Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha para frenar el proyecto de la presa Milpillas- A 20 de junio del 2024
Desde hace más de 7 años el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, Movimiento integrado por ejidos y comunidades de los municipios de Sombrerete y Jiménez del Teul, hemos estado defendiendo nuestro río Atenco en contra del proyecto de la presa Milpillas porque atenta contra nuestra forma de vida. Desde el inicio hemos demostrado, en conjunto con organizaciones hermanas, académicos y académicas, que el proyecto de contrucción de la presa Milpillas es inviable y no resolverá la crisis hídrica del estado de Zacatecas.
Durante el pasado periodo electoral 2024, candidatas y candidatos a la gobernatura del estado, a las diputaciones, senadurías y presidencias municipales de la región, tomaron el asunto de la presa Milpillas para hacer campaña electoral y pronunciarse a favor o en contra de dicho proyecto. Quienes lo hicieron a favor del proyecto, mostraron que la participación y decisión ciudadana no es su interés. Durante sus campañas les exigimos que respeten nuestra postura y, en caso de ganar, no se vuelvan promoventes y no impongan un proyecto que no queremos y que además es inviable. A quienes se manifestaron a favor de la decisión de los pueblos, en contra del proyecto de la presa Milpillas, les hacemos un atento llamado para iniciar su compromiso manifiesto de no respaldar el proyecto en nuestros ejidos y comunidades. Nuestra petición es respetuosa pero firme, y les requerimos y exigimos cumplir con su palabra.
Ahora que terminaron las elecciones, exhortamos a Daniel Cisneros Esparza, presidente municipal electo de Jiménez del Teul y a Ramiro Hinojosa Aguayo, presidente municipal electo de Sombrerete a cumplir con el compromiso que hicieron con el pueblo y no apoyen el Proyecto Hídrico Milpillas, ni de la presa San Andrés (o cómo le nombren). Además, les solicitamos cumplir su compromiso y empezar a convocarnos para iniciar el proceso para que, en cuanto tomen el cargo, nos llamen como población a la asamblea de cabildo abierta en la cual establezcan la Declaratoria de Municipios Libres de Megaproyectos. Anexamos las cartas compromiso que hicieron con nosotras y nosotros, los ahora presidentes, en Atotonilco, El Potrero y Estancia de Guadalupe.
Durante estos años demostramos que no cedemos nuestros derechos a placeres desarrollistas, demostramos también que seguiremos luchando por acabar con la impunidad de quienes violentan la justicia con tal de beneficiarse de un proyecto que no tiene sustento social, ambiental y técnico y que, en consecuencia, perjudicaría a toda la región. Nuestra lucha ha sido transexenal y nosotras y nosotros vamos a seguir defendiendo nuestro río, nuestro territorio.
Desde nuestros ejidos, ranchos y comunidades de Jiménez del Teul y Sombrerete en Zacatecas, enviamos un saludo combativo a todos los pueblos que como nosotras y nosotros luchan por la vida día con día.
¡No a la presa Milpillas, sí a la vida!
A t e n t a m e n t e,
Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco
Les compartimos la siguiente invitación de Stay Grounded y la Red Permanecer en la Tierra (la red regional de Latinoamérica y el Caribe -LAC) a su webinario:
Construcción de alternativas para Permanecer en la Tierra, desde Latinoamérica y el Caribe
27 de junio de 2024 a las 10:00 hrs CST (Ciudad de México)
Quinta y última sesión de la Jornada de Reflexión sobre la Aviación y la Expansión Aeroportuaria, un espacio de diálogo, análisis y construcción de alternativas ante los impactos de la industria del transporte aéreo.
Contaremos con las ponencias de representantes del pueblo autónomo de Santa María de Ostula (México), del Proceso de Articulación de la Sierra de Santa Marta (México) y Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (Brasil).
Compartimos este artículo de nuestras compañeras y compañeros de lucha en Ecuador Acción Ecológica sobre el monocultivo de palma de aceite en aquel país – A Mayo 2024
LA MESA DE PALMA SUSTENTABLE (RSPO) LEGITIMA A LAS EMPRESAS DEPREDADORAS
En Ecuador actualmente existen 270 mil hectáreas de palma aceitera sembradas. Esta cifra ha fluctuado a lo largo de los años, viéndose afectada especialmente por la pudrición del cogollo. Por otra parte, sólo cuatro grupos empresariales cuentan con la certificación RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil): Organic Supply S.A, Industrial Danec S.A, Natural Habitats Americans B.V. y el Holding La Fabril S.A.
Este último agrupa a la empresa Energy & Palma, que ha sido denunciada en los últimos años por comunidades del norte de Esmeraldas, donde posee 11 mil hectáreas de plantaciones. Las acusaciones versan sobre contaminación de fuentes de agua, violación de derechos laborales y despojo de territorios comunitarios. Incluso, Energy & Palma ha judicializado a defensores de la Comuna Barranquilla de San Javier con una demanda civil por 350 mil dólares, aduciendo supuestos daños y perjuicios.
El Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, conjuntamente con siete mecanismos especiales, emitió un comunicado conjunto sobre este caso, dirigido a Ecuador, Estados Unidos, Suiza, Nestlé, PepsiCo, La Fabril y a la RSPO manifestando su preocupación por un aparente uso abusivo del sistema penal en contra de defensores de derechos. A pesar de haber recibido este comunicado de manera directa, la Mesa de Palma Sustentable (RSPO) simplemente no respondió a dicho comunicado y continuó certificando a Energy & Palm/La Fabril (https:// spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27475).
Según los principios y criterios de la RSPO, mantener querellas legales contra comuneros o sobre tierras sembradas de palma constituiría un impedimento para otorgar la certificación. Por tanto, estos hechos deberían haber imposibilitado que La Fabril renovara su certificación, a pesar de la queja formal presentada por la comunidad y el comunicado de la ONU. Sin embargo, la recertificación se realizó de manera expedita, en medio de cuestionamientos y preguntas sin respuesta.
El sistema RSPO merece varias observaciones. Si bien afirma garantizar la producción de palma aceitera sustentable que proteja el ambiente, los derechos colectivos de las comunidades y el trabajo rural, fomentando la sostenibilidad y evitando daños, en la práctica esto no se cumple. En realidad, facilita el acceso de grandes empresas al exigente mercado europeo.
Su sitio web, única vía de ingreso para quejas comunitarias, está en inglés y requiere completar un complejo formulario con implicaciones legales, dificultando el acceso a comunidades rurales que carecen de recursos como electricidad, internet y dominio del idioma. Pareciera un sistema diseñado para favorecer a empresas con el respaldo de grandes ONG conservacionistas.
Superando estas adversidades, la Comuna Barranquilla logró presentar su queja en mayo de 2023. Durante este proceso, Energy & Palma continuó su certificación, recibiendo la visita de la auditora brasileña IBD, que se reunió sólo con personas afines a la empresa, excluyendo a la comuna y al sindicato de trabajadores. Incluso, la RSPO negó que tal visita estuviera programada.
Ante las denuncias, los auditores de IBD se vieron forzados a regresar al territorio y recopilar testimonios. Igualmente visitaron los lugares donde la planta procesadora de aceite descarga agua pestilente y turbia directo al río, pero sin tomar muestras de los lugares supuestamente contaminados para análisis de laboratorio. Se acordó con los auditores que compartirían el informe con la comuna. No lo hicieron, pero emitieron la certificación favorable a Energy & Palma sin mayor trámite.
Cabe señalar que en el 2020, a raíz de una queja previa de la Comuna, el Ministerio del Ambiente ecuatoriano visitó la zona, recorrió las instalaciones de la empresa, tomó muestras de agua, pero nunca informó sobre los resultados de esos exámenes.
Esto evidencia no sólo la falta de metodología científica por parte de los auditores de la RSPO, sino también los antecedentes de opacidad de las autoridades ambientales al no transparentar los análisis realizados en la zona, con anterioridad, ante denuncias de contaminación.
Por otro lado, la queja formal de la comuna ante la RSPO sólo ha avanzado un 12%. Contrasta la celeridad en otorgar certificados versus el excesivo tiempo para resolver denuncias comunitarias. La falta de metodología científica, el inadecuado procesamiento de testimonios y la aparente política de ignorar cualquier denuncia evidencian un sistema que pareciera priorizar los intereses empresariales.
Actualmente, el Holding La Fabril ostenta la certificación RSPO, vigente hasta 2030, lo que genera inquietudes sobre la imparcialidad y real funcionalidad de este mecanismo: ¿abrir mercados o garantizar sustentabilidad?.
Compartimos esta petición de solidaridad con Amigos de la Tierra Estados Unidos para apoyar la iniciativa de ley : Ley TREES de Nueva York para proteger los bosque tropicales – A 3 de junio de 2024
Haciendo un llamamiento tanto a particulares como a organizaciones de las regiones selváticas y los países tropicales: Por favor, firma esta carta de solidaridad para apoyar una importante ley en Nueva York, EE.UU., que ayudará a proteger los bosques tropicales y a sus defensores, llamada New York TREES Act.
Fecha límite para firmar: Martes 18 de junio
Nuestro objetivo es reunir al menos 100 firmas a tiempo para entregar la carta antes del Día Mundial de los Bosques Tropicales, el 22 de junio.
¿QUÉ ES?
La Ley TREES de Nueva York es un texto legislativo diseñado para garantizar que el estado de Nueva York -la décima economía más grande del mundo- utilice su poder adquisitivo gubernamental para 1) prohibir el uso estatal de madera de frondosas tropicales, 2) exigir a todos los contratistas del Estado que lleven a cabo la diligencia debida en la cadena de suministro y verifiquen que los productos que venden a Nueva York no están impulsando la deforestación tropical o abusos asociados de los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas (incluido el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado), y 3) proporcionar apoyo financiero a las empresas de Nueva York para que cumplan con los más altos estándares de sostenibilidad de la cadena de suministro.
La Ley TREES ha ganado en la asamblea legislativa del estado de Nueva York y ahora solo falta que el Gobernador del estado la convierta en ley. La Gobernadora de Nueva York se reunió recientemente con el Papa Francisco, donde declaró que «Nueva York es un imán para los migrantes de lugares como África Occidental y Sudamérica que huyen de sus hogares debido a los desastres ambientales, y necesitamos políticas para hacer frente a este problema a nivel mundial.»
