Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco sobre la lucha por la vida contra las represas – A 15 de octubre del 2024
¡El proyecto Milpillas, No es viable! Para subsanar el déficit hídrico se necesitarían 7 presas del tamaño de Milpillas.
El proyecto Milpillas pone en riesgo nuestras vidas, además de estar plagado de inconsistencias e irregularidades técnicas, jurídicas y sociales, incurre en violaciones flagrantes a los derechos humanos, atenta contra la libre determinación que tenemos como núcleos agrarios y al derecho de elegir cómo queremos vivir de quienes habitamos en la cabecera municipal, las comunidades y ejidos. Quienes integramos el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco y la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) expresamos un contundente rechazo y denunciamos los intentos de deslegitimación, difamación y hostigamiento por parte de las autoridades contra nosotras/os.
El pasado 10 de octubre la titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente (SAMA) Susana Rodríguez Márquez buscó desprestigiar y deslegitimar al movimiento durante su comparecencia ante la LXV Legislatura del Estado de Zacatecas al afirmar que quienes nos oponemos al Proyecto Milpillas somos “pseudolíderes”. Así mismo el gobernador del estado David Monreal calificó de “politiquerías e intereses aviesos” a las legítimas exigencias por una vida digna, sin embargo, lo más preocupante fue su llamado al pueblo de Zacatecas para que defienda este y otros proyectos.
Resulta alarmante la retórica de estos funcionarios a la luz de los antecedentes violentos de hace 6 años, cuando el Gobierno Estatal usó la fuerza pública en el ejido El Potrero de Jiménez del Teul, para imponer el proyecto en la asamblea ejidal, amedrentando a las y los ejidatarios, violando la ley agraria y los derechos humanos como el libre tránsito y el intento de detención arbitraria contra compañeras. Es claro el intento por activar reacciones de odio contra quienes defendemos el territorio con el pretexto de la crisis hídrica, cuando la gran industria (mineras, refresqueras y cerveceras) es realmente la responsable del saqueo y acaparamiento del agua en el estado. Por Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco lo anterior, responsabilizamos al estado de Zacatecas por cualquier acto de violencia en contra de cualquier defensora/or, organización y académicas/os aliadas del Movimiento del Río Atenco.
A sus intenciones de reactivar el proyecto, expresamos un contundente rechazo nacido de la voluntad de las asambleas ejidales desde la autonomía y la libre determinación y la ciudadanía de la cabecera municipal, además de que ha sido demostrado que es inviable y presenta una serie de irregularidades y corruptelas.
Queremos dejar en claro que nuestra lucha nunca ha terminado y no aceptamos un proyecto que nos agravia y que consta en una serie de denuncias interpuestas al Ministerio Público (folio: 344/2018 344 de 26/oct/2018), al Tribunal Unitario Agrario (folio:1710/2018), a PROFEPA (11/ene/2019), la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas (23/10/2018) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (folios: 96192/2018, y 96259/2018); además de ofensas cometidas por servidores públicos que no han sido esclarecidas, interpuestas en el Órgano Interno de Control de la Procuraduría Agraria (folio 96162 y 74/2018), y una serie de indicios de corrupción envueltos en la construcción de la obra que deben ser evidenciados y puestos a disposición del escrutinio público.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas emitió la Recomendación 10/2022 en julio del 2022, en relación con la queja CDHEZ/453/2018 misma que no ha sido acatada por el Gobierno del Estado, ni en la reparación a nosotras/os como víctimas, ni en los procesos administrativos contra funcionarios/as públicas.
Exigimos que no se le mienta más a las zacatecanas/os, demandamos la cancelación del proyecto Milpillas y repudiamos las acciones del Gobierno Estatal en contra de los pueblos campesinos ribereños que ya decimos:
¡Río Atenco Libre y No a la Presa Milpillas!
A T E N T A M E N T E Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería
Compartimos esta carta del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM en solidaridad con una comunidad que resiste a la palma de aceite en Indonesia -A 10 de octubre del 2024
Llamamos a grupos, organizaciones y movimientos a apoyar esta carta en solidaridad con las familias campesinas que defienden su territorio frente a los intentos de la empresa Wilmar International de convertir sus arrozales en plantaciones industriales de palma aceitera.
Desde el 4 de octubre, campesinos de la comunidad de Nagari Kapa, en Sumatra Occidental, Indonesia, se enfrentan a violentos ataques y detenciones policiales. Su “delito” es defender su territorio y su dignidad frente a los intentos de la empresa PT PHP I, filial de la transnacional Wilmar International, de convertir los arrozales de la comunidad en plantaciones industriales de palma aceitera.
Con esta carta pública urgente que presentamos a continuación, expresamos nuestra solidaridad con la comunidad de Nagari Kapa. La carta hace un llamado a las instituciones gubernamentales y a la Policía indonesias a que frenen nuevas agresiones y actos de violencia contra los campesinos de Nagari Kapa y aceleren el proceso de reforma agraria en curso.
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por la vida y antiminera en Oaxaca – A octubre 2024
Habitantes de Magdalena Ocotlán denuncian escurrimientos de la montaña “Dry Stack” (presa de jales) de la minera Cuzcatlán y contaminación del río Coyote.
