Participa en el II Encuentro Agua, Tierra y Vida
Del 20 al 22 de marzo de Acasico, Palmarejo, Tamacapulin, Jalisco
Información al 3312166100 y 3335029786
Participa en el II Encuentro Agua, Tierra y Vida
Categoría: Modelo extractivo
El Escaramujo 140: LA TALA ILEGAL EN CHIAPAS
Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)
EL ESCARAMUJO No. 140
LA TALA ILEGAL EN CHIAPAS
La pérdida de selvas y bosques
Gustavo Castro Soto
Otros Mundos Chiapas
17 de Marzo 2026 San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/
Chiapas es uno de los pulmones más importantes de México. Si embargo, la tala ilegal de madera en el estado representa un problema enorme en términos ambientales, sociales y productivos desde hace muchas décadas y que se agudiza con los años. Esta tala ilegal profundiza la deforestación de selvas y bosques, la pérdida de los ecosistemas, de la biodiversidad de flora y fauna, y más aún la que está en peligro de extinción. Por si fuera poco, esto se agrava por las consecuencias que acarrea sobre los ríos, los azolves, la erosión de los suelos y los cambios climáticos en la región.
Mientras que se calcula que el 50% de la madera que se comercializa en México es ilegal1, en el estado de Chiapas llega al 90%.2 Esto es escandaloso.
Según la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la deforestación en Chiapas alcanzó 359,789.18 hectáreas entre 2001 y 2021, lo que significa una tasa de pérdida de 17,989.5 hectáreas cada año.
El Biólogo Raúl Fernando Álvarez Narca, director de Protección Forestal de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN) del estado de Chiapas, afirmó que anualmente el estado pierde alrededor del 2.4% de sus bosques en gran parte por la tala ilegal clandestina principalmente de pino, pero también de caoba, cedro, roble, tzalam, guanacastle, entre otras especies tropicales, lo que equivale a 45 mil hectáreas de bosques y selva.3
Jorge León Cortés, investigador en el departamento de conservación de la biodiversidad en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), afirma que en Chiapas se ha perdido en los últimos 50 años el 43% de bosques y que solo el 18% de la cobertura vegetal puede considerarse natural.4 Mientras, Nature Conservancy afirma que cada diez años Chiapas ha perdido 10% de sus bosques y que en las últimas cinco décadas se han perdido más del 50% por ciento de bosques nativos.5
Por su lado, el Mapa para la Resiliencia manifiesta que ante el Cambio Climático, Chiapas es el segundo estado con mayor deforestación, ya que entre los años 2002 y 2014 se perdieron 2,300.85 km2 de bosques y selvas primarios. Y es que la entidad es un importante productor de ganado en el país.6
Pese a los trabajos de prevención y vigilancia que realiza la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), se calcula que se ha perdido ya el 30% de la superficie forestal del Parque Nacional Cañón de Sumidero por la mancha urbana que avanza de manera acelerada deforestando el Parque que contaba con 20 mil hectáreas de zona natural protegida.7
Los funcionarios estatales advierten que “la pérdida de cubierta forestal afecta a más de 500 especies de vertebrados, altera patrones de lluvia y reduce la disponibilidad de agua, impactando la agricultura y la vida rural”.8
Así, la deforestación avanza por la tala ilegal pese a que la Fiscalía General del Estado de Chiapas haya realizado 92 operativos tan solo en el primer semestre de 2024 con el fin de prevenir los delitos ambientales. Se asegura que se han detenido a muchos traficantes de madera y que se han recuperado miles de piezas de madera que se transportan de manera ilegal, y sin embargo no se informa de su paradero. Aunque la Guardia Nacional, la SEMANH y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) luchan contra el tráfico ilegal de madera, no es suficiente para detener la deforestación de los bosques y selvas que continúa en aumento.9
En mayo de 2025 la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, el Ejército y PROFEPA realizaron un gran operativo en el municipio de Altamirano, considerado el más grande contra la tala ilegal en Chiapas, donde se aseguraron 12 aserraderos clandestinos y se clausuraron 14 centros de almacenamiento. En el municipio de Ocosingo se detuvo a un conductor de tráiler que transportaba cerca de 4,687 piezas de madera sin documentación. En Chiapas, de acuerdo con el artículo 419 del Código Penal Federal, este delito se castiga con hasta 6 años de prisión y multas de hasta 20 mil días cuando se trata de madera extraída de áreas naturales protegidas.
Pese a todos estos esfuerzos, en el estado de Chiapas es común observar en las comunidades, en los caminos y carreteras, a los camiones cargados de madera. Incluso puntos de venta de madera ilícita en las cabeceras municipales con bodegas llenas de tablones, leña, carbón y otros subproductos de madera para la construcción. Los aserraderos y carpinterías están a la mano en cualquier ciudad o comunidad. Las motosierras no dejan de escucharse a lo lejos. Entonces pareciera que las autoridades no están presentes para combatir este crimen ambiental. Los bosques van desapareciendo y se observan cada vez más los cerros pelones y kilómetros de selvas sin selvas, ganado intensivo o plantaciones de palma de aceite que no son bosques ni selvas.
La demanda de madera para el uso del carbón, para la construcción, ebanistería, muebles finos, etc., entran al mercado negro a un precio más bajo y evitan costos económicos por trámites, pero también evitan instalar programas de manejo forestal, registros, cumplimientos fiscales, pagar asesorías y otros gastos que implica el mercado legalizado de la madera.
En el municipio de San Cristóbal de las Casas se registran muchos puntos de venta de madera ilegal provenientes de pinos de hasta 15 o 20 metros de altura talados clandestinamente en la región de Los Altos. Se calcula que al menos 50 aserraderos clandestinos operan deforestando día y noche los bosques de la región para luego llevarlos al mercado negro de madera en diversos puntos de la Ciudad de San Cristóbal de las Casas.11 12
Para las comunidades la venta ilegal de madera implica un ingreso económico relativamente fácil frente a las dificultades de generar otro tipo de ingreso. Por ello, no sólo es trabajo de las autoridades la vigilancia, la persecusion del delito y la prevención, sino también de las comunidades y otros actores para buscar alternativas que eviten el avance de la tala que, de seguir la misma tendencia, en 10 o 20 años más la deforestación podrá acarrear pérdidas ecosistémicas irreparables e irreversibles.
ALGUNAS ALTERNATIVAS
Frente a la deforestación galopante en Chiapas, la perdida de biodiversidad que genera así como la degradación de los suelos y la falta de acceso al agua, en muchas comunidades y ejidos han prohibido
talar árboles para el consumo de leña en los hogares. Esto provocó que algunas familias buscaran comprar gas LP con altos costos, o comprar carbón o leña de hasta 4 mil pesos la “camionada” en otras comunidades o ejidos aledaños.
Es por ello que apareció la BIORED, la Red de Biodigestores de Chiapas. Hasta la fecha se han instalado más de 50 biodigestores y 14 sistemas de captación pluvial con geotanques de 7,800 litros de capacidad. Con esto fortalecen la autonomía energética. Estos sistemas eliminan el 100% de consumo de gas LP (en cilindros) y un 50% de la quema de leña; evita la compra de fertilizantes químicos gracias al uso de biofertilizante que genera el biodigestor diariamente, y se logra la mejora de las condiciones de vida inmediata de las familias sobre todo en mujeres, niñas y niños.
Con el biodigestor se construye una alternativas frente al Cambio Climático. Cada sistema tiene la capacidad de capturar hasta 10 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2eq), esto es igual a
2.4 m3 de biogás al día equivalentes a 3 horas de estufa de dos quemadores prendidas, y 150 litros de
biofertilizante que podrá fertilizar hasta 4.5 hectáreas de cultivo anualmente por biodigestor instalado.
Así, con este sistema de biodigestores, hasta la fecha se han fertilizado más de 225 hectáreas con biofertilizante y se han beneficiado directamente más de 250 personas. Anualmente se ha logrado la captura de 500 Ton de CO2eq, se dejó de consumir 15,000 kg de gas LP, y se han salvado más de 200 árboles al no ser talados por el uso de energía renovable como lo es el biogás.
