Nuevo informe expone los Paraísos Industriales e Infiernos Ambientales en México

Compartimos este informe de diferentes organizaciones y colectivos – A Octubre 2021

Este informe integra los principales resultados de la “Caravana sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en México” (#ToxiTourMexico), que tuvo lugar en diciembre de 2019, con la participación de cerca de cincuenta organizaciones de afectadas/os en México, además de integrantes del Parlamento Europeo, del Parlamento Vasco, del Senado de Minnesota, y científicas/os y observadoras/es de organizaciones de Alemania, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Catalunya, México, el País Vasco y los Países Bajos. La elaboración del informe contó también con la contribución de algunos miembros de la Red [5]_Europea de Observatorios de Empresas transnacionales (ENCO). [5]

Acerca del informe

El informe examina cómo en los últimos 30 años, México se ha convertido en uno de los principales paraísos industriales a nivel planetario, es decir, uno de los laboratorios más avanzados para el libre comercio y la desregulación. Arguyendo la necesidad de atraer inversiones a toda costa para generar “desarrollo” y empleo, en el marco de acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del norte (TLCAN) o el Acuerdo entre la Unión Europea y México (TLCUEM), se ha profundizado y sofisticado un proceso de desvío de poder. Así, se ha impuesto un régimen en el cual la ley ha permitido la autorregulación ambiental, social y laboral por parte de las empresas transnacionales (ETNs). Gran parte del territorio mexicano ha sido sometido a una dinámica de densos corredores industriales interconectados entre sí, donde han proliferado industrias de alto riesgo, actividades agroindustriales extensivas y operaciones extractivas. Estas áreas coinciden con espacios urbanizados, sin que haya un seguimiento de los impactos sobre la salud de las poblaciones locales, convirtiéndose en lo que V. M.  Toledo, ex – secretario de Medio Ambiente de México denominó “infiernos ambientales”.

Las/os observadora/es internacionales pudieron constatar _in situ_ una pequeña proporción de la auténtica devastación socioambiental generada por el neoliberalismo en este país. Resultó evidente hasta qué punto, los territorios más industrializados se caracterizan por una contaminación sistemática del aire, el agua y del suelo, aunada a procesos de urbanización salvaje y a la proliferación de basureros y espacios de disposición de desechos altamente tóxicos. Esta dinámica no solo ha provocado una situación de emergencia sanitaria y ambiental, en la cual son abrumadoras las cifras de personas que mueren por enfermedades probablemente vinculadas con las operaciones de las empresas en diferentes sectores. Además, la Caravana constató que para las poblaciones locales, la instauración de los corredores industriales ha tenido lugar en el marco de un violento despojo de su territorio, privándolas de sus medios de subsistencia económica, social y cultural, destruyendo su salud, a la vez que sus tejidos comunitarios.

En la cuenca del río Santiago, grandes zonas industriales manufactureras, urbanas y agropecuarias se articulan en los dos corredores industriales más grandes del país: Toluca-Lerma con más de 1.000 empresas manufactureras, y Ocotlán-El Salto con alrededor de 700 empresas, esencialmente industria metalmecánica y metalurgia, química-farmacéutica, electrónica, automotriz, alimentos y bebidas. La población directamente expuesta a la contaminación ambiental se eleva a más de medio millón de personas, un tercio de los habitantes de los márgenes del lago de Chapala y del río Santiago. Estudios científicos sobre la calidad del agua han demostrado la presencia de 1.090 contaminantes en el río, y el incumplimiento de la laxa normas de descargas por hasta el 94% de las industrias. Una investigación sobre la salud de la población infantil dada a conocer durante la Caravana demostró entre otros, que en Juanacatlán, el 40% de las/os niñas/os tenían arsénico en sus cuerpos, y el 93% tenían plomo. En la localidad de El Salto, el 98% de los niños tenían cadmio. Entre las empresas transnacionales que operan en esta cuenca, se ubican, por ejemplo: las alemanas Continental, Siemens, ZF, Voit; la suiza Nestlé; y las holandesas DSM y Nutreco.

En la cuenca de la Independencia (estado de Guanajuato), las organizaciones expusieron los impactos padecidos por medio millón de personas, y generados por la agroindustria de exportación destinada al mercado estadounidense. La explotación excesiva del acuífero ha tenido por consecuencia que el agua extraída desde hace más de treinta años contenga fluoruro, arsénico, sodio, manganeso y otros minerales en concentraciones nocivas para la salud humana. En esta entidad federativa, los municipios donde estos elementos tienen mayor presencia, son aquellos donde se ubican las incidencias más altas de enfermedad renal crónica (ERC), trasplante renal y fluorosis dental. Además, en el corredor establecido entre Celaya y León, han tenido lugar accidentes industriales importantes, uno de los cuales provocó la intoxicación de hasta 6.000 personas. En la ciudad de Guanajuato, las organizaciones locales denunciaron también ante la Caravana daños para la salud y el ambiente, provocados durante las campañas sanitarias frente contra el dengue, donde la población se encuentra expuesta a plaguicidas clasificados por PAN Internacional como altamente peligrosos.

En la cuenca del río Tula en el Sur del Valle del Mezquital, la Caravana constató el solapamiento de los impactos generados por el núcleo duro de la industria cementera a nivel nacional, industrias extractivas, parques industriales, una gran refinería, una planta termoeléctrica, así como aguas residuales industriales y urbanas que se descargan en el río Salado y el río Tula, posteriormente usadas para la producción agrícola. En total, se estima que el número de personas afectadas es de un millón. Entre los principales daños a su salud, reportaron: manifestaciones agudas de cefalea, náusea, vómito, irritación faríngea y conjuntival, dolores abdominales, dificultad respiratoria y pérdida de conocimiento. También se registran allí leucemias, diferentes tipos de cáncer con afectación a todos los órganos, malformaciones congénitas, disrupción endocrina, alternaciones inmunológicas, insuficiencia renal, y enfermedades respiratorias. En esta región opera la franco-suiza LafargeHolcim, entre otras.

En la cuenca del Atoyac-Zahuapan se entrelazan antiguos y nuevos corredores industriales, donde operan 20.400 empresas. Ante las denuncias presentadas desde 2011 por las organizaciones locales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una Recomendación (10/2017) donde concluía que las principales causas de la contaminación eran: la descarga de aguas residuales municipales e industriales sin previo tratamiento; la mala disposición y recolección de los residuos sólidos; y la creciente expansión demográfica e industrialización desordenada de la región. A partir de las cifras oficiales, se ha contabilizado que entre 2002 y 2016 fallecieron 26.477 personas de cáncer y 4.379 de insuficiencia renal, además de que se produjeron 906 abortos espontáneos. La tasa de mortalidad debida al cáncer en el conjunto de la cuenca es de 13,5 veces el promedio nacional. En promedio, entre 2015 y 2019, cada dos horas y media falleció una persona por enfermedades probablemente vinculadas con la contaminación ambiental. La CNDH identificó en la región una alta incidencia de: enfermedades diarreicas, hidroarsenicismo crónico endémico, daño genético y predisposición a desarrollar cáncer relacionada con la exposición a dioxinas y furanos, con potencial genotóxico. Estableció también una relación entre la exposición a Compuestos Orgánicos Volátiles y la presencia de leucemia mieloide. En esta región se ubican plantas de Volskswagen, Bayer, y BASF, entre otras.

En la cuenca Libres-Oriental, donde los recursos hídricos se caracterizan por la escasez, confluyen megagranjas porcícolas de la empresa estadounidense Granjas Carroll, invernaderos de Driscoll’s que produce verduras y frutas destinadas a la exportación, parques de celdas fotovoltáicas de la empresa Iberdrola, y una planta automotriz de Audi, que opera como una extensión de la fábrica de Volkswagen en Puebla. Dichas industrias consumen grandes cantidades de agua del acuífero, pero además utilizan cañones anti-granizo para inhibir la lluvia y proteger su producción, afectando gravemente a la agricultura campesina local. También se denunciaron en esta región procesos contaminantes asociados a la industria.

El Istmo de Tehuantepec Norte, última región recorrida por la Caravana, se caracteriza por albergar el Corredor Industrial – Uxpanapa y uno de los polos de la industria química y petroquímica más antiguos e importantes de América Latina. Las organizaciones de afectadas/os reportaron la contaminación atmosférica y de los cuerpos de agua, producida tanto durante las operaciones regulares de las empresas, como cuando se producen accidentes y situaciones de emergencias químicas. Se evidenciaron asimismo ante las/os observadoras/es internacionales las consecuencias para la salud humana y el medio ambiente del almacenamiento de coque a cielo abierto por la empresa de origen catalán García Munté Energía (GME – ADN Energía).

A pesar de tener conocimiento de los padecimientos de la población en estos infiernos ambientales, hasta ahora, los sucesivos gobiernos mexicanos, a nivel municipal, estatal y federal, no solo no han actuado, sino que además han invisibilizado los efectos ambientales, laborales y sociales, ignorando las demandas y reivindicaciones de la/os afectadas/os. Han operado como muro de contención del descontento social, mediante políticas de criminalización y  represión, sin prevenir la siembra de terror en las organizaciones sociales por diversos grupos criminales. Asimismo, han facilitado la implementación de nuevos proyectos industriales y de megainfraestructuras que no hacen sino aumentar los riesgos para la población local.

Es importante mencionar también a los gobiernos de los países europeos y de Estados Unidos, donde tienen sede gran parte de las empresas transnacionales que operan en los paraísos industriales mexicanos. Estos gobiernos brindan apoyo, con fondos públicos, a la internacionalización de las empresas a través de seguros, créditos y soporte técnico, sin ningún control ni garantía de respeto del medio ambiente y los derechos humanos. No asumen ninguna responsabilidad ante los conflictos socioambientales generados, pero presionan para la firma de tratados de libre comercio y de protección de las inversiones. Tal es el caso de la renegociación del acuerdo entre la Unión Europea y México [6], gracias al cual, México sería el primer país latinoamericano en firmar un acuerdo de protección de las inversiones con la Unión Europea como bloque. De ser aprobado este acuerdo, blindaría aún más el poder de las empresas y podría obstaculizar la implementación de políticas comprometidas con los derechos humanos en México.

Las recomendaciones del informe se dirigen a gobiernos y parlamentos, tanto en México como en los Estados Unidos y Europa, puesto que las ETN estadounidenses y europeas se destacan en prácticamente todos los infiernos ambientales visitados por la Caravana. En la elaboración de este informe se contó con la participación de las organizaciones de afectadas/os, las/os observadoras/es internacionales, miembros de la “Campaña Global para reivindicar la soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad [7]”, de la Red Europea de Observatorios de Transnacionales (ENCO), [8] y otras/os investigadoras/es independientes. En su conjunto, se evidencia la necesidad urgente de contar con normas vinculantes, en particular en el proceso de negociación del Tratado Vinculante de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales en materia de derechos humanos [9].

El informe constituye también una herramienta de movilización de la sociedad civil frente al régimen de comercio e inversiones. Por ejemplo, la renegociación del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y México extenderá aún más el poder corporativo y podría obstaculizar la implementación de políticas comprometidas con los derechos humanos en México.

