En el marco de la investigación Empresas Transnacionales en México: Criminales Ambientales les compartimos este folleto que nos cuenta sobre como surgió y la importancia que tiene el Tratado Vinculante.
Presentamos esta serie de infografías que visibilizan el impacto de las empresas transnacionales más contaminantes en México. Estas corporaciones transnacionales son responsables de graves impactos socioambientales, bajo el discurso del desarrollo y el progreso, han devastado ecosistemas, vulnerado derechos humanos y profundizado las crisis socioambientales.
Nuestro objetivo es evidenciar cómo operan estos actores criminales, mostrar las luchas de las comunidades afectadas y denunciar la impunidad con la que continúan destruyendo territorios y vidas. Con esta información buscamos visibilizar sus responsabilidades y aportar a las luchas por la justicia ambiental en el país.
En esta septima infografía, abordamos a Coca cola – FEMSA, la gran trasnacional refresquera.
Compartimos esta nota de análisis de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 16 de octubre del 2025
Desde la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA) escribimos esta nota de análisis a partir de lo ocurrido durante la Reunión Pública de Información del proyecto Puerto Nuevo Manzanillo, promovido por la Secretaría de Marina (SEMAR) y realizada el 2 de octubre. La publicamos ante la preocupación y en solidaridad con las denuncias de Tsikini A.C., DEMAREM A.C. y las comunidades de la Laguna de Cuyutlán, que han señalado graves carencias en la evaluación ambiental, irregularidades en el procedimiento y simulación institucional. Esta nota busca visibilizar los hechos, amplificar las voces comunitarias y analizar el avance de la militarización y el despojo territorial bajo el discurso del desarrollo.
A principios del mes, la SEMARNAT llevó a cabo la Reunión Pública tras la presión de 651 pescadores, salineros y organizaciones locales que impidieron que se realizara únicamente en línea, quienes durante toda la jornada demostraron que no se trata de unos cuantos inconformes, sino de una comunidad que sabe sobre las implicaciones de la expansión portuaria sobre la Laguna de Cuyutlán.
Durante la jornada se denunciaron distintas irregularidades en los procedimientos de implementación, como trabajos de dragado iniciados sin permisos ambientales y una Manifestación de Impacto Ambiental elaborada en apenas dos meses, firmada por un solo consultor. Además, se alertó sobre la fragmentación ilegal del proyecto, al presentar por separado el bardeado del vaso II, una estrategia que busca evadir la evaluación integral de los graves impactos ambientales y sociales.
Lo ocurrido en Manzanillo forma parte de un patrón estructural de imposición institucional cada vez más militarizada que se repite en numerosos territorios del país, que transgrede la integridad de la Laguna de Cuyutlán entera, y pone en riesgo el ecosistema de manglar con toda su biodiversidad e importancia para la protección costera ante eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes, además afectando los derechos de la población afectada a un ambiente sano, al agua, a la salud y al trabajo de las familias salineras y pesqueras, reduciendo los procesos de consulta pública (tal como han sido durante todo el periodo neoliberal hasta ahora) a formalidades administrativas manipuladoras y mal hechas que sirven para legitimar decisiones ya tomadas por las élites políticas y/o empresariales.
Las autoridades encargadas realizan estos procedimientos evadiendo la garantía de derecho a la información y a la participación, generando dinámicas de desgaste, división y exclusión. Esta reunión pública evidencia cómo la burocracia ambientalreproduce prácticas coloniales de simulación participativa.
Es de especial preocupación que estos espacios también sirvan a las autoridades para la confrontación utilizando estrategias para el acarreamiento de personas o la invitación a opositores del proyecto fomentando la división comunitaria. Estos espacios para nada buscan la información, la participación ciudadana ni la rendición de cuentas, son un montaje institucional que busca validar administrativamente y políticamente un proyecto que ya decidieron las autoridades sea aprobado.
La Secretaría de Marina (SEMAR) representa la militarización creciente del país y del control estratégico de los bienes comunes. A través de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), que desde 2021 concentra bajo mando militar la gestión de todos los puertos, la Marina actúa como promotora directa del proyecto. Esta participación refleja una política nacional que militariza la infraestructura estratégica y coloca el llamado “interés nacional” por encima de los derechos de las comunidades, donde la fuerza sustituye la voz de los pueblos afectados.
En el fondo, este caso revela cómo la política ambiental es una herramienta de gestión del despojo, al servicio de megaproyectos de infraestructura, exportación y logística que profundizan el extractivismo bajo nuevos nombres. La expansión del Puerto de Manzanillo no solo amenaza el equilibrio ecológico de la Laguna de Cuyutlán, sino que acelera la privatización del litoral, la pérdida de biodiversidad, el desplazamiento de comunidades y la producción pesquera y salinera, y el colapso urbano que ya afecta a la región. Con ello, se perpetúa un modelo autoritario extractivista militarizado en el que las instituciones estatales siguen actúan como facilitadores o operadoras del capitalismo rapaz y no como garantes de los derechos humanos, ambientales y colectivos de los pueblos.
Compartimos el comunicado de prensa de DAMAREM A.C. donde se relatan los hechos y las exigencias de las comunidades y los comentarios sobre la MIA preparado entre Tsikini A.C, Conexiones Climáticas y ELAW.
Imagen: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gobierno de México (2019).
Presentamos esta serie de infografías que visibilizan el impacto de las empresas transnacionales más contaminantes en México. Estas corporaciones transnacionales son responsables de graves impactos socioambientales, bajo el discurso del desarrollo y el progreso, han devastado ecosistemas, vulnerado derechos humanos y profundizado las crisis socioambientales.
Nuestro objetivo es evidenciar cómo operan estos actores criminales, mostrar las luchas de las comunidades afectadas y denunciar la impunidad con la que continúan destruyendo territorios y vidas. Con esta información buscamos visibilizar sus responsabilidades y aportar a las luchas por la justicia ambiental en el país.