¿POR QUÉ FIRMAR ESTA CARTA?
Aprovechamos esta oportunidad para decirle a la Gobernadora que una de las cosas que puede hacer para ayudar a proteger los países de origen de las personas es firmar la Ley de los ÁRBOLES. Esta carta es una forma de que la Gobernadora Hochul escuche directamente a aquellos cuyas vidas y medios de subsistencia están en juego, y a las organizaciones de estas regiones que luchan por detener la deforestación.
En la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo, municipio de Juchitán en el Istmo de Tehuantepec, pobladores reclaman por las afectaciones ambientales que van dejando a su paso las obras de rehabilitación de la Línea K, una de las tres vías de transporte que integran el proyecto del Corredor Interoceánico, las cuales también conectarán a otros megaproyectos como el Tren Maya, en la Península de Yucatán y la refinería en Dos Bocas, Tabasco.
De gran relevancia para el transporte de mercancías, las vías férreas erigidas desde inicios del siglo XX y cuyo trayecto fue interrumpido en 2005 por los daños del huracán Stan, actualmente son rehabilitadas por el organismo Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), perteneciente a la Secretaría de Marina (Semar).
Los trabajos de la Línea K corren a cargo, desde febrero del 2023, de la empresa Grupo Ferrocarrilero del Sureste (GFS), encargada de las obras a lo largo de 472 kilómetros de vías que conectan Ixtepec, en el Istmo oaxaqueño, a Ciudad Hidalgo, en Chiapas.
Mapa elaborado por colectivo GeoComunes.
Pobladores de Unión Hidalgo perciben estas obras como una reconstrucción de gran magnitud pues implican la sustitución de todos los materiales que componen las vías, así como de locomotoras, estaciones y otras instalaciones asociadas.
En conversación con Avispa Mídia, Édgar Martín, defensor de derechos humanos en asuntos ambientales y habitante de la comunidad binizaá, relata que los trabajos incluso proponen la edificación de destacamentos militares a cargo de la Secretaría de Marina, cuyos detalles apenas retoman a cuentagotas pues las autoridades no han informado a la población local.
Por esta situación, Martín cuenta que integrantes de la comunidad han solicitado información para conocer los alcances y posibles afectaciones de las obras, sobre todo, los detalles de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), documento indispensable para autorizar los permisos ambientales y dar luz verde a las obras. El defensor recuerda que, en primera instancia, recurrieron al CIIT, pero nunca recibieron respuesta.
Por su parte, Óscar Marín, comunero y representante de bienes comunales de Unión Hidalgo, detalla que fue durante una reunión, a principios del 2024 con mandos de la Semar, que los militares se negaron a compartir la MIA y argumentaron que la solicitud debía ser dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Los pobladores así lo hicieron. Martín describe que fue una sorpresa la respuesta de las autoridades ambientales pues argumentaron que exentaron a la Semar de presentar la MIA. Para el defensor esta situación es alarmante debido a que este ramal es la línea más larga del Corredor y se extiende sobre una llanura costera, donde existe la amenaza de afectación a ecosistemas como manglares, esteros y ríos.
Respuesta de la Semarnat a la petición de la MIA por parte de la comunidad zapoteca de Unión Hidalgo.
“Descubrimos que no existe la MIA, algo ilegal, porque la única excepción posible es cuando hubo una manifestación de impacto ambiental previa, en este caso no lo hay. Legalmente no era posible que se exentara”, reclama el defensor.
El gobierno mexicano ha anunciado que se pretende terminar los trabajos en junio próximo, para con ello realizar pruebas en agosto y poder cumplir con la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien planea inaugurar la primera fase de las obras con una visita al Istmo durante septiembre, a menos de un mes de finalizar su cargo.
Afectaciones
El paso de la Línea K por la comunidad de Unión Hidalgo atraviesa a lo largo 26 kilómetros por tierras comunales. Según Edgar Martín esto representa el 6% del total de las vías férreas en una sola población donde los impactos pueden afectar a cuerpos de agua, que en su caso albergan dos esteros, un río y más de 20 arroyos.
Además de que no existen estudios sobre las afectaciones y las acciones para remediarlas, para el comunero Óscar Marín, las labores cotidianas como la soldadura para los puentes está dejando una cantidad de residuos de metales, aceite usado y otros desechos los cuales, asegura, la Semar se niega a sanear tras la conclusión de sus labores.
El comunero resalta también los impactos de deforestación con las labores de la Semar y GFS. “Desde el principio de las obras arrasaron con todos los arbolitos alrededor del derecho de vía”, relata.
Edgar Martín complementa que, de acuerdo al registro de la comunidad, contabilizan más de 10 mil árboles talados y resalta que, fue en enero del 2024, cuando habitantes de Unión Hidalgo se percataron del retiro de cientos de árboles en el Bosque Comunal El Palmar -tierras de uso común de gran importancia para la comunidad indígena-, lo que provocó su indignación y los llevó a bloquear el campamento de trabajadores para detener la deforestación masiva.
Defensores ambientales bloquean el paso de trabajadores que rehabilitan la Línea K debido a la tala indiscriminada en tierras comunales de Unión Hidalgo.
Debido a la protesta es que, en abril, la Semar se comprometió a gestionar ante la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural de Oaxaca para la producción y reforestación con 16 mil árboles. Mediante un oficio, la Semar solicita la intervención de la autoridad estatal para “mitigar el impacto ambiental por la renovación de la Línea K en la comunidad Unión Hidalgo”. Los pobladores aún esperan la finalización de los trabajos para concretar la reforestación con especies nativas.
Aunado a la deforestación, para el defensor Martín las mayores afectaciones ocurrieron en los cerros al sur de la comunidad. Esto debido a que la insuficiencia de materiales pétreos para cambiar la totalidad del terraplén llevó a la Semar a extraer material pétreo del banco “El Barrancón”, el cual estaba dañando sitios dentro de las tierras comunales de la comunidad zapoteca.
Habitantes de Unión Hidalgo realizan recorridos territoriales para vigilar que la Semar no explote un banco de materiales pétreos que operaba irregularmente. Fotos: Diana Manzo.
“Hubo un momento en que estaban operando con 400 volteos (transportes de carga) de doble capacidad. Estaban atacando dos cerros al mismo tiempo y eso era un impacto de imposible reparación”, sostiene.Ante ello, en octubre del 2023, después de descubrir que las autorizaciones en materia de impacto ambiental del banco no estaban vigentes, habitantes denunciaron la extracción ilegal de material para las obras.
Tras los reclamos de la población binizaá fue que la Semar y el CIIT convocaron a una reunión para entablar diálogo y contener la protesta, pero al no llegar a ningún acuerdo fue en febrero del 2024 cuando el defensor Martín recurrió a una demanda de amparo.
El recurso legal solicitó la suspensión de las obras de la Línea K, pues argumenta que la exención de autorización en materia de impacto ambiental de la Semarnat al CIIT, en Unión Hidalgo, viola los derechos para un ambiente sano, así como al de la consulta previa a la comunidad indígena para autorizar las obras. En el mismo amparo se reclama a la Semar por la deforestación y daños al ecosistema, así como “el saqueo y la explotación del Banco Pétreo ‘El Barrancón’, ambos sin contar con los permisos en materia ambiental que requiere la ley”.
El pasado 5 de marzo, el Juzgado Séptimo de Distrito en Oaxaca reconoció la operación irregular del banco de materiales. Pero en lo que respecta a la suspensión de las obras de la Línea K, fue rechazada por la juez Miriam Fabiola Núñez Castillo, quien sostuvo que, por encima del perjuicio a la población indígena se encuentra el interés de la sociedad en general e hizo referencia al decreto presidencial de mayo del 2023 que cataloga como seguridad nacional y de interés público la construcción y operación del Tren Maya, así como del CIIT.
“Al autorizar actos de diseño, planeación, implementación, construcción y operación del proyecto denominado ‘Línea K del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec’, entre otras cosas, va unir a Chiapas con Oaxaca a través de 472 kilómetros de vías férreas fortaleciendo la actividad industrial y una alternativa moderna y eficiente para el comercio nacional e internacional”, sostiene la resolución enfatizando la relevancia del megaproyecto para el gobierno federal.
Pese a que la suspensión de la extracción de materiales pétreos detuvo algunos días las obras de la Línea K, para Edgar Martín la devastación aún acecha a su comunidad debido a que existe una “usurpación de facto” en la superficie que la Semar ha intervenido pues, originalmente, el derecho de vía contempla el uso de 15 metros de ambos lados, tomando el centro de la línea férrea como referencia. No obstante, alega que autoridades de la Semar contemplan el uso de 50 metros, “y en la práctica, en un recorrido territorial, vemos que son entre 50 o 100 metros”, denuncia el defensor sobre la continuación de las irregularidades en los trabajos.
Esto lo confirma el comunero Marín, quien alude que las obras no están respetando el uso del derecho de vía pues los trabajadores continúan ocupando tierras fuera de los límites establecidos.
Persecución y militarización
El defensor Edgar Martín se encuentra incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), debido a que en el año 2022 fue víctima de un atentado con arma de fuego durante la resistencia contra la trasnacional Eléctricité de France (EDF), la cual pretendía instalar un parque eólico en tierras comunales de Unión Hidalgo.
Escombros arrojados en las inmediaciones de la vivienda del defensor ambiental Édgar Martín. Foto: Istmopress
El defensor resalta también que, durante el bloqueo de abril contra la deforestación en el bosque comunal de Unión Hidalgo, elementos de la Policía Municipal agredieron a los habitantes que se manifestaban pacíficamente. Ante estas situaciones, destaca que, a diferencia de la época en la lucha contra el parque eólico, elementos de seguridad mantenían comunicación y vigilancia para su protección, cosa que ya no sucede.
“Cuando me puse contra el gobierno federal dejaron de venir a mi casa y dejaron de hablarme, entonces me dejaron al descubierto”, señala ante el riesgo de protestar por las obras actuales del megaproyecto del Corredor Interoceánico.
En ese contexto, para el defensor también es preocupante la intención de las autoridades federales, en coadyuvancia con la municipalidad de Juchitán, para instalar destacamentos de la Semar en la región. Esto en referencia que, en octubre del 2023, el alcalde Miguel Sánchez Altamirano entregó un acta de donación de un predio, ubicado en Pozo Peralta, a menos de 20 kilómetros de Unión Hidalgo, para la construcción de un destacamento de la Semar.
En un evento con la presencia del Vicealmirante, Juan Carlos Vera Minjares, jefe de la Unidad Coordinadora Semar CIIT, el edil afirmó que las instalaciones militares serán “para brindar seguridad a la Línea K del tren del Istmo de Tehuantepec y contribuir a la salvaguarda de las y los juchitecos”.
Presidente municipal de Juchitán durante la entrega del predio a la Semar para la instalación de un destacamento militar en la región.
Un informe de labores de la Semar publicado un mes antes, en septiembre del 2023, enlista como obras en proceso a las Estaciones Navales en Ixtepec, así como Destacamentos militares en Matías Romero y Tehuantepec.
En cuanto al armamento de los marinos, el informe asegura que provee a las unidades de infantería y establecimientos navales comisionados al CIIT, y en particular a la Línea K, de equipo como drones, videocámaras, trajes de seguridad antimotín, placas balísticas, paneles balísticos y cascos balísticos.
Para diciembre del 2023, durante conferencia de prensa de la presidencia, el Vicealmirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, director general del CIIT, aseguró que contabilizan 3 mil elementos de la Semar para vigilar el megaproyecto. Además, reportó el avance en la construcción de las instalaciones en Oaxaca y Veracruz, asegurando que “vamos a establecer estaciones navales en todo el corredor”.
“No puedes construir instalaciones militares en un territorio indígena tan fácilmente”, reclama Martín, quien defiende que en el caso de que se pretenda establecer cuarteles en tierras de Unión Hidalgo, primero tendría que pasar por la aprobación de sus habitantes.
Compartimos esta petición de Salva la selva sobre el uso de agroquimicos en monocultivos- A mayo 2024
Las comunidades campesinas del estado de Maranhão, nordeste de Brasil, sufren ataques de parte de los productores de soja que rocían veneno con aviones y drones sobre sus cuerpos y cultivos familiares. Los gobiernos de Maranhão y Brasil, no hacen ningún esfuerzo significativo para supervisar o prohibir esta práctica.
En el este del estado amazónico de Maranhão se expande el agronegocio para la exportación. Desde hace al menos tres años, hacendados del municipio de Timbiras utilizan el veneno de sus monocultivos como arma química para expulsar a los pequeños campesinos de sus territorios.
Desde aviones y drones vertieron en enero, febrero y marzo, pesticidas que están destruyendo toda la producción de maíz, mandioca, legumbres, verduras y frutas de las comunidades. Los peces no sobreviven a la contaminación de los ríos.
Los miembros de 50 familias campesinas afectadas se encuentran mal de salud por el envenenamiento. Mujeres, hombres, personas mayores y niños sufren llagas en la piel, dolores de cabeza, vómitos, mareos, dificultad respiratoria, tos y otros síntomas de envenenamiento. No tienen acceso a la sanidad pública. No hay hospitales en sus comunidades y en la ciudad, el personal médico les diagnostica sarna o infecciones víricas.
En 2024, los ataques empeoraron. Una lluvia de veneno en marzo acabó con toda la producción de alimentos campesinos y contaminó aún más las fuentes de agua. La inseguridad alimentaria provocada por los hacendados podría llevar a las familias, a corto plazo, a un escenario de hambre y sed.
En Brasil, sólo Ceará, uno de los 26 estados del país, cuenta con una ley que prohíbe la fumigación aérea. En la Unión Europea, esta práctica está prohibida desde 2009 debido a los graves y demostrados riesgos para la salud humana y el medio ambiente.
La región de Maranhão donde suceden las fumigaciones está envenenada. En 2023, la Campaña Nacional en Defensa del Cerrado y la Fundación Oswaldo Cruz sacaron un dossier que confirma, con análisis de laboratorio, la contaminación de las aguas de las comunidades por el veneno lanzado por los sojeros.
En abril de este año, el Consejo de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Maranhão (CEDDH) realizó una inspección in situ de las comunidades atacadas y constató en un informe la grave situación.
Digámosle al gobierno de Maranhão y al gobierno de Brasil que prohíban urgentemente la fumigación aérea con veneno.Más información Carta
Diario Oficial de la Unión Europea, 2009. DIRECTIVA 2009/128/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 21 de octubre de 2009 por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32009L0128
Colectivos, pueblos indígenas y organizaciones sociales se reunieron el pasado sábado (18) en la Casa de los Pueblos “Samir Flores Soberanes”, en la Ciudad de México, para llevar a cabo el foro “En medio de la farsa electoral, la guerra capitalista contra los pueblos”.
Las y los presentes compartieron análisis y reflexiones en torno a la violencia y represión que se vive en México, enfatizando que, con la denominada “Cuarta Transformación” (popularmente conocida como 4T), la militarización incrementó contra las comunidades indígenas, especialmente en territorios zapatistas en Chiapas.
“Grupos paramilitares y el crimen organizado operan con toda impunidad como garantes de la imposición no solo de megaproyectos de muerte como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico y el Proyecto Integral Morelos; están al servicio del Estado y el gran capital para llevar a cabo el despojo del territorio, la Madre Tierra y la vida”, aseveraron mediante comunicado firmado por la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.
En medio del contexto electoral, las y los particpantes del foro sostuvieron que, el próximo 2 de junio, no está en disputa la democracia, sino el poder económico y político “que busca sostenerse con la militarización, con la impunidad, y con la acumulación de riqueza en las manos un@s cuant@s al servicio de las grandes transnacionales”.
“Las crisis en múltiples niveles del capitalismo y la devastación de la naturaleza están provocando fenómenos nuevos, que no habíamos observado o que no se observaban de manera tan aguda. Nuestro país, nos digan lo que nos digan, de un modo cada vez más creciente está siendo dominado, está siendo controlado por cárteles criminales que, de manera relativamente nueva, están poniendo sus miras en los territorios donde existe mayor concentración de riqueza natural y de agua”, enfatizó Carlos González García, integrante del Congreso Nacional Indígena.
Foto: Ké Huelga Radio
Por ello, la Asamblea sostuvo que el plan de la 4T es sostener una guerra capitalista contra los pueblos y comunidades indígenas y para denunciarlo, destacaron las agresiones armadas contra comunidades autónomas zapatistas; la intimidación policial contra la comunidad otomí y Diego García, quienes mantienen la toma de la Casa de los Pueblos; así como la violencia contra Pueblos Unidos de la región choluteca, quienes resisten a la operación irregular de un basurero; casos de presos políticos; el encubirmiento militar en el caso Ayotzinapa, entre muchos otros.
Ante las agresiones, miembros de la comunidad Otomí de Santiago Mexquititlán pidieron no parar con la difusión de los casos, “de hacer acciones directas para seguir denunciando, visibilizando y arrancándole (al Estado) lo poquito de justicia que podemos seguir recuperando desde nuestras fuerzas como comunidades organizadas”.
Agresiones contra zapatistas
Durante el foro se denunció el incremento de las agresiones armadas contra las comunidades autónomas zapatistas, especialmente las realizadas por la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), quienes durante años han atacado impunemente a las Bases de Apoyo del EZLN (BAEZLN), provocando desplazamientos forzados, tortura, desapariciones e intentos de homicidio.
En lo que va del 2024, fueron desplazadas 28 personas BAEZLN de la comunidad La Resistencia. En enero, cuando se registraron las agresiones también fueron destruidas la Escuela Primaria Autónoma, 15 casas y siembras; además robaron una tienda y otros bienes de la comunidad.
Habitantes de las comunidades de Nuevo San Gregorio han reportado el incremento de las agresiones armadas contra su comunidad autónoma.
En el poblado autónomo de Emiliano Zapata quemaron un potrero de las bases de apoyo. Para febrero, integrantes de la ORCAO atacaron la comunidad autónoma zapatista de Moisés y Gandhi, donde registraron más de 100 disparos con arma de fuego de alto calibre.
Ante el incremento de la violencia, denunciaron la agresión armada, ocurrida en mayo del 2023 contra el integrante base de la base de apoyo Jorge López Sántiz, que puso en grave riesgo su vida. También mencionaron el caso del indígena chol, BAEZLN, José Díaz Gómez, quien desde el 25 de noviembre del 2022 es rehén del gobierno de Chiapas, pues se encuentra encarcelado acusado por robo con violencia, “como represalia por su adherencia política zapatista”.
La Asamblea sostiene que, programas sociales como Sembrando Vida, han empoderado a grupos criminales, exacerbando la violencia y el despojo de tierras colectivas. “La guerra integral de desgaste contra la autonomía zapatista, empezada desde hace décadas por los diferentes partidos políticos, ha sido intensificada durante este gobierno de la cuarta simulación”, señalan.
Guerra
De acuerdo a las y los participantes del foro, a través del territorio mexicano existen otros ejemplos de violencia contra los pueblos organizados, como es el caso del hostigamiento a la Comunidad Otomí en CDMX, quienes desde el año 2020 tomaron el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en demanda de vivienda justa y por ello han sido objeto de violentos intentos de desalojo, así como de criminalización.
La Asamblea denuncia la complicidad del director del INPI, Adelfo Regino Montes, y del gobierno de la CDMX en estos ataques.
En Puebla, en la región Choluteca, diversos pueblos resisten desde el pasado 21 de marzo contra la operación de un relleno sanitario, de la empresa ProFaj Hidro Limpieza, mediante protestas y un campamento, pero indican que han recibido represión estatal.
“El gobierno envió un operativo con más de 500 policías y grupos de choque para forzar la entrada de camiones recolectores de basura, policías estatales y municipales dispararon en contra de los habitantes que resisten en las barricadas para impedir la entrada de dichos camiones, y tras muchas horas de represión dirigida hacia el plantón y barricadas, las unidades de policía y guardia nacional, así como los camiones de basura se retiraron”, sostienen mediante comunicado.
Protestas de Pueblos Unidos para exigir la clausura de las operaciones irregulares del relleno sanitario en la Región Choluteca.
La Asamblea denuncia la criminalización de los defensores del territorio, como Miguel López Vega, primer preso político de la 4T y Alejandro Torres Chocolatl, ambos defensores del río Metlapanapa.
Destaca también el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A punto de cumplirse una década y, a pesar de numerosas investigaciones que apuntan como actor clave la participación del ejército mexicano en el crimen, el gobierno continúa negándose a entregar documentos, en posesión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que podrían dar pistas para dar con el paradero de los estudiantes.
