Categoría: Modelo extractivo

Pronunciamiento del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco sobre la Informativa Zacatecas

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Compartimos este pronunciamiento de la lucha por el río Atenco ante el proyecto de la presa Milpillas – A 10 de junio de 2026

Los ejidos y las comunidades río abajo que conformamos el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, nos pronunciamos contra las declaraciones del titular del poder ejecutivo en el estado de Zacatecas, quien de manera tendenciosa manifestó, en La Informativa de Zacatecas (08 de junio de 2026), que “…no va a quitar el dedo del renglón porque la presa Milpillas es el proyecto más noble de la humanidad, pero que le da mucha tristeza que por politiquerías y gente extraña al estado, se haya opuesto a ese proyecto y que no se respete lo que tanto ha costado al país, la democracia.”

Al respecto, nosotros quisiéramos puntualizar lo siguiente:

  1. En primer lugar, nosotras y nosotros no somos “gente extraña al estado”. Somos habitantes de ejidos y comunidades que hemos manifestado nuestro rechazo al proyecto de la presa Milpillas; somos gente del campo arraigada a la tierra y el territorio que se niega a ser sacrificada por un proyecto inviable técnica, económica, social y ambientalmente; somos esa gente que, en más una ocasión, ha sacado de nuestro territorio a distintos funcionarios de su gabinete, a funcionarios de CONAGUA, a actores políticos oportunistas, e incluso a usted mismo.
  2. También somos esa gente que ha denunciado la criminalización hacia nuestra lucha, así como el hostigamiento y amenazas hacia nuestras compañeras y compañeros, por parte de su administración que, al igual que las administraciones pasadas, no ha quitado “el dedo del renglón” en lo que se refiere a las agresiones estatales.
  3. En segundo lugar, nosotras y nosotros señalamos que, si usted y la administración que encabeza estuvieran realmente afligidos por la democracia en nuestro país, entonces no insistirían en ir en contra de la voluntad de los pueblos expresada en las asambleas ejidales, en las cuales se ha dicho NO a la presa Milpillas, lo cual se ha hecho ya reiteradamente por 10 años, señalando su inviabilidad técnica, económica, social y ambiental.
  4. En tercer lugar, también somos esa gente que vemos cómo en muchas geografías de nuestro país, los gobiernos de la llamada 4T y de su Segundo Piso, están impulsando megaproyectos extractivistas y neoliberales, pasando por encima de las decisiones de los pueblos afectados, sin importarles la destrucción del medioambiente. Por tal motivo, nos hermanamos con las luchas de otras geografías que, al igual que nosotros, luchamos contra estos megaproyectos extractivistas y neoliberales en los tiempos del Segundo Piso de la 4T.

Finalmente, quisiéramos manifestar que aquí resistimos desde hace 10 años, sin rendirnos y sin vendernos, y seguiremos haciéndolo hasta no ver cancelado definitivamente el proyecto de la presa Milpillas. Tampoco nosotros quitamos “el dedo del renglón” para decir fuerte y claro: ¡No a la presa Milpillas!

¡Gobierne quien gobierne, la tierra y el territorio se defiende!

MovimientoenDefensadelTerritorioydelRíoAtenco

Pronunciamiento: El Istmo no es territorio de despojo, de colonialismo energético ni de especulación empresarial

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Compartimos este pronunciamiento firmado por diversas organizaciones, colectivos y personas ante la nueva ola de proyectos extractivistas en el el Istmo de Oaxaca – A junio de 2026

Istmo de Tehuantepec, Oaxaca,  junio de 2026

El proyecto Helax-CIP que amenaza nuestro territorio


En el contexto de la implementación de las actividades industriales relacionadas con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, en 2023 la empresa Helax Istmo, filial del fondo de inversión danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), firmó un Memorando de Entendimiento con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y la Secretaría de Marina (Semar) para un proyecto de producción de hidrógeno y amoniaco “verde”, con una inversión prevista de 10 mil millones de dólares. 

Este proyecto ha sido promovido desde su inicio por la empresa y las autoridades mexicanas como clave para el desarrollo de la región istmeña, en razón de su gran inversión, y para la lucha contra el cambio climático por su supuesta producción de combustible “verde”. Esta narrativa de “lavado verde” busca ocultar por completo los impactos ambientales, territoriales y sociales del megaproyecto, mientras presenta como sustentable un modelo profundamente extractivo.  

Un proyecto industrial complejo y con evidentes consecuencias 

Se trata de  un proyecto gigantesco que no se limita al parque industrial de Cd. Ixtepec (PODEBI), donde se pretendía construir la planta de hidrógeno, sino que abarca un territorio mucho más amplio con afectaciones para toda la región istmeña. La producción de hidrógeno verde a gran escala requiere de grandes cantidades de electricidad y agua para realizar la electrólisis, el proceso con el que se separan el oxígeno y el hidrógeno de las moléculas de agua. 

Para cubrirlas, el proyecto prevé la construcción de un parque fotovoltaico con casi 3 millones de paneles (1,674 MW) sobre 5,000 ha de tierras agrícolas y de selva baja espinosa caducifolia del ejido de Asunción Ixtaltepec. También incluye nuevos parques eólicos con la instalación de 190 aerogeneradores (855 MW) sobre 25 mil hectáreas de tierras comunales y ejidales de Cd. Ixtepec, Chivela y Santiago Ixtaltepec, lo que representa una grave amenaza para esta zona de cerros, tierras de uso común y de recarga de agua subterránea. 

Además, el proyecto prevé la construcción de una planta desalinizadora en Salina Cruz y de un pozo subterráneo para alimentar la electrólisis, lo que podría generar problemas de contaminación en el mar y de afectaciones a los ojos de agua y pozos tradicionales. También implica la construcción de otra planta para la transformación del hidrógeno en amoniaco, prevista cerca de Rincón Moreno y de ductos entre las dos plantas y el puerto de Salina Cruz, con todos los riesgos industriales relacionados con la producción y el transportes de gases tan peligrosos como el hidrógeno y el amoniaco. 

Información pública insuficiente, opacidad e incertidumbre

A pesar de esta larga lista de posibles impactos relacionados, y de la incertidumbre existente sobre esas tecnologías, este proyecto ha buscado avanzar en un contexto de completa opacidad y falta de información para las comunidades de la región. Hasta ahora el proyecto ha sido presentado de manera general y fragmentada. La poca información pública que ha sido presentada por operadores de la empresa y por autoridades gubernamentales se ha limitado a destacar los supuestos beneficios económicos y energéticos del proyecto, ocultando sistemáticamente  los impactos  relacionados. 

No existe documentación oficial pública que permita conocer a detalle las características reales del proyecto y que posibilite a la población analizar y evaluar los posibles impactos y, menos aún, los impactos acumulativos a nivel regional derivados del conjunto de sus distintos componentes. La empresa no ha presentado ninguna Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Semarnat para los diferentes componentes del proyecto. 

La empresa presentó dos Evaluaciones de Impacto Social (EVIS) ante la Sener para el proyecto fotovoltaico y eólico. La información de dichos documentos fue clasificada como reservada por un periodo de dos años. Posteriormente, tras nuevas solicitudes de acceso a la información, se liberaron  versiones públicas de las EVIS, sin embargo,  la información técnica o de ubicación del proyecto fue tachada con el argumento de ser confidencial y de secreto industrial y comercial. En consecuencia los documentos liberados carecen de utilidad real para conocer más a detalle las características de los proyectos fotovoltaicos y eólicos y sus impactos sociales. 

Tampoco existen documentos públicos que precisen el volumen de agua total que requeriría la planta de hidrógeno para operar, ni qué proporción provendría de la planta desalinizadora y qué volumen provendrá del pozo de agua subterránea. No hay información disponible sobre la posible ubicación de este pozo subterráneo, ni de sus características técnicas (profundidad), y tampoco tiene un permiso de aprovechamiento de agua subterránea aprobado por la CONAGUA (según la revisión del Registro Público de Derechos de Agua REPDA). 

Repiten las mismas formas de despojo

A pesar de la ausencia de información y permisos que permitan a la población analizar y evaluar los impactos del proyecto, los promoventes empresariales y gubernamentales han buscado avanzar en la firma de acuerdos con las comunidades para la renta de tierras destinadas a los distintos componentes del proyecto. 

Este proceso de negociación ha reproducido las mismas irregularidades y mecanismos de presión, manipulación y fragmentación comunitaria que los que se usaron hace más de una década con la expansión de los parques eólicos: acercamientos directos con algunos representantes agrarios y no con el conjunto de la asamblea; uso de operadores locales para coaccionar y presionar; difusión exclusiva de supuestos beneficios económicos, como los empleos o pagos por renta de tierra, y ocultamiento sistemático de los impactos que conllevan estos proyectos. 