Sin embargo, existen otras alternativas creciendo y enfrentando la deforestación, tal es el proyecto de“El Carbonerito” para al producción de carbón ecológico, con el mismo costo que el tradicional carbón y con mejor rendimiento.
Es hora de las alternativas de autonomía, descentralizadas y en manos de los pueblos!
La actividad humana en el Planeta genera que millones de hectáreas de bosques desaparezcan aceleradamente. Por ello es importante solidarizarnos con las luchas que se dan en cada rincón del mundo donde los pueblos originarios, pero también campesinos y pueblos urbanos, luchan por defender la Madre Tierra. Invitamos a apoyar las Peticiones que Salva la Selva promueve en todo el mundo:
https://www.salvalaselva.org/peticion
La defensa del Río Atenco es una decisión de los pueblos, no una imposición externa
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco – A 27 de febrero de 2026
El pasado 3 de febrero, se envió una carta a Claudia Sheimbaum y diferentes autoridades involucradas en el Plan Nacional Hídrico, firmada por 79 organizaciones, nacionales e internacionales, que solicitan la cancelación del proyecto de la presa Milpillas en los Municipios de Jiménez del Teúl y Sombrerete en el Estado de Zacatecas[1].
La firma de las organizaciones reconoce la lucha por la defensa del río que ha sido sostenida por más de 10 años por el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco integrado por los Ejidos de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales, además de integrantes de la cabecera municipal de Jiménez del Teul.
Frente a este respaldo amplio, el gobierno del Estado de Zacatecas respondió que “la REMA ha sido opositora a varias presas, me parece irracional”[2] sugiriendo así que por encima de las 79 organizaciones firmantes, es la REMA quien no quiere la presa Milpillas . Con esta declaración intentan minimizar el amplio respaldo y la fuerza de las comunidades que reiterada y claramente han rechazado el proyecto en un acto de ejercicio legítimo a la autodeterminación.
La oposición a la presa nace en las asambleas ejidales, nace de las y los habitantes que han cuidado históricamente el Río Atenco y que comprenden con absoluta legitimidad lo que está en juego: su agua, su tierra, su forma de vida y su derecho a decidir sobre su futuro.
El Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, es miembro de la REMA, por lo tanto, cuando se refieren a la REMA, también se refieren al Movimiento que está siendo acompañado por muchas otras organizaciones nacionales e internacionales. Es un proceso organizativo comunitario que es autónomo, la labor de las organizaciones aliadas ha sido documentar, visibilizar y respaldar la defensa del territorio frente a un proyecto que carece de sustento técnico, ambiental y social.
El proyecto Presa Milpillas presenta inconsistencias graves que han sido señaladas por múltiples actores:
- La Manifestación de Impacto Ambiental ha sido señalada por omisiones sustanciales respecto a impactos, afectaciones a ecosistemas y consecuencias sociales[3].
- No existe evidencia pública que demuestre viabilidad técnica y financiera integral del proyecto a largo plazo.
- No garantiza el derecho humano al agua de las comunidades de la cuenca; por el contrario, prioriza el trasvase hacia corredores urbanos e industriales.
Pretender reducir la oposición social a la influencia de una organización es, con dolo y mala fe, desconocer deliberadamente las múltiples asambleas ejidales en las que se ha rechazado el proyecto, así como las actas y posicionamientos públicos que documentan esa decisión colectiva por más de 10 años, también.
Otra cuestión que es importante señalar es que la imposición del proyecto de la presa, eso que el titular del gobierno del estado y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno llaman “socialización del proyecto”, ha significado violencia para las personas defensoras del territorio a través del hostigamiento, la estigmatización pública, los intentos de división comunitaria, las presiones políticas y las descalificaciones desde el poder. En este entendido, la narrativa oficial que culpa a terceros y deslegitima la organización comunitaria, se suma a los factores que incrementan el riesgo para quienes ejercen el derecho humano a defender los derechos humanos, contraviniendo así los acuerdos internacionales ratificados por el Gobierno de México, que lo obligan a garantizar la participación pública en asuntos ambientales y la protección de personas defensoras.
La defensa del Río Atenco no es un capricho ni una manipulación externa, es el ejercicio legítimo del derecho a la libre determinación, al territorio, al agua y a un medio ambiente sano. En lugar de descalificar el proceso de defensa, el gobierno del estado debería responder con información pública verificable, estudios técnicos independientes y mecanismos reales de participación. Si el proyecto fuese viable y tuviera el respaldo social, sus promoventes no necesitarían desacreditar a quienes lo cuestionan.
Desde la REMA reconocemos la valiente y digna lucha del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco y a las comunidades que han decidido, de manera soberana, defender su cuenca.
La discusión no debe centrarse en señalar culpables externos, sino en responder a una pregunta fundamental: ¿por qué, si el proyecto es tan benéfico como se afirma, las comunidades directamente afectadas lo rechazan de manera contundente?
Un patrón histórico en la imposición de las presasen México, en la construcción de grandes presas ha seguido un patrón reiterado que ha sido ampliamente documentado. El Dictamen de la “Pre-audiencia Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad” del Tribunal Permanente de los Pueblos, concluyó que existe un proceso sistemático de violaciones a derechos humanos antes, durante y después de la construcción de presas, acompañado por desinformación, falta de respeto al consentimiento de las comunidades acerca de los proyectos y criminalización de la protesta.
La respuesta no está en la REMA.
Está en el territorio.
[1] REMA (febrero 2026). Carta a autoridades | Organizaciones y comunidades alertan sobre violaciones a derechos humanos y exigen la cancelación del proyecto Presa Milpillas.
[2] Ver entrevista en Sizart Noticias: https://www.facebook.com/reel/1622997692466336
[3] REMA (febrero 2026). Vidéo Exigimos no se apruebe la MIA Milpillas
Revisa la carta completa en: https://www.remamx.org/2025/11/especialistas-y-comunidades-del-rio-atenco-llaman-a-firmar-carta-a-semarnat-sobre-la-mia-2025-de-la-presa-milpillas/
Imagen: Río Atenco Libre Foto: Adolfo Vladimir
Informe: Trigo Genéticamente Modificado: Riesgos y Preocupaciones
Compartimos este informe publicado por Amigos de la Tierra Internacional ATI– A febrero 2026
Introducción
El trigo es uno de los granos más cultivados en el mundo. Es rico en valor nutricional y constituye un alimento básico en la dieta de las personas a nivel global, presente en productos como el pan, la pasta, las tortillas, los cereales y muchos otros.
El cultivo de trigo es una fuente esencial de ingresos para numerosos agricultores. En Estados Unidos, es el tercer cultivo más producido, después del maíz y la soya, y representa aproximadamente 47 millones de acres de producción.1
En 2024, el gobierno de Estados Unidos aprobó una nueva variedad de trigo genéticamente modificado (OGM), lo que ha generado serias preocupaciones sobre la salud de la población estadounidense, los medios de subsistencia de los agricultores y el medio ambiente.
Este trigo OGM, denominado HB4, incrementaría el uso de un herbicida tóxico llamado glufosinato, una sustancia química prohibida en la Unión Europea debido a que presenta riesgos inaceptables para la salud humana — incluidos efectos tóxicos reproductivos, del desarrollo y neurológicos — así como riesgos para el suelo, las aves, las abejas y otras especies silvestres.
HB4 también amenazaría la capacidad de los agricultores estadounidenses para comercializar su trigo en mercados internacionales, ya que países importadores clave rechazan el trigo OGM. Incluso si los agricultores no cultivan HB4, su trigo podría contaminarse con genes OGM provenientes del HB4 o mediante la mezcla de trigo OGM y no OGM a lo largo de la cadena de suministro.
El trigo OGM ha sido rechazado de manera efectiva en múltiples ocasiones en Estados Unidos debido a la oposición pública, las preocupaciones del mercado y los riesgos comerciales. Ahora, consumidores, agricultores y empresas alimentarias deben dejar claro nuevamente que no hay lugar para el trigo OGM en Estados Unidos.