En la mañana del martes veintitrés de septiembre habitantes denunciaron a través de redes sociales un escurrimiento de la montaña de la presa de jales de la compañía minera Cuzcatlán para la extracción de oro y plata, filial de la canadiense Fortuna Mining (antes Fortuna Silver Mines). El escurrimiento de los lodos tóxicos inició en la unidad de “San José del Progreso”, ubicada en el mismo municipio, y descargó los tóxicos por el río Coyote, dañando principalmente a la comunidad de Magdalena Ocotlán, que se encuentra río abajo. En días siguientes, por las lluvias causadas por el huracán John, fueron visibles los escurrimientos de agua del centro de la presa de jales, debido a la falta de capacidad de almacenamiento del agua de lluvia.
Las fotografías y videos que circulan en redes sociales muestran enormes hilos de lodo bajando de esa monstruosa montaña. En recorridos sobre el cauce del río Coyote las comunidades pudieron constatar que los residuos del lodo habían recorrido varios kilómetros hasta llegar a una ciénega donde se encuentra el pozo de agua que abastece al municipio de Magdalena Ocotlán. Ante los hechos, la empresa Minera Cuzcatlán afirma por diversos medios de comunicación que la misma PROFEPA ha constatado actividad normal, reafirmando su propaganda sobre que la salud y el cuidado del medio ambiente son parte de sus prioridades.
A casi 6 años del primer derrame, de 1.5 millones de litros de lodo tóxico, de la presa de jales la empresa continúa contaminando el agua, el medio ambiente y dañando la salud de las personas a quienes les impusieron este proyecto. Esta situación, comprueba una vez más, que no existe empresa minera sustentable, ni sostenible para las comunidades que dependen del ecosistema del que la empresa extrae los minerales. Las supuestas regulaciones emitidas por las instancias gubernamentales responsables del medio ambiente y las aparentes técnicas de tratamiento de agua son una máscara que la empresa utiliza a su favor. La empresa utiliza una técnica: “Dry Stack”, que aparentemente filtra hasta el 90% de las aguas, es llamada “presa de jales secos”, sin embargo, podemos constatar escurrimientos y que lo que ha generado en la región es el equivalente a una gran montaña llena de residuos tóxicos.
Habitantes de Magdalena Ocotlán y la Red Mexicana de Afectados por la Minería exigimos:
Que la PROFEPA atienda la denuncia de las y los ciudadanos de Magdalena entregada el 04 de octubre de este año, con número de folio 001185, así como permita una supervisión conjunta con las y los denunciantes.
Que la SEMARNAT deje de ser cómplice de esta criminal empresa minera, como lo fue en la administración anterior encabezada por María Luisa Albores, quien lejos de sancionar a la minera Cuzcatlán, la premió con una ampliación del permiso ambiental de 10 años más, validando de esta manera la explotación de los bienes naturales y brindando poder ante quienes la denuncian.
Esperamos que la nueva secretaria del medio ambiente inicie su administración dando señales de compromiso real con la protección del medio ambiente y con los pueblos indígenas del país y que investigue y sancione a la compañía criminal Cuzcatlán. Por décadas esta empresa ha dañado no solo al medio ambiente y la salud de quienes se encuentran alrededor, sino que ha dividido a las comunidades en valles centrales y corrompido a las autoridades.
Fuera minera Cuzcatlán de los valles centrales de Oaxaca. ¡No más impunidad
Imagen: Habitantes de Magdalena Ocotlán. Derrame de agua de la presa de jales
Compartimos el septimo capítulo de este podcats de Avispa Midia – A 21 de agosto del 2024
Este es un podcast de diez episodios que analizan las soluciones propuestas por Estados y corporaciones ante la crisis climática, como la transición energética, contrastándolas con las experiencias de comunidades latinoamericanas que luchan por la defensa de los bienes comunes.
Estimados lectores y oyentes, a continuación, les presentamos un nuevo episodio de “Atizando el Avispero”, el podcast donde desentrañamos las complejidades de la crisis climática y las falsas soluciones que se nos presentan.
En este episodio 7 exploramos una historia inspiradora que desafía las narrativas comunes sobre la crisis climática y la sostenibilidad. Nos enfocamos a una comunidad establecida en un rincón del mar caribe, en Honduras.
Este caso fue conocido por el equipo de Avispa Mídia en un viaje que abarcó más de 10 mil kilómetros por Centroamérica. Esta comunidad, a diferencia de los proyectos de energía renovable que a menudo desplazan comunidades sin cumplir sus promesas, creó una solución innovadora y autónoma para su propio beneficio al generar su propia energía de un pequeño arroyo.
Otros Mundos A.C, organización ambientalista radicada en San Cristóbal de las Casas, en el marco del Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, denunció que dicha actividad amenaza la vida de las comunidades y los ecosistemas.
La organización denunció la imposición de modelos de explotación que empobrecen la tierra y afectan gravemente el equilibrio ambiental debido a los monocultivos.
Por tanto, reafirmaron su lucha por alternativas que respeten la vida, el agua y la soberanía de los pueblos.
Palma de aceite
En 2021, la Red Mesoamericana Frente a la Palma Aceitera realizó un encuentro en San Cristóbal de las Casas, con el fin de compartir experiencias en torno a las plantaciones de palma de aceite, así como analizar, estudiar y debatir sobre las consecuencias de este monocultivo en los territorios.
Diversas organizaciones, redes, miembros y representantes de colectivos provenientes de Honduras, Guatemala, México, Uruguay y Ecuador señalaron que, la palma de aceite ha llegado a sus territorios bajo un modelo extractivo acelerado, agresivo y depredador.
Indicaron que, los monocultivos de palma provocan la desaparición de las fuentes de agua, como los lugares sagrados de los pueblos originarios vinculados con el vital líquido, y desvían ríos. Asimismo, impactan en las cosmovisiones de estas comunidades.