En esta sexta infografía abordamos a Bayer la gran farmacéutica y en 2018 adquirió a Monsanto
Presentamos esta serie de infografías que visibilizan el impacto de las empresas transnacionales más contaminantes en México. Estas corporaciones transnacionales son responsables de graves impactos socioambientales, bajo el discurso del desarrollo y el progreso, han devastado ecosistemas, vulnerado derechos humanos y profundizado las crisis socioambientales.
Nuestro objetivo es evidenciar cómo operan estos actores criminales, mostrar las luchas de las comunidades afectadas y denunciar la impunidad con la que continúan destruyendo territorios y vidas. Con esta información buscamos visibilizar sus responsabilidades y aportar a las luchas por la justicia ambiental en el país.
En esta quinta infografía abordamos a Grupo Lala
Presentamos esta serie de infografías que visibilizan el impacto de las empresas transnacionales más contaminantes en México. Estas corporaciones transnacionales son responsables de graves impactos socioambientales, bajo el discurso del desarrollo y el progreso, han devastado ecosistemas, vulnerado derechos humanos y profundizado las crisis socioambientales.
Nuestro objetivo es evidenciar cómo operan estos actores criminales, mostrar las luchas de las comunidades afectadas y denunciar la impunidad con la que continúan destruyendo territorios y vidas. Con esta información buscamos visibilizar sus responsabilidades y aportar a las luchas por la justicia ambiental en el país.
En esta cuarta infografía abordamos a la corporación multinacional Grupo México
Les compartimos este artículo información sobre la situación de resistencias que se vive en Guatemala de la Red Latinoamericana sobre las Industrias Extractivas – A 24 de junio de 2025
Mientras el Ministerio de Energía y Minas, MARN, registra unas 319 licencias de explotación y 18 de exploración extendidas por la Dirección General de Minería en Guatemala, se incrementa la confrontación entre las fuerzas de seguridad y la población indígena y campesina. Por otra parte, se estima que la expansión de plantaciones de aceite de palma, que alcanza las 180,000 hectáreas a nivel nacional, producen anualmente 800,000 toneladas de aceite crudo de palma, de las cuales se consumen más de 278 mil en diversos alimentos y productos y el resto es para la exportación.
El Censo Nacional de Población, practicado en Guatemala en 2018, revela una estimación de 16 millones 356,950 habitantes en 21 departamentos, con 22 idiomas mayas, garífuna y xinca. Según investigaciones de organizaciones indígenas, campesinas y de la sociedad civil, el 56% de la población vive en situación de pobreza, de la cual un 16.2% afronta pobreza extrema. Esto significa que más de la mitad de la población recibe ingresos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas, principalmente en el área rural y cinturones urbanos de pobreza.
En ese contexto, la explotación de la minería de metales en Guatemala está determinada por el poco espacio para la discusión, negociación y vinculación entre actores; el incremento en la tensión social, pues las comunidades alegan ilegalidad y violación de los derechos humanos; y la poca capacidad de respuesta de un marco normativo incompleto que amplifica los niveles de incertidumbre y riesgo.
En los últimos disturbios registrados el 19 de junio de 2025, entre la población de San Antonio Sejá, Livingston, Izabal, y agentes de la Policía Nacional Civil, PNC, en rechazo a la minería, las fuerzas de seguridad desalojaron a población mestiza, Garífuna y Q’eqch’i, con exceso de acciones violentas mediante el uso de gas lacrimógeno, gas pimienta, agresión y uso desmedido de la fuerza policial.
El enfrentamiento se produjo cuando representantes indígenas y campesinos de 54 comunidades de la sierra Santa Cruz, buscaron suspender la aprobación de licencias extendidas a favor de dos proyectos de explotación y ocho de exploración que no cuentan con el respaldo del MARN. Esos proyectos inciden sobre el impacto ambiental por la actividad minera en la sierra Santa Cruz, fuente de agua que abastece a esas comunidades.
Las empresas dedicadas a la explotación y procesamiento de níquel y ferroníquel (aleación de hierro y níquel) están ubicadas en los municipios de El Estor y Los Amates, Izabal, sobre el Caribe de Guatemala, punto focal de confrontación que produce enfrentamientos entre policías e indígenas mayas que se oponen a la extracción de minerales.
Durante una década, los conflictos han dejado muertos y heridos, como resultado de desalojos violentos realizados contra dirigentes comunitarios, comunidades y periodistas comunitarios.
La actividad minera en Guatemala se realiza bajo la protesta de organizaciones ambientalistas, campesinas e indígenas, que se oponen a la explotación de minerales y a la construcción de megaproyectos considerados una amenaza para los bienes naturales.
Este es uno de los casos que se registran también por operaciones de la industria extractiva que se extienden a los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Guatemala, Santa Rosa, Izabal, comunidades del Pacífico del país.
Piden suspender el otorgamiento de licencias mineras e iniciar proceso de consulta social para determinar el futuro de la minería y su regulación
Pese a la oposición de la élite empresarial en Guatemala, aglutinada en el Comité de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), organizaciones civiles indígenas y campesinas recomiendan suspender el otorgamiento de licencias mineras.
La recomendación se fundamenta sobre la premisa de que los proyectos mineros tienen un ciclo de vida limitado, que cuentan con diferentes etapas y no se reducen únicamente a la explotación de los minerales. Por el contrario, una de las etapas más importantes de este tipo de proyectos es su fase de rehabilitación y cierre, cuya buena gestión depende la minimización de los impactos que puedan generarse en materia ambiental, social y económica en las actuales y futuras generaciones.
En Guatemala existen más de 20 licencias activas para la extracción de metales como níquel, cobre, plata y petróleo, que forman parte de las 345 licencias mineras activas, la mayoría de ellas para explotar arena y piedra, de acuerdo con datos del Observatorio de Industrias Extractivas.
En este contexto, es habitual la oposición de comunidades indígenas hacia los proyectos mineros instalados sin consulta previa, como es el caso de la mina de plata El Escobal, propiedad de la canadiense Pan American Silver, cuya actividad está suspendida por un litigio y ha sido acusada de generar niveles peligrosos de arsénico en las fuentes de agua.