Análisis y rechazo al Plan de Acción Estados Unidos-México sobre Minerales Críticos en nuestros territorios
Compartimos este pronunciamiento de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 16 de febrero 2026
El 4 de febrero, se anunció que los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron trabajar en un Plan de acción conjunta sobre minerales críticos[1], a través del cual el gobierno mexicano se compromete a realizar, en los siguientes 60 días, acciones para “desarrollar un nuevo paradigma para el comercio preferencial de minerales críticos, respaldado por precios mínimos y otras medidas”.
La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) consideramos que este Plan claramente profundiza la subordinación de nuestro país a la política belicista estadounidense, y sostiene el avance facista del capitalismo voraz representado por Donald Trump. Es un acto de gobierno extremadamente irresponsable con los pueblos, por lo que denunciamos enérgicamente que, de llevarse a cabo, provocará la consolidación de territorios sumergidos en zonas de sacrificio.
Este Plan de Acción se nombra como “un nuevo paradigma”, significando un nuevo instrumento de subordinación política
El documento publicado por el gobierno de México apenas supera una página de extensión, y señala que detrás de este acuerdo está, sobre todo, la preocupación del gobierno de Estados Unidos por mantener su hegemonía mundial y geoestratégica frente a la competencia actual con China, asegurando el acceso y el control de distintos recursos estratégicos, como los minerales mal llamados“críticos”, el gas y el petróleo, fortaleciendo así cadenas de suministro que considera vulnerables.
Este Plan, como han señalado distintos analistas, es un ejemplo de los acuerdos diplomáticos intervencionistas que impone Estados Unidos a México y a otros países que considera dentro de su órbita de poder (como Australia o Canadá[2]). Estos acuerdos ocurren en un contexto de amenaza explícita de intervencionismo bélico (que ya ha sido llevada adelante reciente en Irán, Venezuela, Ucrania, y que ha llegado a escalar en otros casos, como Groenlandia), y enmedio de los esfuerzos activos de Estados Unidos para ahogar a los pueblos de Cuba, y de Gaza.
Con este Plan, el gobierno estadounidense aprovecha la profunda integración dependiente de la economía mexicana para imponer un nuevo instrumento de subordinación[3]. Como sabemos, los acuerdos de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá siempre se han dado en condición de amplia desigualdad. Como ejemplo tenemos el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), renombrado el T-MEC (sujeto a revisión en junio de este año).
Así como los acuerdos anteriores, este nuevo Plan binacional, que está encaminado a convertirse en parte de un acuerdo plurilateral sobre comercio de minerales críticos, representa un instrumento mediante el cual Estados Unidos busca reconfigurar el orden global para sostener los intereses de su élite. Desde esta óptica, el Plan puede leerse como “algo más de lo mismo”, sin embargo, el contexto en el que ocurre, marcado por mayores niveles de violencia, agresividad y cinismo en la imposición del interés extractivista imperial y colonial, obliga a prestarle atención más crítica y rigurosa.
Sobre los “Minerales críticos” o la trampa del concepto de minerales críticos
Como REMA insistimos en afirmar que la invención, uso y difusión del concepto de “minerales críticos” constituye una trampa discursiva con la que se legitima e impone una supuesta necesidad y urgencia colectiva para potenciar el extractivismo minero. Hoy observamos que este discurso está cada vez menos vinculado a la transición energética corporativa y, ahora, cada vez más abiertamente para servir al complejo militar-industrial y al sector de la economía tecno feudal (encabezada por la también mal llamada “Inteligencia Artificial”). Su utilización no sólo conlleva a la legitimación de undiscurso: se trata de una acción que refuerza el poder de los actores hegemónicos en el extractivismo minero: nos referimos a las empresas y al Estado extractivista que lo respalda.
Así, con la frase de “minerales críticos” se señala la construcción de un escenario de excepción, de urgencia bajo coacción de los Estados Unidos, con un escenario en México ya habilitado para proyectos que designados estratégicos o en el interés nacional, tal como ya ha sucedido con el Tren Maya, o el litio, mediante agilización de trámites, flexibilización normativa, expropiaciones, militarización. Lo que el Plan citado deja ahora evidenciado, es que el gobierno mexicano no tiene empacho en dejar atrás el discurso de la transición energética,como sentido legitimador supuestamente ‘verde’ de este impulso extractivista, para de forma velada brindar apoyo al discurso belicista que su par estadounidense evoca.
Otro aspecto que debe siempre alertarnos del uso de la noción “minerales críticos”, es su amplísima ambigüedad, ya que éstos se definen según criterios políticos, no técnicos. ¿Quién decide cuáles son esos minerales críticos? ¿Quién define en qué se ocuparán?[4] En los Estados Unidos, la última lista de minerales críticos de noviembre de 2025 abarca 60 minerales, que van mucho más allá de los minerales para la transición energética corporativa para abarcar todo lo que la economía belicista considere necesaria para sostener su hegemonía. Marcelo Ebrard mencionó en su video difundido en X, que no hay una lista definida de cuáles son los minerales críticos para el caso de México.
Principales preocupaciones que nos genera este Plan de acción
- Escalada de fuerza para imponer los “proyectos prioritarios”, por sobre los pueblos afectados.
El breve Plan menciona que México y Estados Unidos “identificarán proyectos específicos de minería y manufactura de interés mutuo para priorizar su financiamiento y apoyo de política pública”. Este punto nos parece sumamente preocupante, ya que puede significar que, en caso de que se identifiquen proyectos prioritarios de explotación de esta amplia lista de “minerales críticos”, si seguimos el ejemplo de los Estados Unidos, de manera conjunta, los estados desplegarían todo su aparato económico y político de coacción para la imposición de estos proyectos, y particularmente en contra de las comunidades que viven en esos territorios y que se oponen a ellos.
No cabe duda de que esto implicaría la profundización de la militarización en nuestro país, y la empeora al formalizar la injerencia estadounidense (aunque esto tampoco es tan novedoso, dado la experiencia que tiene México con la injerencia canadiense en el sector). Esto apunta a un incremento en la criminalización de los defensores del territorio y a la agudización de la violencia en esos territorios de disputa.
- Prospección coordinada con más recursos para la prospección y exploración. minera
El Plan menciona también un eje de “transparencia geológica” que consistirá en la compartición de información técnica detallada sobre la ubicación de yacimientos, coordinando esfuerzos entre el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y el Servicio Geológico Mexicano (SGM). Eso significaría mayores capacidades financieras y técnicas para trabajos de prospección y exploración en México, permitiendo la expansión del modelo extractivo hacia nuevos territorios y fomentando los procesos especulativos y los impactos socio territoriales relacionados con esas actividades de exploración. Además, el breve documento alcanza a mencionar que se intenta avanzar hacia un “Acopio coordinado de reservas”, lo cual anuncia el avance de actividades de prospección y exploración a lo ancho y largo del territorio.
- Menos margen para la aplicación del principio precautorio.
Por invocar la “cooperación regulatoria”, el plan de acción apunta a más homogeneización del marco regulatorio entre México y los Estados Unidos, o – en otras palabras – el levantamiento de barreras regulatorias para facilitar mayor extractivismo minero. Hay que tener claro que la cooperación regulatoria significa una mayor colaboración entre reguladores con el único propósito de favorecer el comercio una demanda que, desde hace muchos años, han impulsado empresas transnacionales con cadenas de suministro emplazadas en dos o más países, tal como destaca el investigador Stuart Trew del Centro Canadiense para Políticas Alternativas.[5] El concepto de “cooperación regulatoria” ya existe en el Capítulo 28 del T-MEC pero ahora, al aplicar este concepto específicamente a los “minerales críticos”, este plan pone en riesgo la aplicación del principio precautorio para proteger cuencas hidrográficas, bosques, la salud, y la propiedad social ante esta embestida extractivista.