Comunicado de colectivos y comunidades de Oaxaca en contra de los “Encuentros Indígenas Canadá-Oaxaca 2021”

Comunicado de colectivos y comunidades de Oaxaca sobre la falsa hermandad que pretenden hacer entre el Gobiernos de Canadá y el Gobierno de Oaxaca apensar de la gran destrucción de proyectos mineros canadienses – A 29 de septiembre de 2021

A nuestrxs hermanxs de Isla tortuga

En el contexto de la celebración organizada por los Estados canadiense y mexicano, denominada “Encuentros indígenas Oaxaca-Canadá 2021-”, llevada a cabo del 20 de septiembre al 8 de octubre en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, hemos decidido dar a conocer algunos aspectos relevantes que han sido omitidos o tergiversados en las convocatorias oficiales y en las ruedas de prensa.

Lo que llaman “estado de Oaxaca” es uno de los más diversos cultural y lingüísticamente gracias a la resistencia indígena al exterminio, que comenzó con la expansión europea en el territorio de lo que hoy es México. Esta diversidad a la que aluden los gobiernos de Oaxaca y Canadá, figura como la motivación principal para realizar dicho evento.

Sin embargo, lo que llaman diversidad ésta más cercano al nacionalismo mexicano construido con los huesos y sangre de nuestros antepasados, la razón principal para decir esto es que los gobiernos ven al indígena y al afro como expresión cultural mercantilizable, como un discurso, como una imagen, etc.

Nosotrxs, quienes por generaciones hemos resistido a su necropolitica, racismo, clasismo y sexismo, no solo nos negamos a alentar ese nacionalismo, si no que repudiamos la mercantilización de nuestras formas de vida. Queremos que sepan todxs aquellxs que lo ignoran, que por generaciones hemos sido testigxs de la expulsión y marginalización de indígenas en el territorio invadido que han nombrado como Oaxaca; hemos sido objeto de la invasión y despojo de tierras, a las que miramos con tristeza y rabia convertirse en artículo de especulación financiera.

Si algo hemos de compartir con nuestrxs hermanxs de Isla Tortuga, es esta historia de dolor y violencia colonial. Ellxs también fueron despojados, masacrados y obligados a vivir en reservaciones. Lo que llaman “Canadá” oculta bajo sus suelos miles de cuerpos de infantes, hombres y mujeres indígenas, asesinados por la desgracia de no ser blancos y no pensar como blancos. Aunque el Estado pretenda ocultarlo, esta violencia perdura y se manifiesta de diversas maneras.

Esta historia compartida de despojo, nos convoca en esta ocasión para decirles al unísono, a quienes con sus leyes justifican o facilitan el exterminio indígena y de cualquier modo de vida contingente, a quienes confunden nuestra historia de resistencia con folcklor y a quienes ocultan sus negocios tras la expresión “hermandad cultural”, que NO SE LOS VAMOS A PERMITIR, NI MATERIAL NI SIMBÓLICAMENTE.

DENUNCIAMOS, que han sido estas mismas personas los actores intelectuales de la peor tragedia ambiental y social que hemos visto en tiempos recientes, un ejemplo de ellos es la instalación de minas para la extracción masiva de minerales, a través de la exploración y puesta en marcha de concesiones y proyectos mineros.

Empresas Canadienses tienen desplegados cientos de proyectos mineros por toda América Latina; muchos de ellos en territorios de comunidades indígenas, a las que ha tratado con racismo y desde una perspectiva colonialista.

Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en México, el 50% de los conflictos mineros está relacionado directamente con empresas canadienses; de acuerdo con información contenida en el Sistema Integral sobre Economía Minera, de las 242 empresas extranjeras con proyectos mineros en el país, 160 corresponden a Canadá; además de que el 74% de las concesiones para exploración minera son otorgadas a empresas de dicho país.

En lo que respecta al estado de Oaxaca, hoy sede de este mal llamado “Hermanamiento cultural”, existe un total de 47 proyectos mineros de capital extranjero, de los cuales 33 son de empresas canadienses y tres más de asociación Canadá-Australia.

En la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán, la criminal Fortuna Silver Mines opera bajo el nombre de Compañía Minera Cuzcatlán y, tras imponerse en el año 2009 mediante un operativo policial de más de 2 mil efectivos, ha dejado como saldo: 5 personas asesinadas, dos de ellas líderes antimineros y 3 integrantes de la autoridad municipal; el derrame de 1 millón 516 mil litros de desechos tóxicos, ocurrido el 8 de octubre de 2018, y que sigue en la impunidad; la contaminación del Río Coyote en Magdalena Ocotlán que actualmente presenta 5 elementos químicos en concentraciones tales que hacen al agua inviable para cualquier tipo de uso, agrícola o humano. Cabe señalar que, en 9 años de producción, Fortuna Silver Mines ha extraído del subsuelo una riqueza equivalente a 1,487 millones 778 mil dólares, de la explotación de oro y plata y también ha divido a la comunidad, desinformando y agudizando conflictos.

Otro caso de invasión y despojo se localiza en la zona de los Chimalapas, uno de los grandes pulmones del mundo. La empresa canadiense Minaurum Gold SA. tiene adjudicados a su nombre los títulos de concesión minera 22 5472 y 24 6936, a través de los cuales ha pretendido apropiarse de más de 6 mil 400 hectáreas para la explotación de oro y cobre. Este territorio selvático ha sido hogar del pueblo angpøn o zoque durante siglos; hoy, un proyecto minero canadiense pone en riesgo su vida, su cultura milenaria y un ecosistema vital para la regulación climática.

Ixtepec es un caso similar al anterior, donde una mina de capital canadiense pretendía apropiarse de 8,150 hectáreas para la apertura de una mina a cielo abierto; esto, cabe señalar, sin la menor preocupación por la vida y la salud de las comunidades indígenas susceptibles a ser afectadas. Actualmente, dicho proyecto se encuentra detenido temporalmente por la cancelación de la concesión.

Por su parte, Capulálpam de Méndez, comunidad indígena de la Sierra Juárez, ha denunciado constantemente, desde 2005, el grave daño ambiental causado por la CIA Minera de Natividad y Anexas a su territorio comunal y recursos naturales. Es bien sabido que esta empresa funciona como presta nombre de compañías canadienses, primero sirviendo a Continuum Resource y después a la empresa SUNDANCE. Sus actividades, llevadas a cabo contra la voluntad del pueblo de Capulálpam, han causado graves afectaciones ambientales, principalmente la desaparición de trece manantiales debido a los túneles excavados en el subsuelo. Asimismo, la contaminación con residuos tóxicos y jales mineros que vierten impunemente en el Río Grande, principal afluente del Río Papaloapam, lo que significa afectaciones a un gran número de comunidades que ya no pueden aprovechar el agua y por ende se violenta su derecho universal al acceso al agua. Por lo antes expuesto sobre este caso, queremos DENUNCIAR, que en 2015 se interpuso un amparo en contra de las concesiones mineras que la Secretaría de Economía otorgó sin el consentimiento de la comunidad y sin la consulta previa, libre e informada a la que tenemos derecho. Sin embargo, la Secretaría de Economía impugnó la sentencia a favor de la comunidad y, derivado de ello, la Minera de Natividad y Anexas sigue trabajando sin acatar la sentencia, sin permiso de la comunidad y sin tener la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental; todo en complacencia de las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes ambientales como la PROFEPA y la CONAGUA.

¡Mentira que buscan reconciliación con los pueblos indígenas!

Con este evento, el Estado Canadiense y el Estado Mexicano, a través del gobierno de Oaxaca, pretenden lavar sus rostros en lo que respecta a su relación colonial con las comunidades indígenas y afros; pero no lograrán desviar nuestra atención de los problemas estructurales y las situaciones de despojo y saqueo de las que pretenden hacernos objeto.

Por último, SEÑALAMOS que nos encontramos en ALERTA MÁXIMA y a la expectativa por esta simulación de hermandad. Sabemos que sus intereses son y serán siempre otros. Los lazos de afinidad y reciprocidad con lxs indígenas de Isla Tortuga los tejeremos nosotrxs, con el objetivo de extender nuestra resistencia, hasta que las praderas, montañas, ríos y animales vuelvan a ser libres, hasta que la resistencia nos permita vivir con dignidad, y no a la sombra de un deber ser impuesto y construido por aquellos que duplican sus inversiones gracias a nuestro exterminio.

¡NO PUEDE HABER HERMANDAD DONDE HAY DESPOJO Y SAQUEO!

¡MUERTE AL COLONIALISMO!

¡FUERA EMPRESAS MINERAS!

¡SIN ORO Y PLATA, SE VIVE!; ¡SIN AGUA, NO!

ATENTAMENTE

AUTORIDAD MUNICIPIAL DE SAN PEDRO APÓSTOL, OCOTLÁN. AUTORIDAD MUNICIPIAL DE SAN PEDRO MÁRTIR, OCOTLÁN. COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ. COMUNIDADES EL REBOLLERO, RÍO MINAS Y LOS ARQUITOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS, ZAACHILA. COMITÉ IXTEPECANO EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO. ESPACIO DE MUJERES EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA “LAS MEÑAS”. COLECTIVO MATZA, SAN MIGUEL CHIMALAPAS. ARTICULACIÓN POR LA VIDA, CONTRA LA MINERÍA EN EL VALLE DE OCOTLÁN

Imagen: Manifestación realizada en Oaxaca por comunidades indígenas en contra de la minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Foto: Santiago Navarro F.

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[Video] Serie: Voces en resistencia III – Amenazas en la Zona Zoque en el Norte de Chiapas

Voces en resistencia, es una serie de testimonios de personas que luchan por defender la vida y el territorio de mega proyectos extractivistas.

En este tercer capítulo, les compartimos el testimonio de una participante a la Escuela Popular Ejidal y comunal donde nos cuenta algunas de las amenazas que enfrenta el territorio zoque.

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El Corredor Interoceánico da continuidad al proyecto neoliberal del saqueo: Rema

Compartimos esta nota de Proceso sobre el Corredor Interoceánico en Oaxaca – A 17 de junio del 2021

