Ecuador: Apoyo a la resistencia de las comunidades de la parroquia La Merced de Buenos Aires, Imbabura, afectadas por invasión minera australiana

Compartimos esta petición de solidaridad con defensoras y defensores de la vida en Ecuador a través de Salva de Selva- Se puede firmar hasta el 28 de febrero del 2023

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Las comunidades de La Merced de Buenos Aires vienen denunciando las irregularidades y violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza de parte de HANRINE ECUADORIAN EXPLORATION, subsidiaria de la australiana Hancock Prospecting. Exigen su salida del Ecuador, por considerarla ilegal y por vulnerar derechos humanos y de la naturaleza.

Desde las comunidades, pueblos y organizaciones se exhorta a la Corte Constitucional del Ecuador a acoger y priorizar la Acción Extraordinaria de Protección presentada por las comunidades de Buenos Aires.

Como organizaciones abajo firmantes apoyamos dicha solicitud y nos unimos además en la condena del accionar violento del Gobierno de Guillermo Lasso quien abiertamente ha manifestado pretender brindar seguridad jurídica a las empresas mineras, poniendo a su disposición a la fuerza pública como si se tratara de guardias privados de las empresas mineras.

El pueblo ecuatoriano es el mandante, el aparato estatal no puede estar supeditado a los intereses de las transnacionales mineras que incumplen las leyes ecuatorianas y por ende provocan caos, violencia, criminalización, destrucción y muerte.


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26.1.2023

Denuncia pública del Frente Nacional Antiminero y el Observatorio Minero Ambiental, Social del Norte del Ecuador OMASNE junto a Bonaerenses Unidos Protectores del Ecosistema BUPROE

La empresa minera australiana Hancock Prospecting envuelta una vez más en graves violaciones a los derechos humanos y las leyes de Ecuador” 

  La mañana del martes 24 de enero 2023, más de 800 policías y militares ingresaron a la parroquia La Merced de Buenos Aires, en la provincia Imbabura, norte de Ecuador, con la finalidad de que la empresa minera HANRINE ECUADORIAN EXPLORATION, subsidiaria de la australiana Hancock Prospecting pudiera ingresar a la comunidad El Triunfo con trabajadores, plataformas y maquinaria para construir campamentos. Hanrine es concesionaria del proyecto IMBA, que abarca buena parte de la superficie de esta parroquia con tradición agrícola y ganadera, cubierta de bosques y atravesada por ríos importantes para la vida de la comunidad y las poblaciones indígenas vecinas. La intención de Hanrine es comenzar con la exploración inicial de oro y cobre sobre la concesión IMBA 2.

Una presencia militar y policial tan masiva responde al plan de seguridad minera que el presidente Guillermo Lasso pretende ejecutar desde este mes para garantizar a las transnacionales mineras sus intereses. Un proceso de servidumbre minera establecido en la ley minera, le permitiría a la empresa instalarse en una propiedad. Mientras, las demandas de las poblaciones afectadas por las concesiones mineras no son atendidas, lo que  se contradice con lo que dicta la Constitución del Ecuador.

Conflicto minero

En la comunidad, debido al contexto previo de gran conflicto en el que ha estado envuelta la empresa australiana desde su aparición, la consideran ilegal y no grata en el territorio. Durante la mañana del citado día, la comunidad se vio en la urgencia de necesitar impedir que HANRINE se instale sobre sus predios y fincas. La Fuerza Pública hizo uso de gases lacrimógenos y balas de goma en contra de la comunidad, resultando varias personas heridas. Aproximadamente a las 11:00 hs de la mañana, se produjeron tres detenciones de personas entre las que se encontraba un hombre de 71 años con disparidad auditiva y visual. Durante ocho horas no se tuvo conocimiento de su paradero. No hubo cargos ni trasladado a la Unidad de Policía Comunitaria. Quiere esto decir que la detención era ilegal

Aproximadamente a las 15:00 pm, la comunidad informó que, con la ayuda de la fuerza pública, la empresa minera logró imponerse luego de varias horas de enfrentamiento completamente asimétrico. 

Intervención del Defensor del Pueblo

En la tarde, el delegado de la Defensoría del Pueblo de Imbabura arribó hasta el lugar de los hechos para indagar lo ocurrido. Solicitó documentos legales que avalaran las acciones perpetradas por los militares presentes. Estos justificaron su presencia con el argumento de que planificaban construir un campamento militar para combatir la minería ilegal en la zona. Pero su accionar estaba claramente ligado la protección de la empresa HANRINE y a facilitar su instalación en propiedad privada, sin los permisos legales pertinentes. Dos objetivos del operativo se detallaban en un documento que pudo ver el Defensor del Pueblo: la entrega del predio para la construcción de un campamento militar y el inicio de la fase de exploración inicial, a cargo de HANRINE. Dicho documento carecía de firma de un representante militar que avalara la intervención. Es decir era un acta redactada a mano, según pudo verificar el Defensor del Pueblo, declarando a continuación la presencia militar y de la empresa HANRINE como “invasión ilegal”, ordenando por consiguiente su retiro de la zona con todo el cargamento, maquinarias, plataformas y personal.

De esa manera se impidió un nuevo episodio de impunidad y, al menos momentáneamente, volvió la tranquilidad a la parroquia La Merced de Buenos Aires. Los dos comuneros detenidos quedaron en libertad en la noche. El comandante de la Policía se comprometió a vigilar que la empresa minera retire todos sus implementos al día siguiente.

Modus operandi minero en el Ecuador

Este es un ejemplo más de las prácticas ilegales de las transnacionales mineras en el Ecuador, apoyadas y respaldadas por el Estado ecuatoriano. Es un abuso de poder frente a comunidades campesinas que defienden sus derechos, la naturaleza y la vida. 

Exhortamos, por tanto, a la Corte Constitucional del Ecuador a acoger y priorizar la Acción Extraordinaria de Protección demandada por las comunidades de Buenos Aires, Imbabura, Ecuador

Frente Nacional Antiminero del Ecuador

Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador OMASNE

Bonaerenses Unidos Protectores del Ecosistema BUPROE

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Gobierno de México desconoce cantidad de agua utilizada por minería

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la minería y el agua en México – A enero 25 de 2023

PorRenata Bessi

La mayor parte de la actividad minera en México se ubica en zonas áridas y semiáridas, en los estados de Sonora, Zacatecas, Durango, Colima y Guerrero, los mismos que tienen el mayor volumen de agua concesionado.