Como resultado, este Plan representa una nueva escala en la imposición del modelo extractivo en nuestro país, queriendo imponer una falsa justificación al llamarlo esencial para las economías y seguridad nacional de México, pero sobre todo para el interés y seguridad de las élites que gobiernan los EEUU.
Las venas abiertas de nuestro país, de América Latina y de los territorios indígenas alrededor del mundo, nos ha enseñado de lo que son capaces los gobiernos colonialistas e imperialistas para garantizar su economía y su seguridad nacional, sin importar la vida. Tal como ocurre con el gobierno estadounidense hoy en día.
El discurso mediático que esconde las cifras extractivistas en México
En el marco del anuncio del Plan de Acción resulta indispensable cuestionar las declaraciones realizadas por la presidenta C. Sheinbaum durante la conferencia matutina el 9 de febrero, en donde señaló: “no hay nada firmado”.
Así mismo, declaró que tiene “muy claro que los recursos naturales no se entregan” y la “soberanía”. Sin embargo, está declaración debe revisarse a la luz de políticas, reformas y proyectos de infraestructura recientes, que más allá del discurso, mantienen intacta la explotación del territorio. El re-etiquetamiento del fracking, ahora llamado “nuevos esquemas de extracción” en “yacimientos de geología compleja”, o llamar a los nuevos parques industriales previstos dentro del Plan México como “Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar”, ola aprobación de una Nueva ley de aguas sin mecanismos para revertir el poder de sectores que la han acaparado, son ejemplos que nos muestran que la lógica estructural neoliberal sigue vigente, e incluso reforzada, para la entrega y explotación de los bienes naturales y de las personas.
La afirmación de que “No vamos a iniciar un proceso de apertura de minas”, también merece una comprobación, pues contradice los discursos y hechos de funcionarios e instituciones relacionadas con el tema minero en este sexenio. A partir del monitoreo que en la REMA realizamos con datos oficiales, como la Gaceta Ecológica de Semarnat, sabemos que en el año 2025 la Semarnat aprobó 16 Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs), de modalidad regional o particular, para trabajos de exploración minera, mientras que sólo negó 3 durante el mismo periodo. Paralelamente, el Secretario de Economía M. Ebrard, ha tenido varias encuentros de negociaciones con empresas afiliadas a la Cámara Minera de México (CAMIMEX) y durante la Convención Internacional de Minería en noviembre del 2025 se comprometió a “reanudar la exploración a mayor escala en México y otras medidas para acelerar los permisos pendientes, así como acortar tiempos y facilitar la inversión”[6]. El propio informe anual del 2025 de la CAMIMEX anuncia, sobre el extractivismo de oro: 4 expansiones de minas y 15 proyectos nuevos (con fecha de apertura entre 2025 y 2029); en materia de plata señala 3 expansiones de minas y 11 proyectos nuevos; con relación al cobre son 2 expansiones y 7 nuevos proyectos. Por lo tanto ¿de qué sirve que la Secretaría de Economía “recupere” 200 concesiones cuando representa el 0.89% de las 22,583 concesiones mineras que siguen vigentes en 2025? Con esto reafirmamos que, a las empresas mineras, les siguen sobrando permisos y apoyos por parte del gobierno mexicano para seguir saqueando nuestros territorios.
En conclusión, reiteramos que los minerales no son ni críticos ni estratégicos. Son insumos para mantener a flote un modelo energético e industrial sumamente desigual. Insumos que alimentan modos de consumo en el norte global que desbordan los límites planetarios, a costa del saqueo de los bienes naturales y de los territorios indígenas en todos lados, aunque especialmente en el sur global. Insumos para una “transición energética” corporativa que no implica ningún cambio de modelo económico, ni de matriz energética, sino que repite las mismas estructuras coloniales y de acumulación de capital. Insumos para la industria del armamento y el desarrollo de nuevas tecnologías militares. En síntesis, insumos para el despojo, la guerra y la explotación de los bienes comunes y de las personas.
Lo crítico de todo esto, no son los minerales, sino la situación hídrica de nuestro país, el aumento de la violencia sistémica vinculada a las redes de macrocriminalidad, que tiene, entre otros, el objetivo de infundir miedo en la población para ejercer control social y territorial en beneficio de diversos intereses empresariales. Lo crítico es el fortalecimiento de discursos y políticas anti derechos y fascistas. Lo crítico son tantos problemas sociales y ambientales que este nuevo acuerdo terminará fomentando.
Para quienes defendemos nuestros territorios, esos minerales críticos no existen por sí solos, son parte de nuestros cerros, subsuelos, ríos, territorios y cosmovisiones. Son parte de la vida de nuestras comunidades que seguiremos defendiendo a través del ejercicio de nuestros derechos de autodeterminación.
Por todo lo anterior, es primordial impedir que México continúe las negociaciones con los Estados Unidos con este Plan de acción sobre los minerales “críticos”, ya que plantea profundizar la dependencia de nuestro país sobre el tirano del norte y avecina consecuencias terribles para los territorios.
[1] Gobierno de México. Plan de Acción Estados Unidos – México sobre minerales críticos, 2026.
[2] Ver sus respectivos acuerdos sobre minerales
[3] Ver https://rebelion.org/mexico-no-esta-negociando-esta-obedeciendo-acepto-un-lugar-en-la-cocina-no-en-la-mesa/,
https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/mexico-fuerte-en-9-minerales-criticos )
[4] Ver sobre esto, el video con el que Marcelo Ebrard anunció este Plan (5 de febrero de 2026)
[5] Ver https://corporateeurope.org/sites/default/files/en_from-nafta-to-ceta_k2-1_final.pdf
[6] Secretaría de Economía (19 de noviembre del 2025). Inaugura Marcelo Ebrard la XXXVI Convención Internacional de Minería; participan más de 300 empresas y autoridades. https://www.gob.mx/se/prensa/inaugura-marcelo-ebrard-la-xxxvi-convencion-internacional-de-mineria-participan-mas-de-300-empresas-y-autoridades?idiom=es-MX
Imagen: Mina Los Filos, Guerrero. Foto: Adolfo Vladimir
Zacatecas: Organizaciones y comunidades alertan sobre violaciones a derechos humanos y exigen la cancelación del proyecto Presa Milpillas
Compartimos esta carta de diversas organizaciones sobre la defensa del río Atenco ante el proyecto de represa Milpillas – A 3 de febrero de 2026
A la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos
Al C. David Monreal Ávila Gobernador del Estado de Zacatecas
A los Gobiernos Municipales de Jiménez del Teul y Sombrerete, Zacatecas
Al C. Efraín Morales López Titular de la Comisión Nacional del Agua
Al C. Víctor Suárez Carrera Titular de la Procuraduría Agraria
A los Gobiernos Municipales de Jiménez del Teul y Sombrerete, Zacatecas
Las organizaciones nacionales e internacionales firmantes, todas defensoras de los derechos humanos, manifestamos nuestra profunda preocupación por la continuidad del proyecto de la presa Milpillas en los municipios de Jiménez del Teul y Sombrerete, Zacatecas, el cual ha sido promovido como proyecto prioritario en el Plan Nacional Hídrico 2024–2030.
Este proyecto pretende desviar aproximadamente el 92% del caudal del Río Atenco, lo que implicaría la devastación irreversible del ecosistema, la destrucción de los medios de vida de las comunidades ribereñas y la afectación grave al derecho humano al agua, al territorio, al medio ambiente sano, a la alimentación, a la salud y a la vida digna, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en tratados internacionales ratificados por México.
Los núcleos agrarios de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales han manifestado, durante más de diez años, su rechazo firme, libre e informado al proyecto, ejerciendo legítimamente su derecho a la autonomía, a la libre determinación y a la propiedad social, conforme al Artículo 2º Constitucional, la Ley Agraria, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Tradicionales.