La opacidad viola el derecho de los pueblos a decidir sobre el territorio

De igual manera, el proyecto ha iniciado una supuesta consulta indígena en siete comunidades de la región (Cd. Ixtepec, Chivela, El Mezquite, El Morrito, Mena Nizanda, Santa Rosa, Santiago Ixtaltepec) sin que exista mayor información pública sobre su desarrollo. El CIIT y la Secretaría de Marina se han negado a difundir información sobre las minutas de las reuniones argumentando que se trata de información restringida que compromete la paz social.

La ausencia de información pública es una muestra clara de que este proceso no está garantizando el derecho de los pueblos y comunidades a una participación real, informada y transparente frente a un proyecto que podría generar graves afectaciones al medio ambiente, al territorio y a las formas de vida de la región. La falta de información suficiente, accesible y oportuna impide que las comunidades podamos comprender integralmente los alcances del proyecto, evaluar sus posibles impactos e incidir de manera efectiva en las discusiones o decisiones relacionadas con su implementación. 

Por ello, nos queda claro que esta consulta funciona principalmente como un trámite burocrático orientado a dar certidumbre a la inversión empresarial y no un verdadero mecanismo para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. No es una consulta previa porque el proyecto y las negociaciones territoriales ya avanzan; no es libre porque existen presiones, desinformación y asimetrías en el acceso a la información; y no es informada porque la información pública es insuficiente, fragmentada y restringida. 

Se trata entonces de un ejercicio de manipulación y de instrumentalización que no respeta nuestra libre determinación como pueblos indígenas ni nuestros usos y costumbres sobre las formas de deliberación y autoconsulta en nuestras comunidades. 

Alcances e impactos de un proyecto reconfigurado sin información pública

Mediante una nueva solicitud de información, se conoció que en diciembre de 2025, Helax Istmo informó al CIIT que “Derivado de un proceso de reconfiguración estratégica del Proyecto Helax, originalmente concebido como una iniciativa de hidrógeno verde, este ha sido transformado en un proyecto de generación eléctrica”, en razón de un “contexto global marcado por cambios geopolíticos relevantes, los cuales han derivado en la cancelación o postergación de diversos fondos internacionales destinados a la transición hacia economías de hidrógeno verde, así como en retrasos tecnológicos asociados a la maduración de estas soluciones”.  La empresa también notificó su desistimiento de continuar con la adjudicación directa del PODEBI de Ciudad Ixtepec, donde se pretendía producir el hidrógeno. 

Hasta ahora, ni Copenhagen Infrastructure Partners ni el gobierno mexicano han informado públicamente sobre este cambio, lo que profundiza la opacidad del proyecto y deja abiertas nuevas preguntas sobre sus verdaderos alcances, su carácter especulativo y los impactos que podría seguir generando en el Istmo.

Si bien el hecho de que, por ahora, no se avance con la propuesta de producción de hidrógeno y amoniaco verde puede limitar ciertos impactos (relacionados con el consumo de agua y los riesgos industriales que conllevan esos gases), nos parece importante denunciar lo siguiente respecto a esta decisión y al estado actual del proyecto:

Los proyectos de generación eléctrica previstos conllevan impactos graves como la modificación de la cobertura vegetal, de los usos del suelo y del territorio, de los flujos de agua superficial y subterránea, afectan a la fauna y flora local, restringen nuestras formas de tránsitos en el territorio y afectan nuestras actividades tradicionales. La instalación previa de 30 parques eólicos en la región ha sido la muestra clara de que estos proyectos no generan bienestar o desarrollo para los pueblos de la región, han enriquecido a unos cuantos, reforzando procesos de desigualdad social y económica, provocando procesos de ruptura del tejido social, de privatización de las tierras, de erosión de nuestras prácticas comunitarias y de aumento de la situación de violencia. Por esta razón nos seguimos oponiendo al proyecto de Helax (CIP), sin importar que por ahora se limite a generar electricidad y no hidrógeno o amoniaco. Nos queda claro que la generación eléctrica industrial en el Istmo no nos beneficia: buscan garantizar energía para la industria y el capital privado mientras que los pueblos de la región sufrimos un acceso cada vez más deficiente e injusto al servicio básico de electricidad (con apagones frecuentes y cobros excesivos en las tarifas de luz). 

Nos oponemos a que las empresas privadas, con la complicidad de las autoridades mexicanas, especulen y jueguen con nuestros territorios y nuestras vidas en función de sus intereses económicos y políticos. La estratégia empresarial de reconfigurar el proyecto por la incertidumbre actual respecto del mercado mundial del hidrógeno y amoniaco muestra que esos actores pretenden tomar decisiones sobre nuestros territorios a partir de elementos ajenos que no controlamos, por el estado actual de mercados de consumo en el norte global o por las consecuencias de guerras energéticas decididas por unos cuantos. Les reiteramos que somos soberanas/os en nuestra forma de decidir sobre nuestros territorios y que nuestras vidas, cuerpos, bienes comunes y comunales no son juguetes para sus prácticas neocoloniales y su especulación empresarial. 

Exigimos a las autoridades mexicanas y a la empresa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) que informen públicamente sobre los cambios previstos en el proyecto. Por ejemplo, si oficialmente el proyecto deja de formar parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), ya que hasta la fecha ha sido promovido como tal por el CIIT y los distintos niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). Sobre los proyectos eléctricos previstos, exigimos que la Sener informe sobre cuál sería el mecanismo previsto para la generación eléctrica (como proyecto privado o de inversión mixta con la CFE) y cuál sería el uso y destino previsto de la electricidad . 

Denunciamos que el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec no es una propuesta de desarrollo para la región, es un proceso amplio de despojo de nuestros territorios y bienes comunes. El lamentable descarrilamiento del tren a finales de 2025, los múltiples impactos que ha generado su construcción, los procesos de criminalización y la actual situación de violencia generalizada a lo largo de la región son muestras claras de los procesos de corrupción, negligencia, imposición y despojo que conlleva este proyecto. Lo que compromete la paz social en la región no es informar a las comunidades, es seguir promoviendo proyectos ajenos a nuestras necesidades que hacen del territorio istmeño una cancha de batalla entre los distintos actores de sus redes de macrocriminalidad. 

Nuestra visión: El Istmo que queremos

En este sentido y por lo expuesto anteriormente, reafirmamos que no queremos más proyectos energéticos, más infraestructura de transporte ni más proyectos industriales destinados a cubrir las necesidades del gran capital y a los actores que lo sostienen. Queremos mantener nuestra vida comunitaria, nuestras fiestas, nuestras comidas, nuestros cerros, nuestros bosques y nuestras lagunas y ríos. Queremos seguir cuidando nuestras prácticas comunitarias, nuestras culturas, nuestras lenguas, nuestra tranquilidad y las formas de vida que hemos construido históricamente en el Istmo. Frente a un proyecto que avanza en medio de la opacidad, la falta de información pública y el desconocimiento de sus posibles afectaciones sociales, ambientales, territoriales y culturales, consideramos importante informar, alertar y abrir un proceso de articulación regional que permita construir alianzas y solidaridad entre comunidades, organizaciones y personas preocupadas por el futuro de nuestro territorio.  

Llamamos a la solidaridad regional, nacional e internacional y el apoyo para dar a conocer y denunciar este proyecto, particularmente frente a los actores financieros que lo hacen posible, incluido el fondo CIP en Europa. Hacemos un llamado especial a los organismos de derechos humanos del sistema de la ONU y del sistema interamericano, y a las organizaciones de la sociedad civil en Dinamarca y otros países donde CIP tiene operaciones, para que exijan el respeto a los estándares de derechos humanos y ambientales en sus inversiones. Esta denuncia busca visibilizar que las decisiones de inversión tomadas fuera del territorio tienen impactos concretos negativos sobre las comunidades, los bienes comunes y las formas de vida del Istmo.

Firman:

