicimos una presentación de diapositivas que llevamos a la comunidad, y fue realmente interesante, porque la comunidad no conocía los procedimientos ni el proceso por el que el Aeropuerto Internacional del Condado de King planifica su plan a 20 años», dijo Veloria.

Tras meses de compromiso y educación de la comunidad, artículos de prensa y diálogo con la KCIA y el condado de King, el ejecutivo de este condado, Dow Constantine, acordó no seguir adelante con la ampliación. «La mayor parte de nuestro trabajo se basa en la organización comunitaria, que incluye la organización de actos con paneles, informes interactivos con otras organizaciones y foros de candidatos», dijo Veloria. «Nos aseguramos de celebrar actos para explicar los efectos de los combustibles con plomo, de que la gente viniera a testificar y de informar a la comunidad sobre los retos y los éxitos. Nos aseguramos de que por cada éxito, lo celebrábamos, y por cada reto, seguíamos perseverando. Seguimos haciendo organización comunitaria para educar a nuestras comunidades sobre los próximos pasos, que ahora mismo se centran en el impacto del gas con plomo en los residentes.»

Para el KCIACC, la organización comunitaria consiste en generar confianza con sus vecinos y comunidades. Cada presentación que hicieron en escuelas y otras organizaciones se adaptó específicamente a su público, para educar a la comunidad sobre los problemas a los que se enfrentan. También contrataron intérpretes en jemer, español, vietnamita y cantonés, las cuatro lenguas más habladas entre los residentes.

«Al final, lo que pretendemos es educar a nuestras comunidades sobre los efectos nocivos para la salud de la KCIA y estar en la mesa de negociaciones cuando se elaboren estos planes, de modo que tengamos una voz más fuerte», dijo Veloria. «Nuestras comunidades están hambrientas de este tipo de información».

La lucha continúa: poner la atención a la comunidad en el centro

En 2023, el KCIACC propuso una ley del condado de King, la Ordenanza 2023-0053, que planteaba cuatro exigencias la adición de dos puestos en la Mesa Redonda para Beacon Hill y South Park, la creación de un subcomité consultivo de la Mesa Redonda para asesorar y hacer recomendaciones a la dirección del aeropuerto, al ejecutivo del condado y al consejo del condado, la creación conjunta y el mantenimiento de un acuerdo de beneficios comunitarios por parte del condado de King, el aeropuerto y el subcomité que abordara las preocupaciones medioambientales, climáticas, sanitarias, económicas y de habitabilidad de los residentes y trabajadores de los barrios del valle del Duwamish adyacentes al aeropuerto, y la realización de una evaluación exhaustiva del impacto medioambiental de todas las actividades aeronáuticas, de transporte terrestre y aeroportuarias del aeropuerto cada 10 años.

Entre los opositores a la ordenanza se encontraban la dirección de la KCIA, los pilotos de aviones pequeños que utilizan Boeing Field y el sindicato de Boeing, que expresaron su preocupación por que la paralización de los planes de ampliación supusiera la pérdida de puestos de trabajo. Enfrentarse a un gigante de la aviación como Boeing fue todo un reto, según Veloria. A la hora de defender la ordenanza, los miembros de KCIACC lograron el mayor éxito dirigiendo sus mensajes desde un lugar de preocupación por la comunidad, en lugar de ser abiertamente anti-Boeing o anti-aeropuerto. «No intentamos cerrar el aeropuerto», respondió Veloria. «Lo que intentamos decir es que hay que prestar atención a las repercusiones del aeropuerto en las comunidades circundantes».