La Asamblea resalta que, en el cierre del sexenio de López Obrador la cifra de desaparecidos alcanza la cifra de 116 mil personas, en cuya mayoría de los casos no existen avances en la búsqueda por parte de las autoridades, sino que son las madres y familiares buscadores quienes realizan las investigaciones.
Pese a la negativa del ejército para entregar información y los intentos de división de las autoridades, los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa continúan la lucha.
“Las madres y familiares están en constante riesgo de ataques por grupos criminales, policía, ejército alentados por el desdén con que el ejecutivo federal se refiere a ellas. Andrés Manuel López Obrador termina su sexenio manchado de la sangre de 7 madres buscadoras que fueron asesinadas por buscar a sus hijos”, acusan.
Las y los participantes del foro también exigieron justicia para las víctimas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, ocurrido en marzo de 2023 y donde murieron 40 migrantes. Ante ello, denunciaron la violencia sistemática contra las personas en movilidad, pues solo en 2023, durante su paso por México fueron detenidos 782 mil 176 migrantes, un récord histórico de personas que muchas veces son víctimas de funcionarios del Instituto Nacional de Migración, quienes los extorsionan o entregan a grupos del crimen organizado.
Los periodistas y defensores de derechos humanos también fueron mencionados por las agresiones en su contra. México se ha consolidado como uno de los países más peligrosos para el periodismo, con 56 periodistas asesinados en el último sexenio, que han ocurrido en medio de la legitimación de la violencia desde la presidencia contra quienes muestran una postura crítica hacia el gobierno y sus nexos criminales.
Por último, reconocieron la lucha de las y los presos políticos con casos como los defensores del territorio de San Juan Cancuc, Saúl Rosales Meléndez, los presos de Eloxochitlán, así como el caso de criminalización contra Karla y Magda de la Okupa Cuba.
Imagen: En portada: Participantes de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida durante protesta en Santiago Mexquititlán, Querétaro. Febrero, 2023. Foto: Santiago Navarro F
Les compartimos la siguiente invitación de Stay Grounded y la Red Permanecer en la Tierra (la red regional de Latinoamérica y el Caribe -LAC) a su webinario:
Tren Maya y Corredor Interoceánico: El reordenamiento territorial del sur-sureste de México y Centroamérica
30 de mayo de 2024 a las 10:00 hrs CST (Ciudad de México)
Cuarta sesión de la Jornada de Reflexión sobre la Aviación y la Expansión Aeroportuaria, un espacio de diálogo, análisis y construcción de alternativas ante los impactos de la industria del transporte aéreo.
Te pedimos para difundir/compartir la jornada en las redes sociales: Facebook / Twitter
Invitamos también a la última sesión de las Jornadas de Reflexión: 5. Construcción de alternativas para permanecer en la tierra desde Latinoamérica y el Caribe
Domingo, 5/05 – 18 horas Brasília, 15 horas en México
DIÁLOGOS EM MOVIMIENTO
Ríos Mayas: integración cultural México/Guatemala
El territorio fronterizo entre México y Guatemala se caracteriza históricamente por un alto intercambio cultural y comercial, pero también por múltiples conflictos y situaciones violentas.
¿Cual es el simbolismo de los Ríos Mayas para las comunidades, las culturas y las artes? A partir de la preservacion de los ríos y desde de la construcción de alternativas comunitárias, algunas organizaciones han desarrollado propuestas para la agroforestería, agroecología, baños secos, bioconstrucción, captación de agua de lluvia, biofiltros, tecnologías apropiadas, acciones de soberanía alimentaria, turismo solidario y economía comunitaria etc, cómo forma de contribuir para crear un territorio más pacífico y sustentable.
Invitados: Marco von Borstel. Activista, escritor, comunicólogo y educador popular mexicano, y Francisco Rocael (Chico), dirigente del Consejo de Pueblo Maya, desde Guatemala
Mediación: Dennise Gálvez (Bolívia) e Paulo Santos (Brasil).
Compartimos este comunicado con Consejo Cívico de Organizaciones Populares en Indígenas de Honduras COPINH sobre el caso del Fraude del Río Gualcarque – A 29 de abril del 2024
El Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada y Corrupción ha convocado a audiencia de fallo para el viernes 3 de mayo, momento clave en la búsqueda de justicia en el caso del Fraude sobre el Gualcarque.
En marzo del 2023, concluyó la fase del juicio que expuso una red de corrupción que afectó a la comunidad Lenca de Río Blanco y resultaron en el vil asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. Durante el proceso, se presentaron decenas de medios de prueba, entre testimonios, documentos y pericias que demostraron la responsabilidad penal de los seis imputados en delitos graves como fraude, violación de deberes de los funcionarios, falsificación de documentos y usurpación de funciones.
La evidencia presentada reveló como una red criminal entre funcionarios del Estado operaba en favor de la empresa DESA, violando los derechos de la comunidad Lenca de Río Blanco. Estos actos de corrupción, ocurridos entre 2009 y 2012, condujeron ilegalmente a la concesión del Río Gualcarque a la empresa DESA, en fraude al Estado de Honduras y a la comunidad Lenca de Río Blanco.