El dato fue divulgado durante la presentación del Sistema de Información Geográfica, denominada Agua y Minería, herramienta desarrollada por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Existen dos maneras de la industria minera para acceder al agua en territorio mexicano, explicó el director general del IMTA, Adrián Pedrozo Acuña. La primera es por la concesión de título de aguas nacionales, inscrito en la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), administrado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), bajo la clasificación “uso industrial”.

Basado en este registro, en 2020, el volumen concesionado a la industria minera fue de 462.45 millones de m3 al año, donde más de 80% de las extracciones de agua se destina a la producción de cobre, oro y hierro.

El 66% de las concesiones de agua se ubican en acuíferos sin disponibilidad y el 18.96% de las concesiones para la minería metálica están en acuíferos sobreexplotados. 

Sin embargo, existe una segunda manera de la industria minera para acceder al agua. Es el uso de agua asociado directamente al título de la concesión minera, también llamada de uso libre o agua de laboreo. “La industria minera, específicamente la industria minera a cielo abierto, tiene la posibilidad de usar el agua que está libre, que se alumbra en los grandes pozos que se genera en el mismo territorio” de actividad minera, explica Acuña.

Resulta que no existe un control, por parte del gobierno mexicano, del uso del agua por la vía de la concesión minera. “El Estado mexicano no sabe cuánta agua de laboreo es utilizada por la industria minera”, admite el director del IMTA.

El Instituto hizo una estimación del volumen del agua utilizada en 2020 por medio de las concesiones mineras. La aproximación revela que el uso fue casi tres veces más que el agua utilizada por medio de las concesiones de títulos de aguas nacionales: 1,131.58 millones de m3   por año. “Eso nos indica el tamaño del problema”, dijo el Acuña.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores, admitió que la minería a cielo abierto requiere de grandes volúmenes de agua, lo que genera impactos negativos irreparables para las comunidades aledañas y sus ecosistemas. “En las últimas décadas la sobreexplotación de los yacimientos mineros ha contaminado ríos y mantos freáticos y se ha utilizado irracional y irresponsablemente del agua superficial y subterránea”, dijo.

Más agua

Acuña explicó que, en la actualidad, se requiere cada vez de mayores cantidades de agua para separar los minerales del suelo.

“Es cada vez más complicado encontrar minerales en el suelo. Se requiere de muchísima agua, lo que genera muchos más residuos, de manera que las presas de jales (presas formadas por residuos tóxicos del proceso de extracción de minerales) son mas grandes”, explica.

Para tener una idea, en el año 1900, por una tonelada de suelo removido se lograban 20 gramos de oro, y se generaban 999 mil 980 gramos de jales. Hoy, de una tonelada de suelo removido es posible sacar cinco gramos de oro, y se generan 999 mil 995 gramos de jales.

El aumento del volumen de agua y de residuos “genera diferentes crisis”. “Por un lado, la necesidad de tener más agua para los procesos de concentración de minerales y, por otro, (son necesarios) más procesos de tratamiento para que los lixiviados y toda aquella agua residual no contaminen los cuerpos de agua que tenemos”, dijo Acuña.

Para 2050, las dos autoridades ambientales, Albores y Acuña, admiten que los riesgos hídricos asociados a la minería serán inmensos y ocasionarán mayor escasez, contaminación y conflictividad.

Imagen: Extracción de ilmenita en Chiapas. Foto: Santiago Navarro F.

México emite concesiones mineras hasta en áreas protegidas

Compartimos este reportaje especial de Avispa Midia sobre el avance y debastación de la minería en México – A enero 16 de 2023

Por: Santiago Navarro F

Keving Hernán Sánchez es un indígena zoque de San Miguel Chimalapas que dejó su comunidad a temprana edad para migrar hacia la ciudad capital de Oaxaca para aprender literatura. Pero nunca imaginó que al graduarse y regresar a su territorio tendría que aprender a defenderlo, pues un proyecto minero amenaza con desgarrar el tejido social y ambiental de su pueblo.

Keving es oriundo de Los Chimalapas, una región al sur de México que abarca 594 mil hectáreas: 460 mil de ellas en Santa María Chimalapa y 134 mil en San Miguel Chimalapa. En esta región, según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), hay zonas consideradas de “extrema prioridad para su conservación”, porque se trata de un gran corredor que, sumado a otros ecosistemas, hacen del Estado de Oaxaca el más rico en diversidad biológica del país.

Datos del registro del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), señalan que Los Chimalapas en la actualidad, “es una de las zonas tropicales y banco de recursos genéticos, (germoplasma) de mayor importancia en México y Mesoamérica. Se estima que una sola hectárea de vegetación tropical no perturbada en esta región alberga hasta 900 especies vegetales”. También es hogar de especies en peligro de extinción como las plantas cicadáceas Ceratozamia spp y palma Chamaedora spp.

Allí habitan también más de 200 especies animales, incluso, los que están en riesgo de desaparecer como: las aves loro farinosa, faisán real, momoto carenado, águila solitaria, cigüeña de cabeza pelada , entre otras.

Sin embargo, a pesar de su riqueza natural, en todo el estado de Oaxaca se han emitido 422 concesiones mineras que ponen en riesgo a sus habitantes, a la flora y fauna del lugar. Sobre todo, hay preocupación por la gran cantidad de agua que utilizan estas mineras, que son millones de litros por día, además de la contaminación de los mantos freáticos. Por si fuera poco, tal como las fuentes consultadas para este reportaje indicaron, los pueblos originarios que habitan las zonas destinadas a la minería no cuentan con información del tipo de metales que quieren extraer en sus territorios ni han sido consultadas al respecto.

Un estudio publicado en diciembre de 2020 por el Sistema de Revistas Electrónicas de la Universidad de Paraná afirma que Sonora, el estado con mayor número de minas en fase de explotación en México, sufre una importante contaminación del agua por sustancias tóxicas. Entre ellas, ácido sulfúrico, cianuro y otras. “Varias minas han reportado más de un derrame y todos son frecuentes, lo que genera preocupación sobre cuántos han ocurrido a lo largo de todo el ciclo de vida de la mina”, señala el informe, titulado “Minería extractiva y conflictos socioambientales por el agua en el noroeste árido de México: un análisis de ecología política”.

El caso de los Chimalapas

La minera que puso en alerta a Keving y que encendió las alarmas en Los Chimalapas, donde él vive, es la minera canadiense Minaurum Gold S.A. de C.V. Esta empresa, a través de su filial, la Minera Zalamera S.A de C.V., tiene el título de concesión número 225472 en el lote denominado “Jackita” que en 2020 comenzó los trámites para que le aprobaran una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que le permite la perforación de pozos para extraer muestras, con motivo de exploración.