Al final, la única exigencia de la ordenanza propuesta que se cumplió fue la incorporación de dos miembros de la comunidad a la mesa redonda de la KCIA. Aun así, formar parte de la mesa redonda es importante porque facilita que la coalición esté al tanto de los planes del aeropuerto. La KCIACC también consiguió otros éxitos. La oficina del auditor del condado de King auditó el aeropuerto y su gestión, e informó de que el KCIA carecía de una estrategia clara para abordar los problemas medioambientales y no había llegado suficientemente a las comunidades afectadas. También se reconoció que, cuando KCIA sí implicaba a las comunidades, a menudo era tarde en el proceso del proyecto, lo que significaba que las preocupaciones de la comunidad podían no tenerse en cuenta o abordarse adecuadamente. Como se describe en el informe, «KCIA no puede demostrar claramente cómo se alinean sus esfuerzos con objetivos más amplios del condado, como el Plan Estratégico de Acción Climática del Condado de King y el Plan Estratégico de Equidad y Justicia Social del Condado de King».

Aunque el KCIACC ha conseguido retrasar la ampliación del KCIA, el aeropuerto tiene intención de revisar sus planes de ampliación para 2045. El plan definitivo aún no se ha hecho público. Sin embargo, tras conseguir detener el Plan Maestro de la FAA para 2019 y abogar por más esfuerzos de participación comunitaria, Veloria y otros miembros de KCIACC consideran que es más probable que KCIA y el condado de King les escuchen. «Ahora nos han incluido en su programa de divulgación, y han incluido a la comunidad en general para que venga a echar un vistazo, así que cualquier plan que estén haciendo ahora incluye la opinión de la comunidad y la divulgación comunitaria», dijo Veloria. «Estamos intentando crear confianza entre nosotros y crear conocimiento. Para nosotros, eso es una victoria».

Lecciones aprendidas: ¿qué condujo al éxito?

  • Nada sobre nosotros sin nosotros: Uno de los principales motivos de preocupación era que los BIPOC y los residentes con bajos ingresos, que serían los más afectados, no estaban sentados a la mesa cuando se hicieron los planes de ampliación. La coalición proporcionó información a las comunidades locales sobre los efectos perjudiciales del aeropuerto y las etapas de los procesos de planificación, y presionó colectivamente para que estas comunidades participaran oportunamente en las decisiones que les afectaban.
  • Construir una coalición: La campaña conectó a varios grupos comunitarios y ecologistas en un esfuerzo colectivo para construir poder
  • Centro de creación de confianza en las comunidades: Compartir información mediante charlas en las organizaciones comunitarias existentes y mesas informativas en actos comunitarios, y utilizar mensajes adaptados al público, ayudó a generar confianza en las comunidades locales. En los actos, es importante garantizar la interpretación a las principales lenguas habladas en las comunidades.
  • Celebrar el éxito y seguir adelante: Celebrar cada éxito e informar a las comunidades sobre los siguientes pasos ayudó a mantener la motivación y la presión cada vez que se afrontaba un nuevo reto.
  • Amplificar a través de los medios de comunicación: Cuando la Diputación Provincial no reaccionó a las demandas de la coalición, la cobertura de los medios de comunicación locales contribuyó a aumentar la presión.
  • Centrar la atención en la comunidad: Enmarcar el mensaje desde un lugar de cuidado de la comunidad, en lugar de ser anti-industria o anti-aeropuerto, ayudó a la coalición a defender sus reivindicaciones y a detener los planes de expansión.

Boletín de Prensa: Ante la imposibilidad de someternos, Equinox Gold apuesta por criminalizar nuestra lucha

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Compartimos este comunicado de Ejido Carrizalillo a través de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 4 de noviembre de 2025

Hace 7 meses inicio nuestra lucha en contra de la imposición de las pretensiones regresivas, injustas, indignas y colonialistas por parte de la empresa minera canadiense Equinox Gold, relacionadas con la continuidad de la ocupación temporal de nuestras tierras que estaban acompañadas de otro convenio “incomprensiblemente rasurado” relacionado con contraprestaciones sociales, en donde venían temas de enorme relevancia para nosotros como acceso preferencial al empleo, concesiones de equipo y maquinaria, atención a los daños a la salud que son inmensos y muchos de ellos irreversibles de cura alguna y, acceder a agua limpia y libre de metales pesados, este último tema incumplido desde el 2007 por parte de las tres empresas que han ocupado nuestro territorio, aun y a pesar de haber establecido acuerdos con nosotros.