El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León ha iniciado recientemente un proceso de certificación para actualizar los estándares de las firmas mineras activas en Guatemala y determinar la cancelación de licencias que incumplan requisitos en materia de derechos humanos y cuidado ambiental.
Los principales minerales explotados son oro, plata, níquel, cobalto, cromo, jade, mármol, petróleo, cobre, plomo, zinc, antimonio, tierras raras, cadmio, hierro, platino, caliza, caliza dolomítica, esquisto, ceniza volcánica, y otros.
A los efectos nocivos que produce la industria extractiva sobre el ser humano, la economía, y el medio ambiente, hay que agregar la explotación y expansión de la industria del monocultivo, con énfasis en la producción de aceite de palma. La palma africana es promocionada por la Gremial de Palmicultores de Guatemala, GREPALMA, como un cultivo amigable con el medio ambiente y con altos rendimientos por hectárea.
Sin embargo, los cultivos como el maíz o el frijol tienen más altos rendimientos por hectárea. Guatemala es el noveno país exportador de aceite de palma a nivel mundial. Según estudios recientes, cerca del 85% del aceite de palma producido en Guatemala en unas 180,000 hectáreas, se exporta principalmente a México y algunos países europeos. Y si bien el uso alimenticio sigue siendo el más importante, también cubre la gran demanda de materia prima para elaborar agro combustibles y, las importaciones cada vez mayores desde Europa, sugieren que una buena parte del aceite crudo exportado se destina a ese fin.
Los nuevos megacultivos para la producción de aceite industrial y agro combustibles, constituyen un eje fundamental del nuevo modelo de acumulación, conjuntamente con los megaproyectos y las operaciones extractivas de gas, petróleo y minerales.
El modelo de acumulación sigue dependiendo de la demanda de los exportadores tal como ha sido históricamente, y las familias propietarias de la tierra juegan un papel subordinado en este modelo globalizado.
Hay la expansión del mercado internacional de los agrocombustibles y de los precios; la globalización de los recursos energéticos y las nuevas fuentes energéticas, en donde están los agrocombustibles.
En Guatemala no se produce aún agrocombustibles en cantidades comerciales, pero ya se comercializa para los ingenios y las empresas productoras. Sin embargo, sí se refina y la tendencia es vincularse a circuitos mundiales de producción de agro combustibles.
Grepalma informa que operan plantaciones de aceite de palma en extensas regiones de Raxruhá, Alta Verapaz; Poptún, Petén; en San Marcos, Izabal, y otras regiones.
Efectos nocivos que produce la explotación de minerales pesados y monocultivos
Los metales pesados que se encuentran en los desechos de las minas pueden infiltrar las aguas que son utilizadas y consumidas directa e indirectamente por los seres humanos, y dañar gravemente su salud. Una intoxicación causada por el arsénico se manifiesta con náuseas y vómitos, disminución del número de glóbulos rojos y blancos, ritmo cardíaco anormal, fragilidad capilar y una sensación de hormigueo en las manos y los pies.
Además, la exposición prolongada al plomo puede afectar a casi todos los órganos y sistemas del cuerpo humano, y en particular puede producir un deterioro del sistema nervioso.
Por otra parte, respirar niveles altos de cadmio puede dañar gravemente los pulmones. Ingerir alimentos o tomar agua con niveles de cadmio muy elevados produce irritación grave del estómago, causando vómitos y diarrea. La exposición prolongada a niveles más bajos de cadmio en aire, alimentos o agua produce la acumulación de este metal en los riñones y puede derivar en enfermedades renales. Otros posibles efectos de la exposición prolongada consisten en daños al pulmón y fragilidad de los huesos.
La ingestión de grandes cantidades de zinc, aún durante un breve periodo de tiempo, puede causar calambres estomacales, náuseas y vómitos; y si se ingieren durante un periodo prolongado, resulta en anemia y en una disminución de los niveles del tipo de colesterol que es beneficioso para el cuerpo humano. Es frecuente la irritación de la piel si existe contacto con el zinc.
Las plantaciones de palma aceitera generan pobreza y aumento de la violencia en los territorios porque las áreas donde las empresas promueven la expansión de las plantaciones, en muchos casos chocan con territorios donde las comunidades han desarrollado sus vidas con base en la agricultura y otras actividades de subsistencia. Asimismo, incumplen el pago del salario mínimo para el campo, generan desempleo, comunidades incomunicadas, acaparamiento de tierras por los palmicultores, y obstaculizan el acceso a centros de salud y escuelas.
Deforestación masiva, acaparamiento ilegítimo de los territorios, contaminación, destrucción de las fuentes de agua necesarias para desarrollar la agroecología y agricultura de subsistencia son algunos de los impactos. Además, las mujeres sufren de manera desproporcionada estos impactos, siendo ahora las principales víctimas del modelo de producción de este monocultivo porque se multiplican las enfermedades que sufre la piel, el sistema digestivo, el sentido de la vista, y otros.
Les compartimos el siguiente comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA – A 15 de abril del 2025
Hace unos días, en respuesta al anuncio del presidente de Estados Unidos, D. Trump sobre el alza de aranceles, la presidenta C. Sheinbaum y el secretario de Economía M. Ebrard, presentaron 18 acciones para reforzar el Plan México y el mercado interno mexicano. Dentro de estos puntos destacan iniciativas anunciadas como un “fortalecimiento de la soberanía alimentaria y energética”, así como la expansión de la infraestructura de transportes (trenes de pasajeros, carreteras, ampliación de puertos y aeropuertos), la construcción de vivienda y el fortalecimiento de algunas actividades industriales para el mercado interno (automotriz, semiconductores, baterías, acero y aluminio, farmacéutica, textil, calzado entre otras).