Ruta de ciudad de México hacia Los Chimalapas en transporte terrestre, 11 horas.
Keving y otros jóvenes se enteraron en 2020 de la existencia de este proyecto minero y, tras la sorpresa por el hallazgo incidental de esta información, porque ninguna autoridad de Gobierno les había informado al respecto, crearon el colectivo de investigación independiente denominado Matza (que en idioma zoque significa primera estrella de la mañana). “Fue así que investigamos de qué empresa se trataba, cuál era su dimensión y que los minerales que iban a explotar eran oro y plata”, afirma el indígena zoque.

Matza se encargó de informar a las comunidades de la región sobre la minera y lograron diversas movilizaciones de los pueblos en 2020, a través de las cuales hicieron ver al gobierno que no querían minería en sus tierras. “Porque de Los Chimalapas se desprenden diversos afluentes, de los cuales vivimos y vive la mayoría de comunidades de las partes bajas. Todo esto sería devastado y contaminado”, afirma Keving.

Más información:

Piden sumarse al llamado al Departamento de Agricultura de Estados Unidos para que no liberen los árboles transgénicos a la naturaleza

Compartimos esta petición e informe de Stop Genetically Engineered Trees sobre los monocultivos de árboles en Estados Unidos – A 23 de enero de 2023

Desde la “Campaña Global para Detener los Arboles Transgénicos” piden decirle al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que los árboles modificados genéticamente son una mala idea y no deben liberarse en la naturaleza con la intención de que se propaguen libremente.

Según el Proyecto de Ecología de Justicia Global (GJEP), se desconocen por completo las repercusiones a largo plazo para los ecosistemas y la salud humana de los árboles modificados genéticamente, que pueden vivir cientos de años y amenazan los bosques afectados por la tala, las plagas y patógenos introducidos, la expansión urbana y el cambio climático. Se trata de un “experimento masivo e irreversible” con nuestros bosques.

La fecha límite para enviar las observaciones al USDA es el 26 de enero de 2023. Estas pueden hacerse al siguiente enlace: https://www.regulations.gov/commenton/APHIS-2020-0030-8291

INFORME:

Estatus global del desarrollo de árboles genéticamente modificados: Una creciente amenaza


La liberación mundial de árboles genéticamente modificados está más cerca que nunca. Este informe examina la realidad mundial actual de los árboles genéticamente modificados. Documenta el estado de desarrollo de los árboles genéticamente modificados alrededor del mundo, con el fin de identificar dónde es más inmediato el riesgo de liberación de árboles genéticamente modificados. También describe algunos de los riesgos y analiza algunos de los usos propuestos más prominentes.

Debido a los cambios en las regulaciones nacionales, este informe puede ser la última oportunidad de obtener una instantánea de las pruebas de campo de los árboles genéticamente modificados en todo el mundo.

Haga clic aquí para leer el informe.

Haga clic aquí para leer el resumen.

Chiapas: Tras ataque a defensor, marchan en Chicomuselo contra grupos armados y proyectos mineros

Compartimos esta información de Educa Oaxaca sobre la lucha por la vida ante la minería en Chicomuseolo – A enero 12 de 2023

El 5 de enero, miles de hombres, mujeres y niños salieron a marchar en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, con el propósito de exigir un alto a la inseguridad y la violencia, ya que la presencia de grupos del crimen organizado y paramilitares ha aumentado, esto anuado a la amenaza de empresas mineras de retomar sus proyectos en esta región fronteriza con Guatemala.

En el municipio de la Sierra Madre, los campesinos y campesinas, feligreses de la parroquia caminaron por las calles pacíficamente “para demandar el fin de la violencia desatada por la delincuencia organizada que pretende imponer la minería en la región con el silencio cómplice de las autoridades”.

El pasado 30 de diciembre del 2022 en Chicomuselo “fue privado de su libertad, torturado, vejado y abandonado herido con disparos de arma de fuego el compañero Isabel Recinos Trigueros, dirigente del Movimiento Social por la Tierra (MST)”. Señalaron que el plagiado sobrevivió, pero se encuentra gravemente herido. Que “los agresores forman parte de un grupo de la delincuencia organizada al servicio de las mineras en el estado de Chiapas”.

Ejidales y comunitarios recordaron la operación ilegal de la mina de barita en el ejido Santa María a mediados del 2022, sin embargo, la marcha recordó que dicha actividad extractiva de la empresa Blackfire, intentó asentarse en el ejido Grecia en 2009, pero detuvo sus operaciones después del asesinato del defensor del territorio Mariano Abarca.

Al final del mitin, los voceros llamaron a la unidad de todo el pueblo, por encima de intereses políticos, económicos y religiosos, para velar por la paz y el bien común y a su vez demandar al gobierno federal, estatal y municipal que cese de la minería tóxica y los proyectos de muerte.

Chiapas Paralelo Chicomuselo cierra filas en contra de la inseguridad y la minería Boletín MST aquí

Más información:

Para palma aceitera en Guatemala, allanamientos en comunidad indígena Maya Q’eqchi’

Compartimos esta petición de Salva la Selva sobre el desplazamiento formado en Guatemala para plantaciones de palma de aceite – A 16 de diciembre del 2022

Acción violenta y expolio en el municipio de El Estor, departamento Izabal. Habrían usado gases lacrimógenos y armas de alto calibre para allanar viviendas en la comunidad Chapín Abajo. La resistencia comunitaria es doble: a la empresa de aceite de palma africana NaturAceite y a un proyecto minero. Firma la petición.Petición

Para: Presidente de Guatemala Alejandro Giammattei; Diputados; Ministerio Público; Juzgado de Paz; Empresas multinacionales Nestlé y Unilever

“Respeten los derechos del pueblo indígena Maya Q’eqchi y garanticen su seguridad. Cesen los allanamientos, desalojos y toda la violencia.”

Leer la carta

Con motivo, comunidades Maya Q’eqchi’ se oponen al avance de la palma aceitera que invade sus tierras ancestrales. Son algunas de las comunidades más abandonadas por el Estado que, por si fuera poco, las persigue y reprime.

Dicho y hecho. En los pasados días, un gran contingente policial antimotines avanzó amenazadoramente entre la plantación de palma con la intención de llevar a cabo allanamientos, portando armas. Una persona habría recibido impacto de bala y resultado asesinada y al menos dos personas heridas. Intoxicadas, mujeres golpeadas, robo de pertenencias, hasta detenciones arbitrarias de unas cinco personas, incluidas dos menores. El Consejo del Pueblo Maya CPO pide un alto a las agresiones y que se esclarezcan los hechos.