Poco antes de iniciar nuestro campamento actual, la empresa apostó por una estrategia para crear desgaste en contra de nuestro ejido: primero declarando una suspensión indefinida e ilegal del proyecto Los Filos, por la cual la “omisa” Secretaria de Economía (SE), por ley desde hace meses debió retirarle la concesión minera y hacerle pagar el daño que a ello corresponde; luego la empresa hizo un absurdo relanzamiento del “Nuevo Filos”, con testigos de honor del gobierno estatal, relanzamiento que hoy se encuentra clausurado por Profepa por no cumplir con las remediaciones solicitadas por su irresponsabilidad de creer que su suspensión indefinida pasaría desapercibida por nosotros quienes rápidamente solicitamos una inspección ambiental que pusiera en orden a esta empresa contaminante; también está violentando el plan de manejo autorizado por SEMARNAT y, en consecuencia, violan la ley ambiental al no realizar el mantenimiento básico que ha incrementado los riesgos de daño ambiental, por cierto, mantenimiento por el que Equinox pretende culparnos como si nosotros tuviéramos la concesión minera, a tal grado que ahora –politizando el discurso-, quieren hacer creer a la autoridad ambiental que es responsabilidad nuestra. 

Equinox se encuentre entrampada porque tiene demasiados incumplimientos legales, sus apoyos estatales no disponen de poder legal sobre ningún aspecto relacionado con las leyes que le corresponden al sector minero y, si en realidad quiere resolver la situación que tiene por las violaciones e incumplimientos, no le quedan muchas opciones entre las que citamos las siguientes: Equinox debe negociar con nosotros la continuidad de la operación minera o, de no hacerlo, debe negociar con nosotros la implementación del plan y el programa de cierre y post-cierre de la mina e incluso, antes que decida alguna de las anteriormente señaladas, debe negociar con nosotros la remediación y el mantenimiento por lo cual se encuentra clausurada. 

El escenario de las violaciones flagrantes e incumplimientos a las leyes son claras; la empresa está ocupando de hecho y de facto nuestras tierras, porque al negarse a realizar un nuevo convenio para seguir ocupando nuestra tierras, es su obligación –tal como lo establece la ley-, iniciar el proceso de implementación de acciones relacionadas con el cierre y post-cierre de la mina, que entre otras cosas significa entregarnos las tierras rehabilitadas para que nosotros, una vez que la empresa decidió no continuar con la actividad minera, sigamos ejerciendo nuestro derecho a ser campesinos y campesinas. En ese contexto, la ley es clara y simple; no hay nada en la ley que nos obligue a rentar nuestras tierras a un postor que no cubra nuestras expectativas, así como también es obligación de la empresa, por ley, rehabilitar las tierras que ocupó durante los años de operación minera.

No es una necedad nuestra, es lo que la ley dice. Sin embargo, sus operadores haciendo gala de sus mejores actos de discriminación y racismo, continúan implementando acciones claramente orientadas a castigar a nuestro ejido, porque para ellos es inverosímil que la ley nos asista y, en vez de que se concentren en cumplirla, fomentan diversos escenarios orientados en contra nuestra fuera de toda lógica: atentan contra la paz social creando arengas entre las comunidades relacionadas al proyecto, distribuyen información falsa y tendenciosa sobre el presente-futuro del Nuevo Filos con las comunidades vecinas, hacen todo lo posible por convencer a políticos –en varios casos lo logran-, para hacerlos copartícipes en la defensa de los intereses de la empresa en donde lamentablemente “nuestros” servidores públicos literalmente deshonran sus funciones y atribuciones. Por supuesto nunca faltan las amenazas en contra de la vida de varias y varios compañeros y la ya racista y tradicional frase que constantemente ocupan: Sólo son unos cuántos quienes se oponen al progreso y desarrollo. 

Ante la insaciable búsqueda de la venganza de los operadores locales -incluyendo al CEO el Sr. Darren Hall en contubernio por omisión o porque está enterado-, previo a las celebraciones de nuestros santos difuntos, una reforzada campaña en redes empezó a criminalizarnos para ahora posicionar en la opinión pública y en los operadores políticos que, en vez de ser víctimas de la violación de derechos fundamentales que atentan contra nuestra vida por parte de la empresa, ahora somos victimarios y operamos para la delincuencia organizada.