La promoción del proyecto ha estado acompañada por un patrón documentado de hostigamiento, coacción, intimidación y criminalización, que incluye, entre otras prácticas:
- Condicionamiento de programas sociales, servicios básicos y obras públicas;
- Intimidación directa a ejidatarias, ejidatarios y defensoras y defensores del territorio;
- Amenazas, campañas de odio, difamación y estigmatización pública;
- Despidos injustificados vinculados a la defensa del territorio;
- Divulgación indebida de datos personales;
- Hackeo, extorsión digital y vigilancia;
- Negativa de atención institucional a comunidades agrarias;
- Provocaciones deliberadas para generar confrontación social;
- Uso de fuerza policial, hostigamiento y persecución por parte de la Guardia Nacional.
Estas acciones constituyen violaciones graves a los derechos humanos, y podrían configurar responsabilidad administrativa, penal y estatal, además de vulnerar los estándares internacionales de protección a personas defensoras.
Durante más de una década, las comunidades han vivido en un estado permanente de zozobra, miedo e incertidumbre. Niñas, niños y adolescentes presentan afectaciones psicoemocionales, trastornos del sueño y temor por su futuro. Comunidades ribereñas han denunciado restricciones en servicios de salud, incluso en el acceso a vacunas esenciales, así como amenazas de cobro por el uso tradicional del agua del río, lo cual resulta inaceptable y contrario al principio del derecho humano al agua.
Se señala con especial preocupación el actuar de la Procuraduría Agraria en Zacatecas, la cual ha dejado de cumplir su mandato constitucional de defensa de los derechos de los sujetos agrarios, para convertirse en promotora del proyecto, condicionando la atención institucional y vulnerando la autonomía ejidal.
Denunciamos la actuación del C. Francisco Pérez Compeán, cuya conducta ha sido señalada reiteradamente por los ejidos como injerencista, parcial y contraria a los principios de legalidad, imparcialidad y respeto a la libre determinación, sin que hasta ahora exista respuesta efectiva a las quejas presentadas.
Investigadores de la Unidad de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas han demostrado la inviabilidad técnica, científica y económica del proyecto para resolver la crisis hídrica de la región, señalando que el déficit de los acuíferos supera los 262.5 millones de metros cúbicos anuales, mientras que la presa apenas aportaría 41 millones de metros cúbicos, lo que implicaría la necesidad de al menos siete presas adicionales para cubrir la demanda mínima.
Asimismo, han propuesto alternativas sustentables y más eficientes agrupadas bajo el concepto del “Camino Suave del Agua”, que prioriza la eficiencia en el uso del recurso, la restauración ecológica, la justicia hídrica y el bienestar social, con menor costo económico y menor impacto ambiental.
El proyecto, con un costo estimado superior a los 9 mil millones de pesos, representa una decisión financieramente injustificada, ambientalmente destructiva y socialmente regresiva.
Ante la gravedad de los hechos, EXIGIMOS:
- La cancelación definitiva e inmediata del proyecto de la presa Milpillas.
- La apertura de una investigación administrativa y penal contra el C. Francisco Pérez Compeán, representante de la Procuraduría Agraria en Zacatecas.
- La investigación al presidente municipal de Jiménez del Teul, C. Daniel Cisneros Esparza, por la negativa de atención institucional y el condicionamiento de servicios públicos.
- La revisión integral del estado de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Mecanismo de Protección y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el fin de garantizar verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
Advertimos que las organizaciones firmantes permanecemos atentas a la escalada de presión y riesgo que enfrentan las comunidades. Centro de Apoyo Solidario Documentación y Estudio AC Responsabilizamos al Estado mexicano, encabezado por la Presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, de cualquier agresión, acto de violencia o violación a los derechos humanos que ocurra en los territorios o contra las personas defensoras.
Reiteramos que la defensa del agua, del territorio y de la vida no es un delito, sino un derecho legítimo y una obligación ética.
Atentamente
Organizaciones convocantes
Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA)
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)
Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas
Organizaciones, comunidades, colectivos, redes y personas firmante
Aquelarre Zacatecas
Agrupación Un Salto de Vida
Asamblea de la Comunidad Indígena Chontal El Coyul
Asamblea de la Comunidad Indígena de Jalapa del Marqués
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio – APIIDTT
Asociación Ecológica Santo Tomás, A.C.
Asociación por la Protección de la Tierra y el Bienestar de Epazoyucan A.C
Bcsicletos Colectivo de Ciclismo Urbano
Bienestar Cicacalco
Bios Iguana A.C.
CartoCrítica, A.C.
Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño
Centro de Derechos Humanos – Espacios para la Defensa, el Florecimiento y Apoyo Comunitario (CDH-ESPADAC)
Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental
Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR)
Colectiva Amo Ximayahue Kan Nin Tlen Nechtlakaita (Morelos)
Colectiva Feminista MAPAS
Colectiva ¡Cambiémosla Ya!
Colectiva México Tóxico
Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia Aguascalientes
Colectivo Ciudadanos Desconocidos
Colectivo CoRaMe: Corazones y Raíces Mestizas
Colectivo Justicia para Eugui Roy
Colectivo Reforestación o Extinción
Comité Cerezo México
Comité en Defensa del Territorio de Guadalcázar
Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio, Oax
Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A.C.
Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio en contra de la Minería (CRAADET), Gro.
Coordinación Interregional Feminista Rural Comaletzin A.C.
Coordinación de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica (CPUEDEE)
Ejido El Bajío, Sonora
Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza
Foro Oaxaqueño del Agua
Frente de Organizaciones Ciudadanas por la Defensa del Agua de Nuevo León
Frente Popular en Defensa del Soconusco, Chiapas
Fundación Bajío Sahuaro, Sonora
Geocomunes
IDEAS Comunitarias (Oaxaca)
La Antiescuela NL
La Boca Nostra
Maderas del Pueblo del Sureste A.C.
Movimiento Feminista de Zacatecas
NEB No Es Basura
Observatorio del Despojo
Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes
Otros Mundos A.C. Chiapas / Amigos de la Tierra México
Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP)
Red de Defensoras de Derechos Humanos de las Mujeres y las Niñas en Zacatecas
Red de Docentes Feministas de la Universidad Autónoma de Zacatecas
Red de Mujeres Artesanas, Cocineras Tradicionales y Productoras del Campo de la Huasteca Potosina
Red de Rebeldía y Resistencia de Zacatecas
Red de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC)
Rizoma. Entretejiendo la Defensa de los Bienes Comunes
Sangre de mi Sangre Zacatecas
Sistema de Seguridad de Resguardo Territorial Indígena (SERTI), Gro
Tlalij, Yolojtli uan Nemilistlij
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI)
Universidad a las Calles, Zacatecas
Universidad de la Tierra Puebla
Organizaciones y redes internacionales
Atlas de Justicia Ambiental, Ejatlas.org
Comité para los derechos humanos en América Latina, CDHAL, Canadá
Consejo del Pueblo Maya -CPO- Guatemala
Miningwatch Canada.
Latin America Solidarity Centre (LASC), Irlanda
Red Nacional en Defensa del Agua, Panamá
Académicas/os
Josefa Sánchez Contreras, Universidad de Granada
Alberto Matarán Ruiz, Universidad de Granada
Joan Martinez Allier, Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Periodistas y/o personas defensoras de derechos humanos
J. Alberto C. Guerrero, periodista y defensor de DH
Alejandro Ruíz, periodista y defensor de Derechos Humanos
Monica Montalvo, Antropóloga
Aideé Tassinari Azcuagua, periodista y defensora de Derechos Humanos
Lic Raquel Garcia M, Guadalupe , NL
Saúl Fuentes Olivares, Defensor de Derechos Humanos
Socorro Chablé. Periodista y Defensora de Derechos Humanos
Jackie Campbell, Defensora de Derechos Humanos
Lidia Rita Bonilla Delgado, periodista defensora de Derechos Humanos
Javier Ramirez de San Salvador Atenco
Ingmar Trujillo Félix, periodista y defensor de Derechos Humanos
Mariana Avila Montejano, Defensora de Derechos Humanos
Lista completa de integrantes del Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC): ARTICLE 19 México y Centroamérica; Casa del Migrante Saltillo; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca (Consorcio Oaxaca); Instituto de Derecho Ambiental (IDEA), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y todes (RedTDT); SMR: Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PRODESC). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) – Proyecto México.
