Comunicado REMA | Plan México profundiza el bienestar del modelo extractivo

Les compartimos el siguiente comunicado de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la minería REMA – A 15 de abril del 2025

Hace unos días, en respuesta al anuncio del presidente de Estados Unidos, D. Trump sobre el alza de aranceles, la presidenta C. Sheinbaum y el secretario de Economía M. Ebrard, presentaron 18 acciones para reforzar el Plan México y el mercado interno mexicano. Dentro de estos puntos destacan iniciativas anunciadas como un “fortalecimiento de la soberanía alimentaria y energética”, así como la expansión de la infraestructura de transportes (trenes de pasajeros, carreteras, ampliación de puertos y aeropuertos), la construcción de vivienda y el fortalecimiento de algunas actividades industriales para el mercado interno (automotriz, semiconductores, baterías, acero y aluminio, farmacéutica, textil, calzado entre otras).

Como ya lo habíamos señalado en  un comunicado anterior donde presentamos un análisis sobre el “Extractivismo en el Plan México”, expresamos nuestra preocupación ante las acciones impulsadas por dicho plan, las cuales podrían ampliar y profundizar exponencialmente —de manera directa e indirecta— el modelo extractivo que históricamente ha impactado los territorios en todo el país. Hoy, reiteramos nuestro llamado de alerta sobre dos aspectos específicos de esta política que, desde REMA, consideramos especialmente preocupantes:

“Ampliar la autosuficiencia energética”: El riesgo de reactivación del fracking en México y del incremento en la extracción de minerales

La segunda acción presentada pretende “Ampliar la autosuficiencia energética”, algo que se pretende hacer reduciendo las importaciones de gas natural desde EE. UU., al tiempo que se impulsan nuevos proyectos de centrales eléctricas de la CFE y de actores privados (principalmente centrales de Ciclo Combinado que funcionan con gas metano, así como parques eólicos y/o fotovoltaicos), a la vez que se amplían las redes de transmisión y distribución eléctrica.

La REMA, consideramos que si bien en el contexto geopolítico actual resulta efectivamente importante actuar para reducir la dependencia energética del país, particularmente la subordinación del sistema energético mexicano hacia los intereses estadounidense -recordemos que actualmente México importa de su país vecino el 86% del gas que consume para producir electricidad y abastecer algunas industrias[1]-, la estrategia que plantea el gobierno no es alentadora para los movimientos sociales contra el extractivismo. El discurso oficial argumenta que esta posible reducción de las importaciones de gas metano desde EE.UU. se compensará con un aumento de la producción de gas a nivel nacional a través de “la recuperación sustentable de gas”. Sin embargo, aumentar significativamente la producción de gas metano en México sólo parece técnicamente viable con la reactivación de proyectos de fracturación hidráulica, algo opuesto a cualquier idea de “técnica sustentable” debido a todos los impactos socioambientales que eso implica, y que contraviene las promesas y posturas que durante las campañas C. Sheinbaum y AMLO manifestaron sobre su oposición al fracking y el estar a favor de prohibir esta actividad en México. De la misma forma, la construcción de nuevas centrales eléctricas significa también una expansión del modelo extractivo. Esto porque invariablemente, las nuevas centrales de Ciclo Combinado de la CFE aumentarán la demanda de gas, mientras que, por otro lado, las centrales “renovables” a construir requieren de grandes cantidades de minerales (principalmente hierro, cobre, aluminio y distintas tierras raras para parques eólicos y fotovoltaicos).La ampliación de las redes de transmisión y distribución eléctrica, para conectar al sistema eléctrico nacional todas estas nuevas centrales y también todos los nuevos sitios de consumo (nuevos parques industriales anunciados, nuevas zonas turísticas, centros de carga para coches eléctricos, etc.), requiere a si vez de grandes cantidades de cobre, lo que nos parece bastante preocupante con todo los antecedentes de despojo y de contaminación relacionados con su extracción en México.

Es erróneo proyectar la autosuficiencia energética de México con base en la ampliación de la frontera extractiva del gas, o construyendo más centrales eléctricas para buscar mantener a flote los mismos patrones de producción industrial y de consumo. Una verdadera política de izquierda sería reducir significativamente los grandes consumos energéticos, relacionados principalmente con actividades industriales de gran escala. Mismas que hoy están siendo promovidos como “polos de desarrollo para el bienestar”.

“Fortalecer industrias para el mercado interno”: El riesgo de aumentar la explotación de los bienes naturales y sociales, así como la creación de nuevas zonas de sacrificio

Si bien es importante fortalecer procesos de producción locales y disminuir las importaciones de una gama cada vez más amplia de productos provenientes de territorios cada vez más lejanos, dados los costos ambientales y de sobreexplotación de la fuerza de trabajo que estas cadenas de producción mundial usualmente conllevan, lo que el gobierno llama “sustitución de cadenas de producción global” es un ejercicio que puede ser también bastante peligroso y engañoso. El gobierno anunció el aumento en la producción de la industria petroquímica, farmacéutica, de fertilizantes y textil, lo que implica ineludiblemente una mayor explotación de recursos naturales, principalmente el agua, y un gran aumento de los desechos relacionados con esas industrias, con los problemas de contaminación al agua, la tierra y el aire que eso genera. Algunas de las industrias que se pretenden fortalecer tienen una relación directa con el modelo extractivo minero, como es el caso de la industria del acero y aluminio, en la cual se anuncia inversiones en nuevas plantas. Una de ellas es una planta de transformación de aluminio que se pretende desarrollar en Asunción Ixtaltepec (Oaxaca) en uno de los mal llamados “Polos de desarrollo para el bienestar” del Corredor Interoceánico. También el sector minero resulta fundamental para el objetivo de “fortalecer la producción de semiconductores, baterías y otros componentes relacionados con la industria automotriz”. Eso se relaciona con el Plan Sonora, y la extracción de minerales como litio, silicio, azufre, boro o cadmio, y también con el desarrollo de nuevos parques industriales en la zona norte y centro del país (Bajío).

La ecuación simplista que respalda este modelo de supuesto desarrollo basado en el principio de a más industrias, más trabajo, es una postura que elude la verdadera discusión sobre trabajos con condiciones de vida dignas, así como sobre los costos reales de la industria, que debe incluir una valoración real de todas las implicaciones y los riesgos socioambientales de estas actividades, mismos que generalmente son invisibilizados y “externalizados”. Repetir un modelo basado en el principio de “entre más industria, más empleo”, no permite reconocer las implicaciones ambientales, sociales y políticas de la profundización del modelo maquilador y su expansión hacia nuevos territorios, que se asocian generalmente con un aumento de la violencia y de la presencia de redes de macrocriminalidad, con procesos de explotación de los cuerpos como fuerzas y mercancías laborales lícitas e ilícitas. Si bien esta propuesta de desarrollo y de fortalecimiento del mercado interno puede generar cierto derrame económico y la generación de empleos, está estrechamente asociada con una sobreexplotación de los bienes naturales y sociales que terminará creando nuevas zonas de sacrificio y desplazamientos de poblaciones que, por el agotamiento de sus bienes comunes, se ven forzadas a migrar o a incorporarse como fuerza de trabajo pauperizada en estos sectores. 

El contexto geopolítico actual, y la nueva guerra comercial relacionada con los aranceles, pone a los gobiernos del mundo en una encrucijada donde las únicas dos opciones parecen ser: 1. Seguir manteniendo un modelo económico globalizado, que ha traído consigo despojo, desplazamiento forzado, destrucción ambiental y violencia, y ha sido sumamente injusto y depredador a nivel mundial, o 2. Apostar hacia proteccionismos económicos y repliegues nacionalistas, con sus posibles derivas fascistas, sin que eso implique un cuestionamiento o una paulatina salida del modelo extractivo.

Al modelo extractivo no le preocupa mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Le interesa sobre todo el lucro, el usufructo despiadado de los territorios, teniendo como moneda de cambio el brutal empobrecimiento y desgarramiento social y geográfico de las comunidades.

Desde la REMA creemos que, si bien el contexto mundial actual es complejo, existen otras opciones. Otros modelos económicos y de desarrollo que apuestan hacia las necesidades reales de reproducción de los pueblos y no del capital. Eso no pasa por decisiones políticas arbitrarias tomadas desde arriba para “salvar o proteger economías nacionales”, sin cuestionar el modelo económico y de consumo que las sostiene, sino que se construye con debates horizontales y permanentes, sobre los valores de uso necesarios para cada comunidad o localidad, sobre la pluridimensionalidad de la palabra “bienestar” lejos de su sentido extractivo e industrializado. Por redefinir lo esencial desde y para los pueblos. 

Para más información:


[1]GeoComunes (2025). ¿Qué impulsa la expansión de plantas de licuefacción de gasmetano (GNL) en México? https://geocomunes.org/Visualizadores/GNL-Mexico

Informe: Financiando la represión

Les compartimos el nuevo informe de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo sobre las instituciones financieras que invierten en proyecto que contribuyen a la represión y violación de derechos humanos – A 4 de diciembre del 2024

En todo el mundo, las instituciones financieras de desarrollo (IFD) están invirtiendo mucho en contextos muy represivos, donde la gente no puede expresar públicamente sus preocupaciones y los grupos de la sociedad civil no pueden actuar libremente. «Financiar la represión: Por qué los bancos de desarrollo deben replantearse la financiación en países que bloquean las libertades cívicas» combina análisis cuantitativos de las inversiones de las IFD y estudios de casos para

  • revelar hasta qué punto los bancos de desarrollo financian proyectos en países con un espacio cívico cerrado;
  • explicar por qué las restricciones del espacio cívico deberían ser una preocupación crítica para los bancos de desarrollo
  • esbozar una serie de recomendaciones que los bancos de desarrollo deberían seguir antes de aprobar proyectos en tales contextos.

Descargar informe completo

Nota de prensa

Los bancos de desarrollo alimentan la represión al invertir fuertemente en países que restringen las libertades cívicas

4 de diciembre de Este mes, el Banco Mundial está listo para votar un proyecto potencialmente catastrófica que implica desplazar a unas 60.000 personas, en uno de los países más represivos del mundo. La represa Rogun en Tayikistán es uno de los ejemplos más flagrantes de cómo los bancos de desarrollo a menudo dan prioridad a sus propios intereses estratégicos sobre los derechos humanos, ignorando severas restricciones a las libertades cívicas en sus países de operaciones. Lamentablemente, sin embargo, este caso dista mucho de ser único.

De acuerdo con el informe – Represión de Financiamiento – publicado por la Coalición para los , el Sistema de Alerta Temprana (EWS) y el Proyecto de Rendición Internacional de Rendición (IAP) – Los bancos de desarrollo están financiando proyectos multimillonarios en contextos altamente represivos, donde la gente no puede expresar públicamente sus preocupaciones y los grupos de la sociedad civil no pueden operar libremente.

En el documento, las consultas con las comunidades afectadas son un requisito clave para los proyectos financiados con bancos de desarrollo. Pero cómo pueden los bancos garantizar la participación pública, en los países donde la opinión equivocada puede llevarte a la cárcel o donde la gente ni siquiera se atreve a hablar, ya que tienen demasiado miedo de hacerlo, dice Mark Fodor, Coordinador de la campaña de Defensores en el Desarrollo.

Financing Repression. utiliza datos de la base de datos dirigida por la sociedad civil Sistema de Alerta Temprana para analizar las inversiones de los bancos de desarrollo en países marcados como con espacio cívico cerrado (según datos de CIVICUS Monitor).

Inversión total de datos ENG

Algunos hallazgos clave incluyen:

  • De 2019 a 2023, 13 bancos de desarrollo invirtió al menos 88.000 millones de dólares a 1058 proyectos en 18 países con espacio cívico cerrado.
  • Los bancos que más están invirtiendo son: Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo (ADB), Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB), Corporación Financiera Internacional (CFI) y Banco Europeo de Inversiones (BEI).
  • China, Egipto, Uzbekistán y Vietnam recibieron casi el 90% del total de las inversiones.
  • En 2023, Uzbekistán, Laos, Djibouti y Egipto tuvieron las inversiones per cápita más altas.
  • En los 18 países con espacio cívico cerrado, los sectores más financiados son las finanzas (13,6%), la energía (12,7%), el transporte (11,8%), la ley y el Gobierno (10,2%) y la infraestructura (9,2%).

Los datos revelados en este informe son extremadamente preocupantes, dice Ryan Schlief, director ejecutivo de IAP. Los millones están siendo canalizados a los países más represivos del mundo, y esto es sólo la punta del iceberg. Afortunadamente, a menudo falta transparencia y se detallan todos los detalles sobre la cantidad invertida y el uso específico de los fondos proporcionados sigue sin estar disponible.

Sectores de datos ENG

El informe incluye cinco estudios de casos (Azerbaiyán, Egipto, Tayikistán, Uzbekistán y Vietnam), que ilustran cómo las restricciones del espacio cívico plantean graves riesgos para los defensores de los derechos humanos y las comunidades que hablan sobre proyectos de desarrollo.

En estos contextos, cuando los proyectos de desarrollo en estados autoritarios no se alinean con las necesidades de las comunidades locales o cuando conducen a impactos dañinos, hay poco espacio para que las personas afectadas hagan oír su voz, dice Umida Niyazova, del Foro uzbeko de Derechos Humanos.

  • Azerbaiyán : A pesar de haber acogido la COP29 el mes pasado, los defensores de derechos humanos que exponen la corrupción o exigen responsabilidades en el sector energético son criminalizados rutinariamente. En los últimos cinco años, los bancos de desarrollo han invertido 267 millones de dólares en proyectos energéticos, pero no han utilizado su apalancamiento para exigir libertad para activistas anticorrupción como Gubad Ibadoghlu (quien actualmente está bajo arresto domiciliario).
  • Egipto : El miedo a la represión ha llevado a una autocensura generalizada, impidiendo que los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y cualquier persona den voz segura a sus preocupaciones sobre los proyectos de desarrollo, mientras que los bancos de desarrollo y la Unión Europea (UE) siguen comprometiendo miles de millones para financiar el régimen.
  • Tayikistán : los principales bancos de desarrollo en el marco de un plan orquestado por el Banco Mundial están financiando el controvertido proyecto hidroeléctrico de Rogun. Si se completa, esta se convertirá en la presa más alta del mundo. Este proyecto corre el riesgo de causar importantes impactos ambientales, sociales y financieros en Tayikistán y otros países aguas abajo, y se espera que unas 60.000 personas sean desplazadas. Pero en un contexto tan represivo, sus preocupaciones corren el riesgo de permanecer inaudita.
  • Uzbekistán : el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), la CFI y el BAsD están financiando la empresa de algodón Indorama Agro, a pesar de las represalias perpetradas por la empresa, funcionarios del gobierno y servicios de seguridad contra trabajadores, miembros del sindicato y defensores de los derechos humanos.
  • Vietnam: mientras negociaba y lanzaba un acuerdo internacional sobre la transición energética justamente con varios bancos de desarrollo y gobiernos occidentales, el gobierno vietnamita ha estado criminalizando a los líderes ambientales y climáticos bajo falsas acusaciones.

Entre los grupos de la sociedad civil, hay diferentes perspectivas sobre si las instituciones financieras y las instituciones financieras internacionales deben invertir en tales contextos o no, y en qué condiciones. Sin embargo, todos apuntan a la necesidad de que los bancos de desarrollo extremen la precaución extrema.

Los bancos de

Citas adicionales

– Reasentamiento adicional de 50.000 personas para construir la represa Rogun en Tayikistán, un país con un historial muy problemático en materia de derechos humanos – contradice directamente las políticas de salvaguardia de la mayoría de las instituciones de financiación del desarrollo. Opciones alternativas, como la construcción de una presa más baja y la rápida instalación de paneles solares, podrían servir mejor a las necesidades de Tayikistán y evitar reasentamientos adicionales. Sin embargo, a favor de la actual propuesta de proyecto, el Banco Mundial y los demás financiistas están estimulando una silenciosa crisis humanitaria, en un país donde la gente ni siquiera se atreve a hablar. (Eugene Simonov, Coordinación de los Ríos sin Coalición Internacional de Límites)

Cuando los proyectos de desarrollo en estados autoritarios no se alinean con las necesidades de las comunidades locales o cuando conducen a impactos dañinos, hay poco espacio para que las personas afectadas hagan oír su voz. Los bancos carecen de mecanismos eficaces (tanto durante el diseño como en las etapas de aplicación) para colaborar significativamente con las partes interesadas, en contextos en los que las libertades de asociación y expresión están tan restringidas que las personas tienen demasiado miedo de expresar sus preocupaciones. Además, los bancos han demostrado que están mal equipados para responder a las represalias contra los trabajadores y los monitores, dejando un vacío de información en el que los derechos pueden ser violados con impunidad. (Umida Niyazova, Foro de Uzbekistán sobre Derechos Humanos)

El informe será presentado durante un seminario web el 4 de diciembre (más información e inscripción aquí). Entre los panelistas tendremos:

  • Mary Lawlor – Relatora Especial de la ONU sobre Defensores de Derechos Humanos
  • Umida Niyazova – Foro uzbeko para los Derechos Humanos
  • Jewher Ilham – Consorcio de Derechos de los Trabajadores, hija del encarcelado defensor de los derechos humanos uigur Ilham Toti
  • Zhala Bayramova . Abogado en Derechos Humanos e hija de Gubad Ibadoghlu, defensora de los derechos humanos (Azerbaiyán)
  • Ryan Schlief – Proyecto de Responsabilidad Internacional
  • Dalile Antúnez – Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo

Para más información, póngase en contacto con Lorena Cotza (Comunications Lead, Coalition for Human Rights in Development) – lcotza.rightsindevelopment.org (39 3285761056)

Acerca de los autores

El informe ha sido aprobado por 37 organizaciones de todo el mundo. El informe es una iniciativa colectiva de la Campaña de Defensores para el Desarrollo (proyecto auspiciada por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo), que se dedica al fomento de la capacidad y la acción colectiva para asegurar que las comunidades y los grupos marginados tengan la información, los recursos, la protección y el poder para dar forma, participar o oponerse a las actividades de desarrollo, y responsabilizar a los financiadores del desarrollo.

Los coautores principales son:

  • La Coalición por los Derechos Humanos en el Desarrollo es una coalición global-sur de más de 100 movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y grupos de base. Trabajamos juntos para promover el desarrollo basado en los derechos y para hacer que las instituciones de financiación del desarrollo, los gobiernos, las corporaciones y otros actores rinda cuentas de sus impactos en las personas y el planeta.
  • International Accountability Project (IAP) es una organización internacional que aboga por el cambio de políticas, impulsa los esfuerzos locales de promoción y apoya a los activistas y comunidades locales para que accedan e intercambien información sobre el desarrollo que les afecta. A través del Sistema de Alerta Temprana (EWS), IAP contribuyó al informe de la Represión de la Financiamiento, que rastrea las inversiones de los bancos de desarrollo en 18 países con espacios cívicos cerrados durante 2019-2023. La base de datos EWS es la primera iniciativa dirigida por la sociedad civil basada en la web para organizar, resumir y normalizar proyectos de 15 instituciones de financiación del desarrollo, con actualizaciones diarias.

Descarga el informe

Alerta de Comercio Tóxico: +400 ONGs instan a los responsables políticos a rechazar el acuerdo UE-Mercosur por preocupaciones ambientales, de derechos humanos y democráticos

Compartimos esta declaración donde nos sumamos sobre el tratado comercial UE-Mercosur – A 28 de noviembre del 2024

A solo una semana de un posible anuncio de un nuevo acuerdo político sobre el tratado comercial UE-Mercosur, +400 organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, centros de pensamiento y otros grupos sociales de América Latina y la Unión Europea, representando a millones de personas de los dos lados del Atlántico, exigen el fin de las negociaciones del acuerdo comercial UE-Mercosur. Lo califican como un “acuerdo tóxico” que sacrifica a las personas, la democracia y el planeta por los beneficios corporativos.

Falta de democracia y transparencia
Negociado a puertas cerradas durante más de dos décadas, el acuerdo UE-Mercosur ha excluido la participación pública y la supervisión democrática, con la falta de transparencia de la Comisión Europea recibiendo condenas generalizadas, incluso de su propio Defensor del Pueblo. El protocolo adicional propuesto por el acuerdo no aborda las cuestiones ambientales y de desarrollo sostenible destacadas en una resolución del Parlamento Europeo en 2020.
«Los esfuerzos de la Comisión Europea por ‘dividir’ el acuerdo no son más que una toma de poder antidemocrática. Ignoraría intencionadamente los vetos de países individuales y las preocupaciones expresadas públicamente por quienes se ven más afectados: trabajadores, pequeños agricultores, comunidades indígenas y mujeres», afirma Julie Zalcman de Amigos de la Tierra.

El acuerdo socava la protección ambiental y los derechos humanos
El acuerdo perpetúa estructuras comerciales explotadoras, promoviendo prácticas agrícolas dañinas que amenazan el acceso a alimentos saludables, locales y justos, y desplazan a los agricultores locales y a las comunidades indígenas.
«El acuerdo UE-Mercosur es un veneno para la biodiversidad y las comunidades rurales en el Mercosur. Impulsará las exportaciones de pesticidas tóxicos desde Europa a los países del Mercosur, incluidos productos químicos prohibidos en la propia UE. Este acuerdo agrava las desigualdades sociales y ambientales, fomentará la deforestación, acelerará la crisis climática y violará los derechos humanos», afirma Francisco Vladimir Silva, de Jubileo Sur Brasil y la Frente Brasileña contra el acuerdo UE-Mercosur.

Sin acuerdo con líderes como Milei
En su declaración, las organizaciones firmantes también destacan el peligro de negociar con líderes y gobiernos en Argentina y Paraguay que niegan la crisis climática, mientras Brasil enfrenta sequías sin precedentes y los incendios forestales devastan los bosques de toda la región. En Argentina, las políticas económicas del actual presidente, Javier Milei, han sumido a millones en la pobreza, con derechos básicos restringidos y servicios públicos desmantelados.
Aunque los líderes de la UE dudaron en firmar un acuerdo con el expresidente brasileño Bolsonaro, parecen menos escépticos respecto al igualmente peligroso Milei, quien amenaza con abandonar el Acuerdo de París. En su declaración, las ONGs advierten:
“La combinación de las políticas desastrosas de Milei con este acuerdo comercial obsoleto es una receta para el desastre.”

Declaración:

¡No más acuerdos comerciales tóxicos entre la UE y los países de América Latina! – ¡El acuerdo comercial entre la UE y Mercosur debe detenerse AHORA!

Las organizaciones que suscribimos esta declaración de América Latina y la Unión Europea, nos unimos en el rechazo del acuerdo de asociación y comercio entre la UE y el Mercosur. Hacemos un llamado a los responsables políticos de ambos lados del Atlántico para que finalmente detengan este acuerdo comercial tóxico.

Negociado a puerta cerrada, este acuerdo carece de participación pública o escrutinio. Incluso el Defensor del Pueblo Europeo ha criticado la falta de transparencia de la Comisión Europea. Ahora, la Comisión está considerando cambiar el proceso de votación a través de 

la “división” del acuerdo, lo que permitiría eludir los vetos de los países individuales. Cientos de organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios han condenado esta maniobra como un ataque a los procesos democráticos. Peor aún, los grupos más afectados, como los trabajadores, los pequeños agricultores, las comunidades indígenas y las mujeres, han sido excluidos de las negociaciones de este acuerdo, y, sin embargo, sufrirán sus peores efectos.

Un acuerdo tóxico para los pueblos y el planeta

Este acuerdo agravará el intercambio desigual entre el Sur y el Norte Global, perpetuando las estructuras comerciales neocoloniales. Promueve modelos agrícolas destructivos que desplazan a pequeños/as agricultores y comunidades indígenas, al tiempo que impulsan las exportaciones de agroquímicos tóxicos, incluido aquellos prohibidos en la UE. Estas prácticas agrícolas insostenibles, incluyendo la ganadería industrial, amenazan la soberanía alimentaria y el bienestar animal en ambas regiones.

Los y las trabajadores/as en los países del Mercosur sufrirán la pérdida de empleos y el empeoramiento de las condiciones laborales. Las mujeres perderán aún más en este sentido, ya que también son las más afectadas por la privatización de los servicios públicos promovida a través de los tratados de libre comercio (TLC). Los estudios muestran que el acuerdo representa graves riesgos económicos, profundizando aún más la desigualdad e impidiendo el desarrollo sostenible y la (re) industrialización en los países del Mercosur.

El ambiente también sufrirá. Ningún anexo ambiental puede mitigar el daño a largo plazo que causará este acuerdo; es un simple lavado verde. El acuerdo entre la UE y el Mercosur impulsará la deforestación, agravará la crisis climática y alejará a nuestras regiones de la justicia climática.

No más acuerdos con presidentes de extrema derecha que niegan la crisis climática

Este acuerdo se está negociando con gobiernos liderados por negacionistas de la crisis climática en Argentina y Paraguay, mientras que los bosques vírgenes -como resultado de la deforestación masiva para la agroindustria- arden, y Brasil sufre sequías sin precedentes.

En Argentina, el autoproclamado anarcocapitalista Javier Milei, quien es un miembro activo del movimiento global de extrema derecha, ha sumido al país en la miseria. La pobreza ha alcanzado niveles sin precedentes, y los derechos básicos están siendo aplastados. Las protestas por la justicia social son violentamente reprimidas, mientras que más del 60% de los niños argentinos pasan hambre y los servicios esenciales como la educación y la salud están siendo desmantelados. La combinación de las desastrosas políticas de Milei y este acuerdo comercial obsoleto es una receta para el desastre.

La geopolítica no se arregla con acuerdos comerciales neocoloniales

Los/as políticos/as que promueven este acuerdo para contrarrestar la influencia de China en la región del Mercosur están atrapados en una ideología de libre comercio que prioriza las ganancias corporativas sobre los pueblos y el planeta. Fortalecer los lazos, si bien es innegablemente necesario, requiere solidaridad, igualdad, cooperación, sostenibilidad y democracia, no profundizar las asimetrías comerciales. Esto es también cierto para la “modernización” de los tratados de libre comercio entre la UE y México, y la UE y Chile, ambos igualmente problemáticos.

La solución es clara:

Los responsables políticos de ambos lados del Atlántico deben cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos, sociales, climáticos y ambientales y detener estas negociaciones comerciales tóxicas de inmediato.

¡Otro comercio es posible, basado en la solidaridad, la democracia, la cooperación mutua y la igualdad!

¡Detengan el acuerdo UE-Mercosur AHORA!

La declaración completa y todos los firmantes se pueden encontrar aquí: https://europeantradejustice.org/eu-mercosur-nov2024/

Para más información, contactar a:

Francisco Vladimir Silva, Jubileo Sur Brasil y miembro del comité directivo de la Frente Brasileña contra el acuerdo UE-Mercosur // articulacao@jubileusul.org.br, +55 85 997036769 (PT, ES, EN)

 Gaëlle Cau, Comunicación, Amigos de la Tierra Europa // gaelle.cau@foeeurope.org, +32 (0) 489 333 517 (EN, FR)

Julie Zalcman, Campaña de Comercio, Amigos de la Tierra Europa // julie.zalcman@foeeurope.org (EN, FR, ES)

Podcast: Atizando el Avispero: Un corte de caja de los discursos climáticos

Compartimos el sexto capítulo de este podcats de Avispa Midia – A 21 de agosto del 2024

Este es un podcast de diez episodios que analizan las soluciones propuestas por Estados y corporaciones ante la crisis climática, como la transición energética, contrastándolas con las experiencias de comunidades latinoamericanas que luchan por la defensa de los bienes comunes.

Estimados lectores y oyentes, a continuación, les presentamos un nuevo episodio de “Atizando el Avispero”, el podcast donde desentrañamos las complejidades de la crisis climática y las falsas soluciones que se nos presentan.

Hoy celebramos el sexto episodio de esta serie con un análisis profundo y necesario sobre los discursos climáticos y las posibles soluciones desde abajo.

En los episodios anteriores, hemos explorado diversos ángulos de la Transición Energética y los minerales críticos que están en disputa, especialmente en territorios indígenas. Pero antes de adentrarnos en el análisis de hoy, es crucial destacar el contexto alarmante que hemos vivido recientemente. Mientras estábamos grabando los primeros episodios, el planeta experimentó oleadas de calor sin precedentes, con temperaturas récord. 

Según el servicio de vigilancia climática de la Unión Europea, Copernicus, experimentamos 12 meses consecutivos de calor extremo. Mientras que el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió que estamos «jugando a la ruleta rusa con nuestro planeta» y describió la situación como una «autopista hacia el infierno climático». 

Estas afirmaciones vienen de los mismos organismos que han presentado las soluciones para la crisis, pero ahora parecen estar enfrentando una dura realidad que cuestiona sus discursos previos.

Así que hoy, nos centraremos en las reflexiones de Donna Haraway, una bióloga, filósofa, historiadora y feminista, quien afirma, en su libro «Seguir con el problema», que “quienes creen que tienen las respuestas a las urgencias actuales son terriblemente peligrosas”.

A lo largo del episodio de hoy, discutiremos cómo los diversos discursos han cambiado, se van ajustado y siguen prometiendo falsas salidas.

Así que no te pierdas el episodio 6, puedes escucharlo en las siguientes plataformas: 

Aquí puedes escuchar el episodio VI

https://open.spotify.com/embed/episode/3rcb0klDvrgXX1ZNO0Ixvx?utm_source=generator

https://www.ivoox.com/player_ej_133025784_6_1.html?c1=cf9d4e

https://youtube.com/watch?v=M28y6DU7ohU%3Fsi%3DYSiW2hMyM8biHiEq

Más información:

Petición: Brasil: empresa ferroviaria Deutsche Bahn ¡Fuera de la Amazonía!

Compartimos esta petición que lanzó Salva la Selva sobre un proyecto ferroviario y portuario en la amazonia brasileña que traerá más problemas socio-ambientales en la región – A agosto 2024

Un proyecto ferroviario y portuario toma forma en la región amazónica de Brasil. Está involucrada la compañía ferroviaria alemana estatal Deutsche Bahn. Se pretenden exportar millones de toneladas de soja y mineral de hierro a China, Europa y EEUU. Se teme el grave impacto sobre la población, la selva y los manglares. Firma la petición.

La empresa GPM cuenta con un proyecto, que significará deforestación y pavimentación de amplias zonas de la isla de Cajual, en el nordeste de Brasil. La idea de los empresarios, portugueses, es construir un complejo industrial y portuario privado: el Terminal Portuario de Alcântara (TPA), justo en la zona donde viven comunidades tradicionales quilombolas, descendientes de antiguos pueblos africanos esclavizados.

Junto con el puerto, un ferrocarril privado de mercancías de 520 kilómetros, el EF-317, se adentraría en la región amazónica. Atravesaría varias comunidades tradicionalesseis territorios indígenas cercanos.

La empresa estatal alemana de ferrocarril, Deutsche Bahn (DB), participa en el proyecto. Su filial, Grupo DB E.C.O., ha firmado un memorando de entendimiento con GPM para desarrollar y explotar conjuntamente el ferrocarril.

Desde hace ocho años, se avanza con el proyecto sin informar a la opinión pública. Tampoco se están respetando los derechos de los pueblos indígenas y quilombolas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, como exige el Convenio 169 de la OIT, firmado por Brasil y Alemania. Tampoco hay estudios conocidos sobre el impacto del proyecto en la población y el medio ambiente.Una persona con un sobre, delante de la entrada de la sede principal de la empresa Deutsche Bahn DB Entrega de la carta de queja a Deutsche Bahn AG con nuestra organización aliada Justiça nos Trilhos, el 31 de mayo de 2024, en Berlín (© RdR/ Klaus Schenck)

El proyecto se sitúa en dos zonas protegidas por el Estado en la costa atlántica, que preservan el mayor cinturón de manglares contiguo e intacto del mundo. La isla de Cajual alberga una colonia de cría de 2.500 ibis escarlata y una zona de invernada de aves migratorias norteamericanas.

Además, el ferrocarril atravesaría el centro del «Área Endémica de Belém», la región de la cuenca amazónica más amenazada por la deforestación.

Todo ello para dar paso a la exportación de materias primas como la soja, el mineral de hierro, el cobre, el gas de fracturación hidráulica y el hidrógeno.

Te invitamos a firmar hoy mismo nuestra petición para decirle a Deutsche Bahn que se retire inmediatamente del proyecto en la región amazónica.

Procedimiento de reclamación ante DB

El 31 de mayo de 2024, Salva la Selva organizó una manifestación frente a la sede de DB en la Potsdamer Platz de Berlín junto con nuestra organización socia brasileña Justiça nos Trilhos, el Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (FDCL), Kooperation Brasilien (Kobra) y Misereor. Además, presentamos una reclamación en contra de la participación de la filial de DB E.C.O. Group en el proyecto GPM.

Según las organizaciones participantes, las acciones de GPM violan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas, ratificado por el gobierno alemán, y la ley alemana de Cadenas de Suministro, que impone obligaciones especiales de diligencia debida a las empresas alemanas. El proyecto GPM también amenaza la selva amazónica, cuya protección y preservación es un objetivo importante de las políticas alemanas de desarrollo, medio ambiente y clima. Por lo tanto, solicitamos a DB que se retire inmediatamente del proyecto.

Respuesta de DB

Entre tanto, el departamento de reclamaciones de DB ha dado curso al proceso de reclamación, pero el resultado es aún completamente incierto. El presidente del consejo de administración y consejero delegado de DB, Dr. Richard Lutz, nos respondió mediante un escrito, que el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos internacionalmente es un principio importante para DB; que DB se toma muy en serio nuestras preocupaciones y que «deben cumplirse varios requisitos adicionales antes de que DB considere participar en el proyecto».

Mientras tanto, directivos de las filiales de DB, junto con trabajadores del proyecto GPM, están participando en reuniones con ministros, políticos, funcionarios gubernamentales y parlamentarios brasileños para sacar adelante el proyecto. GPM también está utilizando de forma destacada el nombre de DB, aparentemente para dar al proyecto GPM un aire de seriedad y competencia.

En un vídeo corporativo de GPM en la página web del Grupo DB E.C.O., la selva amazónica aparece hábilmente desplazada hacia el oeste en un mapa panorámico. Esto da la impresión de que el proyecto del terminal portuario de Alcântara y la ruta trazada para el ferrocarril de mercancías EF-317 están fuera de la región amazónica. En el gráfico también se afirma que «la producción agrícola brasileña aumentará un 180% en los próximos diez años sin talar un solo árbol».

Mapa que muestra la ubicación del puerto TPA y la línea ferroviaria de mercancías EF-317 en la Amazonía legal en Brasil Mapa general de la región amazónica sudoriental (Amazônia legal) con la ubicación del puerto previsto y el trazado de la línea ferroviaria (con datos de IBGE y GPM) (© Nicole)

Pero el gráfico y la información facilitada por los promotores del proyecto son engañosos. El hecho es que la ubicación y los límites de la región amazónica están definidos en Brasil de forma oficial y precisa y recibe la denominación de Amazônia legal. Tanto el puerto como toda la línea ferroviaria se encuentran claramente dentro de la Amazônia legal, tal y como lo muestra nuestro mapa, elaborado con datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Según estudios recientes, la agricultura, en particular de soja, es el principal motor de la deforestación en Brasil; según datos del Gobierno, la superficie deforestada en 2023 será de 9.064 kilómetros cuadrados, un área 3,5 veces mayor que el Gran Londres o más de 11 veces mayor que la ciudad de Nueva York.

Artículo: Unidos contra el destructivo Tren Maya

Compartimos el siguiente artículo escrito por Sylvan Bachhuber voluntaria en Otros Mundos sobre el paso de la caravana del Sur Resiste y el encuentro que se realizó en San Cristóbal – A 27 de junio del 2023

El encuentro internacional ‘Sur Resiste’ amplifica demandas indígenas por el derecho a la tierra y la autonomía.

Por Sylvan Bachhuber

Entre montañas verdes y murales políticos de colores brillantes, más de 1.000 activistas, líderes indígenas y miembros de la comunidad se reunieron en CEDICI, un caracol Zapatista en San Cristóbal de Las Casas, México para un encuentro internacional con derecho “Capitalismo corporativo global, patriarcado planetario y autonomías en rebelión.” Su misión: unir, resistir y movilizarse colectivamente contra megaproyectos.

La reunión sucedió el fin de semana del 6 de mayo de 2023 y marcó la culminación del “Sur Resiste,» una caravana de resistencia de diez días organizada por el Congreso Nacional Indígena. La caravana trazó el camino del Tren Maya, un ferrocarril turístico de $6.5 mil millones de dólares en construcción en la Península de Yucatán. La caravana y la reunión tenían como objetivo fomentar la solidaridad entre las comunidades afectadas, amplificar las voces indígenas y arrojar luz sobre las violentas consecuencias de megaproyectos en el sur de México como el Tren Maya.

Branko, un participante de la caravana y activista climática alemana, pasó esos diez días hablando, cantando y protestando junto a las comunidades en resistencia a la degradación climática y los megaproyectos. Se negó a compartir su nombre completo para proteger su seguridad. Branko me dijo en una entrevista que el compromiso del movimiento con la “lucha [contra] el capitalismo y el cambio climático en general” impulsa sus esfuerzos para aumentar la conciencia global y movilizarse colectivamente contra los desarrollos neoliberales.

Cuando está finalizado, el proyecto del Tren Maya establecerá conexiones entre los sistemas ferroviarios actuales, como el Corredor Interoceánico, con los objetivos de impulsar el turismo, facilitar el transporte de recursos y avanzar en el desarrollo neoliberal de la región.

Carlos González, abogado y miembro del Congreso Nacional Indígena, argumento en su discurso en el encuentro internacional que estos megaproyectos colectivamente sirven a una agenda más amplia para privatizar la Península de Yucatán y “reestructurar profundamente los territorios y poblaciones [indígenas]”.

La privatización de la península de Yucatán es motivo de gran preocupación para el Congreso Nacional Indígena, particularmente debido a la posible intrusión de diversas formas de violencia y vigilancia en sus comunidades como resultado del proyecto Tren Maya. González argumentó que estos megaproyectos interconectados en el sur de México actuarán como una «cortina» contra la migración, extendiendo la violencia de la frontera entre Estados Unidos y México hasta el sur de México.

“¿Qué hace una empresa cuando privatiza un territorio?” pregunta Branko. «Ellos construyeron una valla a su alrededor. Entonces, más vallas, más calles, más vigilancia y más militarización provocarán más violencia contra los migrantes”.

González hizo notar en su discurso que la privatización, la militarización y el turismo también impulsarán el aumento de la violencia de los cárteles en la región. La demanda de drogas y trabajo sexual ilegal por parte de los turistas crea oportunidades económicas para los narcotraficantes, quienes también con frecuencia se coluden con funcionarios gubernamentales para ofrecer protección a las corporaciones internacionales involucradas en megaproyectos —a veces incluso participando directamente en estos proyectos de desarrollo extractivo.

“Los capitalistas y los narcotraficantes son iguales”, dice Branko. “Tienen los mismos objetivos. Quieren hacerse ricos y no les importa cómo”.

Esta expansión de la presencia de los cárteles, junto con el desplazamiento de las comunidades locales e indígenas debido a la gentrificación y el desarrollo urbano, obliga a muchos indígenas a trabajar como narcotraficantes. El encuentro internacional enfatizó que este fenómeno fractura el tejido cultural de las comunidades y provocará violencia patriarcal en la región.

Además de estos problemas sociales, el proyecto Tren Maya amenaza al agua y a los sistemas ecológicos en la península Yucatán. La construcción del ferrocarril, especialmente en áreas directamente sobre la superficie del Gran Acuífero Maya, pone en peligro el suministro de agua potable para millones de mexicanos.

Además, el proyecto conducirá más desarrollo urbano y prácticas ilegales de planificación urbana, lo que contribuirá a la contaminación del agua, la deforestación y otras formas de degradación ecológica.

Branko me contó la historia de una activista en Pijijiapan en el primer día de la caravana, “Si tu progreso significa que vas a cortar mi árbol de mango, no quiero este progreso; Quiero mi árbol de mango”.

La reunión internacional y la caravana intentaron a llamar la atención internacional sobre el flagrante desprecio del gobierno mexicano por importantes preocupaciones ambientales, políticas y sociales entre las comunidades indígenas, lo que constituye una violación del derecho internacional.

“ El Acuerdo 169 de La Organización Internacional del Trabajo dice que si una comunidad indígena está siendo amenazada por un proyecto de infraestructura, [ellos] deben ser consultados”, dice Branko. En el caso del Tren Maya, el proceso de consulta no comenzó hasta después de que ya se había iniciado la construcción de la vía férrea, “entonces ya era demasiado tarde”.

El proceso de consulta del proyecto Tren Maya estuvo bajo el escrutinio de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, por no cumplir con los requisitos internacionales de derechos humanos. El informe de la comisión destacó varias fallas, incluida la traducción inadecuada del idioma, las barreras financieras que impiden la participación de muchos miembros de la comunidad afectados y una representación desproporcionada de las autoridades municipales en el grupo de entrevistas. Además, las denuncias de corrupción ponen en duda la integridad del proceso de consulta.

La caravana y reunión internacional fue un faro de esperanza para muchas comunidades afectadas y una oportunidad para cultivar la solidaridad internacional. En el segundo día de la asamblea, los participantes se dividieron en grupos para compartir sobre las luchas territoriales en sus propias comunidades y generar ideas sobre colaboraciones y acciones en el futuro. Colectivamente, activistas del norte global se comprometieron a avergonzar públicamente a las principales partes interesadas en sus países, amplificar las historias de la Caravana El Sur Resiste en sus medios locales y organizar un día de acción global.

“Todo el mundo tiene una responsabilidad muy grande”, dice Branko. “Nuestro papel solidario es presionar a las empresas internacionales [en nuestros países] que están apoyando estas nuevas políticas coloniales”.

Los participantes se fueron a la caravana y la reunión internacional imbuidos de una profunda inspiración y empuje para resistir el desarrollo del Tren Maya y la degradación capitalista del planeta. Muchos compartieron que las notables demostraciones de acción colectiva y poder durante la reunión ofrecieron un vistazo a un futuro más brillante.

Carta desde la Montaña-Costa Chica de Guerrero

Compartimos con ustedes este análisis hecho por Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos A.C. PIAP – A 9 de mayo del 2023

Vivo sigue el mal, mientras el bicho exista…

Corre el socialista tras el capital…..fragmento de la canción: Un Precio https://www.youtube.com/watch?v=CDP8gojSKkk

Sigue sin concluir el frenesí de la reformada e “histórica” ley de minería y por ello las reacciones se mantienen en el mismo tono previo a su dictamen, la cual, hasta el día de ayer 8 de mayo, por fin se publicó en el DOF,  y con ello tendremos más idea sobre los rumores en donde las empresas nacionales y extranjeras usarán el arbitraje internacional previsto en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), uno de los varios tratados de protección de inversión transnacional multilateral o bilateral que hay para demandar a México, lo que suponemos retardo un poco su publicación, a la vez que el ejecutivo federal ya pone en el tintero la necesidad de una revisión mayor, sin que ello nos perita tener una idea clara sobre lo que refiere. Una vez más el sector minero, utilizando su poder y cabildeo “acordaron” con AMLO, Gobernación y la Secretaría de Economía y, previo a la discusión en el Senado, varios ajustes y cambios sobre la iniciativa los cuales parecían “materializados” durante una reunión emergente de increíble obediencia entre el ejecutivo, las/os senadores y los aspirantes de Morena a la presidencia. La foto del encuentro es elocuente y sólo faltó acompañarla con la frase célebre: “quien se mueva se sale de la foto”. Por otro lado, quienes la celebran, aunque suponemos con la versión final ya no tanto, enfatizan los avances históricos acariciando como propios aquellos que consideran más importantes, que dicen no se deben minimizar e intentan de diferentes maneras, colocar argumentos en auto-debates realizados en espacios que hace tiempo controlan y ponderan a partir de una oratoria por la defensa de los derechos humanos y ambientales, aunque la realidad sea contraria. Todo lo que vimos en estos días, tiene un sustento teórico social burdamente conocido como Relaciones Alineadas, esas que ya fueron construidas desde el consenso de Washington totalmente útiles bajo las premisas del modelo de Integración Comercial Internacional en la que se utiliza a La Cooperación como la causal para formar proyectos comunes a pesar de tener diferencias estructurales de todo tipo.

En síntesis, los barones del sector en gremio, pero también en lo individual, entre ellos Slim que es gran amigo de la presidencia, continuarán permutando con el ejecutivo las modificaciones más pertinentes para hacer funcional el negocio extractivo, mientras los “procesos sociales y pueblos en rebelión”, tendremos que mostrar solides para soportar los nuevos embates legales y desregularizados e inciertos por enfrentar, en donde, por cierto, debemos mostrar una solides que ni el propio estado ha tenido. Nada que no sepamos, nada que nos sorprenda, nada nuevo sobre el comportamiento de la “legalidad democrática”.

No haré más estridencia de los hechos ni citaré desatinos sobre el contenido de la “nueva ley de minería” porque a toro pasado me parece más importante colocar en la opinión de quien lea este texto, los por qué soy anti-minero, argumentar desde otros elementos los por qué otras y otros somos anti-mineros y, a partir de ello al menos le encuentren coherencia a nuestras aspiraciones sobre la urgente necesidad de establecer la prohibición de la actividad minera en México.

No se trata de ser activista, por cierto, palabra que se usa para denostarnos y que en lo personal me ofende, tampoco soy ambientalista ni me interesa la vida del oso panda, mi posición anti-minera se ha edificado a partir de ver la larga resistencia contra el saqueo que han vivido los pueblos originarios, de tal manera que, en el fondo de mi corazón, a pesar de ser mestizo, me habría encantado  haber nacido indígena y por supuesto ser campesino, para entender mejor esa tenacidad de soportar tantos agravios durante tantos siglos. Mi posición anti-minera se basa principal y permanentemente en repensar LA VIDA, bajo los indicios manifiestos de lo que actualmente nos ocurre con la utilización del Modelo Extractivo y en particular el modelo minero, sin dejar de observar y reconocer que cada mineral está adscrito a mi cotidiano y me hace coparticipe de retroalimentar la voracidad de su comportamiento.

Comienzo por señalar que la actividad minera en sí misma no es depredadora de la vida, sin embargo, si lo es la forma en la que esa actividad ha sido utilizada para sostener un modelo económico que crea dependencia permanente, que utiliza como base fundamental para esa “permanencia” minerales metálicos y no metálicos que se transforman con el uso energético a base de hidrocarburos, al mismo tiempo que consumen biomasa de forma descomunal sabiendo de antemano que todos ellos son bienes naturales finitos o por lo menos, acotados a lo que existe en este planeta. Tomando en cuenta lo anterior, desde la lógica del Modelo Extractivo y la forma de apropiación en el que se desarrolla, no hay posibilidad de establecer una regulación suficiente, responsable, sostenible, sustentable, ni viable, ni social, ni justa, ni sana. Es importante entender que tenemos límites materiales y naturales para continuar con el modelo de desarrollo o crecimiento que nos han impuesto (Thanatia 2021), por lo tanto, no es casual estemos subordinados a las “lógicas” del progreso y desarrollo como la única opción de crecimiento económico, tampoco es casual la clasificación entre países desarrollados y subdesarrollados porque desde los primeros han creado condiciones aspiracionistas reflejadas en modelos socioeconómicos diferentes a los nuestros, no son casuales las promesas que nos han hecho a partir del uso de nuestra “riqueza ambiental” como palanca para nuestra propia condición de crecimiento soberano, a la vez tampoco es casual el diseño e implementación de una férrea estrategia para, al parecer, nunca perder el control del consumo y que la dupla inversión/deuda pueda ser intercambiada como viable a costa de los bienes naturales los cuales “tienen” que estar disponibles para el mundo entero, hoy bajo las reglas de la ya conocida globalización que no es más que una expresión del capitalismo resiliente.

Constantemente en las comunidades en las que nos dan oportunidad de hablar intentamos explicar el efecto del modelo extractivo a partir de entender la relación entre; 1. El Crecimiento Poblacional el cual les pongo a reflexión bajo dos perspectivas: a). Somos 8 mil millones de habitantes y aproximadamente cada 10 años tenemos mil millones de habitantes más y b). Cosas tan básicas como la implantación de la obsolescencia programada nos hace consumidores frecuentes de elementos vinculados al modelo extractivo minero que conocemos como el frenesí o locura del consumo, sin obviar, por supuesto, que de ninguna manera el tamaño del consumo de los países ricos del norte/“desarrollados” (seguridad y confort) es siquiera cercano al consumo de los países pobres del sur/“subdesarrollados” (miseria y violencia), por lo tanto, es muy importante hacer énfasis en las gigantescas asimetrías creadas a partir del modelo de desarrollo que nos han impuesto https://tintalimon.com.ar/public/m1s3oeqpblrv0v2eq4m9epbzybga/Tinta%20Limon%20-%20Modo%20de%20vida%20imperial%20-%20Ulrich%20Brand%20%20Markus%20Wissen.pdf. 2. El Modelo Extractivo se alimenta prácticamente de cinco macro bienes naturales: a). La biodiversidad incluyendo todos sus componentes en donde la vegetación y los bosques son elementos significativamente importantes para generar riqueza. Ahí se implementan constantes procesos para el control de la biodiversidad que se manifiestan en manipulación genética, registro de patentes, medicamentos, biocombustibles, creación de alimentos relacionados con cadenas de valor, por ejemplo, la engorda de ganado, su uso para la disrupción con transgénicos, la ocupación territorial para fines de investigación, así como la implantación de zonas recreativos vinculados a servicios turísticos VIP, la instauración de áreas naturales protegidas en donde se realiza la compensación de industrias mega-contaminantes a partir de sanar su contaminación con la entrega de certificados a los que le asignan un valor comercial ($) por ejemplo para la captura de carbono o para los servicios hidrológicos, entre otros elementos mercantiles a nombre de la naturaleza. b). Minerales metálicos y no metálicos los cuales con los avances tecnológicos se logra una extracción de tipo exponencial, a tal grado que solamente en los últimos 20-25 años se ha extraído la misma cantidad de cobre que se extrajo 100 años atrás (USGS, 2018). Su extracción incluye la pérdida de toda la cubierta vegetal que interfiere con las áreas destinadas al diseño del proyecto de ocupación, por supuesto su extracción no sólo destruye fuentes de agua, sino también las contamina, además que durante el procesamiento de los minerales hay un uso excesivo de agua que acelera la aparición de condiciones de estrés hidrológico sobre cuencas enteras. c. Fósiles combustibles convencionales y no convencionales, a los que conozco como la trilogía perfecta; petróleo, gas natural y carbón que son en sí mismos el pilar de la economía hegemónica mundial ya que con ellos generamos el 85% de la energía que consume este modelito extractivo (Thanatia 2021), así que ni caso mencionar los daños al respecto que hoy de manera simplista conocemos como calentamiento global. d). Agua, bien natural para la vida en constante disputa con el modelo agropecuario de producción, la industria, la generación de energía y el consumo doméstico. Sin ella, el modelo extractivo en su conjunto perece, por lo tanto, la disputa por ella es significativamente importante. e). Viento, sol, mareas, los cuales, tal cual insaciables somos la humanidad, ya “controlamos” a partir del uso de nuevas tecnologías que les aprovecha, sin embargo, en vez de significar fuentes alternativas diferentes, estas se consolidan como complementarias y se implementan bajo la misma lógica de acumulación por desposesión que es el centro del modelo extractivo. Basta señalar que hoy tumbamos los bosques integrados por selvas caducifolias y vegetación del desierto para ocuparles con miles de hectáreas de fotoceldas (Plan Sonora) o de aerogeneradores (como los ya integrados al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec), al mismo tiempo que nos hacen creer que con el programa “Sembrando Vida” estamos restituyendo parte de los daños causados por deforestación. Cierro con el tercer elemento. 3. La Globalización esa que nos vendieron para integrarnos comercialmente, aprovechar las ventajas comparativas, facilitar los flujos financieros, ser dependientes unos de otros, aunque coloquialmente se le conoce como interdependencia porque significa unirnos para transformarnos y lograr por fin la liberación democrática tan esperada por todas y todos. En síntesis, todo lo anterior se reduce a; una sola regla comercial con protección de inversiones privadas y transnacionales, bienes naturales limitados/finitos mercantilizados para su extracción sin importar el daño social y ambiental que suceda y, una población de 8 mil millones de habitantes con intensas proyecciones inducidas de consumo, pero descomunalmente asimétricas.

Sirva un ejemplo para darme a entender mejor tomando en cuenta una pequeñísima porción de lo que significa una “ocurrencia comercial” de la compañía Apple al elaborar solamente dos millones de relojes (0.025% de la población mundial), con 18 quilates cada uno. Ello implica 3.6 gramos de oro para cada reloj, por lo tanto, necesita el equivalente al 70.58% (7,200 kilogramos de oro) de la producción anual de oro de la mina “Los Filos” operada en un periodo de sólo 15 años por tres empresas canadienses -primero de la compañía Goldcorp, luego Leagold y ahora de Equinox Gold, ubicada en Carrizalillo, Gro-. Imaginemos ahora la tan proyectada transición energética en la que nos hipnotizan cuando nos dicen que pretenden sacar del mercado aproximadamente 1,500 millones de autos que se estima hay en el mundo, para empezar a rodar un

Yucatán: Tribunal resolverá quejas relacionadas con la suspensión de la mega granja de cerdos de Homún

Compartimos esta nota de Avispa Midia sobre la lucha por una vida digna y un medio ambiente sano en Yucatán ante mega granja porcicola – A 3 de marzo del 2022

Por Ñaní Pinto

A pesar de que en 2018 se ordenó la suspensión de la mega granja de cerdos en territorio del pueblo Maya de Homún, en Yucatán, y la medida fue ratificada en abril de 2021 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la empresa Producción Alimentaria Porcícola (Papo) busca reabrirla. Hoy un Tribunal Colegiado resolverá quejas relacionadas con la suspensión.

La suspensión fue otorgada a seis niños de la región de Homún. Con apoyo de sus familias y la ONG Indignación interpusieron una demanda de amparo para detener las actividades de la granja. El argumento principal fue la transgresión de los derechos de los niños a tener una vida digna con un medioambiente sano, con agua y aire limpios.


A pesar de la decisión de la SCJN, las organizaciones Kanan ts’ono’ot (Los Guardianes de los Cenotes), Representantes de la infancia en Homún e Indignación A. C., desde el año pasado, han denunciado el incumplimiento de la suspensión por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), al permitir que Papo realice trabajos de mantenimiento. En su momento, el Juez Segundo de Distrito, Rogelio Leal Mota, resolvió que no se había violado la suspensión. 

Pero además, la SDS habría violado la suspensión al emitir un documento donde manifiesta que la planta de tratamiento fue analizada y cumple con los límites máximos permisibles: “la planta de tratamiento de la granja en Homún fue analizada y que cuenta con los elementos suficientes para alcanzar el cumplimiento de los límites máximos permisibles de descargas contaminantes”. 

De acuerdo con las organizaciones, dicha opinión fue emitida sin considerar que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la autorización del funcionamiento de la granja, así como los permisos de la granja se encuentran suspendidos, por lo que la opinión de la SDS básicamente confirma que dicha institución permitió la instalación de la planta de tratamiento aún con la suspensión de operaciones. 

Debido a esto, las organizaciones presentaron tres quejas en contra de las diversas resoluciones y del trámite que el Juez Segundo de Distrito ha realizado para abrirle la puerta a la empresa para continuar operando la mega granja porcícola.

Las quejas presentadas cuestionan que el Juez Segundo de Distrito haya sido omiso para obligar a la Secretaría de Desarrollo Sustentable “a cumplir la suspensión de la granja, pues a pesar de la medida cautelar la autoridad ha emitido opiniones positivas para la operación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la empresa. Esta opinión fue aportada como prueba en juicio por la empresa Papo, con la finalidad de que el Juez revoque la suspensión y les permita operar”, sostienen en un comunicado.

Además, la empresa presentó un documento supuestamente emitido por la Dirección de Obras y Conservación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el que se describe que la planta de tratamiento de la fábrica de cerdos no contaminará el manto freático y respetará las normas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Sin embargo, “ambas evidencias son por demás tramposas e ilegales: el propio Director General de Asuntos Jurídicos de la UNAM, Jorge Barrera Gutiérrez, confirmó que el documento de la UNAM ofrecido por PAPO “no fue emanado y/o suscrito por autoridad universitaria alguna”. Incluso tal prueba falsa podría constituir un delito, afirman.

Hoy, el tribunal decidirá si el juez Rogelio Leal Mota emitió resoluciones ilegales que permiten el incumplimiento y violación a la medida cautelar.

Contaminación

El pasado viernes (25 de febrero), un grupo de organizaciones internacionales y especialistas ambientales y del sector salud enviaron un amicus curiae al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, Rogelio Leal Mota, encargado de resolver el litigio presentado por la niñez de Homún contra la fábrica de cerdos. El documento permite a personas ajenas a un proceso ofrecer opiniones de trascendencia para la solución de un caso judicial.

Señalaron que la mega granja amenaza con ocasionar daños graves e irreversibles a la salud. En el documento citaron numerosos estudios científicos y testimonios de la experiencia estadounidense, para evidenciar que las fábricas de cerdos suponen riesgos de daño grave e irreversible para el medio ambiente y la salud humana.

“Las mega granjas generan tales daños por la contaminación a los recursos de agua, superficiales y subterráneos, la contaminación del aire y la propagación de patógenos peligrosos. Estos riesgos son de particular gravedad para la salud de personas en situaciones de vulnerabilidad, como las niñas y niños que son los quejosos en el presente caso”, precisa el amicus curiae.

En el documento también se detallan los daños que causaría la reapertura de la fábrica de cerdos a los cenotes de la zona, como a la calidad del agua y del aire en general, además aumenta la exposición de la población a bacterias resistentes a los antibióticos y otros patógenos dañinos, incluyendo los virus.

Imagen: Avispa Midia

Más información:

Nuevo informe expone los Paraísos Industriales e Infiernos Ambientales en México

Compartimos este informe de diferentes organizaciones y colectivos – A Octubre 2021

Este informe integra los principales resultados de la “Caravana sobre los impactos sociales y ambientales de las empresas transnacionales y el libre comercio en México” (#ToxiTourMexico), que tuvo lugar en diciembre de 2019, con la participación de cerca de cincuenta organizaciones de afectadas/os en México, además de integrantes del Parlamento Europeo, del Parlamento Vasco, del Senado de Minnesota, y científicas/os y observadoras/es de organizaciones de Alemania, Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Catalunya, México, el País Vasco y los Países Bajos. La elaboración del informe contó también con la contribución de algunos miembros de la Red [5]_Europea de Observatorios de Empresas transnacionales (ENCO). [5]

Acerca del informe

El informe examina cómo en los últimos 30 años, México se ha convertido en uno de los principales paraísos industriales a nivel planetario, es decir, uno de los laboratorios más avanzados para el libre comercio y la desregulación. Arguyendo la necesidad de atraer inversiones a toda costa para generar “desarrollo” y empleo, en el marco de acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del norte (TLCAN) o el Acuerdo entre la Unión Europea y México (TLCUEM), se ha profundizado y sofisticado un proceso de desvío de poder. Así, se ha impuesto un régimen en el cual la ley ha permitido la autorregulación ambiental, social y laboral por parte de las empresas transnacionales (ETNs). Gran parte del territorio mexicano ha sido sometido a una dinámica de densos corredores industriales interconectados entre sí, donde han proliferado industrias de alto riesgo, actividades agroindustriales extensivas y operaciones extractivas. Estas áreas coinciden con espacios urbanizados, sin que haya un seguimiento de los impactos sobre la salud de las poblaciones locales, convirtiéndose en lo que V. M.  Toledo, ex – secretario de Medio Ambiente de México denominó “infiernos ambientales”.

Las/os observadora/es internacionales pudieron constatar _in situ_ una pequeña proporción de la auténtica devastación socioambiental generada por el neoliberalismo en este país. Resultó evidente hasta qué punto, los territorios más industrializados se caracterizan por una contaminación sistemática del aire, el agua y del suelo, aunada a procesos de urbanización salvaje y a la proliferación de basureros y espacios de disposición de desechos altamente tóxicos. Esta dinámica no solo ha provocado una situación de emergencia sanitaria y ambiental, en la cual son abrumadoras las cifras de personas que mueren por enfermedades probablemente vinculadas con las operaciones de las empresas en diferentes sectores. Además, la Caravana constató que para las poblaciones locales, la instauración de los corredores industriales ha tenido lugar en el marco de un violento despojo de su territorio, privándolas de sus medios de subsistencia económica, social y cultural, destruyendo su salud, a la vez que sus tejidos comunitarios.

En la cuenca del río Santiago, grandes zonas industriales manufactureras, urbanas y agropecuarias se articulan en los dos corredores industriales más grandes del país: Toluca-Lerma con más de 1.000 empresas manufactureras, y Ocotlán-El Salto con alrededor de 700 empresas, esencialmente industria metalmecánica y metalurgia, química-farmacéutica, electrónica, automotriz, alimentos y bebidas. La población directamente expuesta a la contaminación ambiental se eleva a más de medio millón de personas, un tercio de los habitantes de los márgenes del lago de Chapala y del río Santiago. Estudios científicos sobre la calidad del agua han demostrado la presencia de 1.090 contaminantes en el río, y el incumplimiento de la laxa normas de descargas por hasta el 94% de las industrias. Una investigación sobre la salud de la población infantil dada a conocer durante la Caravana demostró entre otros, que en Juanacatlán, el 40% de las/os niñas/os tenían arsénico en sus cuerpos, y el 93% tenían plomo. En la localidad de El Salto, el 98% de los niños tenían cadmio. Entre las empresas transnacionales que operan en esta cuenca, se ubican, por ejemplo: las alemanas Continental, Siemens, ZF, Voit; la suiza Nestlé; y las holandesas DSM y Nutreco.

En la cuenca de la Independencia (estado de Guanajuato), las organizaciones expusieron los impactos padecidos por medio millón de personas, y generados por la agroindustria de exportación destinada al mercado estadounidense. La explotación excesiva del acuífero ha tenido por consecuencia que el agua extraída desde hace más de treinta años contenga fluoruro, arsénico, sodio, manganeso y otros minerales en concentraciones nocivas para la salud humana. En esta entidad federativa, los municipios donde estos elementos tienen mayor presencia, son aquellos donde se ubican las incidencias más altas de enfermedad renal crónica (ERC), trasplante renal y fluorosis dental. Además, en el corredor establecido entre Celaya y León, han tenido lugar accidentes industriales importantes, uno de los cuales provocó la intoxicación de hasta 6.000 personas. En la ciudad de Guanajuato, las organizaciones locales denunciaron también ante la Caravana daños para la salud y el ambiente, provocados durante las campañas sanitarias frente contra el dengue, donde la población se encuentra expuesta a plaguicidas clasificados por PAN Internacional como altamente peligrosos.

En la cuenca del río Tula en el Sur del Valle del Mezquital, la Caravana constató el solapamiento de los impactos generados por el núcleo duro de la industria cementera a nivel nacional, industrias extractivas, parques industriales, una gran refinería, una planta termoeléctrica, así como aguas residuales industriales y urbanas que se descargan en el río Salado y el río Tula, posteriormente usadas para la producción agrícola. En total, se estima que el número de personas afectadas es de un millón. Entre los principales daños a su salud, reportaron: manifestaciones agudas de cefalea, náusea, vómito, irritación faríngea y conjuntival, dolores abdominales, dificultad respiratoria y pérdida de conocimiento. También se registran allí leucemias, diferentes tipos de cáncer con afectación a todos los órganos, malformaciones congénitas, disrupción endocrina, alternaciones inmunológicas, insuficiencia renal, y enfermedades respiratorias. En esta región opera la franco-suiza LafargeHolcim, entre otras.

En la cuenca del Atoyac-Zahuapan se entrelazan antiguos y nuevos corredores industriales, donde operan 20.400 empresas. Ante las denuncias presentadas desde 2011 por las organizaciones locales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una Recomendación (10/2017) donde concluía que las principales causas de la contaminación eran: la descarga de aguas residuales municipales e industriales sin previo tratamiento; la mala disposición y recolección de los residuos sólidos; y la creciente expansión demográfica e industrialización desordenada de la región. A partir de las cifras oficiales, se ha contabilizado que entre 2002 y 2016 fallecieron 26.477 personas de cáncer y 4.379 de insuficiencia renal, además de que se produjeron 906 abortos espontáneos. La tasa de mortalidad debida al cáncer en el conjunto de la cuenca es de 13,5 veces el promedio nacional. En promedio, entre 2015 y 2019, cada dos horas y media falleció una persona por enfermedades probablemente vinculadas con la contaminación ambiental. La CNDH identificó en la región una alta incidencia de: enfermedades diarreicas, hidroarsenicismo crónico endémico, daño genético y predisposición a desarrollar cáncer relacionada con la exposición a dioxinas y furanos, con potencial genotóxico. Estableció también una relación entre la exposición a Compuestos Orgánicos Volátiles y la presencia de leucemia mieloide. En esta región se ubican plantas de Volskswagen, Bayer, y BASF, entre otras.

En la cuenca Libres-Oriental, donde los recursos hídricos se caracterizan por la escasez, confluyen megagranjas porcícolas de la empresa estadounidense Granjas Carroll, invernaderos de Driscoll’s que produce verduras y frutas destinadas a la exportación, parques de celdas fotovoltáicas de la empresa Iberdrola, y una planta automotriz de Audi, que opera como una extensión de la fábrica de Volkswagen en Puebla. Dichas industrias consumen grandes cantidades de agua del acuífero, pero además utilizan cañones anti-granizo para inhibir la lluvia y proteger su producción, afectando gravemente a la agricultura campesina local. También se denunciaron en esta región procesos contaminantes asociados a la industria.

El Istmo de Tehuantepec Norte, última región recorrida por la Caravana, se caracteriza por albergar el Corredor Industrial – Uxpanapa y uno de los polos de la industria química y petroquímica más antiguos e importantes de América Latina. Las organizaciones de afectadas/os reportaron la contaminación atmosférica y de los cuerpos de agua, producida tanto durante las operaciones regulares de las empresas, como cuando se producen accidentes y situaciones de emergencias químicas. Se evidenciaron asimismo ante las/os observadoras/es internacionales las consecuencias para la salud humana y el medio ambiente del almacenamiento de coque a cielo abierto por la empresa de origen catalán García Munté Energía (GME – ADN Energía).

A pesar de tener conocimiento de los padecimientos de la población en estos infiernos ambientales, hasta ahora, los sucesivos gobiernos mexicanos, a nivel municipal, estatal y federal, no solo no han actuado, sino que además han invisibilizado los efectos ambientales, laborales y sociales, ignorando las demandas y reivindicaciones de la/os afectadas/os. Han operado como muro de contención del descontento social, mediante políticas de criminalización y  represión, sin prevenir la siembra de terror en las organizaciones sociales por diversos grupos criminales. Asimismo, han facilitado la implementación de nuevos proyectos industriales y de megainfraestructuras que no hacen sino aumentar los riesgos para la población local.

Es importante mencionar también a los gobiernos de los países europeos y de Estados Unidos, donde tienen sede gran parte de las empresas transnacionales que operan en los paraísos industriales mexicanos. Estos gobiernos brindan apoyo, con fondos públicos, a la internacionalización de las empresas a través de seguros, créditos y soporte técnico, sin ningún control ni garantía de respeto del medio ambiente y los derechos humanos. No asumen ninguna responsabilidad ante los conflictos socioambientales generados, pero presionan para la firma de tratados de libre comercio y de protección de las inversiones. Tal es el caso de la renegociación del acuerdo entre la Unión Europea y México [6], gracias al cual, México sería el primer país latinoamericano en firmar un acuerdo de protección de las inversiones con la Unión Europea como bloque. De ser aprobado este acuerdo, blindaría aún más el poder de las empresas y podría obstaculizar la implementación de políticas comprometidas con los derechos humanos en México.

Las recomendaciones del informe se dirigen a gobiernos y parlamentos, tanto en México como en los Estados Unidos y Europa, puesto que las ETN estadounidenses y europeas se destacan en prácticamente todos los infiernos ambientales visitados por la Caravana. En la elaboración de este informe se contó con la participación de las organizaciones de afectadas/os, las/os observadoras/es internacionales, miembros de la “Campaña Global para reivindicar la soberanía de los Pueblos, desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad [7]”, de la Red Europea de Observatorios de Transnacionales (ENCO), [8] y otras/os investigadoras/es independientes. En su conjunto, se evidencia la necesidad urgente de contar con normas vinculantes, en particular en el proceso de negociación del Tratado Vinculante de las Naciones Unidas sobre empresas transnacionales en materia de derechos humanos [9].

El informe constituye también una herramienta de movilización de la sociedad civil frente al régimen de comercio e inversiones. Por ejemplo, la renegociación del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y México extenderá aún más el poder corporativo y podría obstaculizar la implementación de políticas comprometidas con los derechos humanos en México.

Comunicado de colectivos y comunidades de Oaxaca en contra de los “Encuentros Indígenas Canadá-Oaxaca 2021”

Comunicado de colectivos y comunidades de Oaxaca sobre la falsa hermandad que pretenden hacer entre el Gobiernos de Canadá y el Gobierno de Oaxaca apensar de la gran destrucción de proyectos mineros canadienses – A 29 de septiembre de 2021

A nuestrxs hermanxs de Isla tortuga

En el contexto de la celebración organizada por los Estados canadiense y mexicano, denominada “Encuentros indígenas Oaxaca-Canadá 2021-”, llevada a cabo del 20 de septiembre al 8 de octubre en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, hemos decidido dar a conocer algunos aspectos relevantes que han sido omitidos o tergiversados en las convocatorias oficiales y en las ruedas de prensa.

Lo que llaman “estado de Oaxaca” es uno de los más diversos cultural y lingüísticamente gracias a la resistencia indígena al exterminio, que comenzó con la expansión europea en el territorio de lo que hoy es México. Esta diversidad a la que aluden los gobiernos de Oaxaca y Canadá, figura como la motivación principal para realizar dicho evento.

Sin embargo, lo que llaman diversidad ésta más cercano al nacionalismo mexicano construido con los huesos y sangre de nuestros antepasados, la razón principal para decir esto es que los gobiernos ven al indígena y al afro como expresión cultural mercantilizable, como un discurso, como una imagen, etc.

Nosotrxs, quienes por generaciones hemos resistido a su necropolitica, racismo, clasismo y sexismo, no solo nos negamos a alentar ese nacionalismo, si no que repudiamos la mercantilización de nuestras formas de vida. Queremos que sepan todxs aquellxs que lo ignoran, que por generaciones hemos sido testigxs de la expulsión y marginalización de indígenas en el territorio invadido que han nombrado como Oaxaca; hemos sido objeto de la invasión y despojo de tierras, a las que miramos con tristeza y rabia convertirse en artículo de especulación financiera.

Si algo hemos de compartir con nuestrxs hermanxs de Isla Tortuga, es esta historia de dolor y violencia colonial. Ellxs también fueron despojados, masacrados y obligados a vivir en reservaciones. Lo que llaman “Canadá” oculta bajo sus suelos miles de cuerpos de infantes, hombres y mujeres indígenas, asesinados por la desgracia de no ser blancos y no pensar como blancos. Aunque el Estado pretenda ocultarlo, esta violencia perdura y se manifiesta de diversas maneras.

Esta historia compartida de despojo, nos convoca en esta ocasión para decirles al unísono, a quienes con sus leyes justifican o facilitan el exterminio indígena y de cualquier modo de vida contingente, a quienes confunden nuestra historia de resistencia con folcklor y a quienes ocultan sus negocios tras la expresión “hermandad cultural”, que NO SE LOS VAMOS A PERMITIR, NI MATERIAL NI SIMBÓLICAMENTE.

DENUNCIAMOS, que han sido estas mismas personas los actores intelectuales de la peor tragedia ambiental y social que hemos visto en tiempos recientes, un ejemplo de ellos es la instalación de minas para la extracción masiva de minerales, a través de la exploración y puesta en marcha de concesiones y proyectos mineros.

Empresas Canadienses tienen desplegados cientos de proyectos mineros por toda América Latina; muchos de ellos en territorios de comunidades indígenas, a las que ha tratado con racismo y desde una perspectiva colonialista.

Según datos del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en México, el 50% de los conflictos mineros está relacionado directamente con empresas canadienses; de acuerdo con información contenida en el Sistema Integral sobre Economía Minera, de las 242 empresas extranjeras con proyectos mineros en el país, 160 corresponden a Canadá; además de que el 74% de las concesiones para exploración minera son otorgadas a empresas de dicho país.

En lo que respecta al estado de Oaxaca, hoy sede de este mal llamado “Hermanamiento cultural”, existe un total de 47 proyectos mineros de capital extranjero, de los cuales 33 son de empresas canadienses y tres más de asociación Canadá-Australia.

En la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán, la criminal Fortuna Silver Mines opera bajo el nombre de Compañía Minera Cuzcatlán y, tras imponerse en el año 2009 mediante un operativo policial de más de 2 mil efectivos, ha dejado como saldo: 5 personas asesinadas, dos de ellas líderes antimineros y 3 integrantes de la autoridad municipal; el derrame de 1 millón 516 mil litros de desechos tóxicos, ocurrido el 8 de octubre de 2018, y que sigue en la impunidad; la contaminación del Río Coyote en Magdalena Ocotlán que actualmente presenta 5 elementos químicos en concentraciones tales que hacen al agua inviable para cualquier tipo de uso, agrícola o humano. Cabe señalar que, en 9 años de producción, Fortuna Silver Mines ha extraído del subsuelo una riqueza equivalente a 1,487 millones 778 mil dólares, de la explotación de oro y plata y también ha divido a la comunidad, desinformando y agudizando conflictos.

Otro caso de invasión y despojo se localiza en la zona de los Chimalapas, uno de los grandes pulmones del mundo. La empresa canadiense Minaurum Gold SA. tiene adjudicados a su nombre los títulos de concesión minera 22 5472 y 24 6936, a través de los cuales ha pretendido apropiarse de más de 6 mil 400 hectáreas para la explotación de oro y cobre. Este territorio selvático ha sido hogar del pueblo angpøn o zoque durante siglos; hoy, un proyecto minero canadiense pone en riesgo su vida, su cultura milenaria y un ecosistema vital para la regulación climática.

Ixtepec es un caso similar al anterior, donde una mina de capital canadiense pretendía apropiarse de 8,150 hectáreas para la apertura de una mina a cielo abierto; esto, cabe señalar, sin la menor preocupación por la vida y la salud de las comunidades indígenas susceptibles a ser afectadas. Actualmente, dicho proyecto se encuentra detenido temporalmente por la cancelación de la concesión.

Por su parte, Capulálpam de Méndez, comunidad indígena de la Sierra Juárez, ha denunciado constantemente, desde 2005, el grave daño ambiental causado por la CIA Minera de Natividad y Anexas a su territorio comunal y recursos naturales. Es bien sabido que esta empresa funciona como presta nombre de compañías canadienses, primero sirviendo a Continuum Resource y después a la empresa SUNDANCE. Sus actividades, llevadas a cabo contra la voluntad del pueblo de Capulálpam, han causado graves afectaciones ambientales, principalmente la desaparición de trece manantiales debido a los túneles excavados en el subsuelo. Asimismo, la contaminación con residuos tóxicos y jales mineros que vierten impunemente en el Río Grande, principal afluente del Río Papaloapam, lo que significa afectaciones a un gran número de comunidades que ya no pueden aprovechar el agua y por ende se violenta su derecho universal al acceso al agua. Por lo antes expuesto sobre este caso, queremos DENUNCIAR, que en 2015 se interpuso un amparo en contra de las concesiones mineras que la Secretaría de Economía otorgó sin el consentimiento de la comunidad y sin la consulta previa, libre e informada a la que tenemos derecho. Sin embargo, la Secretaría de Economía impugnó la sentencia a favor de la comunidad y, derivado de ello, la Minera de Natividad y Anexas sigue trabajando sin acatar la sentencia, sin permiso de la comunidad y sin tener la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental; todo en complacencia de las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes ambientales como la PROFEPA y la CONAGUA.

¡Mentira que buscan reconciliación con los pueblos indígenas!

Con este evento, el Estado Canadiense y el Estado Mexicano, a través del gobierno de Oaxaca, pretenden lavar sus rostros en lo que respecta a su relación colonial con las comunidades indígenas y afros; pero no lograrán desviar nuestra atención de los problemas estructurales y las situaciones de despojo y saqueo de las que pretenden hacernos objeto.

Por último, SEÑALAMOS que nos encontramos en ALERTA MÁXIMA y a la expectativa por esta simulación de hermandad. Sabemos que sus intereses son y serán siempre otros. Los lazos de afinidad y reciprocidad con lxs indígenas de Isla Tortuga los tejeremos nosotrxs, con el objetivo de extender nuestra resistencia, hasta que las praderas, montañas, ríos y animales vuelvan a ser libres, hasta que la resistencia nos permita vivir con dignidad, y no a la sombra de un deber ser impuesto y construido por aquellos que duplican sus inversiones gracias a nuestro exterminio.

¡NO PUEDE HABER HERMANDAD DONDE HAY DESPOJO Y SAQUEO!

¡MUERTE AL COLONIALISMO!

¡FUERA EMPRESAS MINERAS!

¡SIN ORO Y PLATA, SE VIVE!; ¡SIN AGUA, NO!

ATENTAMENTE

AUTORIDAD MUNICIPIAL DE SAN PEDRO APÓSTOL, OCOTLÁN. AUTORIDAD MUNICIPIAL DE SAN PEDRO MÁRTIR, OCOTLÁN. COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE CAPULÁLPAM DE MÉNDEZ. COMUNIDADES EL REBOLLERO, RÍO MINAS Y LOS ARQUITOS, SAN PABLO CUATRO VENADOS, ZAACHILA. COMITÉ IXTEPECANO EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO. ESPACIO DE MUJERES EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA “LAS MEÑAS”. COLECTIVO MATZA, SAN MIGUEL CHIMALAPAS. ARTICULACIÓN POR LA VIDA, CONTRA LA MINERÍA EN EL VALLE DE OCOTLÁN

Imagen: Manifestación realizada en Oaxaca por comunidades indígenas en contra de la minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines. Foto: Santiago Navarro F.

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[Video] Serie: Voces en resistencia III – Amenazas en la Zona Zoque en el Norte de Chiapas

Voces en resistencia, es una serie de testimonios de personas que luchan por defender la vida y el territorio de mega proyectos extractivistas.

En este tercer capítulo, les compartimos el testimonio de una participante a la Escuela Popular Ejidal y comunal donde nos cuenta algunas de las amenazas que enfrenta el territorio zoque.

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El Corredor Interoceánico da continuidad al proyecto neoliberal del saqueo: Rema

Compartimos esta nota de Proceso sobre el Corredor Interoceánico en Oaxaca – A 17 de junio del 2021

Por Pedro Matías

OAXACA, Oax. (apro).- El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec no está pensado para el mejoramiento de su población, sino para fortalecer uno de los puntos nodales del capitalismo global a través del despojo, afirmó la Red Mexicana de afectados por la Minería (Rema). El Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado (OPD), denominado “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”, da vida a todo el engranaje público y privado para la extracción, comercialización y distribución de los bienes naturales y comunes del territorio nacional hacia los mercados asiáticos y de otros continentes, subrayó. “El decreto en sí mismo significa la activación de toda la maquinaria legal, pero también la simulada y de coacción, como sucede por ejemplo con el tema de las consultas, en donde sin duda alguna persiste, como antaño, una estrecha relación de contubernio entre el Estado y el poder de las empresas y sus dueños, que insisten en la comercialización global”. De igual manera, mencionó que el corredor servirá para el flujo de mercancías del golfo al pacífico y viceversa, y para la extracción de bienes naturales relacionados con empresas maquiladoras de cadenas de valor, muchas de ellas vinculadas con la venta de servicios superfluos, pero también con la acumulación por desposesión. Pero sobre todo da continuidad al proyecto neoliberal del saqueo, porque las mineras, las petroleras, la extracción y suministro de gas, el fracking y la generación de energía para empresas, no para los pueblos, continuarán con la misma retórica de la ya conocida política neoliberal que desde el gobierno se dice que ha terminado, “pero en los hechos el proyecto del Corredor Interoceánico muestra que está lejos de ello”, abundó. Rema recordó que “si bien esta región ha sido venerada por su posicionamiento global desde el régimen Porfirista, siempre fue un espejo de la realidad política que ha imperado en las distintas administraciones que enfatizan en el valor comercial y su potencial para el desarrollo global”, a costa de los pueblos del Istmo. “Paradójicamente, los sueños de las élites económicas nacional y global, hasta la administración pasada, no han logrado hacerse realidad, no obstante, hoy más que nunca el gobierno actual y la autodenominada 4T parece que harán todo lo posible por finalmente alcanzar el tan añorado sueño”, puntualizó. La Red mencionó que las luchas más recientes por la defensa del territorio del Istmo de Tehuantepec iniciaron cuando a principios del año 2000 se anunció el Plan Puebla Panamá (PPP) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), lo que implicaba nuevos megaproyectos para la región Sur-Sureste de México, tales como: represas, puertos, aeropuertos, tendido eléctrico, sistemas modernizados de telecomunicaciones como la fibra óptica, entre otras. Millones de dólares se invirtieron, incluso a costa de la adquisición de deuda por parte de los países de la región, para mejorar la infraestructura al servicio de las inversiones que prometían arribar a la región. Pero la resistencia y la lucha de los pueblos contra los gobiernos del PAN y del PRI, subrayó, impidieron que diversos megaproyectos se llevaran a cabo, entre ellos el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, no sin costos al respecto, ya que algunos de sus componentes lograron imponerse, como sucede con los parques eólicos, dividiendo a las comunidades. En un comunicado, la Rema resaltó que ese tipo de planes de desarrollo va emparentado con los procesos relacionados con la desregulación, la armonización y alineamiento de mecanismos, leyes, reglamentos, normas y procedimientos para el despojo. “Lamentablemente en la actualidad la región del Istmo es azotada por una nueva desgracia: el covid-19, que no sólo se propaga rápidamente entre la población, mientras muestra el colapso del sistema de salud pública, sino además impone una condición de confinamiento que limita la movilidad organizativa”. Además, en 2017 la región sufrió las consecuencias de sismos que la devastaron, al igual que muchas y muchos defensores del territorio y de los derechos colectivos han sido criminalizados, asesinados o desaparecidos, sin que en ningún caso el gobierno aparezca de manera consistente, sea para apoyar las emergencias o para acabar con la impunidad.

Imagen: Gobierno de México

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