Resaltaron que, las plantaciones provocan rompimiento de la soberanía alimentaria de los pueblos, acaban con los suelos, aceleran la deforestación, generan pobreza, dependencia y fuertes problemas de salud, provocan sequías e incendios, destruyen el paisaje, despojo y desplazamiento.
El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), calcula que México tiene en total 2.5 millones de hectáreas propicias para sembrar Palma Africana, una superficie mayor que el territorio de El Salvador.
La mayor parte de esa superficie propicia para la palmicultura está en el sureste (dos millones de hectáreas, según el gobierno federal), en la que sobresale Chiapas, por las condiciones agroclimáticas para extender las plantaciones de Palma hasta en 400 mil hectáreas.
Compartimos esta invitación del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales WRM a participar en este webinario en el marco del 21 de septiembre Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles
¡ÚNETE AL WEBINARIO! En vísperas del Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, queremos invitarles a participar en el seminario virtual “Plantaciones de Árboles, Mercados de Carbono y Resistencias”.
Viernes 20 de septiembre
7:00hs Ciudad de México, 8:00hs Bogotá, 10 hs Buenos Aires y San Pablo, 14:00hs Yaundé, 15hs Europa Central, 16:00hs Kampala, 18:30hs Nueva Delhi, 20:00hs Yakarta.
Compartimos el primer número de la Revista Crónicas de la Selva producida por Salva la Selva – A 23 de agosto del 2024
La revista digital de Salva la Selva ve la luz por primera vez, con un número centrado en el trabajo que llevan a cabo las mujeres de los países del Sur en defensa de la vida y la naturaleza. Recorrimos para ello desde Indonesia hasta México, pasando por el Ecuador. Este número recorre algunos de los proyectos que apoyamos y presenta el trabajo de algunas de nuestras organizaciones aliadas.
Contamos desde ahora con este nuevo medio que nace básicamente en forma digital. La idea es poder transmitir algunos de los aspectos de nuestro trabajo que no se llegan a reflejar en nuestra página web. Damos a conocer mejor lo que implica la defensa de la selva y de la naturaleza, y el marco en el que se desarrolla nuestro trabajo con muchas organizaciones aliadas en diferentes regiones del mundo.
Gracias a sus donaciones, en 2023 pudimos apoyar el trabajo de más organizaciones que nunca. El objetivo: proteger las selvas, a los pueblos indígenas, la naturaleza y el clima. Y de ello hablamos también en la revista.
Contenido variado
En este número, rendimos un homenaje a las mujeres con las que trabajamos. Para conocerlas más de cerca, recorrimos la isla indonesia de Sulawesi, epicentro mundial de la industria del níquel, en auge debido al impulso que están tomando los vehículos eléctricos, pero con una cara oscura que destruye las selvas y modos de vida de las mujeres y sus comunidades. En Sumatra conocimos mujeres que resisten a la minería de oro. La resistencia a la minería es un fenómeno global, y por eso, también hemos hablado con Georgine Kengne, de la red panafricana WoMin. En este contexto, analizamos cómo las mujeres defienden sus fuentes de sustento, uniendo fuerzas.
Además, estuvimos en Ecuador y en México, con mujeres líderes indígenas que se comprometen con sus territorios y tradiciones. Nos informaron de los impactos que el consumo masivo trae a sus comunidades y lo que podemos hacer. Mucho de lo que las mujeres nos compartieron se refleja en estas Crónicas de la Selva.
Si bien hemos hecho una pequeña tirada en papel para distribuir en algunos eventos presenciales, la idea es compartirlo gratuitamente en formato digital. Esperamos que te guste.
Autoridades de la comunidad zapoteca de Capulálpam de Méndez, en la Sierra Norte de Oaxaca, confiscaron en la madrugada del 31 de agosto minerales extraídos clandestinamente por laminera Natividad y Anexas S.A. de C.V., filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, pese al cierre de la mina por las autoridades ambientales federales, el 5 de agosto de 2024, informaron las autoridades de la comunidad en sus redes sociales.
“La minera Natividad continúa saqueando minerales, contaminando y abatiendo fuentes de agua sin contar con los permisos ambientales correspondientes”, sostuvieron.
Las autoridades de Capulálpam de Méndez hacen un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que, en el “ámbito de sus atribuciones, hagan efectiva la clausura ejecutada el 5 de agosto de 2024”. Además, avisan que la comunidad “no permitirá el saqueo clandestino de minerales en su territorio”.
Esa es la segunda vez en 2024 que las autoridades de Capulálpam confiscan cargas de minerales. Un día antes de la contienda electoral en México, en junio de 2024, los comuneros se declararon en alerta máxima tras identificar dos camiones de carga que transportaban minerales extraídos de su territorio. Inmediatamente bloquearon las rutas de salida del pueblo zapoteca y retuvieron uno de los vehículos, mientras que el otro se dio a la fuga.
La unidad retenida contenía la cantidad de 22 toneladas de roca molida. Liberaron el camión y retuvieron el mineral explotado. “Este material ya estaba procesado. Se han mandado hacer los estudios y tienen un alto contenido de oro y plata”, señaló en la ocasión a Avispa Mídia Francisco García López, presidente del comisariado de bienes comunales de este municipio.
También señaló el presidente del comisariado que las denuncias de explotación de materiales mineros por parte de la Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V.,sin el permiso de la comunidad, no es de ahora. “En dos ocasiones el gobernador del estado [Salomón Jara] vino a la comunidad y le hicimos saber que necesitábamos que se suspendieran los trabajos de minería. Pero, nos decían que la empresa no estaba trabajando”.