Algunas empresas se estarían beneficiando de la situación, según las autoridades indígenas. Mencionan a NaturAceites, empresa que vende aceite en Guatemala, pero que también figura en las cadenas de abastecimiento internacionales de empresas como Nestlé y Unilever. De parte de estas empresas se exige un pronunciamiento sobre los hechos. También de parte del gobierno del presidente Alejandro Giammattei, Policía Nacional Civil PNC y Procuraduría de Derechos humanos PDH.

Indignación y profundo dolor, según expresaron mujeres de la comunidad al explicar lo sucedido: “tiraron las bombas para que empezáramos a huir y abandonáramos los hogares”.

Previamente, los últimos días de noviembre, las comunidades protestaron para prevenir este y otros allanamientos y desalojos que se venían anunciando. Existen unas 20 órdenes de captura en contra de miembros de la comunidad, algunos parte del Consejo se Autoridades Ancestrales Maya Q’eqchi’. Reciben amenazas y se ofrecería una recompensa de 50 mil quetzales por la captura.

Algunos testimonios: “Avanzan como si fuéramos terroristas. No lo somos. Somos pobres indígenas que ni maíz, ni frijól, ni chile tenemos”. “Defiendo la vida de mis seres queridos y mi territorio”.

Vigilaremos los acontecimientos subsiguientes, en solidaridad con las comunidades afectadas. Súmate a esta acción firmando la petición.

>>Firma la petición aquí<<

Carta

Para: Presidente de Guatemala Alejandro Giammattei; Diputados; Ministerio Público; Juzgado de Paz; Empresas multinacionales Nestlé y Unilever

Estimado Sr. Presidente Giammatei y autoridades:

Realmente escandalosa es la información y las imágenes que están alcanzando a la opinión pública interancional, acerca de la violenta acción de un gran contingente policial en la comunidad del Chapín Alto, en El Estor, Izabal. La situación de los derechos humanos en su país parece estar necesitando una revisión urgente que le exigimos atienda sin demora.

Organizaciones sociales, campesinas y territoriales han denunciado los abusos de autoridad implícitos en las actuaciones de la policía durante el operativo conjunto del Ministerio Público MP y la Policía Nacional Civil PNC, el 6 de diciembre 2022.

En solidaridad con las comunidades Maya Qéqchi, nos dirigimos a usted para exigirle que:

-Respeten los derechos como pueblos indígenas Maya Q’eqchi y garanticen su seguridad.

-En consonancia, inicie una investigación de la actuación los agentes de la Policía Nacional Civil PNC que participaron en el operativo violento contra las familias en Chapín Abajo.

-Cesen estos allanamientos y la violencia.

-Dejen inmediatamente de hostigar, criminalizar, intimidar y detengan las persecuciones, las órdenes de captura de miembros de la comunidad

-Retiren las órdenes de desalojo de comunidades como Chapín Alto, Santa Rosita o Buena Vista, entre otras.

-Proporcione una explicación exhaustiva acerca de lo que se pretende con estas acciones que atentan contra la integridad, la dignidad y los derechos de las comunidades indígenas.

-Legalice las comunidades y asegure el acceso a la tierra con títulos comunitarios y ocúpese como corresponde del desarrollo comunitario, la salud, la integración, el respeto de la forma de organizarse, la educación, prevención de la contaminación y protección de los recursos naturales.

Tampoco la actuación de los gobiernos municipal y departamental parecen estar a la altura en este contexto. El mundo está mirando el desarrollo de estos acontecimientos lamentables y esperando su declaración al respecto.

A la espera de la misma y de su muy pronta respuesta a esta comunicación, le saludamos atentamente,

Se pondrá en conocimiento de este escrito y acción a las empresas Unilever y Nestlé, para pedir su declaración al respecto.

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Guatemala: Comunidades resisten extractivismo minero

Compartimos este reportaje especial publicado por Red Latinas Sin Frontera sobre la defensa de la vida y el territorio en Guatemala – A 5 de diciembre del 2022

Los resistentes locales piden un modelo económico diferente, uno que priorice el agua y el suelo limpios, comunidades saludables, paz, dignidad y autodeterminación.

Por Ana Sandoval (*)

Una empresa minera con sede en Nevada está demandando a Guatemala por más de $400 millones, la primera demanda de este tipo para el empobrecido país centroamericano.

La empresa se queja de que el gobierno guatemalteco no hizo lo suficiente para proteger sus inversiones en el país. Pero esa es una noticia para mi comunidad y para otros que enfrentaron una represión policial violenta cuando nos manifestamos de manera no violenta para evitar que estas operaciones mineras envenenen nuestra salud y agua.

La firma, Kappes, Cassiday & Associates (KCA), presentó su caso en una sucursal poco conocida del Banco Mundial llamada Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El Tratado de Libre Comercio Centroamérica-República Dominicana, que Guatemala suscribió con Estados Unidos en 2006, permite a las corporaciones estadounidenses demandar a los gobiernos en este foro no solo por la supuesta pérdida de inversiones de la empresa, sino también por la pérdida de supuestas ganancias futuras. Alrededor del 80 por ciento de los 400 millones de dólares que KCA afirma haber perdido se basa en estimaciones de ganancias futuras de actividades de exploración que nunca llevó a cabo.

Un mural que dice «si a la vida. No a la muerta». Mural dice “Sí a la Vida, No a la Minería”/Iximche Media.

Las demandas de los tribunales de inversión socavan el estado de derecho.

Mi análisis de este caso publicado recientemente  expone cómo los casos de arbitraje supranacional como este, que están disponibles únicamente para las empresas transnacionales a través de acuerdos comerciales y de inversión, ignoran la resistencia de la comunidad y la violencia que enfrentamos.

La opción de simplemente demandar a los gobiernos proporciona un desincentivo perverso para que las empresas respeten la ley y alienta la especulación salvaje sobre la pérdida de ganancias en el futuro, incluso cuando las inversiones fracasan. Si la demanda prospera, también privará a los guatemaltecos de millones de dólares en escasos fondos que podrían ser mucho mejor utilizados para atender las necesidades básicas de la población, los desastres provocados por la crisis climática y frenar el flujo de emigración forzada.

Estas demandas no muestran consideración por las preocupaciones de las personas más directamente afectadas por las operaciones de la empresa.