Como ya lo habíamos señalado en un comunicado anterior donde presentamos un análisis sobre el “Extractivismo en el Plan México”, expresamos nuestra preocupación ante las acciones impulsadas por dicho plan, las cuales podrían ampliar y profundizar exponencialmente —de manera directa e indirecta— el modelo extractivo que históricamente ha impactado los territorios en todo el país. Hoy, reiteramos nuestro llamado de alerta sobre dos aspectos específicos de esta política que, desde REMA, consideramos especialmente preocupantes:
“Ampliar la autosuficiencia energética”: El riesgo de reactivación del fracking en México y del incremento en la extracción de minerales
La segunda acción presentada pretende “Ampliar la autosuficiencia energética”, algo que se pretende hacer reduciendo las importaciones de gas natural desde EE. UU., al tiempo que se impulsan nuevos proyectos de centrales eléctricas de la CFE y de actores privados (principalmente centrales de Ciclo Combinado que funcionan con gas metano, así como parques eólicos y/o fotovoltaicos), a la vez que se amplían las redes de transmisión y distribución eléctrica.
La REMA, consideramos que si bien en el contexto geopolítico actual resulta efectivamente importante actuar para reducir la dependencia energética del país, particularmente la subordinación del sistema energético mexicano hacia los intereses estadounidense -recordemos que actualmente México importa de su país vecino el 86% del gas que consume para producir electricidad y abastecer algunas industrias[1]-, la estrategia que plantea el gobierno no es alentadora para los movimientos sociales contra el extractivismo. El discurso oficial argumenta que esta posible reducción de las importaciones de gas metano desde EE.UU. se compensará con un aumento de la producción de gas a nivel nacional a través de “la recuperación sustentable de gas”. Sin embargo, aumentar significativamente la producción de gas metano en México sólo parece técnicamente viable con la reactivación de proyectos de fracturación hidráulica, algo opuesto a cualquier idea de “técnica sustentable” debido a todos los impactos socioambientales que eso implica, y que contraviene las promesas y posturas que durante las campañas C. Sheinbaum y AMLO manifestaron sobre su oposición al fracking y el estar a favor de prohibir esta actividad en México. De la misma forma, la construcción de nuevas centrales eléctricas significa también una expansión del modelo extractivo. Esto porque invariablemente, las nuevas centrales de Ciclo Combinado de la CFE aumentarán la demanda de gas, mientras que, por otro lado, las centrales “renovables” a construir requieren de grandes cantidades de minerales (principalmente hierro, cobre, aluminio y distintas tierras raras para parques eólicos y fotovoltaicos).La ampliación de las redes de transmisión y distribución eléctrica, para conectar al sistema eléctrico nacional todas estas nuevas centrales y también todos los nuevos sitios de consumo (nuevos parques industriales anunciados, nuevas zonas turísticas, centros de carga para coches eléctricos, etc.), requiere a si vez de grandes cantidades de cobre, lo que nos parece bastante preocupante con todo los antecedentes de despojo y de contaminación relacionados con su extracción en México.
Es erróneo proyectar la autosuficiencia energética de México con base en la ampliación de la frontera extractiva del gas, o construyendo más centrales eléctricas para buscar mantener a flote los mismos patrones de producción industrial y de consumo. Una verdadera política de izquierda sería reducir significativamente los grandes consumos energéticos, relacionados principalmente con actividades industriales de gran escala. Mismas que hoy están siendo promovidos como “polos de desarrollo para el bienestar”.
“Fortalecer industrias para el mercado interno”: El riesgo de aumentar la explotación de los bienes naturales y sociales, así como la creación de nuevas zonas de sacrificio
Si bien es importante fortalecer procesos de producción locales y disminuir las importaciones de una gama cada vez más amplia de productos provenientes de territorios cada vez más lejanos, dados los costos ambientales y de sobreexplotación de la fuerza de trabajo que estas cadenas de producción mundial usualmente conllevan, lo que el gobierno llama “sustitución de cadenas de producción global” es un ejercicio que puede ser también bastante peligroso y engañoso. El gobierno anunció el aumento en la producción de la industria petroquímica, farmacéutica, de fertilizantes y textil, lo que implica ineludiblemente una mayor explotación de recursos naturales, principalmente el agua, y un gran aumento de los desechos relacionados con esas industrias, con los problemas de contaminación al agua, la tierra y el aire que eso genera. Algunas de las industrias que se pretenden fortalecer tienen una relación directa con el modelo extractivo minero, como es el caso de la industria del acero y aluminio, en la cual se anuncia inversiones en nuevas plantas. Una de ellas es una planta de transformación de aluminio que se pretende desarrollar en Asunción Ixtaltepec (Oaxaca) en uno de los mal llamados “Polos de desarrollo para el bienestar” del Corredor Interoceánico. También el sector minero resulta fundamental para el objetivo de “fortalecer la producción de semiconductores, baterías y otros componentes relacionados con la industria automotriz”. Eso se relaciona con el Plan Sonora, y la extracción de minerales como litio, silicio, azufre, boro o cadmio, y también con el desarrollo de nuevos parques industriales en la zona norte y centro del país (Bajío).
La ecuación simplista que respalda este modelo de supuesto desarrollo basado en el principio de a más industrias, más trabajo, es una postura que elude la verdadera discusión sobre trabajos con condiciones de vida dignas, así como sobre los costos reales de la industria, que debe incluir una valoración real de todas las implicaciones y los riesgos socioambientales de estas actividades, mismos que generalmente son invisibilizados y “externalizados”. Repetir un modelo basado en el principio de “entre más industria, más empleo”, no permite reconocer las implicaciones ambientales, sociales y políticas de la profundización del modelo maquilador y su expansión hacia nuevos territorios, que se asocian generalmente con un aumento de la violencia y de la presencia de redes de macrocriminalidad, con procesos de explotación de los cuerpos como fuerzas y mercancías laborales lícitas e ilícitas. Si bien esta propuesta de desarrollo y de fortalecimiento del mercado interno puede generar cierto derrame económico y la generación de empleos, está estrechamente asociada con una sobreexplotación de los bienes naturales y sociales que terminará creando nuevas zonas de sacrificio y desplazamientos de poblaciones que, por el agotamiento de sus bienes comunes, se ven forzadas a migrar o a incorporarse como fuerza de trabajo pauperizada en estos sectores.