Con copia a:
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Dra. María del Rosario Piedra Ibarra
- Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
- Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas
- Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Criminalización de familias en Arriaga y Pijijiapanpor parte de Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec y el Corredor Interoceánico
Compartimos este comunicado de Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa – A 28 de enero de 2026
El Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. manifiesta su enérgica condena y profunda preocupación ante la denuncia penal interpuesta por Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT) y la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SCIT) en contra de familias de los municipios de Arriaga y Pijijiapan, Chiapas, por el presunto delito de invasión de bienes nacionales, tipificado en el artículo 150 de la Ley de Bienes Nacionales.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra tres mujeres del municipio de Pijijiapan, así como cuatro mujeres y un hombre del municipio de Arriaga, con el objetivo de exigir la entrega del derecho de vía ferroviaria, lo que constituye un acto de criminalización contra población civil en situación de vulnerabilidad, particularmente mujeres, en el contexto de la implementación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).
Denunciamos que el uso del derecho penal como herramienta para resolver conflictos territoriales, sociales o administrativos representa una medida extrema, desproporcionada y contraria a los principios del Estado de Derecho, pudiendo derivar en violaciones graves a derechos humanos, incluyendo:
- El derecho al debido proceso legal (artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos).
- El derecho a la presunción de inocencia (artículo 20 constitucional).
- El derecho a la vivienda adecuada (artículo 4 constitucional y artículo 11 del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). El derecho a la propiedad, posesión y seguridad jurídica (artículos 14, 16 y 27 constitucionales). - El derecho a no ser objeto de hostigamiento, intimidación ni persecución arbitraria (artículos 1 y 22 constitucionales).
- El derecho a la igualdad y no discriminación, particularmente por razón de género y condición socioeconómica (artículo 1 constitucional y Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW).
Advertimos que estos hechos podrían configurar un patrón de criminalización de la pobreza, al utilizar el sistema penal para presionar, intimidar y desplazar a familias en situación de vulnerabilidad, lo cual contraviene los principios de proporcionalidad, mínima intervención penal y justicia social.
El Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, tiene la obligación constitucional einternacional de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, conforme al artículo 1 constitucional, así como a los tratados internacionales ratificados por México.
En este sentido, Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT), Secretaria de Comunicaciones Infraestructura y Transporte (SCIT) y las autoridades federales involucradas tienen la responsabilidad directa de garantizar que cualquier acción relacionada con el derecho de vía ferroviaria se realice sin recurrir a la criminalización, priorizando mecanismos administrativos, diálogo social, mediación y soluciones integrales.
Asimismo, recordamos que los desalojos forzosos sin garantías procesales, sin consulta previa, sin alternativas de reubicación digna y sin reparación del daño constituyen violaciones graves a derechos humanos, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Estos hechos se inscriben en un contexto más amplio de implementación de megaproyectos federales, en el cual diversas comunidades han denunciado la falta de consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, así como riesgos de despojo territorial, desplazamiento forzado, ruptura del tejido comunitario y afectaciones a medios de vida.
Recordamos que la consulta previa es un derecho vinculante, reconocido por el Convenio 169 de la OIT, la Constitución mexicana y la jurisprudencia interamericana, por lo que ningún proyecto de infraestructura puede imponerse mediante la coerción penal.
Ante la gravedad de los hechos, exigimos:
- El cese inmediato de la criminalización y persecución penal contra las familias de
Arriaga y Pijijiapan. - La revisión exhaustiva y eventual desestimación de las denuncias penales por
parte de la Fiscalía General de la República, al tratarse de un conflicto de carácter
social, administrativo y territorial. - La garantía plena del debido proceso, la presunción de inocencia y la integridad
personal de las personas denunciadas. - La apertura inmediata de un mecanismo de diálogo interinstitucional, con participación efectiva de las familias afectadas, organismos de derechos humanos y autoridades competentes.
- La suspensión de cualquier intento de desalojo o recuperación coercitiva del
derecho de vía, mientras no existan condiciones legales, sociales y humanitarias adecuadas. - La implementación de medidas de protección contra actos de intimidación, hostigamiento o represalias.
- La adopción de políticas públicas que privilegien la justicia social, la reparación integral del daño y las garantías de no repetición.
Hacemos un llamado urgente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH), organismos internacionales, medios de comunicación, colectivos sociales y a la sociedad civil, para que den seguimiento a este caso, visibilicen los riesgos y contribuyan a la prevención de violaciones graves a derechos humanos.
Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C.
Tonalá, Chiapas
Presa Milpillas: Autoridades Federales y Municipales profundizan la presión y la división comunitaria para imponer un proyecto fallido
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por defender el río Atenco en Zacatecas – A 23 de enero de 2026
La imposición del proyecto Presa Milpillas continúa avanzando mediante presiones institucionales y estrategias de fragmentación comunitaria y sin que exista, a la fecha, una comprobación seria, pública y verificable de su viabilidad técnica, ambiental, jurídica, económica, social, presupuestal y financiera.La Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) expresamos preocupación ante la insistencia de diversas instancias del Estado Mexicano, particularmente la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la Procuraduría Agraria, así como presidencias municipales de Jiménez del Teúl y Sombrerete, en impulsar un proyecto que arrastra más de una década de inconsistencias, omisiones y vacíos estructurales y que no cuenta con los permisos agrarios necesarios, ni el consentimiento de las asambleas ejidales, máxima autoridad en los núcleos agrarios y, en cambio, recurra a prácticas de presión, coacción y desinformación.
Recientemente, funcionarios han difundido públicamente la versión de que el proyecto se encuentra al “50%de las negociaciones con los pequeños propietarios”. Esta afirmación constituye un acto de deliberado de desinformación, pues no existe ningún proceso de negociación legítimo mientras no se respete la toma de decisiones colectivas de las asambleas ejidales. Lejos de atender estas obligaciones, las autoridades han optado por presionar para apresurar la construcción de un proyecto inviable mediante estrategias de desgaste comunitario, presión institucional e imposición que buscan fracturar la toma de decisiones colectivas y vulnerar la organización comunitaria.
La REMA denunciamos prácticas identificadas por el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco:
- Las autoridades ejercen presiones directas e indirectas a través de ofrecimientos condicionados, amenazas veladas y discursos sobre los supuestos beneficios que traería dicho proyecto, mismos que no se sostienen en información técnica y transparente.
- Utilizan a autoridades municipales como operadores políticos, alentando divisiones internas y desacreditando a quienes defienden el territorio y el agua
- Desnaturalizan el papel de la Procuraduría Agraria, que, en lugar de garantizar los derechos colectivos de los ejidos, actúa como intermediaria para facilitar la imposición del proyecto.
- Criminalizan la resistencia, la lucha y la organización de los ejidos y comunidades con el discurso de un proyecto que busca garantizar “el derecho humano al agua” de la zona conurbada de Zacatecas, haciendo pasar por “egoístas” a los pobladores de estos ejidos y comunidades.
Estas prácticas constituyen una violación sistemática a los derechos agrarios, al derecho humano al agua, al territorio y a la libre determinación de los pueblos y comunidades rurales, que suelen ser, las más marginadas. Asimismo, reproducen un modelo de gestión autoritario y privatizador que prioriza intereses políticos y económicos por encima del bienestar colectivo y la sustentabilidad de los territorios.
Exigimos:
- El cese inmediato de toda forma de presión, intimidación o negociación individualizada con integrantes de los ejidos.
- El respeto irrestricto a las decisiones tomadas en asamblea, conforme a la legislación agraria vigente.Transparencia total sobre los estudios del proyecto y sus impactos sociales, ambientales y financieros.Que las instituciones del Estado actúen conforme a su mandato de garantizar derechos, no de vulnerarlos.