En el mes de febrero de este año la comunidad de Capulálpam ganó un amparo sobre tres concesiones mineras pertenecientes a Compañía Minera de Natividad y Anexas, S.A. de C.V., aunque no especificaron cuales son porque, según las autoridades, aún están en litigio. Detallan que el juez ordenó dejar inconsistentes las concesiones mineras en Capulálpam.
Compartimos este boletín informativo de la Alianza Mexicana Contra el Fracking sobre la iniciativa de prohibición del fracking en México que aún se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados a pocos días de terminar el sexenio – Septiembre del 2024
Compartimos el sexto capítulo de este podcats de Avispa Midia – A 21 de agosto del 2024
Este es un podcast de diez episodios que analizan las soluciones propuestas por Estados y corporaciones ante la crisis climática, como la transición energética, contrastándolas con las experiencias de comunidades latinoamericanas que luchan por la defensa de los bienes comunes.
Estimados lectores y oyentes, a continuación, les presentamos un nuevo episodio de “Atizando el Avispero”, el podcast donde desentrañamos las complejidades de la crisis climática y las falsas soluciones que se nos presentan.
Hoy celebramos el sexto episodio de esta serie con un análisis profundo y necesario sobre los discursos climáticos y las posibles soluciones desde abajo.
En los episodios anteriores, hemos explorado diversos ángulos de la Transición Energética y los minerales críticos que están en disputa, especialmente en territorios indígenas. Pero antes de adentrarnos en el análisis de hoy, es crucial destacar el contexto alarmante que hemos vivido recientemente. Mientras estábamos grabando los primeros episodios, el planeta experimentó oleadas de calor sin precedentes, con temperaturas récord.
Según el servicio de vigilancia climática de la Unión Europea, Copernicus, experimentamos 12 meses consecutivos de calor extremo. Mientras que el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que estamos «jugando a la ruleta rusa con nuestro planeta» y describió la situación como una «autopista hacia el infierno climático».
Estas afirmaciones vienen de los mismos organismos que han presentado las soluciones para la crisis, pero ahora parecen estar enfrentando una dura realidad que cuestiona sus discursos previos.
Así que hoy, nos centraremos en las reflexiones de Donna Haraway, una bióloga, filósofa, historiadora y feminista, quien afirma, en su libro «Seguir con el problema», que “quienes creen que tienen las respuestas a las urgencias actuales son terriblemente peligrosas”.
A lo largo del episodio de hoy, discutiremos cómo los diversos discursos han cambiado, se van ajustado y siguen prometiendo falsas salidas.
Así que no te pierdas el episodio 6, puedes escucharlo en las siguientes plataformas:
Compartimos esta petición que lanzó Salva la Selva sobre un proyecto ferroviario y portuario en la amazonia brasileña que traerá más problemas socio-ambientales en la región – A agosto 2024
Un proyecto ferroviario y portuario toma forma en la región amazónica de Brasil. Está involucrada la compañía ferroviaria alemana estatal Deutsche Bahn. Se pretenden exportar millones de toneladas de soja y mineral de hierro a China, Europa y EEUU. Se teme el grave impacto sobre la población, la selva y los manglares. Firma la petición.
La empresa GPM cuenta con un proyecto, que significará deforestación y pavimentación de amplias zonas de la isla de Cajual, en el nordeste de Brasil. La idea de los empresarios, portugueses, es construir un complejo industrial y portuario privado: el Terminal Portuario de Alcântara (TPA), justo en la zona donde viven comunidades tradicionales quilombolas, descendientes de antiguos pueblos africanos esclavizados.
La empresa estatal alemana de ferrocarril, Deutsche Bahn (DB), participa en el proyecto. Su filial, Grupo DB E.C.O., ha firmado un memorando de entendimiento con GPM para desarrollar y explotar conjuntamente el ferrocarril.
Además, el ferrocarril atravesaría el centro del «Área Endémica de Belém», la región de la cuenca amazónica más amenazada por la deforestación.
Todo ello para dar paso a la exportación de materias primas como la soja, el mineral de hierro, el cobre, el gas de fracturación hidráulica y el hidrógeno.
Te invitamos a firmar hoy mismo nuestra petición para decirle a Deutsche Bahn que se retire inmediatamente del proyecto en la región amazónica.
Procedimiento de reclamación ante DB
El 31 de mayo de 2024, Salva la Selva organizó una manifestación frente a la sede de DB en la Potsdamer Platz de Berlín junto con nuestra organización socia brasileña Justiça nos Trilhos, el Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (FDCL), Kooperation Brasilien (Kobra) y Misereor. Además, presentamos una reclamación en contra de la participación de la filial de DB E.C.O. Group en el proyecto GPM.
Entre tanto, el departamento de reclamaciones de DB ha dado curso al proceso de reclamación, pero el resultado es aún completamente incierto. El presidente del consejo de administración y consejero delegado de DB, Dr. Richard Lutz, nos respondió mediante un escrito, que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos internacionalmente es un principio importante para DB; que DB se toma muy en serio nuestras preocupaciones y que «deben cumplirse varios requisitos adicionales antes de que DB considere participar en el proyecto».
Mientras tanto, directivos de las filiales de DB, junto con trabajadores del proyecto GPM, están participando en reuniones con ministros, políticos, funcionarios gubernamentales y parlamentarios brasileños para sacar adelante el proyecto. GPM también está utilizando de forma destacada el nombre de DB, aparentemente para dar al proyecto GPM un aire de seriedad y competencia.