El contexto geopolítico actual, y la nueva guerra comercial relacionada con los aranceles, pone a los gobiernos del mundo en una encrucijada donde las únicas dos opciones parecen ser: 1. Seguir manteniendo un modelo económico globalizado, que ha traído consigo despojo, desplazamiento forzado, destrucción ambiental y violencia, y ha sido sumamente injusto y depredador a nivel mundial, o 2. Apostar hacia proteccionismos económicos y repliegues nacionalistas, con sus posibles derivas fascistas, sin que eso implique un cuestionamiento o una paulatina salida del modelo extractivo.
Al modelo extractivo no le preocupa mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Le interesa sobre todo el lucro, el usufructo despiadado de los territorios, teniendo como moneda de cambio el brutal empobrecimiento y desgarramiento social y geográfico de las comunidades.
Desde la REMA creemos que, si bien el contexto mundial actual es complejo, existen otras opciones. Otros modelos económicos y de desarrollo que apuestan hacia las necesidades reales de reproducción de los pueblos y no del capital. Eso no pasa por decisiones políticas arbitrarias tomadas desde arriba para “salvar o proteger economías nacionales”, sin cuestionar el modelo económico y de consumo que las sostiene, sino que se construye con debates horizontales y permanentes, sobre los valores de uso necesarios para cada comunidad o localidad, sobre la pluridimensionalidad de la palabra “bienestar” lejos de su sentido extractivo e industrializado. Por redefinir lo esencial desde y para los pueblos.
Para más información:
[1]GeoComunes (2025). ¿Qué impulsa la expansión de plantas de licuefacción de gasmetano (GNL) en México? https://geocomunes.org/Visualizadores/GNL-Mexico
Les compartimos el nuevo informe de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo sobre las instituciones financieras que invierten en proyecto que contribuyen a la represión y violación de derechos humanos – A 4 de diciembre del 2024
En todo el mundo, las instituciones financieras de desarrollo (IFD) están invirtiendo mucho en contextos muy represivos, donde la gente no puede expresar públicamente sus preocupaciones y los grupos de la sociedad civil no pueden actuar libremente. «Financiar la represión: Por qué los bancos de desarrollo deben replantearse la financiación en países que bloquean las libertades cívicas» combina análisis cuantitativos de las inversiones de las IFD y estudios de casos para
4 de diciembre de Este mes, el Banco Mundial está listo para votar un proyecto potencialmente catastrófica que implica desplazar a unas 60.000 personas, en uno de los países más represivos del mundo. La represa Rogun en Tayikistán es uno de los ejemplos más flagrantes de cómo los bancos de desarrollo a menudo dan prioridad a sus propios intereses estratégicos sobre los derechos humanos, ignorando severas restricciones a las libertades cívicas en sus países de operaciones. Lamentablemente, sin embargo, este caso dista mucho de ser único.
De acuerdo con el informe – Represión de Financiamiento – publicado por la Coalición para los , el Sistema de Alerta Temprana (EWS) y el Proyecto de Rendición Internacional de Rendición (IAP) – Los bancos de desarrollo están financiando proyectos multimillonarios en contextos altamente represivos, donde la gente no puede expresar públicamente sus preocupaciones y los grupos de la sociedad civil no pueden operar libremente.
En el documento, las consultas con las comunidades afectadas son un requisito clave para los proyectos financiados con bancos de desarrollo. Pero cómo pueden los bancos garantizar la participación pública, en los países donde la opinión equivocada puede llevarte a la cárcel o donde la gente ni siquiera se atreve a hablar, ya que tienen demasiado miedo de hacerlo, dice Mark Fodor, Coordinador de la campaña de Defensores en el Desarrollo.
Financing Repression. utiliza datos de la base de datos dirigida por la sociedad civil Sistema de Alerta Temprana para analizar las inversiones de los bancos de desarrollo en países marcados como con espacio cívico cerrado (según datos de CIVICUS Monitor).
Algunos hallazgos clave incluyen:
Los datos revelados en este informe son extremadamente preocupantes, dice Ryan Schlief, director ejecutivo de IAP. Los millones están siendo canalizados a los países más represivos del mundo, y esto es sólo la punta del iceberg. Afortunadamente, a menudo falta transparencia y se detallan todos los detalles sobre la cantidad invertida y el uso específico de los fondos proporcionados sigue sin estar disponible.
El informe incluye cinco estudios de casos (Azerbaiyán, Egipto, Tayikistán, Uzbekistán y Vietnam), que ilustran cómo las restricciones del espacio cívico plantean graves riesgos para los defensores de los derechos humanos y las comunidades que hablan sobre proyectos de desarrollo.
En estos contextos, cuando los proyectos de desarrollo en estados autoritarios no se alinean con las necesidades de las comunidades locales o cuando conducen a impactos dañinos, hay poco espacio para que las personas afectadas hagan oír su voz, dice Umida Niyazova, del Foro uzbeko de Derechos Humanos.
Entre los grupos de la sociedad civil, hay diferentes perspectivas sobre si las instituciones financieras y las instituciones financieras internacionales deben invertir en tales contextos o no, y en qué condiciones. Sin embargo, todos apuntan a la necesidad de que los bancos de desarrollo extremen la precaución extrema.