  1. Comité Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio
  2. GeoComunes
  3. Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua Oaxaca (OCCAMA)
  4. El Centro de Investigación Colaborativa para la Resiliencia (CRCR) 
  5. Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI)
  6. CECACI Juntos en el Camino, Zanatepec, Oaxaca
  7. Preparatoria Comunitaria José Martí
  8. Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec A.C. 
  9. Observatorio Comunitario al Cuidado de los Bienes Comunes del Istmo de Tehuantepec
  10. Tequio Jurídico A.C
  11. Foro Oaxaqueño del Agua 
  12. Mujeres Defensoras de la Madre Tierra las Meñas, Ixtepec
  13. Centro Promotor de Tecnologías Alternativas Bibaani A.C.
  14. Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño A.C. (CAMPO)
  15. Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA
  16. Rizoma Entreteniendo la Defensa de los Bienes Comunes A.C
  17. Otros Mundos Chiapas 
  18. Bios Iguana A.C., Colima 
  19. Frente Popular en Defensa del Soconusco «20 de Junio» (FPDS), Chiapas
  20. Centro de derechos humanos de los pueblos del Sur de Veracruz Bety Cariño 
  21. Proceso de articulación de la sierra de santa marta
  22. Asamblea General de la Comunidad Indígena Binniza de Puente Madera
  23. Asamblea General de la Comunidad Indígena Chontal El Coyul
  24. Asamblea General del Aguaje de la Comunidad Indígena de Jalapa del Marqués
  25. Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT)
  26. Centro de Documentación Regional El Istmo que Queremos
  27. Escuela Textil de Ixtaltepec Ra ridiibá
  28. Radio comunitaria Zacatepec.
  29. Red de mujeres lesbianas, nguiu’ y personas sexodisidentes del Istmo de Tehuantepec. 
  30. Grupo de Reflexión y Autoformación en Transiciones Ecosociales (Grate), Argentina.
  31. Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, AC.
  32. Betyren Lagunak!, Euskal Herria (País Vasco)
  33. Iniciativas para el Desarrollo de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO)
  34. Engenera AC
  35. Naciones MX
  36. Iniciativa Internacionalista Espejos del Sur Global | Mirrors of Global South 
  37. Observatorio Petrolero Sur (OPSur), Argentina
  38. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA (Chile)
  39. Radio Nanj nï’ïn, Chicahuaxtla Putla Oaxaca.
  40. Tierra Nuestra
  41. Grupo de Trabajo Fronteras, Regionalización y Globalización/CLACSO 
  42. Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC)
  43. Consorcio para el diálogo parlamentario y la equidad Oaxaca A.C. 
  44. Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura (CPOOEM)
  45. Región Autónoma Inmaterial Zoocialista (RAÍZ)
  46. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), Chile.
  47. Colectivo LGBT+ en Alerta Nacional (México).
  48. Consejo Tiyat Tlali de la Sierra Norte de Puebla
  49. Fundar Centro de Análisis e Investigación
  50. Yunhiz Espacio Alternativa
  51. Universidad comunal de Matias Romero.
  52. Colectivo ëjts tiks ats San Juan guichicovi 
  53. Maderas del Pueblo del Sureste A.C 
  54. Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas 
  55. Movimiento El Istmo es Nuestro 
  56. Mexicali Resiste, 
  57. Colectivo Mujeres Tierra.
  58. Comunidad Indígena Otomí residente en la CDMX
  59. UPREZ Benito Juárez 
  60. Café “Zapata Vive”
  61. MAREA, A.C. – Mar y Educación Ambiental
  62. Unión de Pueblos y Fraccionamientos en contra del basurero y en defensa del agua de la región Cholulteca y de los volcanes.
  63. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala.
  64. Movimiento Agrario Indígena Zapatista 
  65. Colectiva Zurciendo el planeta
  66. Centro Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Alternativo U Yich Lu’um
  67. Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán
  68. Consejo Ciudadano por el Agua de Yucatán
  69. Kolectivo Gráfika,La Bestia Grafika 
  70. Empalabrando ,colectivo de la palabra viva, Querétaro
  71. Reentramados para la vida, defendiendo territorios
  72. Geo-Grafías Comunitarias
  73. Grupo de Trabajo Ecologías Políticas desde el Sur Abya-Yala de CLACSO
  74. Colectivo ViDAS 
  75. Grupo Intercolegiado de Investigación en Ecología Política de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (GIIEP-UACM).
  76. Red Futuros Indígenas 
  77. Red Psicología Liberación y Pensamiento Nuestroamericano
  78. Colectivo de Historia Pública de los pueblos mayas, K’ajlay
  79. ONG Sustentarse – Chile
  80. Servicios para una Educación Alternativa AC EDUCA 
  81. IDEAS Comunitarias,  A. C.
  82. CORAL, A.C.
  83. Servicios del Pueblo Mixe A.C.
  84. Colectivo Solidaridad Directa, Suiza
  85. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas AC.
  86. Asociación Ecologica Santo Tomás, A.C.
  87. Asociación Francia América Latina (Francia)
  88. Associació Action and Research for Environmental Justice (Catalunya, España)
  89. Atlas Global de Justícia Ambiental (EJAtlas)
  90. Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio (Modevite), región sacun palma municipio de chilón Chiapas 
  91. Mexicogruppen del Foro Internacional (Dinamarca)
  92. Paysandú soberano UPM 2 NO. (Urugay)
  93. Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas A. C. (DESMI)
  94. Nosotras y el Mar
  95. Tejiendo Redes Infancia#SalvemosLaVida
  96. Fundación Acue, Puerto Natales (Magallanes,Chile)
  97. Asamblea Popular por el Agua (Mendoza, Argentina)
  98. Bajo Tierra Museo del Agua de Querétaro
  99. Movimiento Agroecologico Nacional Q’anil (MANQ)
  100. Fundación CAUCE: Cultura Ambiental, Causa Ecologista (Entre Ríos, Argentina)
  101. Artículo 39 (Oaxaca, México)
  102. Cooperación Comunitaria México 
  103. Red de comunidades inter-ancestrales de América Latina
  104. Enlace Comunicación y Capacitación A.C.
  105. Centro de Investigación y Capacitación Rural (CEDICAR)
  106. CartoCrítica, A.C.
  107. Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca- CUC IXTEPEC
  108. Conexiones Climáticas
  109. CORASON Defensa del Territorio
  110. Comité para los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL) Canadá.
  111. Planeteando
  112. Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Espacio DESCA)
  113. Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos GOBIXHA A.C. (CODIGODH).
  114. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación 
  115. PODER)Mujeres y maíz
  116. Colectivo de Académicos Sudcalifornianos A. C.
  117. Acción Ecológica A.C.
  118. Colectiva México Toxico
  119. Fronteras Comunes, A.C.
  120. Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)
  121. Colectivo Agua es Vida – (Tacuarembò -Urugay)
  122. Colectivo académico comunitario Bicheeche Diidxa. Pasa La Voz.Ecologistas en 
  123. Pasa La Voz
  124. Ecologistas en Acción (España)
  125. Bienestar Comunitario Cicacalco, Zacatecas
  126. Canoas, defensa del territorio, Colima 
  127. Sociedad Cooperativa Chac Lol, Yucatán
  128. Barrio Mapache
  129. Corporate Europe Observatory (CEO)
  130. Centro Calpulli A.C.
  131. Colectivo Agua es Vida, Tacuarembó, Uruguay
  132. Unión de Movimientos por la Regulación Empresarial en Defensa de los Derechos  Humanos
  133. CDI Flor y Canto A.C 
  134. Alas de Esperanza 
  135. Chac Lol Cooperativa.
  136. Colectivo Ecológico Aquí NO
  137. Colectivo Regional en Defensa de los Bosques y el Territorio (CRDBT)
  138. Colectivo en Defensa del Agua, Selva y Vida del Territorio Maya
  139. Colectivo VIDAS
  140. Comité Fronterizo de Obreras y Obreros (CFO)
  141. Comité de Sanidad Acuícola y Pesquero Veracruzano A.C (COSAP)
  142. Comités de Cuenca Río Sonora
  143. Conductoras por Juárez
  144. Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil S.C., CRIPX;
  145. Ladies Drivers GDL
  146. Mujeres de Acción y Resiliencia (MAR)
  147. Red de Mujeres Sindicalistas; Sindicato Nacional de Trabajadores y trabajadoras del hogar (SINACTRAHO)
  148. Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA)
  149. Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra y el Agua Acolhua
  150. R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales 
  151. CIELO Federación Indígena Empresarial y comunidades locales de México
  152. Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C

Personas

  • Elisa Cruz Rueda Profesora Investigadora. Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena. Facultad de Ciencias Humanas para el Desarrollo Intercultural Sostenible. Universidad Autónoma de Chiapas.
  • Aida Luz López Gómez. Profesora Investigadora. Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
  • Flor Mercedes Rodríguez Zornoza . Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
  • Scott s. Robinson, UAM-I, jubilado.
  • Ramón Martínez Coria, etnólogo, presidente del consejo directivo de Foro para el Desarrollo Sustentable AC.
  • Monica Montalvo Mendez, antropóloga social  y comunicadora popular 
  • Carla Escoffié, abogada dedicada a vivienda y ciudad (Mérida-Monterrey)
  • Niltie Calderón Toledo -Docente e investigadora comunitaria. Red Psicología Liberación y Pensamiento Nuestromaericano.
  • Juan Rafael Rodríguez Razgado. 
  • Beatriz Hernández Becerril, Técnica en Desarrollo Comunitario, Activista
  • Marie-Pierre Smets, Capacitadora en derechos campesinos e indígenas, Tierra Viva
  • Gabriela De Gyves Montes – Investigadora comunitaria. Fundadora del colectivo Ridi’ banu guendanazaaca
  • Marcel Llavero-Pasquina, Investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona
  • Raúl Angel Cruz Fiscal. Antropólogo y perito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
  • Juan Carlos Sánchez-Antonio, profesor-investigador de tiempo completo del Instituto de Ciencias de la Educación de la UABJO.
  • Alexander Gómez Florez. Custodios de saberes ancestrales de los pueblos originarios del Abya Yala. 
  • José Luis Grosso, Centro Internacional de Investigación PIRKA  / Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca, Argentina  / Fundación Ciudad Abierta, Cali, Colombia 
  • Mauricio González González, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDER) / Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).
  • Rubén Valencia Núñez, investigador social y defensor del territorio/Centro Universitario Comunal de Ciudad Ixtepec de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO)
  • Luca Ferrari, Investigador del Instituto de Geociencias, UNAM. Investigador Nacional Emérito.
  • Joaquín Palma Ciénega. Comunicador indígena. Blog Acción Indígena
  • Nadia Marín-Guadarrama. Coordinador of Experiential Education in Internship,  University at Albany, SUNY.  Investigadora Asociada. Departamento de antropología, UAlbany. 
  • Inocencia Ramirez Jimenez
  • Natalia Santiago. Socióloga y educadora popular y comunitaria. 
  • Nadxielly Martha Zharelly Lopez Pérez. Bióloga, acompañante y defensora de derechos.
  • Manuel López Mateos.
  • Isabel Núñez Palacios. Antropologa. Defensora del territorio/Centro Universitario Comunal de Ciudad Ixtepec de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO)
  • Ana Gaitán Uribe
  • Joanna Barney, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ 

Imagen: Una nueva ola colonialismo energético en el Istmo de Tehuantepec, Mapa GeoComunes.