Este caso presenta una oportunidad para avanzar en la lucha contra la corrupción en Honduras y sentar precedentes judiciales sobre la lucha anticorrupción y por los derechos humanos en el país. No solo se trata de la afectación de los derechos a la tierra y al agua de la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, sino también de la estrecha relación entre la denuncia pública de la corrupción y el asesinato en 2016 de nuestra compañera Berta Cáceres.
Por todo lo anterior el COPINH demanda:
Que el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada y Corrupción, integrado por Karla María Arita, Nilser Jasmin Ramirez Carvajal y Fernando Gabriel Morazán, cumpla con su deber y emita un fallo coherente con las pruebas y que sancione enérgicamente los actos corruptos de Roberto David Castillo Mejía, Roberto Martínez Lozano, Carolina Castillo Argueta, Raúl Pineda Pineda, Luis Espinoza Mejía y José Carbajal Flores en el otorgamiento ilegal de la concesión sobre el Río Gualcarque.
Que la fiscalía especial UFERCO continúe la investigación y enjuiciamiento de todas las personas involucradas en los delitos de corrupción en favor de la empresa de la familia Atala Zablah y que llevaron al asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres.
Es momento de que la justicia hondureña cumpla con su deber de garantizar una justicia integral y así avanzar hacia la construcción de una sociedad basada en el respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos humanos.
Dado en La Esperanza, Intibucá a los 29 días del mes de abril de 2024.
“Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz ”
Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 17 de abril del 2024
Luchar por el territorio es luchar por la vida, la vida de nosotras y nosotros, pero también la vida de los animales, de las plantas, de todo lo que vive aquí. EL Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, integrante de la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA) queremos lanzar un mensaje claro: Seguimos en pie de lucha, son 7 años defendiendo nuestro río Atenco y son 7 años demostrando que la unión hace la fuerza, es por eso que rechazamos el respaldo del Frente Popular de Lucha en Zacatecas (FPLZ) a la reactivación de la presa Milpillas, después de que la candidata a la presidencia de México Claudia Sheinbaum, en su pasada visita a Zacatecas, el 4 de abril, dijera que va a reactivar el proyecto.
Exigimos y exhortamos a organizaciones de la sociedad civil, que tienen intereses político electorales en Zacatecas a que dejen de usurpar nuestra lucha y nuestra voz, nosotras y nosotros miembros del Movimiento no apoyamos a ningún partido político y hemos demostrado con tantos años que luchamos por la justicia ante un proyecto que a todas luces fue un elefante blanco que sirvió para que unos cuantos se beneficiaran, un proyecto que no tiene sustento técnico para su realización. Nuestra lucha ha sido transexenal, sin importar quién esté en el poder, nosotras y nosotros vamos a seguir defendiendo nuestro río, nuestro territorio.
¿Por qué insisten en poner nuestra vida en riesgo? Sabemos que existen otras alternativas antes de poner en riesgo a nuestra región, como tecnificar el campo y dar mantenimiento al alcantarillado de la zona centro. También, – sabemos que la Manifestación de Impacto Ambiental para la presa Milpillas tiene inconsistencias graves como sostener que la permitirá que los acuíferos de la zona centro se recuperen ante la sobreexplotación, pero resulta ser falso porque no se presentan datos que respalden dicha afirmación como lo han investigado académicos y académicas de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la UAZ y de la Universidad Autónoma Metropolitana[1]
El proyecto Milpillas lo quieren imponer como una necesidad que va a acabar con la crisis hídrica, pero es una mentira que no se sostiene en los hechos. ¿Por qué para el estado la presa es la única alternativa? Sería una irresponsabilidad que se lleve a cabo un proyecto con tantas irregularidades técnicas y tan costoso. Además de que no queda clara la forma en que se financiaría el proyecto y, por lo tanto, no hay transparencia, y sin transparencia, se presta para la corrupción.
Desde nuestros ejidos, ranchos y comunidades de Jiménez del Teul y Sombrerete en Zacatecas, enviamos un saludo combativo a todos los pueblos que como nosotras y nosotros luchan por la vida día con día.
¡No a la presa Milpillas, sí a la vida!
A t e n t a m e n t e,
Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco
Les compartimos la siguiente invitación de Stay Grounded y la Red Permanecer en la Tierra (la red regional de Latinoamérica y el Caribe -LAC) a su webinario:
Militarización e infraestructura aeroportuaria: análisis de la geopolítica en Latinoamérica y el Caribe
30 de abril de 2024 a las 10:00 hrs CST (Ciudad de México)
Tercera sesión de la Jornada de Reflexión sobre la Aviación y la Expansión Aeroportuaria, un espacio de diálogo, análisis y construcción de alternativas ante los impactos de la industria del transporte aéreo. Para sumarte al conservatorio, te invitamos a registrarte en el siguiente enlace: https://es.stay-grounded.org/permanecer-en-la-tierra-jornadas-reflexion/
Si ya te has registrado, recibirás el enlace cerca a la fecha del conservatorio Invitamos también a las siguientes Jornadas de Reflexión:
4. Tren Maya y Corredor Interoceánico: El reordenamiento territorial del sur-sureste de México y Centroamérica
5. Construcción de alternativas para permanecer en la tierra desde Latinoamérica y el Caribe