Los bancos de
– Reasentamiento adicional de 50.000 personas para construir la represa Rogun en Tayikistán, un país con un historial muy problemático en materia de derechos humanos – contradice directamente las políticas de salvaguardia de la mayoría de las instituciones de financiación del desarrollo. Opciones alternativas, como la construcción de una presa más baja y la rápida instalación de paneles solares, podrían servir mejor a las necesidades de Tayikistán y evitar reasentamientos adicionales. Sin embargo, a favor de la actual propuesta de proyecto, el Banco Mundial y los demás financiistas están estimulando una silenciosa crisis humanitaria, en un país donde la gente ni siquiera se atreve a hablar. (Eugene Simonov, Coordinación de los Ríos sin Coalición Internacional de Límites)
Cuando los proyectos de desarrollo en estados autoritarios no se alinean con las necesidades de las comunidades locales o cuando conducen a impactos dañinos, hay poco espacio para que las personas afectadas hagan oír su voz. Los bancos carecen de mecanismos eficaces (tanto durante el diseño como en las etapas de aplicación) para colaborar significativamente con las partes interesadas, en contextos en los que las libertades de asociación y expresión están tan restringidas que las personas tienen demasiado miedo de expresar sus preocupaciones. Además, los bancos han demostrado que están mal equipados para responder a las represalias contra los trabajadores y los monitores, dejando un vacío de información en el que los derechos pueden ser violados con impunidad. (Umida Niyazova, Foro de Uzbekistán sobre Derechos Humanos)
El informe será presentado durante un seminario web el 4 de diciembre (más información e inscripción aquí). Entre los panelistas tendremos:
Para más información, póngase en contacto con Lorena Cotza (Comunications Lead, Coalition for Human Rights in Development) – lcotza.rightsindevelopment.org (39 3285761056)
El informe ha sido aprobado por 37 organizaciones de todo el mundo. El informe es una iniciativa colectiva de la Campaña de Defensores para el Desarrollo (proyecto auspiciada por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo), que se dedica al fomento de la capacidad y la acción colectiva para asegurar que las comunidades y los grupos marginados tengan la información, los recursos, la protección y el poder para dar forma, participar o oponerse a las actividades de desarrollo, y responsabilizar a los financiadores del desarrollo.
Los coautores principales son:
Compartimos esta declaración donde nos sumamos sobre el tratado comercial UE-Mercosur – A 28 de noviembre del 2024
A solo una semana de un posible anuncio de un nuevo acuerdo político sobre el tratado comercial UE-Mercosur, +400 organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, centros de pensamiento y otros grupos sociales de América Latina y la Unión Europea, representando a millones de personas de los dos lados del Atlántico, exigen el fin de las negociaciones del acuerdo comercial UE-Mercosur. Lo califican como un “acuerdo tóxico” que sacrifica a las personas, la democracia y el planeta por los beneficios corporativos.
Falta de democracia y transparencia
Negociado a puertas cerradas durante más de dos décadas, el acuerdo UE-Mercosur ha excluido la participación pública y la supervisión democrática, con la falta de transparencia de la Comisión Europea recibiendo condenas generalizadas, incluso de su propio Defensor del Pueblo. El protocolo adicional propuesto por el acuerdo no aborda las cuestiones ambientales y de desarrollo sostenible destacadas en una resolución del Parlamento Europeo en 2020.
«Los esfuerzos de la Comisión Europea por ‘dividir’ el acuerdo no son más que una toma de poder antidemocrática. Ignoraría intencionadamente los vetos de países individuales y las preocupaciones expresadas públicamente por quienes se ven más afectados: trabajadores, pequeños agricultores, comunidades indígenas y mujeres», afirma Julie Zalcman de Amigos de la Tierra.
El acuerdo socava la protección ambiental y los derechos humanos
El acuerdo perpetúa estructuras comerciales explotadoras, promoviendo prácticas agrícolas dañinas que amenazan el acceso a alimentos saludables, locales y justos, y desplazan a los agricultores locales y a las comunidades indígenas.
«El acuerdo UE-Mercosur es un veneno para la biodiversidad y las comunidades rurales en el Mercosur. Impulsará las exportaciones de pesticidas tóxicos desde Europa a los países del Mercosur, incluidos productos químicos prohibidos en la propia UE. Este acuerdo agrava las desigualdades sociales y ambientales, fomentará la deforestación, acelerará la crisis climática y violará los derechos humanos», afirma Francisco Vladimir Silva, de Jubileo Sur Brasil y la Frente Brasileña contra el acuerdo UE-Mercosur.
Sin acuerdo con líderes como Milei
En su declaración, las organizaciones firmantes también destacan el peligro de negociar con líderes y gobiernos en Argentina y Paraguay que niegan la crisis climática, mientras Brasil enfrenta sequías sin precedentes y los incendios forestales devastan los bosques de toda la región. En Argentina, las políticas económicas del actual presidente, Javier Milei, han sumido a millones en la pobreza, con derechos básicos restringidos y servicios públicos desmantelados.
Aunque los líderes de la UE dudaron en firmar un acuerdo con el expresidente brasileño Bolsonaro, parecen menos escépticos respecto al igualmente peligroso Milei, quien amenaza con abandonar el Acuerdo de París. En su declaración, las ONGs advierten:
“La combinación de las políticas desastrosas de Milei con este acuerdo comercial obsoleto es una receta para el desastre.”
Las organizaciones que suscribimos esta declaración de América Latina y la Unión Europea, nos unimos en el rechazo del acuerdo de asociación y comercio entre la UE y el Mercosur. Hacemos un llamado a los responsables políticos de ambos lados del Atlántico para que finalmente detengan este acuerdo comercial tóxico.
Negociado a puerta cerrada, este acuerdo carece de participación pública o escrutinio. Incluso el Defensor del Pueblo Europeo ha criticado la falta de transparencia de la Comisión Europea. Ahora, la Comisión está considerando cambiar el proceso de votación a través de
la “división” del acuerdo, lo que permitiría eludir los vetos de los países individuales. Cientos de organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios han condenado esta maniobra como un ataque a los procesos democráticos. Peor aún, los grupos más afectados, como los trabajadores, los pequeños agricultores, las comunidades indígenas y las mujeres, han sido excluidos de las negociaciones de este acuerdo, y, sin embargo, sufrirán sus peores efectos.