Programa especial:La lucha del pueblo de Ecuador contra Chevron

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Les compartimos este programa especial: una entrevista con con Pablo Fajardo de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) desde Ecuador y Karin Nansen de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) desde Uruguay, acerca de la impunidad de Chevron y la ausencia de justicia para las comunidades afectadas en la Amazonia ecuatoriana.

Informe: Minería metálica en América Latina

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Compartimos este informe publicado por el Observatorio de Multinacionales en América Latina donde participa la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA- A 25 de mayo de 2026

Minería metálica en América Latina

Conflictividad ecosocial y ofensiva corporativa en la era del caos global

Gorka Martija Rodrigo y Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate (coord.)

Lee el informe completo aquí

El auge global de la minería metálica es hoy una cuestión de época, un fenómeno ineludible a la hora de entender y plantear cualquier proceso de transición ecosocial. Las presiones corporativas y las expectativas creadas empujan a los países del Sur Global (aunque también a los del Norte) a ampliar la frontera extractiva, ampliando el radio de acción de un sector muy cuestionado: la minería ha supuesto históricamente el tipo de megaproyectos más nocivo y generador de grandes desastres ecológicos, criminalización, violencia, autoritarismo, división social y devastación económica a medio y largo plazo.

Los pueblos de América Latina bien lo saben. La historia extractivista se remonta a tiempos de la colonia española y no ha cejado desde entonces. Ahora, dadas sus relevantes reservas de ciertos rubros en disputa (litio, cobre, níquel, oro, plata, entre otros), retoma vigor económico y geopolítico: para las élites, una oportunidad de negocio; para algunas miradas progresistas, una vía para el escalamiento y la industrialización; para muchas comunidades y organizaciones sociales, una nueva ofensiva corporativa sobre los territorios, en los que llueve sobre mojado. Para todas y todos, sin excepción, un ámbito de enconamiento del conflicto social.

El objetivo de la presente publicación es servir de herramienta popular de análisis crítico de este fenómeno en ciernes. Realizado junto a múltiples movimientos sociales, pretende ofrecer una radiografía del avance de la minería metálica en América Latina. En este sentido, posiciona el marco global de avance del sector, su evolución en el continente, las dinámicas y actores protagonistas de la contienda política, y ofrece una sistematización final de claves de resistencia y alternativa frente al poder corporativo.

🔎 Informe completo »

AUTORÍA: Gorka Martija Rodrigo y Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate (OMAL-Paz con Dignidad) como coordinadores del texto. Por su parte, han
protagonizado la elaboración de los estudios-país la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (REMA), Luca Ferrari, Guadalupe García (Observatorio de Industrias Extractivas OIE), Marcos Sebastián (OMAL-Paz con Dignidad), Pedro Cabezas (Alianza Centroamericana Frente a la Minería ACAFREMIN), Julia Cuadros (CooperAcción), Lucio Cuenca (Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA), Pía Marchegiani (Fundación Ambiente y Recursos Naturales FARN).

DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Iñaki Landa

FECHA DE PUBLICACIÓN: 2026

Programa especial:La lucha del pueblo de Ecuador contra Chevron lunes 1 de junio 7 pm en Yotube: Otros Mundos AC

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Les inivtamos a que nos acompañen en este programa especial tendremos una entrevista con con Pablo Fajardo de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) desde Ecuador y Karin Nansen de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC) desde Uruguay, acerca de la impunidad de Chevron y la ausencia de justicia para las comunidades afectadas en la Amazonia ecuatoriana

Escuchános este lunes 1 de junio 7 pm (hora México) 8 pm (hora Quito) por nuestro cana del YouTube: OtrosMundosAC

¡NO al fracking!¡Ni aquí, ni allá, ni hoy, ni nunca!

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Compartimos este Boletín de la Alianza Mexicana contra el Fracking – A 13 de abril de 2026

Comité sobre fracking: ¿deliberación seria o simulación?

Ciudad de México, 13 de abril de 2026

● Un comité cerrado, tecnocrático y sin posibilidad real de concluir que el Estado mexicano debe prohibir el fracking, sería una simulación para legitimar una decisión ya tomada.
● La discusión no puede reducirse a cómo extraer más gas ni a qué tecnología usar para hacerlo.
● El fracking no es un asunto meramente técnico, es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos.
● No se trata de buscar nuevas coartadas técnicas para prolongar la dependencia fósil de México, sino de asumir decisiones para dejar atrás los combustibles fósiles.
● Si el gobierno pretende presentar este comité como un espacio serio de investigación, análisis y deliberación, en esa mesa también deben pesar el principio precautorio y los antecedentes internacionales de prohibiciones y moratorias del fracking, no solo las promesas tecnológicas de la industria y del sector energético.

Tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir la puerta al gas no convencional,y conformar un comité “técnico-científico” para evaluar el uso de fracking, la discusión pública no puede quedar atrapada en los términos que el propio gobierno pretende imponer. El problema no es solamente quién integrará ese comité. El problema de fondo es si el gobierno busca realmente deliberar sobre el futuro
energético del país o si solo pretende vestir de ciencia una decisión fósil ya encaminada.

El gobierno ha intentado presentar esta ruta como una discusión técnica sobre soberanía energética, producción de gas y nuevas tecnologías. Ese encuadre es inaceptable. El fracking no es un asunto meramente técnico, es una decisión política, territorial, climática y de derechos humanos. Afecta agua, salud, alimentación, comunidades, trabajadores, ecosistemas, formas de vida y viola obligaciones internacionales y constitucionales irrenunciables del Estado mexicano de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y también de prevenir sus violaciones. Presentarlo como una discusión de especialistas, aislada de sus consecuencias sociales y ambientales, es una forma de despolitizar una decisión que jamás ha sido neutral.

Tampoco puede asumirse sin discusión la premisa de que México necesita más gas y que, a partir de ahí, solo queda decidir cómo producirlo. Esa premisa debe ser cuestionada. Convertir la dependencia actual en una apuesta por más extracción fósil, más infraestructura gasífera y más sacrificio territorial no es soberanía energética. Es profundizar el mismo modelo fósil que ha contaminado territorios, comprometido fuentes de agua, impuesto riesgos a comunidades enteras y retrasado una transición energética real y justa. No se trata de buscar nuevas coartadas técnicas para prolongar la dependencia fósil de México, sino de asumir decisiones para dejarla atrás; volver a poner sobre la mesa el fracking contradice abiertamente el compromiso de no permitir esta técnica en el país.

La Alianza Mexicana Contra el Fracking reitera su postura: el fracking debe prohibirse, no regularse o gestionarse. No hay “fracking sustentable”, ni “fracking responsable”, ni maquillaje tecnológico que borre dos décadas de evidencia científica sobre sus impactos ambientales, sociales y sanitarios.1 Lo que México necesita no es una nueva vía para profundizar su dependencia a los combustibles fósiles, sino una ruta para salir de ella.

Si el gobierno insiste en anunciar un comité el próximo miércoles, ese comité sólo podría tener credibilidad pública si cumple condiciones elementales que distingan una deliberación real de una simulación.