La mezquindad de la empresa no tiene límites y nuevamente hacemos responsable al Sr. Hugo Vergara -principal operador en contra de la paz social-, de lo que nos pueda ocurrir, a la vez que advertimos a sus colegas del sector minero que participarán en el contexto de la XXXVI Convención Internacional de Minería por celebrase en este mes en Acapulco, que la empresa canadiense Equinox saldrá a presumir la aplicación de los más altos estándares internacionales relacionados con la responsabilidad social corporativa (RSC). La realidad está a la vista: Equinox atenta contra nuestra vida porque se niega a entregarnos las tierras rehabilitadas, está clausurada por el gobierno federal (PROFEPA) por contaminar el ambiente y por violaciones a la ley y, ahora a su arenga mediática, orienta su estrategia a criminalizar nuestra lucha e intentar meternos en la cárcel.

No nos es ajeno que en este país quienes defendemos nuestros derechos acabemos tipificados como delincuentes y, por el contrario, quienes nos violentan caminen sonrientes por las calles de la impunidad. La premisa es simple; si no quieren negociar la continuidad, es su obligación regresarnos las tierras rehabilitadas, deben cumplir con la recuperación ambiental vinculada a los actos de clausura por parte de Profepa y, cuando ello ocurra, entonces pueden irse a Canadá o a otro lugar en donde la población y los gobernantes locales estén dispuestos a aceptarles migajas, racismo, discriminación, explotación y ser sumisos ante las violaciones a las leyes. 

Equinox ya no sólo quiere las tierras a como dé lugar bajo sus condiciones de sumisión y sometimiento, ahora nos quiere en la cárcel y, aunque estamos enterados que la gobernadora Evelyn Salgado no ha caído en los engaños de la empresa, otros de sus operadores estatales y la presidenta municipal de Eduardo Neri son siervos y serviles a la empresa.

Criminalizarnos es un acto deleznable de Equinox, pero conociendo a Hugo Vergara y Armando Fausto principales operadores de la empresa en Los Filos, no nos extraña, porque llevan meses intentando desacreditarnos, hacen todo lo posible por salir avantes de las violaciones flagrantes en las que incurren y, al final parece solamente les queda que logren convencer al estado para que nos desalojen violentamente y meter en la cárcel a compañeros nuestros. Insistimos en que nuestra lucha debe marcar un referente histórico para terminar con la impunidad, el racismo y la discriminación con la que operan las empresas mineras canadienses, así como las de otras naciones incluyendo las de privados mexicanos, pero para que ello suceda requerimos de la convicción política de políticos que no les tengan miedo y quieran poner orden a la impunidad.

Insistimos, cualquier acto en contra de algún o alguna compañera del ejido es total responsabilidad de Equinox Gold y de sus racistas operadores locales.

ATENTAMENTE

MESA AGRARIA DEL EJIDO DE CARRIZALILLO

Imagen: Sello de clausura de PROFEPA. Foto: Ejido Carrizalillo, Guerrero.

Infográfia: Coca Cola – FEMSA; La chispa de la muerte

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Empresas Transnacionales en México: Criminales Ambientales

Presentamos esta serie de infografías que visibilizan el impacto de las empresas transnacionales más contaminantes en México. Estas corporaciones transnacionales son responsables de graves impactos socioambientales, bajo el discurso del desarrollo y el progreso, han devastado ecosistemas, vulnerado derechos humanos y profundizado las crisis socioambientales.

Nuestro objetivo es evidenciar cómo operan estos actores criminales, mostrar las luchas de las comunidades afectadas y denunciar la impunidad con la que continúan destruyendo territorios y vidas. Con esta información buscamos visibilizar sus responsabilidades y aportar a las luchas por la justicia ambiental en el país.

En esta septima infografía, abordamos a Coca cola – FEMSA, la gran trasnacional refresquera.