Un acuerdo tóxico para los pueblos y el planeta
Este acuerdo agravará el intercambio desigual entre el Sur y el Norte Global, perpetuando las estructuras comerciales neocoloniales. Promueve modelos agrícolas destructivos que desplazan a pequeños/as agricultores y comunidades indígenas, al tiempo que impulsan las exportaciones de agroquímicos tóxicos, incluido aquellos prohibidos en la UE. Estas prácticas agrícolas insostenibles, incluyendo la ganadería industrial, amenazan la soberanía alimentaria y el bienestar animal en ambas regiones.
Los y las trabajadores/as en los países del Mercosur sufrirán la pérdida de empleos y el empeoramiento de las condiciones laborales. Las mujeres perderán aún más en este sentido, ya que también son las más afectadas por la privatización de los servicios públicos promovida a través de los tratados de libre comercio (TLC). Los estudios muestran que el acuerdo representa graves riesgos económicos, profundizando aún más la desigualdad e impidiendo el desarrollo sostenible y la (re) industrialización en los países del Mercosur.
El ambiente también sufrirá. Ningún anexo ambiental puede mitigar el daño a largo plazo que causará este acuerdo; es un simple lavado verde. El acuerdo entre la UE y el Mercosur impulsará la deforestación, agravará la crisis climática y alejará a nuestras regiones de la justicia climática.
No más acuerdos con presidentes de extrema derecha que niegan la crisis climática
Este acuerdo se está negociando con gobiernos liderados por negacionistas de la crisis climática en Argentina y Paraguay, mientras que los bosques vírgenes -como resultado de la deforestación masiva para la agroindustria- arden, y Brasil sufre sequías sin precedentes.
En Argentina, el autoproclamado anarcocapitalista Javier Milei, quien es un miembro activo del movimiento global de extrema derecha, ha sumido al país en la miseria. La pobreza ha alcanzado niveles sin precedentes, y los derechos básicos están siendo aplastados. Las protestas por la justicia social son violentamente reprimidas, mientras que más del 60% de los niños argentinos pasan hambre y los servicios esenciales como la educación y la salud están siendo desmantelados. La combinación de las desastrosas políticas de Milei y este acuerdo comercial obsoleto es una receta para el desastre.
La geopolítica no se arregla con acuerdos comerciales neocoloniales
Los/as políticos/as que promueven este acuerdo para contrarrestar la influencia de China en la región del Mercosur están atrapados en una ideología de libre comercio que prioriza las ganancias corporativas sobre los pueblos y el planeta. Fortalecer los lazos, si bien es innegablemente necesario, requiere solidaridad, igualdad, cooperación, sostenibilidad y democracia, no profundizar las asimetrías comerciales. Esto es también cierto para la “modernización” de los tratados de libre comercio entre la UE y México, y la UE y Chile, ambos igualmente problemáticos.
La solución es clara:
Los responsables políticos de ambos lados del Atlántico deben cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos, sociales, climáticos y ambientales y detener estas negociaciones comerciales tóxicas de inmediato.
¡Otro comercio es posible, basado en la solidaridad, la democracia, la cooperación mutua y la igualdad!
¡Detengan el acuerdo UE-Mercosur AHORA!
La declaración completa y todos los firmantes se pueden encontrar aquí: https://europeantradejustice.org/eu-mercosur-nov2024/
Para más información, contactar a:
Francisco Vladimir Silva, Jubileo Sur Brasil y miembro del comité directivo de la Frente Brasileña contra el acuerdo UE-Mercosur // articulacao@jubileusul.org.br, +55 85 997036769 (PT, ES, EN)
Gaëlle Cau, Comunicación, Amigos de la Tierra Europa // gaelle.cau@foeeurope.org, +32 (0) 489 333 517 (EN, FR)
Julie Zalcman, Campaña de Comercio, Amigos de la Tierra Europa // julie.zalcman@foeeurope.org (EN, FR, ES)
Compartimos el sexto capítulo de este podcats de Avispa Midia – A 21 de agosto del 2024
Este es un podcast de diez episodios que analizan las soluciones propuestas por Estados y corporaciones ante la crisis climática, como la transición energética, contrastándolas con las experiencias de comunidades latinoamericanas que luchan por la defensa de los bienes comunes.
Estimados lectores y oyentes, a continuación, les presentamos un nuevo episodio de “Atizando el Avispero”, el podcast donde desentrañamos las complejidades de la crisis climática y las falsas soluciones que se nos presentan.
Hoy celebramos el sexto episodio de esta serie con un análisis profundo y necesario sobre los discursos climáticos y las posibles soluciones desde abajo.
En los episodios anteriores, hemos explorado diversos ángulos de la Transición Energética y los minerales críticos que están en disputa, especialmente en territorios indígenas. Pero antes de adentrarnos en el análisis de hoy, es crucial destacar el contexto alarmante que hemos vivido recientemente. Mientras estábamos grabando los primeros episodios, el planeta experimentó oleadas de calor sin precedentes, con temperaturas récord.
Según el servicio de vigilancia climática de la Unión Europea, Copernicus, experimentamos 12 meses consecutivos de calor extremo. Mientras que el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que estamos «jugando a la ruleta rusa con nuestro planeta» y describió la situación como una «autopista hacia el infierno climático».
Estas afirmaciones vienen de los mismos organismos que han presentado las soluciones para la crisis, pero ahora parecen estar enfrentando una dura realidad que cuestiona sus discursos previos.
Así que hoy, nos centraremos en las reflexiones de Donna Haraway, una bióloga, filósofa, historiadora y feminista, quien afirma, en su libro «Seguir con el problema», que “quienes creen que tienen las respuestas a las urgencias actuales son terriblemente peligrosas”.
A lo largo del episodio de hoy, discutiremos cómo los diversos discursos han cambiado, se van ajustado y siguen prometiendo falsas salidas.