● Primero, su mandato no puede estar sesgado de origen. Si el comité nace para buscar cómo explotar gas no convencional “mejor”, “con menos agua” o “con nuevas tecnologías”, entonces no estará evaluando si México debe o no abrir esta ruta, sino refinando la forma de implementarla. Esa sería una simulación desde el diseño.
● Segundo, el comité debe tener la posibilidad real de concluir públicamente que el Estado mexicano debe prohibir el fracking. Si esa conclusión no es posible desde el inicio, entonces no se tratará de un espacio de evaluación, sino de un mecanismo para legitimar una decisión ya tomada.
● Tercero, la integración, los criterios de selección, la metodología, los documentos de trabajo, los conflictos de interés, los insumos y las deliberaciones del comité deben ser públicos. Si el gobierno habla de apertura a la sociedad, debe demostrarlo con total transparencia, no con opacidad ni designaciones
discrecionales.
● Cuarto, no puede tratarse de un grupo de élite científica con visión tecnocrática. El fracking no afecta solamente indicadores energéticos o balances de producción. Afecta territorios y pueblos concretos, convirtiéndolos en zonas de sacrificio para sostener el modelo fósil. Por ello, y haciendo eco de la Opinión
Consultiva 32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe incluir al conocimiento indígena como parte de la mejor ciencia disponible.
Además, cualquier exclusión de comunidades potencialmente afectadas, de voces independientes en salud pública, clima, agua, derechos humanos y defensa territorial, confirmaría que no se busca escuchar a la sociedad, sino neutralizarla.
● Quinto, si el gobierno pretende presentar este comité como un espacio serio de deliberación, en esa mesa también deben pesar los principios precautorio, pro aqua, interculturalidad, así como considerar los antecedentes internacionales de moratoria y prohibición del fracking, no solo las promesas tecnológicas de la industria y del sector energético. Un comité que nazca para discutir cómo habilitar el fracking, pero no para considerar seriamente su prohibición, estaría viciado desde el origen.

Estas condiciones no implican reconocer el comité como una vía legítima para normalizar o regular el fracking. Sirven, precisamente, para exhibir si el gobierno pretende abrir una deliberación real o montar una simulación para legitimarlo.

La prueba del miércoles será simple. Si el gobierno presenta un comité cerrado, opaco, tecnocrático, sin independencia y sin posibilidad real de recomendar la prohibición del fracking en México, no estará abriendo una deliberación pública sería. Estará montando una simulación para legitimar una decisión ya tomada.

La diferencia será clara: un comité con posibilidad real de recomendar la prohibición del fracking en México, o una simulación diseñada para legitimar un giro político que contradice el compromiso de la 4T de no permitir el fracking en el país.

¡No al fracking, ni aquí ni allá, ni hoy ni nunca!

Contacto de prensa:
Manuel Llano: 55 4388 4067
Alejandra Jiménez: 784117 6209

Información adicional del proyecto Milpillas entregado a la SEMARNAT reafirma su inviabilidad

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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre la lucha por defender el Río Atenco en Zacatecas – A 6 de abril del 2026

El pasado 03 de marzo del presente, la Secretaría de Finanzas del estado de Zacatecas, actual promovente del proyecto de la Presa Milpillas, entregó información adicional con respecto a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que fue solicitada por parte de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT. Asimismo, la SEMARNAT anunció la etapa de consulta pública del proyecto, que está vigente desde el 25 de marzo y hasta el próximo 23 de abril, de acuerdo con la Gaceta Ecológica (Publicación No. DGIRA/0014/26). Con base en la revisión de la actualización de la MIA, el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, reafirma la inviabilidad, contradicciones y posibles afectaciones socioecológicas del proyecto, que persisten y que compartimos a través de este comunicado.

Es importante aclarar que esta consulta pública es la apertura del expediente del proyecto al público interesado para hacer las observaciones y referencias pertinentes sobre el mismo, tal y como lo señalan la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en su artículo 34, así como en los artículos 4, 40 y 41 de su Reglamento; normativa que, dicho sea de paso, en ningún momento define como facultad de la SEMARNAT realizar encuestas, consultas ciudadanas u otros procesos electivos en cualquiera de sus modalidades: votación con urnas, nominales, a mano alzada o algún otro método.

De acuerdo con los datos actualizados de la MIA, el escurrimiento promedio anual del río Atenco (o Milpillas, como lo llaman los funcionarios del gobierno), no es suficiente para operar la presa. En el mejor de los casos, sólo permitiría que ésta operara a aproximadamente la mitad de su capacidad, con lo cual no se alcanzaría a cubrir el déficit de los acuíferos de la región centro del estado, ni siquiera la demanda actual de agua en la Zona Conurbada de Zacatecas y Guadalupe (ZCZG). Esto quiere decir que a pesar de que la MIA fue modificada por el promovente, el proyecto no se sostiene técnicamente, y las afectaciones sociales, ecológicas y culturales podrían profundizarse en los territorios afectados.

Los datos son los siguientes:

  1. En la información adicional solicitada, se reitera, al igual que en las MIAs anteriores, que la presa está diseñada para desviar 1,300 l/s del embalse a la región centro de Zacatecas, lo que equivale a 41 Mm³/año.
  2. En la sección “Cálculo del volumen de escurrimiento medio anual (CP)”, se explica el método mediante el cual se estima el escurrimiento medio anual del río Milpillas, llegando a una cifra de 28.405 Mm³/año. Por escurrimiento medio anual se entiende el flujo o caudal promedio del río en los 365 días del año, calculado a partir de determinado número de registros diarios por varios años.
  3. Posteriormente, se afirma que el escurrimiento promedio anual del río Milpillas es de 32.274 Mm³/año, cifra que se da sin presentar el método que la sustente, lo cual contradice la anterior (28.405 Mm³/año), imposibilitando así el traslado de 41 Mm3/año.
  4. A partir de esta cifra sin sustento, se asigna un caudal ecológico de 11.545 Mm³/año. El caudal ecológico se refiere al flujo de agua necesaria para sostener los ecosistemas río abajo de la cortina. A propósito de esto, un caudal ecológico de 11.545 Mm3/año no es necesariamente suficiente para sostener las poblaciones humanas y sistemas de producción agrícola de escala pequeña río abajo de donde se pretende construir la presa Milpillas. La MIA todavía no incluye un estudio serio al respecto.

Con base en los datos señalados, se puede afirmar que, aun considerando la cifra más alta —y no justificada— de 32.274 Mm³/año, no hay suficiente agua para operar la presa Milpillas según su diseño. Si además se respeta el caudal ecológico propuesto (11.545 Mm³/año), entonces el volumen disponible de agua que se prevé desviar sería de aproximadamente 20.729 Mm³/año, lo que implicaría operar la presa a cerca de la mitad de su capacidad.

En este sentido, los mismos datos de la MIA actualizada por el promovente confirman que los 20.729 Mm³/año de agua que podría desviar la presa Milpillas —y esto es en el mejor de los escenarios— no podrían revertir la sobreexplotación de los acuíferos en la región centro del estado, pues se necesitarían alrededor de 13 presas como Milpillas para cubrir el déficit conjunto de 262.5 Mm3/año. Asimismo, dicha cantidad sería insuficiente para satisfacer la demanda de agua en la ZCZG, la cual se estima en 27.4 Mm3/año según datos de JIAPAZ, y mucho menos si se incluye a Fresnillo y otros centros urbanos.

Estos datos que se desprenden de la apertura de la MIA para su análisis y observaciones permiten confirmar que el proyecto de la presa Milpillas no representa una solución a la escasez de agua de la ZCZG, ni tampoco permitirá aliviar a largo plazo el estrés hídrico que padecen los mantos acuíferos sobreexplotados por Grupo Modelo, las minas y los grandes productores del sector agroindustrial. Para esto, basta un ejemplo: los 20.729 Mm³/año de agua que podría desviar la presa es una cantidad menor a la de los casi 35 Mm3/año, concesionada sólo a Peñasquito.

Con todo, la información adicional incluida en la versión más reciente demuestra, nuevamente, que este proyecto, concebido hace más de diez años, obedece a una lógica neoliberal, puesto que, lejos de contribuir significativamente a superar la crisis hídrica multidimensional en la región centro de Zacatecas, sólo serviría como vehículo para el enriquecimiento de compañías transnacionales constructoras de presas, para proteger los intereses de los grandes acaparadores de agua en la región y para brindar a los administradores del proyecto la oportunidad de desviar recursos públicos. Todo ello a través del despojo del líquido vital de uno de los municipios más pobres del estado.

En lugar de buscar traer agua de territorios cada vez más lejanos, por medio de infraestructura hídrica inviable, con altos cargos al erario público y graves impactos socioambientales, una forma más razonable de satisfacer las demandas de agua de la ZCZG, así como de cubrir el déficit de agua de los acuíferos sobreexplotados, sería limitar y reducir la demanda de ciertos grandes consumidores del sector industrial en la zona. Por ejemplo, existen 12 proyectos mineros en etapa de exploración en los cinco acuíferos sobreexplotados correspondientes a la ZCZG (Aguanaval, Benito Juárez, Calera, Chupaderos y Guadalupe-Bañuelos), y tan sólo en los tres primeros meses del año 2026 se ha presentado ante la SEMARNAT informes preventivos y MIA regional para tres de ellos en el municipio de Fresnillo (Proyecto de exploración San Albino, Depósito de Jales Fatima Sur y Proyecto de exploración minera El Tule).