La defensa del agua y del territorio no es un obstáculo al desarrollo: es una condición indispensable para la vida digna y la justicia social. Las comunidades no están obligadas a aceptar proyectos impuestos, y su resistencia es legítima.
Las organizaciones estatales, nacionales e internacionales aliadas, estamos muy atentas a cualquier intento de violentar, criminalizar, desprestigiar o desacreditar la lucha del Movimiento y sus integrantes. Hacemos un llamado nacional e internacional a las organizaciones hermanas para pronunciarse a favor de la digna lucha del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco. Le hacemos expreso al Estado mexicano que tenemos los ojos puestos en este territorio y no permitiremos que se dañe la integridad de las personas del movimiento, por lo que lo hacemos responsable en sus tres niveles de gobierno ante cualquier agresión contra las y los integrantes del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco.
¡Las comunidades ya decidieron!
¡Cancelación del Proyecto Milpillas ya!
Más información:
- Una invitación al diálogo no condicionado a la aceptación de la presa Milpillas
- Autoridades de los tres niveles de gobierno llevan a cabo reuniones privadas, engañosas y a escondidas en Zacatecas para imponer el Proyecto Milpillas
- Zacatecas | Comunidades entregaron carta a la Procuraduría AgrariaA y a la Presidencia de la Républica: Exigen respeto a la decisión de decir NO a la presa Milpillas
Diversas dependencias de gobierno atestiguan la postura inflexible de Equinox Gold ante el Ejido de Carrizalillo
Compartimos este comunicado del Ejido Carrizalillo a través de la REMA sobre su lucha por la vida y contra de la minería – A 19 de enero de 2026
SEGOB, SEMARNAT, PROFEPA, PA y la Unidad de Actividades Extractivas de la SE atestiguan la postura inflexible de Equinox Gold ante el Ejido de Carrizalillo
Carrizalillo, Mpio. Eduardo Neri, Edo. Guerrero a 19 de enero del 2026
Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta de México
Al pueblo de México
Buenas tardes, reciban un cordial saludo desde el campamento del ejido de Carrizalillo a prácticamente 10 meses y medio en campamento y en resistencia fuera de las instalaciones de la empresa canadiense Equinox gold, la cual desde entonces apuesta a la implementación de estrategias para doblegarnos sin mostrar flexibilidad ni empatía para establecer un diálogo basado en el respeto, del cual derive un proceso justo, sea para que continue su operación, sea para que se vaya de nuestras tierras y de nuestro país pero cumpliendo los procesos relacionados con un plan de cierre y post cierre acorde a la integralidad que requiere dicho acto.
A finales del año pasado e inicios de este se estableció una mesa de diálogo guarecida por la secretaria de Gobernación, en particular por el Subsecretario Cesar Yáñez, en donde también participan las titulares y subsecretarias tanto de Semarnat como de Profepa, el titular y subprocurador de la Procuraduría Agraria y el Titular Unidad De Coordinación De Actividades Extractivas, de la Secretaría De Economía.
En todos los encuentros tenemos la certeza y convicción de que nuestro ejido ha dejada manifiesta su postura de flexibilizar sus pretensiones y apostar a que ello motive a la empresa a lograr un acuerdo justo para las partes. Sin embargo, las representaciones de las instituciones han sido testigos de una empresa sorda, avara y arrogante que solamente se enfoca en doblegarnos por cansancio, desesperación o desorganización interna que por supuesto es provocada y azuzada por la empresa en particular por el uso faccioso del Sr. Hugo Vergara, personaje al cual de manera sutil, el gobierno federal le ha solicitado a la empresa sea sacado de dicha operación y que nosotros de manera firme seguimos sosteniendo que él no es parte ya de ningún proceso de relación que se tenga con el ejido y que es imperante su salida antes que geste una confortación entre comunidades.
El resumen de los encuentros se concentra en falta de acuerdos entre nuestro ejido y la empresa, a pesar de que nuestras pretensiones las hemos reducido en un 55% de lo que ya recibíamos, es decir hay un acto totalmente regresivo de nuestros derechos y ni aun así es suficiente para la empresa. En este contexto, son tres los aspectos que se discuten: la continuidad de la mina sin acuerdos al respecto, el cierre y post-cierre sin acuerdos al respecto y la tercera son las acciones que deben realizarse sea que haya continuidad de la mina o esta inicie el cierre, que se trata de las acciones relacionados con la remediación por la clausura de 5 sitios por parte de Profepa en donde la empresa debe atender 52 medidas de las cuales desde octubre solamente ha atendido 5 de ellas.
Como hemos señalado en diferentes boletines, es imperante que el gobierno mexicano aplique todo el peso de la ley a esta empresa y evite se siga burlando de nosotros, de los daños ambientales ocasionados y que siguen creciendo, así como del incumplimiento de la legislación bajo el absurdo de que puede ocupar nuestras tierras para hacer la remediación solamente si aceptamos sea por 49 pesos diarios.
Este lunes ejido y empresa tuvimos una reunión en donde platicaríamos específicamente de la negociación relacionada con la remediación ambiental que debe atender la empresa y que tiene una duración aproximada de entre 3 y 4 meses el ejido, y para que este proceso se realice debe pagar una indemnización de los 10 meses que lleva sin pagar renta, al mismo tiempo que no ha hecho ninguna actividad para regresarnos nuestra tierra generando estemos en indefensión total sin dinero y sin tierras para sembrarlas. Para atender el daño ambiental la empresa propone pagar 49 pesos diarios por el tiempo que dure la remediación.
Esperamos que este acto ya no sea pasado por alto por el gobierno federal y haga uso de sus instituciones para que se acabe de una vez por todas con esta empresa
que simula ser responsable social y ambientalmente, tanto en México como en Canadá. Por supuesto que solicitamos al gobierno federal una actuación integral en la cual consideren la vulneración de nuestros derechos y tengamos acceso a al reparación del daño que nos corresponde yque hemos manifestado a cada una de las instancias con las que nos hemos reunido.
Atentamente Mesa del Ejido de Carrizalillo
Foto: MINA EN EDUARDO NERI, GUERRERO, 10 JULIO 2025. ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM
Más información:
Folleto: ¿Que es el Tratado Vinculante de Derechos Humanos y Empresas Transnacionales?
En el marco de la investigación Empresas Transnacionales en México: Criminales Ambientales les compartimos este folleto que nos cuenta sobre como surgió y la importancia que tiene el Tratado Vinculante.
Petición: Queremos detener la devastación de los bosques y selvas de Chiapas
Compartimos esta petición de Salva la selva sobre la defensa de los bosques y selvas en Chiapas – A enero 2026
La mitad del estado de Chiapas, el segundo más biodiverso de México, está cubierto de bosques. Pero ha perdido ya casi la otra mitad de sus bosques de manera ilegal y estamos en plena campaña para detener la deforestación. Ayúdanos firmando la petición.
En las partes altas del estado mexicano de Chiapas, la vida brota en cada rincón húmedo y verde. El quetzal desliza su vuelo entre orquídeas colgantes y árboles de podocarpus. El bosque mesófilo de montaña coexiste con la selva alta perennifolia, que crece en las tierras más bajas y planas. Allí, la caoba se alza majestuosa junto al murmullo de los monos saraguatos y el eco lejano del jaguar, testigos de la exuberancia, el clima cálido y el misterio de Chiapas.
Casi un tercio de estos bosques interconectados y aún en pie son primarios.
La variada flora y fauna en Chiapas habita desde la Selva Lacandona hasta la costa del Pacífico pasando por los Valles Centrales y la Sierra Madre. Chiapas es el segundo estado más biodiverso de México, con la mayor cantidad de plantas vasculares y especies de anfibios. Siete de las especies de mamíferos terrestres son endémicas.
Los mercados de pino y encinoimpulsan la deforestación que alimenta el mercado nacional con madera, en un 70% de procedencia ilícita. Y produce cambios en los usos del suelo.