Así que no te pierdas el episodio 6, puedes escucharlo en las siguientes plataformas:
Aquí puedes escuchar el episodio VI
https://open.spotify.com/embed/episode/3rcb0klDvrgXX1ZNO0Ixvx?utm_source=generator
https://www.ivoox.com/player_ej_133025784_6_1.html?c1=cf9d4e
https://youtube.com/watch?v=M28y6DU7ohU%3Fsi%3DYSiW2hMyM8biHiEq
Más información:
Compartimos esta petición que lanzó Salva la Selva sobre un proyecto ferroviario y portuario en la amazonia brasileña que traerá más problemas socio-ambientales en la región – A agosto 2024
Un proyecto ferroviario y portuario toma forma en la región amazónica de Brasil. Está involucrada la compañía ferroviaria alemana estatal Deutsche Bahn. Se pretenden exportar millones de toneladas de soja y mineral de hierro a China, Europa y EEUU. Se teme el grave impacto sobre la población, la selva y los manglares. Firma la petición.
La empresa GPM cuenta con un proyecto, que significará deforestación y pavimentación de amplias zonas de la isla de Cajual, en el nordeste de Brasil. La idea de los empresarios, portugueses, es construir un complejo industrial y portuario privado: el Terminal Portuario de Alcântara (TPA), justo en la zona donde viven comunidades tradicionales quilombolas, descendientes de antiguos pueblos africanos esclavizados.
Junto con el puerto, un ferrocarril privado de mercancías de 520 kilómetros, el EF-317, se adentraría en la región amazónica. Atravesaría varias comunidades tradicionales y seis territorios indígenas cercanos.
La empresa estatal alemana de ferrocarril, Deutsche Bahn (DB), participa en el proyecto. Su filial, Grupo DB E.C.O., ha firmado un memorando de entendimiento con GPM para desarrollar y explotar conjuntamente el ferrocarril.
Desde hace ocho años, se avanza con el proyecto sin informar a la opinión pública. Tampoco se están respetando los derechos de los pueblos indígenas y quilombolas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, como exige el Convenio 169 de la OIT, firmado por Brasil y Alemania. Tampoco hay estudios conocidos sobre el impacto del proyecto en la población y el medio ambiente.
Entrega de la carta de queja a Deutsche Bahn AG con nuestra organización aliada Justiça nos Trilhos, el 31 de mayo de 2024, en Berlín (© RdR/ Klaus Schenck)
El proyecto se sitúa en dos zonas protegidas por el Estado en la costa atlántica, que preservan el mayor cinturón de manglares contiguo e intacto del mundo. La isla de Cajual alberga una colonia de cría de 2.500 ibis escarlata y una zona de invernada de aves migratorias norteamericanas.
Además, el ferrocarril atravesaría el centro del «Área Endémica de Belém», la región de la cuenca amazónica más amenazada por la deforestación.
Todo ello para dar paso a la exportación de materias primas como la soja, el mineral de hierro, el cobre, el gas de fracturación hidráulica y el hidrógeno.
Te invitamos a firmar hoy mismo nuestra petición para decirle a Deutsche Bahn que se retire inmediatamente del proyecto en la región amazónica.
El 31 de mayo de 2024, Salva la Selva organizó una manifestación frente a la sede de DB en la Potsdamer Platz de Berlín junto con nuestra organización socia brasileña Justiça nos Trilhos, el Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (FDCL), Kooperation Brasilien (Kobra) y Misereor. Además, presentamos una reclamación en contra de la participación de la filial de DB E.C.O. Group en el proyecto GPM.
Según las organizaciones participantes, las acciones de GPM violan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas, ratificado por el gobierno alemán, y la ley alemana de Cadenas de Suministro, que impone obligaciones especiales de diligencia debida a las empresas alemanas. El proyecto GPM también amenaza la selva amazónica, cuya protección y preservación es un objetivo importante de las políticas alemanas de desarrollo, medio ambiente y clima. Por lo tanto, solicitamos a DB que se retire inmediatamente del proyecto.
Entre tanto, el departamento de reclamaciones de DB ha dado curso al proceso de reclamación, pero el resultado es aún completamente incierto. El presidente del consejo de administración y consejero delegado de DB, Dr. Richard Lutz, nos respondió mediante un escrito, que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos internacionalmente es un principio importante para DB; que DB se toma muy en serio nuestras preocupaciones y que «deben cumplirse varios requisitos adicionales antes de que DB considere participar en el proyecto».
Mientras tanto, directivos de las filiales de DB, junto con trabajadores del proyecto GPM, están participando en reuniones con ministros, políticos, funcionarios gubernamentales y parlamentarios brasileños para sacar adelante el proyecto. GPM también está utilizando de forma destacada el nombre de DB, aparentemente para dar al proyecto GPM un aire de seriedad y competencia.
En un vídeo corporativo de GPM en la página web del Grupo DB E.C.O., la selva amazónica aparece hábilmente desplazada hacia el oeste en un mapa panorámico. Esto da la impresión de que el proyecto del terminal portuario de Alcântara y la ruta trazada para el ferrocarril de mercancías EF-317 están fuera de la región amazónica. En el gráfico también se afirma que «la producción agrícola brasileña aumentará un 180% en los próximos diez años sin talar un solo árbol».
Mapa general de la región amazónica sudoriental (Amazônia legal) con la ubicación del puerto previsto y el trazado de la línea ferroviaria (con datos de IBGE y GPM) (© Nicole)
Pero el gráfico y la información facilitada por los promotores del proyecto son engañosos. El hecho es que la ubicación y los límites de la región amazónica están definidos en Brasil de forma oficial y precisa y recibe la denominación de Amazônia legal. Tanto el puerto como toda la línea ferroviaria se encuentran claramente dentro de la Amazônia legal, tal y como lo muestra nuestro mapa, elaborado con datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).
Según estudios recientes, la agricultura, en particular de soja, es el principal motor de la deforestación en Brasil; según datos del Gobierno, la superficie deforestada en 2023 será de 9.064 kilómetros cuadrados, un área 3,5 veces mayor que el Gran Londres o más de 11 veces mayor que la ciudad de Nueva York.