Conocer los hechos

Nuestro movimiento en La Puya ha presentado amplia evidencia a lo largo de los años de cómo el proyecto de oro de KCA conduciría al agotamiento del agua y la contaminación poniendo en riesgo nuestra salud. Desde el principio, la mina enfrentó una dura oposición de nuestras comunidades que viven cerca del proyecto, justo al norte de la Ciudad de Guatemala. Desde entonces, nuestras comunidades han mantenido un campamento de protesta las 24 horas frente a la carretera que lleva a la mina durante más de 10 años.

Como resultado, hemos enfrentado amenazas, violencia dirigida, persecución legal, represión policial y actos de intimidación. De hecho, el proyecto solo pudo operar después de que la dura represión policial contra el movimiento despejara el paso de equipos en varias ocasiones, llegando incluso a lesionar a personas. Sin embargo, la mina de oro solo operó durante dos años, hasta que los tribunales suspendieron el proyecto a fines de 2015 por no consultarnos adecuadamente.

En respuesta al reclamo de KCA, el gobierno guatemalteco ha argumentado que la empresa se basó en los favores del gobierno para obtener su licencia ambiental. Cita comunicaciones entre el presidente de la KCA, Daniel Kappes, y el entonces director general de Minería, Selvyn Morales, en 2011, en las que Kappes escribió: “Me siento mucho más cómodo de que participe y pueda ayudarnos a que el proceso de obtención de permisos avance para que podamos los permisos antes de que la política se entrometa demasiado”. Poco después de este intercambio, Morales dejó el gobierno para trabajar en una empresa de servicios mineros, que KCA contrató de inmediato.

Guatemala construyó gran parte de su defensa legal sobre la documentación, argumentos y estudios que desarrollamos durante años de lucha con el apoyo de técnicos, abogados y organizaciones aliadas. Por ejemplo, la defensa legal de Guatemala señala el lamentablemente deficiente estudio de impacto ambiental de KCA que incluso el gobierno reconoce que nunca debería haber sido aprobado. También destaca la violación de las normas ambientales por parte de la empresa y su falta de obtención de una licencia de construcción para construir la mina.

Los abogados del gobierno incluso llamaron a los miembros de la comunidad a declarar ante el tribunal de arbitraje.

La industria minera pensó que podía aplastar a la oposición local. Pero el gobierno no es mucho mejor.

La defensa del gobierno legitima efectivamente las razones que sustentan nuestra lucha de una década. Sin embargo, si bien utiliza nuestros argumentos y evidencias para tratar de evitar el pago a la empresa, aún no se ha mostrado dispuesto a respetar nuestro derecho a decidir sobre un proyecto que afecta tan profundamente nuestra tierra y nuestra vida.

En junio de este año se inició el proceso de consulta ordenado por la Corte Constitucional bajo la dirección del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Hasta ahora, el gobierno ha demostrado poco interés en involucrar a las comunidades más directamente afectadas que viven en las inmediaciones de la mina.

Las acciones del ministerio son contrarias a los propios argumentos del gobierno presentados ante el tribunal de arbitraje, en los que subraya el descontento local por el proyecto. Critica a las KCA por haber logrado solo un 6 por ciento de credibilidad entre la población a partir de 2014, cuando entró en funcionamiento, según una encuesta encargada por la KCA.

En lugar de buscar consultar a nuestras comunidades, el gobierno guatemalteco alega en el procedimiento de arbitraje que la empresa trató de sobornar a personas clave para afianzarse localmente: “Hicieron pagos directos a líderes comunitarios y municipales” y “pagaron a personas para que participaran en sesiones de desarrollo de capacidades”, dice el gobierno.

Además, las autoridades guatemaltecas critican la afirmación de KCA de que «consultó» con las comunidades a través de entrevistas con consejos públicos municipales y de aldea, que no se puede presumir que sean representativos de los pueblos indígenas.

No obstante, el Ministerio de Energía y Minas ahora está repitiendo algunas tácticas similares para excluir de la consulta a la población indígena más cercana a la mina al enfocarse en las comunidades ubicadas más lejos del sitio. Tal como lo hizo KCA antes, el gobierno está favoreciendo la participación de las agencias públicas y los consejos municipales en lugar de las personas directamente afectadas.

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Pancartas rojas y verdes sobre la resistencia de La Puya, celebrando el décimo aniversario en marzo de 2022 de la Resistencia Pacífica La Puya/Iximche Media.

El arbitraje alienta tanto a los estados como a las corporaciones a marginar a la oposición. Necesitamos un nuevo modelo.

Esto demuestra aún más lo absurdo del sistema de arbitraje supranacional: las empresas y los gobiernos pueden argumentar lo que quieran en los procedimientos de arbitraje, independientemente de los hechos sobre el terreno.

KCA actuó con impunidad para obtener permisos y nunca demostró ninguna intención de respetar la ley guatemalteca. El gobierno, por su parte, se basó en los argumentos de las comunidades para construir su defensa y ahora parece estar dándole la espalda nuevamente a los residentes locales.

Mientras tanto, son nuestras comunidades y el pueblo guatemalteco en general los que pagarán un precio tremendo si el tribunal de arbitraje ordena a Guatemala que pague a KCA incluso una parte de su reclamo o si la consulta es manipulada para reiniciar su proyecto.

Guatemala no necesita proyectos mineros ni acuerdos internacionales que defiendan la impunidad y la codicia empresarial. Más bien, debemos abordar la noción falsa de que Guatemala se desarrollará a través de la extracción de recursos naturales, lo que afecta negativamente el tejido social de las comunidades y contribuye a nuestro mayor empobrecimiento.

La Resistencia Pacífica La Puya, junto con otras comunidades organizadas en Guatemala, ha reiterado durante más de 10 años que lo que se necesita es un modelo económico diferente, uno que priorice agua y suelo limpios, comunidades saludables, paz, dignidad y autodeterminación.

(*) Ana Sandoval es miembro de Resistencia Pacífica La Puya en Guatemala.