Por Pedro Matías

OAXACA, Oax. (apro).- El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec no está pensado para el mejoramiento de su población, sino para fortalecer uno de los puntos nodales del capitalismo global a través del despojo, afirmó la Red Mexicana de afectados por la Minería (Rema). El Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado (OPD), denominado “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, da vida a todo el engranaje público y privado para la extracción, comercialización y distribución de los bienes naturales y comunes del territorio nacional hacia los mercados asiáticos y de otros continentes, subrayó. “El decreto en sí mismo significa la activación de toda la maquinaria legal, pero también la simulada y de coacción, como sucede por ejemplo con el tema de las consultas, en donde sin duda alguna persiste, como antaño, una estrecha relación de contubernio entre el Estado y el poder de las empresas y sus dueños, que insisten en la comercialización global”. De igual manera, mencionó que el corredor servirá para el flujo de mercancías del golfo al pacífico y viceversa, y para la extracción de bienes naturales relacionados con empresas maquiladoras de cadenas de valor, muchas de ellas vinculadas con la venta de servicios superfluos, pero también con la acumulación por desposesión. Pero sobre todo da continuidad al proyecto neoliberal del saqueo, porque las mineras, las petroleras, la extracción y suministro de gas, el fracking y la generación de energía para empresas, no para los pueblos, continuarán con la misma retórica de la ya conocida política neoliberal que desde el gobierno se dice que ha terminado, “pero en los hechos el proyecto del Corredor Interoceánico muestra que está lejos de ello”, abundó. Rema recordó que “si bien esta región ha sido venerada por su posicionamiento global desde el régimen Porfirista, siempre fue un espejo de la realidad política que ha imperado en las distintas administraciones que enfatizan en el valor comercial y su potencial para el desarrollo global”, a costa de los pueblos del Istmo. “Paradójicamente, los sueños de las élites económicas nacional y global, hasta la administración pasada, no han logrado hacerse realidad, no obstante, hoy más que nunca el gobierno actual y la autodenominada 4T parece que harán todo lo posible por finalmente alcanzar el tan añorado sueño”, puntualizó. La Red mencionó que las luchas más recientes por la defensa del territorio del Istmo de Tehuantepec iniciaron cuando a principios del año 2000 se anunció el Plan Puebla Panamá (PPP) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), lo que implicaba nuevos megaproyectos para la región Sur-Sureste de México, tales como: represas, puertos, aeropuertos, tendido eléctrico, sistemas modernizados de telecomunicaciones como la fibra óptica, entre otras. Millones de dólares se invirtieron, incluso a costa de la adquisición de deuda por parte de los países de la región, para mejorar la infraestructura al servicio de las inversiones que prometían arribar a la región. Pero la resistencia y la lucha de los pueblos contra los gobiernos del PAN y del PRI, subrayó, impidieron que diversos megaproyectos se llevaran a cabo, entre ellos el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, no sin costos al respecto, ya que algunos de sus componentes lograron imponerse, como sucede con los parques eólicos, dividiendo a las comunidades. En un comunicado, la Rema resaltó que ese tipo de planes de desarrollo va emparentado con los procesos relacionados con la desregulación, la armonización y alineamiento de mecanismos, leyes, reglamentos, normas y procedimientos para el despojo. “Lamentablemente en la actualidad la región del Istmo es azotada por una nueva desgracia: el covid-19, que no sólo se propaga rápidamente entre la población, mientras muestra el colapso del sistema de salud pública, sino además impone una condición de confinamiento que limita la movilidad organizativa”. Además, en 2017 la región sufrió las consecuencias de sismos que la devastaron, al igual que muchas y muchos defensores del territorio y de los derechos colectivos han sido criminalizados, asesinados o desaparecidos, sin que en ningún caso el gobierno aparezca de manera consistente, sea para apoyar las emergencias o para acabar con la impunidad.

Imagen: Gobierno de México

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[Informe] Lo que está en juego en América Latina y el Caribe: perspectiva desde la justicia ambienta

Compartimos este informe de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ATALC – A Febrero del 2021

Introducción:

Los pueblos de América Latina y el Caribe, empobrecidos tras siglos de opresión y expoliación de sus bienes naturales, hoy sufren los terribles impactos de las profundas crisis sistémicas globales que afectan los sistemas ecológicos que hacen posible la vida, al tiempo que generan mayor concentración, desigualdad y exclusión. La crisis climática, de la biodiversidad, del agua, de la alimentación, de los cuidados, y ahora la crisis de COVID 19, están interrelacionadas y son consecuencia del sistema de acumulación capitalista que privilegia el crecimiento continuo y el afán de lucro, al tiempo que atenta contra la vida, destruye la naturaleza y viola los derechos de los pueblos.

Las múltiples crisis a las que se enfrentan los pueblos en América Latina y el Caribe tienen su origen en la infame injusticia que se reproduce a diario en un continente profundamente desigual, de la mano de gobiernos de derecha y neoliberales que desprecian a las clases populares y las empobrecen con sus políticas criminales. El debilitamiento o privatización de lo público a manos de las empresas transnacionales, y como resultado de las políticas neoliberales fomentadas por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) y la agenda de liberalización del comercio y las inversiones, aplicadas al pie de la letra por los gobiernos de derecha que responden a los intereses del gran capital, lleva a que las clases populares sufran todo el rigor de la destrucción de sus territorios, del cambio climático, de las pandemias y otros impactos del modelo depredador. Gobiernos y políticas que refuerzan no sólo la opresión de clase, sino también patriarcal y racista, y violan sistemáticamente los derechos de las mujeres, de las comunidades negras y afrodescendientes y de los Pueblos Indígenas.

Lo cierto es que América Latina y el Caribe, como otros continentes del Sur del mundo, aún hoy sufre las consecuencias de la dominación colonial y neocolonial y de la ofensiva imperialista que históricamente han sido impuestas a sangre y fuego, dejando un nefasto legado de opresión y explotación de los pueblos y la naturaleza en función de los intereses de las clases dominantes y de las potencias coloniales e imperialistas.

El sistema capitalista, patriarcal, racista, en su fase neoliberal y con fuerte predominio del capital transnacional y del sector financiero que operan en connivencia con las clases dominantes nacionales, acecha a nuestro continente, niega los derechos colectivos conquistados mediante la lucha, y genera destrucción, despojo, pobreza y hambre en nuestros pueblos.

La expansión del capital sobre los ecosistemas y su consecuente degradación, se articula con la reorganización del trabajo y de la sociedad para posibilitar el incremento de las tasas de ganancia y consolidar la capacidad de lucro de los actores y élites económicas nacionales y transnacionales. Proceso que se sostiene en base a la explotación del trabajo de las mujeres, que como consecuencia de la división sexual del trabajo están obligadas a hacerse cargo del trabajo de cuidados, que no es reconocido como trabajo productivo y por lo tanto no se le asigna ningún valor. Todas estas características de un sistema que privilegia la ganancia privada sobre los derechos de los pueblos, sumen a la región latinoamericana en una situación dramática, además con la clase trabajadora, especialmente las mujeres, afectada gravemente por la crisis global de la salud y sus consecuencias, producto del neoliberalismo, que ha llevado a que la pandemia por COVID19 tenga efectos devastadores y letales. Estos nefastos ataques a los pueblos, a sus derechos y a sus territorios, imponen retos de gran envergadura.

Pero como antes en la historia del continente, aún en un duro contexto en que tiene lugar una disputa política, de sentidos, en torno a los derechos y los territorios, los pueblos, sus organizaciones, procesos y movimientos continúan construyendo proyectos e iniciativas populares emancipatorias, desde principios éticos y políticos que marcan el camino para una transformación radical, como propone entre otros el movimiento feminista, apelando a la resistencia y al coraje que caracterizan la lucha por la democracia y el poder popular, la soberanía de los pueblos y la justicia en todas sus manifestaciones.

Nuestra apuesta por la justicia y la soberanía de los pueblos exige promover nuevas relaciones sociales, reconociendo la centralidad del trabajo para generar las bases materiales para la producción y la reproducción de la vida.2 Los movimientos y organizaciones sociales del continente se comprometen día a día a construir las condiciones necesarias para garantizar una vida digna para nuestros pueblos y desmantelar los sistemas de opresión, fomentando políticas públicas y creando procesos productivos que se nutren de y cuidan los sistemas y funciones ecológicas, resistiendo la lógica de la acumulación de capital. Ello exige poner en el centro la sustentabilidad de la vida y los cuidados como principio organizador de los procesos económicos, revirtiendo la división sexual del trabajo y la explotación del trabajo y el cuerpo de las mujeres. Asimismo, reclama romper con la dicotomía entre trabajo productivo y reproductivo y reafirmar la importancia de la autonomía económica de las mujeres.

1. ATAQUE CONTRA LA DEMOCRACIA Y CONTRA LOS PUEBLOS COMO SUJETO POLÍTICO

Este modelo basado en la explotación de la naturaleza y la producción de materias primas con poco valor agregado, para abastecer las cadenas de producción transnacionales, hoy se articula en proyectos nacionales y regionales anti-democráticos y anti populares signados por el papel central del capital, con fuerte participación del capital financiero, y el consecuente fortalecimiento de los sistemas de opresión -racista, patriarcal, de clase, colonial.

Se produce así un ataque contra la democracia. Para ese proyecto político la democracia no tiene sentido, es un estorbo, por ello se impone su carácter autoritario, y desarrolla estrategias de guerra para el control de la naturaleza; se persigue, encarcela y asesina a las/os defensoras/es de derechos y territorios, y toman fuerza posiciones fascistas que pretenden eliminar la diferencia y la diversidad para imponer un pensamiento totalitario que se materializa con el rechazo a la participación democrática en la construcción de la política y de las políticas públicas, que pasan a ser dictadas e impuestas por los CEOs de las empresas transnacionales.

La historia reciente de la región da cuenta de un fenómeno por todas/os conocido, pero negado por quienes se favorecen directa o indirectamente de la barbarie. Los golpes de Estado se convirtieron en una práctica constante para derrocar gobiernos y procesos elegidos democráticamente y articulados a la organización popular, que materializaban propuestas de dignificación de la vida a partir de la garantía de derechos para toda la sociedad y focalizados en las clases populares y las/os menos favorecidas/os.

Los golpes de Estado perpetrados en Haití (2004), Honduras (2009), Paraguay (2012), Brasil (2016) y Bolivia (2019), dan cuenta de la magnitud que ha tomado esta práctica criminal de las derechas nacionales aliadas con las fuerzas neoliberales y reaccionarias del Continente y con Estados Unidos. El último golpe, el de Bolivia4, en el que se ejerció la violencia y la sevicia contra el pueblo, vejámenes de distinta índole a mujeres indígenas, asesinatos, humillaciones, ilustra el verdadero rostro de la derecha, su carácter racista y colonialista, y sus imposiciones de muerte y destrucción. El golpe de Estado también puso al descubierto la complicidad de sectores y organizaciones que se jactan de trabajar por la defensa de la democracia, pero desplegaron una estrategia para maquillar al golpe con retóricas ancladas en un supuesto levantamiento popular aprovechado posteriormente por la derecha, dando la espalda a las millones de mujeres y hombres que fueron atacadas/os por las fuerzas militares y policiales cómplices de la derecha fascista.

La organización y capacidad de lucha de los movimientos sociales permitió restablecer la democracia en el país andino, y resultó en la aplastante victoria del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones de octubre pasado, con la participación popular más alta en la historia de los comicios electorales en Bolivia. Lo que dejó al descubierto las falacias con las que se pretendió legitimar el golpe desde sectores presuntamente democráticos, pero sobre todo no dejó duda sobre la capacidad popular para organizarse ante la adversidad y ante la imposición de la violencia armada.

Al igual que antes en Paraguay y en Brasil, las empresas transnacionales tenían especial interés en el control de lo que consideran recursos estratégicos para sus cadenas de valor. Cuando no logran imponer de lleno sus intereses, la democracia y las políticas públicas, como la prohibición del maíz transgénico en Paraguay, o la estatización de las reservas de petróleo en Brasil, se transforman en obstáculos a derribar. Para ello cuentan con el apoyo de las clases dominantes y su proyecto político y económico de carácter explotador, racista y patriarcal que se plasma en una agenda de derecha. Asimismo, cuentan con el apoyo y papel activo de Estados Unidos, que mantiene un fuerte interés en tener bajo control a “su patio trasero”.

Así, hoy está en juego en la región el restablecimiento de la democracia, y aunque la correlación de fuerzas es negativa por el signo político de una mayoría de gobiernos de derecha y neoliberales por ahora en el poder, el pueblo boliviano nos ha dado un ejemplo de grandeza, de paciencia y tenacidad para que triunfe la voluntad popular desde la lucha pacífica de los pueblos organizados. También el pueblo chileno ha dado una muestra de su capacidad de lucha contra el poder de la derecha dictactorial y décadas de políticas neoliberales que hambrearon a la mayoría de la población y le negaron sus derechos atentando contra la democracia.

La arremetida en la región, como en otros continentes, se complementa con una ofensiva que pretende deslegitimar la política, banalizarla y con ello reducir el poder popular para la toma de decisiones y para la conducción de los Estados y sus instituciones.

La deslegitimación de la política se enmarca en una estrategia más amplia de control social, que predica la importancia de la gestión eficaz especializada, denostando a la política como una actividad esencialmente corrupta. De esta manera, se pretende desplazar al pueblo de la toma de decisiones y se le vacía de su condición de sujeto político, para que la esfera de decisión sea controlada por los dictámenes de las élites nacionales, las corporaciones transnacionales y las IFIs, que se encargan de dictar las políticas públicas, incluidas las que definen el futuro de los territorios y los bienes naturales que contienen. La deslegitimación de la política y los atentados a la democracia son en realidad ataques contra los sujetos políticos populares que construyen agendas y proyectos políticos y disputan la arena política y la política pública, quienes desde su acumulado histórico intentan cambiar la correlación de fuerzas. Es por eso que los sujetos políticos populares que se organizan en movimientos -como el campesino, feminista, sindical, por la justicia ambiental- son perseguidos, criminalizados, judicializados, asesinados, y se emprenden campañas mediáticas en pos de su estigmatización y deslegitimación.

Una mirada a países como Honduras, Colombia, México o Brasil da cuenta de los ataques sistemáticos a los sujetos políticos populares como consecuencia de su defensa de los derechos de los pueblos y de los territorios; los asesinatos se cuentan por cientos en cada uno de esos países sin que los gobiernos les protejan o implementen medidas estructurales para prevenir esas atrocidades o para acabar con la impunidad que permite su repetición. Colombia, infortunadamente, concentra una de las tasas más altas de asesinatos y violaciones a los derechos de los pueblos y sus derechos humanos. En 2020 casi 400 líderes/as y firmantes del acuerdo de paz fueron asesinados, y desde la firma de los acuerdos de paz hasta agosto de 2020, mil personas fueron asesinadas por su trabajo en defensa de los derechos humanos. En lo corrido de 2021 ya se cuentan 18 defensoras/es asesinadas/os5.

Según Global Witness, organización que hace seguimiento a las violaciones de derechos humanos y pone énfasis en la violencia contra las/os defensoras/es medioambientales, “(el) informe anual sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente de 2019, muestra el número más alto de muertes en un solo año hasta la fecha. 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en 2019, un promedio de más de cuatro personas por semana”6.

Y la violencia se manifiesta de manera brutal contra las mujeres que se organizan y lideran luchas en defensa de los territorios, sus derechos y los derechos de los pueblos, cuestionando la raíz del sistema capitalista, patriarcal y racista. La criminalización y la persecución, e incluso los asesinatos, tienen la intención de acallar sus voces e impedir su acción política. Los gobiernos de derecha, machistas y misóginos, emprenden campañas contra lo que ellos denominan “ideología de género”, para imponer su concepción de la familia y del papel de la mujer. De esta manera niegan el papel de las mujeres como sujeto político y llevan adelante una ofensiva que pretende relegarlas al trabajo reproductivo fortaleciendo la división sexual del trabajo y al mismo tiempo explotar sus cuerpos y trabajo. En este marco es más significativa aún la victoria lograda por el movimiento feminista con la legalización del aborto en Argentina, tras años de dura lucha.

Frente a los ataques a la democracia y la deslegitimación de la política, está en juego la necesidad de continuar y fortalecer la construcción de la solidaridad internacionalista contra todos los sistemas de opresión -de clase, racista, patriarcal, heteronormativo, colonial, imperialista-, en la que la unión de los pueblos y sus movimientos nos permita retomar el sentido de la democracia desde la participación de los sujetos políticos populares en la política y en la definición de la política pública para atender las necesidades de quienes más los necesitan, garantizando los derechos de las clases populares, protegiendo a quienes entregan sus vidas por los proyectos colectivos emancipatorios, y deshaciendo el secuestro del Estado y sus instituciones que vienen consolidando las derechas en respuesta a los intereses de los grupos económicos nacionales y de las transnacionales.

Disputar la comunicación desde las construcciones conjuntas y populares.

En este marco y contexto descritos, el poder y el papel de los grandes medios de comunicación empresariales y la manipulación de las redes sociales deben ser confrontados, pues tienen una enorme incidencia e influencia en la normalización de la violencia, en la deslegitimación de la política y en los ataques continuos a cualquier tipo de disputa democrática. Confrontar este poder implica el fortalecimiento de las estrategias de comunicación popular y la disputa por las tecnologías de la información.

Los movimientos sociales nucleados en la Jornada Continental por la Democracia y contra el neoliberalismo7 son protagonistas de la lucha en defensa de la democracia y han identificado la importancia de disputar las comunicaciones, por ello apuestan a la convergencia de medios populares. Ejemplo de ello son Radio Mundo Real (RMR) y, más recientemente, la herramienta Capire, construida en línea de confrontación a los grandes medios empresariales y su hegemonía totalizante, desde producciones propias de las mujeres en lucha. La comunicación es uno de los puntos clave para organizaciones como ATALC y la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM), por eso junto a movimientos aliados han participado de iniciativas conjuntas para crear una comunicación popular y feminista, que visibilice las luchas y los proyectos políticos de los pueblos y las mujeres en todo el mundo.

Propuestas de esta naturaleza visibilizan la lucha de las clases populares en pos de proyectos políticos emancipatorios y la construcción y fortalecimiento de iniciativas territoriales, para que las acciones y reflexiones que allí se presentan den cuenta de procesos que logran hacerse un espacio como grandes medios de comunicación. Permiten asimismo participar activamente en la disputa de sentidos.

Enfrentar los bloqueos y ataques a los pueblos dignos y soberanos

La continuidad de los ataques orquestados desde los Estados Unidos contra los pueblos de Cuba y Venezuela, en alianza con gobiernos de derecha y fascistas de la región, se hacen más brutales y repudiables en tiempos de la crisis global de la salud, y configuran ataques históricos y sistemáticos a la democracia. Los movimientos sociales y articulaciones de sujetos políticos populares colectivos tienen entre sus responsabilidades históricas la solidaridad internacionalista con los pueblos cubano y venezolano que han soportado con dignidad y tenacidad la arremetida del imperialismo y de la derecha. En la defensa de los pueblos bajo ataque está en juego la continuidad de sus aportes a la paz e integración regional.

2. OFENSIVA NEOLIBERAL

Ataques a los derechos laborales y desmonte de los derechos conquistados.

La aplicación de políticas neoliberales, que en muchos países se ha profundizado en el marco de la pandemia de COVID 19, también ha traído como consecuencia la adopción de medidas sumamente regresivas en materia laboral. La Confederación Sindical de Trabajadoras/es de las Américas (CSA), organización que representa a más de 55 millones de personas trabajadoras en el continente, ha señalado que la pandemia “dinamizó los procesos y tendencias de deterioro de la vida de la población trabajadora que ya estaban en curso”8. Se deterioraron las condiciones laborales, de la estabilidad del empleo, de los derechos laborales y sindicales, de las posibilidades de mantener salarios dignos, y “los propios sistemas de protección, además de los sanitarios, se encuentran inmersos en profundas crisis en la mayoría de los países de las Américas”9.

Lejos de aportar a la solución de la crisis, las medidas adoptadas por la mayoría de los gobiernos la agravaron, y se amplificó la violencia contra las mujeres, quienes debieron asumir una mayor carga de trabajo de cuidados esenciales para la vida que no son valorados por el capital y el mercado, configurándose un escenario de mayor explotación de sus cuerpos y trabajo. En muchos países, a ello se sumó la falta de acceso a servicios fundamentales como consecuencia de las privatizaciones o el debilitamiento de lo público, el debilitamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva, la negación del derecho al aborto, y la obligación de quedarse en casa, un espacio no seguro donde se vieron forzadas a convivir con los perpetradores.

En términos generales, son cuatro los aspectos centrales que representan ataques a los derechos laborales y a los derechos conquistados históricamente:

una reforma laboral de facto respaldada en la necesidad de reactivación económica al tiempo que se reducen los costos laborales10. Como lo denuncia la CSA “aun con medidas de restricción de despidos en estos meses, se denuncian despidos masivos, reducción de salarios y jornadas laborales, negativa a declarar COVID 19 como enfermedad laboral, envío de trabajadoras/es a vacaciones obligatorias y sin pago, cancelación o renegociación de contratos, reformas legislativas para eliminar la negociación colectiva y un desconocimiento general de los sindicatos”11.

Protección de la actividad económica, desprotección de trabajadores/as. La definición de los sectores básicos a mantener operativos durante los confinamientos respondió a criterios presionados por empresarios (la construcción, producción de bebidas alcohólicas, textiles y calzado, por ejemplo) y no a las necesidades básicas de la población durante la pandemia; además, en esos sectores tampoco se garantizó la salud y seguridad de las/os trabajadoras/es. El común denominador fue la ausencia de elementos de protección individual, ausencia de condiciones adecuadas de transporte, falta de agua potable. Con el agravante conocido en la región de la precariedad laboral que debió asumir el personal de salud que tuvo que enfrentarse a la crisis sin equipos de protección adecuados y en muchos casos sin recibir durante meses el pago de sus salarios y obligaciones contractuales.

Endeudamiento como salvaguarda de grandes empresas. Los nuevos procesos de endeudamiento para los países de la región que fueron presentados como necesarios ante la emergencia económica generada por la pandemia, se utilizaron para el salvamento de empresas transnacionales y no para la implementación de auxilios a las pequeñas y medianas empresas, tampoco para la creación de un ingreso o renta básica necesaria y urgente para la población. El caso del intento de salvamento a la transnacional AVIANCA, por el gobierno del derechista Iván Duque en Colombia, es escandaloso. Al momento se ha denunciado que se han entregado cinco mil millones de pesos (COP) a la empresa, mientras en el país andino no se entregó renta básica, se ha superado los cincuenta mil muertos por la pandemia y no se ha empezado la vacunación de la población.

Informalidad. Una de las características del trabajo en la región es la alta tasa de informalidad y las/os trabajadoras/es que tienen esta condición fueron de los/as más golpeadas/os con las restricciones a la movilidad y confinamientos impuestos. Su pérdida de ingresos les ha llevado a situaciones de empobrecimiento extremo.

Las/os trabajadoras/es de las aplicaciones de plataformas sufrieron un empeoramiento de sus condiciones de trabajo que ya de por sí tiene todas las características de la desregulación y explotación laboral: los costos de transporte, protección y mantenimiento de instrumentos de trabajo son asumidos por las/os trabajadoras/es que en su mayoría se movilizan en bicicletas en las que se exponen a accidentes constantemente; no cuentan con derecho a salud ni pensión, ni ninguna prestación legal. Por estas condiciones y situaciones lamentables de accidentes y muerte de las/os trabajadoras/es, en países como Brasil se convocó a movilizaciones desde los colectivos de trabajadoras/es de las Apps, pues mientras ellas/os exponen sus vidas para sobrevivir, las ganancias de las transnacionales dueñas de las aplicaciones crecen de manera exponencial.

En la región está en juego la dignificación del trabajo, en condiciones desfavorables ante el poder de las transnacionales y gobiernos de derecha y neoliberales que avanzan en la precarización, desregulación y desmonte paulatino o acelerado de los derechos conquistados históricamente por la clase trabajadora.

Imagen: ATALC

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Oaxaca: Los mixes ante el corredor interoceánico

Compartimos este reportaje publicado en la Biodiversidad LA sobre el corredor transistmico – A 13 de abril del 2021

“No podemos desligar el Corredor Interoceánico del enlace con otros megaproyectos, pues como se ha visto es un proyecto ambicioso de décadas (siglos). La presencia de la Guardia Nacional en la zona, lejos de atender la inseguridad, defiende los intereses de las empresas extranjeras. Esto nos recuerda la presencia del ejército en el Mayab y la concesión del tren otorgada a la Sedena, en gran medida, porque los pueblos mayas han ganado los amparos sobre el Tramo 3 y parte del 4 para evitar su realización, pero significa que el gobierno cambiará de estrategia para evitar que el proyecto se le vaya de las manos. Lamentablemente, durante este sexenio no han dejado de haber presiones sobre los colectivos indígenas y asesinatos de líderes comunitarios”.

En las múltiples alianzas y confrontaciones antiguas, hay unas que son significativas para entender la presencia de los pueblos mixes ante el paso interoceánico. El bloque de mixes, popolucas y chinantecos poblaban gran parte de lo que hoy es Coatzacoalcos; mientras que, en el paso intermedio, estaban los mixes, zoques y choles; el Istmo era ocupado por mixes, chiapanecas y zoques. Estos pueblos eran aliados. En toda esta franja también se podían encontrar tseltales, tsotsiles, tojolabales, entre otros grupos. En contrapartida, los zapotecos (las élites de Valles Centrales), mixtecos (cercanos a los anteriores) y nahuas de la Cuenca de México (posteriormente tlaxcaltecas) formarían una alianza con los hispanos, quienes pretenderán apropiarse del territorio del corredor. Las rencillas de mixes contra zapotecos y mexicas eran muy antiguas, al igual que su cercanía con algunos grupos mayenses. El punto es que varias comunidades mixes poblaban el tránsito entre las dos costas oceánicas.

A Enrique Peña Nieto le tocó promover las Zonas Económicas Especiales (ZEE) para dar continuidad al megaproyecto de los gobiernos anteriores, además de impulsar la inversión china, sólo que ya no se trataba solamente de un corredor de comunicación, sino industrial. Igualmente, intentaba rehabilitar la vía ferroviaria. En las ZEE quería enlazar la conexión pendiente con Chiapas y el sureste (para conectar con Centroamérica) y también con los estados de Michoacán y Guerrero. En este periodo también entraron otras intenciones en la industria, como la farmacéutica, por la Southwest Energy. El corredor se ve como un paraíso para diferentes empresas. Pero bueno, las intenciones de Peña Nieto también fueron soterradas. Otro partido obtuvo el poder: Andrés Manuel López Obrador (AMLO) gana la presidencia con Morena.

Las noticias se mostraban alentadoras cuando se anunció que AMLO eliminaba el proyecto de las ZEE, además de que, con la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y su dirección por parte de Adelfo Regino, luchador social mixe, originario de Ayutla, parecía que los megaproyectos llegaban a su fin. Sin embargo, desde el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 19 de noviembre de 2019, quedaba claro que la erradicación de las zonas especiales se debía a que “las mismas no han podido operar” por no cumplirse los requisitos legales y no haberse “reportado inversiones públicas productivas”. Esto es, se requería de un nuevo proyecto que permitiera la factibilidad real y concisa del funcionamiento del Corredor Interoceánico como de otros proyectos pendientes en los estados de la República que enlazaran las economías con Centroamérica, Suramérica, Europa y Asia.

AMLO toma posesión el 1 de diciembre de 2018; para el 23 del mismo mes presentaba su Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (PDIT) y designaba a Rafael Marín Mollinedo como su director. Junto con este proyecto retoma los pendientes como el Tren Maya —o Tren “malla” o Tren No Maya como lo nombran los colectivos mayenses. Eso sí, pone mayor énfasis en las injusticias sociales y señala que su proyecto sí tratará de subsanar la pobreza. Pero aquí estamos, con el mismo proyecto de dominación sobre la región. Las zonas de influencia quedan demarcadas con todas sus letras, sin sutilezas, sobre los territorios mixes, chontales, huaves, zoques, zapotecas, nahuas y popolucas, aunque sin nombrar a los pueblos en específico. Los mapas que presenta sólo muestran una región ampliada y fantasmagórica (como los programas anteriores), así que es una tarea personal comenzar a cruzar la información cartográfica para poder señalar los pueblos afectados. A lo largo del corredor se crearán “zonas libres” para la inversión privada y con la modernización del ferrocarril del Istmo a Coatzacoalcos también pretende la construcción de un gaseoducto y una línea de fibra óptica para abastecer la demanda de las empresas y atender a los ciudadanos (en este orden). Para el proyecto requerirá dos recursos fundamentales: energía y agua.

En el decreto por el cual establece la creación del Corredor se declara a este organismo como público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con atribuciones para celebrar todo tipo de actos jurídicos y de contratos, es decir, que pueda hacer lo necesario para concretar el proyecto. Asimismo, se declara al INPI como entidad responsable para velar por la identidad, cultura, costumbres y recursos naturales de los pueblos, además de coadyuvar en los procedimientos de consulta. Esto, que parece positivo, no lo es tanto, pues como los mismos pueblos han indicado, existen arbitrariedades en los procesos, repitiendo las situaciones de otros años.

Mapa proporcionado por la autora

El meollo del asunto se encuentra en la legitimización de las consultas a los pueblos, en donde el INPI, como “velador” de los intereses de los pueblos, evita acatar sus decisiones para proteger los intereses del Corredor. ¿O bien se desconocen los detalles que afectarán a la región? La zona de influencia no abarca al pueblo de Ayutla, de donde es originario Regino, pero sí lo abarcan los parques industriales. En este sentido, las recientes denuncias al chat pornográfico “Sierra XXX” por colectivos mixes y, especialmente, por la activista Yásnaya Aguilar (Ayutla), son muestra de cómo lo que se juega en las fichas de la política tiene como fondo los megaproyectos. Humberto Santos (Zacatepec), quien fue evidenciado como parte de la red digital que exponía a mujeres mixes, renunció (o fue destituido por el bien mayor) a la candidatura por la diputación local. A la contienda por la candidatura del Distrito Mixe-Choápam se sube otro compañero de las mismas mañas. Es de notar que los participantes mixes del chat son o eran parte del INPI, así que, ¿qué está operando a través de un grupo de personas mixes que trabajan para el Estado? Es evidente que el partido en el gobierno requiere ser mayoría para generar los proyectos detenidos (como cualquier otro partido en el poder), pero, aunque éstos ganen, las movilizaciones sociales continuarán por la defensa del territorio —otra cosa es que los partidos de oposición estén de oportunistas—, pues la vida de los pueblos está más allá de las decisiones partidistas, llámese PRI, PAN o Morena. El dispositivo de poder devora todo a su paso. Los intereses personales quedarán aplastados por los intereses transnacionales. El pueblo de Zacatepec, de donde es originario Humberto Santos, sí es parte de la zona de influencia del Corredor. La lucha en las relaciones de poder es la lucha de intereses.

Entre los objetivos del Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024 pueden encontrarse puntos que mueven los sentimientos de justicia, pero basta contrastarlo con la realidad. Sí, están los compromisos en conformidad con el Convenio 169 de la OIT, pero no las vías para que, en caso de que un pueblo no acepte, el proyecto cambie. En todos los programas se da por entendido que los pueblos aceptarán el proyecto. También está presente el discurso para acabar con la pobreza bajo los mecanismos globales de progreso, pero no bajo la dinámica de mejorar la vida conforme los pueblos lo decidan. Para “convencer” a las comunidades se hacen recorridos en la región para ver la posibilidad de “ayudar”, a la vez que se valoran los “recursos humanos, materiales y operativos” con que cada uno cuenta. En este mismo sentido, no podemos dejar pasar desapercibido el anuncio de que el programa “Sembrando vida”, que da un apoyo económico a los comuneros, se extenderá a los municipios oaxaqueños en donde influirá el Corredor. El proyecto del Corredor se abrió públicamente a la inversión extranjera. Surbana Jurong, empresa de Singapur, desarrollará el proyecto para conectar los puertos a nivel internacional (como se ha venido planeando: Asia, Europa y Sudamérica), además de dos áreas económicas (Veracruz y Oaxaca). Algo que está de manifiesto en las cartografías sobre los megaproyectos (Colmix, Geocomunes, Ejatlas) es que hay un cerco sobre la mayor parte de la región mixe, sobre todo a lo que correspondería al Distrito. Las extracciones mineras de metales (plata, oro) y no metales (arena, granito, mármol) ya están muy próximas a volver a operar, ahora en conjunto con la adjudicación del agua. Así que Morena deberá ganar este distrito (y otros) para que los proyectos se efectúen. La región mixe es rica en varios recursos naturales, no lo olvidemos.

En el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (2019) se establece la “gran riqueza en recursos hídricos” en la región del Corredor, con ello quedan de manifiesto tres ríos: Coatzacoalcos (el más importante), Tehuantepec y Los Perros; de tres afluentes: Uxpanapa, Cuachapa y Cahuapan, además, por supuesto, de las corrientes subyacentes. Las ramificaciones acuíferas atraviesan la región mixe, desde los pueblos más cercanos al istmo (Guichicovi), como los más alejados (Cotzocón y Zacatepec). Todos los afluentes que pasan por los pueblos están dentro de la “zona de influencia”.

Así, cuando superponemos el mapa de los programas gubernamentales con la región geográfica que ocupan los mixes, queda en evidencia que la zona de influencia (de la que casi no se habla), aunque oculta, está a la vista.

Mapa proporcionado por la autora

El agua es un asunto que no puede dejarse pasar, pues en caso de que no se obtenga el líquido vital, el gran proyecto quedaría nuevamente en entredicho. Así, por las disposiciones de que el proyecto se lleve a cabo, el apremio es grande. ¿De qué sería capaz un gobierno que ve truncadas sus ilusiones, más cuando existe una fuerte presión por parte de las empresas extranjeras que están invirtiendo? En Oaxaca se encuentran 64 de las 66 áreas certificadas como “riqueza natural”, las otras dos son de Veracruz. Para que este megaproyecto pueda realizarse se requieren de los recursos acuíferos y energéticos, los territorios y las costas: los que están en las comunidades indígenas.

No podemos desligar el Corredor Interoceánico del enlace con otros megaproyectos, pues como se ha visto es un proyecto ambicioso de décadas (siglos). La presencia de la Guardia Nacional en la zona, lejos de atender la inseguridad, defiende los intereses de las empresas extranjeras. Esto nos recuerda la presencia del ejército en el Mayab y la concesión del tren otorgada a la Sedena, en gran medida, porque los pueblos mayas han ganado los amparos sobre el Tramo 3 y parte del 4 para evitar su realización, pero significa que el gobierno cambiará de estrategia para evitar que el proyecto se le vaya de las manos. Lamentablemente, durante este sexenio no han dejado de haber presiones sobre los colectivos indígenas y asesinatos de líderes comunitarios.

El Corredor Interoceánico sigue siendo una alternativa al Canal de Panamá. Hay muchas industrias que están en medio de este proyecto, nacionales y extranjeras (estadunidenses, canadienses, chinas, singapurense) y también de diferentes ramos (hidrocarburos, agroindustriales, comunicaciones, manufactureras, navales, mercantiles, mineras, etcétera), puntos que favorecen a la inversión extranjera, pero que mantienen y acrecientan la dependencia económica de la región, todavía más cuando los comuneros pierdan sus tierras y se vuelvan obreros asalariados sin hogar. Las fronteras económicas (creadas por las inversiones extranjeras de diferentes nacionalidades) son las nuevas lindes, las fronteras políticas sirven para preservar dichos límites. Si los pueblos desearan entrar al sistema-mundo debería de ser bajo sus términos, no por imposición.

La conexión de la vía transístmica (Istmo-Coatzacoalcos) con la vía del Tren Maya (península), recordemos, es por Campeche. ¿Acaso no es el estado en el que se tiene prisa por vacunar y que empiece la vida económica de forma inmediata? No es fortuito, es parte de la unión de megaproyectos. La línea de Chiapas es la que se unirá con Guatemala. Así, esta parte del sur de México se unirá con los proyectos centroamericanos, pero también el Corredor tendrá la virtud de que se pueda unir con los proyectos andinos y amazónicos. No olvidemos que el Corredor sólo es un engrane en la gran maquinaria de las macroeconomías. Los países de Bolivia y Brasil también tienen urgencia en que los megaproyectos se realicen. Lo que queda de manifiesto en la historia del proyecto del Corredor Interoceánico con respecto a los pueblos mixes —como de otros— es el punto de control económico, político y bélico, que ha pretendido ser a costa de sus vidas.

Ana Matías Rendón, escritora de origen mixe, licenciada en filosofía y maestra en estudios latinoamericanos. Directora de Sinfín: Revista Electrónica. Sus últimas publicaciones: “El registro del espacio-tiempo mixe y su (re)inicio” (ensayo) y La discursividad indígena (libro).

Fuente: Suplemento La Ojarasca, La Jornada

Imagen: Biodiversidad LA

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Lo qué está en juego con la reglamentación de la Consulta Indígena en México

Compartimos este reportaje de Avispa Midia sobre el recurso de la consulta para la aprobación del megaproyectos – A 6 de mayo del 2021

Por Renata Bessi

La Cámara de Diputados aprobó el pasado 20 de abril el dictamen que expide la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, el cual fue enviado al senado para ser discutido y aprobado. La ley debe ser aprobada hasta 30 de agosto de 2021 por el Congreso de la Unión, de acuerdo a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El objetivo, según el propio dictamen, es establecer los principios, normas, instituciones y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos. El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, expresó la importancia de la aprobación de una ley que “tanta falta hacía a los pueblos indígenas y afromexicanos para que se garantice su derecho a la consulta”.

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A pesar del festejo alrededor de la iniciativa por parte de organizaciones y del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “esta aprobación será recordada por los pueblos originarios como un acto de justicia”, definió Regino Montes, movimientos sociales y especialistas alertan sobre las incoherencias y peligros de ser aprobada una ley de consulta.

Para el integrante de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Miguel Mijangos, la reglamentación involucra actores e intereses que van más allá de la garantía de los derechos de los pueblos. “Es un tema que lleva años siendo impulsado por el propio sistema financiero bancario y por ende manejado por las empresas, los gobiernos”.

A estos sectores les interesa crear mecanismos que den seguridad jurídica a sus megaproyectos. “El capitalismo anda cada vez más enfocado en el modelo extractivo y le urge un mecanismo para seguir validando el despojo”, argumenta.

La diversidad de intereses por detrás de la regulación se evidencia en el cabildeo realizado por sectores económicos junto a los parlamentarios, así como en manifestaciones públicas de representantes de estos sectores sobre el tema. Un ejemplo fue la participación de integrantes de la Cámara Minera de México, en el Parlamento Abierto, realizado el 30 de marzo, en el marco del proceso de construcción del proyecto de ley.

“La industria minera es moderna y responsable, social y ambientalmente, y busca el beneficio de todos los grupos de interés, sus usos y costumbres. Considero que la consulta debe contemplar que se establezca de manera clara y precisa cuáles son los pueblos y comunidades indígenas en México y que se constituya un padrón que registre sus autoridades, número de integrantes y territorio que ocupan”,

DIJO KAREN FLORES ARREDONDO, DIRECTORA GENERAL DE LA CÁMARA MINERA DE MÉXICO.

Otro representante del sector minero, Christopher Ávila Mier, dijo que la identificación plena de las comunidades indígenas, sus autoridades y territorios son importantes para que cualquier empresa o proyecto público o privado realice una consulta con certeza administrativa. “Con esto se avanzaría de la mano con los pueblos indígenas”, señaló.

En tono de conciliación con estos sectores, Regino Montes les mandó un recado.“Hay un conjunto de propuestas del sector empresarial que traen el diálogo e interlocución con el PRI y el PAN, yo lo que quiero decirles a los empresarios es que estén tranquilos, esta ley no afecta a nadie”, dijo.

Para la profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Chiapas, Elisa Cruz Rueda, antropóloga y abogada, con una larga experiencia en derecho indígena, el peligro de una ley específica para la consulta “es que la historia de este país nos muestra que (…) el afán de la regulación siempre ha dado por resultado que los derechos se recorten, es decir, que el alcance sea limitado”, explica.

La investigadora señala dos puntos del proyecto de ley para demostrar este recorte.   Uno de ellos es el artículo 12 que trata de los resultados de la consulta. En caso de que los pueblos nieguen que un proyecto sea realizado en su territorio, hay la posibilidad de que “el sujeto consultado deja abierta la posibilidad de explorar otras opciones para la realización de una medida similar”, dice el proyecto. “Queda abierta la posibilidad para que se busquen otras vías para hacer efectivo el proyecto. De que estamos hablando, si es negativo es negativo”, argumenta Cruz Rueda.

Un segundo ejemplo dice respecto a los protocolos de Consulta, que deben establecer las reglas y procedimientos para la consulta. El artículo 29 del proyecto establece que las autoridades que realizan la consulta tienen la obligación de realizar los protocolos de consulta.“Ahí viene el procedimiento que ha venido implementando el gobierno desde el sexenio anterior. Es el modelo que ha establecido la Secretaria de Energía”, explica. “En un proceso de consulta real se debería impulsar por parte del gobierno que las comunidades elaboren sus protocolos autonómico de consulta, donde se recorra las formas de organización y decisión de cada comunidad”, sostiene.

La investigadora argumenta que el derecho a la consulta ya es un derecho internacionalmente reconocido previsto en el Convenio 169, del cual México es signatario. Los tratados de derechos humanos poseen rango constitucional en el país. Para la abogada, no se necesita de una ley específica, “lo único que se debería de hacer es cumplir con estos grandes parámetros de estándares internacionales que ya existen, pero no lo hacen”.

Como han sido implementadas las consultas en los anteriores gobiernos y en este, de Andrés Manuel López Obrador, “vemos que es nada más legitimar lo que ya tienen planeado. Entonces que ganancias tienen los pueblos con eso. Las malas llamadas consultas por el Tren Maya, en 2019, son un ejemplo. Eso que hicieron, pues, ya nos da el preludio de cómo quieren que salga la ley”, argumenta la investigadora que se posiciona contra la creación de una ley que reglamente la consulta.

Tras el arribo de López Obrador a la presidencia de México, para la gente que votó por él, avizoraba cambios radicales, incluso, para los pueblos. “Ellos dicen, ¡primero los pueblos indígenas!, ¡primero los más pobres! Pero vemos que primero son las empresas del gran capital, primero son los megaproyectos antes de que nos tomen en cuenta. Luego hacen simulacros con supuestas consultas, pero los proyectos de muerte ya están en marcha ¿entonces para qué hacen consultas?”, puntualiza la integrante de la comunidad Otomí y también del Congreso Nacional Indígena (CNI), Maricela Mejía.

Para el abogado agrario Carlos González, que hace parte del CNI, el derecho a la consulta se está proponiendo como discurso dentro del derecho como un derecho sustituto de los derechos fundamentales de los pueblos originarios. “Desde mi punto de vista los derechos fundamentales para un pueblo originario son: primero el derecho a la libertad, a la libre determinación, que en el marco del Estado nacional se llama autonomía; el segundo es el derecho al territorio. Estos derechos son los derechos medulares de una comunidad y lo que están pretendiendo es sustituirlos por el derecho a la consulta”.

Una burla

El 10 de junio de 2020, la SCJN emitió la sentencia de amparo que ordena la creación de la ley. La SCJN otorgó hasta el 30 de agosto de 2021 para que el Congreso de la Unión cree la ley. El amparo fue interpuesto por la organización oaxaqueña Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil. “Lo que estamos viendo es que esta ley pretende responder a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que no hay condiciones”, sostiene la investigadora Cruz Rueda.

La abogada sostiene que “no hay condiciones” refiriéndose a las desiguales históricas y estructurales de la sociedad mexicana. “Desde su origen, el Estado mexicano ha sido negacionista de la diversidad en todas sus formas, sobretodo en lo que respecta a los pueblos indígenas”, sostiene. “Las condiciones estructurales que dieron origen al levantamiento zapatista, en 1994, no han cambiado. No están las condiciones estructurales cambiadas para que de hecho se pueda llevar a cabo consultas que realmente respeten a los pueblos. Los pueblos indígenas en México están precarizados. Se les dice, oye dame tu tierra y te doy agua, dame tu tierra y vas a tener trabajo. En estas condiciones hablar de una consulta no es una consulta, es más bien un regateo”.

Y pone sobre la mesa una pregunta a las organizaciones que promueven la ley. “Si el racismo es una de las líneas fundamentales de este Estado mexicano, sea cual sea el gobierno, entonces a ¿qué estamos jugando con este tipo de cosas?”. “A la larga, si este proyecto pasa, los pueblos van a verse entre la espada y la pared”, afirma.

Al promover esta ley “lo único que hacen es dar chance que la corte, desde su racismo, tome lo que le interesa para seguir apuntalando un modelo extractivo que consolida las arcas de dinero de unos pocos en contra de unos muchos, que siempre han pagado los costos del desarrollo”, sostiene Cruz Rueda.

El análisis de Mijangos va en la misma dirección. “En un modelo tan asimétrico, consultar a los pueblos es una burla”.

Lo que se debe buscar, apunta Cruz Rueda, es cambiar la relación entre el Estado mexicano y la sociedad mexicana con los pueblos indígenas, como señalan los acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena. “El formato que tiene este proyecto de ley no cumple este propósito de cerrar las brechas de las desigualdades. Al contrario, las profundiza”, sostiene.

Imagen: Avispa Midia

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Deforestación y corrupción, resultados de Sembrando Vida en el sur de México

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre el modelo de monocultivo que se pretende instalar en el sureste mexicano – A 5 de abril del 2021

Deforestación, pérdida de biodiversidad, clientelismo y corrupción son solo algunas de las consecuencias en la implementación de Sembrando Vida, el programa ambiental más ambicioso del gobierno federal, el cual busca reforestar un millón de hectáreas de terrenos deteriorados en todo México.

Lo anterior es señalado en múltiples reportes elaborados tanto por académic@s, ONGs y prensa. Uno de los estudios, Análisis de los impactos en las coberturas forestales y potencial de mitigación de las parcelas del programa Sembrando Vida implementadas en 2019, realizado por Javier Warman, Iván Zúñiga y Manuel Cervera, señala que el programa provocó la deforestación en un área de 72 mil 830 hectáreas. “Existe un aspecto crítico relacionado a la pérdida de coberturas: la focalización de este fenómeno en solo 22 municipios del país y una gran concentración de pérdidas (50,981 hectáreas que representan el 70% de las pérdidas) en regiones vulnerables al cambio climático y de gran biodiversidad de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo y Campeche”.

Para el año de 2019, el municipio con mayor pérdida forestal es Ocosingo, en Chiapas, con 12 mil 920 hectáreas, seguido de Othón P. Blanco, en el estado de Quintana Roo, con 5 mil 829 hectáreas perdidas.

Las áreas dañadas, 11.2% del total de la superficie beneficiada, fueron ubicadas por un estudio con imágenes satelitales y representa casi la mitad de la cantidad anual promedio de cobertura forestal que se pierde debido a cambios en el uso de la tierra y la tala ilegal en la misma región, según cálculos del Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés).

En un reportaje publicado por Bloomberg, campesinos inscritos a Sembrando Vida, en los estados de Yucatán y Campeche, relataron haber talado y quemado árboles para recibir dinero del programa.

Esta denuncia reciente se suma a las difundidas desde finales del 2019 y durante el año 2020. Por ejemplo, en Quintana Roo, Sembrando Vida propició la deforestación de alrededor de 10 mil hectáreas de selva, principalmente en ejidos del sur del estado.

“Se ha detectado que, en los ejidos, con tal de contar con el área para sembrar árboles frutales, la gente deforesta con el consentimiento del gobierno federal”, relató para medios locales Cristóbal Uc Medina, presidente de la Sociedad de Ejidos Forestales de Quintana Roo.

Aunado a la deforestación, el programa también es señalado por implementar la siembra de especies no nativas en Chiapas y Tabasco, e incluso “algunos participantes dicen que les obligaron a talar los nuevos árboles nativos y replantar las especies no nativas que habían muerto por falta de agua o demasiado sol”, detalla el reportaje ¿Deforestar en vez de reforestar? Esto es lo que ocurre con Sembrando Vida.

Corrupción

Sembrando Vida realiza pagos de 4 mil 500 pesos al mes a cerca de 420 mil agricultores. Opera en 20 estados y registra históricos presupuestos para el campo mexicano con 15 mil millones de pesos en 2019 y 27 mil millones en 2020.

De acuerdo al plan federal, el programa además de cuidar al ambiente, busca combatir la pobreza y corrupción con la eliminación de intermediarios en la entrega del dinero. No obstante, existen indicios de que la poca o nula supervisión a los denominados técnicos productivos y sociales constituye un escenario propicio a malas prácticas.

“Permanecen ciertas malas prácticas por parte de algunos (técnicos) que abusan de su poder y del desconocimiento de los beneficiarios sobre las reglas de operación del programa; al igual, hay campesinos que buscan integrarse al programa Sembrando vida sin contar con los requisitos, a cambio de entregar moches; simulación de pertenencia de tierras; y, sobre todo, un clientelismo político disfrazado”.

Así lo registra el estudio Riesgos de corrupción en los programas sociales. Caso del programa Sembrando Vida, elaborado por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, el cual señala también la simulación, tanto de propiedades para ingresar al programa, así como del trabajo en las parcelas.

“Tenemos testimonios puntuales en Veracruz, Chiapas y Campeche de terratenientes que acumulan y simulan pequeñas propiedades, a base de poner como beneficiarios a la esposa, al hijo del primo, y así. Hemos tenido testimonios de gente con diferentes apellidos y se trata de una misma persona, porque además el programa tiene la posibilidad de inscribir predios que están arrendados”, detalla la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (MOCAF).

Entre los problemas identificados desde el inicio del programa se encuentra la deficiencia en el suministro de las plantas, tanto en la construcción y equipamiento de los viveros comunitarios, pero sobre todo de parte de los viveros forestales militares.

En México existen 12 viveros, distribuidos en siete estados, operados por el ejército, los cuales en el papel representarían la principal fuente de plantas para Sembrando Vida. No obstante, de acuerdo con una revisión en el portal Compranet realizada por Ethos, debido a que no se ha podido cumplir con la cantidad necesaria para cumplir con sus objetivos, se autorizó la adjudicación directa de 77 proveedores para proveer 28 especies y diversas variedades de plantas.

La deficiencia en el suministro de plantas también facilita abusos por parte de los técnicos. Un testimonio recogido en el reporte de Ethos detalla que en el municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla, Oaxaca, los participantes del programa no han recibido plantas ni tampoco el dinero para adquirir los insumos para la construcción del vivero comunitario.

Por ese motivo, el testimonio “denuncia que una técnica productiva les exigió 50 mil pesos a su madre, quién es la beneficiaria, y a los otros compañeros del CAC (Comunidades de Aprendizaje Campesino compuesta de técnicos, campesinos y becarios) para adquirir árboles frutales, que ella misma compraría y les llevaría, para que comenzaran a sembrar”.

Con esta deficiencia, Sembrando Vida se encuentra lejos de su meta. Solo en 2019, primer año de su implementación, pese a que el objetivo era la siembra de más de 500 millones de árboles, sólo se plantaron 80 millones. Para finales de este 2021, y con un presupuesto de más de 28 mil millones de pesos, el programa pretende cultivar más de mil millones de plantas.

Cabe recordar que el pasado febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reiteró que el programa presenta deficiencias tanto en su diseño como en la implementación. Entre las fallas encontradas por la ASF se señala que no se identificó a la población objetivo y que el padrón de beneficiarios presenta deficiencias en su integración y actualización, además de que no se generó información ni se elaboraron parámetros para evaluar el programa.

Imagen: Carlos Castillo – Avispa Midia

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Empresas Mineras en México “Ejemplo de Irresponsabilidad Social y Buenas Prácticas para el Despojo”

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA sobre el modelo extractivista minero- A 23 de marzo de 2021

A inicios del mes la empresa minera canadiense First Majestic fue reconocida por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI)y la Fundación Mexicana para la Sostenibilidad y la Equidad como empresa líder en Responsabilidad Social Corporativa por sus“prácticas éticas y de buen gobierno”y su “dedicación al cuidado del medio ambiente”. Estos reconocimientos fueron para las tres minas donde opera en México (San Dimas, Santa Elena y La Encantada).

Desde la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería queremos incitara los responsables corporativos del CEMEFI para que por lo menos maquillen un pocolos títulos de sus premios y no sean cómplices del lavado de imagen de las empresas mineras, de tal manera que sus reconocimientos al menos, sean más apegados a las realidades que vive la población de lospueblos en donde operan esas empresas.

Desde nuestro punto de vista, un reconocimiento indiscutible para la First Majestic, sería uno que haga referencia a su “dedicación al destrozo del medio ambiente”. Sobran los ejemplos,pero podemos resaltar los derrames por cianuro que han ocurrido en la mina la Encantada en 2016; la contaminación del río San Rafael y las enfermedades en la población derivadas la por su mina Del Toro en Zacatecas; la tala de más de 2,000 hectáreas de bosque, el derrame y entierros de residuos tóxicos, que han contaminado ríos y manantiales provocados por sus minas “La Guitarra” y “El Coloso” en el estado de México.Podemos citar también el grave intento al destrozo del área protegida y sitios sagrados en Wirikuta por su proyecto de mina La luz.

Asociar First Majestic y “prácticas éticas y de buen gobierno” es otro oxímoron. En los distintos territorios donde opera,la población local ha denunciado las irregularidades en las rentas de tierras, los niveles de criminalización y las estrategias de división social utilizadas por la empresa. El hecho que First Majestic está actualmente demandando al gobierno por medio de un arbitraje internacional para evitar pagar impuestos de hasta 4,919millones de pesos mexicanos, no parece por ningún lado una práctica ética, menos aun de buen gobierno. Esta disputa surge en torno a una diferencia con las autoridades mexicanas sobre impuestos pagados sobre las ventas de plata desde la mina San Dimas en Durango entre 2010-2014 a otra filial de la misma empresa en Barbados. En ese entonces, la mina San Dimas fue propiedad de la empresa canadiense Primero Mining, la cual también amenazó a México con un proceso de arbitraje internacional por la misma razón en 2016, aunque luego se desistió después de que su amenaza desembocó en un proceso de diálogo. Ante la insistencia del estado mexicano de recaudar lo que falta, parece que First Majesticva a proceder con su demanda.

Generalmente las empresas mineras han creado una serie de mecanismos basados en; prémiate a ti mismo,en consecuencia, éticamente incorrectas, totalmente alejadas de cualquier posibilidad de vínculo jurídico (le llaman códigos voluntarios) y siempre cobijadas por académicos quienes han desarrollado cualquier cantidad de artificios para lavar un poco la sucia imagen empresarial del sector

Lamentablemente esas mentiras al respeto alas prácticas de las empresasmineras no se han limitadoal CEMEFIo a las propias empresas, sino que ha llegado, en los últimos días, haciael puesto más alto de quien gobierna nuestro país. Lasdeclaraciones de AMLO resaltando la ejemplaridadde la empresa Newmont-Goldcorp por su mina Peñasquito en Zacatecas por el hecho que“paga bien a los trabajadores, ayuda a las comunidades, no destruyeel entorno y cuida el medio ambiente”, son desconcertantes y absurdas por el nivel de engaño que hace en esa declaración.La mina de Peñasquito, si es un ejemplo, pero del nivel de depredación a lo cual puede llegar este modelo extractivo. Desde que ha empezado a operar ha generado un verdadero desastre social y ambiental totalmente ocultado por esta declaración presidencial, como ha sido muy bien señalado en la carta siguiente: https://ljz.mx/2021/03/19/carta-al-presidente-sobre-el-desastre-ambiente-de-la-mina-penasquito/

Basta de tratar de engañar a los pueblos, y a la opinión pública, promoviendo supuestas empresas y prácticas socialmente responsables o verdes. El modelo extractivo minero,y los actores que la promueven,solo generan despojo, miseria y devastación.

La única práctica socialmente responsable, cuidadora del medio ambiente y realmente de buen gobierno es: TERRITORIOS LIBRES DE MINERÍA.

Firma

RED MEXICANA DE AFECTADAS Y AFECTADOS POR LA MINERÍA

Imagen: Mineria_-Mazapil-Zacatecas – Foto La Jornada/ archivo

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Ubican a México entre los países más letales para personas defensoras de derechos humanos

Compartimos esta nota de Proceso sobre la situación de violencia hacia defensoras y defensores en México – A 15 de marzo de 2021

Por Pedro Matías

Front Line Defenders, dedicada a la protección de personas defensoras de derechos humanos alrededor del orbe, precisó que solo Colombia, Filipinas y Honduras superan a México en asesinatos de personas defensoras de derechos humanos.

OAXACA, Oax. (apro).- México se encuentra entre los países más letales del mundo para las personas defensoras de derechos humanos, al ubicarse en el cuarto lugar a nivel global, con al menos 19 asesinatos durante 2020, informó la coordinadora de Protección para las Américas de Front Line Defenders, Sandra Patargo Muriedas.

En reunión virtual de Mary Lawlor –relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos– con diversas organizaciones civiles, el pasado jueves 11, la representante de Front Line Defenders detalló que de las 19 personas defensoras asesinadas en México el año pasado, 15 eran hombres y cuatro mujeres, incluidas al menos tres mujeres trans.

En México, precisó, 14 de las víctimas trabajaban temas ambientales, y seis de ellas defendían derechos de los pueblos indígenas.

La organización civil irlandesa dedicada a la protección de personas defensoras de derechos humanos alrededor del orbe precisó que solo Colombia, Filipinas y Honduras superan a México en asesinatos de personas defensoras de derechos humanos.

En un evento paralelo a las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Patargo Muriedas manifestó: “La situación de los asesinatos y en general de la violencia contra de las personas defensoras trans nos parece alarmante”.

Esta problemática, añadió, “sigue siendo invisibilizada y urge ser tomada con mayor urgencia por las autoridades”.

Con el tema “Hacia la erradicación de asesinatos y amenazas contra personas defensoras de derechos humanos en México”, 10 organizaciones civiles, entre ellas Consorcio Oaxaca y Front Line Defenders, convocaron a este encuentro, donde manifestaron que la violencia es alentada con la impunidad.

Patargo Muriedas citó que poco más de una cuarta parte de los asesinatos contra personas defensoras en México se cometieron en Oaxaca.

Puntualizó: “Cinco de las y los defensores asesinados fueron líderes comunitarios de Oaxaca, hecho que nos parece sumamente preocupante considerando el nivel de violencia, criminalización, amenazas y, sobre todo, impunidad al que se enfrentan los defensores en este estado”.

Ese panorama de Oaxaca, adverso a la defensa de los derechos humanos, es evidente en el caso de los defensores Fredy García y Pablo López Alavez, “quienes siguen injustamente encarcelados en Oaxaca hasta el día de hoy”, expuso en referencia a dos de los casos emblemáticos que una de las organizaciones convocantes del evento, Consorcio Oaxaca, ha llevado al ámbito internacional.

A nivel global, regional y en México, continuó Patargo, las personas defensoras de derechos humanos en mayor riesgo de ser asesinadas son las que trabajan los temas de tierra y territorio, derechos de los pueblos indígenas y derechos ambientales, que representan 69% de las y los defensores asesinados a nivel global, y 73.7% en el caso mexicano.

“Hoy más que nunca nos parecen verdaderamente importantes las recomendaciones que hace la relatora”, dijo en referencia al informe “Última advertencia: los defensores de los derechos humanos, víctimas de amenazas de muerte y asesinatos”, presentado por la relatora especial Mary Lawlor, pues “no han sido suficientes ni constantes los esfuerzos de las autoridades por reconocer la importancia del trabajo que hacen las y los defensores”.

“Pensamos que mientras continúen los discursos estigmatizantes contra la sociedad civil por parte de altos funcionarios, incluyendo el Ejecutivo federal, los esfuerzos para visibilizar el trabajo y riesgos de personas defensoras seguirán quedando cortos ante la realidad que enfrentan”, expresó Patargo.

Igualmente pidió garantizar el presupuesto necesario para el funcionamiento del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, fortalecer las capacidades y capacitaciones del personal, y seguir reforzando la perspectiva de género y de protección comunitaria.

“Si no se ataca la impunidad desde la raíz, los ataques, desapariciones y asesinatos contra defensoras y defensores no cesarán; las cifras de impunidad en México son casi tan alarmantes como la de los asesinatos”, por lo que “el combate contra la impunidad en los casos de violencia contra personas defensoras de derechos humanos debe ser una prioridad”, finalizó.

El evento fue convocado por las organizaciones de la sociedad civil: Brigadas Internacionales de Paz (PBI); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Front Line Defenders; Organización Mundial Contra la Tortura; Pan Para el Mundo; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Red Nacional de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos en México, y Servicio Internacional por los Derechos Humanos.

Imagen: : Juan Carlos Cruz

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Geovisualizador Alumbrar las contradicciones del Sistema Eléctrico Mexicano y de la transición energética

Compartimos este Geovisualizador de GeoComunes sobre la energía y la miería- A diciembre 2020

Presentación:

La energía eléctrica es un bien común controlado por el Estado y empresas privadas que generan, distribuyen y consumen la mayor parte de la electricidad del país. Mientras tanto, casi dos millones de personas carecen de acceso real a la electricidad, y los pueblos y comunidades organizadas enfrentan los impactos de la expansión de proyectos y redes eléctricas.

En este Geovisualizador podrás explorar y descargar información georreferenciada sobre los actores y la infraestructura relativa a la producción, transmisión y consumo de electricidad, así como algunas de las principales actividades asociadas con el consumo eléctrico (industria minera, cementera maquiladora, etcétera).

Con el “PANEL DE CAPAS” puedes activar o desactivar la visualización de la información geográfica. La sección “EMPRESAS” permite hacer filtros para ubicar las centrales promovidas por determinada empresa. La pestaña “ANÁLISIS E INFOGRAFÍAS” integra análisis generales y regionales, así como infografías, que muestran las contradicciones del Sistema Eléctrico Mexicano y buscan fortalecer la construcción de un modelo energético distinto, dirigido desde y para los pueblos (y no desde el mercado y para el capital).

Este Geovisualizador es parte de la investigación cartográfica “Alumbrar las contradicciones del Sistema Eléctrico Mexicano y de la transición energética” realizada por el colectivo GeoComunes con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, y publicada en Diciembre de 2020.

>>Visitar Geovizualizador<<

>>Consultar investigación completa<<

Imagen: GeoComunes

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La Energía: Otro bien común acaparado por el Modelo Extractivo Minero

Comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería REMA – A 26 de febrero de 2021

El colectivo GeoComunes acaba de hacer público el geovisualizador que forma parte de la investigación “Alumbrar las contradicciones del Sistema Eléctrico Mexicano y de la transición energética”,realizado con apoyo de la fundación Rosa Luxemburg.

Esta investigación aporta datos suficientes para cuestionar y criticar la “utilidad pública” de los proyectos de generación de energía eléctrica en un contexto en donde éstos han sido publicitados como parte de la estrategia de transición energética o como parte de un proyecto de interés nacional. La investigación busca responder de manera sencilla a preguntas que develan algunas de las contradicciones de fondo sobre un sistema eléctrico que hoy, con la reforma en discusión, es nuevamente tema de atención general.

De manera particular, como REMA nos interesa recuperar algunas de las preguntas y datos allí planteados que se relacionan directamente con el modelo extractivo minero, el cual como organización combatimos;datos que nos permiten reafirmar lo que hemos dicho desde siempre: no hay minería verde,ni responsable, ni sus aporteseconómicos generanprogreso y desarrollo, de tal manera que, para nosotros la única minería sustentable es la que no se hace.

La Minería Es La Actividad Que Más Electricidad Consume En México

La investigación presenta que en 2018 el 60.6% de la electricidad producida en México fue consumida por el sector industrial, lo que representa 3 veces el consumo del conjunto de los usuarios domésticos a nivel nacional. Además, dentro del sector industrial, el mayor consumo lo hacen las ramas minera y cementera,dos actividades que,juntas,representaron en el 2018 el8% del consumo total de electricidad, lo que equivale al consumo domiciliario de 46 millones de personas en México.

Este desequilibrio entre el consumo eléctricode las mineras o cementeras y el consumo doméstico se agrava a nivel local. Así, por ejemplo, la investigación muestra que:

  • -La empresa Cementos Moctezuma con sus tres plantas cementeras (ubicadas en Apazapan, en Veracruz; Emiliano Zapata en Morelos y Cerritos en San Luis Potosí), en 2018consumió 553 gigavatios-hora(GWh), lo mismo que los 764 mil usuariosde los 779 municipioscon menor consumo residencial.-La Mina Hércules (AHMSA) en Sierra Mojada (Coahuila), consumió 248.7 GWh(2018), lo que representa 529 veces el consumo doméstico total del municipiopara este mismo año. En 22010 el 8.4% de las viviendas del municipio de Sierra Mojadano tenían acceso a la electricidad.
  • -La mina San Julián de Industrias Peñoles consumió 117.6 GWh en 2018;30 veces más que el total del consumo doméstico del municipio de Guadalupe y Calvo donde opera. En este municipio en 2010 ¡el 78% de la población indígena seguía sin acceso a la electricidad!El consumo de esta mina equivale al consumo doméstico de 17 municipios de Chihuahua y de 80 mil usuarios domésticos.
  • -La mina Peñasquito de Newmonten 2018, tuvo una demanda eléctrica (potencia que requiere la mina) de 220 Megavatios (MW), lo que equivale a la demanda sumada de 45 mil viviendas.

Cabe resaltar que este incesanteconsumo de energía eléctricano considera el consumo energético derivado del uso de diversos combustiblespor parte de las empresas mineras, concentrados sobre todo en buena parte de los procesos motricesque implementan sean estos en minas subterráneas o a cielo abierto, así como también la fuerte demanda de las metalúrgicas.

La llamada “transición energética” implica más extractivismo minero

Además de señalar a quiénes son los mayores consumidores de electricidad, una sección de la investigación se dedica en aportar datos que desmitifican la “transición energética”corporativa que se predica hoy en día como una verdadera solución a la crisis ambiental. Las referencias más claras de esos señalamientos delatan lo siguiente:

  • -Las energías renovables no están reemplazando la generación eléctrica basada en fósiles,por el contrario, se están sumando al aumento continuo de generación eléctrica. A pesar de duplicar la capacidad instalada de energías renovables entre 2005 y 2019 (con 123 nuevas centrales principalmente eólicas y solares), la generación con fuentes fósiles ha aumentado en un 30% durante este periodo(de 191 mil a 253 mil GWh).
  • -La “Transición Energética” oficial hasta ahora no ha reducido la emisión de bióxido de carbono (CO2)en la generación eléctrica. Por el contrario, las emisiones de la generación eléctrica aumentaronde 133 a 162 mil gigagramos (Gg)de CO2 entre 2005 y 2017.
  • -Debido a que la generación con fuentes fósiles sigue aumentando, y considerando la intermitencia de las centrales renovables y la gran superficie de tierras que éstas requieren para su operación, este “modelo” de transición resulta inviable social y ambientalmente, ya que tan sólo para cumplir con la meta de 35% de generación total para 2024, se requeriría instalar aproximadamente740 nuevas centrales renovables, usando 8.4 mil km2de tierra. ¡Eso representa casi la superficie sumada de los estados de Morelos y Tlaxcala, o aproximadamente 6 veces la superficie de la CDMX
  • -Este modelo de transición energética fomenta el extractivismo minero: las centrales eólicas y solares que actualmente se encuentran en fase de proyecto en México,van a requerir aproximadamente 1.5 millones de toneladas de minerales para su construcción. Además,se seguirá extrayendo gas mediante fracking para abastecer las centrales de ciclo combinado. La transición energética actual es una apuesta corporativa que beneficia a una de las actividades industriales con mayor consumo eléctrico y emisiones de CO2, y es responsable de graves impactos socio ambientales.
  • -La transición energética corporativa es una “transición de mercado”: las energías renovables, los vehículos eléctricos y los minerales que requieren representan nuevas mercancías para la acumulación de capital bajo las mismas lógicas de explotación centradas en el despojo y desplazamiento forzado, sólo que ahora pintadas de verde.

Imagen: No a la Minería

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