Por tales motivos, los ejidos y comunidades de Jiménez del Teul y Sombrerete no estamos dispuestos a ser territorios de sacrificio para un proyecto que significa la destrucción de nuestra vida comunitaria y de la biodiversidad. Exigimos que se respete la autonomía y la decisión de las asambleas ejidales, y se cancele definitivamente el proyecto de la presa que, a todas luces y por más que lo maquillen, es inviable en términos técnicos, sociales y ecológicos; y demandamos al gobierno de la 4T ser congruente con sus principios, abandonar el proyecto de una vez por todas, dejar de desperdiciar recursos públicos y aplicar rigurosamente las alternativas delineadas por investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Finalmente, hacemos una invitación a los medios de comunicación y a las personas interesadas a estar atentas y atentos a la convocatoria para la reunión pública de información, cuya fecha y hora será publicada por la SEMARNAT a través de su gaceta, para que el promovente del proyecto de la presa exponga los aspectos técnicos ambientales, los desequilibrios ecológicos graves o daños a la salud pública o a los ecosistemas que tendría la realización del proyecto.

Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería

Denuncian presión para aceptar proyectos mineras en la montaña de Guerrero

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Compartimos este comunicado de El Concejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña y Costa Chica del Guerrero (CRAADET) sobre su lucha por una vida libre de minería – A 21 de marzo de 2026

Pueblo Hidalgo, Guerrero a 21 de marzo del 2026

A la opinión pública:

El Concejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Montaña y Costa Chica del Guerrero (CRAADET), enviamos un saludo fraterno y solidario a los pueblos y luchas del estado de Guerrero y de México que han asumido la defensa del territorio y la defensa de los derechos de los pueblos originarios y campesinos como propuesta de lucha permanente.

En el contexto de nuestro XLVIII FORO POR LA DEFENSA DEL TERRITORIO, REALIZADO EN LOS BIENES COMUNALES DE PUEBLO HIDALGO, MUNICIPIO DE SAN LUIS ACATLÁN, LOS PUEBLOS INTEGRANTES DEL CRAADET queremos denunciar ante la opinión pública lo siguiente.

A inicios del año una nueva amenaza acecha nuestra vida comunitaria, se trata del Sr. Fernando Jaimes Ferrel, ex delegado de la procuraduría agraria y subsecretario de asuntos agrarios durante la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien anda recorriendo nuestros pueblos con el propósito de que dejemos ingresar a las empresas mineras, a su vez también ha estado intentando influenciar a diferentes actores políticos y líderes sociales que tienen una relevancia importante y de respeto en la dinámica de los pueblos, haciéndoles creer que la minería es progreso y desarrollo.

Como todo México sabe, desde hace casi 14 años la defensa del territorio que hemos realizado en el CRAADET para evitar el ingreso de las empresas mineras ha sido constante y es un ejemplo a nivel nacional de lucha organizada, basada en el ejercicio y defensa de nuestros derechos. Son 14 años en donde hemos logrado que el gobierno federal, a partir del respeto, registro e «Tierra y Libertad» inscripción de la negativa para el ingreso a nuestro territorio de la actividad minera relacionada con el modelo extractivo, haya quedado validada tanto por nuestras asambleas y dentro de nuestros reglamentos internos y estatutos comunales, además de las declaratorias de municipios libres de minería de nuestros presidentes municipales de Iliatenco, Malinaltepec y San Luis Acatlan, de tal manera que estamos en condiciones legales de aplicar lo que corresponde ante terceros a quienes intenten violentar la vida comunitaria.

Hacemos del conocimiento de la opinión pública que todas las comunidades del CRAADET hemos acordado que el Sr. Fernando Jaimes Ferrel, a quienes le acompañen, y a cualquier otra persona que en un futuro quiera ingresar a promover la actividad minera en nuestros pueblos, serán privados de su libertad y serán sometido ante las autoridades correspondientes en nuestros sistemas de justicia comunitaria, por violar y violentar nuestros acuerdos comunitarios y Regionales, de tal manera que, en este comunicado queremos que le quede claro al Sr. Fernando Jaimes Ferrel no es bienvenido a nuestro territorio comunitario por ser un servil promotor de una actividad que sabemos destruye pueblos enteros.

De la misma manera a las y los amigos políticos y personalidades les pedimos no se dejen embaucar por las mentiras de este promotor de la destrucción y le faciliten el ingreso a alguna comunidad, de tal manera que, sigamos con una relación cordial y armónica con todos ustedes.

FRATERNALMENTE

POR UN TERRITORIO LIMPIO, SANO Y LIBRE DE MINERÍA

SEMARNAT y Gobierno de Zacatecas ponen en riesgo la salud y el medio ambiente con aprobación acelerada de nuevos proyectos mineros en territorio zacatecano

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Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 17 de marzo de 2026

Con motivo de la visita de la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Alicia Bárcena, al estado de Zacatecas el pasado 11 de marzo de 2026, y ante sus recientes declaraciones públicas sobre la aprobación de proyectos mineros la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería manifestamos nuestra profunda preocupación no sólo por la narrativa gubernamental que pretende presentar el avance de nuevos proyectos mineros como sinónimo de progreso y desarrollo económico, sino por la orientación política que está detrás de estas declaraciones y decisiones, que continúa priorizando la expansión del modelo extractivo por encima de la protección del agua, los territorios y la salud de las comunidades. Este posicionamiento refleja una política pública que favorece la agilización de permisos y la aprobación acelerada de Manifestaciones de Impacto Ambiental, mientras se minimizan o ignoran los impactos acumulativos que estas actividades generan en regiones ya afectadas por la sobreexplotación de acuíferos, la degradación ambiental y los impactos conflictos a la salud de la población.

Una vez más, enunciamos los profundos impactos que la aprobación y desarrollo de nuevos proyectos mineros generan en términos de despojo territorial, sobreexplotación de bienes naturales, concentración de riqueza en manos de unos cuantos y empobrecimiento de las comunidades. A ello se suma la contaminación del agua superficial y de los mantos freáticos, así como los graves daños a la salud de las personas derivados de la actividad minera. La experiencia demuestra que, una vez producido el daño, no existen tecnología o dinero suficiente que permitan remediar o revertir plenamente las afectaciones ambientales que estos procesos ocasionan. Es decir, la minería genera daños a perpetuidad.

Entre los proyectos mineros que se pretende impulsar y acelerar mediante la autorización de Manifestaciones de Impacto Ambiental y evaluaciones superficiales sobre el uso del agua, se encuentra el Proyecto San Nicolás de las empresas mineras canadienses Agnico Eagle y Teck Resources. Según datos de la CAMIMEX, este proyecto se posiciona como el segundo proyecto de cobre más importante a nivel nacional, con una producción estimada de 65.8 mil toneladas, así como el primer proyecto de producción de zinc, con 147 mil toneladas estimadas, además de pretender producir 17.5 mil onzas de oro.

Este proyecto resulta particularmente preocupante debido a su ubicación en el acuífero Calera, el más sobreexplotado del estado de Zacatecas, dentro del corredor minero Fresnillo–Zacatecas. En este contexto, resulta inevitable preguntarse por la prisa en impulsar proyectos de infraestructura hídrica como la presa Milpillas, que podrían estar orientados a garantizar agua para el crecimiento de actividades industriales y extractivas en una región donde el acceso al agua para las comunidades ya enfrenta serias limitaciones.

Otro de los proyectos que buscan avanzar es Cerro de Oro de Minera Álamos, considerado el octavo proyecto de oro a nivel nacional, con una producción prevista de 28 mil onzas en el municipio de Melchor Ocampo. Asimismo, se encuentran proyectos como Relleno de Hundidos de Arian Silver, el proyecto Torcazas de Industrias Peñoles en Fresnillo y el Proyecto Juárez de Compañía Minera T.T.T. en el municipio de Villa Hidalgo.

En la actividad minera resulta imposible sostener que los recursos naturales puedan ser utilizados “con responsabilidad”, como lo ha señalado la titular de SEMARNAT al referirse al uso de los acuíferos. La minería industrial está estructuralmente vinculada a un modelo de explotación intensiva de recursos naturales que prioriza la obtención de altas ganancias para las empresas, a costa de los ecosistemas y de las condiciones de vida de las poblaciones que habitan los territorios.

En Zacatecas, la crisis hídrica es ya una realidad evidente. El estado no cuenta con la disponibilidad suficiente de agua para satisfacer plenamente las necesidades de la población de la zona conurbada ni de múltiples municipios y comunidades rurales. Sin embargo, actividades industriales como la minería demandan grandes volúmenes de agua, a la vez que la contaminan y puede interrumpir los flujos de agua superficial y subterránea, contribuyendo a la pérdida de pozos y manantiales, y a la reducción del nivel del manto freático. Esta es una de las muchas razonas por las cuales nuestra red se opone al modelo extractivista minero y su expansión en el país.

A reserva de conocer con mayor profundidad el proyecto denominado “Aguas Firmes”, la experiencia acumulada en distintos territorios permite reconocer el modus operandi de las grandes empresas extractivas, basado en la simulación de compromisos ambientales y en la construcción de discursos de sustentabilidad que buscan legitimar sus operaciones ante la opinión pública, sin que en la práctica se transformen los impactos estructurales que genera este modelo.