En un vídeo corporativo de GPM en la página web del Grupo DB E.C.O., la selva amazónica aparece hábilmente desplazada hacia el oeste en un mapa panorámico. Esto da la impresión de que el proyecto del terminal portuario de Alcântara y la ruta trazada para el ferrocarril de mercancías EF-317 están fuera de la región amazónica. En el gráfico también se afirma que «la producción agrícola brasileña aumentará un 180% en los próximos diez años sin talar un solo árbol».
Pero el gráfico y la información facilitada por los promotores del proyecto son engañosos. El hecho es que la ubicación y los límites de la región amazónica están definidos en Brasil de forma oficial y precisa y recibe la denominación de Amazônia legal. Tanto el puerto como toda la línea ferroviaria se encuentran claramente dentro de la Amazônia legal, tal y como lo muestra nuestro mapa, elaborado con datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
Según estudios recientes, la agricultura, en particular de soja, es el principal motor de la deforestación en Brasil; según datos del Gobierno, la superficie deforestada en 2023 será de 9.064 kilómetros cuadrados, un área 3,5 veces mayor que el Gran Londres o más de 11 veces mayor que la ciudad de Nueva York.
Compartimos este reportaje especial de Avispa Midia sobre los impactos a personas y la naturaleza del cambio climático y los mega proyectos extractivistas – A 20 de agosto de 2024
por Carlos Tornel y Pablo Montaño*
Caminamos algunos metros antes de que uno de los vigilantes de la escuela primera nos dejara entrar a uno de los huertos que se están construyendo en varias comunidades y territorios carboníferos en el estado de Coahuila, norte de México. El huerto, uno de tres que ya se han construido, es parte de una serie de proyectos que organizaciones locales como Familia Pasta de Conchos proponen para avanzar hacia una transición energética que rechaza la noción de que este proceso implica solamente un cambio tecnológico –es decir, pasar de combustibles fósiles a tecnologías bajas en carbono– sino que implica un cambio de mentalidad hacia el cuidado de la vida.
«Los huertos son un acto simbólico», me dice una de las organizadoras, “son un pretexto para hablar, para repensar qué papel tiene la energía en nuestros territorios y cómo podemos construir un futuro en donde no sea sinónimo de saqueo, violencia, impunidad y muerte”.
El huerto es parte de una iniciativa que se llama ‘sembrando transición’ un esfuerzo de la organización por posicionar una visión relacional con la energía. “Para nosotros el huerto es la alternativa al camino que hemos caminado por más de 18 años, esperando a que el Estado responda por la muerte de mineros y los impactos que esto ha dejado en sus familias y en la comunidad. El huerto es un símbolo de que otro mundo es posible y que la energía no viene solamente del carbón, sino de la posibilidad de repensar nuestras sociedades basándonos en el cuidado”, dice una de las organizadoras del huerto.
El “Huerto Inexplicable” que se construyó en el bachillerato CECyTEC en Barroterán, Coahuila. Crédito de la fotografía: Organización Familia Pasta de Conchos.
El caso de Barroterán en el norte de Coahuila es tan sólo uno de los muchos lugares en México que se han convertido en una zona de sacrificio, es decir, lugares que han sido abandonados o contaminados en exceso en nombre de un bien mayor, usualmente abstracto, como el progreso, el crecimiento económico o –y de manera más reciente y controversial– el ‘desarrollo sostenible’.
Las zonas de sacrificio no sólo se refieren al ámbito natural o el de lo no-humano, es decir paisajes, flora y fauna y la naturaleza en general que suelen ser convertidos en “recurso” o “servicios” para ser designados como “extraíbles», sino también de comunidades y formas de vida que en los ojos de la visión unidimensional del desarrollo se presentan como “problemáticas”, “subdesarrolladas” e incluso “retrogradas”. Esta visión, la cual tiene un origen profundamente colonial, es la que se suele movilizar para justificar el despojo, la contaminación, la degradación de la naturaleza e incluso su destrucción.
Por lo general, estas zonas suelen ser designadas sacrificables a través de otros nombres: “corredores industriales”, “zonas económicas especiales (ZEE)”, “polos de desarrollo”, “polos de desarrollo para el bienestar”, etc. son algunas de las designaciones más recientes.
Estas zonas suelen eliminar las protecciones legales, las cuales pueden ser modificadas como una forma de incrementar la inversión extranjera directa, fomentar la participación de empresas e industrias y garantizar algunos “beneficios económicos”, como el empleo. Como lo estipula el Colectivo Geocomunes, estas modificaciones se utilizan como una forma de ‘»legalizar» el saqueo de los territorios y permitir la participación del sector privado a través de modificaciones al marco legal, como se puede evidenciar en los cambios a la Ley Minera en 1992, el TLCAN de 1994, la Ley de Bioseguridad en 2005, la Ley de Inversión Extranjera (2012), la Ley de Asociación Pública-privada (2012), la reforma energética (2016) y de manera más reciente, la declaración de megaproyectos prioritarios y su carácter prioritario para el desarrollo (2018-2024).
Por razones de seguridad y considerando que México es uno de los países más violentos para personas defensoras del territorio –las estimaciones indican que al menos 185 personas han sido asesinadas desde el 2018– lxs defensorxs del territorio y activistas entrevistadxs para este texto permanecen anónimos.