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fuente: https://www.bilaterals.org/?a-mining-lawsuit-in-guatemala&lang=es

Declaración oficial del pueblo y de la Alianza de Sulawesi, Indonesia; en relación con la reunión de la Cumbre del G20 en Nusa Dua Bali

Compartimos este pronunciamiento vía Salva la Selva – A 15 de noviembre del 2022

“Salvemos los bosques tropicales y el pueblo de Sulawesi: Detengan la financiación y la inversión en minas y fundiciones de níquel y sus centrales eléctricas de carbón en Indonesia. Los vehículos eléctricos son una falsa solución al cambio climático”

La Cumbre del G20 se celebrará en Nusa Dua Bali. Los líderes de los países desarrollados y en vías de desarrollo se reunirán para debatir los problemas que están ocurriendo en todo el mundo, especialmente las crisis económicas que están empezando a sufrir los países de Europa y América. Estas crisis también afectarán a Indonesia y a otros países del Sur global debido a su dependencia de la inversión extranjera. Por lo tanto, uno de los intereses de los países en desarrollo en el G20 es garantizar que el capital extranjero de inversores europeos y estadounidenses no se retire de Indonesia por el aumento de los tipos de interés en los bancos europeos y estadounidenses. De hecho, el interés de Indonesia en la cumbre del G20 es convencer a los países desarrollados de que aumenten sus inversiones en Indonesia, especialmente en los sectores de la energía, el transporte y las materias primas relacionadas con la tecnología y los vehículos eléctricos.

Creemos que en esta reunión del G20, el gobierno indonesio ofrecerá a los países desarrollados el potencial de níquel presente en las selvas tropicales de Indonesia, especialmente en la isla de Sulawesi. Además, Indonesia tiene la ambición de convertirse en un productor de primera clase de materias primas para baterías que sirvan a la producción mundial de vehículos eléctricos. El gobierno indonesio espera organizar una exposición de vehículos eléctricos tematizando la transición energética.

La Alianza de Sulawesi, una coalición de ONG de la isla de Sulawesi que trabaja por la protección del medio ambiente y el cumplimiento de los derechos humanos, considera por tanto importante expresar las aspiraciones y la voluntad de la población de la isla de Sulawesi a los líderes mundiales en vísperas de la reunión del G20. Consideramos que esto es crucial porque las políticas del gobierno indonesio no suelen reflejar la voluntad del pueblo.

Los líderes de los países del G20 -especialmente Estados Unidos, Canadá, los países europeos, Japón, China y Australia- deberían tomar nota de que el nivel de vida de los habitantes de Indonesia, especialmente los que viven alrededor de los bosques, está actualmente disminuyendo. Esto es especialmente cierto para las familias de agricultores y pescadores que viven alrededor de las minas y fundiciones de níquel y sus sucias centrales eléctricas. Antes de que las minas de níquel se extendieran por los bosques tropicales de Sulawesi, los agricultores de Morowali, Morowali Norte (Sulawesi Central), Luwu Este (Sulawesi Sur), Konawe, Konawe Norte y otros distritos del sureste de Sulawesi contaban con dos cosechas al año. Sin embargo, tras la puesta en marcha de las minas y fundiciones de níquel, las comunidades sufrieron numerosas pérdidas de cosechas porque sus arrozales estaban contaminados por los lodos de las minas y los residuos de las fundiciones. Los agricultores se vieron obligados a vender sus arrozales porque ya no eran viables.

La contaminación de ríos y mares es un impacto inevitable de la minería y la fundición de níquel. Los dirigentes de los países que promueven la movilidad eléctrica deberían saber que la destrucción en la isla de Sulawesi debida a las minas y fundiciones de níquel no es sólo un problema local en los bosques tropicales, sino que se extiende también a la costa. Cada lluvia arrastra el lodo de las minas al río Malili, en Sulawesi del Sur, tiñéndolo de rojo. El lodo llega hasta el mar, contaminando la costa, diezmando las poblaciones de peces y afectando negativamente los modos de vida de las familias de pescadores, que se ven obligadas a navegar cada vez más lejos para pescar. Lo mismo ocurre en la aldea de Lampia, en el distrito de Malili, en Sulawesi del Sur, donde el lodo de la antigua mina contamina directamente el mar. El equipo de WALHI Sulsel ha observado que la contaminación del lodo de la mina de níquel en la costa de Lampia ha llegado hasta 100 metros dentro del mar, afectando también a los manglares de la costa de Lampia. Esto ha tenido un impacto dramático en los medios de vida de las familias de pescadores de la zona.

El impacto de la minería del níquel también lo sufren las mujeres: para las mujeres de Sorowako, especialmente las del pueblo indígena karonsie, las minas y fundiciones de níquel propiedad de empresas canadienses y japonesas han destrozado sus sueños de una vida buena y autosuficiente cultivando su propia tierra. Las empresas mineras de níquel les han arrebatado sus tierras y jardines habituales sin compensación e incluso los han convertido en un campo de golf propiedad de la empresa. Ya no tienen acceso a agua limpia y se ven obligadas a consumir agua sucia del río contaminada con el lodo de las minas de níquel. El asentamiento actual ha sido vallado con una total fata de respeto a los derechos consuetudinarios sobre la tierra del pueblo Karonsie.

La expansión de las últimas explotaciones mineras de níquel en Sulawesi del Sur ha provocado desalojos y la incautación de huertos de pimienta de propiedad comunitaria, que proporcionaban a la población local unos buenos ingresos, con los que durante muchos años se mantenían las familias. El conflicto social es inevitable aquí.

En Sulawesi central y sudoriental también se dan casos de destrucción de la selva tropical que repercuten en la destrucción de las fuentes de vida de la población, especialmente de las mujeres. En el centro de Sulawesi, precisamente en los distritos de Morowali y Morowali Norte, debido a los lodos de las minas y a los residuos de las fundiciones de níquel de las empresas chinas, los pescadores de Morowali tienen que resignarse a perder sus medios de vida porque las costas y los mares, que han sido la fuente de ingresos de los pescadores, se han contaminado con los lodos de las antiguas minas de níquel y los residuos de las fundiciones de níquel. Por ello, los pescadores han decidido dejar de pescar y han optado por convertirse en obreros de la construcción y de las fábricas de fundición, cuyos ingresos son muy inferiores a los de cuando eran pescadores.

Lo peor en Sulawesi Central es que la minería y la construcción de la fundición de níquel han creado conflictos agrarios. En el distrito de Morowali Norte, los campos de arroz y los huertos de los agricultores han sido tomados a la fuerza por la empresa sin consulta ni compensación. La comunidad tiene ahora que vivir sin tierra, que es la única fuente de sustento de la comunidad, y que ha sido tomada por la fuerza para las empresas mineras y la construcción de fundiciones de níquel. Así que para nosotros, la expansión de la minería de níquel en la isla de Sulawesi es una catástrofe para la comunidad, especialmente para los agricultores y las mujeres.