Aunque el año 2026 ha sido denominado en Zacatecas como el “año del progreso”, desde la perspectiva de los territorios y de las comunidades afectadas por el extractivismo podría convertirse, en realidad, en un año de retrocesos si se continúa acelerando la aprobación de Manifestaciones de Impacto Ambiental y de proyectos de explotación minera por sus consecuencias devastadoras. Las grandes empresas mineras saquean, despojan y destruyen los territorios, como lo demuestran múltiples experiencias documentadas en distintas regiones del mundo, inclusive en el mismo estado de Zacatecas. Recordamos el desplazamiento forzado de la población de Salaverna por el Grupo Frisco y de la comunidad La Colorada por la empresa Pan American Silver. Además, no hay que mirar más allá de la mina Peñasquito de la empresa Newmont para ver los efectos de la contaminación y pérdida de fuentes de agua sobre las comunidades aledañas. No existe “minería verde”, “minería sustentable” ni “minería amigable con el medio ambiente”: la minería industrial implica inevitablemente procesos de devastación ambiental y transformación profunda de los territorios.

Diversos casos lo evidencian en Canadá, Centroamérica y Sudamérica, así como en el propio territorio nacional. En México podemos mencionar el caso del Ejido El Bajío, en Sonora, donde persisten graves deudas ambientales derivadas de la actividad minera después de tan solo tres años de operación de una mina de la empresa Fresnillo, o el Ejido Carrizalillo, donde los grandes tajos han destruido tierras fértiles y han contribuido a procesos de deterioro social y violencia en las regiones donde operan estos proyectos, ahora en manos de la empresa Equinox Gold. Mientras tanto, las grandes utilidades quedan en manos de los consorcios mineros y sus accionistas, mientras que las comunidades propietarias de la tierra y el propio estado con la llamada “vocación minera” se vuelven dependientes sobre las migajas que dejan las operaciones mineras y que suelen durar entre 10 a 15 años, al tiempo que enfrentan territorios cada vez más degradados, contaminados y empobrecidos, con el resultado que tarde o temprano resultan desplazadas. Por esta razon, no es casual que las zonas mineras suelen registrarse con altos niveles de empobrecimiento, tal como se ha observado en los municipios en donde ocurren la minería de oro en México o en Perú.  

Por todo lo anterior, desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) exigimos detener la aprobación de nuevos proyectos de explotación minera en Zacatecas y abrir un debate serio sobre las verdaderas prioridades ambientales del país.

Existen problemas ambientales urgentes que requieren atención inmediata, como la crisis hídrica, la restauración de ecosistemas dañados, la contaminación acumulada por actividades extractivas, y la protección de los territorios y las comunidades. Si el gobierno federal realmente busca actuar con responsabilidad ambiental, no debería anteponer los intereses económicos de las empresas mineras, cuyas ganancias además no se quedan en las comunidades ni en el país, sobre la protección del agua, la vida y los derechos colectivos de los pueblos.

¡Alto al daño al medio ambiente!

¡No a la expansión de la minería en Zacatecas ni en México!

Imagen: MAZAPIL, ZACATECAS, 11JUNIO2023.- Instalaciones de mina a cielo abierto Peñasquito, de la empresa norteamericana Newmont. s
Situada al norte del país, en el oeste de Zacatecas, es una de las minas más importante para Newmont con ventas por encima de los 2.000 millones de dólares. En México, esta mina es la principal productora de oro en el país, con una extracción de más de 566.000 onzas del metal áureo en 2022, más del 20% de la producción nacional de este metal, de acuerdo con los reportes anuales de la empresa. La mina también extrajo un nivel relevante de plata con 29,7 millones de onzas anuales.
FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM

El Escaramujo 140: LA TALA ILEGAL EN CHIAPAS

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Los “Escaramujos” son documentos de análisis producidos por Otros Mundos A.C. Les presentamos el último número de la colección, esperando les sirva para sus trabajos en defensa de los territorios. (Ver todos los números del Escaramujo)

EL ESCARAMUJO No. 140

LA TALA ILEGAL EN CHIAPAS
La pérdida de selvas y bosques

Gustavo Castro Soto
Otros Mundos Chiapas
17 de Marzo 2026 San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México
https://otrosmundoschiapas.org/

Descargar Escaramujo 140

Chiapas es uno de los pulmones más importantes de México. Si embargo, la tala ilegal de madera en el estado representa un problema enorme en términos ambientales, sociales y productivos desde hace muchas décadas y que se agudiza con los años. Esta tala ilegal profundiza la deforestación de selvas y bosques, la pérdida de los ecosistemas, de la biodiversidad de flora y fauna, y más aún la que está en peligro de extinción. Por si fuera poco, esto se agrava por las consecuencias que acarrea sobre los ríos, los azolves, la erosión de los suelos y los cambios climáticos en la región.

Mientras que se calcula que el 50% de la madera que se comercializa en México es ilegal1, en el estado de Chiapas llega al 90%.2 Esto es escandaloso.

Según la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la deforestación en Chiapas alcanzó 359,789.18 hectáreas entre 2001 y 2021, lo que significa una tasa de pérdida de 17,989.5 hectáreas cada año.

El Biólogo Raúl Fernando Álvarez Narca, director de Protección Forestal de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (SEMAHN) del estado de Chiapas, afirmó que anualmente el estado pierde alrededor del 2.4% de sus bosques en gran parte por la tala ilegal clandestina principalmente de pino, pero también de caoba, cedro, roble, tzalam, guanacastle, entre otras especies tropicales, lo que equivale a 45 mil hectáreas de bosques y selva.3

Jorge León Cortés, investigador en el departamento de conservación de la biodiversidad en el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), afirma que en Chiapas se ha perdido en los últimos 50 años el 43% de bosques y que solo el 18% de la cobertura vegetal puede considerarse natural.4 Mientras, Nature Conservancy afirma que cada diez años Chiapas ha perdido 10% de sus bosques y que en las últimas cinco décadas se han perdido más del 50% por ciento de bosques nativos.5

Por su lado, el Mapa para la Resiliencia manifiesta que ante el Cambio Climático, Chiapas es el segundo estado con mayor deforestación, ya que entre los años 2002 y 2014 se perdieron 2,300.85 km2 de bosques y selvas primarios. Y es que la entidad es un importante productor de ganado en el país.6

Pese a los trabajos de prevención y vigilancia que realiza la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), se calcula que se ha perdido ya el 30% de la superficie forestal del Parque Nacional Cañón de Sumidero por la mancha urbana que avanza de manera acelerada deforestando el Parque que contaba con 20 mil hectáreas de zona natural protegida.7

Los funcionarios estatales advierten que “la pérdida de cubierta forestal afecta a más de 500 especies de vertebrados, altera patrones de lluvia y reduce la disponibilidad de agua, impactando la agricultura y la vida rural”.8

Así, la deforestación avanza por la tala ilegal pese a que la Fiscalía General del Estado de Chiapas haya realizado 92 operativos tan solo en el primer semestre de 2024 con el fin de prevenir los delitos ambientales. Se asegura que se han detenido a muchos traficantes de madera y que se han recuperado miles de piezas de madera que se transportan de manera ilegal, y sin embargo no se informa de su paradero. Aunque la Guardia Nacional, la SEMANH y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) luchan contra el tráfico ilegal de madera, no es suficiente para detener la deforestación de los bosques y selvas que continúa en aumento.9

En mayo de 2025 la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional, el Ejército y PROFEPA realizaron un gran operativo en el municipio de Altamirano, considerado el más grande contra la tala ilegal en Chiapas, donde se aseguraron 12 aserraderos clandestinos y se clausuraron 14 centros de almacenamiento. En el municipio de Ocosingo se detuvo a un conductor de tráiler que transportaba cerca de 4,687 piezas de madera sin documentación. En Chiapas, de acuerdo con el artículo 419 del Código Penal Federal, este delito se castiga con hasta 6 años de prisión y multas de hasta 20 mil días cuando se trata de madera extraída de áreas naturales protegidas.

Pese a todos estos esfuerzos, en el estado de Chiapas es común observar en las comunidades, en los caminos y carreteras, a los camiones cargados de madera. Incluso puntos de venta de madera ilícita en las cabeceras municipales con bodegas llenas de tablones, leña, carbón y otros subproductos de madera para la construcción. Los aserraderos y carpinterías están a la mano en cualquier ciudad o comunidad. Las motosierras no dejan de escucharse a lo lejos. Entonces pareciera que las autoridades no están presentes para combatir este crimen ambiental. Los bosques van desapareciendo y se observan cada vez más los cerros pelones y kilómetros de selvas sin selvas, ganado intensivo o plantaciones de palma de aceite que no son bosques ni selvas.

La demanda de madera para el uso del carbón, para la construcción, ebanistería, muebles finos, etc., entran al mercado negro a un precio más bajo y evitan costos económicos por trámites, pero también evitan instalar programas de manejo forestal, registros, cumplimientos fiscales, pagar asesorías y otros gastos que implica el mercado legalizado de la madera.