La proliferación de zonas de sacrificio en México
El concepto de las zonas de sacrificio no es algo nuevo. Originalmente, el concepto se utilizó durante la guerra fría en los Estados Unidos para referirse a aquellas zonas que se volvían inhabitables por la contaminación creada por la radiación y la minería de uranio.
No fue sino hacia mediados de la década de los setentas que el concepto fue apropiado por comunidades indígenas y pueblos originarios en los Estados Unidos para denotar la forma en la que territorios indígenas se convirtieron en campos de pastoreo, desplazando y despojando del acceso a sus territorios, al tiempo que se borraban sus costumbres, conocimientos y formas de estar en el mundo.
Durante las décadas de los ochentas y noventas, es decir, durante el auge del periodo neoliberal, varios movimientos de justicia ambiental retomaron el concepto para denunciar el racismo que está inscrito en su creación.
Esta lógica permitió hilar de forma espacial la proximidad de ciertos grupos a puntos en donde se concentra la contaminación del suelo, el aire y el agua como la consecuencia de un modelo de desarrollo desigual y no como una simple casualidad. Por ejemplo, la presencia de comunidades afroamericanas, de personas más pobres y migrantes cerca de basureros tóxicos, corredores industriales o plantas de quema o procesamiento de combustibles fósiles como termoeléctricas o refinerías. Es el caso del corredor conocido como el “callejón del cáncer”, en el estado de Louisiana, EUA, en donde se concentran más de 90 refinerías en territorios principalmente habitados por comunidades afroamericanas y de bajos ingresos.
El racismo ambiental detrás de las zonas de sacrificio constituye una designación ya ampliamente desarrollada, investigada y trabajada. Las comunidades indígenas y subalternas de este país han utilizado el concepto como una herramienta de denuncia, haciendo notar cómo lo «sacrificable”, para quienes ven estos espacios como vacíos, desperdiciados o mal aprovechados, es para ellxs lo “sagrado”, es decir, como una forma de denunciar la herramienta colonial del modelo de desarrollo que elimina todo aquello que no vea como una forma de valor.
En América Latina el concepto suele estar asociado no sólo a los puntos en el espacio y su proximidad a zonas contaminadas o a los puntos de origen de dicha contaminación, sino a un modelo de desarrollo extractivo que produce impactos positivos para algunas minorías, desplazando los costos espacial y temporalmente para las mayorías. Desde la proliferación de residuos tóxicos asociados a la minería y la gran industria, así como la contaminación del agua, tierra y aire a sus alrededores.
En México, la declaración de ZEE de 2017 creó enclaves especializados con exenciones legales y fiscales para atraer la inversión extranjera directa, con la justificación de aliviar la pobreza en “areas históricamente descuidadas”. Similar a iniciativas regionales pasadas como el Plan Puebla-Panamá, las ZEE representan una estrategia de desdibujamiento del Estado para interconectar espacios de tránsito y fomentar el desarrollo en la región mesoamericana.
Sin embargo, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en 2018, trajo un cambio en el discurso. Las ZEE se renombraron como «polos de desarrollo para el bienestar», con el objetivo de atraer inversión y mejorar las capacidades productivas para el desarrollo económico y social en áreas adyacentes a proyectos de infraestructura regional a gran escala o «zonas o corredores libres», con incentivos fiscales aumentados para las empresas.
Según el investigador Darcy Tetreault, la promesa de AMLO de «terminar con el neoliberalismo» ha sido socavada por la retención del marco institucional general establecido durante el periodo neoliberal posterior a 1992. Pese a la cancelación de políticas como las subastas de energía a largo plazo, las rondas de licitación de petróleo y el cese de nuevas concesiones mineras, permanecen sin cambios la distribución de recursos, los incentivos fiscales y los mecanismos de captura de rentas. El gobierno ha redirigido su atención a las empresas estatales, invirtiendo fuertemente en un proyecto de “soberanía energética” e intensificando la exploración de hidrocarburos y capacidades de refinación. Esto incluye la construcción de una megarefinería en Tabasco y la adquisición de una planta de refinación en Texas, EUA.
Al mismo tiempo el gobierno de AMLO ha disminuido notablemente el presupuesto para agencias ambientales y regulatorias, militarizado proyectos extractivos y de construcción, con un efecto paralizador y desarticulador de la protesta social y ha desplegado programas de investigación y desarrollo como tácticas contrainsurgentes, es decir, como estrategias para socavar la resistencia y la oposición y disciplinaraquellos que se muestren en contra.
Este enfoque subraya la importancia de la infraestructura a gran escala en la reconfiguración geopolítica de México, evidente en iniciativas como el «Corredor Interoceánico» en Oaxaca y Veracruz, el «Tren Maya» en el sureste mexicano y el Plan Sonora, que sirve a los intereses de relocalización cercana (nearshoring) de EE.UU., asegurando acceso a microprocesadores, vehículos eléctricos, plantas de baterías y recursos naturales y laborales, incluidos el litio, el agua y las reservas energéticas.
Aún cuando una reflexión de los orígenes de las zonas de sacrificio en México requeriría un repaso de la historia y política del país. Suficiente decir que la política federal de los últimos 30 años demuestra cómo es posible identificar el origen de la proliferación de estas zonas de sacrificio, las cuales suelen ser denunciadas por comunidades de primera línea, es decir, las primeras afectadas por la contaminación que proviene de estas grandes industrias.