Aparte del enorme impacto de las minas y fundiciones de níquel en los bosques, ríos, costas y comunidades de la isla de Sulawesi, creemos firmemente que el níquel, las baterías y los vehículos eléctricos no son una panacea para la crisis climática mundial por las siguientes razones:

1. El aumento de la producción de níquel en Indonesia, así como de baterías y vehículos eléctricos en el Norte global, contribuye directamente a la destrucción de las selvas tropicales, especialmente las de la isla de Sulawesi. Estos bosques tropicales son vitales para el medio ambiente, la vida de las personas y el clima mundial. Las selvas tropicales de la isla de Sulawesi secuestran el carbono emitido por las fábricas de Indonesia, así como por las industrias y las centrales eléctricas de combustibles fósiles del Norte global. Por lo tanto, es muy erróneo llamar a la industria de los vehículos eléctricos -cuya materia prima se obtiene de la destrucción de los bosques- respetuosa con el medio ambiente y una solución al cambio climático.

2. El 80% de la energía eléctrica que mueve las fundiciones de níquel en Sulawesi procede de centrales eléctricas de carbón. Esto es ciertamente contrario a los principios de desarrollo sostenible, de negocios respetuosos con el medio ambiente y de mitigación del cambio climático que están enunciando actualmente los líderes mundiales. El uso de la energía del carbón en las fundiciones duplica las emisiones asociadas a la producción de níquel.

3. Al aumentar la demanda de carbón, la mayor producción de níquel en Sulawesi también está acelerando la destrucción de los bosques en otras islas, especialmente en Kalimantan, el mayor centro de actividad minera del carbón en Indonesia. Mientras la producción de vehículos eléctricos implique la destrucción de selvas tropicales en Sulawesi y Kalimantan y el aumento de las emisiones de carbono, no pueden considerarse una solución al cambio climático.

4. La última consideración es el uso de energía a base de carbón para cargar los vehículos eléctricos: mientras los combustibles fósiles sean la fuente de energía más extendida en el mundo, los daños medioambientales y climáticos continuarán sin cesar. A medida que más y más personas utilicen los coches eléctricos, las minas de níquel y carbón seguirán comiéndose la selva, y se construirán cada vez más centrales eléctricas de carbón.

Por lo tanto, la inversión y la financiación en la industria del níquel en Indonesia, especialmente en la isla de Sulawesi, desde la parte alta hasta la baja, refuerza aún más el ritmo de destrucción de la selva tropical, lo que contribuye a que el cambio climático sea cada vez más grave. Además, la vida de la población indígena y local, que actualmente es pobre, será más pobre, porque sus fuentes de subsistencia también se ven perjudicadas e incluso desaparecen.

Para salvar los bosques tropicales que quedan en Indonesia y la vida de las personas, especialmente las mujeres y el futuro de los niños de la isla de Sulawesi, nosotros, la Alianza de Sulawesi, en representación de todas las comunidades, los agricultores y las familias de pescadores afectados por los daños medioambientales debidos a las industrias mineras y del níquel pedimos a los líderes de los países del G20, especialmente al Presidente de China, Xi Jinping y a los BMD, que se comprometan firmemente a poner fin a las inversiones en las minas de níquel, la construcción de fundiciones de níquel, la industria de las baterías y las centrales eléctricas de carbón asociadas en Indonesia, especialmente en la isla de Sulawesi. También exigimos que los líderes políticos y empresariales de los países del G20 dejen de promover los vehículos eléctricos como una alternativa ecológica y una solución a la crisis climática.

Sobre la base de los hechos y las condiciones reales anteriores, nosotros, la Alianza de Sulawesi, en representación de todo el pueblo de la isla de Sulawesi, exigimos:

  1. A los líderes de los países del Grupo 20, especialmente al Presidente de los Estados Unidos, China, al Primer Ministro de Canadá, Japón, Reino Unido, al Líder de la Unión Europea y al Canciller de Alemania para que dejen de apoyar las inversiones que destruyen los bosques tropicales en todo el mundo, especialmente en la isla de Sulawesi, Indonesia. Exigimos concretamente que se detenga el apoyo a las inversiones en el sector minero, especialmente en la extracción de níquel.
  2. A las instituciones financieras internacionales para que pongan fin al apoyo financiero al sector minero, especialmente a la extracción de níquel en Indonesia. Las instituciones financieras internacionales deben cambiar su financiación hacia empresas sostenibles, especialmente las que protegen los bosques tropicales de todo el mundo.
  3. Al gobierno indonesio, especialmente al presidente Jokowi, para que deje de emitir inmediatamente licencias de negocios mineros, especialmente licencias de negocios mineros de níquel. Además, exigimos que el presidente Jokowi revoque las licencias de minería que han destruido los bosques tropicales de la isla de Sulawesi y otras islas de Indonesia.

Por último, también hacemos un llamamiento a todas las personas del mundo para que apoyen a la Alianza y al pueblo de Sulawesi para detener la destrucción de las selvas tropicales en Indonesia, especialmente en Sulawesi. Proteger la selva tropical es la forma más poderosa de preservar la vida en nuestro planeta.

Makassar, 15 de noviembre de 2022

Alianza de Sulawesi

Sunardi, Director Ejecutivo de WALHI Central Sulawesi

Theo Runtuwene, Director Ejecutivo de WALHI Sulawesi Norte

Muhammad Al Amin, Director Ejecutivo de WALHI South Sulawesi

Saharuddin, Director Ejecutivo de WALHI Southeast Sulawesi

Asnawi, Director Ejecutivo de WALHI Sulawesi Occidental

Imagen: destrucción en Sulawesi por la minería de níquel

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Video: Decreto de eliminación de glifosato y maíz transgénico en México por Fernando Bejarano

Compartimos la participación del Dr. Fernando Bejarano en el Festival del Maíz Mujeres rurales y alimentación en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas México realizado el día 1 de octubre en el marco del Día Nacional del Maíz el 27 de septiembre

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Serie de video: Excavando territorios: geografía y trayectorias emocionales de mujeres mexicanas en resistencia a las empresas mineras canadienses

Compartimos con ustedes esta serie de 3 relatos digitales basados en la técnica del “digital Storytelling”; son relatos testimoniales creados a partir de la experiencia compartida de las mujeres chicomuselenses que aceptaron participar en el proyecto de investigación “Excavando territorios: geografía y trayectorias emocionales de mujeres mexicanas en resistencia a las empresas mineras canadienses” que tuvo lugar entre enero 2020-enero 2022, realizada por Linamar Campos

Sipnosis: Tres compañeras de lucha de Mariano Abarca Roblero, líder del movimiento opositor a la extracción de barita en Chicomuselo por parte de la minera canadiense BlackFire Ltd., comparten sus experiencias y las razones que las motivaron a participar en la defensa de sus espacios y el medio ambiente.

Testimonio 1

Testimonio 2

Testimonio 3

Video: Foro y Presentación del informe: La Lucha por lo Esencial; Resistiendo la Pandemia Minera en México y América Latina

Compartimos con ustedes algunas fotografías y en video del foro y presentación de informe: La Lucha por lo Esencial; Resistiendo la Pandemia Minera en México y América Latina que se realizó el pasado viernes 21 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Las organizaciones que forman parte de la Coalición en Contra de la Pandemia Minera presentaron el informe de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) La Lucha por lo Esencial: La Pandemia Minera en México en Tiempos de COVID-19 con participación de compañeras y compañeros de México Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS) y del Medio Chiapas Paralelo, así como de Honduras del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) y Perú del Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) reflexionando sobre el informe regional Sin Tregua: Resistencias por la Vida y el Territorio Frente al COVID-19 y la Pandemia Minera,

Video:

https://fb.watch/gmv9YIK3qe/

Galería de fotografías

Morelos: Comunicado de Pueblos y Colonias contra la minería

Compartimos este comunicado de Pueblos y Colonias contra la minería en Morelos a través de Red Latina Sin Fronteras – A 13 de octubre del 2022

12 DE OCTUBRE DÍA DE LAS RESISTENCIAS DE LOS PUEBLOS DE INDÍGENAS DEL MUNDO

COMUNICADO DE LA UNIFICACIÓN DE PUEBLOS Y COLONIAS CONTRA LA MINERÍA EN MORELOS.

México, Morelos 13 Octubre, 2022

Los pueblos indígenas de México seguimos en la resistencia por nuestra existencia, a 530 años de invasión seguimos siendo invadidos en nuestros territorios, seguimos siendo desplazados, militarizados, desaparecidos y despojados de nuestras tierras. Hoy 12 de octubre día de las resistencias indígenas, saludamos a todos los pueblos que luchan por la vida, por el territorio, por el agua, por el aire, por la madre tierra, saludamos a nuestras hermanas y hermanos del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus bases de apoyo y exigimos a los 3 órdenes de gobierno que paren el hostigamiento y la militarización en los pueblos zapatistas, de igual forma condenamos la destrucción del territorio por el paso del mal llamado tren maya en los pueblos que resisten a los megaproyectos de muerte.

Denunciamos los atropellos a nuestros derechos humanos y colectivos como pueblos indígenas, la devastación de nuestros territorios, de nuestros cerros sagrados por las empresas extractivas y al Estado Mexicano por permitir tal devastación de nuestra cultura e identidad. Los pueblos nahuas organizados del Estado de Morelos nos hemos unido y realizado EL DECRETO DONDE SE PROHÍBE LA MINERÍA, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VINCULADA AL PROYECTO INTEGRAL MORELOS Y PROYECTOS DE MUERTE EN EL TERRITORIO DEL PUEBLO NAHUA DEL ESTADO DE MORELOS aprobados los días 23 y 24 de abril del 2022.

Las comunidades nahuas de Cuentepec, Tetlama, Coatetelco, Xoxocotla y Alpuyeca pueblos originarios, así como las colonias y municipios aledaños de la Unidad Morelos, Temixco, Xochitepec, Acatlipa, Xochicalco, Tezoyuca; Benito Juárez, Aeropuerto, Las Rosas, Francisco Villa, Miacatlán, Palpan, Milpillas, Xochicalco, serán afectados gravemente por las concesiones mineras Esperanza Silver, Alamos Gold y Zacatecas Silver, empresas canadienses que traen un devastador proyecto minero, paradójicamente denominado “ESPERANZA”, para la explotación, en tajos a cielo abierto, de oro, plata y otros minerales; proyecto que afectará en forma grave nuestras aguas, tierras y territorios ancestrales, los ecosistemas de la región, la sub cuenca del Río Apatlaco, la cuenca del Río Amacuzac y el Acuífero de Cuernavaca, incluidas sus zonas de recarga hídrica y mantos freáticos, así como la vida y la salud de aproximadamente 200 mil habitantes que viven en las comunidades y sus alrededores. Señalando además que a 500 metros se encuentra la zona arqueológica de Xochicalco declarada como patrimonio de la humanidad desde el año 1999 por la UNESCO, por lo que es un sitio sagrado para todas las comunidades originarias.

Es por ello que el día de hoy reivindicamos la lucha de los pueblos indígenas originarios de Morelos, México y del mundo, realizando las denuncias correspondientes por la devastación de los cerros sagrados del Jumil y la calabaza, señalamos que las empresas mineras Esperanza Silver, Alamos Gold y Zacatecas Silver no cuenta con los permisos correspondientes para talar los árboles, realizar caminos y destruir nuestra flora y fauna de nuestro territorio.

Asimismo, hacemos la denuncia del Proyecto Integral Morelos (PIM), el cual es un megaproyecto de muerte, energético regional que afecta a los pueblos nahuas que rodean el volcán Popocatépetl de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala y que consta de dos centrales termoeléctricas; habiéndose instalado la primera de ellas aproximadamente a trescientos metros de la comunidad de Huexca, Morelos. Para alimentar dichas centrales también se ha impuesto un gasoducto de 160 kilómetros que peligrosamente atraviesa las faldas del Volcán Popocatépetl, una zona volcánica y de alta sismicidad. Asimismo, se construye un acueducto de 26 pulgadas de diámetro que pretende despojar de 580 litros por segundo de agua de riego a los ejidos de la región del municipio de Ayala. 

Del mismo modo nos solidarizamos con la lucha de los pueblos de Tepoztlán que se resisten a un megaproyecto turístico y con el pueblo de Jiutepec qué se encuentra en lucha en contra de la minera de cal, el cual ha ocasionado grietas y destrucción de las casas de los habitantes.

¡NUESTRA LUCHA ES POR LA VIDA, NO A LA MINA!

¡LA ESPERANZA DE JUSTICIA… ES LA CARABINA QUE ZAPATA NOS DEJO!

¡VIVAN LOS PUEBLOS INDIGENAS NAHUAS DE MORELOS!

¡VIVA LA UNIFICACIÓN DE PUEBLOS Y COLONIAS CONTRA LA MINERIA EN MORELOS!

¡VIVA EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA Y CONSEJO INDIGENA DE GOBIERNO!

¡VIVA ZAPATA!

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS Y NOSOTRAS!

¡POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS DEL MUNDO!