En el municipio de San Cristóbal de las Casas se registran muchos puntos de venta de madera ilegal provenientes de pinos de hasta 15 o 20 metros de altura talados clandestinamente en la región de Los Altos. Se calcula que al menos 50 aserraderos clandestinos operan deforestando día y noche los bosques de la región para luego llevarlos al mercado negro de madera en diversos puntos de la Ciudad de San Cristóbal de las Casas.11 12

Para las comunidades la venta ilegal de madera implica un ingreso económico relativamente fácil frente a las dificultades de generar otro tipo de ingreso. Por ello, no sólo es trabajo de las autoridades la vigilancia, la persecusion del delito y la prevención, sino también de las comunidades y otros actores para buscar alternativas que eviten el avance de la tala que, de seguir la misma tendencia, en 10 o 20 años más la deforestación podrá acarrear pérdidas ecosistémicas irreparables e irreversibles.

ALGUNAS ALTERNATIVAS

Frente a la deforestación galopante en Chiapas, la perdida de biodiversidad que genera así como la degradación de los suelos y la falta de acceso al agua, en muchas comunidades y ejidos han prohibido
talar árboles para el consumo de leña en los hogares. Esto provocó que algunas familias buscaran comprar gas LP con altos costos, o comprar carbón o leña de hasta 4 mil pesos la “camionada” en otras comunidades o ejidos aledaños.

Es por ello que apareció la BIORED, la Red de Biodigestores de Chiapas. Hasta la fecha se han instalado más de 50 biodigestores y 14 sistemas de captación pluvial con geotanques de 7,800 litros de capacidad. Con esto fortalecen la autonomía energética. Estos sistemas eliminan el 100% de consumo de gas LP (en cilindros) y un 50% de la quema de leña; evita la compra de fertilizantes químicos gracias al uso de biofertilizante que genera el biodigestor diariamente, y se logra la mejora de las condiciones de vida inmediata de las familias sobre todo en mujeres, niñas y niños.

Con el biodigestor se construye una alternativas frente al Cambio Climático. Cada sistema tiene la capacidad de capturar hasta 10 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2eq), esto es igual a
2.4 m3 de biogás al día equivalentes a 3 horas de estufa de dos quemadores prendidas, y 150 litros de
biofertilizante que podrá fertilizar hasta 4.5 hectáreas de cultivo anualmente por biodigestor instalado.

Así, con este sistema de biodigestores, hasta la fecha se han fertilizado más de 225 hectáreas con biofertilizante y se han beneficiado directamente más de 250 personas. Anualmente se ha logrado la captura de 500 Ton de CO2eq, se dejó de consumir 15,000 kg de gas LP, y se han salvado más de 200 árboles al no ser talados por el uso de energía renovable como lo es el biogás.

Sin embargo, existen otras alternativas creciendo y enfrentando la deforestación, tal es el proyecto de“El Carbonerito” para al producción de carbón ecológico, con el mismo costo que el tradicional carbón y con mejor rendimiento.

Es hora de las alternativas de autonomía, descentralizadas y en manos de los pueblos!

La actividad humana en el Planeta genera que millones de hectáreas de bosques desaparezcan aceleradamente. Por ello es importante solidarizarnos con las luchas que se dan en cada rincón del mundo donde los pueblos originarios, pero también campesinos y pueblos urbanos, luchan por defender la Madre Tierra. Invitamos a apoyar las Peticiones que Salva la Selva promueve en todo el mundo:
https://www.salvalaselva.org/peticion

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La defensa del Río Atenco es una decisión de los pueblos, no una imposición externa

Publicada el | por Otros Mundos AC | Dejar un comentario en La defensa del Río Atenco es una decisión de los pueblos, no una imposición externa

Compartimos este comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA y el Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco – A 27 de febrero de 2026

El pasado 3 de febrero, se envió una carta a Claudia Sheimbaum y diferentes autoridades involucradas en el Plan Nacional Hídrico, firmada por 79 organizaciones, nacionales e internacionales, que solicitan la cancelación del proyecto de la presa Milpillas en los Municipios de Jiménez del Teúl y Sombrerete en el Estado de Zacatecas[1].

La firma de las organizaciones reconoce la lucha por la defensa del río que ha sido sostenida por más de 10 años por  el Movimiento en Defensa del Territorio y el Río Atenco integrado por los Ejidos de Atotonilco, El Potrero, Estancia de Guadalupe y Corrales, además de integrantes de la cabecera municipal de Jiménez del Teul.

Frente a este respaldo amplio, el gobierno del Estado de Zacatecas respondió que “la REMA ha sido opositora a varias presas, me parece irracional”[2] sugiriendo así   que por encima de las 79 organizaciones firmantes,  es la REMA quien no quiere la presa Milpillas . Con esta declaración intentan minimizar el amplio respaldo y la fuerza de las comunidades que reiterada y claramente han rechazado el proyecto en un acto de ejercicio legítimo a la autodeterminación.

La oposición a la presa  nace en las asambleas ejidales, nace de las y los habitantes que han cuidado históricamente el Río Atenco y que comprenden con absoluta legitimidad lo que está en juego: su agua, su tierra, su forma de vida y su derecho a decidir sobre su futuro.

El Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, es miembro de la REMA, por lo tanto, cuando se refieren a la REMA, también se refieren al Movimiento que está siendo acompañado por muchas otras organizaciones nacionales e internacionales. Es un proceso organizativo comunitario que es autónomo, la labor de las organizaciones aliadas ha sido documentar, visibilizar y respaldar la defensa del territorio frente a un proyecto que carece de sustento técnico, ambiental y social.

El proyecto Presa Milpillas presenta inconsistencias graves que han sido señaladas por múltiples actores:

  • La Manifestación de Impacto Ambiental ha sido señalada por omisiones sustanciales respecto a impactos, afectaciones a ecosistemas y consecuencias sociales[3].
  • No existe evidencia pública que demuestre viabilidad técnica y financiera integral del proyecto a largo plazo.
  • No garantiza el derecho humano al agua de las comunidades de la cuenca; por el contrario, prioriza el trasvase hacia corredores urbanos e industriales.

Pretender reducir la oposición social a la influencia de una organización es, con dolo y mala fe, desconocer deliberadamente las múltiples asambleas ejidales en las que se ha rechazado el proyecto, así como las actas y posicionamientos públicos que documentan esa decisión colectiva por más de 10 años, también.

Otra cuestión que es importante señalar es que la imposición del proyecto de la presa, eso que el titular del gobierno del estado y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno llaman “socialización del proyecto”, ha significado violencia para las personas defensoras del territorio a través del hostigamiento, la estigmatización pública, los intentos de división comunitaria, las presiones políticas y las descalificaciones desde el poder. En este entendido, la narrativa oficial que culpa a terceros y deslegitima la organización comunitaria, se suma a los factores que incrementan el riesgo para quienes ejercen el derecho humano a defender los derechos humanos, contraviniendo así los acuerdos internacionales ratificados por el Gobierno de México, que lo obligan a garantizar la participación pública en asuntos ambientales y la protección de personas defensoras.

La defensa del Río Atenco no es un capricho ni una manipulación externa, es el ejercicio legítimo del derecho a la libre determinación, al territorio, al agua y a un medio ambiente sano. En lugar de descalificar el proceso de defensa, el gobierno del estado debería responder con información pública verificable, estudios técnicos independientes y mecanismos reales de participación. Si el proyecto fuese viable y tuviera el respaldo social, sus promoventes no necesitarían desacreditar a quienes lo cuestionan.

Desde la REMA reconocemos la valiente y digna lucha del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco y a las comunidades que han decidido, de manera soberana, defender su cuenca.

La discusión no debe centrarse en señalar culpables externos, sino en responder a una pregunta fundamental: ¿por qué, si el proyecto es tan benéfico como se afirma, las comunidades directamente afectadas lo rechazan de manera contundente?

Un patrón histórico en la imposición de las presasen México, en la construcción de grandes presas ha seguido un patrón reiterado que ha sido ampliamente documentado. El Dictamen de la “Pre-audiencia Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad” del Tribunal Permanente de los Pueblos, concluyó que existe un proceso sistemático de violaciones a derechos humanos antes, durante y después de la construcción de presas, acompañado por desinformación, falta de respeto al consentimiento de las comunidades acerca de los proyectos y criminalización de la protesta.

La respuesta no está en la REMA.

Está en el territorio.

[1] REMA (febrero 2026). Carta a autoridades | Organizaciones y comunidades alertan sobre violaciones a derechos humanos y exigen la cancelación del proyecto Presa Milpillas.

[2] Ver entrevista en Sizart Noticias: https://www.facebook.com/reel/1622997692466336

[3] REMA (febrero 2026). Vidéo Exigimos no se apruebe la MIA Milpillas

Revisa la carta completa en: https://www.remamx.org/2025/11/especialistas-y-comunidades-del-rio-atenco-llaman-a-firmar-carta-a-semarnat-sobre-la-mia-2025-de-la-presa-milpillas/

Imagen: Río Atenco Libre Foto: Adolfo Vladimir