Ahora bien, con el advenimiento y la aceleración de la crisis climática, estas zonas no se pueden reducir simplemente a aquellas afectadas por la contaminación, sino que comienzan a manifestarse como una forma de neo-colonialismo y de desplazamiento de costos para asegurar la “mitigación” o “adaptación” al cambio climático.
Aunque es difícil calcular el número de zonas como estas en México, la organización Conexiones Climáticas ha propuesto una categorización de estas zonas en tres. Primero, aquellos lugares cercanos o próximos a las fuentes de contaminación o a los puntos en donde se concentra dicha contaminación de agua, aire o agua. Segundo, aquellas zonas en donde la noción del desarrollo sustentable o la “transición verde” se ha convertido en una nueva forma de contaminación, despojo o afectaciones. Tercero, aquellas zonas que se convierten en espacios inhabitables a través de un desplazamiento de los impactos socioecológicos por medio de la exacerbación de los efectos de la crisis climática. Siguiendo esta formulación a continuación presentamos algunos ejemplos de estas zonas.
Zonas de sacrificio por proximidad y metabolismo
Las Zonas de Sacrificio Metabólicas implican la desvalorización de ciertas formas de vida en favor de las creadas por la economía dominante. Esta es una característica clave de las grandes ciudades, las cuales tienen relaciones metabólicas complejas de flujos de materiales, energía e información que tienen impactos desiguales en otros lugares en múltiples escalas espaciales y temporales. Estos sistemas están arraigados en relaciones de poder que revelan cómo ciertos lugares están posicionados para convertirse en zonas de sacrificio en respuesta directa a actividades/demandas de otros lugares.
Ejemplos de este tipo de zonas de sacrificio son numerosos y difíciles de calcular. Sin embargo, en lugares como Tula, Hidalgo, la cuenca del Río Santiago en el estado de Jalisco y otros lugares como Petacalco, Guerrero, demuestran una clara designación como zonas de sacrificio donde se acumulan una multiplicidad de formas de impacto debido a la proximidad de estos lugares a grandes urbes que externalizan su entropía y la presencia de la gran industria y puntos de quema intensiva de combustibles fósiles.
La ciudad de Tula, a tan sólo 120 kilómetros de la ciudad de México, se encuentra inmersa en lo que varios han descrito como un ‘infierno ambiental’: una refinería, una termoeléctrica, un corredor industrial y el desagüe del Túnel Emisor Oriente (TEO) son responsables de la degradación del aire, el suelo y el agua. “En buena medida”, me dice uno de los activistas que se han dedicado a atraer atención a la situación de la ciudad, «nosotros recibimos todo el desperdicio de la Ciudad de México, así sea en forma de basura física o en aguas residuales o en emisiones que producen la mala calidad del aire. Nosotros nos quedamos con el suelo, el agua y el aire degradado que es necesario para satisfacer lo que parece ser una imparable demanda de energía en forma de gasolina, diesel y electricidad, así como materiales como el cemento que requiere la ciudad”.
Imagen de la Presa de Endhó en el Estado de Tula y de la refinería Miguel Hidalgo y la termoeléctrica de Tula en la ciudad.
«Nosotros estamos malditos por la geografía”, dice uno de los habitantes de Tula, quien desde el 2014 se ha organizado con otras organizaciones para tratar de denunciar los impactos en su territorio al visibilizar la relación metabólica entre Tula y la Ciudad de México. «Nos ha tocado, quedarnos con el desperdicio de la ciudad de México, porque todo lo que se genera aquí va de regreso para allá, incluso las aguas residuales regresan en forma de comida a la Ciudad de México”.
En total, según las estimaciones del grupo de científicos que en 2019 organizaron el Toxitour alrededor de varios corredores industriales dentro del país, se estima que las afectaciones a la población van desde la proliferación de enfermedades cardiovasculares, respiratorias y digestivas, afectando a más de un millón de personas dentro del Valle del Mezquital.
Las comunidades del Salto y Juanacatlán, en Jalisco, en torno a la cuenca del Río Santiago también concentran uno de los sitios más contaminados del país. De acuerdo con el informe del Toxitour la cuenca concentra las descargas de alrededor de 1,000 empresas manufactureras, metalúrgicas, químico-farmacéuticas, electrónica, automotriz, alimentos y bebidas en la zona de Toluca-Lerma y alrededor de 700 empresas en la zona Ocotlán-El Salto. La cuenca recibe además las descargas de las zonas industriales de Guanajuato, de la refinería de Salamanca y el drenaje del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). La población expuesta directamente a estos contaminantes es alrededor de medio millón de habitantes.
Desde el 2006 la organización un Salto de Vida se ha mantenido en resistencia contra la contaminación del río, así como un proceso sistemático de denuncia por ser una zona de sacrificio en nombre del crecimiento económico y el desarrollo de corredores industriales. “La afectación a la salud es lo que nos ha movido, la recuperación del río es parte de este esfuerzo. Pero nuestra defensa del territorio ha buscado detener procesos de despojo que continúan insistiendo en contaminar esta zona, desde inmobiliarios y energéticos”,dice uno de los defensores del territorio. “Nuestra relación con las autoridades ha demostrado no sólo el desinterés del Estado sino la forma en la que por décadas han privilegiado a la industria, negando los impactos a las poblaciones, que en sus ojos son excedentes”, dice uno de los defensores.
Dos Imágenes del Salto en Juanacatlán. Lo que en 1909 se denominó como el ‘Niágara Mexicano’ en comparación con la contaminación documentada a lo largo del río en 2021.
Ante la falta de interés y la desacreditación de los impactos en la salud de las personas, la organización se ha dedicado a documentar y, a través de varias colaboraciones con organizaciones de la sociedad civil y centros académicos, ha comprobar los impactos y daños ambientales en la cuenca. “Este proceso ha obligado al Estado a reconocer los impactos que ha generado pero, al mismo tiempo, ha servido para articular un proceso de rechazo y resistencia al despojo que aún sigue vigente aquí”, menciona uno de los defensores. “A través de amparos y otros medios también hemos logrado detener el desarrollo de plantas de ciclo combinado y otros intentos de despojo por parte de la industria inmobiliaria.” Este proceso ha generado una larga historia de resistencia, un proceso de denuncia que muestra que la región ha sido sacrificada en nombre del crecimiento económico y la generación de riqueza para las empresas mexicanas y extranjeras.
Otro ejemplo de esta condición es Petacalco, en Guerrero. La central termoeléctrica Plutarco Elias Calles se construyó hace 30 años bajo el argumento de traer un beneficio económico a la zona. Desde entonces las comunidades, casi todas pescadoras y agricultoras, han sido poco a poco expulsadas de sus territorios a otras ciudades como Tulancingo en busca de trabajo.
No es sino a partir del 2021 que un grupo de personas han comenzado a documentar los impactos que tiene la planta en el territorio. En buena medida, los impactos se incrementaron durante ese año debido a una veda de venta de combustóleo para el uso en barcos y buques comerciales que incentivó un regreso a la quema de combustóleo para la generación de electricidad. Aunque no se sabe con exactitud cuánto combustible se quema en cada una de las plantas en México, sabemos que al menos el 33% de la refinación de Pemex es combustóleo debido a que el petróleo crudo que extrae es cada vez más pesado. La pérdida del mercado de buques y barcos, así como la situación de emergencia producida por la pandemia de la COVID-19 en 2020-2021 impulsó el uso del combustóleo como una forma de mantener los precios de la luz estables.
Desde entonces el colectivo Juntos por el bienestar de Petacalco ha sostenido un proceso de documentación de la contaminación del agua, aire y suelo. “Aquí hemos visto cómo llueve ceniza. También es posible ver los derrames de combustible en los cuerpos de agua y aunque aquí los dolores de cabeza y las enfermedades estomacales son más frecuentes las autoridades aún se rehúsan a declarar esta área como una zona de sacrificio”, me dice una de las defensoras del territorio. “Las autoridades nos han dicho que aquí todo está en norma”, menciona uno de los miembros del colectivo. “En realidad, varias organizaciones han venido a medir la calidad del aire y del agua y nos han dicho que estamos muy lejos de estar cerca de las normas adecuadas. Además, lo que nosotros vemos y vivimos – la muerte de los peces, las enfermedades de las personas que aquí viven -, esto no lo contabilizan e incluso parece no importarles”.
Imagen de la desembocadura del río Zacatula en Petacalco con la Central termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles en el fondo.
Zonas de Sacrificio Verde
En medio de la crisis climática y las crecientes presiones por abandonar los combustibles fósiles para avanzar hacia una transición energética «verde», «sostenible» o «justa», están reconfigurando espacios para asegurar acceso a ciertas zonas con alto potencial de aprovechamiento –por ejemplo solar o eólica– así como para asegurar el acceso a ciertos minerales críticos, como el cobalto, el litio, el cadmio o algunas tierras raras, necesarias para garantizar esta transición.
Aunado a esto, propuestas como los Nuevos Pactos Verdes (Green New Deals) en el norte global han capturado el discurso y la imaginación en torno a la idea de la «transición». Esto ha generado un nuevo «consenso de descarbonización» como lo llaman los investigadores Breno Bringel y Mariestela Svampa, que sirve para establecer un nuevo consenso capitalista que reconfigura los extractivismos ya existentes mediante una estrategia de «acumulación por descarbonización», es decir, una forma de mercantilizar lo que antes era inaccesible para el capitalismo como es el viento, la luz solar, los “bonos de carbón” o la conservación misma. Este fenómeno, también denominado «extractivismo verde», implica el sacrificio de espacios, territorios y poblaciones para garantizar el abastecimiento, transporte, instalación y operación de infraestructuras y programas «bajos en carbono”, así como el tratamiento al final de la vida útil de los residuos materiales relacionados.
Las zonas de sacrificio verdes implican la identificación de lugares y poblaciones que serán afectados por el traslado de costos y ocupaciones (neo)coloniales justificados bajo el desarrollo de políticas para acelerar la transición energética y la mitigación o adaptación al cambio climático. Lo «verde» de esta categorización refleja el daño que emana de la infraestructura de bajo carbono.
El investigador Alexander Dunlap, por ejemplo, cuestiona la renovabilidad de infraestructuras bajas en carbono como paneles solares y turbinas eólicas, pues su cadena de suministro depende de los combustibles fósiles y la explotación de «minerales de transición».
Imagen: Debido a la rápida erosión costera y el aumento del nivel del mar, El Bosque, Tabasco, ha sido etiquetada como la primera comunidad en México en ser desplazada por los efectos del cambio climático. Foto: Santiago Navarro F.
Entrega de la carta de queja a Deutsche Bahn AG con nuestra organización aliada Justiça nos Trilhos, el 31 de mayo de 2024, en Berlín (© RdR/ Klaus Schenck)
Mapa general de la región amazónica sudoriental (Amazônia legal) con la ubicación del puerto previsto y el trazado de la línea ferroviaria (con datos de IBGE y GPM) (© Nicole)