Tras la deforestación, los pastos para ganado, tierras agrícolas para café, maíz o palma aceitera y asentamientos humanos se van abriendo paso sin vuelta atrás para los bosques. En el primer cuarto de este siglo, la deforestación ha sido de 360.000 hectáreas. México pierde anualmente 500 mil hectáreas de bosques y selvas, ubicándose en el quinto lugar en deforestación a nivel mundial.
En las selvas de Chiapas, el impacto de esta deforestación es brutal. La mitad de los bosques han desaparecido, los que quedan están cada vez más fragmentados y los suelos presentan una severa degradación por la acción humana. Se estima que cada centímetro de tierra que se pierde por la erosión tarda 100 años en recuperarse. Junto a los bosques desaparecen manantiales de agua que surten a la población.
Es importante que las autoridades aumenten la protección de los bosques que quedan en Chiapas, antes de que sea demasiado tarde. Ayuda con tu firma.
Lee la carta aquí
Para: Gobernador de Chiapas; Comisión Nacional Forestal CONAFOR; Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA); Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
Estimado Sr. Eduardo Ramírez Aguilar, Goberador del Estado de Chiapas,
Sras. y Sres. autoridades estatales y federales del medio ambiente y forestales :
Con preocupación, nos ponemos en contacto con ustedes porque las selvas y los bosques de Chiapas están desaparciendo a un ritmo acelerado
Chiapas tiene una superficie forestal que cubre el 48.9% y es uno de los estados de mayor biodiversidad de México. Sin embargo, en los últimos 50 años se han perdido un 43% de bosques. En el caso de la Selva Lacandona, que tenía una extensión de 1,8 millones de hectáreas, ha perdido hasta el 72,2% de su superficie.
Para acometer este grave problema, le pedimos trabajen en las causas de raíz que aceleran la deforestación de Chiapas, la degradación de los suelos y la perdida de biodiversidad llevando a cabo acciones encaminadas a detener:
– la tala ilegal de la Selva Lacandona y los bosques de Chiapas y clausurar el tráfico y los aserraderos ilegales;
– el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre;
– la ampliación de monocultivos que aceleran la deforestación como la palma de aceite, de la ganadería extensiva e intensiva;
– las concesiones mineras y de represas en Chiapas.
El gobierno federal y estatal deben generar políticas y aplicación de las leyes ambientales para acometer el problema de la deforestación en Chiapas.
Además, les invitamos a incentivar junto con los pueblos originarios alternativas locales que se encaminen a proteger las selvas y los bosques de Chiapas que tanto aportan a la riqueza biocultural de nuestro estado, nuestro país y nuestro planeta.
Esperamos su respuesta a la mayor brevedad, para que nos informen acerca de las medidas que tomarán al respecto.
Atentamente,
Ejido Carrizalillo determina el cierre total de la mina canadiense de oro Los Filos
Compartimos este pronunciamiento del Ejido Carrizalillo sobre su ardua cha por defender a vida de la voracidad minera en Guerrero a través de la REMA – A 10 de diciembre del 2025
Boletín de Prensa | A ocho meses de campamento y ante el silencio oficial, el Ejido Carrizalillo determina el cierre total de la mina Los Filos
BIÓLOGA ALICIA BÁRCENA IBARRA
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
VÍCTOR SUÁREZ CARRERA
Procurador Agrario
LICDA. MARIANA BOY AMBORRELL
Procuraduría de Protección al Ambiente/PROFEPA
LIC. JOSÉ FERNANDO ABOITIZ SARO
Titular Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas, Secretaría de Economía
Buenos tardes, reciban un saludo de parte de la mesa agraria del ejido de Carrizalillo. Iniciamos comentándoles que acabamos de cumplir ocho meses de estar en campamento a causa de no llegar acuerdos para la continuidad de la operación minera, del proyecto “Los Filos” de la empresa Equinox Gold. Desde entonces, seguimos esperando una respuesta a favor del derecho por parte del gobierno mexicano encargado de regular los procesos de dicha actividad.
Es un hecho que desde hace 8 meses la empresa ha administrado el conflicto haciendo creerles que se encuentra en un proceso de negociación, lo cual hemos señalado la empresa nos ofende por la postura farsante con la que nos trata. Nosotros insistimos en que hay varios hechos flagrantes e ilegales de la conducta de la empresa que no entendemos por qué no han sido suficientes para ponerla en orden:
- Al no existir ningún acto relacionado con la continuidad del proyecto, la empresa, está obligada a iniciar el proceso de rehabilitación de nuestras tierras, que suponemos son actividades adscritas a las actividades de cierre y post-cierre de mina, cierre que debió avisar y arrancar hace más de 8 meses. Estos temas están en las manos de la Secretaría de Economía y de Semarnat y nos parece correcto preguntarles si accederemos a ese acto de justicia o no.
- La clausura realizada a la empresa, significa que ha cometido ilícitos ambientales relacionados con impactos ambientales. Sin embargo, la no atención de los actos señalados por Profepa por parte de la empresa, “los justifica” mencionándoles impedimentos para su ingreso de nuestra parte, lo cual no tiene sentido alguno porque por lo menos en tres de los puntos de atención los puede resolver sin ingresar al ejido y no lo ha hecho, mientras el resto, es la empresa quien imposibilita llegar a una solución de la sanción que tiene impuesta por Profepa.
- Sobre los puntos de atención relacionados con el ingreso a nuestro ejido, nosotros hemos entregado tanto a ustedes como a la empresa, la propuesta de atención, misma que no ha sido considerada por la empresa ni siquiera para su discusión. Por su parte, la empresa nos presentó una propuesta –ya compartida con ustedes-, en donde claramente se observa que, al no tener ninguna exigencia ni consecuencia legal por parte del gobierno ante los incumplimiento de los ilícitos en los que incurre, se da el lujo de ofrecernos limosnas. La propuesta que la empresa pone en la mesa se trata de la renta de 50 pesos diarios por hectárea y lo acota a una renta con una duración de solamente un mes. Es decir, ni siquiera hace un planteamiento para atender la remediación de acuerdo al calendario de actividades para la remediación y el mantenimiento autorizadas por Profepa, actividades que por supuesto no pueden atender en un mes de trabajo.
- No entendemos por qué se le permite a la empresa que siga incurriendo en los ilícitos ambientales por los que fue clausurada parcialmente y no se sanciona y se clausura de forma definitiva. Tampoco entendemos por qué no se le obliga a implementar el programa de cierre y post-cierre una vez que nosotros lo hemos solicitado ante la negativa de la empresa de discutir un convenio para la continuidad. De hecho, ante los incumplimientos legales de la empresa, no sabemos qué impide la ejecución de la garantía ($) relacionada con el plan y programa de cierre y post-cierre de mina, ni tampoco por qué no se han hecho detenciones administrativas e iniciar un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa una vez que ya ha superado los 30 días hábiles para que ello ocurriera iniciada la clausura.
- Les comentamos que a partir de hoy nuestra asamblea ha determinado cerrar totalmente la operación de la mina. Ello implica cerrar el sistema de riego de la solución acidulada que de manera responsable hemos estado atendiendo para evitar un daño ambiental, pero si la empresa puede continuar libremente con el incumplimiento por los ilícitos ambientales en los que incurre, nosotros, por más interés que tengamos sobre el ambiente, les queremos hacer saber que este nunca podrá estar por encima de nuestro derecho a la vida, derecho que ninguna dependencia a puesto con fuerza en la mesa ni como prioridad ni como obligación constitucional.
Ante este contexto, nos parece que no podemos seguir acampando inertes ante los hechos que enfrentamos, esperando a ver si pasa algo o no ante la impunidad en la que se mantiene la empresa. Si la empresa tiene permiso para pisotear nuestros derechos humanos y ambientales, nos parece necesario que ustedes nos lo digan de forma directa y, en función de ello, nosotros tomemos las medidas que mejor nos convengan. De manera respetuosa les solicitamos que en esta semana puedan darse un poco de tiempo para que nos atiendan en sus oficinas.
Atentamente,
COMISARIO EJIDAL CARRIZALILLO
Imagen: FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM